Fronteras abiertas al crimen

Editorial I del diario La Nación
Las graves deficiencias que la Auditoría General de la Nación encontró en los puestos fronterizos explican el auge del narcotráfico y otros delitos.
 
Treinta informes elaborados por la Auditoría General de la Nación (AGN) durante los últimos diez años revelan las extremas debilidades que muestran nuestras extensas fronteras, como instalaciones aduaneras sin infraestructura, personal suficiente ni equipos adecuados, y con sistemas informáticos obsoletos.

A ello se suma la falta de articulación de las aduanas con las fuerzas de seguridad, conformándose de esa manera un panorama de asombrosa desprotección que favorece el ingreso y egreso de drogas, contrabando y delincuentes. En una palabra, una situación ideal para la labor de las bandas del crimen organizado.

A esta altura es ingenuo creer que esta dramática realidad sea obra de la casualidad o de la simple ineficiencia. En realidad, estamos ante una clara complicidad de las autoridades nacionales con el crimen, concretada como resultado de una política coherente que, si bien se remonta a la década de 1990, adquirió mayor intensidad en los últimos diez años sin que se vislumbre ninguna corrección en el rumbo suicida de mantener la extrema porosidad de nuestras fronteras.

El informe elaborado por el organismo de contralor que preside Leandro Despouy se basó en auditorías que se llevaron a cabo en la Dirección General de Aduanas; la Dirección Nacional de Migraciones; la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería.

Según Despouy, "nuestras fronteras presentan enormes debilidades que facilitan el narcotráfico y el crimen organizado. La gravedad de este fenómeno en el último tiempo se profundizó de manera alarmante".

Fueron los empleados de los organismos inspeccionados quienes informaron a los auditores de la AGN acerca de las graves fallas y la crónica falta de recursos para subsanarlas.

Hace ya varios años que en esta columna señalamos con preocupación creciente que nuestras fronteras carecen de controles y que se trata de una debilidad fomentada. La persistencia de esta indefensión pone de manifiesto la complicidad de nuestras autoridades, que se ve reconfirmada si tenemos en cuenta que la Dirección General de Aduanas -hoy bajo el mando de un hombre que depende de Jorge Capitanich-funciona dentro de la AFIP, poderoso organismo que en la última década llevó adelante una fuerte política de recaudación y altísima presión fiscal que, por lo visto, no se ha invertido para mejorar el control aduanero.

Como informó LA NACION, la presentación del duro informe de la AGN estuvo acompañada por las crudas pero fundadas opiniones de autorizados expertos en el tema. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Ricardo San Juan, afirmó que "no es sólo que el narcotráfico avanza; es el Estado el que retrocede". El juez federal de Orán (Salta), Raúl Juan Reynoso, mostró cómo las fronteras del Norte de nuestro país se convirtieron en un colador y dijo que ya es habitual en Orán que un procedimiento antidroga involucre "unos 900 kilos", mientras que el profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, Alberto Fohrig, afirmó que existe "una política deliberada de «no control» por parte del Estado" y criticó que desde 2009 el país carece de estadísticas oficiales sobre la inseguridad y el narcotráfico.

Por su parte, el presidente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana, denunció la connivencia entre el narcotráfico, el poder político y las fuerzas de seguridad. "Si no hay más narcotráfico en la Argentina es porque no quieren", advirtió.

El panorama que retrata el informe de la AGN tras las auditorías realizadas muestra que en nuestras fronteras hay escasez crítica de personal, inadecuada capacitación, infraestructura edilicia precaria e insuficiente, carencias de equipamiento de control como balanzas, escáneres, software, perros antidroga, cámaras de seguridad y vehículos propios de transporte, como helicópteros, barcazas o lanchas costeras. A ello hay que agregar la obsolescencia del sistema informático del principal sistema para el control aduanero, denominado Sistema Informático María. "El software es anticuado, inflexible, no tiene automatizadas tareas clave y no emite alertas de vencimientos y plazos", sostiene el informe.

Finalmente, la AGN destaca también la debilidad en materia legal y en el seguimiento de denuncias, la acumulación de expedientes que permanecen meses o años inmóviles, las denuncias sin el correspondiente sumario y un gran número de trámites inconclusos, paralizados o prescriptos.

Por haber presentado sus informes, Despouy recibió una denuncia penal por motivos banales pero, sin dudas, a modo de represalia.

A comienzos de la década de 1990, cuando se hicieron públicas las deficiencias en nuestro puestos fronterizos, la Argentina era un país de paso para la droga. Hoy, un cuarto de siglo después, la situación allí no es la misma sino mucho peor, y a diferencia de lo que ocurría hace 25 años, ahora nuestro país ya no es zona de paso, sino uno de los principales consumidores y exportadores de drogas del continente y un privilegiado bastión para el lavado del narcodinero, al tiempo que las fuerzas policiales, más que herramientas de combate contra el narcotráfico, parecen sus víctimas debido al creciente número de efectivos cómplices de las bandas de narcos. Además, poco a poco van apareciendo más casos de políticos involucrados.

La criminal política de fronteras abiertas y sin controles nos ha dejado a merced del delito internacional. Pero a los verdaderos responsables y a los principales delincuentes no hay que buscarlos del otro lado de las fronteras sino entre nosotros. Son los que guardan silencio cómplice ante esta gravísima situación que ellos mismos contribuyeron a crear.