Por Gabriel Di Nicola | LA NACION
Cinco acusados son sometidos a juicio; el fiscal pidió para ellos penas de hasta 13 años de cárcel; dijo que los imputados se valieron de la situación de vulnerabilidad de la gente del asentamiento
Foto: Prensa gendarmería
La organización narcocriminal eligió un lugar estratégico para operar: la villa 21, en Barracas. Su actividad delictiva estaba oculta detrás de la fachada de una panadería. La laberíntica geografía del asentamiento y la compleja situación social les eran útiles a sus fines espurios.
"Se valieron de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, lo que hace más grave la situación ilícita desarrollada", dijo el fiscal Diego Luciani durante su alegato en un juicio contra cinco presuntos narcos detenidos en 2012 por la Policía Federal. El representante del Ministerio Público solicitó penas de entre 10 y 13 años de prisión para los acusados, según informó el sitio www.fiscales.gob.ar.
El 1° de diciembre será el turno para los alegatos de los abogados defensores de los cinco acusados de vender droga desde la "narcopanadería". Después de eso se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 5, integrado por los jueces Sergio Paduczak, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott.
La investigación, que estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, el fiscal Gerardo Di Massi y la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, al mando del comisario inspector Néstor Roncaglia, comenzó en junio de 2009, cuando personal de la comisaría 32» secuestró 163 kilos de marihuana en una casa de la manzana 10 de la villa 21.
Lo más importante del allanamiento no fue el volumen de la droga que se logró incautar. Lo más valioso del procedimiento fue el secuestro de cuadernos con anotaciones que permitieron descifrar los secretos del gran negocio del narcotráfico dentro del asentamiento.
Apodos y cifras de dinero fueron las claves para develar el misterio. La hipótesis de los investigadores fue que las anotaciones hacían referencia a los seudónimos usados por narcotraficantes que habían armado un pool para traer marihuana desde Paraguay y, así, abaratar los costos del transporte y de la custodia de la droga.
En los cuadernos secuestrados se podía leer, en reiteradas ocasiones, un nombre, "Rubén", y un apodo: "Ela". La pista se profundizó. La sospecha de los investigadores judiciales y policiales fue que "Rubén" y "Ela" lideraban dos bandas.
Como informó LA NACION en octubre de 2012, después de tres años y tres meses de investigaciones, el juez federal Torres y su secretario en esa época, Diego Iglesias, pudieron identificar a "Rubén": se trata de Rubén Segovia Vallena, un paraguayo de 39 años.
Segovia Vallena llegó al juicio oral y público acusado de ser el presunto líder de la organización, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. En el debate no se pudo acreditar ese liderazgo, pero sí el fiscal Luciani, durante su alegato, explicó la gran responsabilidad que tenía dentro de la banda narco. Por eso, solicitó para él la pena de 13 años de prisión.
Según informó www.fiscales.gob.ar, el fiscal Luciani hizo hincapié en que la organización criminal se instaló en aquel lugar del sur de la ciudad de Buenos Aires para aprovechar la situación de vulnerabilidad y la compleja situación socioeconómica que atraviesan sus habitantes, además del difícil acceso a las casas en las que se acopiaban cocaína y marihuana dentro de un radio de entre 50 y 80 metros cuadrados.
Para Oscar Zotelo Sanabria, de 39 años, y Jorge Benítez, de 33, ambos nacidos en Paraguay, y para José Luis Iñíguez, de 45 y santafecino, el representante del Ministerio Público también pidió la pena de 13 años de prisión. En cambio, la condena solicitada para Juan Ramón Zotelo Paiva fue de diez años de cárcel.
Según se publicó en www.fiscales.gob.ar, el fiscal Luciani dio por acreditado que los imputados desempeñaron distintos roles en la organización (la condición de estar integrada por más de tres personas se considera como un agravante del delito de comercialización de estupefacientes): había custodias y "satélites" en las viviendas en que se guardaban las sustancias, en tanto que una panadería era utilizada como pantalla de la distribución de la droga hacia afuera de la villa.
El día que los sospechosos fueron detenidos, en varios allanamientos en forma simultánea en la villa 21, los detectives policiales secuestraron 58 kilos de cocaína y 317 kilos de marihuana. También se decomisaron diversas armas, 140.447 pesos y 210 dólares.
Una calificada fuente judicial, que participó de todas las audiencias del debate, elogió la tarea del juez Torres, que en lugar de quedarse sólo con el secuestro de 163 kilos de marihuana en junio de 2009 avanzó sobre las anotaciones de los cuadernos que fueron incautados y logró llegar hasta los presuntos responsables de la banda.
MÁS DE 1200 KG DE MARIHUANA
Tres procedimientos independientes, en Misiones, Córdoba y Santa Fe, arrojaron un total de 1270 kilos de marihuana secuestrada. Fueron 840 kg en San Ignacio, Misiones; 330 en Córdoba capital, y 100 en Garabato, en el norte santafecino..
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