Fronteras que son coladores

Editorial del diario La Nación

Dos hechos recientes han vuelto a poner de manifiesto la creciente gravedad de la violenta ola delictiva y la constante falta de respuestas por parte de un gobierno que, luego de ignorar primero y negar después esa incuestionable realidad, ahora eligió un enfoque parcial y erróneo al pretender reducirlo al accionar de delincuentes extranjeros.

Uno de esos hechos lo protagonizó la custodia del fiscal federal Carlos Stornelli en la autopista Illia, cerca del aeroparque metropolitano. Según relataron los custodios, observaron movimientos extraños de tres automóviles y dos motos que se desplazaban cerca del vehículo de Stornelli. En especial, les llamó la atención que uno de los motociclistas llevara puesto un pasamontañas pese al calor y que luego otro, que viajaba en una moto, quisiera abordar un automóvil. Los custodios se identificaron como policías y les ordenaron detenerse. Tras un tiroteo, siete de los sospechosos, todos colombianos, fueron capturados, mientras que por lo menos cinco hombres lograron huir en motos y un automóvil.

Stornelli negó que los sospechosos hubieran intentado atacarlo y los investigadores presumen que quizá planeaban secuestrar a otra persona. Lo cierto es que 12 hombres a bordo de tres automóviles y dos motos representan una fuerza temible y si, como se supone, estaban por cometer algún delito, éste no sería un delito menor.

El hecho de que fueran extranjeros no constituye por sí mismo ningún agravante, pero revela, en cambio, una grave falencia de nuestros organismos de control que coloca a la ciudadanía en una absoluta indefensión.

No se trata de explicar el auge delictivo por el accionar de ciudadanos extranjeros, como quiso dar a entender la Presidenta al anunciar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Hacerlo sería caer en un lamentable reduccionismo y en la xenofobia. El delito no obedece a la presencia de extranjeros. Obedece, como venimos sosteniendo desde estas columnas desde hace mucho, a la falta de interés de las autoridades nacionales, provinciales y comunales por combatirlo en forma decidida y coordinada. Obedece también a la creciente participación en hechos criminales de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Y obedece a los controles cada vez más laxos de nuestras fronteras y de los puntos de ingreso en el país.

Entre los siete ciudadanos colombianos capturados, hay algunos que tienen peligrosos antecedentes penales. ¿Cómo es posible que las autoridades argentinas no hayan registrado el ingreso en nuestro territorio de uno de los detenidos, que había sido condenado en Colombia, en noviembre de 2011, a 22 años de prisión por haber cometido un homicidio? Arribó en 2012, pero la Dirección Nacional de Migraciones ignora la fecha y el sitio de ingreso. Este hombre también fue investigado por portación de arma en la Capital Federal.

Otro de los detenidos había abandonado Colombia con cuatro condenas en su haber, dictadas entre 2003 y 2009 por robos y hurtos con una pena única de cinco años de prisión. Arribó a la Argentina el 17 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en la triple frontera de Foz de Iguazú. En su caso, las autoridades argentinas ignoraban o no advirtieron sus antecedentes.

Además, la policía sospecha que uno de los detenidos pudo haber intervenido en la agresión que sufrió el periodista Alfredo Leuco cuando el año pasado le robaron su mochila a metros del Café Tortoni, en la Avenida de Mayo.

Como contrapunto de la falta de control, hay que destacar favorablemente la detención, en Misiones, de dos choferes de ómnibus, luego de que personal de la Aduana descubriera un importante cargamento de municiones y cargadores para fusiles y pistolas en un ómnibus que había partido de Paraguay rumbo a Rosario. El contrabando de municiones estaba oculto en el equipo de aire acondicionado del vehículo.

De todos modos, la importancia de este hecho radica en que el procedimiento confirma que continúa el contrabando de armamento vía Paraguay. Las denuncias se remontan a más de diez años atrás, cuando se halló en poder de narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro armamento argentino que había pasado por Paraguay. El reciente hallazgo permite sospechar que aquella ruta ilegal ahora invirtió el flujo y permite el arribo de municiones muy probablemente destinadas a bandas de narcotraficantes de Rosario.

La Presidenta se valió del problema de la inseguridad y lo vinculó con los extranjeros para intentar dotar de un cierto atractivo la modificación del Código Procesal Penal. Eso equivale a ubicarse en las antípodas de la solución, porque el problema delictivo debe atacarse mucho antes de recurrir al Código. Cuando las autoridades toman en sus manos los códigos, es porque el delito ya se cometió.

Es preciso, en cambio, que se actúe antes en la prevención y la disuasión. La inseguridad no es un simple tema, sino un gravísimo problema. Y los únicos que parecen no advertirlo son las autoridades.