Destinarán $ 335 millones para urbanizar el barrio Papa Francisco

Por Ángeles Castro  | LA NACION
El gobierno porteño invertirá ese monto en tareas para sanear el suelo, el tendido de los servicios públicos y la construcción de viviendas sociales; reforzaron la custodia del predio desalojado

La topadora continuó trabajando en el predio de Pola y Fernández de la Cruz, ayer vigilado por unos 250 policías. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

El gobierno porteño destinará por lo menos 335 millones de pesos en el saneamiento y la urbanización del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano. Luego del desalojo del predio y el intento de una nueva toma, ayer se reforzó la custodia policial en el lugar, mientras las maquinarias realizaban tareas preliminares de cateo de suelo.

En tanto, sólo quedaba internado ayer un solo agente de la Policía Metropolitana, tras haber recibido un impacto de bala en la pierna durante el ataque de un grupo de personas que quiso volver a ocupar el terreno. En total, habían sido heridos siete efectivos, tres de ellos, baleados.

Según datos brindados por diversas fuentes oficiales, el proceso de remediación de la tierra contaminada del predio costará unos 50 millones de pesos y demandará aproximadamente un año. En paralelo, en la medida de lo posible, y con una inversión de 55 millones de pesos, avanzarán los trabajos de apertura de calles y demarcación de veredas, así como el tendido de cloacas, agua corriente y electricidad.

Una vez concluidas estas instancias, el Instituto para la Vivienda de la Ciudad licitará y supervisará la construcción de viviendas, que serán destinadas a habitantes de la aledaña villa 20, como determina la ley 1770, sancionada en 2005 y todavía incumplida. Si bien aún faltan definir detalles del proyecto, implicaría un gasto cercano a los 230 millones de pesos.

El domingo de la semana pasada, un día después del desalojo de las 700 familias instaladas en el predio desde febrero, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) comenzó con el cateo del predio.

Las cuadrillas hicieron pozos de entre 30 centímetros y un metro de profundidad para tomar muestras de suelo, que serán llevadas a un laboratorio, confirmó la Secretaría de Hábitat e Inclusión porteña (Sechi). Parte del equipamiento utilizado fue incendiado durante el nuevo intento de toma que ocurrió en la medianoche del viernes pasado.

Tras la invasión del lugar, la custodia policial, que era de 60 agentes de la Policía Metropolitana, se multiplicó hasta 250 efectivos: 190 de la fuerza de seguridad local y el resto, aportados por fuerzas federales.

Con los resultados del cateo, que se demorará entre tres y cuatro meses, se podrá evaluar cuál es el grado de contaminación del terreno y luego definir con qué metodología será saneado. Como se recordará, en esas parcelas funcionaba un cementerio de autos confiscados por la Policía Federal; por eso, se filtraron en el suelo metales pesados e hidrocarburos.

La posterior remoción del suelo podría llevar, en promedio, otros ocho meses. "Sabemos que en el predio habrá que retirar una capa de entre 15 y 20 centímetros de tierra, y es posible que debamos construir hormigón sobre el suelo", dijo a LA NACION Marina Klemensiewicz, responsable de la Sechi.

EL PLAN

Estas obras están incluidas dentro del plan de remediación, presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Elena Liberatori, y le costarán a la Ciudad entre 30 y 50 millones de pesos.

Paralelamente, también comenzó el plan de urbanización del predio, cotizado en otros 55 millones de pesos. El proyecto incluye la apertura de calles, demarcación de veredas, tendido de agua potable, conductos pluviales, cloacas y electricidad.

"Empezamos a remover los escombros y a trazar las calles con estacas. Ahora estamos conciliando con Agua y Saneamientos Argentinos [AySA] el paquete de pluviales, de agua potable y de cloacas", agregó Klemensiewicz.

Una vez que el lote haya sido saneado y abastecido con infraestructura pública, el gobierno porteño podrá iniciar la construcción de viviendas para las familias más vulnerables de la villa 20, como marca la ley.

El organismo encargado de licitar y adjudicar los trabajos será el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Según recordó ayer su presidente, Emilio Basavilbaso, la vivienda social promedio tiene 60 metros cuadrados y cuesta 8500 pesos el m2; es decir, que cada unidad demanda unos 510.000 pesos.

En principio, estaban previstas entre 450 y 500 viviendas, número que se terminará de ajustar en los próximos meses. Así, se invertirá alrededor de $ 229.500.000 millones. "Cuando las viviendas estén listas, la jueza Liberatori deberá otorgarlas a los beneficiarios, según los registros de las personas censadas en mayo pasado en el predio y en la villa 20", explicó Klemensiewicz..