Patria o buitres, para tapar los problemas

Por Carlos Pagni | LA NACION
Cristina Kirchner sigue empeñada en configurar la escena pública sobre un formato que resulta invalorable para los liderazgos populistas. Todos los problemas deben imputarse a un enemigo externo que, en su infinita sagacidad, se sirve de agentes locales para alcanzar sus objetivos.

Los holdouts prestan, entonces, un excelente servicio. Quienes hoy formulan exigencias o críticas al Gobierno pueden ser presentados como sus títeres. Se consuma así el último deseo de la mentalidad autoritaria: quitar legitimidad a las conductas que obstaculizan la voluntad del que manda. Cualquier resistencia, en vez de estar centrada en sí misma, enmascara un interés no confesado. Sólo existe un conflicto verdadero. Patria o buitres. En esa oposición debe subsumirse toda la política. La estrategia se vuelve más tentadora cuando crece la escasez y se multiplican las demandas.

Sería incorrecto, sin embargo, considerar que el discurso oficial sobre la deuda es mero oportunismo. Las decisiones que viene tomando la Presidenta forman parte de un plan que ella misma explicó el 26 de agosto del año pasado. Ese día adelantó que haría prohibir por ley el pago de sentencias favorables a los holdouts y prometió a los tenedores de bonos reestructurados que les ofrecería reemplazar esos títulos por otros similares, sólo que pagaderos en Buenos Aires.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof están considerando en estos días ese último tramo del programa. Deben sortear un problema delicado. Si proponen un canje convencional habrán admitido que el Griesafault es, en realidad, un Kicifault. Por eso, el ministro de Economía pidió a sus abogados un procedimiento por el cual el pago en Buenos Aires no signifique una reestructuración de la deuda.

En otras palabras, una fórmula por la cual los papeles que se ofrezcan no reemplacen a los que se entregaron en los canjes. Serían un instrumento de pago transitorio, porque el día que se termine el diferendo los bonos de los canjes mantendrían su validez. Por lo tanto, la nueva sede de pago tampoco implicaría un cambio de jurisdicción. Algunos especialistas aconsejan que, para que la propuesta sea atractiva, habría que incorporar una nueva cláusula RUFO.

Al Gobierno le resulta difícil encontrar una instancia judicial que permita dar la sensación de que el proceso continúa, aun en jurisdicciones no previstas en el contrato que dio motivo al pleito. Estados Unidos rechazó la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Un diplomático de Washington ironizó: "Si Griesa es un juez municipal, deberían quejarse ante Bill De Blasio, el alcalde de Nueva York". Se burlaba de la caracterización de Raúl Zaffaroni, casi seguro candidato kirchnerista en las próximas elecciones.

En las últimas horas se analizó la posibilidad de consultar a otro tribunal internacional. La CIJ también está vedada porque la Carta de las Naciones Unidas no prevé que ese tipo de requerimientos sean realizados por países. Algunos expertos aconsejan recurrir al Comité Jurídico Interamericano, un órgano de la OEA con sede en Río de Janeiro, que sí emitió opiniones a pedido de países. Por ejemplo, en 1996, a solicitud de México, descalificó la ley estadounidense Helms-Burton, dirigida contra transacciones de terceros con Cuba.

La Presidenta exige ser vista como una Juana de Arco llamada a refundar el capitalismo. Pero hay que reconocer que no se apartó un milímetro del curso de acción definido en agosto del año pasado. Hoy se sabe, por infidencia de algunos funcionarios, que cuando reemplazó a Hernán Lorenzino por Kicillof estaba pensando en la batalla por la deuda. Son constataciones relevantes. Indican que es muy improbable que el Gobierno vaya a reconocer el reclamo de los holdouts después de enero, cuando la cláusula RUFO esté vencida.

Hay muchos actores del sistema financiero a los que les cuesta convencerse de esta posibilidad. Suponen que Cristina Kirchner pagó a Repsol, al Club de París y a los acreedores del Ciadi, porque se encaminaba a resolver su crisis de reservas endeudándose en el mercado. Una solución imposible sin un acuerdo con los holdouts. Les cuesta pensar que ella cumplía con aquellos compromisos sólo para que la Corte norteamericana la salvara del default. Que pagaba las deudas que le parecían "justas" para no tener que pagar la que considera "injusta". En la posición de esos financistas influyen también algunos funcionarios. No sólo Jorge Capitanich pidió a Eduardo Eurnekian que haga una colecta para pagar la sentencia, como el propio Eurnekian acaba de insinuar.

Carlos Zannini intentó contratar a la agencia de inteligencia Black Cube para negociar en secreto con Paul Singer, el titular del fondo NML. Y Miguel Galuccio promete a sus amigos de Wall Street que Kicillof se sentará con los acreedores en enero. Tal vez lo haga en defensa propia: a YPF le costará conseguir inversores en el contexto actual.

Entusiasmados por esas señales confusas, grandes tenedores de bonos reestructurados, que necesitan que Griesa reponga el stay para cobrar sus acreencias, recurrieron a tres bancos para comprar a Singer el 80% de sus derechos. Pero chocan con dos problemas. Primero: no hay señales de que el Gobierno mejore demasiado su oferta de US$ 300 millones. Segundo: nada garantiza que los acreedores más pequeños acepten el arreglo. Por eso hasta el viernes por la tarde el "acuerdo entre privados" era tan escurridizo.

Kicillof festeja esas dificultades porque está muy cómodo en el papel de escudero de su jefa. Ni en el más luminoso de los sueños imaginó que un líder peronista le cedería las más diversas áreas de la administración, para que testeara sus elucubraciones universitarias sobre el banco de pruebas de la economía nacional.

Además, el litigio con los "buitres" es una excusa para seguir negando las patologías endógenas de la política oficial. La polémica con Héctor Méndez, el titular de la UIA, el jueves pasado, dejó al desnudo la rudimentaria estrategia del kirchnerismo frente a la recesión. Méndez atribuyó la falta de inversión a dificultades muy anteriores al default: corralito, prohibición de exportar dividendos, costos en aumento, etc. Se basó en un informe de la propia UIA, que detectó en mayo una caída del 5,3% en la actividad industrial.

El Gobierno admite la crisis. Carlos Tomada acaba de lanzar un programa por el cual el Estado, a pesar de que en el segundo trimestre aumentó su gasto en un 41% interanual, pagará una parte de los sueldos de las empresas en dificultades. Así y todo, Kicillof contestó a Méndez que "para los problemas inventados hay que buscar un psicólogo". Pero el argumento canónico lo ofreció el laboralista Héctor Recalde, papá del presidente de Aerolíneas, Mariano: "A mí me preocupa que hay buitres internos. Pelear contra buitres externos es lógico, pero que en nuestro país haya que pelear con algunos dirigentes es insólito". Recalde reintrodujo a Méndez en la clasificación oficial: patria o buitres.

LA MISMA JAULA

Dentro de poco entrarán a la misma jaula los sindicalistas que protestan por la caída del salario. O los colegas criollos de Griesa, que también traen dolores de cabeza a la Presidenta. Mientras ella y Kicillof se distraían con la Corte de La Haya, las novedades se producían en los tribunales de Comodoro Py. La misma jueza que identificó al nieto de Estela de Carlotto, María Servini de Cubría, procesó a la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, por pagar viajes con fondos públicos, y al ex secretario de drogadicción Ramón Granero, por el tráfico de efedrina. Servini también allanó la AFA, en busca de documentación sobre el reparto del dinero de Fútbol para Todos. Por su lado, Claudio Bonadio procesó a Amado Boudou por adulterar un auto modelo 92 para estafar a su ex mujer en un juicio de divorcio. En la maniobra participó, según Bonadio, otra ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, figura de reparto en el escándalo Ciccone: gerenciaba los viajes que el socio y el hermano del vicepresidente pagaban con la caja negra The Old Fund.

Ariel Lijo, que dictó el primer procesamiento de Boudou, estaría por producir otros sinsabores. Investiga si el financiamiento del proselitismo de Cristina Kirchner en 2007, en el que los principales mecenas fueron droguerías vinculadas con el tráfico de efedrina, dio lugar a lavado de dinero. Los peritos de la Corte habrían emitido un dictamen lapidario. No debería descartarse que el juez llame a indagatoria al recaudador de esa campaña, Héctor Capaccioli, quien al mismo tiempo era el superintendente encargado de controlar a los laboratorios. Si la Presidenta sospecha que el avance sobre Boudou la tiene a ella como último objetivo, corroborará sus presunciones en el activismo de los jueces federales. Una bandada difícil de atrapar.