Avanza la causa judicial en la que se investiga una estafa millonaria a través de empleados ñoquis. Habrían sido nombrados profesores de educación física como asesores de vías marítimas y alta tecnología naval. Escándalo
Lo que queda en pie del Astillero Río Santiago permite rememorar lo que alguna vez fue nuestro país. Inaugurados en 1953, durante la segunda presidencia de Perón, los talleres navales de Ensenada llegaron a ser los de mayor actividad e importancia de Latinoamérica.
Sólo el recuerdo existe de esa época de esplendor. La actualidad, lamentablemente, es bien diferente. La actividad productiva del Astillero está reducida a su mínima expresión y se habría convertido en una auténtica fábrica de ñoquis, conformando una caja millonaria para alimentar cajas políticas que nada tienen que ver con la necesidad de un país que carece de industria naval.
Una clara muestra de la degradación es el avance de una causa judicial que investiga una millonaria estafa a las cuentas públicas bonaerenses y que derivó en una serie de allanamiento en las oficinas centrales de los talleres navales de Ensenada. En la causa, interviene la fiscalía de Delitos Complejos, que designó a un grupo de peritos contadores de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte para que colaboren en el análisis de la documentación secuestrada en el procedimiento.
En rigor, se trata de 58 legajos que pertenecen a empleados del organismo que figuran percibiendo contratos por locación de servicios con haberes mensuales de entre 25 y 30 mil pesos, pero que nunca concurrieron a sus lugares de trabajo, ni cumplieron ningún tipo de tarea específica en la sede de la industria naval del Estado bonaerense.
A todas luces se trata de un perjuicio millonario de delicada ingeniería contable. La investigación judicial, que lleva adelante el fiscal Jorge Paolini, tiene ribetes escandalosos ya que varias de esas personas, al parecer, desconocerían que sus nombres habrían sido utilizados en los contratos.
Eso no es todo. Según informaron altas fuentes judiciales a Hoy, hay profesores de educación física y docentes que figuran prestando asesoramiento, siempre al director de Astilleros, de acuerdo a lo que surge de los contratos, en conocimientos de vías marítimas y alta tecnología naval.
El origen de la investigación
La megacausa surgió cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo –un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de 30 mil pesos mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los “ñoquis” (ver aparte).
Como la sede del organismo se encuentra en el Departamento Judicial de La Plata, el fiscal de la Unidad Descentralizada de Pringles, con epicentro en Bahía Blanca, giró todas las actuaciones para que siga interviniendo el fuero penal de nuestra ciudad. Luego de los allanamientos realizados en la primera semana de junio, el fiscal Paolini -ante la contundencia de la documentación secuestrada- decretó de inmediato el secreto de sumario en el expediente. Entre la evidencia, incautó los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astilleros y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los “empleados ñoquis”. En rigor, lo que investiga la fiscalía es la participación de altos funcionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.
Si bien la fiscalía realizó un recorte de 58 legajos con el fin de delimitar el análisis de la prueba a demostrar, se sospecha que podrían existir un total de 300 empleados “ñoquis” que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años, o en determinados períodos de ese mismo lapso. Los operativos que permitieron hacerse de esa evidencia fueron librados por el juez de garantías Nª 6 de La Plata Fernando Mateos a pedido del fiscal Paolini. En tribunales, también investigan una posible vinculación con el presidente de Astilleros Río Santiago,Héctor Scavuzzo, según se desprende de las actuaciones incorporadas al expediente. Ocurre que el máximo referente de Astilleros reside en la zona aledaña a la del denunciante, en Coronel Pringles. Y la fiscalía habría acreditado una serie de contrataciones irregulares de similar factura. El diario Hoy se comunicó con el Ministerio de la Producción y con el Astillero para tener la versión oficial sobre lo ocurrido. Las autoridades evitaron hacer declaraciones.
Muy triste es el presente de los talleres de Ensenada. Todas estas irregularidades se dan un país, como la Argentina, que carece de industria naval. Ello lleva a que nuestros mares estén absolutamente desprotegidos, permitiendo que los recursos ictícolas sean depredados por buques de bandera extranjera que tienen vía libre para violar nuestra soberanía. Estos alimentos que son saqueados sin ningún tipo de control, y que son ricos en proteínas y en nutrientes que favorecen el desarrollo del cerebro, permitiría evitar que diariamente tengamos que lamentar que haya chicos muriendo de hambre.
Un caso testigo: robo de identidad
El caso más grave es el de Gustavo Ferreyra, un humilde jornalero de Coronel Pringles al que le sacaron su DNI para cobrar un sueldo en el Astillero. Según los registros de la ANSES, Ferreyra ingresó al Astillero en noviembre de 2012 con un salario de $ 24.632. Nunca vio ese dinero. El caso trascendió porque en enero su mujer fue al banco a cobrar la Asignación Universal por Hijo de sus tres chicos, unos $ 820, y el dinero no estaba. Sin trabajo, y en una situación desesperante, Ferreyra y su mujer recorrieron diversas oficinas públicas hasta que detectaron el “robo de identidad”.
Antes que el escándalo se diera a conocer, la familia recibió en su casa la visita inesperada de un desconocido que le dio el dinero correspondiente a dos meses de la asignación universal. Poco después, se reunieron en persona con el interventor de Río Santiago, en su estudio jurídico de Coronel Pringles, según consta en la denuncia judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal Fernando Enrique Martínez de la ayudantía fiscal de Pringles.
“Ustedes me quieren sacar plata”, los habría acusado Scavuzzo. El funcionario también le adjudicó la culpa a la AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le dijo al jornalero y su mujer. La discusión no terminó en un acuerdo. Igualmente, al poco tiempo, la familia volvió a cobrar la ayuda social en el banco.
Todas las designaciones irregulares complican a Scavuzzo, quien fue intendente de Coronel Pringles (1991-95) y luego tuvo varios cargos en el gobierno bonaerense hasta que hace un año recaló en el astillero.
Claves de la investigación judicial que tiene en la mira a los talleres navales
Astilleros en un ente que administra la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de la Producción -a cargo del Cristian Breitenstein, ex jefe comunal de Bahía Blanca- y cuyo presidente es el ex intendente de Pringles, Héctor Scavuzzo.
"Los elementos secuestrados permitirían al menos seguir investigando para comprobar si esta gente efectivamente cumplían funciones en el ARS, o si se les utilizaron los datos, para hacerse de manera `ilegitima` del dinero" consignó a Hoy el fiscal Paolini.
“Estamos analizando con peritos contadores si esos contratos son verdaderos o no, tenemos que determinar porque la mayoría, además de ser personal jerárquico, figuran como asesores de presidencia, por lo cual tampoco están bien determinadas las tareas que realizarían", añadió el funcionario judicial. También precisó que requirieron la documentación y "se allanaron la oficina de presidencia del titular de ARS, Héctor Scavuzzo, las oficinas administrativas, gerencia, liquidación de sueldos".
Paolini puntualizó que "se secuestraron 58 legajos de personas cobrarían entre 20 y 30 mil pesos como personal jerárquico del Astillero". "A los trabajadores de ARS en principio se les debía pagar con tarjeta de débito, pero con la investigación realizada en los bancos, descubrimos que había parte del pago que se realizaba en efectivo –explicó el fiscal platense-, como unos tres millones de pesos por mes".
Con esa evidencia reunida, el fiscal solicitó “el allanamiento al Juez de Garantías, Mateos”, para que “autorice a traernos toda la documentación relativa al cobro en efectivo de personal jerárquico".
"Pedimos además los contratos y los motivos por los cuales se les debía pagar en efectivo, y además nos trajimos recibos de sueldo y legajos no firmados", detalló el titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.
"Los contratos pertenecen a personas domiciliadas en La Plata, una persona con domicilio en Puerto Madryn, en Pringles, y Bahía Blanca, de donde es oriundo el titular de la fábrica naval", concluyó el doctor Paolini.
Sólo el recuerdo existe de esa época de esplendor. La actualidad, lamentablemente, es bien diferente. La actividad productiva del Astillero está reducida a su mínima expresión y se habría convertido en una auténtica fábrica de ñoquis, conformando una caja millonaria para alimentar cajas políticas que nada tienen que ver con la necesidad de un país que carece de industria naval.
Una clara muestra de la degradación es el avance de una causa judicial que investiga una millonaria estafa a las cuentas públicas bonaerenses y que derivó en una serie de allanamiento en las oficinas centrales de los talleres navales de Ensenada. En la causa, interviene la fiscalía de Delitos Complejos, que designó a un grupo de peritos contadores de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte para que colaboren en el análisis de la documentación secuestrada en el procedimiento.
En rigor, se trata de 58 legajos que pertenecen a empleados del organismo que figuran percibiendo contratos por locación de servicios con haberes mensuales de entre 25 y 30 mil pesos, pero que nunca concurrieron a sus lugares de trabajo, ni cumplieron ningún tipo de tarea específica en la sede de la industria naval del Estado bonaerense.
A todas luces se trata de un perjuicio millonario de delicada ingeniería contable. La investigación judicial, que lleva adelante el fiscal Jorge Paolini, tiene ribetes escandalosos ya que varias de esas personas, al parecer, desconocerían que sus nombres habrían sido utilizados en los contratos.
Eso no es todo. Según informaron altas fuentes judiciales a Hoy, hay profesores de educación física y docentes que figuran prestando asesoramiento, siempre al director de Astilleros, de acuerdo a lo que surge de los contratos, en conocimientos de vías marítimas y alta tecnología naval.
El origen de la investigación
La megacausa surgió cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo –un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de 30 mil pesos mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los “ñoquis” (ver aparte).
Como la sede del organismo se encuentra en el Departamento Judicial de La Plata, el fiscal de la Unidad Descentralizada de Pringles, con epicentro en Bahía Blanca, giró todas las actuaciones para que siga interviniendo el fuero penal de nuestra ciudad. Luego de los allanamientos realizados en la primera semana de junio, el fiscal Paolini -ante la contundencia de la documentación secuestrada- decretó de inmediato el secreto de sumario en el expediente. Entre la evidencia, incautó los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astilleros y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los “empleados ñoquis”. En rigor, lo que investiga la fiscalía es la participación de altos funcionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.
Si bien la fiscalía realizó un recorte de 58 legajos con el fin de delimitar el análisis de la prueba a demostrar, se sospecha que podrían existir un total de 300 empleados “ñoquis” que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años, o en determinados períodos de ese mismo lapso. Los operativos que permitieron hacerse de esa evidencia fueron librados por el juez de garantías Nª 6 de La Plata Fernando Mateos a pedido del fiscal Paolini. En tribunales, también investigan una posible vinculación con el presidente de Astilleros Río Santiago,Héctor Scavuzzo, según se desprende de las actuaciones incorporadas al expediente. Ocurre que el máximo referente de Astilleros reside en la zona aledaña a la del denunciante, en Coronel Pringles. Y la fiscalía habría acreditado una serie de contrataciones irregulares de similar factura. El diario Hoy se comunicó con el Ministerio de la Producción y con el Astillero para tener la versión oficial sobre lo ocurrido. Las autoridades evitaron hacer declaraciones.
Muy triste es el presente de los talleres de Ensenada. Todas estas irregularidades se dan un país, como la Argentina, que carece de industria naval. Ello lleva a que nuestros mares estén absolutamente desprotegidos, permitiendo que los recursos ictícolas sean depredados por buques de bandera extranjera que tienen vía libre para violar nuestra soberanía. Estos alimentos que son saqueados sin ningún tipo de control, y que son ricos en proteínas y en nutrientes que favorecen el desarrollo del cerebro, permitiría evitar que diariamente tengamos que lamentar que haya chicos muriendo de hambre.
Un caso testigo: robo de identidad
El caso más grave es el de Gustavo Ferreyra, un humilde jornalero de Coronel Pringles al que le sacaron su DNI para cobrar un sueldo en el Astillero. Según los registros de la ANSES, Ferreyra ingresó al Astillero en noviembre de 2012 con un salario de $ 24.632. Nunca vio ese dinero. El caso trascendió porque en enero su mujer fue al banco a cobrar la Asignación Universal por Hijo de sus tres chicos, unos $ 820, y el dinero no estaba. Sin trabajo, y en una situación desesperante, Ferreyra y su mujer recorrieron diversas oficinas públicas hasta que detectaron el “robo de identidad”.
Antes que el escándalo se diera a conocer, la familia recibió en su casa la visita inesperada de un desconocido que le dio el dinero correspondiente a dos meses de la asignación universal. Poco después, se reunieron en persona con el interventor de Río Santiago, en su estudio jurídico de Coronel Pringles, según consta en la denuncia judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal Fernando Enrique Martínez de la ayudantía fiscal de Pringles.
“Ustedes me quieren sacar plata”, los habría acusado Scavuzzo. El funcionario también le adjudicó la culpa a la AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le dijo al jornalero y su mujer. La discusión no terminó en un acuerdo. Igualmente, al poco tiempo, la familia volvió a cobrar la ayuda social en el banco.
Todas las designaciones irregulares complican a Scavuzzo, quien fue intendente de Coronel Pringles (1991-95) y luego tuvo varios cargos en el gobierno bonaerense hasta que hace un año recaló en el astillero.
Claves de la investigación judicial que tiene en la mira a los talleres navales
Astilleros en un ente que administra la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de la Producción -a cargo del Cristian Breitenstein, ex jefe comunal de Bahía Blanca- y cuyo presidente es el ex intendente de Pringles, Héctor Scavuzzo.
"Los elementos secuestrados permitirían al menos seguir investigando para comprobar si esta gente efectivamente cumplían funciones en el ARS, o si se les utilizaron los datos, para hacerse de manera `ilegitima` del dinero" consignó a Hoy el fiscal Paolini.
“Estamos analizando con peritos contadores si esos contratos son verdaderos o no, tenemos que determinar porque la mayoría, además de ser personal jerárquico, figuran como asesores de presidencia, por lo cual tampoco están bien determinadas las tareas que realizarían", añadió el funcionario judicial. También precisó que requirieron la documentación y "se allanaron la oficina de presidencia del titular de ARS, Héctor Scavuzzo, las oficinas administrativas, gerencia, liquidación de sueldos".
Paolini puntualizó que "se secuestraron 58 legajos de personas cobrarían entre 20 y 30 mil pesos como personal jerárquico del Astillero". "A los trabajadores de ARS en principio se les debía pagar con tarjeta de débito, pero con la investigación realizada en los bancos, descubrimos que había parte del pago que se realizaba en efectivo –explicó el fiscal platense-, como unos tres millones de pesos por mes".
Con esa evidencia reunida, el fiscal solicitó “el allanamiento al Juez de Garantías, Mateos”, para que “autorice a traernos toda la documentación relativa al cobro en efectivo de personal jerárquico".
"Pedimos además los contratos y los motivos por los cuales se les debía pagar en efectivo, y además nos trajimos recibos de sueldo y legajos no firmados", detalló el titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.
"Los contratos pertenecen a personas domiciliadas en La Plata, una persona con domicilio en Puerto Madryn, en Pringles, y Bahía Blanca, de donde es oriundo el titular de la fábrica naval", concluyó el doctor Paolini.
Fuente: http://diariohoy.net/politica/el-astillero-rio-santiago-convertido-en-una-fabrica-de-noquis-36226
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