Rutina. Un pesquero japonés, en 2006, de caza en aguas del Sur. EFE
La decisión se considera una victoria importante para Australia –que presentó el caso ante la Justicia en 2010– y para grupos ecologistas, y por el momento pone fin a una de las mayores cacerías de ballenas en el mundo, en particular de las enanas.
El panel de 16 jueces presidido por el eslovaco Peter Tomka decidió que Japón no puede justificar la gran cantidad de ballenas enanas que desea cazar en la Antártida: 850 por año.
La decisión de los jueces fue por 12 votos a favor y 4 en contra.
“La evidencia no deja en claro que el diseño del programa y su puesta en marcha tiene una relación razonable con los objetivos descriptos”, dijo Tomka. La corte ordenó a Japón detener la entrega de permisos para cacería de ballenas hasta que el programa haya sido renovado.
El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Noriyuki Shikata, dijo que el país “lamenta y está profundamente decepcionado” por la decisión. “No obstante, como Estado respetamos el imperio de la Ley y como miembro responsable de la comunidad global Japón obedecerá la orden de la corte”, señaló Shikata.
Yoshihide Suga, secretario del Gabinete de Japón, dijo ayer que el gobierno mantendrá su palabra y obedecerá a la corte “como Estado que da gran importancia al orden legal internacional”. Japón argumentó que su estudio busca determinar si la caza comercial puede realizarse con una base sustentable. Sin embargo, Suga criticó a la Comisión Ballenera Internacional, que ordenó una moratoria a toda la caza comercial en 1986. La moratoria sigue pese a las recomendaciones del propio comité científico del grupo de que algunas especies de ballenas, por el tamaño de su población, podrían soportar la industria ballenera.
Japón ya otras veces ha descartado hacer lo mismo que Noruega e Islandia, que rechazaron en 1986 la moratoria impuesta por la Comisión Ballenera Internacional.
En este sentido ayer se supo que la organización ecologista Sea Shepherd aseguró que trasladará su lucha contra la caza de ballenas al Atlántico, donde operan Noruega e Islandia, si Japón acata la orden judicial de la ONU.
La máxima instancia jurídica de la ONU resuelve disputas entre naciones y sus fallos son vinculantes y no pueden apelarse. Aunque los países soberanos pueden ignorarlos y ocasionalmente lo hacen.
Japón tiene un segundo programa científico, aunque menor, en el norte del Océano Pacífico, el cual ahora podría estar sujeto a demandas. El gobierno nipón ha dicho que la demanda australiana es un intento por cambiar sus normas culturales, equivalente a que los hindúes demanden que se deje de comer carne de vaca a nivel mundial.
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