¿Cuál es el límite ético del espionaje?

Por Fernando Savater - Atenea digital

Las revelaciones de espionaje masivo de comunicaciones en la red, por parte del Gobierno de Estados Unidos, como parte de la política antiterrorista, han suscitado un debate denominado "ético" sobre tan delicada y compleja cuestión. Parece conveniente aclarar el término y también los valores que están en juego.

De lo que se trata en este caso no es de la valoración ética que determinados sujetos puedan hacer de sus acciones, sino de la deontología -o sea, las normas de moral pública establecidas- que ciertos comportamientos institucionales puedan haber comprometido o francamente violado. Entre los valores deontológicos que las instituciones deben defender en un estado democrático, hay dos muy importantes y que, a veces, se cortocircuitan mutuamente: la libertad de los ciudadanos (que incluye su derecho a no ser interferidos indebidamente por las autoridades y a conservar espacios vitales de privacidad) y la seguridad de los ciudadanos y del propio estado (que incluye la prevención cautelar de delitos, sobre todo, en nuestros días, los de alcance terrorista). El mundo del ciberespacio, en permanente y vertiginosa transformación, ha abierto nuevas áreas de libertad y también inéditas amenazas a la seguridad: de ahí el conflicto que actualmente nos preocupa.

Se diría que hoy todo el mundo considera que perder libertad para ganar seguridad es algo rechazable por reaccionario. Sin embargo, algunos de los mayores logros del progreso en los países democráticos han seguido precisamente esa vía: la, no por casualidad, así llamada "Seguridad Social", sin duda, el avance social más revolucionario de la época contemporánea, se basa en impuestos y cotizaciones que restringen lo que cada cual puede hacer con sus ganancias en pro de la protección mayoritaria; la educación obligatoria universal recorta la libertad de los padres que prefieran ver a sus hijos trabajando desde la infancia, etc. No cabe duda de que, hace cinco o seis siglos, los caminos europeos eran mucho más "libres" (sobre todos para los bandoleros) que nuestras vigiladas carreteras actuales, en las que nadie tiene la libertad de ir a la velocidad que quiera o conducir borracho. Cuando apenas existían automóviles, no había leyes de tráfico ni guardias para poner multas, pero se hicieron necesarios para mantener la seguridad en cuanto la red viaria aumentó en cientos de miles de unidades y la capacidad de correr se hizo peligrosa. Son pocos los que consideran superfluas estas medidas cautelares.

Siempre que se discute sobre los excesos de vigilancia del gobierno sobre los ciudadanos sale a relucir el Gran Hermano descrito por George Orwell en su famoso libro "1984". Pero suele pasarse por alto que el control agobiante y obsesivo del Gran Hermano de Orwell se ejercía para impedir libertades democráticas de asociación, expresión y creencias, es decir no para la seguridad de los ciudadanos -que en la novela no podían serlo de veras- sino para garantizar la de poder establecido sin posibilidad de crítica ni oposición a su dictadura.

Desde Roma, la gran pregunta es ¿Quién vigila al vigilante?

De momento, no parece que las muchas formas de cibervigilancia que padecemos en los países democráticos (es evidente que el caso de China, Cuba, etc. es distinto) restrinjan las libertades cívicas fundamentales, sino que, hasta ahora, sólo sirven para combatir delitos como las violaciones de la propiedad intelectual, la pederastia y detectar redes terroristas (tarea, por cierto, en la que, hasta el momento, no puede decirse que hayan tenido siempre éxito). La mayoría de las quejas respecto a tales procedimientos de control suenan algo retóricas, porque no se acompañan de denuncias concretas sobre libertades cívicas conculcadas; y, por otra parte, aunque todos somos muy amigos de la libertad, la queremos para nosotros mismos -que como se sabe somos personas decentes e inofensivas- pero no para quienes roban (por eso tenemos cerrojos y alarmas en nuestras casas), ni para los que asaltan bancos y almacenes (donde nos parecen oportunas las cámaras de vigilancia y los guardias de seguridad), ni para los que raptan niños (protección en las escuelas y en los parques infantiles) ni para quienes utilizan la red para tender celadas sexuales a los adolescentes o realizar hostigamientos y amenazas., ni por supuesto para quienes planean cometer atentados terroristas.

Lo malo es que nunca ningún servidor público gana medallas por prevenir delitos porque ¿quién nos asegura que realmente iban a cometerse? Cuando se comete el crimen, sin embargo, nunca faltan reproches contra los que no supieron prevenirlo ni protegieron bien a las víctimas. Lo cual, desde luego, no legitima todas las medidas que hoy pueden tomar los gobiernos para controlar datos y comunicaciones en internet. Sobre todo aquellos procedimientos que trasgreden la soberanía de otros países y no respetan ni siquiera a los organismos internacionales. Cualquier política de cibervigilancia debería dotarse de normas claras (tanto legales como deontológicas) y tendría que estar acordada, al menos entre los estados que comparten planteamientos democráticos semejantes. Pueden quedar secretos los resultados de lo que las agencias gubernamentales de vigilancia están haciendo (forma parte de la eficacia de su cometido), pero debe quedar institucionalmente claro en qué consiste eso que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué responsables autorizados se encargan de gestionar un material tan sensible y propenso a inadmisibles abusos.

Aunque la mención del Gran Hermano sea recurrente entre quienes confunden a George Orwell con Mercedes Milá, puede que la metáfora más adecuada para la polémica entre libertad y seguridad sea la de la pugna entre dioses en el Olimpo político de la que habló Max Weber. Cada uno de esos valores esenciales, a fin de cuentas, no puede ser definido sin ser puesto en relación con el otro, aunque sea difícil conciliar los respectivos ideales. Tanto la libertad como la seguridad de cada ciudadano, y desde luego las amenazas que las comprometen, evolucionan hoy y lo harán aún más mañana en ámbitos virtuales inéditos que ha abierto Internet. Es imprescindible una regulación legalmente vigilada de ese nuevo mundo que ahora habitamos y que se superpone al otro que ya conocíamos. La cuestión es aquella que hace siglos planteó Juvenal en la Roma de los Césares: "y.¿quién vigila a los propios vigilantes?".