La norma habilita al Gobierno a adoptar "las medidas necesarias" para terminar el proceso de reestructuración de la deuda pública, aunque le prohíbe ofrecerles a los tenedores de bonos defaulteados mejores condiciones que las que ya aceptaron los que entraron al canje en 2005 y 2010. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no se establece una fecha de cierre.
De hecho, el texto de la norma suspende explícitamente -en el artículo 7- los efectos del cerrojo "hasta tanto el Congreso declare terminado el proceso de reestructuración" de los títulos públicos que siguen en default. Y, en una muestra sobre la laxitud de los nuevos plazos, establece además -en el artículo 5- que el Ministerio de Economía debe "informar trimestralmente" al Congreso sobre los avances en la reestructuración.
En el canje original y en la reapertura anterior, el objetivo era reestructurar la mayor porción posible de la deuda que había quedado impaga tras la crisis de 2001 y 2002. Además de la oferta de los nuevos bonos (y la promesa de que éstos sí se pagarían), en 2005 era central la amenaza de que, si no era en ese momento, los tenedores de títulos en default no podrían canjear esos papeles. Y en la reapertura del canje de 2010 se usaron las mismas estrategias de "seducción". Entre esas dos reestructuraciones, el Gobierno consiguió normalizar la situación de aproximadamente el 93% de la deuda pública.
Ahora, más allá de cuán exitoso sea el canje para seguir acercándose al 100 por ciento, lo principal es la señal que se intenta enviar a la Justicia norteamericana tras los últimos reveses que sufrió el país en el juicio que llevan adelante contra la Argentina fondos buitre titulares de bonos en default. Por eso la norma apunta a mostrar la voluntad de que todos los tenedores de títulos en default puedan canjear sus papeles.
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