A las puertas de otro gran escándalo

Editorial del diario La Nación - En el marco de una licitación plagada de irregularidades, el Gobierno adjudicará la obra hidroeléctrica más importante de Santa Cruz

  

Bajo el control directo de la propia Presidenta, avanza en el Gobierno la adjudicación de las dos grandes represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima, rebautizadas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Esta adjudicación, incrementada por el Estado en 25.000 millones de pesos, es el resultado de tres intentos por concretar una obra pública que las autoridades nacionales invocan como necesaria para revertir el importante y creciente déficit, consecuencia de la ineficaz política energética del ministro Julio De Vido.

Sin embargo, esa estrategia acaba de ser fuertemente cuestionada por el jefe del bloque radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, quien junto con el ex fiscal Manuel Garrido, denunció a los ministros De Vido y Hernán Lorenzino,entre otros funcionarios, por las graves irregularidades de ese acto licitatorio. La denuncia sostiene que tendió abiertamente a beneficiar a determinados actores que son amigos del gobierno nacional y resalta, entre otros aspectos, las varias postergaciones que afectaron el proceso, los cambios de fecha, las prórrogas repentinas y otros detalles. Los denunciantes acusan a los funcionarios por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La causa recayó en el cuestionado juez Rodolfo Canicoba Corral.

En la referida licitación participaron cuatro consorcios de empresas, dos de los cuales presentaron el mismo financiamiento de origen chino. Es el caso de la empresa finalmente adjudicataria, Electroingeniería, que participó junto a la china Gezhouba, y de Lázaro Báez, cuya empresa Austral Construcciones estuvo acompañada de la china Sinohydro. El primer escándalo es haber permitido que "compitan" en la licitación las ofertas presentadas por Báez y por Electroingeniería, competencia que ha sido ciertamente contraria a las propias reglas del pliego, que establecía que una misma empresa no podía participar de más de una oferta. Gezhouba, en unión con Electroingeniería, y Sinohydro, con Austral Construcciones, son ambas empresas del Estado de la República Popular China.

Esta llamativa vinculación podría dar lugar a un caso de "cartelización" de ofertas, porque ambas firmas argentinas son muy cercanas al gobierno kirchnerista. Esta práctica parece reiterar el modus operandi implementado por Báez en licitaciones de la provincia de Santa Cruz, conforme fue denunciado públicamente, al advertirse que para las mismas licitaciones se presentaban las empresas vinculadas Austral Construcciones, Gotti, y Kanz y Costilla, estas últimas adquiridas por el cuestionado empresario. Todo ello, sin contar que mucho antes de las licitaciones se compraron tierras a precios irrisorios, a sabiendas de que iban a ser expropiadas.

A pesar de los intentos por parte del Estado de evitar que los oferentes presentaran cuestionamientos en las distintas etapas de la licitación -algo que por cierto hubiera permitido contar con mayor información y transparencia para la adjudicación-, algunos oferentes han impugnado la selección de ofertas, y estos cuestionamientos no fueron siquiera respondidos por las autoridades, hecho insólito que repugna los principios republicanos de nuestra Constitución, con el agravante de que el trámite de la licitación continuó avanzando como si no hubiese objeciones.

Algunos de los cuestionamientos denunciaban un importante escándalo el día de apertura de los sobres que contenían las propuestas económicas, dado que en esa oportunidad los otros oferentes advirtieron que Electroingeniería había acompañado por separado una carta de descuento del 17 por ciento, algo tan sospechoso como inadmisible, que un oferente seriamente pueda proponer, en sólo una hoja, una reducción del precio de aproximadamente unos $ 5000 millones para semejante obra.

Al poco tiempo de tener acceso a esa simple hoja de descuento, se descubrió la verdadera maniobra oculta: ésta contiene una condición de pago en dólares estadounidenses, de más de mil millones, algo expresamente prohibido por el pliego, restricción que le había sido expresamente aclarada en reiteradas oportunidades, en la medida que la obra debía ser cotizada y abonada en pesos.

Una oferta así debió haber sido inmediatamente excluida, ya que colocó a Electroingeniería en una posición privilegiada frente a los demás oferentes y, fundamentalmente, de cara a eventuales oferentes que, de haber conocido que podían cotizar en dólares, se hubieran presentado en la licitación. Este ardid, prohibido expresamente, permitirá que el contratista traslade al Estado nacional los elevados riesgos cambiarios e inflacionarios.

Otro de los graves vicios que tiene la licitación es que ninguna oferta contó con un "compromiso firme de financiamiento", como se requiere expresamente. Es más, la oferta de Electroingeniería fue un mero borrador de lo que sería un inicio de conversaciones con el Banco de Desarrollo de China.

Esta licitación es un escándalo y el resultado ya está a la vista, por los altos precios ofrecidos, y también porque los supuestos financiamientos son excesivamente altos, con una tasa real superior al 11 por ciento, cuando nuestros países vecinos obtienen acceso al crédito a la mitad de esa tasa. Se está indudablemente ante el gran y último negocio de la obra pública kirchnerista. Paradójicamente, el escándalo repercutirá en el sector más vulnerado por las políticas públicas de este gobierno, el energético, e incluso afectará la política cambiaria que tanto han procurado defender desde el Gobierno, con las consecuencias que ha originado.

Estamos a las puertas de otra contratación severamente cuestionada, con los mismos actores de siempre, sin advertir que las elecciones de las PASO han marcado un límite a esta forma corrupta de gobierno que atenta contra el interés público..