Editorial II del diario La Nación
La decisión de trasladar el Monumento a Colón a Mar del
Plata no sólo arriesga la integridad de la estatua, sino que tergiversa la
historia misma.Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya
asegurado que el reemplazo del Monumento a Colón por el de Juana Azurduy
"no es una decisión caprichosa", lo cierto es que ciertas iniciativas
tomadas en soledad, y avaladas por una apresurada puesta en marcha por parte de
funcionarios complacientes, pueden transformarse en asuntos muy graves para la
vida de la república.
Es lo que está ocurriendo con el anunciado traslado del
monumento. Hubo disposiciones de la
Justicia que fueron ignoradas: un fallo de la jueza María
Alejandra Biotti, del 12 de junio pasado, obligaba al Ejecutivo Nacional a
"abstenerse de concretar cualquier acto que implique el traslado del
monumento, sin perjuicio de las medidas que se tomaran para su conservación y
preservación", y por un plazo de tres meses a partir de la sentencia. Pero
el martes pasado otro fallo, del juez en lo contencioso administrativo Enrique
Lavié Pico, autorizó a la
Nación a llevar adelante las obras de desmontaje de la
estatua de Colón, situada detrás de la Casa Rosada, obligándola empero a hacer llegar al
gobierno porteño un informe sobre el plan de restauración.
Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre ambos fallos,
ya se había producido parte importante del desmontaje, con la estatua de Colón
tendida sobre una tarima próxima a la obra. En ningún momento se notificó del
trámite a ninguna autoridad del gobierno porteño, e incluso los efectivos de la Policía Federal y
Gendarmería, que custodiaban la entrada a la Plaza Colón,
impidieron el ingreso del personal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Porteño. Se había avanzado, además, en abierta ignorancia de las medidas
cautelares presentadas por las ONG Basta de Demoler y Salvemos las Estatuas,
aunque éstas fueron desestimadas también por el juez Lavié Pico. Por su parte,
la municipalidad de Mar del Plata ya inició las obras para recibir el Monumento
a Colón porteño, o lo que quede de él, ya que los expertos han advertido en
innumerables ocasiones sobre el peligro de su traslado y el efecto del salitre
marino sobre el mármol.
Que Juana Azurduy, combatiente por la independencia, ejemplo
de valor y austeridad hasta su fallecimiento, debe ser honrada es una justa
decisión. Pero para ello no se debe mancillar la memoria de Cristóbal Colón,
autor de una de las más arriesgadas, valientes y grandiosas empresas de la
humanidad: esto no sólo afrenta a las comunidades italianas y españolas, sino
también a toda la Argentina,
inserta en una América que no sería latina si no hubiera existido Colón.
La
Presidenta, tan afín al relato indigenista, deja de lado, sin
embargo, las penurias que sufren en la actualidad las comunidades aborígenes de
la nación toba, y rechaza el fenómeno único de la hispanidad resultante de esa
fusión de culturas y de sangre que se sucedió en América a partir de 1492. El
desconocimiento de nuestro pasado no sería de censurar, si no fuera que, por un
ideologismo vacío de contenido, se pretende dañar no sólo la magnífica
escultura realizada por el afamado artista florentino Arnaldo Zochi, sino
nuestras propias raíces y a la historia misma.
Hay un punto en el que el gobernante debe detenerse, y es
aquél en el que sus gustos personales lesionan las leyes nacionales y la Constitución porteña.
Es de desear que todo este ingrato episodio termine pronto, con el respeto por
las decisiones de la Justicia
y por el que se debe a toda la comunidad porteña.
Alguien podría explicarles que los faraones estaban en Egipto, por favor...
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