Cristina les quitó el manejo de las obras sociales a las Fuerzas Armadas

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Aun antes de la asunción de sus principales colaboradores, que jurarán mañana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, comenzó a pisar fuerte en su llegada al edificio Libertador . Como primera medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, le quitó el manejo de las obras sociales a las Fuerzas Armadas, a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval, para concentrarlo en un instituto autárquico, que será fiscalizado y controlado por el propio ministerio.

A través del decreto 637/2013, la presidenta Cristina Kirchner creó el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que regulará el sistema de salud para el personal militar y sus familias, una población de más de 600.000 beneficiarios.

Se trata de una caja de $ 720 millones anuales, que acrecienta el poder del nuevo ministro, que comenzó a imprimir una impronta de alta exposición a su gestión, cuando algunos sectores políticos indicaban que se aprestaba a conducir un área devaluada.

Hasta el momento, cada fuerza militar organizaba su propia obra social y en los últimos años todas presentaban "una situación de déficit financiero y operativo", según se advierte en el propio decreto presidencial. Distintas fuentes castrenses, consultadas por LA NACION, sin embargo, atribuían las dificultades financieras "al notorio retraso del haber básico del personal militar, que en un 40% siguen pagándose en negro".

La unificación del manejo de las obras sociales reunirá en una misma entidad un universo de 600.000 beneficiarios en todo el país, con una dimensión equivalente, por ejemplo, a la del sindicato de gastronómicos.

Las obras sociales se sostienen con el aporte de los afiliados, unos 140.000 militares, en actividad y retirados, a los que se suman 30.000 uniformados de la Gendarmería y unos 14.000 de la Prefectura. En las Fuerzas Armadas, se les retiene el 6% del sueldo básico a los militares en actividad, y el 8%, a los retirados. Cada obra social, además, tenía convenios con otros sindicatos, como los del personal marítimo y los docentes, que generaban recursos adicionales.

En su primer día de gestión, además, Rossi incorporó el área de Fabricaciones Militares, que funcionaba bajo el ala del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuya influencia en el Poder Ejecutivo sufrió un nuevo recorte. Creada para abastecer de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de seguridad, Fabricaciones Militares tiene un presupuesto de $ 801,7 millones y en los últimos dos años fue conducido por el economista Santiago Juan Rodríguez, designado ahora por Rossi secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa.

Integrante de La Cámpora, Rodríguez acompañó el año pasado al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en la misión a Angola.

Mientras aún resta por definirse el resto del gabinete de la cartera, Rossi creó una secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, destinada a preparar a efectivos militares ante catástrofes como las inundaciones u otras situaciones extremas, como las recientes inundaciones. Es una especie de organismo de defensa civil en manos de la conducción de las Fuerzas Armadas y puso al frente del organismo a María Cecilia Rodríguez, que se desempeñaba en el equipo de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, como subsecretaria de Participación Ciudadana, bajo las órdenes del secretario el área, Sergio Berni.

La nueva obra social

De las tres obras sociales que ahora se unifican y estatizan, la de mayor envergadura es el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), creado por ley en diciembre de 1946 y que comprende también al personal de la Gendarmería. Los efectivos de la Marina y de la Prefectura Naval venían atendiéndose por la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y los aeronáuticos adherían a la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (Dibpfa).

La unificación había sido ya planeada durante la anterior gestión de Garré como ministra de Defensa, que concluyó en diciembre de 2010, y el trámite quedó virtualmente paralizado por su sucesor, Arturo Puricelli. Reactivado en los últimos días, tras el nombramiento de Rossi, el decreto que convierte las tres obras sociales en una se fundamenta, entre otros argumentos, en que el funcionamiento simultáneo de los tres organismos fragmenta el uso racional de los recursos, produce una "ineficiencia operativa" y genera "inequidad en la cobertura, por diferencias en el catálogo de prestaciones y en las condiciones de accesibilidad".

El nuevo instituto será conducido por un directorio presidido por un representante del Ministerio de Defensa e integrado por diez vocales: tres propuestos por el Ejército, dos por la Armada, uno por la Fuerza Aérea, uno por la Gendarmería, uno por la Prefectura, uno por el personal civil de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) y por el personal civil de las dos fuerzas de seguridad citadas.

En el ámbito castrense fue recibida con preocupación la estatización y unificación de las obras sociales. "Están manoteando lo que pertenece a los afiliados", advirtió el coronel retirado Francisco Verna, presidente de la Unión del Personal Militar (Upemac). Anticipó que la asociación civil estudia la posible presentación de un recurso de amparo, al recordar que el Instituto de Obra Social del Ejército fue creado por ley y no puede ser modificado por decreto.

Los números del personal castrense
- La reforma incluye a las FF.AA. y de seguridad
- $ 720 millones: Es la recaudación de las obras sociales que ahora manejará el ministro Rossi
- 600.000 beneficiarios: Es el número de afiliados a las obras sociales de las propias fuerzas
- 140.000 efectivos: Son los militares en actividad y retirados que financian las obras sociales castrenses