Es interesante observar la fotografía que difundió
Presidencia en las últimas horas, en la que Cristina Kirchner y Hernán
Lorenzino lucen sonrientes, como si acabaran de anunciar alguna cifra
positiva de la economía argentina. Durante esos minutos en los que se
mostraron en la Casa Rosada, la Presidenta dijo en tono jocoso: “¿Ven
que no se quiere ir?” Y el ministro que se quiso ir cuando le
preguntaron sobre la inflación aplaudió contento porque se convenció de
que podrá seguir siendo funcionario cuando la semana pasada creía que ya
estaba fuera de un gabinete en el que jamás se castiga a nadie.Es comprensible la sonrisa de Lorenzino como son comprensibles las carcajadas del vicepresidente Amado Boudou, premiado con la representación del país adolescente en Amsterdam, donde acaba de ser ungida reina la argentina Máxima Zorreguieta. Las sospechas y la investigación judicial en marcha por presunto tráfico de influencias en el caso Ciccone no tienen ninguna importancia y no se necesitan medallas para ser embajador argentino en cualquier evento global.
No son los únicos casos de funcionarios revestidos con trajes de amianto. Allí anda saturando los micrófonos con frases humorísticas el ministro de Planificación, Julio De Vido (¿la última?, “La gente se está dando cuenta de que puede hacer valer sus pesos...”), quien hasta ahora nunca dio explicaciones convincentes sobre su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once y menos sobre las denuncias por el manejo digitado de las obras públicas que lo tienen como protagonista y que hicieron del empresario Lázaro Báez una celebridad.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, hace meses que abandonó el primer plano de las polémicas y su ausencia se notó especialmente durante las inundaciones recientes que dejaron 60 víctimas pero tampoco sufrió castigo alguno en sus funciones salvo el ostracismo al que está sometida en la tribuna kirchnerista.
Algo parecido le sucede al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuya cercanía con el gremialista ferroviario José Pedraza quedó certificada por las escuchas telefónicas que fueron claves para que el jefe sindical fuera condenado a prisión por haber participado en el asesinato del militante Mariano Ferreyra. Probablemente, el mayor costo que pague Tomada sea quedarse afuera de las listas del oficialismo porteño para las elecciones de octubre.
De todos modos, hay que reconocerle a Cristina que su estrategia de hacer como si las fallas de sus colaboradores no existieran ha sido copiada por dirigentes de la oposición. Hasta ahora, Mauricio Macri no ha castigado a ningún funcionario por los 6 muertos que la inundación causó en Capital y tampoco parece que vaya a haber responsables ni en su gabinete ni en la conducción de la Policía Metropolitana por el episodio del Hospital Borda que terminó en represión salvaje.
En el caso de la Presidenta, la ausencia de castigos y la protección a los funcionarios que fallan en la gestión los está pagando con la caída en su imagen que evidencian las encuestas. La inflación excesiva; el dólar sin control; el déficit creciente y la economía frenada son apenas algunos de los síntomas que muestran una gestión agotada por la falta de aptitud de sus colaboradores y por su renuencia a aceptar el aire de renovación que la autocrítica siempre le imprime a cualquier actividad.
Yo le preguntaría al Sr. González si se puede comparar la magnitud de la responsabilidad que le corresponde a la Jefa de Estado con la de los intendentes de Bs, As. y La Plata. Toda vez que los funcionarios de dichos municipios pagan los platos rotos por una ayuda económica que les ha sido malévolamente y sistemáticamente retaceada por parte del ejecutivo nacional.
ResponderEliminarEs más, existen versiones que aseguran que parte del dinero con que se construyen los canales aliviadores fue desviada para Tecnópolis.