Ocaso de los liceos militares

Editorial II del diario La Nación


La última reforma impulsada desde el Ministerio de Defensa sustrae sentido y significación propia a estos institutos de formación media

Los liceos militares han sido objeto de cambios sucesivos que modifican sustancialmente su condición originaria.

No hay razones para esperar algo bueno de tales cambios, ya que son coherentes con una política que desde 2003 ha vaciado al país de instrumentos, doctrinarios y físicos, apropiados a la defensa nacional. Conviene repetirlo, porque el día no querido en que la Argentina tenga un enfrentamiento ríspido con otro Estado, se sabrá hacia dónde dirigir las miradas en busca de responsables por la abierta vulnerabilidad en la que se está dejando a la sociedad argentina y sus intereses permanentes.

Las medidas innovadoras han sido adoptadas por el Ministerio de Defensa. Anunciadas en 2006 y profundizadas en 2010, se concentran en tres cuestiones básicas: el régimen de internado, la instrucción en armas y la titulación. Ahora esas medidas se acentúan, partiendo de la premisa de que la instrucción militar, el conocimiento de tácticas de combate y el uso de algunas armas de guerra resulta "anacrónica e innecesaria". Se trata de calificativos incompatibles con la realidad cotidiana observada aquí y en el mundo. Sólo los cínicos de un supuesto progresismo, que celebró en su momento cómo la Unión Soviética, Corea del Norte, Cuba, Libia, Irán o Venezuela se armaban hasta los dientes, opinan en la Argentina lo contrario.

De aquella decisión sobre los liceos es responsable el actual ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Ahonda pasos de su antecesora, Nilda Garré, y los consolida. De manera categórica, las modificaciones que impone la resolución Nº 59/13, por la cual se suprimirán las materias de instrucción militar, que ya tenían carácter extracurricular en los liceos, y se sustituirán por asignaturas dedicadas a promover "una conciencia de los nuevos modelos de la defensa nacional", sustrae sentido y significación propia a estos institutos de formación media. Veremos con el tiempo cuál es el contenido final de esa nueva conciencia y quiénes los convocados para el adoctrinamiento pertinente.

Las disposiciones transformadoras en este terreno se han venido escalonando hasta erosionar el concepto y la imagen de los liceos cuya existencia y crecimiento generó algo valioso de cuidar: la sólida tradición educativa que impulsó a los jóvenes que recibieron sus enseñanzas a proseguir luego por distintas carreras profesionales. Así es como la gran mayoría optó por disciplinas científicas y humanistas del campo civil. Precisamente era ése el sentido con el que se abrieron los liceos, antes que generar la vocación por la carrera militar. Entre sus graduados han estado los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, el vicepresidente Julio Cobos y dirigentes de diversos partidos, médicos, abogados, religiosos, economistas, ingenieros, artistas, músicos, periodistas, odontólogos y empresarios.

Tal diversidad muestra a las claras que la formación de los liceos no presionaba a los cadetes para elegir la profesión militar, que algunos siguieron por propia decisión. Forjaba, en cambio, promociones de bachilleres, que egresaban como subtenientes de la reserva y componían así contingentes aptos a los que acudir en emergencias militares. Ha sido tanto el prestigio de esos institutos que el Liceo Naval Militar Almirante Brown, fundado en 1947 por el presidente Juan Perón, llegó a disfrutar, a comienzos de los años sesenta, del envidiable prestigio de haberse constituido, según expertos internacionales en educación comparada, en una de las casas de estudios secundarios de mayor relevancia en América latina.

Las razones para cancelar la condición que dio origen a los liceos parece fundarse en el propósito de empalidecer, en estadios juveniles, la educación militar, pese al prestigio alcanzado por la calidad de la formación moral, intelectual y física impartida por estos institutos, como lo han demostrado sus egresados y el interés renovado de las familias para que sus hijos concurriesen a esos institutos. Otro factor se agrega negativamente, como sucede en tantos otros casos de actualidad, al proceso de la decisión adoptada: la ausencia de diálogo, de debate esclarecedor sobre lo que debe esperarse en el porvenir de este tipo de experiencias con más setenta años de registro continuo en el país.

El tratamiento democrático del problema ha sido, pues, marginado. Además de lo expuesto precedentemente, las consecuencias reducirán caminos de orientación para muchos adolescentes y un sentimiento de frustración se manifestará por el deterioro de esta gran tradición educativa. ¿Nada tiene para decir sobre todo esto el Congreso de la Nación?