El anuncio llegó a los pocos días de que la propia Cristina Kirchner afirmara que "obligar, acordar, son cosas que no sirven". Quizá, a esta altura, toda la administración K lo sepa. Pero le sirve para tratar de encausar otra cuestión central, que es la que por estas horas desvela al Ejecutivo
Algo opacada por el protagonismo que tuvo el dólar blue, la inflación perdió algo de presencia en los medios durante el verano. Pero si se hiciera un acto de justicia, debería recuperar su bien ganado espacio, porque las estimaciones privadas apuntan a que en enero los aumentos de precios estuvieron más cerca del 3% que del 2%. Y ya son mayoría los economistas que se animan a pronosticar que el "piso" de inflación para este año será de 30%.
No obstante, más allá de estas cifras y de la censura del Fondo Monetario Internacional al país por sus cuestionadas estadísticas, los que más tienen en claro la importancia del tema son los consumidores argentinos que, semana tras semana, ven cómo los billetes con la cara de Roca cada vez llenan menos espacio del changuito.
La sorpresa fue comprobar que también el Gobierno, ese mismo que en público minimiza o directamente ignora la existencia de la inflación, está preocupado por la velocidad que están tomando los aumentos.
La prueba más evidente fue el acuerdo que firmó Guillermo Moreno con los ejecutivos de las principales cadenas de supermercados por el cual éstos se comprometieron a mantener congelados los precios durante dos meses.
El convenio fue rubricado por directivos de Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Libertad, Vea y Aurora, entre otros, que pertenecen a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). El organismo concentra el 70% de la facturación total del sector.
La entidad está conformada, además, por La Genovesa Supermercados, Supermercados Toledo, Supermercados Mas, Supermercado Zeta, Josimar S.A., La Anónima, SúperEki, Walmart Argentina, Supermercados La Economía, Híper Chascomús, Gayma, Millán (Átomo) y la cadena Libertad.
Y, por cierto, el anuncio trajo consigo varios interrogantes. Primero, si es posible cumplir con esta promesa cuando se tiene una inercia inflacionaria como la actual.
¿Serán los supermercados quienes funcionen como variable de ajuste o serán los proveedores? ¿Y qué ocurrirá con aquellos comercios que no adhirieron a este acuerdo?
Pero hay más dudas, a la luz de lo que muestran las experiencias históricas con este tipo de pactos: ¿el congelamiento de precios implicará que pueda haber escasez de algunos productos? ¿Y existe el riesgo de que el "día 61", es decir cuando haya vencido el convenio, haya un "ajuste retroactivo" que implique un gran salto inflacionario?
Como era previsible, las primeras reacciones de los analistas fueron poco entusiastas en relación con el compromiso asumido. "Si alguien cree que la Argentina tiene inflación porque 20 supermercados suben los precios, está equivocado", opina Carlos Melconian, titular de M&S Consultores.
En la misma línea, Jorge Todesca, de la consultora Finsoport, observa que el Gobierno está nervioso ante la posibilidad de que ocurra una "espiralización" de precios. Y advierte que este tipo de medidas no tienen posibilidad de éxito si no se las acompaña con una baja en el ritmo de emisión de billetes y con una moderación del gasto público.
"No es lo que estamos viendo. El acuerdo con supermercados aparece como una medida solitaria. Y eso puede funcionar en el corto plazo, por la capacidad del Gobierno para imponerle disciplina a los comerciantes, pero luego volverá todo a la normalidad y los precios volverán a subir", agrega Todesca.
También se muestra escéptico Lorenzo Sigaut (h), economista jefe de Ecolatina, quien cree que las cadenas deberán sacrificar algo de su margen de ganancia para garantizar el "congelamiento", y señala que es probable que el pacto fracase si no hay un plan que contenga el gasto en el que incurre permanentemente la administración K. "Esto es un dique de contención que, si no se frenan las causas, se verá superado más temprano que tarde", advierte el experto.
Escepticismo generalizado
Lo más curioso de todo es que la propia Cristina Kirchner, en un discurso pronunciado hace apenas una semana, había manifestado su escepticismo sobre los intentos de contener los aumentos mediante la firma de este tipo de acuerdos. "Está demostrado por el paso de la historia que obligar, acordar, esas cosas no sirven. Es el propio usuario y consumidor el que tiene que hacer valer sus derechos", había dicho la Presidenta.
Será tal vez por eso que, al hacerse el anuncio sobre el acuerdo, se incluyeron teléfonos de organismos de defensa del consumidor para que los ciudadanos pudieran ejercer personalmente la fiscalización y, eventualmente, hacer denuncias en casos de incumplimientos.
También llama la atención que los propios supermercadistas siembren un manto de duda respecto de si el acuerdo es cumplible.
Como Juan Vazco Martínez, directivo de la ASU, quien condicionó el éxito de la medida a que los fabricantes de productos no presionen para un incremento en los precios a la hora de llevar su mercadería a las cadenas. "Esto sólo se puede mantener si todos actúan en forma coherente", dijo en diálogo con iProfesional.com. Y agregó: "Trabajamos con la hipótesis de que los proveedores también congelen su precio".
En el mismo sentido se expresa su colega Fernando Aguirre, titular de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la agremiación que nuclea a cadenas más pequeñas, y que todavía no ha sido convocada para el "congelamiento". "Si los precios de fábrica llegan con incrementos, se les va a complicar para mantener los precios en góndolas", afirma Aguirre.
Sobre fin de año, cuando habían comenzado las versiones en torno a un acuerdo de este tipo, este empresario se mostraba poco optimista en el sentido de que la estabilidad de precios se pudiera mantener por un período prolongado, y que siempre genera el riesgo de que se den faltantes de productos en las góndolas.
"Al principio no se observan racionamientos pero, poco a poco, se puede ir recortando la oferta en los artículos regulados. La experiencia del país demuestra que son medidas que no dan resultado", asegura Aguirre.
Y a la hora de marcar los motivos por los cuales estos convenios son difíciles de sostener, indica que "la mercadería no es el único costo; hay que ver qué pasa con los sueldos y los servicios públicos".
El tema de fondo: los acuerdos por salarios
Y allí, en la cuestión salarial, es donde parece residir uno de los temas centrales que explican esta estrategia gubernamental.
Porque si, tal como advierten los economistas, hay riesgo de que una vez finalizado el acuerdo haya un "ajuste compensatorio" que vuelva a acelerar la inflación, entonces habría que preguntarse cuál es el beneficio que obtiene el Ejecutivo. Y las paritarias, que principalmente serán negociadas en los próximos dos meses, en coincidencia con el "freezamiento" de las góndolas, aparecen entonces como una explicación más lógica.
"A lo que se apunta, seguramente, es a influir sobre las expectativas. En marzo justo empieza a jugar fuerte el tema de los acuerdos por salarios, y el Gobierno está pensando en llegar lo mejor parado posible a la hora de la negociación", indica Sigaut, de Ecolatina. "Apuntar a tener durante dos meses cero aumento en los supermercados genera cierta sensación de estabilidad y es un buen argumento negociador", agrega el analista.
Lo cierto es que este anuncio llega una semana después de la actualización en el "piso" del Impuesto a las Ganancias, y luego de declaraciones de dirigentes sindicales en el sentido de que pedirán aumentos salariales de entre 25% y 30%.
El Gobierno, que ya no puede utilizar al dólar ni a las tarifas públicas como "ancla" de la inflación, está enfocado en que los salarios se mantengan dentro de cánones moderados -léase no muy lejos de 20% de ajuste anual-, de manera de que éstos ayuden a controlar los precios.
Y este acuerdo con los supermercados aparece como una carta importante para contestar a los argumentos sindicales. "El acuerdo de precios con los supermercados es una parodia para presionarnos a nosotros con las paritarias", analiza Luis Barrionuevo, líder de la CGT Azul y Blanca, adelantando su poco entusiasmo con la iniciativa oficial.
La ineficiencia de la "guillotina"
A la hora de apostar por el éxito de este plan de congelamiento de precios, no puede dejarse de lado el hecho de que los antecedentes históricos juegan ampliamente en contra. Los más inmediatos, intentados en 2005 por la administración kirchnerista cuando la inflación empezó a ser un problema, son bien claros.
"Fue, precisamente, el fracaso de esta política, lo que llevó a que se terminaran tergiversando las cifras del Indec en 2007", recuerda Víctor Beker, docente universitario que hace tres años formó parte de la comisión que intentó, sin éxito, reformar el índice de precios al consumidor.
Antes, los controles de precios habían sido puestos en práctica muchas veces, siempre con más fracasos que resultados. "Uno que funcionó un tiempo fue durante el Plan Austral, aunque vino acompañado por otras regulaciones más estrictas, por ejemplo, en lo monetario. En la actualidad, por el contrario, se emite a una tasa del 40 por ciento", señala Todesca, de Finsoport.
Otros recuerdan antecedentes más inquietantes, como el congelamiento que se intentó a comienzos de los años '70, y que finalmente derivó en la corrección del "Rodrigazo".
Lo que queda en claro es que el éxito de estos planes no necesariamente está atado a la capacidad que tienen las autoridades para "meter miedo" a los comerciantes. De hecho, estos controles han fallado tanto en democracia como en dictaduras, como quedó probado por el frustrado control que buscó José Martínez de Hoz en 1976.
Hay que admitir que, lejos de tratarse de un problema argentino, el gusto por controlar precios -y la frustración por los magros resultados- es algo que ha estado presente en todos los países y en todas las épocas.
Y las lecciones de la historia son concluyentes: incluso aquellos regímenes, como el del Terror en la revolución francesa, terminaron sufriendo estallidos inflacionarios. Y lo notable es que contaban con el persuasivo argumento de enviar a la guillotina a quienes no respetaran los precios máximos fijados por el gobierno.
Todo un desafío para la reconocida "eficiencia" de Guillermo Moreno.
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