Corrupción con créditos

Editorial del diario La Nación

Groseras irregularidades en la ejecución de prestámos internacionales permiten sospechar la existencia de prácticas corruptas

LA Auditoría General de la Nación (AGN) ha controlado los desembolsos de 61 créditos internacionales que recibió la Argentina durante la gestión del kirchnerismo y de su estudio surge que prácticamente la totalidad de esos préstamos se encuentran subejecutados. Como eso constituye un incumplimiento, el Estado argentino ha tenido que pagar multas por cuatro millones de dólares y no ha recibido el resto de los fondos ofrecidos.

En algunos casos se trató de mala gestión, pero en otros se han registrado groseras irregularidades en la ejecución de los créditos y puede sospecharse con mucho fundamento que se cometieron actos de corrupción, en especial al contratarse a empresas consultoras que resultaron ampliamente beneficiadas con los fondos facilitados por los organismos internacionales.

Como reveló LA NACION, 37 de los 61 créditos auditados por la AGN se ejecutaron en menos del 50 por ciento. Se trata de préstamos otorgados, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata; la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y abarcan desde cuestiones del medio ambiente, como el que financiaría el saneamiento de la cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo y que sólo se ejecutó en un 0,38 por ciento, hasta la realización de obras públicas y la modernización de áreas de las administraciones nacional y provinciales.

Cuando un organismo internacional otorga un crédito no desembolsa el total. Los pagos se van escalonando mientras se controla que el país cumpla con los requisitos acordados. Al no cumplirlos el gobierno argentino, los pagos se interrumpieron y hubo que pagar las llamadas "comisiones de compromiso", que según la AGN, sumaron cuatro millones de dólares en los últimos años.

Pero el informe de la AGN también mostró que entre 2006 y 2010 la Argentina pagó casi 380 millones de pesos a 188 consultoras privadas. El ministerio que más recursos destinó a consultoras privadas ha sido el de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Un caso que, según la AGN, presentó numerosas irregularidades fue el crédito suscripto en 2007 que, por 20 millones de dólares, otorgó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el segundo proyecto de modernización del Estado, que debía ser aplicado por la Jefatura de Gabinete suscripto en 2007. Puesto que se ejecutó sólo la mitad, se extendió hasta 2008 luego de pagarse una comisión de compromiso de 27.000 dólares. En la ejecución de este crédito, la AGN halló numerosas irregularidades, como pagos sin contratos a consultoras privadas y gastos que nada tienen que ver con el objetivo original. Se contrataron, además, varias oficinas de la jefatura de Gabinete, pero no para la concreción del proyecto, sino para el programa Fútbol para Todos.

No hay explicación plausible para este fenómeno plasmado en el estudio de la AGN. Podría hablarse de desidia si nuestro país gozara de un fácil acceso a los mercados internacionales de crédito. Pero no es el caso. Todo lo contrario. Por eso cabe sospechar que la corrupción puede ser parte de la explicación, especialmente debido a la onerosa contratación de consultoras privadas para el estudio de proyectos que jamás se llevarán a cabo.

Pero existe también otro agravante. A poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, su equipo descubrió en la Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior un comportamiento irregular en lo relativo a la instrumentación de créditos otorgados por el BID y el Banco Mundial. Por ese motivo, el entonces titular de la cartera, Aníbal Fernández, ordenó la expulsión de once funcionarios técnicos del área cuestionada. Por lo visto, aquella experiencia referida a administraciones anteriores de nada le sirvió al kirchnerismo para evitar incurrir en los mismos vicios o delitos.

En julio de 2003 saludamos en esta columna la iniciativa del entonces flamante gobierno y la decisión de Fernández porque constituía "un paso auspicioso hacia la eliminación de los factores que conspiran contra la eficacia y la transparencia de la administración pública, y hacia el aprovechamiento racional de los recursos que la Argentina tiene a su alcance para promover la siempre postergada reforma del Estado o satisfacer necesidades sociales, económicas o culturales de vital importancia para su población".

Al margen de los posibles casos de corrupción, la subejecución de créditos internacionales destinados al mejoramiento del medio ambiente, a obras o al aggiornamiento de la administración pública muestra la indiferencia y la desidia de nuestras autoridades por aquellas transformaciones genuinas y duraderas, pero que nada tienen que ver con el incremento del caudal político del elenco gobernante y su permanencia en el poder.