La Policía española impidió la venta de nueve helicópteros de combate a Irán y material de guerra a Venezuela, en una operación en la que fueron detenidos los vendedores -cinco empresarios españoles- y tres ciudadanos iraníes que habían viajado a España para formalizar la compra. Según informó la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los detenidos también tenían previsto vender piezas y repuestos de las aeronaves de combate a Venezuela.
En la operación se han intervenido en Madrid y Barcelona nueve helicópteros BELL-212, repuestos y diverso material de guerra, todo ello valorado en unos 100 millones de euros (unos 140 millones de dólares).
Los helicópteros y el material de repuesto eran ocultados en naves industriales ubicadas en las poblaciones de Navas del Rey (Madrid), Sabadell y Tarrasa (Barcelona).
En las naves industriales, propiedad del consorcio empresarial de los españoles detenidos, preparaban su montaje y desmontaje antes de proceder a su venta y traslado a Irán y a Venezuela, y aparentaban trabajar bajo la cobertura legal de actividades de reparación de aeronaves.
Los helicópteros de combate BELL-212, de fabricación estadounidense son destinados al transporte militar de tropas y de material de guerra, desarrollan una velocidad de 230 kilómetros por hora y una autonomía media de 600 kilómetros. Las aeronaves de este tipo están sometidas a control por la normativa comunitaria y española, y su exportación está prohibida por la ONU. Los empresarios españoles ofertaban dichas aeronaves contraviniendo las normas que regulan estas exportaciones, como dar cuenta e interesar las autorizaciones de la Junta Interministerial reguladora de Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso.
Los investigadores conocieron la llegada a España de los compradores iraníes para cumplimentar los trámites documentales y económicos con los empresarios españoles y formalizar la venta, por lo que se desplegó un operativo para su detención. De los ocho detenidos, cinco lo han sido en Madrid y tres en Barcelona, todos ellos acusados de delitos de tenencia y depósito de armas de guerra, y de contrabando.
La Policía ha llevado a cabo tres registros en las naves de Sabadell, Navas del Rey y en unas oficinas empresariales de Jerez de la Frontera, en la sureña provincia de Cádiz.
Fuente: infobae.com
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