Crece la pelea política por el Club Comunicaciones

Por Pablo Novillo - Diario Clarín
Moyano y Macri se disputan los terrenos de Agronomía. Tras un fallo judicial que favoreció a Camioneros, la Ciudad planea ahora levantar la quiebra de 11 millones de pesos, adquirir el club y cederlo a los actuales socios. Moyano lo quiere para los afiliados de su mutual.

El Gobierno porteño, con el apoyo de gran parte de la oposición, volverá a la carga para salvar al Club Comunicaciones, en el barrio de Agronomía. Así, renovará su enfrentamiento con Hugo Moyano, el líder de la CGT, que hizo una oferta ante la Justicia para levantar la quiebra del club a cambio de quedárselo para la Mutual de Camioneros.

La Ciudad ya había sancionado una ley, a fin del año pasado, para pagar la deuda de Comunicaciones, devolverle el manejo de la institución a los socios y quedarse con 6 hectáreas para construir un microestadio. Pero, tras meses de demora, el juez Fernando D’Alessandro, que maneja la quiebra, resolvió el 28 de abril rechazar esa propuesta y dejar en pie la de Moyano, aunque dio plazo hasta el 7 de julio para que la Ciudad, Camioneros o cualquier otro interesado mejore la oferta.

Ahora, tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura le confirmaron a Clarín que en junio se votará una nueva propuesta, que igualará la de Moyano, para así obligar al juez a que deje el club en manos del Estado porteño. La propuesta oficial cuenta con el apoyo de los socios de Comunicaciones. “El proyecto es sustentable, y permitirá tanto salvar al club como desarrollar la zona y sumar un estadio que la Ciudad necesita. Si la Justicia le diera el club a la Mutual se desvirtuaría el espíritu de la institución”, aseguró el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Vamos a ofrecer lo mismo que Moyano. Pero será una iniciativa de interés público, porque el club quedará para los socios, y además la Ciudad podrá usar las instalaciones para las colonias de veranos y los colegios de la zona.

En cambio, si el juez favorece a Moyano estaría siendo arbitrario, ya que el club quedaría sólo para la Mutual”, agregó el legislador porteño Bruno Screnci, de PRO, y quien forma parte de una comisión integrada también por Aníbal Ibarra y Delia Bisutti, diputados opositores.

En sus mejores épocas, Comunicaciones llegó a tener casi 70.000 socios, pero, como le pasó a muchas instituciones sociales, entró en una etapa de decadencia que lo llevó, en 2000, a pedir la quiebra. El pasivo original era de $ 21.000.000, que bajó a $ 11.000.000 luego de condonaciones de impuestos y planes de pagos por deudas previsionales. Hoy tiene unos 2.900 socios, y además de sus instalaciones deportivas cuenta con un colegio al que asisten 400 chicos, y un equipo de fútbol que juega en la Primera B. Sus 17 hectáreas, en plena Ciudad, tienen un inmenso valor. Pese a que el Código de Planeamiento Urbano prohíbe usarlas para desarrollos inmobiliarios, en 2006 el Gobierno porteño las tasó en US$ 167,2 millones.

La propuesta de Moyano incluye mantener el funcionamiento del colegio y permitirles a los actuales socios afiliarse a la Mutual para poder seguir usando el club. Pero los socios lo rechazan, porque entienden que la Mutual aportaría 16.000 afiliados, y ellos quedarían en minoría en cualquier votación que, por ejemplo, resolviera modificar el estatuto de la asociación. Por eso apoyan la iniciativa estatal, que les garantiza devolverles el control del club, tal como pasó con Racing, Deportivo Español, Atlanta, entre otros clubes afiliados a la AFA.

Ahora, si la oferta oficial también proponía pagar la deuda, ¿por qué el juez la rechazó? Por una cuestión técnica. Tanto la Ciudad como el empresario Daniel Hadad (quien había presentado una propuesta y luego la retiró), ofrecían saldar el pasivo pero sin disolver la asociación civil Comunicaciones. Así, y según entendió el juez D’Alessandro, la ley de quiebras obligaba a pagar los intereses que no fueron cancelados durante el tiempo de la quiebra, lo que elevaba la deuda de $ 11.000.000 a $ 25.000.000. En cambio, Moyano propuso comprar todo el club y disolver la asociación civil. De esa manera, quedaban sin efecto los intereses. Clarín intentó comunicarse ayer con el líder de la CGT, pero no obtuvo respuesta.

Esto mismo es lo que se aprobaría con la nueva ley, elaborada por la directora legal del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Villalba. Así, el club debería cambiar de nombre, pero no perdería su lugar en el torneo de AFA.  Esta segunda propuesta de la Ciudad también incluye la construcción de un estadio cubierto para unas 15.000 personas. No es un tema menor para Buenos Aires: desde que la Justicia porteña restringió la posibilidad de hacer recitales en clubes y estadios por las vibraciones que afectaban a los vecinos, quedaron pocas plazas con la capacidad suficiente para eventos masivos. Hoy la Ciudad cuenta con el parque Roca, que tiene una capacidad para 8.000 personas pero no está techado, o sino con el Luna Park, que es privado y tiene un capacidad similar.