Defensa, un pésimo balance

Editorial del diario La Nación
La gestión de Garré perjudicó a las Fuerzas Armadas tanto en materia de equipos como de remuneraciones y ascensos

Luego de más de cinco años de gestión, Nilda Garré ha dejado el Ministerio de Defensa para pasar a desempeñarse como ministra de Seguridad. Es interesante realizar un balance de lo hecho y de lo que queda pendiente por hacer en un área que no puede ser soslayada por aquellos que miran el futuro de la República más allá de lo estrictamente coyuntural.

Desde el punto de vista normativo, contamos con la ley de defensa sancionada entre 1987 y 1988, en plena época de la Guerra Fría y cuando aún estaban vigentes en el ánimo y en la memoria de los argentinos las secuelas de lo que se denominó la "doctrina de la seguridad nacional". La ley respondía a la realidad de un mundo dividido en dos bloques liderados por dos potencias hegemónicas. Ese mundo ya no existe y tampoco son iguales los desafíos a la seguridad en nuestra época.

Sin embargo, durante la gestión de Garré se reglamentó parcialmente la ley, pero se insistió en la misma visión obsoleta, en lo que se refiere al empleo de las Fuerzas Armadas haciéndolo depender del lugar geográfico de la agresión que pudiera sufrir la República, en lugar de tener en cuenta sus características y los medios que emplean los agresores. También se omitió alguna referencia a la forma en que la Argentina formará las reservas, ya que, desde la creación del soldado profesional, aquéllas han dejado de existir.

Una de las tareas pendientes que deja la gestión es la modernización de todo el conjunto normativo que incluye, entre otras, la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, la ley de inteligencia, la ley del personal militar, la ley de seguridad interior, que son las que deben guiar la imprescindible reconstrucción de un sistema hoy devastado.

En lo que se refiere al personal, la gestión deja como herencia una caótica situación en los haberes que perciben tanto el personal en actividad como en retiro. La anomalía se debe en gran parte a la multiplicación de suplementos que se liquidan al personal en actividad y no al retirado. Estos suplementos ya superan el 60 por ciento del total del haber del referido personal. Sobre esas sumas no se hacen aportes, con lo cual se desfinancia el ámbito previsional y el personal retirado hace juicios (ya más de 100.000), con lo cual la nueva gestión recibe un pesado legado. Si la paridad de las remuneraciones para el personal en actividad del mismo grado contribuye al mantenimiento de la disciplina, baste decir que hoy se liquidan más de 60 montos de haberes diferentes para el personal que está en esa situación.

Como el paso a retiro equivale a una sustancial reducción en la remuneración, el personal se convierte en rehén de quienes pueden disponer arbitrariamente de su suerte en la carrera. La situación se agrava por el modo en que se ha conducido la política de personal por las autoridades del ministerio, prescindiendo muchas veces de los méritos de un oficial por la sola circunstancia de haber sido familiar de algún militar que haya intervenido durante los años de la dictadura.

La designación del general César Milani como subjefe del Ejército, con retención del cargo de director de Inteligencia, y la política persecutoria seguida contra determinado personal militar ya descripta, han contribuido a sembrar la desconfianza entre los propios uniformados, creando la idea de que no es la aptitud, sino la amistad con el poder de turno lo que garantiza un ascenso sin problemas en la carrera. Esta situación produce un deterioro de la calidad profesional de los cuadros que debe ser revertida urgentemente por la nueva gestión.

Si el proyecto de presupuesto nacional para el año entrante expresa la manera en que se abordará la política en el área, debemos decir que quienes lo redactaron esperaban poco en materia de realizaciones y de cambios en el sector. En efecto, lo asignado al sector asciende a unos 5133 millones de pesos, de los cuales 4393 millones corresponden a gastos de personal, el 85,6 por ciento del total. Queda sólo el irrisorio 14,4 por ciento para gastos de funcionamiento y adquisiciones. El importe del total destinado a Defensa representa el 0,92 por ciento del PBI y son muy escasos los países que están por debajo de lo que la Argentina destina a su defensa.

Como se deduce de estas cifras, no existe la menor posibilidad de que mejore la situación en un sector en el cual el equipamiento del Ejército tiene una antigüedad promedio de más de 30 años. La mayoría de los aviones de la Fuerza Aérea no están en condiciones de volar y lo mismo acontece con los de la Aviación Naval. Las horas de vuelo y de navegación, tanto en el ámbito de la Fuerza Aérea como en la Armada, están por debajo del mínimo necesario para mantener una adecuada capacitación. Esta situación de anemia presupuestaria contrasta con la excesiva burocracia generada. El personal del ministerio se ha multiplicado en los últimos años.

La imprescindible reconstrucción debe encararse como una política de Estado, y las nuevas autoridades deben convocar al diálogo con todos los sectores del espectro político que puedan aportar soluciones, un diálogo ausente durante la gestión concluida.