Bolivia: El Gobierno busca revolucionar el sistema de defensa

Por Daniela Espinozza M. (PULSO)*

Con la presentación y futura aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 15 proyectos de ley para la defensa del Estado, el Gobierno busca incorporar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a un concepto de seguridad funcional a los intereses y a la lógica del denominado “proceso de cambio”. Al ampliar las atribuciones de las FF.AA. se busca vincular a estas con toda la red de organizaciones sociales que sustentan al actual Gobierno. La nueva normativa tratará de legalizar la definitiva incorporación del órgano militar y policial al esquema de revolución democrático cultural del MAS.

En una entrevista concedida a PULSO, el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, explica que, con base en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), lo que se busca es proyectar nuevos paradigmas sobre seguridad y defensa adecuados al Estado Plurinacional boliviano.

–Su cartera ha presentado 15 anteproyectos de Ley que proponen cambios en la defensa y seguridad del Estado y un tratamiento integral de estos aspectos ¿Cómo se entiende esto?
Son nuevos paradigmas de la seguridad y defensa que tienen que ver fundamentalmente con los nuevos desafíos de los Estados y, especialmente, del Estado Plurinacional. Ya que la visión clásica de la defensa entendida como vigía, como aquella que implica colocar puestos fronterizos o asume hipótesis de conflictos interestatales, si bien no ha desaparecido, se ha modificado. Hay una nueva perspectiva de integración económica que se ha fortalecido a través de bloques como el MERCOSUR o UNASUR. La sociedad desdeña la guerra como medio de solución de conflictos interestatales, incluso en caso de problemas agudos, y sugiere su tratamiento por medios arbitrales y diplomáticos.
Cuando hablamos de defensa y seguridad integral nos referimos a todo el universo que rodea la vida del ser humano en sociedad, como individuo y en comunidad, por ejemplo, aquí se inscribe la seguridad alimentaria. Si un Estado no puede garantizarle a sus ciudadanos una seguridad en el tema alimentario surge una gran interrogante sobre su futuro. Desde esta perspectiva, la seguridad integral está relacionada al medioambiente, a la alimentación y a la propia salud. La nueva ley incorpora el concepto de integralidad para que el Estado plurinacional asuma estas nuevas amenazas y desafíos con un esquema también de defensa integral, donde las Fuerzas Armadas la Policía sean las instituciones responsables de ciertos temas, pero no de todos. La educación, la salud, la seguridad se vuelven temas de tratamiento multidimensional, lo mismo que las respuestas a estas amenazas.

–¿No se les está quitando atribuciones a las FF.AA. y a la Policía?
No, por el contrario, se les está ampliando el radio de acción. La CPE anterior hablaba de Fuerzas Armadas ligadas a la defensa fronteriza del Estado y mencionaba que cooperaría al desarrollo del país; en el caso de la Policía era la encargada del orden público nacional. Ahora se habla de nuevas funciones, por ejemplo el rol de las FF.AA. en el desarrollo económico, en la protección y preservación de los recursos naturales, en las fronteras, no sólo con puestos de vigía sino con desarrollo fronterizo, con verdaderas actividades según la vocación de la región, forestal, minera, etc.
Estos nuevos roles en temas sociales, de implementación de desarrollo tecnológico, por ejemplo, ya les han sido asignados por el Gobierno incluso antes de la aprobación de la Constitución; está el caso de la reactivación de COFADENA, la prestación de servicios aeronáuticos en el TAM o la generación de proyectos de navegación mercante para el hierro del Mutún, para las oleaginosas y para la Hidrovía Paraguay-Paraná. El Comando de Ingeniería del Ejército va a tener en breve equipo pesado, seis batallones de ingeniería en todo el país, lo que le permitirá a cualquier Municipio o Prefectura o al propio Gobierno nacional contratar estos servicios para abrir caminos, reparar obras de infraestructura, contribuyendo al desarrollo y al progreso.

–Las nuevas acciones requerirán de nuevo presupuesto ¿de dónde se obtendrán los recursos?
Uno de los anteproyectos de ley establece la creación de un Fondo de Defensa que también deberá tener características integrales, vale decir que no será un fondo para comprar armamentos o para reponer éstos, sino para tener ahorros para responder a problemas mayores. Nadie está libre de desgracias por fenómenos naturales y ahora lo vemos con el caso de Haiti y lo hemos vivido, en menor medida, claro, en los últimos dos años con las inundaciones que provocaron los fenómenos de la Niña y del Niño. El fondo deberá estar destinado, entonces, a temas de emergencia, pero también a un potenciamiento logístico operativo, donde se incluyen temas de barcazas, autotransporte, helicópteros de salvataje y de fumigación, necesarios para los incendios forestales y otros. Esta idea ya surgió en la Asamblea Constituyente, la idea básica proponía usar un 2 ó 3 por ciento de los recursos naturales de exportación, básicamente los de la renta petrolera, en el momento, y en un futuro se podrán obtener del litio, de los recursos forestales, del cobre, el hierro del Mutún, entre otros. Lo que estamos haciendo es adelantarnos para que de aquí a unos años podamos asegurar la defensa estatal. La Asamblea Legislativa será la institución que autorice el gasto de estos fondos.

–¿Qué se puede destacar de estos anteproyectos?
Hay dos anteproyectos que ya han sido trabajados por el anterior Congreso, la Ley del Servicio Militar Obligatorio y la Ley de Armas, Municiones y Explosivos. Esta última es de gran prioridad, ya que mientras en el país no exista una ley sobre la posesión de armamento difícilmente podremos sancionar a quien posee, roba o trafica armas dentro las fronteras bolivianas.

En el caso del servicio militar obligatorio, estamos conviviendo con un Decreto de la época de Barrientos. En 25 años de vida democrática sólo se legisló una ley, la Ley Orgánica de las FF.AA., que por los años necesitaba ser readecuada; por lo que hicimos un verdadero andamiaje institucional de ésta, conectándola con las otras leyes, por ejemplo, con la ley de administración de personal, donde incluso los ascensos, cambios de destino, las bajas estarán normadas para evitar que sean objeto de discrecionalidad o de favoritismo.

La ley de intereses marítimos y fluviales enfatiza en la necesidad de que el país aproveche los recursos de alta mar, teniendo en cuenta que Bolivia tiene diferentes cuencas lacustres y ríos. Hasta la fecha no ha habido normativa en este tema, todo se ha manejado al calor de la Armada o autoridad de transporte. Tiene que haber requisitos para navegar, derechos que el Estado cobra por la navegación comercial.

Estamos modernizando la Ley de Organización Judicial, el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar, tres leyes que también son decretos ley de la época de Bánzer.
Tenemos que hacer de los tribunales de justicia militar órganos de instancia donde los casos no empiecen y terminen allí, es decir que dejen de ser juez y parte, sino que, en la medida en que corresponda, específicamente en la parte final de un proceso, éstos pasen a la Corte Suprema de Justicia. Creemos que esta nueva forma de proceder va a devolverle la confianza a la propia persona juzgada, a la ciudadanía que sabrá que ya no hay un fuero especial y va a permitir que los juzgados especiales, de instancia y apelación, se sientan controlados por una entidad superior que va a ser la Corte Suprema, denominada Tribunal de Justicia por la CPE vigente.

Creemos que esta es una renovación, una reforma muy audaz y, afortunadamente, aceptada, que considera que la justicia militar se ha desprestigiado por una serie de subjetivismos.
Del mismo modo, estamos planteando la necesidad de que jueces militares dejen de ser personal de la institución y sean necesariamente abogados de profesión.
Los 15 anteproyectos de Ley relacionados con los sistemas de defensa y seguridad del Estado, entregados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, buscan mejorar los sistemas de inteligencia estratégica y proveer al Gobierno o a la Asamblea de un sistema de inteligencia que les permita, además de la alerta temprana, la adecuada toma de decisiones.

Los anteproyectos son los siguientes:
1. Seguridad y Defensa Integral del Estado Plurinacional. Ley marco de principios del nuevo Estado Plurinacional que comprende acciones no sólo de las organizaciones castrenses sino de la ciudadanía en su conjunto. Plantea constituir un sistema de seguridad y defensa integral que incluya conceptos de seguridad alimentaria, soberanía energética, seguridad cultural y tecnológica; además del cuidado y defensa de los recursos naturales.

2. Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Busca reemplazar a la LOFA de 1992. Se elaboró en tres áreas: Seguridad y defensa; garantía de institucionalidad y participación en el desarrollo.
3. Seguro Social Militar. Plantea institucionalizar la Corporación del Seguro Militar (COSSMIL) como institución de prestación de salud, con un rango legislativo que permita su fortalecimiento.

4. Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres. Establece un marco legal administrativo de ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control estatal de los espacios acuáticos, ribereños y adyacentes. Perfila la presencia estatal sobre todo el sistema fluvial y las cuencas que existen en Bolivia. Plantea el aprovechamiento de la Convención Internacional del Mar (CONVEMAR) en la perspectiva de que Bolivia se beneficie de la riqueza de alta mar, más allá de los límites legales del mar territorial.

5. Ley Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP). Que reemplazará al Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) y que busca facilitar la toma de decisiones y la adopción de políticas, así como de estrategias relativas a la seguridad y la defensa integral.

6. Sistema Educativo Militar. Prevé la creación de un marco institucional a favor de la formación académica y, especialmente, de la futura Universidad Militar.

7. Sistema de administración de personal. Que busca dar transparencia a los ascensos en los distintos niveles hasta el grado de general, y bajar al mínimo cualquier mecanismo de discrecionalidad o arbitrariedad.
8.- Régimen de Fronteras. Orientado a crear las condiciones adecuadas para asegurar la presencia permanente del Estado en las zonas fronterizas, con medidas que permitan un desarrollo armónico y sostenible.

9. Fondo de Defensa. Prevé la captación de fondos provenientes de la exportación del gas, petróleo y de la explotación de los otros recursos naturales para situaciones de emergencia o renovación de equipo militar.

10. Servicio Militar Obligatorio. Regula y mantiene la obligatoriedad del "deber nacional" para mantener la columna vertebral de las Fuerzas Armadas por considerarlo un punto de integración y tecnificación de jóvenes reclutas.

11. Armas, Municiones y Explosivos. Regula la fabricación, importación, exportación, reexportación e internación temporal de armas y explosivos, para frenar el tráfico de armas en el marco de los acuerdos internacionales. La norma fue tratada por el anterior Congreso.

12. Inteligencia del Estado. Apunta a un sistema de inteligencia estratégica para la adecuada toma de decisiones ante las amenazas; para advertir amenazas externas, no en el sentido de amenazas de los países vecinos, sino del crimen internacional, el narcotráfico, terrorismo o separatismo.
13. Sistema Judicial Militar. Regula todos los Decretos-Ley aprobados en la década del 70. Propone la inserción de la Justicia Militar en el sistema ordinario en la fase final; elimina a los fiscales militares y remite a estos a una ley particular por ser un elemento coadyuvante.

14. Código Penal Militar. Establecido de acuerdo con la norma antes descrita, en la perspectiva de juzgar delitos como traición a la patria.

15. Código de Procedimiento Penal Militar. Que por primera vez incorporará el juicio oral en la administración de la justicia militar.

Fuente: http://www.pulsobolivia.com/ - Nueva Mayoria