Desde las cámaras que los nuclea se declararon en “estado de alerta” por el cobro de u$s17 por cada contenedor que ingrese o egrese de la terminal porteña por parte de un gremio vinculado al líder de la CGT, Hugo Moyano. Pidieron la rápida intervención de la Administración General de Puertos
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martes, 19 de mayo de 2009
Exportadores e importadores se oponen a un negocio de u$s160 millones en el puerto
El sistema de control y ordenamiento operado por el Instituto de Verificación del Transporte (Ivetra) entró en vigencia en el puerto de Buenos Aires el lunes de la semana pasada. El eje de la disputa está basado en un certificado que tiene un valor de u$s17 que cobra dicha empresa -dirigida por el ex juez Daniel Llermanos, abogado del sindicato de camioneros-, a cada contenedor de importación o exportación que pasa por el puerto y que verifica si el camión está en regla en materia laboral y previsional.
El fondo que genera este arancel estará destinado a la construcción del Centro de Transporte Multimodal (CTM), que estará a cargo de las terminales y de la Federación de Camioneros, y busca organizar el ingreso y permanencia del transporte y brindar más comodidades a los choferes. El verdadero conflicto comenzó cuando miembros de la Asociación Civil de Transportistas del Puerto de Buenos Aires (Atpba) se declararon en contra del pago de este certificado y bloquearon los accesos a la terminal, ya que ese costo representa entre el 10 y el 13% del valor del servicio de flete.
Para solucionar este conflicto, según informó este lunes la Cámara de Exportadores (CERA) “el 12 de Mayo de 2009 por un acuerdo privado y reservado entre Atpba e Ivetra, se realizó un convenio para que el cargo por contenedor sea pagado por los importadores y exportadores aunque lo que certifica la entidad privada sea una obligación del transportista que ya fue controlada por las autoridades oficiales competentes”. “Desde esa fecha las terminales del puerto de Buenos Aires están exigiendo, para acceder a las mismas con contenedores, un certificado otorgado por una entidad privada -Ivetra- con un costo de u$s17 por contenedor, sin que a la fecha la Administración General de Puertos (AGP) aclare cuáles son las normas legales que hacen exigible este cargo por fuera de las tarifas establecidas para las concesiones”, agrega el comunicado.
En este contexto, el presidente de la CERA, Enrique Mantilla, informó que “la entidad declaró el estado de alerta”. En la misma línea, desde la Cámara de Importadores (CIRA), también anunciaron que “en defensa de la actividad que representa desde hace más de 102 años, declara el estado de alerta de sus asociados ante esta situación irregular generada en el puerto de Buenos Aires”.
Fuente: Infobaeprofesional.com
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