Opinión: Descendiendo en espiral

Por Natalio R. Botana Para LA NACION

Parece que al fin el Gobierno ha reconocido la gravedad de la crisis. Pero este registro, lejos de poner las cosas en orden, ahonda, como en una espiral descendente, la erosión de la confianza. En estos días, el país padece de una alarmante difusión de la desconfianza y una lasitud, de más en más pronunciada, en el repertorio de las creencias públicas. Seguirá padeciendo en los días que vendrán, si no se modifican los proyectos legislativos del Gobierno.

Estos fenómenos se han disparado desde tres ángulos: el de la institución presidencial, el de la política fiscal y aquel que atañe al comportamiento de los aparatos sindicales. Estos tres ángulos de la acción social forman un triángulo dentro del cual la legitimidad política y económica sufre graves inconvenientes, como si el cuarto de siglo de vigencia de nuestra democracia no nos hubiera servido para perfeccionarnos y acumular, así, una experiencia constructiva.

Del ángulo institucional, ocupado en estas semanas por la lamentable expresión de Néstor Kirchner, cuando afirmó que al vicepresidente Cobos él lo había puesto como candidato, mucho se ha hablado y, por cierto, criticado. Tal vez lo que convendría subrayar es que, con este gesto ramplón, Kirchner ha puesto nuevamente de relieve una de nuestras tradiciones políticas más negativas: la del gran elector que hace gala de su poder y gobierna por encima de la responsabilidad de rendir cuentas. Con ello se debilita el Poder Ejecutivo, esa piedra maestra de nuestro ordenamiento constitucional compartida, como apuntó hace muchos años José Nicolás Matienzo, por el presidente y sus ministros.

¿Quién manda, en efecto, en la Argentina? ¿Dónde orientar las creencias públicas en ausencia de una figura capaz de asumir plenamente las funciones que le competen? Preguntas sin respuesta, porque este esquema de la Presidenta y su sombra no ha hecho más que transitar un camino minado: alguna vez ayuda; otras, las más frecuentes, la sombra se fuga, se encarna en el poder real y es fuente de confusión y conflicto.

Si la constitución política del Estado está sujeta a estos vaivenes, la constitución económica de la sociedad civil no le va en zaga. La frágil legitimidad institucional que nos envuelve afecta, pues, ambas dimensiones: la política y la económica.

Con la ley de estatización de las AFJP se cercenó más, con otra súbita vuelta de tuerca, el principio básico de la estabilidad de los contratos. Con los recientes proyectos de ley de moratoria para las deudas impositivas y de blanqueo de divisas no declaradas en el país, la ciudadanía fiscal corre el riesgo de enterrarse de nuevo en el pantano de la privación de justicia.

Mediante el concepto de ciudadanía fiscal se alude, en términos generales, a la conducta del ciudadano que se pliega a la ley y paga sus impuestos. Ya sea por obligación o convencimiento, quienes practican la ciudadanía fiscal contribuyen a dar sustento entre nosotros al restringido campo de la legalidad, un espacio que, como tal, debería estar sujeto a la coerción legítima en caso de incumplimiento de la ley.

Como siempre sucedió en el pasado, nada de esto acontecería en la Argentina si el Congreso aprobara sin modificaciones esos proyectos. Ganarían en esta circunstancia los corruptos y los evasores, aquellos que integran la cohorte privilegiada de la economía negra. Esta reducción de los vínculos sociales a los que están en blanco y en negro describe la naturaleza escindida de nuestra existencia pública. En la cumbre de la pirámide, o cerca de ella, los evasores del sistema aprovechan cuanta oportunidad se les ofrece para apartarse de la legalidad; en el fondo, estos actores saben que, tarde o temprano, el gobierno de turno promoverá una moratoria para rescatarlos. Más si han sido agentes de la corrupción entre lo público y lo privado.

Esto por lo que toca a los poderosos. Pero hay otro costado de la ilegalidad que tiene que ver con una privación de justicia tanto o más lacerante. Es el terreno inhóspito de los 4.500.000 trabajadores en negro (el 43% de la fuerza laboral) que sobreviven a la intemperie, con sueldos bajísimos en promedio y sin protección social. Son los huérfanos de este pomposo modelo de "acumulación con inclusión social" que habitan, entre otros lugares, las villas miseria en franco crecimiento de nuestras aglomeraciones urbanas.

Según informes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la población de las villas porteñas aumentó en un año en más de 50.000 habitantes (de 150.100 a 200.000). Es posible que el deseo vehemente de controlar a los distritos opositores haya provocado que sectores del Gobierno incentivaran esta estrategia. Si así fuera, estaríamos en el reino del desprecio, en la manipulación de la pobreza como ariete político.

Por uno u otro camino, los hechos concluyen abonando un mismo argumento: el de la pobreza como variable de ajuste, porque ya sabemos que, si caen los salarios, los primeros sacrificados serán aquellos que forman el inmenso depósito del trabajo en negro. Desde luego, esta situación no afecta -prima facie- a los sectores laborales afiliados a un sindicato. En este sector, las protecciones son, sin duda, mayores y darían razón a todos aquellos que ven en la acción sindical una garantía para defender la dignidad de los trabajadores.

Empero, a esta orientación la empañan, desde hace ya muchas décadas, las conductas provocadoras que hacen del desmán y del abuso en lugares públicos un recurrente estilo de vida. ¿Cómo entender el bloqueo del sindicato de camioneros (hoy "la patria sindical" de más peso en el país) a la expedición de dos diarios -LA NACION y Clarín - sin tomar en cuenta este factor amenazante?

Las patotas se reproducen mientras el Gobierno calla. Con lo cual queda una vez más en limpio que el espacio público se ha transformado en un objeto de apropiación privada.
Acaso sea necesario volver a los fundamentos de la legitimidad que debería ampararnos a todos, gobernantes y gobernados. La Corte Suprema ha dado a conocer un fallo importante en materia de libertad sindical. Y aunque la subordinación del Poder Legislativo a los dictados del Gobierno (después, se entiende, del conflicto con el sector rural) parece ser la voz de orden, sería deseable que el Congreso obrara en consecuencia para preservar, al menos, los pocos restos de ciudadanía fiscal que nos quedan.
La espiral desciende y la reconstrucción se hace más difícil.

Fuente. Diario La Nación