Ante una sociedad urbana que no ve con buenos ojos el nuevo paro, el sector agropecuario se enfrenta al desafío de explicar por qué vuelve a la protesta después del histórico y desgastante conflicto por las retenciones móviles, del que salió vencedor.
La administración Kirchner y el campo nunca se llevaron del todo bien. Algunos conocedores del matrimonio gobernante señalan que Néstor Kirchner le hizo la cruz al sector en enero de 2006, cuando los ruralistas se negaron a firmar -algunos incluso tacharon su rúbrica- un acuerdo de precios de la carne si ese pacto no contemplaba también una baja de las retenciones. Carlos Milicevic, jefe de gabinete de la secretaría de Agricultura y santacruceño como la mayoría de los íntimos de los Kirchner, dijo alguna vez que el quiebre en la relación Gobierno-agro data de aquella época.
Para quienes no lo recuerden, hay que decir que en estos más de 30 meses, el ruralismo le hizo tres paros agropecuarios a Néstor y cuatro a Cristina. Sin embargo, el ciudadano medio sólo recuerda el último y más grave conflicto por el intento oficial de introducir un sistema de retenciones móviles. Durante cuatro meses, el país estuvo en vilo, con rutas cortadas por días, actos y contraactos multitudinarios y un nivel de agresividad que despertó los peores temores.
Esa espiral de violencia verbal terminó cuando, al igualarse la votación del proyecto en el Senado, el vicepresidente Julio Cobos desempató en favor del reclamo ruralista y se entronizó como oportuno héroe de los productores. Aquel 17 de julio, la sociedad urbana -que había apoyado al agro en manifestaciones masivas en Rosario y Buenos Aires- dio por superado el conflicto, respiró aliviada y pasó a otro tema. Pero más allá de las retenciones, los problemas que arrastra el campo desde aquellos primeros chispazos con un Néstor Kirchner en su mejor momento de popularidad, no sólo siguen vigentes sino que se agravaron.
Al ahora presidente del Partido Justicialista, el campo le paró en julio de 2006 durante cuatro días -una huelga convocada sólo por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-; diez días en diciembre de ese año -a CRA se sumaron Federación Agraria y Sociedad Rural-; y en mayo de 2007, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) organizó un paro ganadero de 10 días.
Los argumentos: Aquellas medidas de fuerza se hicieron para reclamar prácticamente lo mismo que pide hoy el campo, que no venderá granos ni hacienda hasta el miércoles próximo. En las grandes urbes, donde más de la mitad de la opinión pública no está de acuerdo con un nuevo paro, la gente quiere saber: ¿de qué se queja ahora el campo?
Y el sector, se queja básicamente de:
1.- Precios máximos.- Desde la llegada de Guillermo Moreno a la secretaría de Comercio Interior, el Gobierno intervino sucesivamente los mercados de hacienda, granos y lácteos, con distintos mecanismos que siguen vigentes y en cuya definición la Secretaría de Agricultura fue irrelevante. El precio del kilo vivo de novillo se mantiene en los mismos niveles desde 2005 mientras en los supermercados y carnicerías los valores que pagan los consumidores se incrementaron. Aunque dejó de ser noticia, en el Mercado de Liniers sigue vigente la lista de "topes sugeridos". En el caso de la leche, el cierre de las exportaciones de leche en polvo y quesos ordenado informalmente en julio por el propio Moreno, agravó -por el sobrestock- la caída de los precios al productor, que según los acuerdos vigentes deberían estar percibiendo $ 1,047, con costos promedio de producción de 99 centavos por litro.
Pero para el campo, el caso del trigo es paradigmático. Según los ruralistas, si se sigue como hasta ahora, la próxima cosecha del cereal será la tercera en la que los precios estarán distorsionados. En los años anteriores, el secretario Moreno llamó personalmente a los exportadores para que se retiraran del mercado cuando el precio de la tonelada superara los 370 pesos.
Además, desde hace seis meses, los mercados de futuros de granos y subproductos -que permiten a los operadores financiarse y tomar coberturas ante eventuales oscilaciones de los precios- no funcionan o lo hacen en el 25% de su volumen histórico. Según el presidente de la Sociedad Rural, "por la interrupción del funcionamiento del mercado de futuros que ocurrió durante la vigencia de la resolución 125 y el consecuente no aprovechamiento de los altos precios de los granos y oleaginosas el país dejó de percibir sólo por soja US$ 2000 millones: US$ 700 millones el Estado por lo que no recaudó por retenciones, y US$ 1300 millones los productores".
2.- Restricción de exportaciones. En este capítulo, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de Ricardo Echegaray -que llegó al Gobierno de la mano del empresario kirchnerista Rudy Ulloa Igor- está jugando un rol central. Según el ruralismo, y también para varias fuentes de la agroindustria, Echegaray trabaja en estrecha relación con Moreno. La resolución 543 de la Oncca fijó plazos mínimos difíciles de cumplir entre el pedido de permiso y el embarque de la mercadería. Esos plazos pueden extenderse si se pagan por adelantado las retenciones.
3.- Retenciones a las exportaciones. Con la fuerte caída de los precios internacionales de los granos -que en los últimos dos meses promedia el 40%- y la suba constante de los insumos, las alícuotas vigentes redujeron sensiblemente la rentabilidad del sector, lo que impacta sobre todo en los pequeños y medianos productores. Ese segmento del agro reclama un esquema de segmentación que distinga escalas productivas y distancia respecto de los puertos.
4.- Ausencia de un plan agropecuario. Las políticas oficiales para el sector se centraron en el intento de controlar los precios internos de los alimentos mediante los derechos de exportación, restricciones a los embarques, intervención en los mercados agrícolas. En muy pocas de las decenas de reuniones que los sucesivos secretarios de Agricultura mantuvieron con el campo, se habló de temas concretos. La mayoría de esos encuentros sirvieron para retomar el diálogo roto en alguna instancia de protesta. En ese juego cíclico están ambos actores desde hace años.
5.- Olvido de las economías regionales. Estas producciones están alejadas no sólo del centro de poder en Buenos Aires sino también de la Pampa Húmeda, donde se concentra el corazón de la producción agropecuaria. El azúcar, los cítricos, el algodón y la yerba mate, entre otras actividades, padecen distintos tipos de problemas, incluso sanitarios, que -para el campo- no han sido atendidos por el Estado.
Una recopilación de los reclamos del sector agropecuario en los últimos años podría dar para varios tomos si se analizaran actividad por actividad.
Fuente: Por José Crettaz De la Redacción de LA NACION
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