Como un eficaz método de prevención y gran aliado de las investigaciones criminales, la vídeovigilancia callejera forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en las principales ciudades del mundo. 
La creciente inseguridad en las calles y la ola de atentados terroristas estimulan la imaginación de los organismos de seguridad y disparan mecanismos de prevención que, para muchos, avanzan indisimuladamente sobre el derecho a la intimidad de las personas.
En 2007, la reconocida ONG Surveillance Society informó que Gran Bretaña se ha convertido en la sociedad más vigilada del planeta. Desde los acantilados de Dover hasta las islas Sandwich del Norte, la seguridad británica tiene en funcionamiento 4,2 millones de cámaras que lo registran casi todo. Esto es, una cámara cada 14 súbditos de Su Majestad.
El diario londinense Daily Mail publicó a fines de 2007 que las autoridades británicas habían dado en Middlesbrough, en el norte de Gran Bretaña, un paso tan innovador como audaz: plantaron un sistema de cámaras de seguridad con altavoz para disuadir a quienes pretendan cometer actitudes antisociales.
El ministro del Interior, John Reid, dijo a la prensa que se destinarán 750.000 euros para que ese sistema se extienda a otras ciudades del Reino Unido, su capital entre ellas, donde el lugar elegido sería la Torre de Londres.
Poco después del 7-J, la policía francesa se sorprendió por la rapidez con la que Scotland Yard identificó a los autores de los ataques en la capital británica, donde la vigilancia electrónica en lugares públicos es un recurso lícito para prevenir hechos criminales.
La propia Francia, cuna de los derechos del hombre y donde sus ciudadanos rechazan la videovigilancia por violatoria de su intimidad, modificó en 2005 su legislación para permitir modernizar sus tradicionales métodos de investigación.
Pese a las críticas para anticiparse a los riesgos que supone el terrorismo, el Elíseo informó que se sumarían 9000 nuevas cámaras a las 20.000 ya situadas en los lugares públicos de París. Unas 6500 funcionan en la red de subterráneos y trenes.
España, el primer estado europeo sacudido este siglo por el terrorismo el 11 de marzo de 2004 (11-M), también aumentó el número de cámaras de seguridad en sus ciudades.
Claro que los estragos de la ETA en las últimas décadas han llevado a que en el País Vasco sus habitantes convivan con 10.000 ojos electrónicos callejeros, según publicó recientemente El País , de Madrid.
Pese a que en España la videovigilancia está regulada por una minuciosa ley sobre el uso adecuado de las cámaras, en orden a preservar la intimidad de las personas, los crecientes hechos delictivos y vandálicos han llevado a fines del año último a que las asociaciones vecinales del distrito del centro madrileño reclamaran más cámaras.
Fue así como, con el propósito de mejorar la seguridad, desde fines de 2005 fueron instaladas 26 cámaras (14 fijas y 12 móviles) en el tradicional paseo madrileño de la Plaza Mayor, por donde transitan a diario 12.000 personas.
Un estudio de la multinacional de seguridad ADT realizado en Madrid a comienzos del año último concluyó que el 70 por ciento de los encuestados dijo que aceptaría "con relativo agrado" la videovigilancia, pero "siempre que favorezca la seguridad ciudadana".
La creciente inseguridad en las calles y la ola de atentados terroristas estimulan la imaginación de los organismos de seguridad y disparan mecanismos de prevención que, para muchos, avanzan indisimuladamente sobre el derecho a la intimidad de las personas.
En 2007, la reconocida ONG Surveillance Society informó que Gran Bretaña se ha convertido en la sociedad más vigilada del planeta. Desde los acantilados de Dover hasta las islas Sandwich del Norte, la seguridad británica tiene en funcionamiento 4,2 millones de cámaras que lo registran casi todo. Esto es, una cámara cada 14 súbditos de Su Majestad.
El diario londinense Daily Mail publicó a fines de 2007 que las autoridades británicas habían dado en Middlesbrough, en el norte de Gran Bretaña, un paso tan innovador como audaz: plantaron un sistema de cámaras de seguridad con altavoz para disuadir a quienes pretendan cometer actitudes antisociales.
El ministro del Interior, John Reid, dijo a la prensa que se destinarán 750.000 euros para que ese sistema se extienda a otras ciudades del Reino Unido, su capital entre ellas, donde el lugar elegido sería la Torre de Londres.
Poco después del 7-J, la policía francesa se sorprendió por la rapidez con la que Scotland Yard identificó a los autores de los ataques en la capital británica, donde la vigilancia electrónica en lugares públicos es un recurso lícito para prevenir hechos criminales.
La propia Francia, cuna de los derechos del hombre y donde sus ciudadanos rechazan la videovigilancia por violatoria de su intimidad, modificó en 2005 su legislación para permitir modernizar sus tradicionales métodos de investigación.
Pese a las críticas para anticiparse a los riesgos que supone el terrorismo, el Elíseo informó que se sumarían 9000 nuevas cámaras a las 20.000 ya situadas en los lugares públicos de París. Unas 6500 funcionan en la red de subterráneos y trenes.
España, el primer estado europeo sacudido este siglo por el terrorismo el 11 de marzo de 2004 (11-M), también aumentó el número de cámaras de seguridad en sus ciudades.
Claro que los estragos de la ETA en las últimas décadas han llevado a que en el País Vasco sus habitantes convivan con 10.000 ojos electrónicos callejeros, según publicó recientemente El País , de Madrid.
Pese a que en España la videovigilancia está regulada por una minuciosa ley sobre el uso adecuado de las cámaras, en orden a preservar la intimidad de las personas, los crecientes hechos delictivos y vandálicos han llevado a fines del año último a que las asociaciones vecinales del distrito del centro madrileño reclamaran más cámaras.
Fue así como, con el propósito de mejorar la seguridad, desde fines de 2005 fueron instaladas 26 cámaras (14 fijas y 12 móviles) en el tradicional paseo madrileño de la Plaza Mayor, por donde transitan a diario 12.000 personas.
Un estudio de la multinacional de seguridad ADT realizado en Madrid a comienzos del año último concluyó que el 70 por ciento de los encuestados dijo que aceptaría "con relativo agrado" la videovigilancia, pero "siempre que favorezca la seguridad ciudadana".
Fuente: Por Ricardo Larrondo (Diario LA NACIÓN).