domingo, 13 de abril de 2008

Las Fuerzas Armadas y el apoyo al desarrollo (Ecuador)

El apoyo al desarrollo, como componente de las relaciones civil-militares, tiene su origen en las actividades de Acción Cívica de las Fuerzas Armadas y se consolida en su forma actual a partir del Plan de Desarrollo de 1972. Esta concepción, pionera en América Latina, fue recogida por la Constitución Política de 1978 y a partir de entonces se ha afirmado como poderoso mecanismo de fortalecimiento de las relaciones civil militares, de cooperación interinstitucional con los organismos del Estado, y de su presencia en todo el territorio nacional. Es, además, una estrategia de prevención de conflictos, coincidente con los conceptos actuales de seguridad preventiva.

Las actividades de Apoyo al Desarrollo de Fuerzas Armadas se amparan actualmente en la base constitucional y legal establecida en el artículo 183 de la Constitución, cuyo texto dice:
"Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico"... "La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo social y económico del país".

Los gobiernos han contado con las Fuerzas Armadas en diferentes actividades cívico-militares y de apoyo al desarrollo. Las principales acciones se han concretado en obras básicas de infraestructura vial, sanitaria, de vivienda y salud en comunidades remotas; forestación, control y protección en el régimen forestal y de áreas naturales; educación básica en áreas apartadas; campañas sanitarias; construcción de aulas en lugares marginales y apoyo en la mitigación de desastres naturales y ante problemas ambientales.

Estos programas se han ejecutado con aceptación de las organización civiles y la población en general, llegando a darse un reclamo de la población, cuando se los ha descontinuado. Son requeridos constantemente en actividades que contribuyen efectivamente a la unidad nacional y la convivencia del personal militar con los civiles.

La institucionalización del apoyo al desarrollo se produce formalmente con la creación de la Subsecretaría de Desarrollo como ente planificador de políticas en este campo. Se configura un sistema para la óptima ejecución con el debido financiamiento de proyectos y programas, en función de la seguridad y defensa; se incluye la participación en prevención y mitigación ante desastres naturales. Estas actividades tienen una directa relación con los objetivos nacionales de integración nacional, justicia social, desarrollo integral, democracia, integridad territorial, soberanía y seguridad; las óptimas relaciones civil-militares, fortalecidas por las actividades de apoyo a la comunidad, constituyen una de las mejores herramientas de prevención de las amenazas internas y externas y de los conflictos que las originan, basadas en los principios de equidad en los contextos sociales, políticos, económicos y de institucionalidad para el fin principal, que es el logro del desarrollo humano sostenible en la sociedad ecuatoriana.

La acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito de apoyo al desarrollo se circunscribe a las actividades y acciones estratégicas para la seguridad de los ciudadanos y del Estado como tal, previstas en las disposiciones, responsabilidades y atribuciones legales, así como de las demandas que tiene la sociedad civil compatibles con las misiones y posibilidades de las Fuerzas Armadas.

Socialmente, su participación en este campo se orienta a los sectores sociales más desprotegidos y que carecen los servicios y obras infraestructurales, en los que evidencian conflictividades actuales o potenciales o en los que se presentan condiciones de incubación de actividades ilícitas, que pueden generar riesgo en las relaciones internacionales con los países vecinos u otros; por otra parte, en la atención a los desastres naturales y emergencias; así como aquellas instancias institucionales de planificación y prevención de la seguridad, la defensa y los desastres.

Espacialmente, el apoyo al desarrollo para el caso ecuatoriano cubre todo el territorio nacional. Un amplio trabajo se ha realizado con las comunidades de la Sierra y en otros lugares del país, pero su responsabilidad específica se ha centrado en áreas de frontera y zonas marginales.



Las unidades militares tienen el referente general de aplicación a través de los programas y proyectos que se generan en forma centralizada y los que se encauzan desde las respectivas unidades; la gestión de financiamiento y los lineamientos de control y ejecución técnica que rigen en cada caso son establecidos mediante convenios, acuerdos, contratos, aplicación de partidas fiscales y otros recursos, para lo cual se han trazado los lineamientos siguientes:

Los objetivos estratégicos del Frente Militar, expresados en el plan estratégico institucional Visión Ministerial 2010, referentes a apoyo al desarrollo, son:
Objetivos estratégicos:
-Apoyar el desarrollo de las áreas fronterizas.
-Proteger el ambiente.
-Desarrollar proyectos interinstitucionales.

Para cumplir estos objetivos, se establecen las siguientes directrices:
-Las Fuerzas Armadas participarán en programas y proyectos de apoyo a la comunidad, protección del ambiente y de mejoramiento de la calidad de vida de la población más necesitada.
-En los proyectos y programas, se protegerá el ambiente y se usarán racionalmente los recursos naturales; además, se sustentarán en estudios de impacto ambiental.
-Se dará prioridad en los trabajos a la población marginada del campo y de las ciudades, especialmente en las zonas de fronteras, con énfasis en la frontera norte y áreas amenazadas por la violencia, los desplazamientos y actividades de narcotráfico.
-Se mejorará el perfil del ciudadano que cumple el servicio militar, capacitándolo como combatiente moderno y proporcionándole conocimientos técnicos científicos y humanísticos, para colaborar en el desarrollo socioeconómico del país.
-Se fortalecerán las relaciones entre civiles y militares y se mantendrá nexos de unión con la población civil, especialmente con aquella que sufre marginalidad, que permitan conocer a fondo sus necesidades y consolidar la relación civil - militar como factor de la unidad de la nación y el accionar democrático del Estado.
-Todos los programas y proyectos deberán estar debidamente financiados y no se podrán desviar recursos económicos destinados a la operatividad de las unidades militares; es decir, deberán realizarse sin detrimento de las tareas fundamentales de las Fuerzas Armadas.
-Se reestructurará la concepción del apoyo militar al desarrollo, con un enfoque técnico y real, buscando el cambio de actitud de la población y elevando su autoestima.
-Se establecerán tareas para las fuerzas y a sus repartos, de acuerdo a sus capacidades, ubicación geográfica y disponibilidades de recursos.
-Se apoyará el desarrollo del conocimiento a través del establecimiento y funcionamiento de centros de educación e investigación científica.
-Se apoyará el desarrollo alternativo y comunitario de las zonas fronterizas con énfasis en la frontera norte.
-Las actividades de apoyo militar al desarrollo deben ejecutarse con sentido nacional, en cooperación con la comunidad; el financiamiento se lo hará a través de fondos logrados por convenios interinstitucionales y asignaciones del gobierno nacional. En ningún caso se podrán desviar fondos propios, con perjuicio de la unidad militar y su personal.
-El empleo del personal militar debe limitarse a sus tareas profesionales y, cuando se ejecuten acciones de apoyo al desarrollo y a la comunidad, estas deben contar con la participación de los ciudadanos favorecidos con tales actividades y siempre que sean por el bien común.
-Se ejecutarán proyectos con procesos y actividades productivas de impacto inmediato, con visión de auto-sostenibilidad económica.
-Se procurará la ocupación intensiva de mano de obra y servicios locales, generando empleo en actividades con el mayor grado de agregación de valor y mínima dependencia.
-Se restringirá el uso del territorio para cultivos ilícitos, mediante las estrategias orientadas a este propósito.
-Se hará una zonificación territorial para el control y la seguridad como medidas de prevención de conflictos, con el propósito de negar espacios a las actividades ilegales y minimizar el costo de control estratégico, además de conservar los ecosistemas.
-Se generarán sistemas de información para optimización de las relaciones cívico militares, mediante el levantamiento de las bases de datos correspondientes.
-Se concebirán y ejecutarán programas y proyectos fronterizos con criterio de desarrollo local.
-Se procurará asimilar técnicas validadas de sistemas agrícolas, agrosilvícolas, piscícolas y otros propios de cada región.
-Se tenderá a la generación de información y capacidad de manejo para la prevención de conflictos sociales y de orden político.
-Se buscará el desarrollo equitativo, equilibrado y dirigido de acuerdo a las condiciones específicas de las poblaciones y comunidades de las áreas fronterizas.
-Se procurará el mejoramiento general de la calidad de vida de la población con las obras básicas de infraestructura social como mantenimiento y ampliación de vías o caminos vecinales y puentes; provisión de agua para consumo humano y en determinados casos para riego y energía eléctrica; alcantarillado; centros emergentes de salud; escuelas con capacitación dirigida en función de estas necesidades de desarrollo, así como apertura de financiamiento de vivienda de interés social.
-Se tenderá a la incorporación de procesos participativos y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de las familias.
-Se elaborarán listas de actividades productivas o perfiles sistemáticamente elaborados, dimensionados y estructurados para las fronteras y se facilitarán líneas de financiamiento para la ejecución proyectos productivos, acompañados de un componente técnico de capacitación dirigida y fortalecimiento de la comercialización y mercados para los grupos asimilados a estos programas.
-Se integrarán a la zonificación territorial los programas y proyectos de desarrollo sostenible de las áreas naturales protegidas de frontera y de los espacios declarados bosques protectores.

Los objetivos y lineamientos estratégicos antes mencionados guardan relación con otros objetivos del Frente Militar orientados al "Fortalecimiento de la identidad, unidad y cultura nacional", "Sistema de seguridad social, salud y desarrollo humano de los miembros de FF.AA.", "Sistema de planificación estratégica institucional actualizada y estandarizada", así como de otros objetivos y políticas de alcance transversal.

El desarrollo fronterizo en general y de la frontera norte en especial ha constituido, en este campo, una preocupación especial, con el propósito de apoyar a una política de seguridad y prevención de los graves conflictos sociales derivados de las actividades ilícitas y de las drogas, que han generado hechos como la falta de seguridad ciudadana y atentados al aparato productivo del Estado. Las pocas obras de infraestructura local no se han ejecutado apropiadamente ni en función de la población local, en tanto que el apoyo a las actividades productivas se ha diluido en un asistencialismo parcial, incompatible con las formas de vida y oportunidades para un real desarrollo socio económico fronterizo, el que debe manifestarse en el efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de estas poblaciones.

En las condiciones en que se desarrolla la administración gubernamental y de otros organismos que actúan en áreas de frontera, se observa la limitada acción frente a la vulnerabilidad de las poblaciones y comunidades que son objeto de reclutamiento en actividades ilegales del narcotráfico. La violencia, la falta de oportunidades, los desplazamientos, la pérdida de su patrimonio y las condiciones de inseguridad para desarrollar sus actividades configuran un cuadro de retroceso socioeconómico.

El Estado debe redefinir su rol para mantener las condiciones de seguridad, no solamente ante las amenazas, sino ante la necesidad de articular económicamente a estas comunidades y poblaciones, basado en una política de seguridad y desarrollo compatibles con la situación en la que se desenvuelven.Empresas militares y entidades adscritas


Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, por su dinámica administrativa y operativa, han desarrollado durante su existencia varias actividades y procesos que han originado empresas e instituciones de amplia dispersión en cuanto a su estructura o fines. Entre estas existen desde entidades y empresas dependientes corporativas o relacionadas con el quehacer institucional, hasta las de servicios, investigación, servicios sociales, industria pesada, obras civiles nacionales y desarrollo tecnológico, entre otras.

Las Fuerzas Armadas mantienen relación corporativa con algunas empresas o entes de inversión mientras que con otras tienen relación accionaria exclusivamente. Varias entidades adscritas y empresas poseen su propia normatividad legal, con presupuesto propio y autonomía financiera y se mantienen como inversión pública. Otras son de economía mixta y aquellas en las que las Fuerzas Armadas no poseen inversión mayoritaria el accionariado responde al tratamiento de empresas privadas.

Hace tres décadas las entidades y empresas de FF.AA. eran casi exclusivamente de tipo corporativo e institucional y de apoyo estratégico para la seguridad y defensa; con la evolución rápida de las necesidades y modernización institucional, así como por políticas coyunturales de los gobiernos, se amplió rápidamente su campo de acción, lo cual exige una evaluación técnico-económica de su desempeño y proyección, así como de su rol frente a la sociedad civil.Se destacan, entre las entidades que poseen autonomía administrativa y financiera, los institutos de educación de las Fuerzas Armadas, como son la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), el Instituto Agrario Superior Andino (IASA), las academias y escuelas militares y los colegios y escuelas regentados por las Fuerzas Armadas.

Entidades que poseen leyes específicas y normas estatutarias y reglamentarias propias son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA); el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Censores Remotos (CLIRSEN), el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el Astillero Naval, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la empresa de aviación TAME.

Entre las empresas de tipo corporativo, con capital propio o de economía mixta, encontramos compañías para la producción de municiones, explosivos, calzado, fundiciones, confecciones, fabricaciones militares, mantenimiento aeronáutico, sistema multimodal y flota naviera y el Servicio Social de Comisariato.

Son de importancia los entes de tipo asociativo, sin inversión institucional pero con entorno corporativo institucional, en especial las cooperativas de ahorro y crédito, que actúan con servicios a militares y también a civiles. Otras empresas de tipo netamente societarias con aporte parcial o eventualmente mayoritario de Fuerzas Armadas son las de agroindustria, piscicultura, láctea, tenería, herramientas, montaje de vehículos, hotel cinco estrellas, minería, acería, club profesional de fútbol y una entidad financiera, entre las más representativas.

Acatando el régimen societario de compañías, estas empresas cuentan con directorios independientes. Se han corregido los elementos distorsionantes, como el apoyo logístico, de mercado cautivo o de inversión, amparados en los recursos fiscales y de la institución. Igualmente se han regulado las deficiencias administrativas, de gestión o de mercado, sometiéndolas a las instancias de control, aun con medidas concretas como liquidaciones, reestructuraciones, modificaciones de accionariado y otros mecanismos legales de administración de gestión y control, de eficiencia y mayor transparencia.
Sin embargo de lo actuado, las nuevas políticas y objetivos en este ámbito recogen las aspiraciones de la sociedad y deberá procesarse sistemáticamente la reorientación de la participación de Fuerzas Armadas en empresas, preservando la recuperación de las inversiones, la equidad, la conveniencia para la sociedad y la defensa de los intereses institucionales.Las empresas y entidades de Fuerzas Armadas, de la misma forma, están normadas por los manuales de actualización permanente de perfiles de funciones, requisitos y responsabilidades para los servicios personales y profesionales de civiles y militares activos o pasivos, debiendo considerarse que los empleados, obreros y jefes en su mayoría son civiles.

La eficiencia técnico-económica y el impacto social son los factores fundamentales de la vigencia de las entidades o empresas de Fuerzas Armadas en cualquiera de las categorías funcionales en que ellas se encuentren; por ello es importante el establecimiento o actualización de objetivos y políticas, procedimientos de organización, sistemas, indicadores de evaluación y directivas en este ámbito, con las que se rija el mando militar u otras instancias directivas, gerenciales o de directorios para la toma de decisiones. Para este propósito se han establecido periódicamente los procedimientos de organización y sistemas a través de los proyectos de la Dirección de Desarrollo Empresarial, normándose con la emisión de directivas en este ámbito.

Con el propósito de asumir reformas estructurales o graduales de las empresas o entidades, se han asumido procedimientos operativos de evaluación y control, lo cual deberá ser desarrollado sistemáticamente y no por excepción. Un factor decisivo en la asimilación de entidades empresariales e instituciones en torno a Fuerzas Armadas constituye el respaldo de permanencia de la institución matriz y la credibilidad, lo cual, a la vez que fortalece las relaciones civil-militares e interinstitucionales, de alguna manera retrae a sus elementos de las misiones que les asigna la ley, lo cual debe ser apropiadamente manejado.

Para resolver dichos dilemas, es necesario en primer lugar proceder a la propia aplicación de la racionalización y la previsión de los cambios de época que deben regir la existencia de estas empresas o entidades relacionadas con la entidad y la institucionalidad vigentes, con autocrítica e independencia en la toma de decisiones.La funcionalidad de estas empresas o entidades, su rol, misión y organización tienen que ser constantemente revisadas, considerando que más importancia tienen las proyecciones que las limitaciones, restricciones y reducciones; para ello se deben aplicar los instrumentos que buscan la eficiencia técnico-económica y de impacto social y de seguridad antes indicados.

El rol de las empresas de Fuerzas Armadas se ampara en la base constitucional y legal establecida en el artículo 190 de la Constitución, cuyo texto establece: "Las Fuerzas Armadas podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional".

Con relación al desarrollo de las empresas militares, se establece el siguiente objetivo: Disponer de una industria militar moderna destinada a la Defensa Nacional.
Para cumplir este objetivo, se establecen las siguientes directrices:
-Se desarrollarán programas para la implementación y fortalecimiento de la industria militar, enfocados hacia las siguientes áreas de producción, de acuerdo a la realidad nacional: *armamento, municiones, vehículos y embarcaciones militares;
*suministros, componentes, partes y piezas;
*investigación técnica y equipamiento.
-La participación militar promoverá la seguridad y el desarrollo nacional, tendiente a la reducción de la dependencia externa, ahorrando divisas al país, generando fuentes de trabajo, actuando como ente regulador de precios, atrayendo la inversión nacional y extranjera, posibilitando la transferencia de tecnología y desarrollando una infraestructura industrial militar que será empleada para apoyar el esfuerzo de guerra en posibles conflictos.
-La gestión empresarial generará mayor empleo productivo e impulsará proyectos estratégicos para la seguridad, defensa y desarrollo nacional.
-Las empresas militares se organizarán considerando los efectos de la globalización de la economía, de los mercados y de los procesos de integración.
-Se realizará la desinversión en las empresas con baja participación accionaria, improductivas y con inversiones de riesgo.
-Las utilidades generadas por las empresas serán empleadas en beneficio institucional.
-Se ejecutará la planificación estratégica empresarial para alcanzar la competitividad nacional e internacional, implementando una cultura de calidad.
-Las empresas se modernizarán aplicando las normas de calidad de aceptación internacional.
La permanencia o creación de empresas de las Fuerzas Armadas debe ser en áreas relacionadas con la seguridad, defensa y apoyo al desarrollo.Proyección y perspectivas. La visión del apoyo interinstitucional al desarrollo sostenible lleva implícita la sostenibilidad institucional. Para ello son necesarios tres factores:
*Proyecto institucional con la orientación y el compromiso en base a los lineamientos de política.
*Capacidad institucional, basada en la gestión, acción y organización.
*Capacidad, solvencia y credibilidad institucional, basadas en la eficiencia, reconocimiento y apoyo.Acogiendo las metodologías y técnicas más avanzadas en el manejo del desarrollo sostenible, discutidas y evaluadas a los más altos niveles, para afrontar los cambios de la época, la perspectiva, con referencia a las empresas militares, es mantener la sostenibilidad institucional, actualizada permanentemente en relación a los cambios externos, ya que la prospectiva presenta escenarios rápidamente cambiantes, con hipótesis de conflictos y de alternativas de solución. Esta propuesta y perspectiva son válidas tanto para las actividades de apoyo al desarrollo como para el accionar de las empresas y entidades de Fuerzas Armadas.

Dos de las políticas básicas de control específicamente aplicables a empresas y entidades de Fuerzas Armadas, que deberán sistematizarse, generalizarse y cumplirse en forma permanente y sin excepción, son las auditorías operativas y las normas de calidad. La sistematización del control concurrente y control posterior, que no considere los cambios para corregir las operaciones y actividades de las empresas e instituciones en función de las misiones institucionales, no cumple su objetivo de asesoría a las máximas autoridades, directorios y niveles gerenciales para la toma de decisiones oportunas. Su omisión genera con el tiempo conflictividad institucional y social.

Fuente: Libro blanco de la defensa de Ecuador