La Guardia Costera de los EE. UU. podría armar sus nuevos rompehielos o no

Por David Axe -WIB -Traducción Desarrollo y Defensa.

Los nuevos rompehielos de la Guardia Costera de los EE. UU. tendrán espacio, desplazamiento y energía eléctrica para armas cuando entren en servicio a partir de 2023, dijo el comandante de la Guardia Costera, Paul Zukunft.

La agencia de aplicación de la ley costera no ha decidido aún si realmente agrega las armas. Zukunft dijo que eso depende de si los Estados Unidos, Rusia y otros países continúan cooperando en las regiones ártica y antártica, o si entran en conflicto con las rutas marítimas polares, las pesquerías y los recursos minerales.

La Guardia Costera quiere "armar completamente estas [naves] y convertirlas en una plataforma capaz de ofender en caso de que este mundo cambie en los próximos cinco, 10 o incluso 15 años a partir de ahora", dijo Zukunft en la conferencia de la Surface Navy Association. en Virginia en enero de 2018. "No se puede proyectar el status quo".

El anuncio de Zukunft confirmó los rumores de que los nuevos rompehielos de la Guardia Costera podrían eventualmente estar armados con misiles tierra-tierra u otras municiones pesadas.

La Guardia Costera está construyendo hasta seis nuevos rompehielos para reemplazar al Polar Star de 42 años , que con un desplazamiento de 14,000 toneladas es el único rompehielos pesado actualmente en el servicio del gobierno de los Estados Unidos. Capaz de agrietar hielo de hasta 21 pies de espesor, Polar Star es el único barco estadounidense capaz de abrir un camino hacia la estación de investigación antártica de los Estados Unidos.

La Guardia Costera también opera un rompehielos mediano, el Healy de 11.000 toneladas . Encargado en 1999, el Healy puede romper hielo de hasta 10 pies de espesor. Los dos rompehielos pueden portar armas pequeñas y apoyar helicópteros de la Guardia Costera, pero no tienen armas.

Si los nuevos rompehielos eventualmente obtienen misiles de crucero, probablemente sean los barcos más fuertemente armados en la flota de la Guardia Costera. En 1990, el Servicio de Guardacostas disparó un misil antibuque Harpoon desde el rompehielos de patrullaje clase Hamilton Mellon.

Actualmente, las armas más pesadas en el inventario de la Guardia Costera son los cañones de 75 y 57 milímetros en los rompehielos Hamilton y Legend . La Guardia Costera está construyendo nueve buques con desplazamiento de 4.500 toneladas para reemplazar la docena de Hamilton de 3.300 toneladas.

Zukunft no dijo qué armas tenía en mente la Guardia Costera para los nuevos rompehielos, el primero de los cuales podría costar $ 1 mil millones. La Marina de los EE.UU. está pagando el primer rompehielos nuevo. El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia de la Guardia Costera, probablemente cubrirá el costo de los rompehielos subsiguientes.

Los buques de guerra de la Armada son compatibles con una gama de misiles antibuque, incluidas las versiones más recientes del Harpoon, una variante antibuque del misil de crucero Tomahawk y un nuevo y sigiloso misil antibuque de gran alcance.

Zukunft dijo que la Guardia Costera agregaría lanzamisiles a las cubiertas de rompehielos, en lugar de instalar celdas de lanzamiento vertical debajo de la cubierta, como es estándar en la mayoría de los buques de guerra de superficie de la Armada. Cualquier sistema de misiles que la agencia costera agregue a los nuevos rompehielos tendrá que ser modular, requiriendo solo modificaciones mínimas para los buques anfitriones, dijo Zukunft.

No está claro qué sensores llevarán los nuevos rompehielos. En ausencia de radares de búsqueda de superficie de largo alcance, los buques polares podrían depender de aeronaves, satélites u otros barcos para proporcionar datos de objetivos para sus misiles.

Rusia y Canadá también están construyendo rompehielos armados. Zukunft dijo que está alentando a los aliados y rivales de Estados Unidos para que mantengan grandes buques de guerra fuera de las regiones árticas y antárticas. En cambio, dijo Zukunft, solo las naves de guardacostas modestamente armadas deberían patrullar los polos.

La "task force" de Bullrich en el NEA tiene olor a humo

Por FERNANDO OZ - Ambito.com

La DEA y HOMELAND instalaran una base operativa en Posadas.

Foto: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al titular de la DEA, Robert Patterson.

Alguien le vendió humo a la ministra Patricia Bullrich y la DEA aprovechó la ocasión. La idea de instalar una "task force" contra el crimen internacional y el narcotráfico en la provincia de Misiones es vieja, alucinada y ni siquiera resolvería el contrabando de productos baratos como las zapatilla truchas que aún se venden en La Salada. Y la imagen de un analista del FBI monitoreando a los militantes del Hizbulá que viven en la localidad paraguaya de Ciudad del Este y en la brasileña Foz do Iguaçu desde algún búnker en Posadas sólo puede ocurrírsele a alguien con exceso de series norteamericanas por Netflix.

Viví cuatro años en la Triple Frontera, otros cuatro en la ciudad de Posadas, y llevo 20 recorriendo cada centímetro de la extensa frontera de Misiones. El día que se desmoronaron las Torres Gemelas en Nueva York me encontraba en Ciudad del Este, comprando repuestos de computadoras a unos comerciantes libaneses. Allí conocí contrabandistas de todos los colores, espías de diferentes nacionalidades, buenos y malos integrantes de todas las fuerzas de Seguridad, militares de inteligencia que apostaban fortunas en casinos, aduaneros millonarios, políticos de nariz empolvada y ojos desorbitados, vendedores de trotyl, falsificadores de pasaportes, chinos que traficaban chinos, colombianos buscando nuevos talentos, las celdas que sabía tener la casa que ocupó la Sección Triple Frontera de la División Unidad Antiterrorismo (DUIA) de la Policía Federal en Puerto Iguazú tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en el pie izquierdo tengo tatuados los pasos ilegales de la frontera jujeña y salteña con Bolivia.

Hasta el día de hoy nadie pudo desmantelar ninguna célula terrorista en Ciudad del Este ni en Foz. Para la mayoría de los ciudadanos que profesan alguna de las dos principales variantes del islam -en especial para los chiitas- en la región, el Hizbulá no es más que un partido político con un brazo armado; incluso algunos libaneses con importantes intereses económicos en Brasil y Paraguay lo comparan con los Montoneros y otros grupos armados del peronismo de los 70. Pero hay otro dato, que las agencias de inteligencia saben muy bien, la gran mayoría de musulmanes que viven en la Triple Frontera son sunitas y no tienen nada que ver con el Hizbulá.

En términos geopolíticos, Misiones tiene todas las característica de un Estado tapón. Se la podría comparar con Jordania, entre Israel, Irak y Arabia Saudita, o como lo que fue Afganistán en épocas de la India británica y el imperio Ruso. Para los espías, de varios países, Misiones es una suerte de dormitorio, como lo fue Casablanca bajo el control del Gobierno de Vichy. Misiones parece caerse del mapa argentino. Tiene 1.391 kilómetros de frontera, de los cuales sólo 124 lindan con el territorio nacional; 900 con Brasil y otros 367 con Paraguay. Hay 34 pasos fronterizos, en algunos casos son los puentes que cruzan sobre el cauce de los ríos quienes nos indican dónde es allá y dónde aquí, en otros casos no es más que una simple línea pintada sobre unas pocas cuadras que finalizan con montes hacia ambos lados.

Los asesores de Bullrich deberían saber que Misiones no es Colombia y menos México, que la mayoría de las drogas que ingresan al país lo hacen a través del Puerto de Buenos Aires o en vuelos privados que aterrizan en aeropuertos legales, y que jamás van a frenar el contrabando en un Estado Tapón que surgió del contrabando. También deberían saber que logísticamente y operativamente es más fácil custodiar los 124 km que tiene Misiones con Corrientes y no los 1.267 km de frontera con Brasil y Paraguay. Focalizar la seguridad en el aquel cuello de botella no significaría ceder soberanía ni desproteger a los ciudadanos. Los asesores deberían decirle a la ministra que pongan el ojo la isla Yacyretá, o en la isla Apipé Grande. Una "task force" en Posadas no es más que un buen negocio, como los operativos falsos que se hacen para mejorar las estadísticas.

Cómo es el avión Antonov An-148 que se estrelló en Rusia y su fatídico antecedente

(Infobae.com) - La aeronave bimotor puede llevar hasta 85 personas a una velocidad de 870 kilómetros por hora y un alcance de hasta 4.000 kilómetros. Está fabricado por la empresa ucraniana Antonov y este es el segundo incidente desde su entrada en servicio en 2009

El avión bimotor comercial puede volar hasta 4.000 kilómetros a una velocidad de 870 kilómetros por hora. En este caso pintado con los colores de Saratov Airlines

El Antonov An-148 de la aerolínea Saratov voló durante apenas dos minutos y once segundos antes de desaparecer de los radares y estrellarse a unos 80 kilómetros de Moscú.

Las autoridades, que ya se encuentran en el lugar del incidente, consideran que es casi imposible que haya sobrevivientes entre los 65 pasajeros y seis tripulantes, y al momento han hallado dos cuerpos.

¿Pero cómo es esta aeronave comercial que cubría la ruta entre la capital rusa y Orsk, a 1450 kilómetros) y qué antecedentes de seguridad tiene?

El An-148 es un avión de pasajeros bimotor fabricado por la empresa ucraniana Antonov y que entró en servicio en 2009. Según reportes de la cadena RT, Saratov vuela cinco de estas unidades, adquiridas en 2010.

Restos del Antonov An-24 que cayó en las afueras de Moscú (Reuters)

Tiene capacidad para llevar entre 68 y 85 pasajeros, según la versión, y vuela a unos 870 kilómetros por hora con un alcance medio de entre los 2.000 y 4.000 kilómetros. Su peso al despegue ronda los 40.000 kilos. Actualmente se encuentra en servicio en las aerolíneas rusas Angara y Rossiya, en la ucraniana Ukraine Air, la norcoreana Air Koryo y en Cubana de Aviación.

También la flota presidencial rusa y diversas agencias estatales cuentan con unidades del avión en sus hangares.

Antecedentes de seguridad

El de este domingo es la primera tragedia protagonizada por un An-148 en un vuelo comercial cargado de pasajeros, pero existe otro antecedente.

Además del incidente en Moscú, hay un sólo antecedente de un An-148 estrellado durante un vuelo de prueba.

En 2011, una aeronave del mismo tipo se estrelló en un vuelo de prueba, matando a sus seis tripulantes, luego de que el fuselaje se partiera tras exceder su velocidad máxima. El hecho ocurrió en Garbuzovo, cerca de la frontera con Ucrania, cuando un An-148 recién salido de fábrica estaba siendo probado antes de su entrega a la fuerza aérea de Myanmar.

Una investigación oficial concluyó que la causa se debió a un error humano motivado por un desperfecto técnico. Aparentemente el indicador de velocidad estaba funcionando mal e indicando un valor menor que el real. Por esta razón, los pilotos aceleraron de más para compensar una posible pérdida de sustentación, y el An-148 superó su velocidad máxima permitida. Según diversos testigos, una de las alas se separó del fuselaje debido al efecto de las altas velocidades en su estructura.

Saratov Airlines

Por otro lado la empresa Saratov fue sancionada 2015 por la Agencia Federal Rusa de Transporte Aérea (Rosaviatsia) por incumplir normas de seguridad en lo referido a la presencia de personas ajenas a la tripulación en la cabina durante un despegue, de acuerdo al portal especializado en líneas aéreas Ch Aviation. La aerolínea fue fundada en 1931 y es una de las más antiguas de Rusia, actualmente con una flota de 12 aeronaves que cubren 28 destinos domésticos e internacionales.

Récord migratorio: creció en 1.600% la llegada de venezolanos a la Argentina

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Ese el aumento que se registró en los últimos cinco años de venezolanos que huyen del régimen de Maduro al país; desde la llegada de Macri al poder la cifra pasó de 5.700 a 31.000; las facilidades otorgadas por el gobierno

Llegan espantados a Buenos Aires escapando como pueden del régimen de Nicolás Maduro. Trabajan en restaurantes, supermercados o en lo que sea. Se los ve felices y a gusto en el país. Y los datos hablan por sí mismos: la ola inmigratoria de venezolanos en la Argentina creció en 1.600% en los últimos cinco años y hoy se ubica en el tercer puesto de inmigrantes extranjeros que llegan a la Argentina después de los paraguayos y los bolivianos.

Según datos de la Dirección de Migraciones a los que accedió Infobae, en 2012 se habían otorgado 1.900 residencias, mientras que en el 2017 se superaron las 31.000 radicaciones de venezolanos; es decir, más del 1.600% de incremento de este flujo migratorio. Y si se compara el 2016 (12.859 radicaciones de venezolanos) con 2017 (31.167), el crecimiento fue del 142 por ciento.

"Aquí en la Argentina nos recibieron de maravillas. No nos podemos quejar: tenemos de todo. Alimentos, trabajo y buena atención sanitaria. Esto es un paraíso comparado con la dictadura que vivimos en Venezuela", comenta a Infobae Nadia Suárez, una venezolana que llegó en noviembre del año pasado al país y actualmente trabaja como cajera en un supermercado del microcentro porteño.

 

Como Nadia hay miles de venezolanos que escaparon del régimen de Maduro a la Argentina en los últimos años. La llegada de Mauricio Macri al poder y su discurso beligerante contra Maduro alentó está ola migratoria. Mientras que en el 2015 hubo 5.784 venezolanos radicados en el país, en el 2016 esa cifra creció: llegaron 12.859 venezolanos y en el 2017 hubo 31.167 que lograron huir de la dictadura venezolana hacia la Argentina.

Entre 2016 y 2017, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior otorgó 428.000 residencias, entre permanentes y temporarias, tomando el total de nacionalidades. En ese mismo lapso, concedió 44.000 radicaciones a venezolanos, prácticamente un 10% del total del universo de inmigrantes legales.

En cuanto al ránking de nacionalidades de 2017 por cantidad de radicaciones, los venezolanos escalaron el tercer lugar, al ubicarse por número detrás de paraguayos y bolivianos; y seguidos por peruanos y colombianos. Este es un cambio radical ya que hasta hace cuatro años los venezolanos que eran disidentes del régimen chavista no querían venir a la Argentina porque Cristina Kirchner estaba alineada con Maduro.

En el 2012, en pleno auge del chavismo llegaban a la Argentina apenas 1.900 venezolanos. "La decisión de Macri de fustigar y denunciar la falta de libertades y la violación a los derechos humanos en Venezuela inspiró a muchos venezolanos a venir al país", expresó a Infobae un diplomático que conoce muy bien el terreno político de Caracas.

En cuanto al perfil promedio, los venezolanos que llegan al país en su mayoría se suman a la PEA (la población económica activa) por tratarse de gente joven. En general son profesionales o tienen estudios universitarios o estudian en alguna facultad o se integran al mercado laboral formal. Prácticamente, la mitad arribó en el último bienio.

"Venezuela está perdiendo su potencial económico más importante que es el 'flujo fértil' que le llaman que es la población joven y activa económicamente hablando", dijo a Infobae un funcionario de la Cancillería que trabaja de cerca en este tema.

Desde la Dirección de Migraciones -que lidera Horacio García bajo el mandato de Rogelio Frigerio-, dijeron que "la Argentina, con un sentido solidario y humanitario, recibe a los venezolanos en un contexto normativo especial en Sudamérica ya que nuestro país aplica unilateralmente el criterio de radicación por el sólo hecho de que son nacionales del Mercosur y Estados Asociados".

Es el mismo concepto humanitario en otras iniciativas, a instancias de Frigerio, que Migraciones mejoró el Programa Siria para recibir a quienes huyen de conflicto bélico en la región y dispuso la facilitación documentaria para los haitianos que escaparon tras la catástrofe del terremoto.

Así, la Argentina recibe a los venezolanos en un contexto normativo especial en Sudamérica ya que nuestro país aplica unilateralmente el criterio de radicación por el sólo hecho de que son nacionales del Mercosur y Estados Asociados.

En Caracas, el embajador interino argentino Eduardo Porreti también aporta lo suyo para facilitar esta inmigración venezolana a la Argentina. Tiene a todo el personal de la embajada abocado a la tarea de facilitar los permisos para llegar al país, que incluyen: partida de nacimiento, documento y un documento con antecedentes penales. Nada demasiado rígido.

Porreti es un diplomático que ha trabajado arduamente en los últimos años en virtud de facilitar la salida de venezolanos para llegar a la Argentina. Desde la Cancillería destacaron la labor del embajador interino y dijeron a Infobae que "a los venezolanos que emigran al país se les da todas las facilidades posibles incluso los beneficios del acuerdo de residencia del Mercosur aun cuando Venezuela nunca lo puso en vigencia".

Actualmente Venezuela está suspendida del Mercosur hasta tanto no ajuste sus leyes a las 300 normativas que le exige el bloque regional. Sin embargo, el gobierno de Macri por una cuestión humanitaria decidió aceptar en los mismos términos del Mercosur a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro.

La Foto: Prototipo Militar 4x4

Buena bestia... (Pinterest)

Benito Roggio Ferroindustrial cumple 10 años como líder del sector

(Rieles.com) - Desde el año 2008, en su planta de 7.900 m2 se desarrollan soluciones para el sector ferroviario. Con más de 120 empleados de distintas especializaciones técnicas y profesionales, atiende las necesidades de servicios y equipamientos para la industria.

 Benito Roggio ferroindustrial (BRf), empresa de soluciones, investigación y desarrollo para el sector ferroviario e industrial cumple 10 años de vida, en los cuales se ha destacado como pionera dentro del sector ferroindustrial.

Desde el año 2008, BRf es una compañía dedicada a brindar soluciones para el sector ferroviario e industrial con una amplia oferta de servicios, trabajos de construcción, reparación integral y mantenimiento de material rodante de carga y pasajeros. Asimismo, desde el año 2012 cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo (I+D), en la ciudad de Buenos Aires.

BRf ha asumido, desde sus inicios, el desafío de reparar y reconstruir material rodante de carga y pasajeros de muy diversas características y niveles de modernización, lo cual da cuenta de una estructura versátil, que se adapta a las necesidades y permite trabajar de manera simultánea en proyectos de distinta envergadura. Bajo esa premisa, en la planta se ha llevado a cabo la intervención de coches de carga, pasajeros y locomotoras pertenecientes a las líneas Belgrano Norte, Roca, San Martín, Belgrano cargas y Logística, y el Subte de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. El abordaje de esta variedad de trabajos es posible gracias al capital humano altamente calificado que integra la compañía, que en diversas oportunidades han formado parte de grupos que participaron de acciones de benchmarking en el exterior para capacitarse y adquirir conocimientos en torno a las mejores prácticas junto a empresas de primer nivel mundial.

Con más de 120 empleados BRf ha sido la primera planta ferroindustrial del país en contar con una certificación de norma IRAM bajo estándares de calidad internacional para “Servicios de reparaciones y mantenimiento integral de Locomotoras, Vagones y Coches de Subterráneos y ferrocarril para el transporte de Pasajeros y Cargas”. Las exigencias de la certificación aseguran que las actividades de BRf cumplen con los requisitos técnicos solicitados por los clientes y cuentan con el soporte documentado de sus procesos.

La localización de la planta en la localidad de Juárez Celman resulta estratégica, ya que se encuentra a poco más de 20 kilómetros de la capital cordobesa, cuenta con acceso desde la ruta nacional Nº 9, y está próxima a las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas. Su presencia en la comunidad ha potenciado la generación de oportunidades y el desarrollo económico de sus 5.000 habitantes. En este sentido, el compromiso de BRf se manifiesta no sólo a través de su actividad, sino también por medio del apoyo brindado a una gran cantidad de acciones de relacionamiento con la comunidad como la mejora de espacios públicos, donaciones, y aportes varios.

Todo el trabajo realizado reafirma nuestra identidad como referente nacional en reparaciones, reconstrucciones, mantenimiento, desarrollos e innovación para el sector ferroviario.

Acerca de BRf

Benito Roggio ferroindustrial, forma parte de la división de negocios de Transporte del Grupo Roggio. Brinda soluciones para el sector ferroviario e industrial con una amplia oferta de servicios, trabajos de construcción, mantenimiento y reparaciones integrales de material rodante, desarrollo de productos y servicios de asesoramiento.

Comenzó sus actividades en febrero de 2008 y cuenta con una planta ferroindustrial ubicada en la Ciudad Juarez Celman, provincia de Córdoba y desde 2012 con un Centro de Investigación y Desarrollo en la Ciudad de Bs. As.

Un conflicto abierto en la compañía que maneja las centrales

Por Delfina Galarza - La Nación

Las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina advierten sobre los problemas financieros de la firma estatal; los gremios temen despidos y lanzaron una protesta

La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que maneja las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, se encuentra en medio de un conflicto gremial. Los representantes sindicales de los empleados aseguran que el Gobierno pretende achicar la compañía, pero las autoridades lo niegan y advierten sobre los problemas financieros que arrastraba la compañía desde el kirchnerismo.

Los empleados habían iniciado una protesta en reclamo del pago del bono anual por productividad que deberían haber cobrado a fines de enero. A raíz de ello, se desencadenó un conflicto, que entró en un paréntesis cuando el 2 de febrero se dictó la conciliación obligatoria entre la compañía y el sindicato Luz y Fuerza. Los trabajadores denuncian que la empresa "está en rojo" y anticipan que un posible achicamiento podría afectar a 580 empleados, además de modificaciones dentro del convenio colectivo. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Energía y Minería como Julián Guelvenzú, uno de los tres directivos de NASA y concejal de Cambiemos en Zárate, desestimaron esta versión, aunque advirtieron que la empresa tiene "problemas financieros".

Nucleoeléctrica fue una de las empresas más beneficiadas con subsidios durante el kirchnerismo.

La compañía depende del Ministerio de Energía y Minería y tiene bajo su órbita las plantas Atucha I y II, ubicadas en la zona del Paraná, y a la Central Nuclear Embalse (CNE), situada en la costa sur del embalse de río Tercero, en la provincia de Córdoba. Son las encargadas de generar energía nucleoeléctrica para todo el país, aunque CNE se encuentra fuera de servicio por un proceso de reacondicionamiento, y retomará la actividad en el segundo semestre.

El conflicto se desencadenó cuando el bono anual por productividad, antigüedad, capacitación y desempeño (Bapacd) no fue acreditado en tiempo y forma en enero. El histórico premio a la producción puede variar de 2,5 a 4 veces del sueldo bruto. La forma de medición es sobre el total productivo de cada empleado, que se mide en megavoltios, ya que las centrales generan electricidad.

La empresa estatal desmintió cualquier tipo de políticas de recortes, y señaló: "Hasta la fecha no se habló de despidos, el dato es caprichoso e incorrecto", si bien reconocieron que la falta de pago del Bapacd se debe a problemas estrictamente financieros.

Por el contrario, según el secretario general de la seccional de ATE Zárate, Fernando "Perico" Pérez, peligran 580 puestos de trabajo por las demoras de los proyectos de la cuarta y quinta central. Pérez aseguró que la obra de Atucha III debería haber comenzado en 2015, y que recién el año pasado se compró el predio lindante a Atucha II.

Fuentes de NASA admitieron que los proyectos están retrasados en cuanto a las expectativas, pero enfatizaron que no existe una fecha determinada para la puesta en marca. El presidente de la compañía se encuentra actualmente en China en el "último tramo de la negociación" para acceder a un crédito por 14.000 millones de dólares, que implicaría un 80% de la obra, el restante lo cubriría el Estado.

Pérez agregó que el directorio ya tenía planificado este recorte y en octubre fue comunicado a los gerentes y jefes de cada departamento dentro de NASA. Por el momento, la próxima audiencia entre el gremio y la empresa se realizará el 19 de febrero, y la fecha límite para resolver el conflicto será cuatro días después.

Impulsan un recorte de $9000 millones en el déficit de las empresas públicas

Por Laura Serra  - La Nación

De las 33 sociedades estatales, solo 13 cubren sus gastos; los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio son las que necesitan mayor auxilio; AySA y Aerolíneas mejoraron sus números.

El ajuste del gasto público llegó a las 33 empresas del Estado nacional: este año el gobierno de Mauricio Macri tiene previsto reducir en 9000 millones de pesos las transferencias que realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos corrientes y de infraestructura.

Incluso así, este sector constituye una preocupación seria para el Gobierno en su afán de reducir el déficit fiscal, ya que más de la mitad de las empresas (20 en total) continuarán generando pérdidas significativas a lo largo de 2018.

En efecto, este año el Tesoro volcará casi $90.000 millones en total al conjunto de empresas del Estado nacional para mantenerlas operativas. El monto total representa una cifra sideral, si se la compara con otras asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la cifra equivale a dos presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social, que concentra la mayoría de los planes de asistencia social.

Los ferrocarriles de carga y de pasajeros explican la mayor parte del déficit, en tanto que Aerolíneas Argentinas y AySA muestran una reducción paulatina del rojo.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. Durante el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI. El año siguiente los giros bajaron al 1,14% del producto.

Finalmente, en 2017 cayeron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, según insisten en la Casa Rosada. "En los últimos dos años se ahorraron unos $41.000 millones", destacan en la Jefatura de Gabinete, en referencia a la reducción de las transferencias.

En esa órbita funciona el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas, que aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas, al tiempo que monitorea su desempeño. Lo integran los ministros de Transporte, Energía, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La meta de ese consejo, que funciona desde 2016, es hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas públicas para que demanden menores transferencias del Estado nacional.

Recursos para cubrir el rojo 

Se trata de un programa de reducción de costos operativos que va en sintonía con la reestructuración de la administración pública nacional que pretende llevar a cabo el Gobierno; el mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y la prohibición de que familiares directos de los ministros ocupen cargos en la administración.

Esto representaría, a la postre, un ahorro del 0,03% del total del gasto previsto para 2018, un porcentaje apenas simbólico para los economistas privados, pero que el Gobierno pretende exhibir como señal de austeridad. De hecho, la purga de familiares finalmente solo alcanzó a 12 funcionarios, tal como consignó LA NACION.

Despidos

Empero, este ajuste en las empresas del Estado genera una gran preocupación en su dotación de personal.

En los últimos dos años se despidieron unas 2300 personas, con lo que el plantel actual es de 108.249 agentes. La poda continúa este año: el mes pasado, por caso, fueron despedidos 215 empleados de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); es el primer lote de un total de 500 despidos que propone ejecutar su interventor, Omar Zeidan. Por otra parte, en Lotería Nacional está pendiente el destino de unos 200 empleados tras la disolución, por decreto, de esa empresa, la cual fue transferida a la Lotería de la Ciudad.

Otro caso es el de Fabricaciones Militares: el mes pasado unas 220 personas quedaron cesantes tras el cierre de una planta estatal de Azul. El interventor de la empresa, Luis Riva, indicó que sería reabsorbida por otras plantas de Fabricaciones Militares.

De acuerdo con la información que Jefatura de Gabinete suministró a LA NACION, solo 13 de las 33 empresas del Estado tienen sus cuentas en equilibrio y no reciben un solo peso del Tesoro para solventar sus gastos corrientes (pago de sueldos y demás gastos operativos).

Las 20 restantes, en cambio, demandarán este año unos $51.000 millones del Estado para este concepto, a los que deberán sumarse otros $38.000 millones para gastos de capital, es decir, para mantener o ampliar su infraestructura. Así, las transferencias totales del Tesoro totalizarán este año casi $90.000 millones. Las empresas que mayores transferencias del Tesoro demandarán son, previsiblemente, las que tienen tarifas subsidiadas por el Estado: ferrocarriles y Enarsa.

El caso más significativo es el de los ferrocarriles (de carga y de pasajeros); este año el Estado les transferirá 28,3 mil millones de pesos para afrontar sus gastos corrientes, un 18% más que el año pasado.

En cambio, Enarsa muestra un declive sostenido desde 2015: merced al aumento en las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno, en 2018 demandará $10.000 millones para sus gastos corrientes. En 2015 esa cifra era de $27.145 millones.

El resto de las empresas en rojo muestra un desempeño dispar. Las más comprometidas, señala el informe de Jefatura de Gabinete, son YCRT, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con 2463 empleados, demandará este año $3436 millones del Tesoro; Télam, con 893 agentes, insumirá otros $812 millones, mientras que RTA, con 2668 trabajadores, percibirá $2777 millones. En el Gobierno sacan las cuentas. "Cada empleado le cuesta al Estado un promedio de un millón de pesos anuales. Esto es inviable", sentencian.

En el caso de RTA, su titular, Hernán Lombardi, comenzó un plan de ahorro que contempla, por ahora, reducción de horas extras, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Como anticipó LA NACION el mes pasado, la dirección de la empresa dispuso no aumentar los sueldos del personal este año atento a que, según se esgrimió, los sueldos de la TV Pública se encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.

Repunte

Por el contrario, hay empresas públicas que otrora implicaron fuertes pérdidas para el Estado y que en los últimos dos años mejoraron sustantivamente su desempeño, destacan en la Casa Rosada. Son los casos de Aerolíneas Argentinas y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Respecto de la línea aérea estatal, el año pasado por primera vez cumplió su presupuesto de $3000 millones y no requirió subsidios extras del Estado; el año próximo las transferencias del Tesoro se reducirán a casi la mitad: $1800 millones. El presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua, anticipó que aspira a alcanzar el "déficit cero" en 2019.

El caso de AySA también es motivo de elogios en el Gobierno: en 2015 insumió unos $3000 millones del Tesoro para afrontar sus gastos corrientes; en 2018 esa cifra se reducirá a solo 24 millones.

Eso sí, la empresa de aguas continúa demandando del Estado nacional fuertes erogaciones de capital para obras de infraestructura (ampliación de la red de agua potable y cloacas) por lo que el rojo será de $13.656 millones al final del ejercicio.

En Jefatura de Gabinete son optimistas. "En diciembre de 2015 el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas reinaba la corrupción", indican.

Esta situación, sostienen en el Gobierno, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. Pero la evolución entusiasma a los funcionarios nacionales que tienen su mirada puesta en el déficit presupuestario: dolo dos empresas tuvieron superávit operativo en 2015. En 2016 ya fueron siete y la idea es que la mayoría tenga déficit cero en pocos años más. Esa es la expectativa de la administración nacional.

Denuncian a funcionarios del ministerio de Defensa por irregularidades en la Campaña Antártica

Por Alejandro Alfie - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción investiga el direccionamiento en la licitación de un rompehielos, dos helicópteros y un barco polar. Denuncian a funcionarios del ministerio de Defensa por irregularidades en la Campaña Antártica

El rompehielos Almirante Irízar y el aviso Estrecho de San Carlos, en las Orcadas. El buque recién volvió a hacer la campaña antártica este año.

La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia judicial por "negociaciones incompatibles con la función pública" contra el hoy director de Sanidad de la Armada, comodoro Marcelo Cristian Tarapow, y ex funcionarios del actual gobierno, por un intento de direccionamiento en la licitación de la Campaña Antártica Verano 2016/2017, que tenía un presupuesto de $ 552 millones. "Surgen de esta profusa investigación importantes hallazgos que evidencian un accionar carente de parcialidad, en el que se habrían insertado intereses particulares, en miras a favorecer a la firma Trade Baires International SA, dañando con ello la imagen y el prestigio de la administración pública", sostuvo en su denuncia judicial la Oficina Anticorrupción (OA).

El comodoro acusado por la Oficina Anticorrupción es hermano de Guillermo Tarapow, quien estaba a cargo del rompehielos Irízar cuando ocurrió el incendio devastador, hace poco más de 10 años.

El trámite de la licitación había empezado en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa estaba ocupado por el actual senador riojano Julio Martínez (UCR). El plan era contratar un buque polar, un rompehielos y dos "helicópteros pesados navalizados", para lo cual se habían presentado cuatro empresas oferentes. Sin embargo, no se hizo la contratación, porque tres proveedores no cumplían con todos los requisitos establecidos por Tarapow en el pliego de licitación y el cuarto oferente, que era Trade Baires, pretendía cobrar un 51% más que lo presupuestado.

En la denuncia, la OA planteó que Tarapow generó las condiciones técnicas en el trámite de la licitación para que Trade Baires sea el único proveedor en condiciones de cumplir con las especificaciones requeridas. Es que en los pliegos elaborados por Tarapow se estableció que el Estado iba a elegir a la empresa que pudiera proveer los elementos en forma "total, en bloque y a un mismo oferente". Además, se pedía que el buque polar tuviera una "cubierta de vuelo y hangar por diseño", algo que sólo cumplía el buque Vasiliy Golovnin, de Trade Baires.

De hecho, pese a que esa empresa ofertó en la licitación por US$ 30,7 millones, que era un 51% más de la previsión presupuestaria, Tarapow propuso aceptar la propuesta, "ponderando su cumplimiento desde el punto estrictamente técnico y desestimando las restantes ofertas". Fue luego la Comisión Evaluadora de Contrataciones del Ministerio de Defensa la que desestimó todas las ofertas, incluidas la de Trade Baires, por el excesivo monto ofertado en la licitación.

La Oficina Anticorrupción se preguntó "cuáles han sido los argumentos brindados por el comodoro de marina Tarapow a fin de requerir la contratación" conjunta y en bloque. Además planteó que debió "fundar debidamente" ese requisito. Y lo acusó, directamente: "¿O será que tras el velo de esta solicitud se escondió un solapado interés en beneficiar a Trade Baires International, firma que dispone, a diferencia de otros proveedores (oferentes), tanto de un Buque Polar (Vasiliy Golovnin) como de un Rompehielos?".

La denuncia de la OA, también mencionó que a todo eso "debe sumarse su vinculación previa con la firma de mención y el Buque Polar Vasiliy Golovnin, ya que había sido el encargado de dirigir la Campaña Antártica de Verano 2015/2016, empresa que se concretó a través de la utilización de dicha embarcación".

Consultados por Clarín, desde la Armada intentaron deslindar responsabilidades y señalaron que "si bien la Armada cede personal y medios navales para la campaña antártica, el Comando operacional del Estado Mayor conjunto del ministerio de Defensa es el responsable de la planificación, conducción y logística de las campañas antárticas". Además, aseguraron que "esa licitación se cayó por costos excesivos de las ofertas y la Campaña Antártica Verano se hizo con medios de la Armada". 

El organismo que dirige Laura Alonso aseguró que, más allá de la caída de la licitación, el delito se habría cometido al intentar direccionar esa licitación. Y también pidió investigar a ex funcionarios del Ministerio de Defensa, como Walter Ceballos, que en ese entonces era secretario de Servicios Logísticos del Ministerio de Defensa, ya que encabezó una misión paralela para realizar una contratación directa con una empresa sudafricana que participaba en esa licitación.

Fue tal el escándalo que se generó en su momento con esta licitación, que el Gobierno realizó la Campaña Antártica Verano 2016/2017 con medios propios, sin rompehielos ni buque polar, por la mitad del precio que se había establecido en la licitación original. Para ello usó barcos propios y tres aviones Hércules.

En cambio, este año el Gobierno puso en el mar al rompehielos Irízar, que en 2007 se incendió y recién volvió a ponerse en funcionamiento en la Campaña Antártica Verano 2017/2018, que arrancó en diciembre del año pasado.

Revelan un negociado de De Vido con escuelas técnicas a través de Vialidad

LPO - El organismo se presentó en la Justicia luego de una auditoría interna que detectó el desvío de fondos a la UTN.

Julio de Vido quedó envuelto en otro negociado luego de una denuncia sobre el desvío de fondos durante la gestión kirchnerista de Vialidad Nacional a escuelas técnicas.

Las nuevas autoridades de Vialidad, el organismo encargado de hacer rutas, detectaron que la gestión anterior se tomó la atribución de tener planta docente, lo que tiene prohibido por ley, puesto que eso es competencia del ministerio de educación. A través de este mecanismo, en Vialidad estiman que se desviaron 200 millones de pesos.

Después de una investigación interna de más de dos años, el 1º de febrero Vialidad presentó una denuncia -a la que accedió LPO- sobre la presunta creación de un andamiaje y estructura al interior del organismo para el desembolso de pagos irregulares, con dudoso destino y sin una rendición de cuentas adecuada, mediante el funcionamiento de cinco escuelas técnicas y de la Coordinación General de Distritos que era dirigida por Rodolfo Villa, funcionario que respondía a De Vido.

De esta investigación, según fuentes del Gobierno, se destapó la creación irregular de una planta transitoria docente y la utilización de estas escuelas técnicas para el desvío de fondos mediante la Universidad Tecnológica Nacional. De Vido está preso por una causa de desvío de fondos de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Ycrt) a través de convenios con la UTN.

Al respecto, se han identificado irregularidades en la celebración de convenios con UTN en perjuicio de los intereses de Vialidad; la creación de una estructura académica de formación desproporcionada con los fines asignados a Vialidad, con pagos en salarios que superan los cincuenta millones anuales en el pago de horas cátedra.

Por otro lado, se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo.

Esta auditoría interna señala además en su informe la falta de criterio normativo uniforme para regir la relación laboral existente entre las Plantas Transitorias Educativas y Vialidad; la omisión de llamado a concursos públicos y abiertos para la designación del personal docente de las plantas transitorias educativas y la falta de protocolos adicionales que regulen el procedimiento de designación del personal docente y no docente de las plantas transitorias educativas.

Se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo 

Al mismo tiempo, se cuestionaron las aprobaciones de estas plantas en forma extemporánea, y la carencia de actos administrativos de designación para los últimos períodos, así como la incompatibilidad por desempeño simultáneo entre un cargo de estructura orgánica de Vialidad respecto de un cargo de conducción de la escuelas técnicas de Vialidad.

También se detectaron gastos de "Articulación" y "Coordinación" sin especificar en las facturas los conceptos incluidos y sin acto administrativo previo que respalde esos gastos.

Además de Rodolfo Villa, quienes aparecen en la denuncia son José Luis Pugliese, supervisor de Formación Técnico Profesional de la Coordinación General de Distritos; Alfredo López, supervisor de los establecimientos educativos y enlace con la UTN; Leandro Sverdlik como Jefe del 1° Distrito; Manuel Keumurudji, subgerente de Asuntos Jurídicos y Jorge Medina, Coordinador General de Escuelas de Vialidad.

También se denunció al grupo directivo de la anterior gestión de la UTN, quienes en conjunto con funcionarios internos a Vialidad llevaron adelante las actividades.

Tras esta investigación, en el Gobierno explicaron a LPO que la nueva gestión de Vialidad buscó sacar de la ilegalidad a las escuelas técnicas y para ello impulsó un acuerdo con la nueva gestión del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, a los fines de tomar intervención sobre el proyecto de educación técnica del organismo y garantizar su correcto y legal funcionamiento. Por lo tanto, la UTN se encargará de la administración de la gestión académica de las Escuelas Técnicas con una "propuesta innovadora".

Antes de la desaparición del ARA San Juan, la Armada quería renovar la flota de submarinos

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

Un informe "secreto" al que accedió Infobae, revela las intenciones de la fuerza de adquirir nuevos sumergibles por el mal estado general de los buques criollos.

La desaparición del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, el 15 de noviembre de 2017, sorprendió a la Armada Argentina en medio de un debate interno para renovar la flota de submarinos.

Tres documentos incorporados por la propia Armada a la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, revela la intención de contar con cinco sumergibles de "sexta generación" por el mal estado general de los sumergibles criollos. Se trata de papers rotulados con el sello de "SECRETO" fechados en el mes de abril y junio de los años 2016 y 2017.

Además de describir los aspectos técnicos de los buques de guerra disponibles en el mercado (el más votado fue el alemán 209/1400), el "COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS" volcó en papel la descarnada situación de la flota actual a la que calificó en "estado de obsolescencia".

Entre los argumentos principales para la adquisición de los modernos submarinos, se afirma que esa es la única manera de cumplir con las metas pautadas históricamente para esa fuerza por la DEMIL que significa "Directiva Estratégica Militar", y que en tiempo de paz parecen excesivas, pero que internamente es evidente que se siguen proyectando:

– Desgastar a las fuerzas navales y/o tráfico marino del oponente.

– Ataques a fuerzas navales.

– Operaciones de minado.

– Obtención de información.

– Operaciones de ataque con misiles tácticos a objetivos terrestres, entre otras acciones.

Desconocimiento oficial. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se mostró sorprendido cuando Infobae lo consultó sobre el proyecto que desde hacía dos años venía elaborando el comando de submarinos para la adquisición de cinco nuevos submarinos, los objetivos que aducían en la documentación para sostener la propuesta, y las quejas internas, y volcadas en las actas "secretas", sobre el fallido reequipamiento de las Fuerza Armadas, denominado "PLANCAMIL" (Plan de Capacidades Militares), anunciado en 2011 por Arturo Puricelli, el entonces ministro del área de Cristina Kirchner y que quedó solo en palabras.

Sobre estos temas, Aguad le dijo a Infobae: "Dentro del ministerio de Defensa, o del Estado Mayor Conjunto, en los años 2016-2017 no hay ningún estudio de esa naturaleza. Puede que en la Armada alguien haya hecho eso. Lo desconozco. Ha habido un plan de equipamiento, para las Fuerzas Armadas, ese plan aún existe, pero sobre el plan que me consulta (por la adquisición de submarinos de sexta generación) no solamente no tengo conocimiento, sino que no se conversó de eso. No tengo otra información".

Durante el diálogo telefónico con este medio, Aguad estaba en el norte de nuestro país supervisando el despliegue que realiza el Ejército Argentino en la provincia de Salta azotada por las inundaciones. Esa fuerza militar desplegó, junto a la Cruz Roja, tiendas de campaña con víveres y atención sanitaria. También estaba instalando un puente portátil para unir ciudades aisladas por el desborde del Río Pilcomayo.

La última imagen: dos meses antes de partir a Ushuaia toda la tripulación se sacó una foto arriba del ARA San Juan. Fue el 1º de agosto de este año.

En el mismo documento que el ministro Aguad asegura que la Armada Argentina, por entonces a cargo del almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, no elevó a Defensa, y elaborado en el 30 de abril de 2017, en el punto 9 el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, brindó detalles sobre las "obras pendientes" en el ARA San Juan.

Las "falencias" que detalla son las siguientes: los sonares tienen "ruido eléctrico"; "el sistema hidráulico tiene pérdidas"; hay "filtraciones en el tanque de combustible"; "está pendiente verificar el ruido en la línea de eje"; entre otras. Sobre este punto, el comandante -y uno de los 44 tripulantes desaparecidos- informa que sólo es posible repararlo en "dique seco".

El informe recuerda que era imprescindible "tramitar la imperiosa entrada a dique seco del ARA San Juan durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad, dado que lleva en la actualidad 39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente que, de acuerdo con el manual del fabricante, debería ser cada 18 meses".

Como reveló Infobae, esa era la razón por la cual el sumergible no podía navegar a una profundidad mayor de 100 metros ya que a mayor distancia no estaba certificada su "estanqueidad". "La no renovación de los submarinos existentes implica la pérdida gradual de capacidades únicas de combate y disuasivas de la Armada Argentina", se describe en los documentos.

En el punto 11 del mismo documento titulado: "Estudio de Comando Mayor del COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS. Submarinos de 6ta. Generación" el capitán de navío Claudio Javier Villamide -en la actualidad en disponibilidad preventiva- se queja porque el Plan de Capacidades Militares anunciado durante el gobierno de Cristina Kirchner "era bastante ambicioso", pero que "no pudo cumplirse".

Como ejemplos sostiene que el PLANCAMIL "hablaba de mantener, reparar los actuales submarinos, y recuperar un submarino más, que era el San Luis, ampliar otro submarino, que era el Santa Fe, y comprar cinco submarinos más además de un buque de apoyo de submarinos (un Buque Madres)".

Flota Argentina

El tema de la adquisición de cinco nuevos sumergibles no era sencillo y tenía sus complicaciones. Así queda demostrado en la proliferación de documentos oficiales que analiza la jueza Yañez.

La magistrada ya solicitó la participación de peritos extranjeros para tener una mirada lo más imparcial posible sobre los inconvenientes técnicos con los que el ARA San Juan fue autorizado a navegar. Sucede que hasta en estos papers, donde el tema principal es la compra de nuevos buques de guerra, las deficiencias del sumergible desaparecido, quedó patentizado.

Bajo el subtítulo de "Análisis del problema", un segundo documento, está fechado en junio de 2017, esto es cinco meses antes de la desaparición del ARA San Juan, se destaca que "en la actualidad la fuerza de submarinos cuenta con tres submarinos; dos de los cuales se encuentran en estado operativo: El submarino ARA Salta, perteneciente a la cuarta generación de submarinos, el cual ha superado ampliamente su vida útil (…)".

En el párrafo siguiente el documento aborda una vez más la situación del sumergible siniestrado. "El ARA San Juan incorporado en 1985, junto con el submarino ARA Santa Cruz, pertenecen a la quinta generación de submarinos".

Allí se describe que el San Juan tuvo su reparación de media vida, que se cortó el casco para el "recambio de los motores diésel y el recambio de los elementos de batería (utilizándose en este caso el replacado de las mismas)", es decir que no se las cambió por otras nuevas.

Sobre el ARA Santa Cruz, los marinos recuerdan que se encuentra en el complejo CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino), que depende de Presidencia de la Nación, "realizando reparaciones mayores y cambio de baterías".

Submarinos de sexta generación.

El documento al que Infobae accedió de manera exclusiva, y que está firmado por el ahora ex Comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, y por el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Aníbal Alonso, recuerda que "en las anteriores oportunidades que la Armada enfrentó el mismo problema, incorporación/reemplazo de submarinos, lo resolvió comprando submarinos nuevos en tres oportunidades y comprando submarinos usados en dos oportunidades, disponibles luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial".

También reconoce que "en la actualidad no existe abundancia de ofertas de submarinos por Armadas que se encuentren desafectando unidades". Por esta cuestión el abordaje de los marinos argentinos estuvo centrado los submarinos de sexta generación nuevos disponibles en el mercado.

Algunos de los evaluados fueron:

–Submarino Clase Scorpene, de origen francés, y que es utilizado, entre otras marinas por la chilena, la india, la Marina Real de Malasia y la de Brasil. Esta última, aclara el documento, ya solicitó cuatro submarinos Scorpene de propulsión diésel-eléctricos los cuales "están siendo construidos por una empresa conjunta formada por la francesa DCNS y la compañía brasileña Odebrecht", la misma del escándalo de los sobornos.

-El Submarino Clase 214. De propulsión diésel-eléctrica "se ha convertido en un éxito de ventas para la industria de submarinos alemana", refuerza el documento, y destaca que marinas como la de Grecia, Corea del Sur y Portugal los cuentan entre sus filas.

–Submarino Tipo 209. Fue el más votado por el Consejo Asesor del Arma Submarina y por ende la clase de buque que la Armada recomienda incorporar. Entre sus virtudes, según los oficiales que lo propusieron, este submarino de sexta generación es "convencional de ataque diésel/eléctricos, desarrollado por un consorcio alemán y a pesar de no ser operado por la Marina de dicho país, ha sido un éxito de exportación". La Armada de Turquía es el mayor consumidor de ese buque y "el primer usuario fue la Armada de Grecia". El informe también destaca que el submarino más votado por la armada de nuestro país "tiene capacidad para llevar 14 torpedos" y la tripulación que puede llevar a bordo "es de entre 30 y 36 hombres".

La desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes, en primer lugar, interrumpió las disquisiciones de la Marina para la compra de nuevos sumergibles; pero también agravó el estado de una flota ya diezmada y en "estado de obsolescencia", tal la definición que la Armada hace de ella.

Comentario: Del informe se desprende, la ausencia de coherencia, decisión y control entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. Parecería que los ministerios públicos son un mazo de naipes para repartir los porotos ganados en un partido de "truco" -un juego en que las mentiras es parte del mismo juego...pero en donde existe la ausencia de patriotismo, firmeza y caridad con el prójimo -los miembros de las FFAA-. 

El Gobierno prepara nuevos recortes y muchos funcionarios temen por sus puestos

Por Silvia Mercado - Infobae.com - smercado@infobae.com
Se viene un ajuste en la planta política y nadie tiene seguro si sigue, cómo y con qué sueldo. Por suerte para la mesa chica, volvió Jaime Durán Barba a Buenos Aires.

Marcos Peña reunió el miércoles por la noche a parte de su equipo en la casa de uno de ellos. Estaban inquietos. Les aseguró que solo van a dar las batallas necesarias y no crearán conflictos para fortalecerse en el poder. Reconoció que las cosas no estaban saliendo como habían querido, pero insistió con que el rumbo es el correcto. Y los tranquilizó con lo que más les preocupaba, porque les dijo que no existe ninguna posibilidad de que pierdan las elecciones en el 2019. Como siempre, logró sedarlos.

El Gobierno pasa por un momento especialmente difícil. Está obligado a hacer un ajuste en medio de una fuerte caída de imagen y con una macroeconomía que está muy lejos de provocar noticias positivas en la vida cotidiana, ese espacio imposible de manipular por cualquier relato, porque se trata de la realidad más pura, la que mide qué se podía pagar el año pasado a esta altura y qué se puede pagar ahora.

Desde Mauricio Macri para abajo, las principales espadas creían que este momento de ajuste se daría en un contexto más optimista de la economía y sin incertidumbres, pero los pronósticos no anduvieron y todavía no tienen demasiado en claro por qué. "Utilizaron remedios para bajar la inflación que ya fracasaron en otras etapas porque están negados a las enseñanzas de la historia económica argentina", explicó un economista que los quiere.

"No pegan una, pusieron los aumentos en febrero, porque hay gran cantidad de variables que dan negativo en esta época, pero la dinámica inflacionaria es tan alta, que superará todas las expectativas", analizó una experta en precios al consumidor.

Esa sensación de que todo les cuesta más que a cualquier otro gobierno es el sentimiento que domina entre los funcionarios. Por otro lado, el principal ajuste tiene que hacerse adentro mismo de la administración. No con los ñoquis que no van a trabajar o cumplen funciones irrelevantes solamente para cobrar un sueldo, ya que el esfuerzo de probar sus incumplimientos es ciclópeo, sino con la propia tropa. En el caso del equipo del jefe de Gabinete, gente que viene trabajando para la comunicación de Mauricio Macri hace años y hoy no saben exactamente dónde seguirán, ni cómo, tampoco cuánto ganarán.

La Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Jorge Grecco, tiene tres subsecretarías: Contenidos de Difusión, que tiene al frente a Ezequiel Colombo, el funcionario que concentra el diseño de las campañas de publicidad; Vínculo Ciudadano, conducida por Julieta Goldman, es una oficina clave desde donde se dirige la estrategia en redes sociales de todo el Gobierno; y Comunicación Pública estaba a cargo de "Juano" Gentile, que falleció el año pasado y significó una gran pérdida para el equipo de comunicación del PRO.  Gustavo Gómez Repetto lo reemplazaría, y de hecho está a cargo de la función, pero aún no salió su nombramiento.

Por el ajuste general, se eliminarían esas tres subsecretarías. Y esos tres funcionarios, claves para la comunicación del Gobierno, no saben si sus funciones serán eliminadas, o agrupadas en otras áreas, o simplemente quedarán como asesores externos, sin responsabilidad administrativa. "En principio quedan todos, pero (los cambios) están en proceso", dijo un funcionario del área, que también desmintió que hubiera cualquier tipo de malestar. Sin embargo, Infobae pudo constatar desorden y desconcierto entre los principales cuadros político-técnicos del oficialismo.

"Están bebiendo de su propia medicina", dijo un Secretario que sabe que su "raviol" en la estructura desaparecerá cuando se publique en el Boletín Oficial el nuevo organigrama del Gobierno. Es que el achique de la planta política de la administración fue ordenada por la propia Jefatura de Gabinete que, en un principio, no había mostrado sus recortes. Pero, obviamente, está obligada a dar el ejemplo, así que la sangría está resultando dolorosa e incómoda porque, en general, se trata de profesionales que vienen acompañando al PRO desde hace muchos años.

Es el caso de otro funcionario, actualmente director nacional, recordó que en la primer reunión de Gabinete ampliado, Macri hizo levantar a los que venían de la actividad privada al Gobierno. "A mí me molestó, resulta que los que apostamos al servicio público, ganando poco y corriendo riesgos, ya no valíamos nada y nos tuvimos que someter a imposiciones de gente que no tiene ninguna experiencia en gestionar ni sabe de qué se trata el Estado, y tampoco conoce la cultura del PRO", se quejó amargamente, mientras imprimía su Currílum Vitae, con ganas de renunciar. "Era obvio que las cosas no iban a salir bien", concluyó.

Para tranquilidad de los estrategas del PRO, Jaime Durán Barba volvió a la Argentina, y con otro triunfo en la cocarda, la victoria del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a quien asesora desde el último trimestre del año pasado para la consulta popular de siete preguntas, donde obtuvo una contundente victoria contra las posiciones de su ex padrino político, Rafael Correa, con porcentajes que llegaron a 70% contra 30% . "Soy macrista-leninista", contestó el consultor cuando un periodista le preguntó su ideología y no mintió. Además de trabajar para el argentino, cuando hizo esas declaraciones ya había sido contratado por su viejo amigo de la juventud, cuando era militante trotskista.

Durán Barba logró que su cliente gane el domingo 4, se quedó dos días más en Quito y el miércoles ya estaba en Buenos Aires, donde se esperaba ansiosamente su llegada. Salvo con Macri, tiene previsto verse en pocos días con todos los accionistas del PRO, a quienes conoce hace más de diez años y para los que trabaja en forma exclusiva en la Argentina, es decir, para ningún otro funcionario o candidato, aunque sea parte de Cambiemos. Almorzó el jueves con Peña, tenía previsto verse el viernes con Horacio Rodríguez Larreta y se supone que durante el fin de semana largo con María Eugenia Vidal. 

"La caída de imagen no nos preocupa, pero sí nos ocupa", dijo a Infobae un miembro de la mesa chiquita del oficialismo. Y aunque nadie quiere anticiparlo, circulan rumores de un cambio en la estrategia de comunicación del Gobierno, que se plasmaría en la disolución de las áreas de Vinculación Ciudadana (redes sociales, que solo estarían focalizadas en el Presidente) y la dedicación a un esfuerzo "explicativo" de las políticas ante líderes de opinión del que, en líneas generales, siempre se renegó durante los ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Optimista, agregó que "no había otra manera de hacer lo que se hizo y el Presidente demostró que no tiene problemas en invertir su propio capital político para hacer lo que hay que hacer". El problema es si alcanza con el ajuste realizado hasta ahora en un contexto de volatilidad financiera global que podría desatarse en cualquier momento. Para ese escenario no hay respuesta.

Disputas comerciales e internas palaciegas aún traban el acuerdo político Mercosur-Unión Europea

Por Román Lejtman - Infobae.com

Mauricio Macri y Angela Merkel presionan a los negociadores de ambos bloques regionales, pero el debate por los cuotas de exportación se transformó en una partida de ajedrez con final abierto

Foto: Mauricio Macri y Angela Merkel durante la última cumbre del G20 en Hamburgo (EFE)

La carne vacuna, la leche, la propiedad intelectual y las internas palaciegas conspiran contra la intención de Mauricio Macri y Ángela Merkel de anunciar en las próximas semanas un acuerdo político entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente argentino y la canciller alemana presionan a los negociadores de ambos bloques para llegar a la futura Cumbre del Mercosur con una declaración diplomática que demuestre que hay consenso político, pero el debate por los cuotas de exportación entre los eventuales socios comerciales se transformó en una partida de ajedrez con final abierto.

La próxima cumbre del Mercosur se hará en Asunción y la situación política es tan incierta que aún no se confirmó que los delegados de la UE volarán desde Bruselas a la capital de Paraguay para finiquitar las diferencias que preocupan al presidente Macri y a la canciller Merkel.

A los negociadores argentinos no les importa el volumen definitivo de carne vacuna que pueda exportarse desde el Mercosur. En Buenos Aires se apuesta al acuerdo con Europa como un hito institucional que tiene suficiente poder para multiplicar la inversión extranjera directa en la región. Una vaca más, una vaca menos, no hace ni mú en la Casa Rosada.

Pero en Uruguay y Paraguay, con mercados expansivos en la industria agropecuaria, las cuotas de exportación son importantes al momento de aceptar las propuestas de la UE. Montevideo está preocupado por la producción lechera y Asunción por la competencia en ciertos cortes vacunos.

Brasil tiene una posición bifronte. Su nomenclatura diplomática, refugiada en el Palacio Itamaraty, juega con el tiempo y se mueve con medida parsimonia. En cambio, la clase política que cuenta las horas para las elecciones presidenciales, suma presión y pretende que haya un anuncio histórico en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.

Al otro lado del Océano Atlántico, los intereses comerciales y políticos se asemejan a un complejo rompecabezas con piezas bien definidas. Italia, España, Alemania y Portugal apuestan al acuerdo bilateral, mientras que Francia, Polonia e Irlanda emiten mensajes contradictorios y dilatan el cierre final del acuerdo político. Emmanuel Macron le dio su palabra a Macri, pero con el presidente francés los significados no siempre coinciden con los significantes, y en Bruselas no abundan los libros de semiología.

Los hackeos aumentaron un 700% en Argentina y el gobierno aceleró el comando de ciberseguridad

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Entre 2017 hubo más de 3 millones de ataques cibernéticos al Estado y el sector privado; los detalles del plan de ciberseguridad y ciberdefensa

Los números son escalofriantes y despertaron una alerta en el gobierno: según datos oficiales, entre el 2016 y 2017 los hackeos detectados y procesados en la Argentina aumentaron un 700%.

Con este diagnóstico, que avanza sobre todos los estamentos del Estado y del sector privado, el presidente Mauricio Macri tomó la determinación de darle mayor celeridad y fondos al megaproyecto para la creación de un comando de ciberseguridad en conexión con el escudo de ciberdefensa de la órbita militar.

Un paper reservado del Ministerio de Modernización al que accedió Infobae revela en detalle el incremento de los hackeos en las Argentina: en el 2015 se registraron 2.252; en el 2016 un total de 422.672 y el año pasado la cifra creció 3.131.268 incidentes informáticos registrados tanto en el Estado como en las empresas. Pero hay muchos más, ya que estos apenas son los que se pudieron advertir o denunciar.

"La guerra cibernética nos atraviesa a todos en el Estado y cada vez es más peligrosa porque en lo inmediato puede repercutir en la vida de la gente, por ejemplo con la caída del sistema de una central eléctrica o con el ataque a un banco central", graficó un funcionario de la Casa Rosada abocado al tema.

Según la empresa norteamericana Fortinet que se dedica a crear programas de firewall (cortafuegos) cibernéticos en todo el mundo, en Latinoamérica hubo un creciente interés de los cibercriminales en relación al resto del mundo, siendo Argentina, Brasil y México los países con más ataques detectados por año en toda la región con valores promedio cercanos a los 10 ataques detectados por año por empresa/organización.

Así, los directivos de Fortinet expusieron ante Infobae que "las empresas en Argentina informan significativamente más ataques de todas las clases que en otros países de la región. Los ataques de inyección SQL se reportan más que en cualquier otro país y son los segundos en frecuencia después del phishing, el tipo de ataque más común".

En términos de inversión en ciberseguridad, Argentina está por encima del promedio de América Latina, según datos de Fortinet. El mercado de inversiones en ciberseguridad en Argentina es de 109 millones de dólares y ha crecido un 8% en 2017 con respecto al año anterior.  Pero aun no parece ser inversión suficiente. Si bien el 80% de los entrevistados en un estudio que hizo Fortinet informan que invierten el 20% o menos de su presupuesto de tecnología en seguridad, cerca del 40% ha aumentado sus inversiones en ciberseguridad el último año.

Mario Montoto, director de la revista DEF, mencionó en Infobae parafaseando a Leon Panetta, el ex titular de la CIA de Obama, que la guerra cibernética es "el próximo Pearl Harbor" al que nos enfrentemos. Además, Montoto destacó que ante un escenario amenazante se exige la máxima atención de las autoridades civiles y la total disponibilidad de los máximos responsables del Ministerio de Defensa, así como el involucramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado.

Durante el kirchnerismo se subestimó la cuestión. Sólo hubo intentos soslayados de armar una superestructura de ciberdefensa que no tuvo mucho alcance, menos aún presupuesto adecuado.

La gestión de Macri entendió en el 2016 que esta era una cuestión importante. Pero desde el año pasado y con los números de ataques cibernéticos en mano se aceleró todo el proceso para armar un esquema de ciberdefensa para el área militar y otra estructura de ciberseguridad que estará comandada por el ministro de Modernización Andrés Ibarra y tendrá bajo su órbita a la Agencia Federal de Inteligencia, la Cancillería y los Ministerio de Seguridad y de Justicia.

¿Qué se hizo hasta ahora desde el gobierno y qué se busca potenciar?

En el paper reservado del Ministerio de Modernización que accedió este medio se destaca que más allá del Comité de Ciberseguridad aprobado por el decreto 577/2017 se empezó a trabajar en una estrategia nacional con la colaboración del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA.

La estrategia diseñada hacia el presente y el futuro inmediato contempla los siguientes ejes:

Infraestructuras Críticas: para avanzar en la protección de las infraestructuras críticas nacionales, junto a personal de los Ministerios de Defensa y Seguridad y de la Fundación Sadosky se armó un plan de acción de "alto nivel para su protección". Así, se realizó una primara identificación de los organismos reguladores en la esfera nacional y se analizaron las experiencias de países más avanzados en la materia, como EEUU, Israel y la Unión Europea.

Capacitación: hay en marcha tanto en la Administración Publica Nacional como así también en Provincias y Municipios un programa de capacitación técnica para frenar ciberataques.

Programa Nacional de Infraestructuras Críticas: según el paper de Modernización hasta ahora hubo 6 entidades que se adhirieron a este plan y se encuentran en proceso varias organizaciones más, alcanzándose un total de 94 miembros entre organizaciones públicas y empresas privadas.

Gestión de Incidentes de Seguridad: el CERT Nacional procesó eventos y detectó y colaboró en la resolución incidentes de seguridad.

Escaneo de Vulnerabilidades: se analizaron las condiciones de seguridad de 470 sitios WEB de organismos públicos y privados, encontrando y alertando sobre vulnerabilidades.

Asistencia a otros organismos: el comité de ciberseguridad elaboró un plan de recomendaciones aplicables para optimizar la seguridad del Datacenter de ARSAT y la implementación del Datacenter del Ministerio de Modernización en la calle Perú.

Causas judiciales: hubo un intercambio de información con los jueces que llevan adelante causas judiciales de ciberataque.

Celulares: hay en marcha un programa especial del gobierno para generar un escudo cibernético de seguridad informática en las comunicaciones móviles de los funcionarios.  Este es un sistema similar al que usa Brasil donde los funcionarios tienen un esquema encriptado de mensajería.

Todo este trabajo del comando de ciberseguridad se está articulando con los gobiernos provinciales. Para esto, se les pidió a los gobernadores que respondan un cuestionario de relevamiento y en el desarrollo de un Formulario General para las Áreas de Seguridad.

Además, actualmente se están poniendo en marcha una plataforma de escaneo; un framework de pentesting colaborativo; un sistema GIS para mapeo de Infraestructuras Críticas; una red de detección de amenazas; un manual de buenas prácticas para el desarrollo seguro con una metodología para Estándares de Seguridad.

Desde la Cancillería aseguraron a Infobae que ya hubo trabajos de asesoramiento en ciberataques de Estados Unidos, Croacia, Italia, Corea del Sur, Chile, la Unión Europea y Gran Bretaña.

En paralelo a todo esto, desde el Ministerio de Defensa se aceleraron los procesos para darle mayor consistencia al Comado de Ciberdefensa.

"Los ataques cibernéticos son las guerras actuales y hay que actuar en consecuencia. Tenemos que avanzar rápido en evitar vulnerabilidades", dijo a Infobae un allegado al ministro Oscar Aguad.

En este "actuar rápido" que plantea Defensa hay un desafío inminente que tiene la Argentina en materia de ciberdefensa: la cumbre de presidentes del G20 que se realizará en noviembre en Buenos Aires y las 30 reuniones previas de ministros y secretarios de Estado. Para esto, el Ministerio de Defensa puso en marcha un comando unificado de ciberdefensa que se coordina con el Estado Mayor Conjunto.

Según fuentes calificadas del Ministerio de Defensa este plan contempla la inversión fuerte que se hizo en equipos y programas Firewall. A la vez, se piensa en sumar personal capacitado no sólo del área de defensa sino también del sector privado.

La tarea que lleva adelante este comando de ciberdefensa es la de protección de unidades militares sensibles, sitios vulnerables como centrales nucleares o hidroeléctricas y la creación de todo un sistema destinado a interactuar con el Ministerio de Modernización, la AFI y Seguridad.

Para la cumbre del G20 ya se dispuso la compra de tres radares de INVAP que estarán situados en lugares estratégicos de Buenos Aires en conexión con un barco de la Armada de uso múltiple de radarización que se usó en el 2016 cuando Obama visitó la Argentina.