Buscan al submarino San Juan: la Armada confirmó que no fue encontrado, como trascendió (II)

(Clarin.com) - El navío habría sufrido un desperfecto técnico el miércoles por la mañana. Hay 37 personas a bordo.

Buscan al submarino San Juan: la Armada confirmó que no fue encontrado, como trascendió

El submarino ARA San Juan habría perdido contacto con base naval durante más de 36 horas. /Ministerio de Defensa

Un operativo de rescate dispuesto por el Comando Naval de Tránsito Marino intentaba localizar desde anoche a un submarino argentino con el que perdió contacto desde el miércoles.

El navío "ARA San Juan", que realizaba ejercicios de vigilancia en la zona económica exclusiva, a la altura de Puerto Madryn, habría sufrido hace más de 36 horas una falla y posterior incendio en el banco de baterías, el sistema que almacena la energía eléctrica abordo. Ese sería el motivo por el cual se interrumpió el contacto entre la tripulación del mismo (37 personas, entre ellas ocho oficiales) y la Base Naval de Puerto Belgrano.

“No se encontró al submarino”, afirmó el vocero de la Armada Enrique Balbi en medio de versiones que decían que ya estaba ubicado y siendo transportado a un puerto.

Las declaraciones del portavoz rompieron el hermetismo que se mantuvo desde anoche, cuando transcendió la noticia. “La última comunicación fue el miércoles”, dijo y aseguró que se desplegó un plan de búsqueda del submarino. “La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica”, expresó Balbi. “Aún no tenemos comunicación”, sostuvo.

Las declaraciones del portavoz rompieron el hermetismo que se mantuvo desde anoche, cuando trascendió la noticia. “La última comunicación fue el miércoles”, dijo y aseguró que se desplegó un plan de búsqueda del submarino. “La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica”, expresó Balbi. “Aún no tenemos comunicación”, sostuvo.

Para lograr detectar la ubicación de la nave se dispuso un procedimiento de búsqueda y rescate que cuenta con la participación de dos corbetas y una avioneta del ejército para rastrear la zona.

Los puntos centrales del acuerdo fiscal que Macri firmó con las provincias

Según la agencia Telam, el documento firmado este jueves por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores de todas las provincias, excepto San Luis, incluye entre sus temas principales el consenso de las provincias para bajar impuestos distorsivos; el pacto por el Fondo del Conurbano; y el compromiso de desistir sobre los juicios contra el gobierno nacional.

Los gobernadores de todas las provincias, excepto San Luis, firmaron este mediodía junto al presidente Mauricio Macri el acuerdo fiscal. 

El texto explicita compromisos comunes, del Estado nacional y de las provincias. Tras la firma,

el acuerdo será elevado en un plazo de 30 días por los Ejecutivos provinciales a las Legislaturas de cada distrito para la aprobación, “la modificación de las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal n”, según indica el texto. Además, queda abierto a San Luis, la única provincia no firrmante, para que se adhiera.

Los puntos centrales

- Impuestos distorsivos: las provincias se comprometieron a bajar Ingresos Brutos y Sellos por 1,5% del PBI en los próximos 5 años.

- Ley de Responsabilidad Fiscal: las provincias se comprometen a aprobar el proyecto de modicación

de la norma, enviado por el Ejecutivo al Congreso, y adherir al régimena antes del 18 de junio de 2018.

- Juicios contra el Estado: todas las provincias, menos San Luis, desistirán de los juicios contra el Gobierno (340.000 millones las provincias y 400.000 millones de la provincia de Buenos Aires por Fondo del Conurbano). Se abstendrán “de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de

competencias, servicios o funciones, por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”.

- Fondo del Conurbano: se compensa a Buenos Aires “por la eliminación de la asignación especíca

contemplada en el inciso b del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La compensación será administrada por la provincia, se destinará a obras públicas y programas sociales del conurbano. Contempla "40 millones en 2018, y 65 millones en 2019 para la provincia".

- Régimen previsional: se impulsa la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria para que las prestaciones “se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”;  busca garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil y eliminar las jubilaciones de privilegio.

- Cajas previsionales provinciales no transferidas: el Gobierno se comprometió a financiar los déficit.

- Compensaciones a provincias: será a través de transferencias diarias y automáticas, “con un monto equivalente a la disminución de los recursos que resulten de la eliminación del artículo de la Ley del Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque”. Se coparticipará el impuesto por el revalúo impositivo, y "lo recaudado por el impuesto al cheque irá en su totalidad al Anses".

- Responsabilidad fiscal en los municipios: las provincias se comprometieron a "aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios a cada una de las jurisdicciones". También a establecer un régimen legal de de coparticipación de recursos provinciales con los municipios. Por último, promover la adecuación de las tasas municipales y crear una base en la que consten esas tasas.

- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo con las valuaciones de mercado.

Cómo es el submarino ARA San Juan

Por Fernando Morales - Infobae.com - La nave es de origen alemán y se incorporó a la Armada Argentina en 1985. En 2014 fue reparada.

La Argentina cuenta con fuerza de submarinos desde 1933, cuando llegaron las primeras unidades de origen italiano. Desde esa fecha y hasta el presente el asiento de las naves está en la base naval de Mar del Plata, donde también funciona la escuela de esa especialidad. Hoy el país cuenta con tres unidades: el ARA Salta, ARA Santa Cruz y el ARA San Juan.

El San Juan, que es intensamente buscado desde anoche, es alemán y se incorporó a la Armada Argentina en 1985. Tiene 66 metros de eslora (largo), desarrolla una velocidad de 25 nudos en inmersión y está configurado como submarino de ataque. Por otra parte, tiene una dotación es de 8 oficiales y 29 suboficiales y entre su tripulación se encuentra la primera oficial submarinista de la Armada Argentina.

En 2014 esta unidad completó en el complejo industrial CINAR del Ministerio de Defensa su reparación de media vida, durante la cual fue literalmente "partido al medio" y, entre otras tareas mayores, se procedió al recambio de la totalidad de sus casi 1000 baterías propulsoras.

Su propulsión es Diesel Eléctrica y cuando se encuentra en superficie su motor impulsa un generador eléctrico que carga los distintos bancos de baterías con los que se propulsa la nave cuando navega en la profundidad.

Actualmente, junto a otros componentes de la Armada, realiza tareas de patrullaje marítimo en defensa del patrimonio marítimo nacional, en especial el control de la pesca ilegal.

La Argentina cuenta con una fábrica de submarinos, el astillero Almirante Storni, que fue construido durante la última dictadura militar. Allí se llegó a avanzar en la construcción de una unidad que fue discontinuada una vez recuperada la democracia. Si bien sucesivas gestiones en el Ministerio de Defensa han intentado retomar las tareas, por razones presupuestarias no fue posible.

Cabe resaltar que dos unidades participaron de la guerra de Malvinas: uno es el San Luis, actualmente fuera de servicio, y el Santa Fe, que fue hundido por su tripulación para que no cayera en poder del enemigo.

7 sectores quedarán exentos del impuesto a los Ingresos Brutos en 4 años

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com
Lo acordó el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Bajará intensamente en los servicios de electricidad, gas y agua y transporte, y para la industria papelera

El Presidente logró el consenso de 23 de los 24 gobernadores para desarmar una maraña de impuestos distorsivos de los costos de las empresas y de las familias.

El gradualismo es el camino que ha elegido el Gobierno de Cambiemos para comenzar a transitar el camino hacia la "normalidad" del sistema tributario, donde se eliminen los cargos en cascada que terminan desalentando tanto a productores de bienes y servicios, como al conjunto de las familias, para financiar exageradas estructuras en la hacienda pública nacional, provincial y municipal.

La tarea de alcanzar un consenso previo con la casi total de los gobernadores que asegure un rápido tratamiento legislativo no fue sencilla, porque el cobro de Ingresos Brutos representa el principal recurso propio de las provincias; y prescindir de él implicará caer en un abultado déficit fiscal, si no se encara un equivalente "ajuste" del gasto total.

De ahí el esquema elegido por el Ministerio de Hacienda, en acuerdo con el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, de una rebaja gradual, para que el efecto positivo esperado de la medida sobre el crecimiento de la economía ayude a lograr el objetivo final.

 Sobre 16 grandes ramas de actividad gravadas, en cinco años tributarán una decena. Los mayores recortes recaerán sobre los servicios públicos de electricidad, gas, y agua; y el transporte público de pasajeros

CÓMO ES EL CRONOGRAMA DE REBAJAS

* Agricultura y ganadería; Pesca; y Explotación de Minas y Canteras: Parten de una alícuota de 1,5% en 2018; se reduce a 0,75% en 2019% y quedarán exentas desde 2020;

* Industria manufacturera, excluida la papelera: Pasará de 2% en 2018; a 1,5% en 2019, y recortará otro 0,5 puntos porcentuiales en 2020 y 2021, hasta quedar exento en 2022;

* Industria papelera: Tendrá un ritmo de poda de un punto porcentual por año, desde 7% inicial, hasta estabilizarse en 3% en 2022;

* Electricidad, gas y agua: Quedará eximido del gravamen en un quinquenio. Partirá de una baja en 2019 de 1,25 puntos porcentuales, desde 5% actual, que se repetirá en los dos años siguientes. Para los consumos residenciales el cargo actual es de 4 por ciento;

* Construcción: Mantendrá una alícuota de 3% en 2018, y disminuirá por única vez medio punto porcentual en 2019, para luego quedar estable en 2% desde 2020;

* Comercio y reparaciones: Hoy no tiene tope, y tendrá un máximo de 5% desde 2019;

* Hoteles y restaurantes: Recortará del 5% inicial en 2018 a 4,5% en 2019; y quedará fija en 4% a partir de 2020;

* Transporte: Parte de 3% en 2018, y disminuirá a 2% en 2019; 1% en 2020, y exento en adelante;

* Comunicaciones, excluida telefonía celular: Desde un 5% inicial en 2018, recortará un punto en 2019 y otro en 2020, para quedar fijo en 3% desde 2021;

* Telefonía celular: Parte de 7% actual, y disminuirá a ritmo de 0,5 puntos porcentuales por año hasta 2022, donde se estabilizará en 5 pp;

* Servicios financieros: Actualmente no tiene tope; se fija en un máximo de 7% en 2019, y recortará un punto en 2020 y 2021, para quedar desde ese año en 5 pp;

* Créditos hipotecarios: Seguirán exentos;

* Inmobiliarias y servicios empresariales y alquiler: Tendrá un tope de 6% en 2018; y recortará 1 pp en 2019 y 2020, momento a partir del que quedará fija en 4 pp;

* Servicios Sociales y de Salud: Arrancará de 5% en 2018, y se reducirá a ritmo de 0,22 pp por año, hasta quedar estable en 4% en 2022.

Además, los gobernadores acordaron "eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien, conocido como "aduanas interiores".

 “Los gobernadores acordaron “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien”

También se comprometieron a "desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con sectores mineros o hidrocarburíferos y sus servicios complementarios"; así como "los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior del país".

Aclara el pacto fiscal que "no están alcanzados por topes del impuesto a los Ingresos Brutos las actividad relacionados con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas, ni la venta. No podrán incrementarse las alícuotas vigentes al 30 de ocubre de 2017 para las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, incluidas las de refinería con expendio al público, las cuales quedarán exceptuadas del cumplimiento del cronograma de alícuotas máximas".

Analizarán la posibilidad de realizar una "autopista navegable" alternativa al Paraná

Por Gabriela Origlia - LA NACION

El gobierno nacional firmó un acuerdo con los Países Bajos para estudiar la obra; el objetivo es unir zonas productivas con el puerto.

Analizarán un estudio para una "autopista navegable" para el Paraná. Foto: Archivo

CÓRDOBA.- El gobierno nacional analizará la posibilidad de hacer una "autopista navegable" alternativa al Paraná para lo cual firmó un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el Ministerio de Infraestructura y Gestión Hídrica de los Países Bajos. Los resultados estarán en nueve meses.

Desde Recursos Hídricos explicaron a LA NACION que sería una hidrovía mediterránea alternativa al Paraná que permita sacar la producción del centro del país por barcazas.

El objetivo del proyecto de "vías de navegación interior" -como se llama técnicamente el proyecto- es evaluar la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de la construcción de un canal adecuado para el transporte por vías de navegación interior. Busca la conexión entre zonas de gran producción agrícola en el centro del país y un puerto (a desarrollar o no) capaz de recibir embarcaciones de ultramar.

En el acuerdo también se establece la cooperación para el desarrollo de la caracterización del delta del Paraná y una propuesta de desarrollo que pretende definir el estado actual y evaluar sus posibilidades de que se genere un esquema de desarrollo sustentable de la región.

Firmado por la Argentina por el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, el convenio establece -en el caso de la "autopista navegable"- un estudio preliminar para identificar las zonas de producción sin acceso al transporte fluvial, la definición de alternativas del canal de navegación a ser excavado, la ubicación de puestos con conexión de ultramar y la de existentes y posibles nuevos.

Respecto de las actuales vías de transporte y flujo de mercancías deberá caracterizarse la red de rutas y ferrocarriles que se puedan interpretar como complemento de los canales de navegación (multimodal) o como alternativa competitiva, analizarse el flujo de mercancías, estudiarse la disponibilidad de agua y el régimen de inundaciones.

Ese estudio preliminar brindará la información necesaria para definir y analizar las distintas alternativas de las trazas. La segunda fase del proyecto pasará por el estudio de factibilidad y planificación.

En esa instancia, se avanzará sobre especificaciones técnicas necesarias tales como la selección de zonas de producción que serán atendidas y la salida óptima, la ubicación de trazas y geometrías para la vía de navegación interior (el área es la de los ríos Tercero, Carcarañá, Paraná y Salado), la evaluación de la correspondencia con los canales naturales o el diseño de sistemas independientes del drenaje natural y la navegación.

Entre las tareas a realizar también se incluyen la definición de embarcaciones (tipo y cantidad), los flujos mínimos y máximos del canal y los requisitos hídricos para la operación sustentable todo el año del sistema. Se deberán cuantificar las necesidades de transferencia hídrica en la cuenca fluvial. Los costos y beneficios serán estimados tanto para la vía de navegación interior como para los medios de transporte alternativos.

Rescataron a submarino ARA San Juan tras incidente en el sur y lo remolcan a Mar del Plata

(La Capital) - Se investiga un problema eléctrico que pudo haber causado un incendio dentro de la embarcación que tiene su apostadero en la Base Naval Mar del Plata

El submarino de ataque ARA San Juan, con apostadero en la Base Naval de Mar del Plata, se mantuvo por algunas horas desaparecido después de un serio incidente que puso en riesgo a su tripulación en la zona de Puerto Madryn.

De acuerdo a información del Comando Naval de Tránsito Marino, en horas de la tarde se reportó el inicio del operativo de búsqueda y rescate tras confirmarse un severo desperfecto en la línea de baterías que provocó un corte de energía general en la nave. Esto, a su vez, habría originado un incendio que afectó al submarino pero no a su tripulación.

La última posición registrada era la del día 15 de noviembre a las 07:30 en latitud 46° 44′ sur y longitud 59° 54 Oeste, a la altura de Puerto Madryn.

Fuentes oficiales aseguraron que en horas de la noche el sumergible fue localizado y ya está en pleno traslado a la Base Naval Mar del Plata.

El ARA San Juan es uno de los tres submarinos de Argentina y fue construido en 1985 en Alemania. Está dentro del Area Naval Atlántica y tiene 66 metros de eslora, 7,50 metros de manga y su característica es convencional, diesel eléctrico.

Este año se le habían realizado reparaciones de media vida y luego fue entregado al Comando de la Fuerza de Submarino para entrar operativo 100% al servicio.

Llegaron miles de metros de rieles y durmientes para la reactivación del tren a La Quiaca

Así informa la agencia Telam, el material se utilizará para la reconstrucción de las vías en la Quebrada de Humahuaca, como primera etapa del proyecto de recuperación del tren de pasajeros entre San Salvador de Jujuy y la ciudad fronteriza.

La provincia de Jujuy recibió 60.000 durmientes de quebracho y más de 86 kilómetros de rieles para la reconstrucción de las vías en la Quebrada de Humahuaca, como primera etapa del proyecto de recuperación del tren de pasajeros entre San Salvador de Jujuy y la ciudad fronteriza de La Quiaca.

El proyecto lleva acopiados hasta la fecha 38.592 metros lineales de rieles, que cubren el total de la traza a recuperar entre las localidades de Volcán y Purmamarca, según informó la Unidad Provincial Tren Jujuy -La Quiaca (Uept). Los 60.000 durmientes de quebracho y 86.400 metros de rieles de 100 libras servirán para avanzar en la ejecución de los primeros 40 kilómetros de vías, lo que representa "un importante adelanto", señalaron voceros de la entidad.

En ese sentido detallaron que los rieles fueron cedidos por la estación de Baradero (72.400mtrs) y la de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro (14.000m), en tanto que los durmientes provienen de la provincia de Santa Fe: de la estación San Justo (3.719 unidades), estación Saralegui (21.433), estación San Cristóbal (19.320) y entre Baradero y San Pedro (15.528).

Reformas, también en las FF.AA.

Por  Martín Balza - Clarín.com

Recientemente ha trascendido que el Ministerio de Defensa dispondrá importantes reformas en un área por demás sensible y casi ignorada en el presente siglo. A priori, y sin conocimiento de ellas, las considero impostergables. Las Fuerzas Armadas existen en razón del derecho y la obligación ineludible del Estado de garantizar la defensa de la sociedad organizada.

Nuestro país debe fortalecer su capacidad de negociación, lo que impone contar con fuerzas militares de tal magnitud, eficiencia, profesionalidad y motivación, que den respuesta real a la natural demanda de sus habitantes, y cuya capacidad de disuasión le permita alcanzar los objetivos nacionales y políticos ansiados por el pueblo.

Los Estados, por más amantes de la paz que se declaren, no deben soslayar desafíos ni amenazas. Eso constituiría una omisión infantil e injustificable. No implica en absoluto incursionar en una carrera armamentista, sino avanzar hacia un impostergable reequipamiento, congelado a principios del actual milenio. Solo se pretende rescatar el concepto del “…derecho inmanente de legítima defensa”, proclamado en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

En tal sentido, me permito recordar lo que el Ejército realizó en la década de los `90: una restructuración autoimpuesta que significó un cambio de pautas culturales, libre de todo condicionamiento político e ideológico. Apreciamos entonces que el mundo de Posguerra Fría ya no sería bipolar, estructurado y previsible, sino unipolar en lo militar, incierto, colmado de conflictos y desafíos, unos visibles y otros latentes que impondrían actuar con sentido predictivo sobre la misión, el dimensionamiento, la estructura, el despliegue y la capacidad operativa y logística de la Fuerza.

Avanzamos en el respeto a las instituciones republicanas y los derechos humanos; en un sistema educativo basado en la búsqueda de la máxima excelencia; en el logro de un mando por objetivos compartidos; en el servicio militar voluntario; en la activa participación en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas; en la integración con los ejércitos de los países vecinos; en una impostergable actualización doctrinaria e incrementamos la participación de la mujer.

No se descuidó la significativa incorporación de armamento, material y tecnología avanzada. Lo expresado está consignado en la Memoria del Ejército Argentino 1992-1999, Primera y Segunda Parte (Un Ejército hacia el siglo XXI).

El siglo finalizó con una década ganada para el Ejército. Esta modernización fue concebida por un excelente equipo de generales y ejecutada por entusiastas oficiales y suboficiales; estos últimos constituyen la columna vertebral de toda fuerza armada. Se eliminó toda parálisis por análisis.

En los trabajos se respetó la sentencia de Manuel Davenport y James Stockdale: “La profesión militar carece de máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas”.

Una de las deudas pendientes--por incomprensión de gran parte de la dirigencia política--fue no capitalizar debidamente las experiencias del Conflicto del Atlántico Sur, donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea libraron--operativa y logísticamente-cada una su propia guerra; excepto en contadas ocasiones en el marco táctico en las Islas.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incompetentes mandos superiores en el continente olvidaron que el accionar conjunto -para el que no estábamos preparados- es parte y todo del éxito en el combate.

El desafío a enfrentar por las autoridades actuales, incluido el Poder Legislativo, no es menor, pues coexisten viejas y nuevas amenazas. En el área de Seguridad: el desborde del terrorismo internacional, el narcotráfico, el resurgimiento de fobias étnicas , las mafias, las agresiones al medio ambiente, las descontroladas migraciones masivas, las apetencias territoriales y la posibilidad del acceso a las armas químicas y bacteriológicas .

En el área de Defensa: la explotación de los recursos de mar y los vacíos geopolíticos. En nuestro caso, la Patagonia con el 30% de la superficie del país y solo el 5% de los habitantes, y un litoral marítimo de más de 5 mil Km de costas. Ambas, joyas de materias primas desprotegidas y vulnerables.

El Estado debe ejercer el uso legítimo de la fuerza acorde con el orden jurídico vigente: la ley 23554 de Defensa Nacional y la ley 24059 de Seguridad Interior. La situación actual en nuestro país no impone vulnerar el principio de empleo escalonado de la violencia legítima. Afectar el instrumento militar en el marco interno sería prematuro, innecesario, desmoralizador e inconducente.

En buena hora las decisiones del Gobierno actual sean consecuencia de una acertada apreciación de situación de Estrategia Nacional que adopte disposiciones contra-aleatorias y priorice los principios de Unidad de Comando y Economía de Fuerzas.

En una primera fase, aprecio imprescindible potenciar las atribuciones del Estado Mayor Conjunto, el redespliegue, el dimensionamiento y un realista reequipamiento del Instrumento Militar. La prevención es paradigma de acción y, para una visión pragmática, es preferible ser criticado por prevenir mediante una disuasión creíble que ser elogiado por privilegiar la vulnerabilidad y la indefensión.

Martín Balza es ex jefe del Ejército y ex embajador en Colombia y en Costa Rica. Veterano de Guerra de Malvinas.

Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaría

(Clarin.com) - Fue tras una intervención de la seccional 1a. de La Plata. Había 14 mil horas adicionales que no se podían justificar.

En septiembre hallaron 600 mil pesos en una caja fuerte dentro de la comisaría 1a. de La Plata.

Si se toma en cuenta que el básico de la hora Polad (Policía Adicional) se paga 89 pesos, que una investigación de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense haya constatado que en la Comisaría 1a. de La Plata se cobraban 14.000 horas que no se hacían, entonces se puede hablar de una caja negra mensual de 1.246.000 pesos en esa seccional.

Según confiaron fuentes de la causa a Clarín, ahora se buscará determinar las responsabilidades pertinentes pero también conocer cómo era el sistema recaudador y qué otros actores se veían beneficiado con ese dinero negro.

Como ejemplo de esto, las fuentes graficaron: “El fin de semana pasado desvalijaron la zona de juegos de un hospital infantil donde debía haber policías haciendo adicionales para custodiar el lugar y no estaban. Tampoco se denunció eso”.

Durante la auditoria se constató que los policías no iban a cumplir los adicionales, o iba menos cantidad de la facturada; y también se encontraron planillas con firmas truchas; explicaron las fuentes.

La investigación comenzó cuando un equipo de Asuntos Internos realizó el 1 de septiembre una inspección durante 24 horas a la Comisaría 1a., ubicada en calle 53 entre 9 y 10 de La Plata.

En esa dependencia se encontraron 600 mil pesos en una caja de seguridad. El comisario Pablo Fernando Orgoñez, jefe de la seccional, dijo en ese momento que ese dinero era para pagar horas Polad, pero eso no pudo ser justificado.

A raíz de esto, Asuntos Internos desafectó a nueve policías y los denunció ante el fiscal Marcelo Martini y el juez Guillermo Atencio. La gravedad de la situación, que se repetía por tercera vez, ameritó la intervención de la comisaría y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, designó al comisario inspector Javier Martínez y su equipo en ese lugar.

Fue tras esa intervención a la comisaría 1a. de La Plata que se determinó que allí “había 14.000 horas Polad que no tenían sostén”, informaron y agregaron que están en vías de devolver las horas sobrefacturadas.

Los 600.000 mil pesos hallados en la caja fuerte de la comisaría 1° de La Plata.

Es más, tras la investigación, "se terminó de bancarizar el cien por ciento de las horas Polad de la comisaría primera platense", precisaron desde el ministerio de Seguridad Bonaerense.

En tanto, el hasta ahora interventor, Martínez, asumirá como Jefe Departamental en San Vicente y la Comisaría 1a en cuestión quedará a cargo de su segundo Rubén Cañete.

Un inédito espectáculo de negociación política

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

El peronismo no lo dirá nunca, pero llegó a dos conclusiones. La primera es que necesitará de un largo tiempo para construir un liderazgo, del que carece, y un programa nuevo si no quiere atarse a los perdidosos paradigmas de Cristina Kirchner . La otra conclusión es una asignatura pendiente: demostrar que puede convivir con un gobierno no peronista sin complicarlo a este ni condenarlo a un final prematuro. 

Al revés de lo que muchos temían (que los recientes resultados electorales lo convirtieran en insufriblemente soberbio), el Gobierno aceptó que las victorias parlamentarias son una cosa y otra la aritmética parlamentaria. Si Mauricio Macri quiere hacer reformas en la política argentina (económicas, sociales e institucionales), debe admitir que necesita la complicidad del peronismo y de los sindicatos. Casi todas las reformas que propuso requieren la aprobación del Congreso, donde el oficialismo sólo conquistó una minoría más robusta.

Esas necesidades mutuas han creado un clima de meganegociaciones en el universo político, en el que oficialismo y oposición están conversando permanentemente. Hablan no sólo los políticos, sino también los técnicos. Del gobierno nacional, de cada una de las gobernaciones provinciales y de los distintos bloques parlamentarios. El objetivo es llegar a la firma de un acuerdo durante la jornada de mañana. Según referentes opositores y oficialistas, es probable que se firme un acuerdo global entre el gobierno federal y las provincias argentinas, aunque algunos temas podrían ser apartados para seguir con las conversaciones. No será un Pacto de la Moncloa (que respondió a otro contexto histórico y a otra realidad nacional), pero no es menos significativo que la política argentina esté hablando y sus protagonistas acepten las reglas de cualquier negociación: todos deben ceder algo.

Desde 1983, el diálogo entre los principales dirigentes políticos argentinos fue sólo una excepción y no la regla de la convivencia. Una excepción fue la especial relación que tejieron, entre 1987 y fines de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín y el jefe del peronismo renovador, Antonio Cafiero. Otra vez Alfonsín, ya como líder opositor, volvió a protagonizar un período de acuerdo con el entonces presidente Carlos Menem por la reforma de la Constitución de 1994. El resto de un tiempo que abarca casi 34 años fue de duros enfrentamientos entre los distintos gobiernos y sus opositores. El período más aislacionista fue, sin duda, el de los Kirchner, que usaron el argumento de que todos los opositores representaban la "vieja política" para no hablar con nadie y gobernar a su antojo. No es una novedad menor, entonces, el actual espectáculo de una vasta negociación.

El aspecto más fácil de las conversaciones actuales es el que se refiere a temas institucionales. La reforma de la ley del Ministerio Público fue el primer acuerdo entre el oficialismo y gran parte de los senadores peronistas. La percepción de que esa ley saldría con el acuerdo del peronismo es lo que empujó la renuncia de Alejandra Gils Carbó, una funcionaria sólo defendida por el núcleo duro del kirchnerismo. Falta ahora que el Gobierno proponga a su sucesor (o sucesora). 

El peronismo recibiría como un gesto de reconocimiento a su aptitud negociadora si el postulado fuera el constitucionalista Alberto García Lema, un jurista de extracción peronista, pero respetado por casi todos los partidos que importan. García Lema se ha propuesto, si llegara al cargo de jefe de los fiscales, dedicar su gestión a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Hay otros candidatos, como el juez Ricardo Recondo y varios fiscales de carrera. La aprobación del nuevo procurador necesitará, de todos modos, de la mayoría absoluta (37 votos) del Senado, si la reforma de la ley del Ministerio Público resulta aprobada por el Congreso. El Gobierno requerirá entre 12 y 15 votos más que los que tendrá en la Cámara alta. Necesitará, en fin, de algunos senadores peronistas.

La parte más complicada de la negociación es, como siempre, la que tiene que ver con el dinero. Sin embargo, todas las provincias (incluidas, sobre todo, las peronistas) destacaron la importancia de bajar el monumental déficit fiscal y frenar la inflación. Las conversaciones se complican cuando se llega a algunos impuestos que podrían afectar economías regionales. Es el caso de Tucumán con el impuesto a las bebidas azucaradas, que afectaría a su principal industria, la del azúcar, y a la producción de limones, también utilizados por las fábricas de gaseosas. Ese impuesto también es rechazado por provincias patagónicas productoras de manzanas y peras, que son materia prima de bebidas azucaradas. Cada impuesto nuevo o viejo que se toca tiene sus afectados. La mayoría de las provincias peronistas están reclamando una solución política al Fondo del Conurbano. Es decir, no quieren una solución judicial, que necesariamente resolverá hacia un lado u otro. 

El Gobierno encontró una fórmula para ir devolviéndole a Buenos Aires gradualmente un monto de 65.000 millones de pesos, que se alcanzaría en 2019. Es un monto enorme de dinero extra que el gobierno de María Eugenia Vidal utilizaría en obras de infraestructura, sobre todo en cloacas y agua corriente. La fórmula es neutra para el resto de las provincias, pero el peronismo no ignora la carga política potencial que tendría esa cantidad de dinero si fuera bien administrada. En rigor, Macri no le está haciendo ahora un favor a Vidal, sino a sí mismo. Si consiguiera mejor calidad de vida para el conurbano bonaerense, donde el 40 por ciento de sus habitantes son pobres, no sólo estaría haciendo una obra justa. También estaría sembrando la semilla de sus votos para la reelección en 2019. Al peronismo no lo desvela esa posibilidad; sabe que le será muy difícil encontrar un líder ganador y un proyecto nuevo para competir en las próximas presidenciales.

La línea roja del peronismo son los sindicatos. La buena relación con los gremios es lo único que gobernadores y legisladores peronistas no están dispuestos a perder. Los sindicatos están negociando con el Gobierno, aunque tienen reparos a algunas reformas fundamentales en las relaciones laborales. Nadie se explica por qué el Gobierno decidió enviar una ley de reforma laboral al Congreso y no se conformó con una negociación sector por sector con el sindicalismo. De todos modos, ninguna ley de reforma laboral pasará por el Congreso sin la aprobación previa de los gremios. Los sindicatos hacen duras declaraciones públicas, pero están negociando con más vocación que la que aparece. Esa es la novedad importante dentro de un clima de sucesivas y paralelas negociaciones.

Una parte del peronismo, al menos, estaría dispuesta a refrendar la nueva forma de liquidar los aumentos a los jubilados. Esa fórmula nueva tendría en cuenta la inflación y los aumentos se aplicarían cada tres meses, no cada seis, como ahora. Esa franja del peronismo entendió que la moratoria de Cristina Kirchner para los que no hicieron aportes (que duplicó el número de jubilados) no es sustentable en el tiempo sin una forma distinta de liquidar los aumentos. Aquella decisión de Cristina fue populista e injusta, porque terminó perjudicando a los que sí hicieron aportes. La última novedad es, entonces, que las negociaciones tienen la dosis de realismo de la que suele carecer la política argentina.

Afirman en Defensa que "no habrá espacio para dos fuerzas aéreas" (II)

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Aguad avanza en una reestructuración militar para "unificar recursos"

La Fuerza Aérea y la Armada se pelean por los aviones franceses que compró Macri. Foto: Archivo 

Sin tomar directamente partido por la Armada o por la Fuerza Aérea, en la disputa por los cinco aviones Super Étendard modernizados adquiridos recientemente a Francia, fuentes castrenses dejaron trascender que en el plan de reestructuración militar en la que viene trabajando el ministro de Defensa, Oscar Aguad , "no habrá espacio para dos Fuerzas Aéreas". Eso implica, según pudo saber LA NACION, que en los hechos todas las unidades aéreas que hoy pertenecen al Ejército y a la Armada pasarían a actuar bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas.

La polémica surgió a raíz de conocerse la insólita pelea que se desencadenó entre la Armada y la Fuerza Aérea a partir de la compra de los cinco cazabombarderos franceses, por 12,5 millones de euros (más US$ 2 millones que demandará el traslado), con la finalidad de fortalecer las condiciones de seguridad del espacio aéreo durante la cumbre del G-20, prevista para fines del año próximo en la Argentina.

"El objetivo será la unificación de recursos", se le escuchó decir al ministro Aguad, quien analizó con sus colaboradores la situación planteada a raíz de la incorporación de las aeronaves francesas, indicaron fuentes castrenses a este diario. Mientras el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, dejó trascender que los aviones le corresponden a su fuerza por "razones lógicas y estratégicas", el titular de la Armada considera que corresponde que las nuevas incorporaciones se sumen a la aviación naval, dado que la fuerza ya cuenta con otros nueve Super Étendard, hoy desactivados y fuera de circulación, pero sometidos a procesos de modernización. A diferencia de lo que ocurría durante la Guerra de Malvinas, cuando se utilizaron dichas aeronaves, hoy la Marina no cuenta con portaaviones.

La intención de Aguad es aprovechar el plan de reestructuración, que podría estar listo antes de fin de año, para unificar recursos y evitar superposiciones de gastos y estructuras militares.

"No tiene sentido que exista más de una Fuerza Aérea o más de una Armada, aunque eso no implica que una determinada fuerza maneje todo", deslizó una fuente castrense. En ese sentido, el plan de Aguad, cuyos lineamientos generales aún permanecen en reserva, es fortalecer las funciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que está llamado a coordinar las acciones operativas de las distintas fuerzas y que en los últimos años perdió protagonismo, a expensas de los jefes de cada arma.

"La disputa no tiene sentido. Todos tienen que trabajar en forma coordinada, sin sentirse desplazados", explicó una fuente castrense con acceso al ministro Aguad.

En rigor la posibilidad de que los aviones franceses se destinen finalmente a la Fuerza Aérea se robustece a partir de que operativamente, con vistas a la cumbre del G-20, sería más apropiado que estuvieran disponibles en una base aérea como la de El Palomar que en una más lejana como la de Puerto Belgrano.

La disputa entre la Armada y la Fuerza Aérea se da, particularmente, en un contexto en el que ambas fuerzas, al igual que el Ejército, enfrentan una crisis en su equipamiento militar.

Lo que no se explicó en los medios castrenses consultados por LA NACION es si la política de reestructuración y optimización de recursos se extenderá a la relación de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería y la Prefectura, que también tienen unidades aéreas y embarcaciones, que en algún sentido podrían superponerse con las acciones operativas de la Fuerza Aérea, del Ejército y la Armada.

La empresa Calidus con sede en los EAU revela nuevos aviones COIN

Por Gareth Jennings - IHS Jane's Defense Weekly

Calidus, con sede en Emiratos Arabes Unidos, ha revelado un nuevo avión turbohélice diseñado para la contrainsurgencia de ataque ligero (COIN).

Visto por primera vez en el Dubai Airshow, el Calidus B-250 desarrollado por los Emiratos Árabes Unidos es un avión COIN de ataque ligero provisto de un sensor EO / IR y siete puntos fuertes. (Rockwell Collins)

El B-250 de un solo motor, que fue presentado en el Dubai Airshow del 12 al 16 de noviembre, es un avión de doble asiento en tándem construido alrededor de la suite de aviónica Pro Line Fusion de Rockwell Collins. Calidus no había respondido a una solicitud de información adicional en el momento de la redacción, pero según los informes de los medios, la aeronave fue diseñada en conjunto con la empresa brasileña Novaer.

Las imágenes de la aeronave en exhibición estática en Dubai muestran que está equipado con una torreta sensora retráctil electro-óptica/infrarroja, y se aprovisiona con seis puntos de anclaje. Además del rol de COIN, el avión se presenta como adecuado para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); apoyo aéreo cercano (CAS); y entrenamiento para piloto avanzado.

Salen a remate inmuebles decomisados a narcos y tratantes de personas

Por  FLORENCIA LENDOIRO - Cronista.com

El Gobierno autorizó ayer a la AABE a subastar un hotel alojamiento, una whiskería y una estancia enajenados en juicios por actividades ilícitas

El hotel alojamiento Momentos, la Whiskería Roxi y la estancia "El Haragán", son algunas de las propiedades que ayer el gobierno autorizó a ser rematadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), todas provientes de una organización criminal vinculada con el narcotráfico, contrabando y trata de personas, que operaba en la frontera con Brasil y Paraguay, y con base en Paso de Los Libres. Los inmuebles integran un grupo de una docena de terrenos y construcciones que se dispusieron y enajenaron para subastarlos o derivarlos a otras dependencias que lo requieran.

La medida está incluida en el decreto 928 publicado ayer en el Boletín Oficial, y autoriza a la AABE a subastar inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, Santa Fe y Salta.

Según la Agencia, la venta de estos predios persigue como objetivo la puesta en valor de inmuebles y terrenos que se encuentran subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, para mejorar los entornos en los que están ubicados y dinamizar la economía, detalló el organismo oficial en un comunicado. "Desde la AABE trabajamos con el compromiso de administrar de la forma más óptima y eficiente el patrimonio de todos los argentinos. Estamos convencidos de que los inmuebles del Estado son una herramienta que permite generar valor en las comunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", agregó el titular de la entidad, Ramón Lanús.

Los inmuebles se subastarán a través del Banco Ciudad en un proceso público y abierto, y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley. Dentro de los organismos oficiales y jurisdicciones que solicitaron inmuebles o terrenos se encuentran el Banco Central, la Ciudad de Buenos Aires para relocalizar vecinos del Barrio 31, la Municipalidad de San Miguel y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el complejo judicial de Mercedes, entre otros.

La particularidad de este lote que se puso a disposición ayer, es los tres inmuebles ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de terrenos que fueron utilizados por una organización criminal vinculada con el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, que operaba en la triple frontera desde la Argentina.

Los inmuebles decomisados son la Estancia "El Haragán", ubicado en el km. 461,7 de la Ruta Nacional 14 (un predio de 14 hectáreas); el motel alojamiento "Momentos", ubicado en el km 7,5 de la Ruta Nacional 117 (con una superficie de 1050,00 m2) y la Whiskería Roxi, en la Ruta Nacional 117 km. 8 (de superficie de 1085,80 m2).

La Justicia Federal de Corrientes aseguró que la compra de estos tres inmuebles fue realizada con fondos ilícitos. La causa comenzó en 2011 y obtuvo sentencia firme en 2013 pero desde ese momento no se definió un destino concreto para las propiedades y comenzaron a deteriorarse.

En este caso, se indicó además que el 100% de los fondos que se consigan en las subastas será destinado a la UIF para mejorar la infraestructura del organismo y la calidad de trabajo de sus empleados.

La importancia estratégica del acuerdo con Chile

Por ROSENDO FRAGA Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría - Cronista.com

La intensidad y diversidad de acontecimientos políticos de los últimos días en Argentina, no han permitido valorar en su verdadera dimensión la importancia estratégica del tratado bilateral firmado con Chile a comienzos del mes. Es sin duda, el acuerdo más importante en la relación bilateral en los últimos tiempos.

El término estratégico, muchas veces es utilizado sin que se ajuste a su verdadero concepto, porque se lo utiliza para cuestiones que no tienen verdadera trascendencia, pero en este caso si corresponde.

El acercamiento a la Alianza del Pacífico, ha sido un objetivo central en la política exterior del Presidente Mauricio Macri. Pero esta relación, debe concretarse en términos bilaterales, ya que este grupo regional, a diferencia del Mercosur no firma acuerdos como tal.

Por esta razón, este acuerdo bilateral chileno-argentino, es el primer paso concreto del proclamado acercamiento argentino a la Alianza del Pacífico. Tanto México, que tiene iniciada la negociación de un acuerdo bilateral, como Perú, cuyo Presidente visitó Argentina a comienzos de noviembre, han advertido que se ha abierto un camino en la relación con Argentina, que tiene nuevos horizontes a partir del acuerdo con Chile.

Para dimensionarlo, puede decirse que se trata del acuerdo regional bilateral de Argentina, que junto con el firmado con Brasil el pasado mes de febrero, son dos hitos centrales no sólo en la relación bilateral con ambos países, sino que probablemente han sido los dos hechos concretos más relevantes en la política regional de la administración de Mauricio Macri.

En términos bilaterales, es el hecho que marcará la relación entre los dos países en el segundo gobierno de Michelle Bachelet que está finalizando y en la gestión de su Embajador en Buenos Aires, Luis Vieyra Gallo. A través de este acuerdo, los dos países se proponen ampliar y profundizar los acuerdos vigentes en lo comercial, en áreas diversas como inversiones, servicios, compras públicas, telecomunicaciones y comercio electrónico. También perfecciona las normas vigentes en materia sanitaria, fitosanitaria y aduanera.

Pero también se incorporan áreas nuevas en la relación bilateral, como trabajo, medio ambiente, género, cooperación y política de competencia. Avanza sobre el firmado en 2009 entre Chile y el Mercosur, porque se incorporan acuerdos nuevos para turismo, informática, servicios inmobiliarios y profesionales y telecomunicaciones. Esto implica para ambos países, dar un tratamiento no diferenciados para chilenos o argentinos, en las áreas mencionadas.

Se acordó un marco regulatorio común para la transferencia de datos electrónicos a través de la frontera, facilitando el comercio de este ámbito, que se prevé tendrá un gran desarrollo en el mundo y la región en los próximos años. Se acordó también el reconocimiento mutuo en el uso de firmas digitales.

Para Chile, este acuerdo es importante porque Argentina es su segundo socio comercial en la región y el sexto en el mundo, siendo el primero el país de la región con más tratados de libre comercio con el resto del mundo.

En el caso de Argentina, más allá de la afinidad histórica común y la proximidad geográfica, le permite dar un paso concreto en dirección a tener una estrategia común de relacionamiento con los países medianos, cuya importancia es creciente, no sólo porque es con quienes incrementa el comercio, con los que tiene una posibilidad real de negociar y porque cada vez ocupan un rol más importante como destino del las exportaciones, teniendo superávit con la mayoría de ello, frente al déficit que registra con los países grandes.

El acuerdo no implica haber alcanzado el último estadio de la relación bilateral, sino que debe ser interpretado como un paso trascendente en ella, del que vendrá más en el futuro, en la misma línea de ampliar y profundizar la relación.

Además, tiene lugar entre los dos bicentenarios históricos de la relación chileno-argentina, ya que el 12 de febrero se conmemoró el de la batalla de Chacabuco y el próximo 5 de abril, se hará lo mismo con el de la batalla de Maipú. Ambas son la manifestación más acabada de la cooperación entre ambos países desde sus inicios, gestada a partir de la sólida relación entre OHiggins y San Martín.

Por todas estas razones, a lo firmado entre Chile y Argentina a comienzos de diciembre, le cabe el concepto de estratégico.

Llegaron al país nuevos trenes para reforzar servicios en dos líneas

(Ambito.com) - Se trata de seis coches eléctricos que serán destinados a las líneas Mitre y Sarmiento.  Los utilizarán como unidades ante desperfectos técnicos que sufran los que actualmente están en funciones.

Se trata de seis coches eléctricos que serán destinados a las líneas Mitre y Sarmiento. Los utilizarán como unidades ante desperfectos técnicos que sufran los que actualmente están en funciones.

Seis nuevas formaciones de trenes eléctricos arribaron al país provenientes de China. Se trata de coches que serán destinados a las líneas Mitre y Sarmiento como unidades de refuerzo ante desperfectos técnicos. 

Desde el ministerio de Transporte anticiparon que los coches funcionarán como reemplazo ante cualquier desperfecto técnico o rotura que sufran los que actualmente están en funciones.

"Esta incorporación de coches nuevos de reemplazo forma parte de nuestro compromiso para mejorar la calidad del transporte público y que 1,5 millón de personas en el Área Metropolitana viajen cada día mejor", sostuvo el titular de la cartera de Transporte Guillermo Dietrich. En ese sentido, el funcionario señaló que "los nuevos coches permiten aumentar la capacidad de transporte y ofrecer un mejor servicio".

Los coches cuentan con 40 asientos, una zona destinada a bicicletas y una capacidad máxima de 227 pasajeros. El tren Sarmiento recibirá cuatro, mientras que el Mitre tendrá los 2 restantes.

En la actualidad, las líneas Mitre y Sarmiento cuentan con un parque de 405 coches eléctricos, que se alistan y reparan en los siete talleres de ambas líneas, ubicados en Victoria, José León Suárez, Haedo, Villa Luro, Castelar y Liniers. 

La línea Mitre traslada a diario 225 mil pasajeros y cuenta con tres ramales eléctricos que une Retiro con Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre. En total tiene 37 estaciones. Por su parte, la línea Sarmiento cuenta con un ramal eléctrico que une Once con Moreno, a lo largo de 16 estaciones, y traslada a diario a 200 mil pasajeros.

Indagarán a casi un centenar de intendentes por el desvío de fondos para tratar residuos

Por Javier Fuego Simondet - LA NACION

Se investiga el destino de unos $ 600 millones girados a los municipios; una auditoría detectó casos de recursos transferidos para obras que nunca se hicieron.

Claudio Bonadio tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos. Foto: Pablo Molina

Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

El foco de la investigación apunta hacia el papel que jugaron los jefes comunales. Según pudo saber LA NACION de una fuente judicial al tanto de la causa, "claramente, se están estudiando" estos llamados, para "una segunda tanda" de indagatorias.

Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo "saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas" en el plan de residuos, contó a LA NACION una fuente tribunalicia. Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. Foto: Archivo 

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió LA NACION, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos".

La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un "relevamiento del resto de los 194 expedientes".

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un "mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables"; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Río Gallegos es un foco de irregularidades. Según pudo conocer LA NACION de fuentes al tanto de la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos "no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos" y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero la plata se transfirió.

El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, declaró el 18 de octubre. Foto: Archivo / Ricardo Darin

En Quilmes, personal de la Sigen constató, con una visita el 4 de febrero, que no se construyó una planta de separación y clasificación de residuos urbanos prevista con fondos del programa. "El director del proyecto adjuntó una declaración jurada manifestando que los fondos entregados [$ 10.588.780] no habían sido utilizados", se apuntó en la causa.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los "responsables" de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.

En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.

Una auditoría del Ministerio de Ambiente sobre los municipios chaqueños incluidos en el plan concluyó que no se justificaron "los criterios técnicos y valorativos para otorgar más de $ 173 millones [el mayor gasto del programa] a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional". En el caso del municipio chaqueño de Santa Sylvina, "se hace mención al reciclado de residuos patológicos, que son controlados por otra legislación", dice el informe.

El 30 de octubre declaró Abal Medina, jefe de Gabinete entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos.

Aníbal Fernández, investigado en la causa por su segundo período como jefe de Gabinete, que comenzó en febrero de 2015, declaró el 18 de octubre. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades.

Entre las deficiencias relevadas en el expediente están las del municipio bonaerense de General Belgrano. Una visita de personal de la Sigen constató que "la disposición final de los residuos sólidos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación".

Protagonistas del expediente

Juan Manuel Abal Medina, ex Jefe de Gabinete: Declaró en indagatoria el 30 de octubre. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos del programa

Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete: Declaró el 18 de octubre en esta causa, ante el juez Claudio Bonadio. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades en el plan

Andrés Meiszner, ex Jefe de Gabinete de Asesores: Su indagatoria fue el 24 de octubre. El ex director del Renar fue uno de los cuatro jefes de asesores de Ambiente convocados por el juez

Jorge Capitanich, ex Jefe de Gabinete: Presentó un escrito en su indagatoria del 1º de noviembre. Responsabilizó a los intendentes que recibían los fondos por el manejo del dinero

Juan José Mussi, ex Secretario de Ambiente: Declaró el 27 de octubre por escrito. Antes había sido intendente del partido de Berazategui

Claudio Bonadio, Juez Federal: El titular del Juzgado Federal Nº 11 tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos. El fiscal es Carlos Rívolo

PRO quiere construir base naval para frenar temores fueguinos

Por Mariano Casal  - Ambito.com

El legislador Gastón Roma propone diversificar la matriz económica de la provincia ante la desactivación, por reforma tributaria, de cuestionados impuestos internos a celulares y otros productos.

Propuesta. El diputado Gastón Roma empuja un proyecto para diversificar la matriz económica de Tierra del Fuego.

El PRO buscará mañana empujar un proyecto para bajar la tensión que genera en fueguinos la reforma tributaria, que contempla una baja de los -cuestionados- impuestos internos a celulares, televisores, monitores y otros productos similares, columna vertebral económica de la provincia.

La iniciativa del diputado Gastón Roma establece, como primer punto, declarar de interés nacional la construcción de una Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico Internacional. "Sirve para diversificar la matriz económica de la provincia y, de esa manera, no estar monopolizados por dos o tres rubros", señaló el diputado a Ámbito Financiero.

Roma además dio como ejemplos a Australia, Nueva Zelanda y Chile, quienes potenciaron ciencia, tecnología y logística a través del desarrollo de las bases. El legislador destacó a este diario que "la Argentina tiene una configuración bicontinental y Tierra del Fuego es el extremo sur más importante para esa vinculación con la Antártida", y detalló: "El presidente lo quiere, está en su línea de lo que hay que hacer con desarrollo para dar servicio o a otros países".

"Para poder transformar la 'base Petrel' en un Polo Logístico Internacional Antártico, es prioritario acondicionar alojamientos para el personal científico y militar argentino que se encuentra en tránsito hacia la Antártida, siendo muy importante contar con las instalaciones necesarias para la guarda de material científico, respuestas que puedan ser utilizados para embarcaciones y otros necesarios para la reparación de las bases Antárticas Argentinas. No obstante a ello, este tipo de servicios pueden ofrecerse a terceros países que realicen actividades antárticas, como así también a empresas privadas", resalta Roma en los fundamentos de su proyecto.

Con respecto al financiamiento, el legislador del PRO manifestó meses atrás a la agencia Télam que el costo total de la obra rondaría los "400 millones de dólares que se financiarían a través de capitales privados, nacionales o extranjeros, que según lo estipula la iniciativa intervendrían a través de una licitación según prevé el régimen de Participación Público Privada y no le generaría erogación alguna al Estado hasta finalizada la construcción, con una amortización a 30 años".

La obra activaría para el diputado 1.500 puestos de trabajo directo, unos 20.000 indirectos y un ingreso de u$s80 millones anuales sólo por la tasa portuaria. Además, estimó que se generarían ingresos por "la regulación pesquera, cuyas exportaciones actuales representan unos u$s1.500 millones, pero podrían duplicarse".

En el séptimo artículo, el proyecto deja en claro que "el Ministerio de Defensa de la Nación será el órgano de aplicación y, en consecuencia, tomará a su cargo todo lo concerniente a la elección de financiamiento, llamado a licitación o concurso nacional o internacional, estudio de pre-factibilidad y factibilidad, proyecto, contratación, ejecución, fiscalización, recepción y puesta en servicio de las obras".

Citación

Bajo la intención de sellar un acuerdo, la comisión de Defensa de Diputados, que preside la legisladora cristinista Nilda Garré, citó para mañana al ministro de Defensa, Oscar Aguad; a la gobernadora de Tierra del Fuego; la exkirchnerista Rosana Bertone; al intendente de la ciudad de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto, para disertar sobre la iniciativa en cuestión.

También fueron convocados el secretario de asuntos relativos a Antártida, Islas Malvinas y Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes de Tierra del Fuego, Jorge López; el secretario de Planificación Estratégica Ordenamiento Territorial y Hábitat de esa provincia, Olaf Jovanovich; y el director del Centro Austral de Investigaciones Científicas del distrito; Gustavo Ferreyra, entre otros.

Analizan mudar el Banco Central a un terreno en Retiro

(Ambito.com) -  Se trata de terrenos ubicados en CABA, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

A través del decreto 928/2017 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha manifestado la "necesidad de contar con un inmueble a efectos de construir una sede única para el Organismo" para centralizar las distintas dependencias que posee en la Ciudad de Buenos Aires, "con el fin de dar solución a los problemas que dicha dispersión acarrea".

El considerando tiene lugar en el marco de la autorización de subasta de 12 inmuebles decomisados en casos de narcotráfico y lavado de activos, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata de terrenos ubicados en CABA, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

"Resulta conveniente poner a disposición de terceros, a través de procesos de venta, los inmuebles considerados inadecuados para las necesidades de gestión del Estado Nacional, a fin de incentivar la puesta en valor de los mismos con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y maximización de su potencial urbanístico, promoviendo la cooperación con el sector privado a través de la construcción y la generación de empleo genuino", señala uno de los considerandos.

En la Ciudad de Buenos Aires se destaca un terreno en la Villa 31: su enajenación entra en el plan de reactivación de la zona, que incluye la construcción del Paseo del Bajo y la reurbanización e integración del Barrio 31. En la provincia de Buenos Aires se subastará una propiedad ubicada en el Partido de San Miguel que fue solicitada por esa Municipalidad para la creación de una Ciudad Judicial que preste servicios a ese distrito y a Malvinas Argentinas y José C. Paz.

En tanto, en Mercedes se dispondrá de un terreno para construir un Complejo Judicial anexo al Palacio de Justicia, con el fin de reemplazar la gran cantidad de inmuebles alquilados que están dispersos en esa localidad.

Por primera vez, el tren Belgrano Cargas transportó 100 vagones juntos

(La Nación) - La formación cargó 4300 toneladas de soja en la planta de AGD, ubicada en Chaco, y luego realizó una prueba desde la estación de Pampa del Infierno hasta Avia Terai.

El tren mas largo en la historia del Belgrano Cargas

Por primera vez, una formación del tren Belgrano Cargas transportó 100 vagones juntos. Los vagones cargaron 4300 toneladas de soja entre el miércoles 25 y el jueves 26 de octubre en la nueva planta de acopio de cereales de la empresa AGD, inaugurada a fines de septiembre en Pampa del Infierno, Chaco.

El tren, de 1350 metros de longitud, salió desde Pampa del Infierno traccionado por dos locomotoras nuevas, de 3000 caballos de fuerza cada una, y se trasladó 54 kilómetros sobre vías renovadas hasta la estación de Avia Terai. Allí, los trenes se dividieron en dos formaciones de 50 vagones cada una para continuar el camino hacia el Puerto de Rosario, para luego exportarse a Europa.

Los 100 vagones recorrieron 54 kilómetros entre Pampa del Infierno y Avia Terai. Según fuentes de Trenes Argentinos, a medida que se vayan renovando las vías, el tren podrá transportar los cien vagones más lejos, hasta realizar todo el trayecto a Rosario.

La Fuerza Aérea y la Armada se pelean por los aviones franceses que compró Macri

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Quieren quedarse con el control de las aeronaves, que tendrán una función decisiva en el operativo de seguridad que rodeará al G-20

Un avión de combate Super Étendard. Foto: Archivo 

La reciente compra de cinco aviones Super Étendard modernizados a Francia desencadenó una inesperada e intensa disputa entre la Fuerza Aérea y la Armada, que buscan quedarse con las aeronaves.

El Gobierno pagará 2,5 millones de euros por los aviones cazabombarderos, a los que sumará US$ 2 millones por los gastos de traslado, con la decisión de fortalecer la seguridad en la Cumbre del G-20, que se hará a fines del año próximo en la Argentina. 

El ministro de Defensa, Oscar Aguad , zanjará la insólita disputa, que no es otra cosa que una pelea por la escasez, en momentos en que la Fuerza Aérea y la Armada atraviesan desde hace tiempo una crisis en su equipamiento militar. En esta reyerta, los jefes de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, intentan sumar argumentos para quedarse con los aviones.

En la disputa sobresalen dos interpretaciones doctrinarias. Una indica que los medios aéreos se utilizan en la Fuerza Aérea con una función estratégica y sólo se justifican para la Armada como un medio complementario y de apoyo logístico a otras misiones.

La otra doctrina defiende el concepto de poder naval integral, que permite a la Armada nutrirse de todos los medios posibles (submarinos, aéreos y de superficie) para sus operaciones navales. Ese criterio se aplicó, indican algunos, en la Guerra de Malvinas.

Argumentos

"Lo natural es que los aviones estén en la Fuerza Aérea y que todos los medios aéreos estén concentrados en un solo lugar", razonó con lógica un oficial aeronáutico.

La Armada, en tanto, pretende quedarse con los aviones que llegarán antes de fin de año desde Francia porque conserva, desde los tiempos de la Guerra de Malvinas, nueve unidades Super Étendard. Si bien no están operativos ni en condiciones de volar, se encuentran sometidos a un proceso de modernización. "¿Para qué quiere la Armada sumar aviones si carece de portaaviones?", replican en la Fuerza Aérea, en una disputa que hasta ahora no pasó de lo retórico.

Cerca del ministro Aguad estiman que lo más probable es que los aviones sean destinados finalmente a una base aeronáutica, por razones de ejecución práctica. "Con el operativo de prevención de la seguridad del espacio aéreo durante el G-20, es mejor tener las unidades aéreas en una base cercana, como El Palomar, que en la Base Naval de Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca.

El manejo del Super Étendard no reviste grandes diferencias respecto de lo que requerían los Mirage, cuyas unidades fueron desprogramadas en la Argentina en 2015. Ambos, incluso, fueron diseñados por la compañía francesa Dassault, explicaron fuentes castrenses.

Como informó LA NACION, las unidades adquiridas ahora a Francia fueron construidas entre 1978 y 1982. Las negociaciones entre ambos países comprendían la entrega de motores, repuestos y un simulador de vuelo, entre otras piezas adicionales. Por eso se especulaba con que podrían sumarse a las aeronaves que ya tiene la Armada.

En fuentes aeronáuticas, en tanto, entienden que si la balanza se inclina finalmente por el destino naval, la Armada tendría una capacidad de aviones de combate del que la propia Fuerza Aérea carece.

"Nosotros tenemos los cazabombarderos A4 AR, que pueden cumplir funciones operativas similares a los Super Étendard. Pero es muy probable que a fines de febrero queden fuera de servicio y desafectados, porque no hay una cadena de suministros y de repuestos", explicó una fuente aeronáutica.

Como muestra del deterioro del poderío aéreo, en los años 90 se incorporaron a la fuerza unas 35 aeronaves A4 AR, pero ahora, con mucho esfuerzo y las restricciones presupuestarias, en días excepcionales se llega a tener tres aviones en plataforma.