El sistema estará integrado por los Consejos Nacional y Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
jueves, 29 de septiembre de 2016
Es ley un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo
El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. La Cámara baja convirtió en ley este miércoles con 176 votos y una abstención la creación de un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. El nuevo sistema tiene como finalidad la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos.
Así, deberá integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, las ONGs y la sociedad civil, para “fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación”.
El sistema estará integrado por los Consejos Nacional y Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
El sistema estará integrado por los Consejos Nacional y Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
El Congreso aprobó el pedido de envío de tropas a Colombia
Por unanimidad en el Senado primero, y con algunos votos negativos luego en la Cámara baja, se sancionó el proyecto que solicita la salida de tropas para participar del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Antes de la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de declaración que solicita el envío de tropas del territorio nacional a Colombia, para participar del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias FARC, por el término de tres años.
La iniciativa, firmada por los senadores Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Ángel Rozas (Cambiemos), Miguel Ángel Pichetto (PJ-FpV) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), expresa que el envío de personal militar se dará “en tanto ello fuera requerido” y “luego de que se verifique el plebiscito en el proceso de paz”.
El proyecto fue tratado sobre tablas al caer la noche en Diputados, donde fue convertido en ley al recibir 156 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.
Tras 52 años de guerra, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (“Timochenko”) firmaron el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La histórica rúbrica se concretó en Cartagena, ante la mirada de jefes de Estado que presenciaron el apretón de manos entre el mandatario colombiano y el líder guerrillero. (El Parlamentario)
Inversión tecnológica en el Astillero Río Santiago
(Astillero Rio Santiago) - Con la llegada del moderno centro de mecanizado PAMA para el desarrollo y fabricación de componentes en serie para aerogeneradores de alta potencia de torres eólicas, comienza una nueva etapa en el Astillero Río Santiago.
![[IMG]](https://scontent-grt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/14484658_645085142337490_795554830143832768_n.jpg?oh=cd6405b16a8e1b471cb4cd591f786542&oe=5880DEFB)
Esta maquinaria posibilitará la fabricación de componentes para la generación de energías renovables que demandará el país a partir de la implementación de la ley 27191.
Las autoridades del ARS destacaron el impacto positivo en la diversificación de trabajos para el Astillero Río Santiago y aseguraron que con esta nueva inversión tecnológica se continúa trabajando para garantizar a mediano plazo la ocupación de todas las áreas productivas del astillero más grande del país.
El moderno centro será emplazado definitivamente para su puesta en marcha en el taller de Mecánica del ARS y permitirá además de la actualización tecnológica, el mecanizado de grandes piezas en serie y dará impulso definitivo al área de Energías Renovables del Astillero Río Santiago.
Las autoridades del ARS destacaron el impacto positivo en la diversificación de trabajos para el Astillero Río Santiago y aseguraron que con esta nueva inversión tecnológica se continúa trabajando para garantizar a mediano plazo la ocupación de todas las áreas productivas del astillero más grande del país.
El moderno centro será emplazado definitivamente para su puesta en marcha en el taller de Mecánica del ARS y permitirá además de la actualización tecnológica, el mecanizado de grandes piezas en serie y dará impulso definitivo al área de Energías Renovables del Astillero Río Santiago.
Ultimátum de EE.UU. a Rusia por la lluvia de bombas sobre Aleppo
(La Nación) - Washington suspenderá la coordinación sobre el terreno con Moscú si no detiene la ofensiva aérea sobre la segunda ciudad del país, que está en estado crítico; la ONU denunció "crímenes de guerra"
DAMASCO.- Con la soga apretando el cuello de los sectores rebeldes de Aleppo, presas de un prolongado asedio y con carencias básicas, Estados Unidos lanzó ayer un ultimátum para que Rusia detenga los bombardeos que viene lanzando en conjunto con el régimen de Bashar al-Assad, que busca recuperar a sangre y fuego la totalidad de la segunda ciudad de Siria.
En una conversación telefónica, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, le informó al canciller ruso, Sergei Lavrov, que "Estados Unidos se prepara para suspender la cooperación bilateral con Rusia en Siria si Moscú no pone fin a los bombardeos en Aleppo".
Las palabras de Kerry resumieron la firme condena que suscitó en la comunidad internacional el ataque, ayer, de las fuerzas combinadas rusa y siria contra dos hospitales de los barrios controlados por las milicias insurgentes, donde viven 250.000 personas cuya supervivencia está comprometida por la demolición sistemática de los centros de salud, de las plantas de agua y otras infraestructuras esenciales. Más de 165 personas, en su mayoría civiles, murieron en los bombardeos lanzados desde el jueves, al inicio de la ofensiva por aire y tierra.
Los ataques de ayer se produjeron horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU, en una cita agendada previamente, se reuniera precisamente para discutir la proliferación de las agresiones contra instalaciones y personal médico. La reunión sólo sirvió para que las partes se cruzaran acusaciones y para que la ONU reiterara, por enésima vez, la necesidad de hacer algo para detener el sufrimiento de los sirios.
"Imaginen el matadero. Esto es peor. Incluso un matadero es más humano. Hospitales, clínicas, ambulancias y personal médico en Aleppo son atacados sin pausa", dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que tomó parte de la reunión. "Imaginen la destrucción. Personas con sus extremidades reventadas. Niños con un dolor terrible sin alivio. Infectados. Sufriendo. Muriendo sin ningún lugar al que ir y sin un final a la vista", graficó Ban, que definió la estrategia de tierra arrasada contra los centros de salud como "crímenes de guerra".
La violencia llevó también al Papa a lanzar un severo llamado de atención a las partes beligerantes sobre el sufrimiento de la población. "A todos les pido que se comprometan con todas las fuerzas para proteger a los civiles, una obligación imperativa y urgente", dijo Francisco. Y apeló "a la conciencia de los responsables de los bombardeos, que deberán rendirle cuentas a Dios".
Sin comentar las palabras de Kerry ni las demás denuncias internacionales, el Ministerio de Defensa ruso dijo más tarde en la jornada que Rusia está lista para relanzar las conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis en Siria.
Además de los aviones rusos, el ejército conduce el asalto con la ayuda de fuerzas terrestres iraníes y combatientes de milicias chiitas de Irán, Irak y el Líbano, muchos de ellos aliados desde el comienzo del conflicto, a principios de 2011.
La decisión de Washington de dejar de trabajar con Rusia cerraría la puerta al establecimiento del Centro de Implementación Conjunta, un mecanismo con el que planeaban coordinarse para atacar a Estado Islámico (EI) y otros grupos islamistas como el ex Frente Al-Nusra. También entierra los maltrechos restos de una tregua, en realidad nunca del todo asumida, y complica las chances de que el gobierno y los rusos liberen la llegada de ayuda humanitaria al sector rebelde de Aleppo.
Al comienzo de la ofensiva sobre Aleppo, antiguo motor económico del país, el ejército llamó a los habitantes del este de la ciudad, el sector rebelde, a dirigirse al Oeste, bajo control del gobierno, para ponerse a salvo y dejar el campo libre a un ataque a toda orquesta contra los milicianos. Pero la mayoría de los habitantes decidió quedarse, en gran medida por temor a las represalias.
"No sabemos lo que nos espera en los próximos días. Temo que sigamos asediados y que el régimen avance hacia los barrios residenciales. Nos matará con las balas, no con los bombardeos. No hay manera de huir. Apuntan a todos los barrios", dijo Mohammad Al-Rifai, un vendedor de autos que teme que sus días, como los de miles de habitantes, estén contados.
Intereses contrapuestos
EE.UU.: Apoya a los rebeldes que quieren sacar a Al-Assad y combate a Estado Islámico
Rusia: Es un aliado estratégico del régimen y le da apoyo aéreo en sus ataques
Agencias AFP, EFE, ANSA y Reuters
DAMASCO.- Con la soga apretando el cuello de los sectores rebeldes de Aleppo, presas de un prolongado asedio y con carencias básicas, Estados Unidos lanzó ayer un ultimátum para que Rusia detenga los bombardeos que viene lanzando en conjunto con el régimen de Bashar al-Assad, que busca recuperar a sangre y fuego la totalidad de la segunda ciudad de Siria.
En una conversación telefónica, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, le informó al canciller ruso, Sergei Lavrov, que "Estados Unidos se prepara para suspender la cooperación bilateral con Rusia en Siria si Moscú no pone fin a los bombardeos en Aleppo".
Las palabras de Kerry resumieron la firme condena que suscitó en la comunidad internacional el ataque, ayer, de las fuerzas combinadas rusa y siria contra dos hospitales de los barrios controlados por las milicias insurgentes, donde viven 250.000 personas cuya supervivencia está comprometida por la demolición sistemática de los centros de salud, de las plantas de agua y otras infraestructuras esenciales. Más de 165 personas, en su mayoría civiles, murieron en los bombardeos lanzados desde el jueves, al inicio de la ofensiva por aire y tierra.
Los ataques de ayer se produjeron horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU, en una cita agendada previamente, se reuniera precisamente para discutir la proliferación de las agresiones contra instalaciones y personal médico. La reunión sólo sirvió para que las partes se cruzaran acusaciones y para que la ONU reiterara, por enésima vez, la necesidad de hacer algo para detener el sufrimiento de los sirios.
"Imaginen el matadero. Esto es peor. Incluso un matadero es más humano. Hospitales, clínicas, ambulancias y personal médico en Aleppo son atacados sin pausa", dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que tomó parte de la reunión. "Imaginen la destrucción. Personas con sus extremidades reventadas. Niños con un dolor terrible sin alivio. Infectados. Sufriendo. Muriendo sin ningún lugar al que ir y sin un final a la vista", graficó Ban, que definió la estrategia de tierra arrasada contra los centros de salud como "crímenes de guerra".
La violencia llevó también al Papa a lanzar un severo llamado de atención a las partes beligerantes sobre el sufrimiento de la población. "A todos les pido que se comprometan con todas las fuerzas para proteger a los civiles, una obligación imperativa y urgente", dijo Francisco. Y apeló "a la conciencia de los responsables de los bombardeos, que deberán rendirle cuentas a Dios".
Sin comentar las palabras de Kerry ni las demás denuncias internacionales, el Ministerio de Defensa ruso dijo más tarde en la jornada que Rusia está lista para relanzar las conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis en Siria.
Además de los aviones rusos, el ejército conduce el asalto con la ayuda de fuerzas terrestres iraníes y combatientes de milicias chiitas de Irán, Irak y el Líbano, muchos de ellos aliados desde el comienzo del conflicto, a principios de 2011.
La decisión de Washington de dejar de trabajar con Rusia cerraría la puerta al establecimiento del Centro de Implementación Conjunta, un mecanismo con el que planeaban coordinarse para atacar a Estado Islámico (EI) y otros grupos islamistas como el ex Frente Al-Nusra. También entierra los maltrechos restos de una tregua, en realidad nunca del todo asumida, y complica las chances de que el gobierno y los rusos liberen la llegada de ayuda humanitaria al sector rebelde de Aleppo.
Al comienzo de la ofensiva sobre Aleppo, antiguo motor económico del país, el ejército llamó a los habitantes del este de la ciudad, el sector rebelde, a dirigirse al Oeste, bajo control del gobierno, para ponerse a salvo y dejar el campo libre a un ataque a toda orquesta contra los milicianos. Pero la mayoría de los habitantes decidió quedarse, en gran medida por temor a las represalias.
"No sabemos lo que nos espera en los próximos días. Temo que sigamos asediados y que el régimen avance hacia los barrios residenciales. Nos matará con las balas, no con los bombardeos. No hay manera de huir. Apuntan a todos los barrios", dijo Mohammad Al-Rifai, un vendedor de autos que teme que sus días, como los de miles de habitantes, estén contados.
Intereses contrapuestos
EE.UU.: Apoya a los rebeldes que quieren sacar a Al-Assad y combate a Estado Islámico
Rusia: Es un aliado estratégico del régimen y le da apoyo aéreo en sus ataques
Agencias AFP, EFE, ANSA y Reuters
Malvinas: la Cancillería defendió el acuerdo con Londres ante duras críticas
Por Laura Serra - LA NACION
El vicecanciller Foradori dijo que el comunicado sólo es una "hoja de ruta"; objeciones de toda la oposición.
El vicecanciller Foradori y Carrió, ayer, en Diputados.Foto:DyN/LUCIANO THIEBERGER
La cuestión Malvinas suele exaltar las pasiones, y así quedó en evidencia ayer, en la agitada y por momentos tensa reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. El blanco de los reproches fue el vicecanciller Carlos Foradori, quien, pese a insistir en que el Gobierno "tiene la camiseta argentina puesta" y que no cederá en el reclamo por la soberanía en las islas, la oposición -incluso la presidenta de la comisión, la oficialista Elisa Carrió- lo reprendió con fuertes críticas.
"En ningún momento el Gobierno reivindicó la soberanía argentina sobre Malvinas. No lo hizo (Mauricio) Macri en su reunión con (el ex premier británico) David Cameron. No lo hizo la canciller (Susana) Malcorra con (su par británico Philip) Hammond", arremetió el diputado kirchnerista Guillermo Carmona. Tomó el guante el jefe del interbloque oficialista Mario Negri: "No queremos el statu quo, pero tampoco vamos a negociar ni entregar nacionalismo falso para jugar con el sentimiento de quienes murieron por la patria", dijo.
La tensión se palpaba en el aire. La discusión se desató a partir del comunicado que suscribió la cancillería argentina con Gran Bretaña el 13 del mes pasado, criticado tanto por los opositores como por sectores del oficialismo, en el que se propone negociar el regreso de los vuelos desde aeropuertos continentales argentinos a las Malvinas y la realización de proyectos conjuntos de exploración de hidrocarburos en las islas. La oposición criticó que no se incluyera el reclamo de la soberanía argentina en Malvinas y, con el aval del oficialismo, se citó a Foradori a que dé explicaciones del caso a la Comisión de Relaciones Exteriores.
"Las Malvinas son argentinas. El objetivo (la soberanía argentina sobre las islas) es compartido absolutamente por todos", arrancó el vicecanciller apenas comenzó el debate. "En ningún momento el interés de la Cancillería no ha sido otro que le interés nacional", enfatizó. Y aclaró que lo que se firmó con Gran Bretaña no es un acuerdo o un tratado, sino un comunicado, una "hoja de ruta" a seguir en la estrategia de diálogo con aquel país.
Esta estrategia de diálogo, insistió Foradori, "no es una aventura de este gobierno", sino que va en línea con las posiciones históricas que tuvo nuestro país respecto de Malvinas.
"Yo no comparto esa hoja de ruta en la que un 80 por ciento son temas que le interesan a Gran Bretaña y un 20 se lo relega a la soberanía", retrucó el diputado Gustavo Fernández Mendía (Bloque Justicialista). "Está claro que lo que se firmó no es una simple comunicación. Y que no se incluya la palabra «soberanía» es traición a la patria, más allá de toda la sarasa que usted dice", aguijoneó la correntina Araceli Ferreira (FPV).
Pero quien dio la nota no fue la oposición. Fue Carrió, otra vez. Enfundada en un vestido naranja furioso reprendió en más de una oportunidad al funcionario. "Ustedes (por el Poder Ejecutivo) tienen que saber que no van a poder obviar al Congreso. Es una prepotencia de poder que este Parlamento se entere por los diarios de un acuerdo firmado con una potencia extranjera. Recuerden que nosotros podemos avanzar en el tratamiento de los tratados, pero también podemos retroceder", advirtió.
Y no quedó allí. Cuando Foradori señaló que el presidente Mauricio Macri y la canciller Malcorra son los únicos que tienen "plenos poderes" para suscribir tratados internacionales, la líder de la Coalición Cívica lo cortó en seco. "Señor vicecanciller, no hay plenos poderes en la Argentina. Ni el Poder Ejecutivo ni nosotros (el Congreso)", espetó. Foradori balbuceó una explicación. "Decile que se calle porque lo que dice es una estupidez", conminó Carrió a un colega sin percatarse de que su micrófono estaba abierto.
El oficialismo intentó atenuar el impacto de las críticas. "Acompañamos totalmente la agenda positiva del Gobierno en política exterior. Frente al todo o nada que plantean algunos, del cual sólo sacamos nada, preferimos el diálogo con todos", enfatizó Eduardo Amadeo.
Una de las más enfáticas en la defensa de la estrategia del diálogo que lleva adelante la Cancillería fue Margarita Stolbizer (GEN). "No sirve la confrontación", sostuvo. Sin embargo, fue implacable con Macri. "Estuvo al límite del papelón internacional", acusó Stolbizer al referirse al mal paso que dio el Presidente en Nueva York cuando tras un encuentro casual con Teresa May dijo que ambas naciones discutirán todos los temas, soberanía incluida.
¿Peajes o pillajes?
Editorial del diario La Nación
El sistema de peajes es una opción para la penosa red caminera, pero urge tomar nota de los vicios que lo asocian a la matriz corrupta que hay que desterrar.
En 1990 se otorgaron concesiones por peaje de 19 corredores viales que sumaban casi diez mil kilómetros de rutas de la red nacional. Los concesionarios debían hacerse cargo del mantenimiento de rutina así como de ejecutar las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada, o sea las repavimentaciones. Debían además brindar un adecuado servicio y seguridad a los usuarios. Las licitaciones fijaban una tarifa de 1,50 dólares cada 100 kilómetros para automóviles y múltiplos para otros vehículos, y se ajustarían por la cotización del dólar. Las adjudicaciones se hicieron según el mayor canon ofrecido. No había subsidios ni avales oficiales ni tráficos mínimos garantizados. El sistema estaba bien diseñado.
Al poco tiempo de entrar en vigor el sistema y particularmente luego de ponerse en vigencia la convertibilidad, se produjeron protestas de productores y usuarios reclamando una reducción en el precio de los peajes. El Gobierno y particularmente el ministro de Economía Domingo Cavallo intentaban mantener la competitividad como una condición desafiante de la convertibilidad. Eso los llevó a plantear la renegociación de los contratos, reduciendo la tarifa básica a 1 dólar. Contra ello se acordó eliminar el canon y reducir las obligaciones de los concesionarios, por ejemplo las repavimentaciones. El Estado se haría cargo de ellas negociando en cada caso el mantenimiento de la ecuación económica mediante compensaciones adecuadas. Esto desvirtuó los contratos originales, les quitó transparencia y desalineó los intereses borrando los premios y castigos necesarios para optimizar los resultados y minimizar los costos para el Estado y los usuarios. A partir de entonces se sucedieron negociaciones permanentes abriendo un amplio espacio para generar ventajas para los concesionarios y oportunidades de corrupción.
Entre ingresos por peaje y compensaciones, los concesionarios recibieron en los siguientes 13 años el equivalente a 4800 millones de dólares, una suma mayor que la estimada para el mantenimiento de las rutas, que ya no incluía las repavimentaciones. Algunas obras solicitadas y comprometidas por los concesionarios contra la entrega de los fondos no se materializaron. Tal es el caso de la duplicación de calzada de la ruta 5 hasta Mercedes, que recién ahora el gobierno nacional logró volver a poner en marcha.
Ante una presentación del entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, la Procuración del Tesoro a cargo de Horacio Rosatti, hoy juez de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que el gobierno nacional debía iniciar acciones legales contra los concesionarios ante los reiterados incumplimientos. El Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio de Vido no cumplió con ese dictamen, con lo cual incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, implementó un nuevo sistema de peaje para los corredores viales por el que los concesionarios se limitan a cobrar el peaje, transfiriendo la recaudación neta a Vialidad Nacional, que decide qué obras se encaran y su contratación. Fue parte de un sistema nada transparente que generó sospechas y no se tradujo en mejoras para el usuario.
A cargo del sistema se puso a Claudio Uberti, el mismo individuo implicado en los negociados con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y que viajara con Guido Antonini Wilson y protagonizara el bochornoso episodio de la valija repleta de dólares que pretendieron ingresar al país desde Caracas. Lo concreto es que las rutas están deterioradas y son escenario de accidentes con sus secuelas de muertes y heridos. Hay una clara postergación en la construcción de autovías y autopistas en los corredores viales más transitados.
José Aljaro, director financiero de la constructora española Albertis, controlante de los accesos Norte y Oeste de la Capital Federal, adelantó en Madrid que la administración de Mauricio Macri se puso en contacto con esa empresa, la que estaría dispuesta a buscar "mecanismos de compensación o un incremento de tarifas o la extensión de los contratos para anular la demanda" que interpuso contra nuestro país ante el Ciadi el pasado diciembre, justo antes del cambio de gobierno.
El peaje es un sistema adecuado para financiar la infraestructura vial en caminos de tránsito medio y alto, más aún en momentos donde las necesidades de infraestructura se multiplican por todo el territorio. Hace posible que quienes usan y aprovechan las mejoras sean los que las pagan. Una concesión de peaje bien diseñada y concursada competitivamente permite trasladar el riesgo al inversor privado y alinear los intereses en forma correcta reduciendo los espacios por donde pueda filtrarse la corrupción. En los casos en que por la insuficiencia de tráfico el peaje no alcanzare para financiar completamente obras de mayor importancia, debieran licitarse por el menor subsidio estatal aplicado de una sola vez a la inversión inicial. Hay experiencia en esta modalidad.
Las necesidades de infraestructura vial son inmensas y debe superarse el deterioro y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, la situación fiscal es crítica y la capacidad del Estado argentino para invertir es extremadamente limitada, por no decir nula. Donde pueda recurrirse a la inversión privada, debe hacérselo. El peaje es una alternativa para el castigado sistema caminero, pero es imprescindible que se tome nota de los errores y vicios que deformaron su utilización en el pasado y permitieron que forme parte de la matriz corrupta que hoy se intenta dejar atrás.
Avanza la negociación con Rusia por el proyecto de la represa Chihuido (III)
Por Martín Dinatale - LA NACIONMacri le pidió a Putin reducir la tasa del préstamo de ese país; se intensifica la agenda bilateral.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Reuters / Archivo.
No será una pulseada sencilla. Pero la reciente reunión del presidente Mauricio Macri con su par ruso, Vladimir Putin, en la cumbre del G-20 en China sirvió para generar un buen clima en la negociación abierta entre el Gobierno y el Vnesheconombank (Banco de Desarrollo de Rusia) con un objetivo concreto: bajar la tasa de interés del crédito que Moscú ofreció a la Argentina para la construcción de la represa Chihuido, en Neuquén.
Ayer, Macri reveló que se está avanzando en un acuerdo con Rusia por la represa Chihuido y remarcó: "Estamos esperando una última propuesta de Rusia". No quiso dar detalles de esas negociaciones. Pero durante una conferencia de prensa que ofreció para hablar de los datos del Indec sobre la pobreza, el Presidente destacó la buena sintonía que existe hoy entre Moscú y Buenos Aires.
Reveló además que se trabaja en un eventual acuerdo de cooperación energética entre YPF y la gigante estatal Gazprom para la explotación de shale gas en el yacimiento Vaca Muerta.
En esa misma línea que ayer fijó Macri, una destacada fuente diplomática rusa expresó a LA NACION: "Hay mucho interés de Rusia en concretar la represa de Chihuido y en buscar una solución apropiada para las dos partes en el diferendo que se presenta. Estamos confiados en ir por el buen camino". La solución apropiada se deberá ubicar en un equilibrio justo entre la tasa del 6,5% anual originalmente dispuesta para el préstamo ruso de US$ 2600 millones y el 4% de tasa bancaria que ahora pide el gobierno de Macri. El proyecto Chihuido y la tasa fijada fue acordado por la administración de Cristina Kirchner con Putin antes de dejar el poder. Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, los tiempos cambiaron, al igual que las pretensiones de tasas bancarias. Hay buena predisposición entre la Casa Rosada y Moscú en una agenda nutrida. Pero la Argentina cree que esa tasa planteada para la financiación de la obra es alta.
El tema fue abordado en la reunión bilateral que mantuvieron Macri y Putin en la cumbre del G-20 en China. Allí hubo gestos mutuos de buenas intenciones para avanzar con el proyecto. Pero según pudo saber LA NACION, el 1° y el 2 de noviembre próximo podría ser la pulseada decisiva: durante esos días se desarrollarán en Buenos Aires unas jornadas de trabajo de las comisiones intergubernamentales de cooperación económica y comercial. En ese contexto, los ministerios de Producción y Energía deberan lidiar con los referentes rusos del Vnesheconombank para alcanzar una tasa más baja que la pautada, del 6,5%.
Desde Moscú afirmaron a LA NACION que hay "muy buena predisposición y una agenda rica en las relaciones bilaterales para encontrar una solución a cada problema". Hace 15 días estuvieron en Neuquén los técnicos de la consultora KPMG, encargada de auditar la obra de Chihuido. Se reunieron con funcionarios de la provincia y evaluaron esquemas de relocalización de la población para cuando las aguas ocupen sus actuales terrenos. Hubo buena sintonía con las autoridades de Neuquén, pero no se habló ni una palabra del tema de la negociación por la financiación de la obra.
Es muy probable, según admiten en la Cancillería y en Moscú, que finalmente se alcance un acuerdo alrededor de las condiciones del préstamo, ya que las relaciones entre Macri y Putin pasan por un buen momento. De hecho, la agenda bilateral es amplia. Hace 10 días el ministro de Defensa, Julio Martínez, estuvo en Moscú para cerrar un acuerdo para la compra de equipamientos militares y alquiler de buques para la campaña antártica. En el foro de inversiones que organizó el Gobierno hubo empresarios y autoridades rusas sondeando negocios futuros en la Argentina, con particular interés de parte de la empresa rusa Gazprom.
Entusiasmo en Barracas por la llegada de 10.000 nuevos vecinos
Por Fernando J. de Aróstegui - LA NACION
Serán los futuros habitantes de un complejo de 2485 viviendas que construye la Nación detrás de la cancha de Huracán; en el barrio creen que crecerán el comercio y el movimiento en la zona
El predio donde se edifican las viviendas ocupa 28 hectáreas junto al estadio de Huracán, en una zona de perfil industrial
En esta zona de Barracas no hay supermercados, cafés, peluquerías, librerías, bancos, casas de ropa, veterinarias ni cines. Sólo imponentes depósitos de larguísimos paredones, que acentúan la modestia del puñado de casas salpicadas en este barrio industrial. En un radio de cinco cuadras se amontonan tres estaciones de servicio: es que por estas calles circulan más camiones que gente.
Pero, a partir del año próximo, un fuerte cambio sacudirá al barrio: unos 10.000 nuevos vecinos comenzarán a venir para habitar las 2485 viviendas sociales que desarrolla el gobierno nacional a través del Plan ProCrear Estación Buenos Aires, el proyecto habitacional más ambicioso ejecutado en Buenos Aires en los últimos 40 años.
Los escasos residentes en el barrio se ilusionan con que la llegada de los nuevos moradores impulsará la actividad comercial y poblará las calles que hoy, a partir de las 18, cuando cierran los galpones y corralones, quedan desiertas. Aunque algunos aún observan el proyecto con cierto recelo y se preguntan si la que llegará es "gente de trabajo". Así lo comprobó LA NACION en un recorrido.
Detrás del estadio del club Huracán, la calle Miravé marca el límite entre los barrios de Parque Patricios y Barracas. En este último se sitúa un predio de unas 28 hectáreas que pertenecía a los ferrocarriles hasta que el Estado nacional lo puso a disposición de este proyecto cuando, en 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo lanzó.
Y aunque los departamentos aún exhiben la desnudez rojiza de las paredes sin revocar, el intenso trajín que se registra en el lugar indica que las obras avanzan a un paso sostenido. Además de las viviendas, el emprendimiento incluye la construcción de 70 locales comerciales.
"Se va a activar el comercio. Ahora, para hacer las compras tengo que irme a la loma del pingüino", se ríe Romina Di Masi, de 39 años, que vive en Vélez Sarsfield al 700, a una cuadra del complejo de viviendas. También la vecina Daniela Flores, de 25 años, ama de casa, sufre la ausencia de comercios y especula con que el nuevo proyecto redundará en beneficios: "Para hacer las compras tengo que caminar ocho cuadras, hasta la avenida Caseros", se queja.
"Las ventas ya subieron por la sola llegada de los obreros que trabajan en la construcción", celebra Alfredo González, dueño de la parrilla El Estadio, frente a Huracán. En efecto, al mediodía la parrilla está llena de trabajadores. El Gobierno calcula que hoy hay 2500 personas empleadas en la obra.
Muchos vecinos consideran como positivo un aumento de la población del barrio. Con 10.059 habitantes por kilómetro cuadrado, la comuna 4 (que incluye los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) es la tercera más despoblada de la ciudad, según datos del último censo.
"A las 18 cierran todas las fábricas y el barrio se convierte en un páramo", explica Gabriel Porto, que vive sobre la avenida Amancio Alcorta, a una cuadra del nuevo complejo. Mientras que Aída Ferruccelli, otra vecina, protesta porque la policía "desaparece a las 7 de la tarde" y el barrio "es muy peligroso".
Muchos taxistas se muestran reticentes a traer pasajeros a esta zona de Barracas: en sus GPS está registrada como "zona peligrosa".
Gran escala
"Desde la ejecución de Lugano 1 y 2 y del Barrio Soldati, en la década de 1970, que en Buenos Aires no se promovía un proyecto de viviendas de esta escala", precisó Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la Anses. Agregó que este plan facilita el acceso a la vivienda propia a los "sectores medios", que estando en condiciones de pagar un crédito no pueden tomarlo por falta de oferta del sector privado.
Con plazos de devolución de entre 20 y 30 años, el Banco Hipotecario gestionará los créditos. Aún no se abrió la inscripción para adjudicar las viviendas y además falta ultimar la modalidad de los créditos, según explicó la Anses. Para cuando se complete un 80% de la obra -hoy se construyó un 50%- se definirán los precios de las viviendas. Las primeras unidades comenzarán a entregarse el segundo semestre de 2017.
La cifra total que desembolsará el Estado se estima en unos $ 4700 millones. Cinco empresas constructoras, seleccionadas por licitación, trabajan en el proyecto: Constructora Sudamericana, Green SA, Riva SA, Conorvial SA y Vidogar Construcciones SA.
"Va a ser positivo si la que viene es gente de trabajo", dice con recelo Elena Murguia, de 66 años, que atiende un quiosco en Monteagudo al 900, a dos cuadras de los edificios nuevos. También expresó inquietud Sandra Madruga, que trabaja en una modesta parrilla en Amancio Alcorta y Lavardén, a media cuadra del complejo de viviendas. "No sé qué clase de personas vendrá", dijo con una mueca de escepticismo.
La adjudicación de las unidades
La Anses está reorganizando el proceso de adjudicación de las viviendas del complejo Procrear en Barracas, para dar prioridad a las familias que presenten mayores necesidades. En las ediciones anteriores de estos planes, la adjudicación se iniciaba con una inscripción online en la página de esa institución, luego se realizaba un sorteo y, por último, se adjudicaban las viviendas a estrenar junto con la entrega de un boleto de compraventa y de un crédito hipotecario.
"Estamos en el proceso de migrar hacia una selección por sistema de puntaje con el objetivo de priorizar a las familias más vulnerables", explicaron fuentes de la Anses.
Los montos de los créditos serán definidos en función de los precios de las viviendas, que aún deben definirse. Los plazos de los créditos rondarán entre 20 y 30 años. Los fondos provendrán del fideicomiso Procrear y serán gestionados por el Banco Hipotecario.
Serán los futuros habitantes de un complejo de 2485 viviendas que construye la Nación detrás de la cancha de Huracán; en el barrio creen que crecerán el comercio y el movimiento en la zona
El predio donde se edifican las viviendas ocupa 28 hectáreas junto al estadio de Huracán, en una zona de perfil industrial
En esta zona de Barracas no hay supermercados, cafés, peluquerías, librerías, bancos, casas de ropa, veterinarias ni cines. Sólo imponentes depósitos de larguísimos paredones, que acentúan la modestia del puñado de casas salpicadas en este barrio industrial. En un radio de cinco cuadras se amontonan tres estaciones de servicio: es que por estas calles circulan más camiones que gente.
Pero, a partir del año próximo, un fuerte cambio sacudirá al barrio: unos 10.000 nuevos vecinos comenzarán a venir para habitar las 2485 viviendas sociales que desarrolla el gobierno nacional a través del Plan ProCrear Estación Buenos Aires, el proyecto habitacional más ambicioso ejecutado en Buenos Aires en los últimos 40 años.
Los escasos residentes en el barrio se ilusionan con que la llegada de los nuevos moradores impulsará la actividad comercial y poblará las calles que hoy, a partir de las 18, cuando cierran los galpones y corralones, quedan desiertas. Aunque algunos aún observan el proyecto con cierto recelo y se preguntan si la que llegará es "gente de trabajo". Así lo comprobó LA NACION en un recorrido.
Detrás del estadio del club Huracán, la calle Miravé marca el límite entre los barrios de Parque Patricios y Barracas. En este último se sitúa un predio de unas 28 hectáreas que pertenecía a los ferrocarriles hasta que el Estado nacional lo puso a disposición de este proyecto cuando, en 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo lanzó.
Y aunque los departamentos aún exhiben la desnudez rojiza de las paredes sin revocar, el intenso trajín que se registra en el lugar indica que las obras avanzan a un paso sostenido. Además de las viviendas, el emprendimiento incluye la construcción de 70 locales comerciales.
"Se va a activar el comercio. Ahora, para hacer las compras tengo que irme a la loma del pingüino", se ríe Romina Di Masi, de 39 años, que vive en Vélez Sarsfield al 700, a una cuadra del complejo de viviendas. También la vecina Daniela Flores, de 25 años, ama de casa, sufre la ausencia de comercios y especula con que el nuevo proyecto redundará en beneficios: "Para hacer las compras tengo que caminar ocho cuadras, hasta la avenida Caseros", se queja.
"Las ventas ya subieron por la sola llegada de los obreros que trabajan en la construcción", celebra Alfredo González, dueño de la parrilla El Estadio, frente a Huracán. En efecto, al mediodía la parrilla está llena de trabajadores. El Gobierno calcula que hoy hay 2500 personas empleadas en la obra.
Muchos vecinos consideran como positivo un aumento de la población del barrio. Con 10.059 habitantes por kilómetro cuadrado, la comuna 4 (que incluye los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) es la tercera más despoblada de la ciudad, según datos del último censo.
"A las 18 cierran todas las fábricas y el barrio se convierte en un páramo", explica Gabriel Porto, que vive sobre la avenida Amancio Alcorta, a una cuadra del nuevo complejo. Mientras que Aída Ferruccelli, otra vecina, protesta porque la policía "desaparece a las 7 de la tarde" y el barrio "es muy peligroso".
Muchos taxistas se muestran reticentes a traer pasajeros a esta zona de Barracas: en sus GPS está registrada como "zona peligrosa".
Gran escala
"Desde la ejecución de Lugano 1 y 2 y del Barrio Soldati, en la década de 1970, que en Buenos Aires no se promovía un proyecto de viviendas de esta escala", precisó Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la Anses. Agregó que este plan facilita el acceso a la vivienda propia a los "sectores medios", que estando en condiciones de pagar un crédito no pueden tomarlo por falta de oferta del sector privado.
Con plazos de devolución de entre 20 y 30 años, el Banco Hipotecario gestionará los créditos. Aún no se abrió la inscripción para adjudicar las viviendas y además falta ultimar la modalidad de los créditos, según explicó la Anses. Para cuando se complete un 80% de la obra -hoy se construyó un 50%- se definirán los precios de las viviendas. Las primeras unidades comenzarán a entregarse el segundo semestre de 2017.
La cifra total que desembolsará el Estado se estima en unos $ 4700 millones. Cinco empresas constructoras, seleccionadas por licitación, trabajan en el proyecto: Constructora Sudamericana, Green SA, Riva SA, Conorvial SA y Vidogar Construcciones SA.
"Va a ser positivo si la que viene es gente de trabajo", dice con recelo Elena Murguia, de 66 años, que atiende un quiosco en Monteagudo al 900, a dos cuadras de los edificios nuevos. También expresó inquietud Sandra Madruga, que trabaja en una modesta parrilla en Amancio Alcorta y Lavardén, a media cuadra del complejo de viviendas. "No sé qué clase de personas vendrá", dijo con una mueca de escepticismo.
La adjudicación de las unidades
La Anses está reorganizando el proceso de adjudicación de las viviendas del complejo Procrear en Barracas, para dar prioridad a las familias que presenten mayores necesidades. En las ediciones anteriores de estos planes, la adjudicación se iniciaba con una inscripción online en la página de esa institución, luego se realizaba un sorteo y, por último, se adjudicaban las viviendas a estrenar junto con la entrega de un boleto de compraventa y de un crédito hipotecario.
"Estamos en el proceso de migrar hacia una selección por sistema de puntaje con el objetivo de priorizar a las familias más vulnerables", explicaron fuentes de la Anses.
Los montos de los créditos serán definidos en función de los precios de las viviendas, que aún deben definirse. Los plazos de los créditos rondarán entre 20 y 30 años. Los fondos provendrán del fideicomiso Procrear y serán gestionados por el Banco Hipotecario.
miércoles, 28 de septiembre de 2016
El Ejército brasileño negocia en Estados Unidos la adquisición del C-23B Sherpa
Personal del Comando Logístico del Ejército de Brasil ha viajado a EEUU para negociar la posible adquisición de una aeronave C-238 Sherpa del inventario del Ejército de Estados Unidos. Así el
Ejército de Brasil (EB) busca reactivar su aviación de ala fija, una capacidad perdida en 1941 con la creación de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
El Proyecto 32 se puso en práctica teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el EB para un bimotor de transporte de cargas y personal (dotado de rampa), capaz de volar en la región
norte del Amazonas.
Los C-238 Sherpa han sido desactivados a principios de 2014, luego de dos décadas de servicio en la Guardia Nacional (16 ejemplares), sin embargo continúan siendo poseedores de una fuerte robustez, capacidad de carga, portón trasero, excelente alcance e independencia operacional para actuar en áreas remotas desprovistas de servicios de apoyo en suelo para las aeronaves.
También, la elección de esta aeronave se basa en su menor costo de adquisición frente a una avión nuevo de fábrica asociado a la ventajosa vía FMS.
EI C-238 Sherpa de la Guardia Nacional se diferencia de los empleados por Ia Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) por las ventanas en ambos lados del fuselaje y por los motores Pratt & Whitney Canada PT6A65AR con 1425 HP. Este es sin duda el punto de mayor interés de los militares brasileños. ya que este sistema de propulsión tiene una larga tradición de confianza en el servicio militar de Brasil, existiendo un parque MRO ya preparado para bajar los costos.
EI C-238 Sherpa puede transportar a 30 soldados y sus equipamientos. La tripulación está formada por dos pilotos y el maestro de carga o mecánico de vuelo, según la misión. El alcance máximo es de 1.240 kilómetros con una velocidad media de crucero de unos 400 kilómetros por hora.
Entre los remanentes de una flota declarada de 43 ejemplares. existen por lo menos dos
docenas disponibles en el Aerospace Maintenance and Regeneration Group ‘Davis Monthan Air Force Ease) en Tucson. Arizona. Otros 23 ejemplares oriundos de Ia Guardia Nacional están disponibles en el Henry Post Army Airfield (Fort Sill, Oklahoma) en condiciones de vuelo.
Ejército de Brasil (EB) busca reactivar su aviación de ala fija, una capacidad perdida en 1941 con la creación de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
El Proyecto 32 se puso en práctica teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el EB para un bimotor de transporte de cargas y personal (dotado de rampa), capaz de volar en la región
norte del Amazonas.
Los C-238 Sherpa han sido desactivados a principios de 2014, luego de dos décadas de servicio en la Guardia Nacional (16 ejemplares), sin embargo continúan siendo poseedores de una fuerte robustez, capacidad de carga, portón trasero, excelente alcance e independencia operacional para actuar en áreas remotas desprovistas de servicios de apoyo en suelo para las aeronaves.
También, la elección de esta aeronave se basa en su menor costo de adquisición frente a una avión nuevo de fábrica asociado a la ventajosa vía FMS.
EI C-238 Sherpa de la Guardia Nacional se diferencia de los empleados por Ia Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) por las ventanas en ambos lados del fuselaje y por los motores Pratt & Whitney Canada PT6A65AR con 1425 HP. Este es sin duda el punto de mayor interés de los militares brasileños. ya que este sistema de propulsión tiene una larga tradición de confianza en el servicio militar de Brasil, existiendo un parque MRO ya preparado para bajar los costos.
EI C-238 Sherpa puede transportar a 30 soldados y sus equipamientos. La tripulación está formada por dos pilotos y el maestro de carga o mecánico de vuelo, según la misión. El alcance máximo es de 1.240 kilómetros con una velocidad media de crucero de unos 400 kilómetros por hora.
Entre los remanentes de una flota declarada de 43 ejemplares. existen por lo menos dos
docenas disponibles en el Aerospace Maintenance and Regeneration Group ‘Davis Monthan Air Force Ease) en Tucson. Arizona. Otros 23 ejemplares oriundos de Ia Guardia Nacional están disponibles en el Henry Post Army Airfield (Fort Sill, Oklahoma) en condiciones de vuelo.
Salvavidas ruso para la campaña antártica
Por Edgardo Aguilera - Ambito.comEL GOBIERNO NEGOCIA ROMPEHIELOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUTIN
Marcha forzada para conseguir un rompehielos tras el fracaso de la licitación internacional.
Sin Irízar. Tras el fracaso de la licitación pública internacional para alquilar un rompehielos se inició la negociación con Rusia.
El Gobierno inició contactos formales con su par de la Federación Rusa para el alquiler de un rompehielos. Walter Ceballos, secretario de Logística del Ministerio de Defensa, responsable de la organización de la campaña antártica, recurrió a la gestión entre estados tras el fracaso de la licitación pública internacional para contar con los medios navales destinados a la logística de las bases criollas.
La licitación internacional 40/2016 requería un buque polar con dos helicópteros propios para operar por entre 75 y 85 días, y un rompehielos entre 15 y 20 días; a esas tareas Ceballos les asignó un monto crediticio preventivo de 20 millones de dólares. Este año la misión logística exige contar con un rompehielos cuya tarea es abrir el hielo y permitir la aproximación del buque polar a la base General Belgrano II. Interesa llegar a ese emplazamiento, el más polar del sistema argentino, no sólo para completar víveres, combustible y relevar al personal sino para retirar varias toneladas de basura acumulada. El país debe cumplir con estrictas normas ambientales fijadas en el Tratado del Antártico, acuerdo de responsabilidad de la cancillería a través de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) a cargo de Fernanda Millicay.
El jueves de la semana pasada la comisión evaluadora del Servicio Logístico de la Defensa elaboró el dictamen N°039/2016 y resolvió desestimar las ofertas de las 4 empresas en concurso; Meihuizen International, Trade Baires International, Assine S.A. y Témpanos Argentinos. Inconsistencias técnicas, falta de garantías, ausencia de habilitaciones y monto excedido de la previsión crediticia son los fundamentos del dictamen firmado por la capitán Zulma Gainza, el teniente coronel Héctor Horsberger y el capitán de navío (VGM) Guillermo Cavero. Ceballos pidió que se evaluara la propuesta de la firma sudafricana Meihuizen que había sido descartada de plano por falta de garantías. "Firme usted la evaluación" obtuvo por respuesta.
La ley de Contrataciones Públicas establece que tras el fracaso de una licitación se debe llamar a una segunda ronda -previa modificación del pliego básico de condiciones-, este proceso demanda un tiempo que ahora juega en contra del abastecimiento antártico. La primera vuelta se lanzó muy tarde, en junio. Hace más de 100 años que el país debe atender el sistema de bases, relevos de personal y logística, siempre durante el verano por obvias razones climáticas.
Proceso
El trámite licitatorio toma no menos de tres meses en resolverse, a condición de que no haya impugnaciones cruzadas entre oferentes que extienden el plazo habitual. No se comprende porqué la oficina Logística de Defensa y el Estado Mayor Conjunto (EMC), a cargo del general de división Bari del Valle Sosa, ambos responsables del abastecimiento antártico iniciaron el proceso licitatorio con tan escaso margen para decidir las ofertas. Ahora se llegará a la contratación directa bajo el formato de una negociación de Gobierno a Gobierno. El jefe de Logística del EMC, contralmirante Eduardo Fondevilla, remitió una nota a la administración rusa sobre disponibilidad y precio para el alquiler de un rompehielos, también un buque polar y dos helicópteros. El armador (propietario) del único rompehielos disponible, el Kapitan Dranitsyn, es la agencia estatal Rosmorport que depende del ministerio de Transporte ruso.
En el texto, Fondevilla aclara la intención de Defensa de adquirir el rompehielos Dranitsyn al término de la misión en la Antártida. Este navío es el mismo que ofertó la empresa Trade Baires International y había participado en la campaña de 2014 junto al buque polar Golovnin que costó 24.710.000 dólares.
La apuesta de Ceballos es conseguir menor precio en el trato directo con el Gobierno de Putin eliminando la intermediación de Carlos Bertino, titular de Trade Baires International. Cálculos entusiastas, luego de una comunicación telefónica con Trade Baires, pusieron una nueva meta a la negociación del combo buque polar-rompehielos, que podría resolverse con 18.5 millones de dólares. Sería un hito en el marco del ajuste fiscal que impulsa Mauricio Macri y la demostración empírica de que todas las campañas anteriores resueltas por Trade Baires fueron onerosas sino sujetas a sobreprecios.
La inseguridad y la hipocresía
Editorial del diario La NaciónLa revalorización del papel de la policía requiere no sólo apartar a los efectivos que delinquen, sino también capacitarlos, equiparlos y reconocerlos.
El derecho a la vida y la integridad física de las personas, sin olvidar el respeto por sus bienes, se hallan en el país en medio de la mayor crisis que se recuerde. Hay que preguntarse cuál es el precio, y por cuánto tiempo habremos de pagarlo, por la prevalencia de formulaciones irresponsables e hipócritas que han establecido que puede haber delitos sin sanción condigna con su gravedad.
El correlato del efecto de esas teorías se encuentra en la educación pública cohibida para reprobar a los que no estudian, con maestros y autoridades escolares sujetos a la vindicta de padres que han perdido los valores culturales de consideración hacia la docencia que se inculcaban en las generaciones del pasado. Las manos que se alzan contra médicos y enfermeras en hospitales públicos, por cualquier contrariedad en la asistencia de pacientes, es parte del mismo cuadro de descomposición social.
El número de crímenes que la prensa informa diariamente y el grado de barbarie con los cuales suelen cometerse urgen a un acto colectivo de reflexión y consecuentes decisiones por parte del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las autoridades de las provincias más desbordadas por el delito y la violencia. El domingo último, una nota televisada de investigación periodística sobre el narcotráfico y la complicidad, cuando no la dirección de elementos policiales, desnudó con dramatismo la gravedad del cuadro en que se halla inmerso el territorio más poblado del país.
Sería, sin embargo, una insensatez confundir las instituciones policiales y de seguridad con los elementos ruines que las integran. Para éstos no cabe otro camino que el de la separación de las filas de esos cuerpos del Estado y las otras sanciones que cuadren según la ley. No es posible en las actuales circunstancias, derivadas de un cúmulo de causales, entre las cuales ocupa un lugar no menor el mal entendido "garantismo" en materia penal, andar con medias tintas: está comprometido el deber esencial del Estado de proteger en vida, integridad y bienes a quienes habitan el territorio de su jurisdicción. Esa gravísima preocupación debe comenzar por el cuidado de los cuadros policiales y de seguridad. No es un hecho más la muerte de un agente que cae o que es herido en cumplimiento de su deber.
Recientemente, la carta de un lector de LA NACION puso el dedo en esta llaga al narrar que un policía enfrentó a dos asaltantes en un autoservicio, abatiendo a uno de ellos, pero al salir para perseguir al otro fue sorprendido por el que hacía de campana y cayó muerto. "¿Qué sería del policía si no hubiera muerto? ¿Tendría algún ascenso o estaría preso por exceso en su defensa?", se preguntó el lector.
En la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires han muerto 21 efectivos de las policías Federal, Metropolitana y bonaerense entre enero y agosto del corriente año. De los 21, 18 fueron abatidos en el conurbano.
Es correcto que se señalen para su exposición pública los casos de "gatillo fácil", pero no puede haber al mismo tiempo un débil eco social frente a las bajas de quienes tienen por actividad específica la protección de los habitantes. La sociedad, y la Justicia en particular, deben revalorizar el papel de las fuerzas encargadas de nuestra protección. En los municipios de Lanús y Quilmes parecería haberse comprendido la necesidad de un cambio de actitudes al instituirse distinciones por actitudes heroicas en servicio.
Recientemente, una auditoría que llevó a cabo el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mostró que la tercera parte de los policías bonaerenses no se encuentra en condiciones de patrullar las calles y que uno de cada tres que realizan esas patrullas no está capacitado para llevar a cabo esa función.
Si entra en las filas policiales sólo gente que, por sus condiciones, no encuentra trabajo en otras partes, estaremos siempre mal, a no dudarlo. Una buena policía es inalcanzable como objetivo si no se parte de políticas de reclutamiento serias, profesionales, dotadas de los recursos que permitan la incorporación de los mejores entre quienes aspiren por vocación a entrar en el servicio policial. A partir de allí, la capacitación del personal debe realizarse de manera continua, y con creciente exigencia, para que se pueda acceder a cargos superiores. Corresponde, desde luego, que los recursos en armas y transportes sean eficientes y, cuando menos, de mayor utilidad que aquellos de los que dispone la delincuencia.
En varias ocasiones, el policía que se vio obligado a matar o herir a un delincuente es víctima, a veces junto con su familia, de las amenazas de los cómplices. Se ha reparado muy poco en la indefensión de los policías en momentos en que el crimen organizado y sus bandas poderosas avanzan día tras día entre nosotros. Capacitación y pertrechos, pero también confianza, respeto y apoyo explícito, harán más eficaces a las fuerzas del orden, además de la aplicación sin complejos de la legislación apropiada para conjurar el actual estado de cosas.
Los municipios ya no construirán viviendas
Por Diego Cabot - LA NACION
La provincia de Buenos Aires volverá a manejar fondos que tenían los intendentes.
Gran parte del ovillo político que se tejió en torno de las viviendas sociales se empezará a clarificar por estos días. Seguramente la semana próxima habrá un anuncio en la provincia de Buenos Aires. Todas aquellas licencias para construir y controlar obras que tuvieron los intendentes en los años de oro del kirchnerismo volverán a la órbita de la gobernación bonaerense.
El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, serán los encargados de anunciar la modificación del sistema de construcción de viviendas sociales que reinó en los últimos años.
La medida es simple pero cambia la manera en que se relacionará el poder a través de la entrega de viviendas. El dinero, como siempre, lo mandará la Nación a las cuentas de la provincia. Y desde allí se destinará a obras y viviendas, siempre supervisado por una unidad que fiscalizará y controlará. Así los municipios pasarán de actores principales al lugar de espectadores privilegiados.
Desde hace al menos una década, los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner cambiaron la manera de repartir los fondos para casas destinadas a los sectores de menos recursos. Históricamente, el dinero y la potestad se entregaban a los gobernadores que a través de los institutos de viviendas distritales asignaban el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi). Pero después de un acuerdo federal que se firmó en 2004, los gobernadores entregaron gran parte de las facultades de reparto a la Nación.
Y entonces llegó la discrecionalidad. Primero fue la construcción de la transversalidad mediante la que el kirchnerismo salió a buscar gobernadores encantados con el menú que ofrecía la Nación.
La vivienda fue, en ese momento, una de las herramientas de persuasión. Luego, la dupla que formaban el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López apuntó mejor. Ya no bastaba con premiar a ciertos gobernadores y castigar a otros, sino que se enfocó en los intendentes. Así las cosas, se arreglaba directamente con los jefes comunales y se pasaba por encima de los estructuras de los jefes provinciales.
Epicentro en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires fue, quizá, el epicentro de esta forma de construir puentes por encima del entonces gobernador Daniel Scioli. Por esos días, la aceptación tácita con la que el ex motonauta aceptaba los designios de la casa Rosada permitió que la situación llegara a niveles extremos.
Tal fue el sistema que se dio que el Fonavi, un fondo que se recolecta con un porcentaje del precio de los combustibles y que debe aplicarse a la construcción de viviendas, se utilizaba para gastos corrientes. Es decir, como la Nación dejaba afuera a la provincia del reparto de fondos federales para construir viviendas, Scioli tomaba aquel dinero para pagar los gastos de administración de la provincia.
La situación llegó al extremo ya que en decenas de municipios quedaron verdaderos esqueletos de barrios sociales que jamás se terminaron. En parte por la desactualización de los precios, pero también por las complicidades municipales y la corrupción.
Vidal y Frigerio decidieron deshacer aquella operatoria más asociada a la política que a la eficiencia en la construcción. La Nación enviará fondos a la provincia y serán sus organismos los que repartan, controlen y fiscalicen.
La idea que los funcionarios tienen en mente es tratar de acelerar la construcción de viviendas, actualizar los precios de lo que quedó paralizado por la corrosión de la inflación y terminar lo inconcluso.
martes, 27 de septiembre de 2016
Sistema de combate integrado Jeyur (Colombia)
JEYUR es un sistema automático de defensa y combate que sirve para proteger a los operadores que maniobran las armas en los combates fluviales.
Permite operar desde una cabina adentro de la unidad a control remoto, una consola donde el operador visualiza la amenaza, efectúa la medición de distancia y controla totalmente el montaje del arma automatizada (cargue, puntería y disparo) con capacidad de vigilancia diurna y nocturna.
Cuenta con una importante cantidad de munición disponible para repeler ataques, minimizando los tiempos de exposición de la tripulación al fuego enemigo, mejorando la utilización táctica de las armas y la efectividad de las mismas.
El sistema JEYUR está diseñado también para crear impacto psicológico sobre el enemigo porque no va a poder dispararle a ningún objetivo humano.
Permite operar armamento ametralladoras Browning 12,7 mm, lanzagranadas tipo MGL de 40 mm y portamorteros de 88 mm.
El sistema JEYUR se ha instalado en la totalidad de embarcaciones fluviales de la Armada de Colombia, incluso en remolcadores de convoy.
Destructores Misilísticos Clase Cassard (Francia)
La destructores misilísticos clase Cassard son clasificados por la marina francesa como fragatas antiaéreas. Serán dados de baja próximamente.
Las dos unidades de la clase Cassard, Cassard y Jean Bart fueron construidos en el diseño del casco de la Clase Georges Leygues, pero poseen propulsión diesel en lugar de CODOG diesel combinado con propulsión de turbina a gas. Tienen armamento completamente diferente, y son denominados en la marina francesa como fragatas antiaéreas. Para este papel están equipados con 40 misiles superficie-aire de largo alcance SM 1MR Standard con accesoriamente de capacidad antibuque.
Disparado desde un único lanzador Mk 13, los misiles guiados semiactivos pueden interceptar objetivos a altitudes de hasta 18.300 metros, hasta una distancia máxima de 46 km a una velocidad de Mach 2. Su principal arma antibuque es el MM40 Exocet, Asimismo tienen capacidad para portar un helicóptero AS 565MA Panther, con función de orientación de los SSMs. El Cassard y Jean Bart se mantendrá en servicio hasta 2013 y 2015, respectivamente.
Especificaciones:
Entrada en servicio 1988
Tripulación 244 hombres
Longitud 139 m
Manga 14 m
Calado 6,5 m
Desplazamiento, a plena carga de 5000 toneladas
Propulsión y velocidad
Velocidad 29 nudos
Alcance de 15200 km a 18 nudos, 8900 a 24 nudos
Motores diesel de 4 x SEMT-Pialstick V280 (43 200 hp)
1 x helicópteros Panther AS 565MA
Armamento: Artillería 1 x cañón 100mm, 2 x 20-mm cañones Oerlikon
Misiles: 8 x MM.40 misiles SSM Exocet, un Mk.13 Mod. 5 lanzadores de 40 SAM SM-1MR Standard, 2 x lanzadores séxtuple Matra Sadral
Las dos unidades de la clase Cassard, Cassard y Jean Bart fueron construidos en el diseño del casco de la Clase Georges Leygues, pero poseen propulsión diesel en lugar de CODOG diesel combinado con propulsión de turbina a gas. Tienen armamento completamente diferente, y son denominados en la marina francesa como fragatas antiaéreas. Para este papel están equipados con 40 misiles superficie-aire de largo alcance SM 1MR Standard con accesoriamente de capacidad antibuque.
Disparado desde un único lanzador Mk 13, los misiles guiados semiactivos pueden interceptar objetivos a altitudes de hasta 18.300 metros, hasta una distancia máxima de 46 km a una velocidad de Mach 2. Su principal arma antibuque es el MM40 Exocet, Asimismo tienen capacidad para portar un helicóptero AS 565MA Panther, con función de orientación de los SSMs. El Cassard y Jean Bart se mantendrá en servicio hasta 2013 y 2015, respectivamente.
Especificaciones:
Entrada en servicio 1988
Tripulación 244 hombres
Longitud 139 m
Manga 14 m
Calado 6,5 m
Desplazamiento, a plena carga de 5000 toneladas
Propulsión y velocidad
Velocidad 29 nudos
Alcance de 15200 km a 18 nudos, 8900 a 24 nudos
Motores diesel de 4 x SEMT-Pialstick V280 (43 200 hp)
1 x helicópteros Panther AS 565MA
Armamento: Artillería 1 x cañón 100mm, 2 x 20-mm cañones Oerlikon
Misiles: 8 x MM.40 misiles SSM Exocet, un Mk.13 Mod. 5 lanzadores de 40 SAM SM-1MR Standard, 2 x lanzadores séxtuple Matra Sadral
Industrial Naval: En busca de una nueva mentalidad
Por EL CRONISTA
La Argentina posee una enorme plataforma fluvial y marítima, con provincias alejadas de centros portuarios, pero sin embargo el transporte se realiza por camión.
La industria naval tiene hoy alrededor de doce unidades productivas para hacer frente a las demandas de buques de la Argentina. Podemos hacer remolcadores, barcos para el Inidep, YPF, Prefectura, Armada y Gendarmería. Estas unidades no se hacen por falta de planificación adecuada pero fundamentalmente por una errónea mirada que los distintos gobiernos han asumido hacia el sector.
Esto es determinante a la hora de la definición de una estrategia económica y modelo de desarrollo. Nuestro país necesita inexorablemente cambiar esta posición ideológica y apuntar a uno de los corazones del problema, cual es el del desarrollo logístico". Con esta frase, Juan Speroni, secretario general del Sindicato de Obreros Navales (Saon), dejó en claro cuál es la visión desde el campo laboral.
A juicio de Speroni, "la Argentina posee una enorme plataforma fluvial y marítima, con provincias alejadas de centros portuarios, pero sin embargo el transporte es el camión. Para enderezar esta locura se tendría que estar pensando en el diseño ferroviario que confluya a los puertos. Es indispensable que las autoridades actuales resuelvan esta situación vital para consolidar un proyecto donde se puede capitalizar el flete que pierde nuestro país tomando como tema central la bandera nacional en los buques de la marina mercante y la construcción de unidades en los astilleros nacionales. Hoy existe un déficit en términos logísticos y de transporte, sin lugar a duda la etapa actual requiere esencialmente la definición de políticas en el sector con la mirada histórica y presente de consolidar una industria naval, una marina mercante al servicio de la optimización de los costos de la producción nacional".
Desde el Saon destacaron las recientes botaduras de un pesquero en el astillero Contessi, dos remolcadores en Unidelta, y otro de Servicios Portuarios Integrados (SPI), más la construcción de barcazas para transportes de combustibles tanto en Campana como en el astillero de Villa Gobernador Gálvez Provincia de Santa Fe".
Matriz productiva
"Sobre esta matriz productiva recuperada, lo que hay que mostrar es la estrategia productiva que tiene que ver con instrumentos que le hacen falta al sector como el financiamiento. No puede ser que en la costa atlántica sigan operando buques con más de 25 o 35 años de antigüedad y que la renovación sea vía importación sin tener la visión que hoy la industria naval puede suplantar esas unidades que vienen desde el exterior. Tenemos que ir a un sistema que combine las posibilidades reales que tienen la industria de poder construir en términos de su capacidad y marchar fundamentalmente a una asociación con el estado que es un gran armador, porque la Armada o Prefectura deben renovar y actualizar su flota", dijo a Transport & Cargo Juan Speroni.
Según el gremialista, "Argentina tiene un problema real que son los costos de producción. Es necesario ir a una reforma tributaria progresiva y encaminar una verdadera transformación logística donde trenes, puertos y navegación sean la herramienta competitiva real para bajar los costos. La industria naval argentina supo consolidar un proceso de matriz productiva en los astilleros y talleres navales recuperando mano de obra altamente calificada.
Técnicos e ingenieros navales se encuentran en capacidad de dar respuesta a la construcción de unidades en forma competitiva. De no tomarse decisiones urgentes, este sector va a entrar sin duda en un estado de falta de trabajo y los trabajadores sabemos que eso significa desempleo. Esto sería un crimen y una injusticia, teniendo en cuenta lo que ha costado a empresarios, trabajadores y técnicos profesionales recuperar la industria naval, y más aun teniendo el escenario para poder trabajar a pleno triplicando el empleo. Solo hace falta la materialización de la decisión política en nuestro sector".
En 2017, el Gobierno recortará en un 30% los subsidios a Aerolíneas
Por DAVID CAYÓN - Cronista.com
El Presupuesto destina $ 3000 millones para la aérea marcando una caída respecto de los $ 4223 millones de 2016. Si se suma la suba de costos, la merma real de los subsidios es mayor.
El grupo de empresas que comanda Isela Costantini deberá seguir ajustando. Luego de un año en donde la ex titular de General Motors tuvo que aplicar un plan que implicó la caída de algunas rutas internacionales, frecuencias y reacomodamientos de los vuelos de cabotaje, el gobierno nacional especificó que Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur, y a sus empresas controladas (Jet Paq S.A., Aerohandling S.A. y Optar S.A.) recibirá un 30% menos de los fondos que tuvo para operar este año.
Así se desprende del Presupuesto 2017 para el Ministerio de Transporte que forma parte del Presupuesto Nacional y que por estos días está siendo analizado en el Congreso de la Nación, en donde la administración central explica que prevé una erogación de $ 3000 millones, lo que significa una caída de poco más de 28% respecto de los $ 4223 millones que se le asignó a la aerolínea de bandera para este año.
La caída en los fondos que recibirá es aún mayor si se tiene en cuenta que Aerolíneas Argentinas obtendrá pesos pero que la mayoría de los costos que tiene que afrontar son en dólares, y en lo que se refiere a la cotización de la moneda nacional la ley de leyes enviada al parlamento prevé para el 2017 una devaluación de 20 por ciento.
Además, a esto habría sumarle los costos que tiene que pagar en pesos –los salarios– van a sufrir el impacto de la inflación, que aunque el Gobierno estima que estará en 17% en el sector privado nadie hace una previsión por abajo de 20 por ciento.
A la hora de defender esta caída en los recursos desde el oficialismo señalan que forma parte del programa para que Aerolíneas Argentinas alcance la meta de déficit cero en el transcurso de cuatro años. Pero, la pregunta que surge luego del ajuste que se realizó este año que significó una merma de 60% de los recursos respecto de 2015 y que la línea aérea de bandera dejara de volar a Auckland (Nueva Zelanda), Sidney (Australia) y La Habana (Cuba), es cómo van a enfrentar esta merma en los recursos.
En el entorno de Costantini reconocen que el recorte los coloca "en un target muy exigente" y que apuntan a realizar un refinanciamiento de la deuda, lanzar un agresivo plan comercial, mejorar la eficiencia de las rutas, ahorrar costos y potenciar el negocio de cargas. Por ahora niegan la posibilidad de una reestructuración en las rutas.
Uno de los problemas que reconocen que deberán afrontar para poder llevar adelante son los conflictos sindicales, y ponen como ejemplo el costo que significó el paro de 24 horas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que dejó sin volar a 18.000 pasajeros y, según la empresa, generó una pérdida superior a los u$s 5 millones. Y el que enfrentan por estos días donde, aseguran, hay un "quite de colaboración que significa que se cayeron dos vuelos a Miami, uno a Cancún y otro a Madrid; y tuvimos que alquilar un charter, contratar un avión y tenemos pasajeros varados en algunos destinos".
En este contexto, las autoridades de la compañía están en conversaciones con Transporte para obtener más recursos con el fin de alcanzar las metas para este año.
El Estado vende 33 bienes en el país y en el exterior
Por Diego Yañez Martínez - LA NACION
El Gobierno se desprenderá de varias propiedades, como las residencias de los embajadores en EE.UU. y Brasil.
La residencia del embajador argentino en EE.UU.. Foto: Archivo
El Gobierno autorizó ayer a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a poner en venta 33 terrenos e inmuebles, ocho de los cuales se encuentran en el extranjero. La lista abarca desde una construcción abandonada en La Boca hasta la residencia oficial de la embajada argentina en los Estados Unidos, que está cerrada desde hace seis años debido al deterioro del edificio.
Las escaleras, el piso del depósito y la falta de matenimiento de la cocina son sólo algunos de los ejemplos que ilustran el mal estado de la residencia en Washington, ubicada en el 1815 de la calle Northwest, a escasos metros de la embajada. El costo sólo de las refacciones para su puesta a punto está valuado en cuatro millones de dólares. Lo llamativo es que el Estado abona anualmente, en simultáneo, 135.000 dólares de alquiler por la actual residencia de Martín Lousteau.
El edificio, de 1908 m2, está valuado en 10 millones de dólares. A pesar de que está en desuso, el Estado debe seguir afrontando 60.000 dólares anuales de gastos relativos a los impuestos y al mantenimiento. Aquello se contradice -argumentan desde el Gobierno- con un uso racional y eficiente de los bienes del Estado. "Con el resultado de la venta, está previsto destinar parte de los fondos para adquirir propiedades acordes con la realidad del país y a los fines que resulten adecuados para la prestación de los servicios. Con esto se deja de gastar, pero no nos descapitalizamos", sostuvieron en el Gobierno. La desidia en el mantenimiento de la residencia en Estados Unidos no es un caso aislado. El Estado nacional cuenta con aproximadamente 80.000 inmuebles en el país y en el extranjero, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios.
Otras ventas
El Gobierno también autorizó la venta de la residencia del embajador argentino en Brasil, cercana al aeropuerto de Brasilia. Al tomar mayor actividad el aeropuerto, en 2012 el entonces embajador decidió de manera unilateral que ése no era un lugar habitable.Esa propiedad hoy necesita varios arreglos. La refacción y la puesta en valor costarían unos $ 2 millones de dólares y desde la AABE aclararon que el Estado no tiene plata para refaccionar propiedades que no usa.
En tanto, hace cuatro años que el Estado alquila una residencia para el embajador que tiene un costo de 240.000 dólares por año. "Hasta 2016, son casi un millón de dólares en gastos. Con la propiedad que se vende se puede comprar una residencia en una zona más acorde y por un menor precio", se informó.
El edificio anexo a la embajada argentina en Estados Unidos, ubicado en la calle Northwest 1811; un estacionamiento sin uso de 172 metros cuadrados también en Washington; las oficinas administrativas de la embajada argentina en Colombia (avenida 40 y carrera 13 N 39); un inmueble que fue asignado al uso del Ministerio de Defensa en Washington; el ex Centro Cultural 19 de Abril y un lote desocupado desde hace 15 años, ambos en Uruguay, completan la nómina de las propiedades en el exterior de las que busca desprenderse el Estado.
Deterioro y predios sin uso
Las residencias de los embajadores en EE.UU. y en Brasil necesitan inversiones millonarias para ponerlas en valor y el Estado prefiere venderlas. La venta en el exterior incluye también el anexo a la embajada de la Argentina en Washington -un estacionamiento de 172 metros cuadrados-, las oficinas administrativas de la embajada argentina en Colombia y dos propiedades en Uruguay, entre otros
En tanto, el Estado venderá 25 bienes que están dentro del país
El Gobierno presenta su plan para "producir más sin ajustar salarios"
Por Francisco Jueguen - LA NACIONCabrera y Triaca lo mostrarán en la UIA; está centrado en la productividad y en la competitividad; plantea reformas impositivas y laborales, e impulsa la energía nuclear.
El economista Ariel Coremberg afirma que la productividad local está por debajo de la de 1998 e incluso a niveles de 1974. Su colega José Luis Espert dice que esa variable está en un piso similar al que se registraba tras la Segunda Guerra. No es una discusión académica. Estará hoy más que nunca en el centro de la escena.
El Plan Productivo Argentino (PPA), que el Gobierno presentará hoy a la Unión Industrial Argentina (UIA), tiene un objetivo: sacarles el máximo jugo al capital, el trabajo y a los insumos para aumentar la producción y volver a la Argentina un país competitivo gracias al aumento de las exportaciones y de las inversiones. Esta meta debe lograrse sin perjudicar el salario. Se trata de un cambio estructural de modelo, inspirado en la transformación que vivió Australia en los 90.
El PPA, al que accedió LA NACION, no sólo plantea ocho ejes, sino que adelanta algunas medidas y planes nacionales. Los ejes son: 1) bajar el costo de capital; 2) potenciar el capital humano para favorecer la productividad laboral; 3) mejorar la infraestructura y la provisión de energía; 4) alentar la innovación, nuevos procesos y la adopción de tecnología; 5) lograr equidad y eficiencia fiscal; 6) fortalecer la defensa a la competencia y transparencia; 7) impulsar las negociaciones internacionales y fomentar las exportaciones; 8) impulsar la creación de empresas y el espíritu emprendedor por medio de la desregulación y la facilitación burocrática.
Según la hoja de ruta oficial, para el eje 3 -por ejemplo- ya se implementa el Plan Nacional de Transporte y Mejora Logística, cuyas metas son aumentar la capacidad del transporte de cargas de 435 millones de toneladas a 600 millones; triplicar el peso del transporte ferroviario y rehabilitar 6000 km de vías; multiplicar por seis el peso del transporte fluvio-marítimo o duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en el transporte aéreo. El plan a cargo de Transporte espera hacer 2800 km de autovías nuevas. Para eso buscarán inversiones por US$ 26.000 millones hasta 2019.
En ese mismo eje, también se destaca el Plan de Agua Potable. Su objetivo es el acceso a agua por red del 100% de la población urbana (hoy en 87%) y la incorporación de 8,2 millones de nuevos usuarios. Además se intentará que 8,9 millones de personas más accedan a cloacas en tres años. En cuanto a la Energía, el ministerio que conduce Juan José Aranguren buscará con el Plan Nacional de Energía "impulsar las inversiones en la infraestructura energética", un alza de 22.500 MW de potencia a 2025 "con renovables responsables del 20%" y una inversión en el sector nuclear hasta alcanzar 10% de la generación total.
En cuanto al eje 4, se impulsa el Plan Nacional de Innovación, con el que se pretende elevar la inversión en I+D a 1,5% del PBI, equilibrar inversión pública y privada, y fomentar la contratación de personal con maestrías y doctorados en las empresas.
Sobre el eje 1 -la baja del costo de capital-, se explicita el Plan Nacional de Financiamiento, a cargo de Alfonso Prat-Gay, Luis Caputo y Federico Sturzenegger con los cambios normativos y regulatorios (ya en proceso) y con el nacimiento de las UVI. Además está el Plan Nacional de Financiamiento Productivo a cargo de Pablo García (BICE) y Francisco Cabrera, en el que se mencionan proyectos como el de garantías ampliadas, scoring productivo, bancarización pyme y la inclusión financiera. Caputo se encargará del Plan de Desarrollo de Mercado de Capitales. La "visión" es: "Impulsar la creación de empleo con la baja del costo de financiamiento".
Jorge Triaca tendrá una de las tareas más complejas con el Plan Nacional de Modernización Laboral, que implica el nacimiento del "Servicio de Intermediación Laboral, el Plan de reducción de costos laborales (riesgo de trabajo, ausentismo y litigiosidad) y el plan nacional de prácticas profesionales". A esto se suma otro capítulo con el plan Primer Empleo, el Plan Nacional de Capacitación para el Trabajo, el Plan Nacional de Transformación Laboral, el Sistema de Educación Terciaria y el Sistema Nacional de Certificación de Habilidades. Todos, según el PPA, ya están en proceso. ¿Cuáles son las metas laborales? "Aumentar la estabilidad laboral de los jóvenes, fomentar la creación de empleo formal con nueva legislación y menores costos y adaptar los formatos de trabajo a las necesidades actuales".
El Plan de Servicio de Comunicaciones Móviles y Conectividad impulsa, en tanto, la convergencia, nuevos operadores virtuales ocupando el 10%-15% del mercado, una mayor velocidad y calidad del servicio ("abandono de 2G por 4G"), la baja del costo de comunicación y conectividad a empresas, y el desarrollo de la industria de apps.
También llegará la tan ansiada reforma tributaria, sobre gravámenes nacionales y federales, que buscará "eliminar impuestos distorsivos". Este último objetivo terminará "facilitando la producción de economías regionales y el movimiento de producción entre provincias". Además habrá una revisión de la carga impositiva, "generando incentivos para el aumento del tamaño de las empresas y fomentando el crecimiento empresarial".
Se buscará ubicar al país entre los 50 lugares del ránking Doing Business gracias a leyes de simplificación normativa para pymes, acceso al crédito y fomento de inversiones. El Gobierno buscará además expandir los acuerdos comerciales. con la UE, EE.UU., Canadá, Japón y Corea del Sur "para duplicar la cantidad de tratados".
Preocupa en el Gobierno el rojo fiscal de las cuentas provinciales
Por Jaime Rosemberg - LA NACIONPrat-Gay y Frigerio reciben hoy a ministros de Economía de las provincias; la Casa Rosada quiere avanzar hacia una nueva ley de responsabilidad fiscal; Santa Cruz, el distrito más complicado
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña
Se hablará, claro, del proyecto de ley de presupuesto, y también de las reformas al impuesto a las ganancias que se proyectan para el año próximo. Pero el tema central que tratarán hoy los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Alfonso Prat-Gay (Hacienda) con los responsables de las economías provinciales será, por sobre todo, el equilibrio de las cuentas públicas, un tema que preocupa al Gobierno y que la Casa Rosada espera tener resuelto hacia el final de su mandato.
"No les vamos a pedir a las provincias lo que nosotros mismos no podemos cumplir. Pero la idea es avanzar juntos hacia la misma dirección y lograr el equilibrio hacia 2019", afirmaron a LA NACION fuentes de ambos ministerios, que hoy recibirán a los secretarios y ministros de Economía provinciales en el quinto piso del edificio que ocupa Prat-Gay.
En principio, la reunión será la continuidad de la llevada a cabo hace dos semanas en el contexto del revitalizado Consejo de Responsabilidad Fiscal, al que adhirieron la mayoría de las provincias (San Luis, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires no forman parte, pero enviaron a sus ministros).
El objetivo, contaron desde el Gobierno, es "replantear" con las provincias la ley de responsabilidad fiscal, suspendida desde 2010 y que establece metas de endeudamiento, déficit fiscal y gasto, entre otros rubros. "La idea es coordinar una nueva ley con las provincias y actuar en consonancia en temas sensibles, como la calidad del gasto", afirmó a LA NACION Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio del Interior.
Hay, para el Gobierno, casos y casos. El más preocupante es, a todas luces, Santa Cruz, que acumula pedidos de adelantos financieros, rojo fiscal y desempleo creciente luego del corte abrupto de la obra pública financiada por el Estado nacional. "No vemos por dónde, en qué rubros va a estar la llave para que se recupere la economía de la provincia", afirmaron fuentes oficiales en relación con la situación que atraviesa la gobernadora Alicia Kirchner.
En el otro extremo, un grupo de seis provincias mantuvo sus cuentas en orden durante el año pasado. Cuatro de ellas (Santiago del Estero, San Luis, San Juan y Córdoba) son gobernadas por el peronismo en sus distintas vertientes. También tuvieron superávit la ciudad de Buenos Aires, con gobierno del propio Mauricio Macri, y Corrientes, donde el radical Ricardo Colombi encabeza un conglomerado de partidos.
Entre ambos extremos, un grupo nutrido de provincias tienen complicaciones financieras, pero cuentan con "herramientas" para lograr equilibrio fiscal en el corto plazo: son la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Mendoza y Jujuy, entre otras.
Deuda en observación
El Gobierno observa además la emisión de deuda de ocho gobiernos provinciales por un total de US$ 5850 millones. A la cabeza están dos mandatarios de Pro: la bonaerense María Eugenia Vidal (US$ 2250 millones) y el porteño Horacio Rodríguez Larreta (US$ 890 millones). Córdoba, Chubut, Mendoza, Salta, Chaco y Neuquén integran ese grupo, al que se sumará Santa Fe en las próximas semanas, por un monto de alrededor de US$ 500 millones. En las últimas reuniones con gobernadores y funcionarios provinciales, el Gobierno dio vía libre al endeudamiento externo de las provincias "siempre que el dinero se use para obras de infraestructura y no para gastos corrientes".
El equilibrio en las cuentas, que el Gobierno ya anunció que no podrá cumplir en 2017, le hará lugar en el temario al debate por el presupuesto del año próximo. "Va a ser una discusión dura, y ya sabemos que alguna concesión vamos a tener que hacer", descontaban ayer en un despacho oficial; aclaraban que en ese presupuesto se prevé una suba del 31% en el envío de fondos a las provincias en concepto de coparticipación federal.
En lo que hace a la reforma del impuesto a las ganancias, el Gobierno intentará imponer su proyecto, que prevé una suba más moderada, por encima de los que proponen la CGT, Sergio Massa y Elisa Carrió, entre otros. La Casa Rosada también promoverá otra "buena noticia" para la clase media, con la suba de las escalas para el pago del monotributo.
Los distritos, según sus dificultades financieras
Con superávit
Un grupo de seis provincias mantuvo sus cuentas en orden en 2015. Cuatro de ellas son gobernadas por el PJ, en distintas vertientes: Santiago del Estero, San Luis, San Juan y Córdoba. También tuvieron superávit la ciudad de Buenos Aires y Corrientes
Rojo solucionable
Otro grupo nutrido de provincias tiene complicaciones financieras, pero cuenta con herramientas para lograr equilibrio fiscal en el corto plazo: son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Mendoza y Jujuy, entre otras
En problemas
En el Gobierno coinciden en que Santa Cruz es la provincia más endeudada y la más complicada en sus cuentas. "No vemos por dónde, en qué rubros va a estar la llave para que se recupere la economía de la provincia", comentaron en la Casa Rosada
Del editor: ¿qué significa? El desequilibrio de las cuentas públicas afecta a la Nación tanto como a las provincias; las necesidades políticas de 2017 entrarán en la ecuación.
lunes, 26 de septiembre de 2016
Plan anticrisis: el Gobierno quiere que casas, comercios e industrias generen su propia electricidad
(iProfesional.com) - Provincias como Santa Fe, Neuquén, Salta, Mendoza y Misiones ya están impulsando iniciativas pero de manera limitada. El macrismo apuesta a extender el modelo a nivel nacional. El objetivo es que los excedentes se deriven a la red de suministro eléctrico
Un esquema que comenzó en Europa y, poco a poco, va tomando fuerza en Latinoamérica, está a un paso de convertirse en realidad en la Argentina. El Gobierno apuesta a que los usuarios residenciales, así como comercios e industrias, generen su propia energía eléctrica y que los excedentes puedan ser derivados a la red general de suministro.
Para dar curso a esta iniciativa, que implica un verdadero cambio de paradigma, el oficialismo planea impulsar una ley que facilite a los hogares a contar con un sistema de energía renovable.
Reglamentar una nueva normativa con esta índole es una de las prioridades del Poder Ejecutivo, sobre todo ahora que ya lanzó con éxito una licitación por 1.000 MW para la construcción de grandes centrales. De aprobarse el marco regulatorio, próximamente los argentinos podrán utilizar sistemas de energía solar fotovoltaica y otras fuentes limpias para auto consumo. Lo novedoso del plan es que las personas podrán vender los excedentes de energía eléctrica a las distribuidoras zonales con tarifas más interesantes que las que se manejan hoy en día.
Puntapié inicial
Si bien para muchos podrá resultar una película de ciencia ficción, actualmente hay cinco provincias que están trabajando con un esquema similar, aunque a escala limitada: Santa Fe, Neuquén, Salta, Mendoza y Misiones.
Santa Fe había dado los primeros pasos pero, por la falta de estímulos, menos de diez usuarios se conectaron a la red hasta el momento.
En Salta se aprobó el régimen a principios de año y ya en julio se llevó a cabo la primera instalación de un equipo de energía renovable a red bajo la Ley 7.824 de Balance Neto. Se trata de un sistema fotovoltaico de 5,5 kWp en el edificio Terra Village, Complejo Parque Norte, emplazado en Salta capital.
Otras provincias, como Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Jujuy, esperan contar con el marco regulatorio antes de concluir 2016.
“Trabajaremos intensamente para que antes de fin de año se pueda tener la reglamentación”, confió Claudio Puértolas, director general de Desarrollo Energético de Córdoba. Sin embargo, el desafío del Gobierno nacional es extenderlo a todo el país pero con mayores estímulos financieros para ganar en escala.
En lo que respecta a energías renovables, la geografía nacional fue tocada por la “varita mágica”: la región Norte presenta gran potencial para el desarrollo de la energía solar; Patagonia, Centro y Cuyo, eólica; Centro y Noreste, principalmente biomasa.
Aprovechar este gran recurso -aplicando las nuevas tecnologías- es la carta que se propone jugar el Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren.
Una vez en marcha, el usuario que obtenga sobrantes a través de un equipo de energía limpia en el hogar o en su empresa, estará habilitado para despacharla a la distribuidora. Aunque todavía es tema de discusión el valor del kilowatt, el interés oficial es que el importe recibido sea lo suficientemente atractivo como para promover este tipo de iniciativas.
En definitiva, el objetivo es que la inversión en paneles o aerogeneradores de baja potencia se pueda recuperar en un plazo menor a los cinco años, motorizando la industria local y el desarrollo de las economías regionales.
Según informan los proveedores locales, los módulos de energía solar capaces de suministrar a una vivienda con demanda tipo cuestan actualmente cerca de $90.000. Esta cuenta incluye las baterías para acumulación que permiten el funcionamiento de los artefactos y electrodomésticos durante la noche. A valores de hoy, por el nivel de subsidios del Estado Nacional que todavía están impactan en la factura de electricidad convencional, todavía no es atractivo el uso de estas tecnologías.
¿De qué manera se podría seducir a los usuarios? El sistema que busca impulsar el Gobierno a nivel nacional apunta a evitar la adquisición de las costosas baterías. Es decir, se buscará que los consumidores puedan inyectar a la red aquella energía que no están utilizando, principalmente durante el día. Cuando la compra de energía a la distribuidora es mayor a la entregada a la red, entonces se pagaría sólo la diferencia.
Más interés del arco político
El tema empezó a ocupar un rol central en la agenda de los funcionarios y legisladores.
Tal es así que este año la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados inauguró la sesión analizando diez proyectos de ley que proponen estimular las energías renovables. Fue inédito y sorprendió hasta a los propios industriales del sector.
El ambientalista Juan Carlos Villalonga, ex Greenpeace y devenido en Diputado por el PRO de Capital Federal, indicó que “la normativa necesaria a nivel nacional está atrasada respecto de lo que pasa en las provincias”. No obstante, el legislador que presentó un proyecto proponiendo su regulación celebró el hecho de que ya “figura dentro del paquete de medidas que deberían tratarse este año”. A priori, el Gobierno está de acuerdo en avanzar con la propuesta. De hecho, el subsecretario del área, Sebastián Kind, confirmó días atrás que “el Poder Ejecutivo va a apoyar el desarrollo de la generación distribuida en el Congreso”. Estas expresiones aceleraron las gestiones de los interesados. “Nos hemos reunido con diputados de las distintas fuerzas políticas y estamos trabajando en un texto en común”, destacó Villalonga. Con este empuje, se estima que podría desembarcar el expediente en el recinto en las próximas sesiones.
Esto mismo está siendo estudiado por los asesores en temas energéticos de los diputados que pertenecen al Frente Para la Victoria (FPV), Frente Renovador, Cambiemos, Socialismo, UCR, Bloque PJ, entre otros. La idea es que salga por unanimidad para que luego los gobiernos provinciales adhieran a la normativa y se pueda lograr un gran impacto real en el mercado.
En el Senado, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), también está haciendo sus esfuerzos. Días atrás, el empresario consiguió el visto bueno de Julio Cobos, senador de la UCR, en una reunión desarrollada en su despacho que duró poco más de 45 minutos, exclusivamente para analizar este tema. “Es muy valioso seguir por este camino para lograr una ley que sea acompañada por legisladores de ambas cámaras, además del Poder Ejecutivo y el sector privado”, expresó Álvarez a iProfesional.
El colectivo de actores que conforman la Alianza por las Energías Renovables de Argentina (AERA) está participando activamente del proceso. A priori, las grandes distribuidoras y cooperativas eléctricas no ofrecerían gran resistencia a pesar de que puedan ver amenazado su negocio (la comercialización de energía). “Queremos que esto avance pero destacamos que el proceso debe darse cumpliendo las normas de seguridad y una regulación adecuada en las redes”, afirmó Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). El directivo hizo referencia a las redes inteligentes, dispositivos capaces de integrar las acciones de todos los agentes: productores y consumidores o ambas funciones al mismo tiempo.
Industria solar, proyecciones
En la Cumbre de Líderes Locales contra el Cambio Climático, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015 en París, más de 170 grandes compañías, Estados y ciudades del mundo se comprometieron a realizar una transición al 100% de energía renovable hacia el año 2050.
Desde el Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME) señalan que este objetivo sólo puede alcanzarse si los usuarios incluyen en sus casas sistemas de generación renovable. “Si, por ejemplo, se supusiera electrificar el 100% de la matriz energética primaria local argentina para abastecer sus 67 GW de consumo proyectado al 2050, esto implicaría multiplicar la capacidad instalada local actual de potencia eléctrica por un factor de entre 4 y 6”, explican. En forma gradual, sostienen que “habría que instalar entre 3,5 y 4,5 GW de energía renovable más acumulación por año”, entre 2016 y 2050. Esto implicaría una inversión de entre 260.000 y 330.000 millones de dólares durante los próximos 34 años.
¿Elección u obligación?
La Ley 27.191 establece que al 31 de diciembre del 2017, los usuarios que contraten potencia por un monto igual o superior a 300 KW deberán incorporar como mínimo un 8 por ciento del total del consumo propio con energía proveniente de fuentes renovables. Hay dos opciones para cumplimentar la norma: autogenerar con equipos propios o comprar a un tercero. Por el momento, la alternativa disponible es a través de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA).
No obstante, son varias las compañías grandes que están tras el tema, entre ellas, Aluar y Techint.
Por eso en los industriales están a la expectativa de una nueva resolución por parte del Ministerio de Energía y Minería que reglamente los contratos entre privados. Bajo ese andamiaje legal, una firma podría firmar convenios con generadores de energía eólica y solar para dar cumplimiento la exigencia de incorporar energía sustentable.
En contacto con iProfesional, José Carlos Cueva, abogado especializado en energías renovables y socio junior del estudio Beccar Varela consideró que “es un aspecto esencial para que continúe desarrollándose plenamente la industria”.
Cabe destacar que el esquema de generación eléctrica en forma distribuida es utilizado en todos los continentes, pero principalmente en Europa. Alemania y España, con menor potencial de recurso solar y eólico que Argentina, se posicionan a la cabeza del podio. En la región, Brasil hizo lo propio, al igual que Chile y Uruguay. En estas plazas, de a poco se empiezan a observar paneles solares en las casas. Luego de más de una década de crecer en el mundo, llegó el turno de Argentina.
La demora en desarrollar el mercado es para los expertos a la vez una ventaja: se puede aprender de las experiencias anteriores, aprovechando la importante caída del costo de la tecnología. Con estas perspectivas, ya hay empresas que están planificando radicarse en el país para elaborar y comercializar equipos de gran calidad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
