La Argentina de siempre

Por Graciela Guadalupe - LA NACION

"Los índices de pobreza argentinos son tercermundistas." (De Beatriz Sarlo.)

La ensayista Beatriz Sarlo calificó como "tercermundista" al nivel actual de pobreza de nuestro país (34,5%, según la UCA). No parece exagerada. En primer lugar, porque representa 5,5 puntos más del 29% con que terminó 2015; en segundo término porque, como consecuencia de achacarle a Macri la generación de 1,4 millones de nuevos pobres -que bien endosada está-, el kirchnerismo admite que era falso el 4,7% que daba "su" Indec poniendo a la Argentina por debajo de los niveles de pobreza de Alemania. Y tercero, porque aun con aquel 29% de 2015, estábamos peor que hace 25 años cuando la pobreza rondaba el 26%, sin dejar de considerar las diferencias de contexto entre la convertibilidad y la "década ganada".

Si para el tango "20 años no es nada", para la Argentina, un cuarto de siglo mide menos que una regla sin números. Y no sólo por la pobreza. En 1991, los diarios se llenaban de titulares sobre la necesidad de que los funcionarios judiciales actuasen con independencia del poder político (suenan celulares en fiscalías y juzgados), la aberración de las jubilaciones "especiales" frente al ingreso mínimo (hoy, $ 140.000 mensuales brutos van para Boudou y 332.000 para las dos pensiones de Cristina), la suba de días de clase en el calendario escolar (se preveía llegar a los 200 contra los 190 que ahora queremos tener), y el temor a la inseguridad y a los cortes de electricidad (teléfono para los Bullrich y Aranguren).

Hace 25 años, el Episcopado advertía sobre los "efectos disolventes que produce la corrupción en la sociedad", y preocupaban la violencia en las canchas y los piquetes que hacían chocar el derecho de unos (a peticionar) con el de otros (a circular).

Nos alarmaban la justicia por mano propia, la burlona ley de lemas, el comercio ilegal, el alcohol al volante y la venta de tierras públicas como el Campo de Polo para convertirlas en megaproyectos inmobiliarios (campana para Rodríguez Larreta).

Se le pidió a Santiago Kovadloff una reflexión sobre lo que nos pasa. Y dijo: "La repetición de tantos de nuestros errores es hija de la ineptitud para transformarlos en una fuente de aprendizaje, es decir, en experiencias aleccionadoras. Cuando la política es incapaz de llevar a cabo este proceso de capitalización de sus equívocos reiterados, deja de cumplir con la posibilidad de contribuir a la autocomprensión de la sociedad a la que representa. Esto congela en el inmovilismo y la desorientación, cerrando el ingreso al porvenir y, con él, a una comprensión más fecunda del tiempo".

Buscan compensar a la Fuerza Aérea con más horas de vuelo

Por Francisco Olivera - LA NACION

El Gobierno le triplicaría los fondos para volar; hay mucho malestar por la privatización de traslados

Con la pretensión de saldar una vieja deuda y, al mismo tiempo, evitar ofensas por la virtual privatización del traslado de funcionarios públicos, el Gobierno busca triplicar el año próximo el presupuesto destinado a horas de vuelo de la Fuerza Aérea. Ése es el plan sobre el que trabaja en estos momentos el área de Defensa: que de los 2000 millones de dólares previstos para reequipamiento militar en el lapso 2016-2018, unos 950 millones vayan a los aeronáuticos.

Así lo dispone el presupuesto 2017. La iniciativa, cuyos principales trazos fueron informados a este diario por fuentes del Ministerio de Defensa, pertenece todavía al universo de las intenciones, pero apunta a mejorar la situación de los integrantes de la Fuerza Aérea, cuyo malhumor venía en aumento desde hacía varios años y se intensificó en abril, cuando un documento interno, la "Directiva anual de adscripción", les advirtió por escrito lo que ya todos sentían: el Gobierno prefiere encomendarles a pilotos privados el traslado de funcionarios.

Para los militares se trata de un círculo vicioso: el Estado no confía en sus aviadores porque no tienen la cantidad de horas de vuelo requeridas (4000) y esto pasa porque no hay presupuesto para que lo hagan. El texto en cuestión, fechado el 6 de abril, es una especie de programa de instrucciones para todo el año que, con carácter de "reservado", en su apartado 3, afirma del modo más crudo: "Debido a las restricciones presupuestarias que sufre la Fuerza Aérea, el Programa de Actividad Operacional Año 2016 no permite que todos los aviadores militares y tripulantes no pilotos puedan mantenerse cumpliendo actividad de vuelo. Esta asignación de horas posibilita solamente el cumplimiento de las exigencias básicas mínimas (EBM), dejando aviadores militares sin desarrollar actividad, afectando a la vez la disponibilidad de vacantes para los tripulantes a bordo en los diferentes sistemas de armas".

El documento avanza además en un asunto que multiplicó la irritación entre los uniformados: da un listado de pilotos, muchos de ellos de antigua relación con directivos de MacAir, empresa que la familia Macri le vendió en marzo a la colombiana Avianca, y desde hace un tiempo contratados habitualmente por líneas privadas, que estarán habilitados hasta el 31 de diciembre próximo para volar el Tango 10, un Learjet 60 que pertenece en rigor a la Fuerza Aérea. Son Enrique Carlos García Moreno, Luis Adolfo Grande, Luciano Mario Grimaldi y Lorenzo Oscar Marzialetti, todos ellos civiles, a los se que agrega a dos vicecomodoros retirados: Ángel César Carrizo y Hugo Marcelo Fiocca.

La difusión de aquella nómina puso por escrito una privatización definitiva del traslado de funcionarios públicos que hasta el año pasado se hacía de modo alternativo, pero no estructural. Los Kirchner, por ejemplo, llegaron a delegar la organización de sus vuelos en Sergio Velázquez, el piloto que habían traído de Santa Cruz y que manejaba el Tango 01, pero solían recurrir todavía al personal de la Fuerza Aérea para el resto de los aviones y helicópteros, en algunos casos incluso para cuestiones de índole privada.

Algunos de los civiles contratados por el Ministerio de Defensa son ya célebres en la industria aérea. García Moreno, por ejemplo, no sólo perteneció a MacAir, sino que acompañó en 2008 al norteamericano Rick Valdés en el traslado hasta la Argentina del Learjet que Ricardo Jaime usaba como propio y que le costó un procesamiento.

En realidad, el descontento de los aeronáuticos no está tanto en los nombres como en el nuevo sistema, que los obliga a cederle espacio a una especie de cuerpo de asesores ad honorem del Gobierno que en los hechos conduce un piloto privado, Carlos Colunga, histórico director de MacAir que conoce a Mauricio Macri desde muy joven. "No cobré un peso, fue todo asesoramiento", dijo en su momento a LA NACION Colunga, que trabaja en la organización de la flota y los vuelos de funcionarios con su hijo Diego y con dos antiguos colaboradores: Roberto Aróstegui, ex jefe de línea de MacAir, ex inspector de la ANAC y aviador con años de experiencia en Aerolíneas Argentinas e Indian Airlines, y Carlos Cobas, ex gerente comercial de MacAir y único con funciones oficiales. Cobas fue a principio de año designado como director general de Logística en el Estado, pero deberá actualizar su CV: a pesar de que Colunga afirma que no pertenece ya la compañía, aparece en Linkedin como "responsable en Nuevos Negocios de MacAir Jet SA".

"El único funcionario es Cobas, el resto son conocidos, pero no cumplen ninguna función de asesoramiento", contestaron en la Casa Rosada ante la consulta de este diario. Con todo, quien suelen dar las instrucciones es Colunga, el mismo que el año pasado contrataba chárteres para la campaña presidencial. ¿Qué convence a un piloto de asesorar a un presidente sin llevarse un centavo al bolsillo? En la industria aérea comparan, con detalles, los beneficios de ese rol de protagonismo superlativo con los que supone para un empresario la carrera de dirigente de fútbol: prestigio, contactos y, por lo tanto, nuevos negocios.

Tanto hacia adentro como hacia afuera del Gobierno, la premisa de Colunga es que el transporte de funcionarios requiere de personal experimentado y eso no abunda en la Fuerza Aérea porque no vuela. Por eso diseñó este esquema, que rige desde que Macri llegó a la Casa Rosada, pero que fue oficializado el 16 de febrero a través de la resolución 83 del Ministerio de Defensa, que designa como "personal civil contratado", bajo la ley marco del empleo público nacional, a los referidos cinco pilotos y al instructor de vuelo Darío Néstor Michelini.

El plan general incluye una operación que ya trascendió, pero de la que se conocen todavía pocos detalles: la compra de un avión para trasladar al Presidente.

La tercera ola de inversiones: Puerto Madero vuelve a estar de moda entre las grandes desarrolladoras

Por Alfredo Sainz - LA NACION

Los nuevos proyectos de residencias, oficinas y hoteles suman US$ 900 millones; en las empresas aseguran que es la última oportunidad de poner un pie en la zona

Puerto Madero vuelve a estar de moda entre los inversores. 

Mientras el mercado inmobiliario porteño todavía sigue a la espera de una recuperación a nueve meses del levantamiento del cepo cambiario, el barrio más nuevo (y más caro) de Buenos Aires ya protagoniza una nueva ola de proyectos millonarios impulsados por las grandes desarrolladoras locales, que en la mayoría de los casos tenían los terrenos comprados, pero estaban a la espera de un cambio en el "clima de negocios".

En la actualidad, los emprendimientos de torres de viviendas, edificios de oficinas y hoteles que se encuentran en construcción en las zonas de los diques alcanzan inversiones por US$ 640 millones, a lo que se suman otros US$ 260 millones que fueron anunciados en las últimas semanas.

Foto: Javier Joaquín

El resurgimiento de Puerto Madero no es un nuevo fenómeno y a grandes rasgos es algo que se repite con cada cambio en el signo político. El barrio vivió su primer momento de esplendor en los 90 durante el menemismo, cuando se empezaron a reciclar los viejos docks, y después de la crisis de 2001 fue la zona que más creció durante el primer gobierno de Kirchner, cuando la mayoría de las nuevas torres se mudó al otro lado del dique, impulsando el desarrollo del llamado Puerto Madero Este.

"Hoy estamos viviendo la tercera ola de inversiones en Puerto Madero. La primera llegó en los 90 y se frenó con 2001. La segunda arrancó en 2003, con muchos inversores nuevos, como en su momento fue Alan Faena, y ahora estamos viviendo la tercera ola que pasa principalmente por la consolidación del dique 1", explicó Federico Weil, dueño de la desarrolladora TGLT.

Si bien la mayoría de los inversores que están detrás de los nuevos proyectos en Puerto Madero son viejos conocidos de la zona -de Faena a Jorge Brito (Banco Macro), pasando por Alberto Fernández Prieto, Alejandro Ginevra o la familia Sutton (los dueños del hotel Alvear)-, en el mercado reconocen el papel clave que jugó la decisión de Jorge Pérez de poner un pie en el negocio. Pérez es un argentino que está radicado en Estados Unidos hace más de 30 años y es el dueño de Related Group, la mayor desarrolladora inmobiliaria de Miami. En la década pasada estuvo a punto de invertir en el desarrollo de la Ciudad Deportiva de Boca -asociada con IRSA-, aunque a último momento decidió cancelar el proyecto porque la Argentina era "un desastre". El cambio de gobierno, finalmente, lo terminó de convencer de que éste era el momento para desembarcar en el dique 1, donde planea levantar dos torres de lujo de 30 pisos cada una, con una inversión de US$ 250 millones.

"Nos decidimos por Puerto Madero porque es una de las pocas zonas premium de Buenos Aires donde quedan terrenos. Si uno busca sobre la Avenida Libertador o Recoleta es casi imposible encontrar tierras disponibles. Y los resultados nos están dando la razón. Ya tenemos vendidos 103 de las 130 unidades, a un precio promedio de 7500 dólares el m2. El 100% de los compradores son locales, incluyendo un 10% de argentinos que están viviendo en el exterior", explica Carlos Rosso, presidente de Related.

Los desarrolladores aseguran que su mejor argumento de venta a la hora de convencer a los potenciales compradores es que se trata de la última oportunidad de invertir en Puerto Madero, y algo de razón tienen. Sin contar los proyectos que ya están iniciados y los que se acaban de anunciar, sólo quedarán cuatro lotes libres en la zona: tres pertenecen a la sociedad Fernández Prieto-Vizora (incluyendo uno donde hoy se levantan unas canchas de fútbol) y un cuarto es de Creaurban, la desarrolladora de la familia Calcaterra, que cuenta con el atractivo de que se trata de un predio que tiene la autorización para hacer la torre más alta de Buenos Aires.

De la lista de lotes sin proyecto definido hay que sacar el terreno que hoy está libre sobre la avenida Juana Manso 1400, justo enfrente al edificio El Porteño. La tierra pertenece a Alan Faena, que hace unas semanas anunció que volverá a invertir en la Argentina -hoy tiene todo el foco puesto en Miami- con el desarrollo de un nuevo proyecto residencial. La inversión en lo que el propio Faena considera "la última joya" ascenderá a US$ 100 millones.

"Lo que estamos empezando a ver es el final del desarrollo de Puerto Madero. A partir de la concreción de estos proyectos, los precios se tendrían que incrementar porque no va a haber nueva oferta y todo lo que se venda va a ser usado", asegura Alejandro Ginevra, titular de la desarrolladora Gnvgroup.

Gnvgroup está terminando la construcción de dos edificios de oficina con la marca World Trade Center -que implican una inversión de US$ 40 millones-, y en paralelo acaba de iniciar las obras de una nueva etapa del Harbour Tower. Se trata de una torre de 50 pisos y 150 unidades, que incluirá un hotel con la marca Viceroy, en lo que representará el desembarco de la cadena californiana en América del Sur -hoy cuenta con operaciones en Estados Unidos, México y el Caribe-. La inversión total en Harbour Tower ascenderá a US$ 160 millones.

El Viceroy, sin embargo, no será el único hotel que sumará Puerto Madero. Para junio de 2017 está programada la inauguración del Alvear Icon, el nuevo complejo que combinará habitaciones de hotel y residencias del grupo Sutton, y demandará una inversión de US$ 100 millones. El mismo grupo también está construyendo en el dique 2 la Alvear Tower, que con 54 pisos y 235 metros se convertirá en la torre más alta de la Argentina y representará un desembolso de otros US$ 130 millones.

"A diferencia de lo que sucede con otros barrios de la ciudad que pueden extenderse aunque sea simbólicamente, como por ejemplo ocurre con Palermo, Puerto Madero tiene límites muy acotados, lo que lo vuelve un producto único", dijo Andrés Kalwill, director comercial del Grupo Alvear.

Foto: Javier Joaquín

Frente a la multiplicación de proyectos millonarios, el gran interrogante es si las nuevas torres se traducirán en más gente viviendo en Puerto Madero o el barrio si continuará siendo un refugio para los inversores que no saben dónde poner sus ahorros. Según el último censo que data de 2010, en Puerto Madero viven 6726 habitantes, aunque en el barrio aseguran que la población estable al menos duplica esa cifra.

"Si bien en el pozo la mayoría de los compradores son inversores, muchos terminan instalándose. No coincido con la idea de que Puerto Madero esté medio vacío. Nosotros vemos cada vez más gente viviendo y de hecho hoy en nuestro complejo Zen City tenemos lista de espera de gente para alquilar", asegura Alberto Fernández Prieto, titular de la desarrolladora homónima, que asociada con Vizora -del grupo Brito- acaba de iniciar las obras para la construcción de dos nuevas torres de vivienda con la marca Link Towers, en el dique 1, que demandarán una inversión total de US$ 120 millones.

En Nuevo Madero -un portal especializado en todo lo que sucede en Puerto Madero- coinciden con la idea de que la zona dejó hace tiempo de ser un barrio fantasma, aunque reconocen que la crisis no perdona ni siquiera a los más ricos.

"Las expensas en todas las torres se dispararon en los últimos meses, con subas que llegan al 60%, y el panorama es más preocupante por el lado de los comercios. No es tan fácil para una casa de ropa o un restaurante enfrentar la combinación de ventas estancadas y costos que suben vía las expensas o los servicios", comentó Vanesa Leibas, directora de Nuevo Madero.

Los operadores inmobiliarios igualmente aseguran que más allá de la baja de la demanda actual, el potencial de Puerto Madero sigue siendo enorme. "Si bien hoy el nivel de vacancia en Puerto Madero es un poco más alta (en promedio, en locales comerciales se ubica en el 3,3%), hay que tener en cuenta que se trata de un índice que viene bajando en forma sostenida en los últimos años a pesar de que el consumo no ayuda. Esto se explica porque Puerto Madero es una verdadera ancla de la ciudad. No hay otro desarrollo en la región que ofrezca una propuesta de este tipo con una ubicación tan cercana al Centro", explica Marcelo Zuliani, gerente comercial de la consultora Colliers International.

La Argentina y Chile buscan poner fin a una pelea ambiental

Por Martín Dinatale - LA NACION
Una minera chilena depositó en territorio argentino residuos tóxicos; hay reclamos de la Cancillería

Unos 55 millones de toneladas de residuos tóxicos de la minera chilena Los Pelambres, encallados en 52 hectáreas del lado de San Juan, resumen el conflicto abierto hoy entre Chile y la Argentina.

Ambos países están dispuestos a buscar una solución al problema, hay una causa judicial de por medio, intensas negociaciones diplomáticas y el Gobierno reconoció que si bien hay buena predisposición de las autoridades chilenas el avance de la contaminación en territorio argentino resulta "altamente preocupante".

Según pudo saber LA NACION, en los últimos días hubo renovados reclamos de la cancillería argentina al gobierno de Chile para tratar de alcanzar una solución a un problema que viene de arrastre: entre 2007 y 2012 la minera Los Pelambres (de Antofagasta Minerals), que está instalada del lado chileno, arrojó unas 55 millones toneladas de neumáticos, material tóxico y otros residuos minerales en un predio del lado argentino. Hubo un avance de 1,35 kilómetros en territorio sanjuanino con residuos.

El senador Pino Solanas presentó una denuncia judicial y ahora Chile instó a la empresa a retirar los residuos. Pero no todo está cerrado: aún faltan los permisos de las autoridades argentinas para que los dueños de la minera Los Pelambres puedan retirar todo el material tóxico del lugar, enclavado a más de 2000 metros de altura, en plena cordillera de los Andes.

Según declaró el vicecanciller Carlos Foradori, en un reciente plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Relaciones Exteriores del Senado, "esto no es un problema de dos empresas privadas, sino de territorialidad de dos repúblicas, la de Chile y la Argentina". Así, Foradori dejó sentado que "el reclamo es a un Estado, al Estado de Chile, no a una empresa", y advirtió que "lo que ha habido es un reconocimiento del error de parte de Chile, por lo que esperamos que se proceda como es debido", al referirse al depósito de residuos de la empresa Los Pelambres situados en la localidad sanjuanina de Calingasta.

Un estudio realizado en 2014 por la cancillería argentina alertó que el megabasurero ya produce contaminación, tal como lo señaló en su denuncia judicial el senador Solanas.

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, reconoció que hay un conflicto abierto con el Gobierno y, en diálogo con LA NACION, dijo: "Esperamos que empiece prontamente el retiro de los neumáticos, en cuanto estén listos los permisos correspondientes de parte de las autoridades argentinas".

A su vez, el diplomático chileno dijo que "Chile tiene voluntad de contribuir a una solución adecuada y satisfactoria, sin interferir en las decisiones del Poder Judicial argentino".

Por otra parte, fuentes de la diplomacia chilena y de la Argentina dijeron a LA NACION que la minera Los Pelambres comenzaría el proceso de retiro de los neumáticos de la escombrera en los próximos meses, aunque admitieron que no hay seguridad plena de que ello ocurra porque ya van varios años que este conflicto está abierto sin solución a la vista.


Los Pelambres de Antofagasta Minerals. Foto: Gentileza

La empresa Los Pelambres acordó el cierre de la escombrera con el gobierno de San Juan y ese proceso se realizará con la supervisión de las Naciones Unidas y la Universidad de San Juan. Pero los residuos tóxicos siguen allí. Si bien el gobierno de Chile se mostró dispuesto a dar una solución al tema, también admite en reserva que se encuentra inhibido por mandato constitucional de interferir en asuntos sometidos al conocimiento de tribunales nacionales o extranjeros. No piensa lo mismo el vicecanciller Foradori, quien alertó en el Senado que este conflicto atañe a dos Estados, que deben tomar cartas en el asunto.

Solanas dijo a LA NACION: "El Senado no puede ser indiferente a la contaminación chilena de una de las cuencas hídricas más importantes de nuestro país. Antofagasta Minerals debe remover sus propios residuos peligrosos y devolverlos a territorio chileno, que es donde realmente se originaron. Tras los derrames de cianuro de la Barrick Gold, no vamos a permitir que Antofagasta Minerals siga contaminando en San Juan".

En este contexto, el conflicto sigue vigente, no hay solución inmediata a la vista y ya hay 52 hectáreas con residuos contaminantes del lado argentino que arrasaron con lagunas, secaron vegas y contaminaron con drenaje ácido un curso de agua del río San Juan.

Controversia en la frontera - Protagonistas de la puja por los residuos tóxicos de Chile depositados en San Juan

Carlos Foradori - Vicecanciller argentino - "Esto no es un problema de dos empresas privadas, sino de territorialidad de dos repúblicas. Hasta ahora hubo reconocimiento del error de parte de Chile y eso es una avance"

Antonio Viera-Gallo - Embajador de Chile - "Esperamos que empiece pronto el retiro de los neumáticos y los residuos en la Argentina. Chile tiene voluntad de contribuir a una solución adecuada al conflicto abierto"

Fernando Solanas - Senador Proyecto Sur - "La empresa Los Pelambres debe remover sus propios residuos peligrosos de inmediato y devolverlos a territorio chileno, que es donde realmente se originaron"

Decomisaron más de cuatro toneladas de precursores

(La Nación) - Siete sospechosos de elaborar cocaína y de lavar dinero narco fueron arrestados en Tucumán y en Buenos Aires.


La banda operaba en Tucumán y en Buenos Aires. Foto: Ministerio de Seguridad
Siete personas fueron detenidas en distintos puntos del país -entre ellas, un ex funcionario público de la Legislatura de Tucumán- acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico a la que se le secuestraron más de cuatro toneladas de precursores químicos.

Según precisó en un comunicado el equipo de prensa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se realizaron durante el fin de semana 15 allanamientos en territorio tucumano y bonaerense. Del informe oficial surge que uno de los principales detenidos es Julio César Trayán, de 37 años, un "ex funcionario público de la Legislatura de Tucumán" que fue aprehendido en su domicilio.

El procedimiento principal se realizó en un laboratorio de José C. Paz que funcionaba como una fábrica dedicada a la comercialización de sulfato de cobre. Allí, el personal de la Policía Federal Argentina secuestró 3240 litros de ácido clorhídrico, 200 de sulfúrico y 30 kilos de soda cáustica.

En otro allanamiento realizado en una empresa de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría dedicada a la compra, producción y venta de sustancias químicas -y cuya actividad no contaba con la habilitación del Registro Nacional de Precursores Químicos- se hallaron 260 litros y 600 kilos de ácido sulfúrico y 475 litros de ácido clorhídrico.

En total fueron decomisados 4184 litros (3724 de ácido clorhídrico y 460 de sulfúrico) y 705 kilos (105 de clorhídrico y 605 de sulfúrico) de precursores químicos, se consignó en el informe oficial.

"El exitoso procedimiento, que incluyó la intervención de más de 40 líneas telefónicas y tareas de campo en Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires y la costa atlántica, permitió corroborar que la poderosa banda criminal lavaba el dinero obtenido del narcotráfico a través de la compra de bienes e inmuebles", añadió el Ministerio de Seguridad.

La investigación está a cargo del juez federal Fernando Poviña y del fiscal Pablo Camuña, ambos con jurisdicción en Tucumán.

Las autoridades nacionales pusieron el foco este año en evitar el desvío de sustancias químicas hacia el mercado narco. Así en los primeros siete meses llevaban incautadas más de 700 toneladas de precursores químicos, siendo que el promedio anual de decomisos alcanzaba las 100 toneladas.

El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico

Por Martín Dinatale - LA NACION
Es parte del proyecto para combatir delitos transnacionales; permitirá juzgar a los iraníes acusados por el ataque a la AMIA; incluye la trata y la venta ilegal de armas

El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un ambicioso e innovador proyecto de ley para imponer la figura del juicio en ausencia a los delitos transnacionale s. Es decir que la iniciativa oficial no sólo se ajustará, como se había anunciado, a casos de terrorismo como el atentado contra la AMIA, sino que ese mecanismo jurídico se extenderá también a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, venta ilegal de armas y trata de personas.

Según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri ya tiene en su escritorio el borrador del proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado que elaboraron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Mario Cimadevilla, entre otros funcionarios del Gobierno.


El Gobierno impulsa el juicio en ausencia para el lavado y el narcotráfico. Foto: Archivo / Fernando Massobrio / LA NACION

La intención del oficialismo es "desamianizar", según el término que usaron varios de los funcionarios consultados, el proyecto de ley de juicio en ausencia, que hasta ahora estaba acotado a la posibilidad de enjuiciar a los cinco iraníes involucrados en la voladura de la mutual judía, que se niegan a declarar en la Argentina.

Detalles de la iniciativa

Es decir, la idea es que el proyecto tenga mayor amplitud que la causa AMIA por dos motivos centrales que explican puertas adentro de la Casa Rosada: la necesidad de sumar mayor cantidad de adherentes en el Congreso y, a la vez, terminar con varias causas judiciales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la venta ilegal de armas y la trata de personas en investigaciones que no pueden cerrarse en la actualidad en la Argentina.

Sustancialmente, hay muchas causas judiciales enmarcadas en esta tipología de delitos, que no logran tener la colaboración de la justicia de otros países o bien los acusados se niegan a declarar en el país y no pudieron ser extraditados hasta el momento.

"Hay un acuerdo generalizado de que la causa AMIA fue un incentivo claro para el Gobierno a fin de ampliar la ley de juicio en ausencia a otros delitos", expresó Cimadevilla a LA NACION al ratificar las intenciones oficiales de la iniciativa. El funcionario de la unidad AMIA puso como ejemplo de esta herramienta legal el uso que se le da en países como Francia e Italia, donde las leyes de juicio en ausencia fueron elaboradas para todo tipo de delitos.

A modo de ejemplo, Cimadevilla mencionó que en el caso hipotético de que Ibar Pérez Corradi nunca hubiera regresado preso a la Argentina, como finalmente ocurrió, la causa en su contra por el tráfico de efedrina iba a tener un punto final, ya que quedaba paralizada sin resolución. En ese caso, el juicio en ausencia para el delito de narcotráfico hubiera sido aplicable a fin de destrabar esa situación engorrosa.

Los detalles

El proyecto de ley de juicio en ausencia, que está en revisión del presidente Macri en estas horas, prevé, entre otras cosas, que si el imputado de un caso aparece luego de un fallo puede apelar su condena. También fija garantías para su defensa y contempla la posibilidad de poder finalizar una investigación judicial con un fallo definitivo, más allá de que no esté presente el acusado del delito.

La idea central de la iniciativa es que se llegue a la verdad de los hechos, se sepa lo que ocurrió y se busque una reparación para las víctimas. También se establece en el proyecto que nadie puede ser juzgado si con carácter previo no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le permita comparecer y preparar su defensa; que la citación ha de precisar las consecuencias de la incomparecencia; que la sentencia dictada en ausencia debe serle notificada al inculpado, y que se permita al condenado impugnar la sentencia a través de todos los recursos que fueren procedentes.

El ministro Garavano y Cimadevilla recibieron a representantes de la comunidad judía para hablar sobre este proyecto de ley y hay sectores de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que pusieron serios reparos (ver aparte). No obstante, desde el Ministerio de Justicia el proyecto fue consensuado con varias universidades nacionales y expertos en este tipo de jurisprudencia.

El martes próximo llegará al país, en visita oficial, el presidente de la Corte Penal Internacional de La Haya, el juez surcoreano Sang-Hyun Song, con quien se buscará darle un respaldo mayor al proyecto de juicio en ausencia.

Sucede que la Corte Penal Internacional avala esta jurisprudencia a nivel mundial, ya que, entiende, respeta las garantías de un debido proceso con la intención de concluir una investigación. En Italia, por ejemplo, en los años 90 se llevó adelante el juicio en ausencia del criminal nazi Erich Priebke, que estaba recluido en la Argentina y que finalmente fue deportado a Roma. Algo similar ocurrió con Francia, donde se realizó un juicio en ausencia al represor de la dictadura militar argentina Alfredo Astiz por el asesinato de dos monjas francesas, Léonie Henriette Duquet y Alice Domon, en 1977.

Desde el punto de vista político, en el Gobierno aseguran que el proyecto de ley de juicio en ausencia ampliado contará con el visto bueno de varios referentes de la oposición, ya que no estará sujeto solamente al tema de la causa AMIA, sino también a otros delitos de carácter transnacional.

De hecho, se sabe que hubo una ronda de consultas del Ministerio de Justicia con referentes del PJ no kirchnerista, el socialismo y el Frente Renovador por este tema y hubo buena predisposición en todos los casos.

En su momento, la ex diputada de Pro y actual titular de la Oficina Antocorrupción Laura Alonso defendió a rajatabla este proyecto de ley, al sostener que "muchas veces la parálisis de una causa no se ha debido a la inacción ni a los fatales y maliciosos errores de la justicia argentina, sino al producto de la nula cooperación que Irán ha prestado en el proceso encubriendo a los acusados de la causa AMIA".

Advertencias de Garavano

El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió ayer sobre la importancia de la "rápida y efectiva reacción del Estado" para hacer frente a los delitos y manifestó que "no importa el tiempo de la condena, sino que se condene" a los responsables.

"Lo importante para hacer frente al delito, más allá del monto de las penas, tiene que ver con la rápida y efectiva reacción del Estado", expresó el ministro de Justicia a Radio Mitre. Además, al evaluar el avance de la inseguridad y del funcionamiento de la Justicia, Garavano sostuvo que "no importa tanto a cuánto lo condeno [a un ladrón], sino que lo condeno", y dijo que "no importa tanto cuánto esté en la cárcel, sino que lo identifico y lo detengo" al responsable de un delito. "El objetivo del Estado debiera ser desbaratarlos y detenerlos lo antes posible. Eso es más importante que el monto de la condena", advirtió el ministro de Justicia sobre el avance de la inseguridad en el país. Por otra parte, Garavano afirmó que "sólo llega a juicio menos del 3% de los casos, lo que es muy poco".

Del editor: ¿qué significa? El Gobierno hizo de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales una de sus banderas; la causa AMIA le permite avanzar en esa vía.

Reemplazarán la flota oficial con ocho aviones alquilados

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
También contratarán dos helicópteros; la licitación es por 36 millones de pesos

A las ocho de la mañana del 29 de abril pasado, Mauricio Macri abordó el avión que lo llevó junto con su comitiva a Tucumán, donde anunció el plan de agua y cloacas del Gobierno. Uno de los más entusiasmados era el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, principal gestor de la iniciativa. Un comentario del Presidente le puso puntos suspensivos a su algarabía: "Esto no me da ninguna seguridad", le dijo.

No se refería al millonario proyecto de infraestructura, sino a la aeronave que los transportaba: un equipo de la Fuerza Aérea afectado a la flota presidencial. Macri se ubicó en su asiento y no volvió a hablar del tema. Chaín se quedó pensando.

La breve escena muestra que la preocupación por los traslados presidenciales alcanza hasta al propio Macri. Para poner fin a esa incertidumbre, el Gobierno alquilará una numerosa flota privada. La Secretaría General de la Presidencia, que maneja Fernando De Andreis, lanzó en agosto una licitación para contratar el servicio de transporte aéreo doméstico e internacional de Macri y de su comitiva durante 12 meses, con opción a extender ese requerimiento por otro período idéntico o menor.

El requerimiento es amplio. Les exige a las empresas que tengan naves disponibles para cubrir en el período de un año una distancia de 204.000 kilómetros en aviones (el equivalente a más de 18 viajes a Roma, por ejemplo) y 150 horas de vuelo en helicóptero.

También es muy preciso. La Secretaría General les pidió a las compañías interesadas que coticen el alquiler de cuatro jets, cuatro aviones turbohélices y dos helicópteros. En el caso de los primeros, con asientos VIP tanto para vuelos nacionales como internacionales. Además, deberán agregar un presupuesto para el pernocte nacional e internacional.

El Gobierno estima que los traslados presidenciales por el lapso de un año demandarán un presupuesto de 36.393.811 pesos, es decir, unos 2,41 millones de dólares.

Siempre en dólares

La cotización debe ser en dólares, pero los pagos se harán en pesos tomando en cuenta la cotización del dólar vendedor del Banco Nación al día anterior.

Fuentes privadas de trato habitual con la Casa Rosada explican la búsqueda de proveedores privados por el desgaste que tuvieron durante la gestión kirchnerista las aeronaves afectadas al traslado de los primeros mandatarios y otros usos. En cuanto a la flota presidencial, la reparación del emblemático Tango 01, que se compró durante la administración de Carlos Menem, requiere un desembolso de unos 20 millones de dólares, un número que la actual gestión no está dispuesta a utilizar a tales efectos. Se rematará entonces a fines de año junto con el Tango 04, que fue adquirido por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Mientras tanto, el Tango 02, que tuvo problemas en un vuelo reciente que Macri emprendió desde Córdoba hasta Buenos Aires, también quedó desafectado, al igual que tres helicópteros Sikorsky. El estado precario de los aviones de la Fuerza Aérea destinados a los traslados del Presidente también relegó esa opción.

A pedido de Presidencia de la Nación, las aeronaves que trasladen a Macri no podrán tener una antigüedad superior a los 20 años. Además, los jets tendrán que alcanzar una velocidad mínima de 800 kilómetros por hora y de 400 kilómetros para los turbohélice. Los helicópteros, en tanto, tendrán que andar a un mínimo de 190 o 240 kilómetros por hora, según cada caso.

Las empresas, además, dice el texto de la licitación, deberán presentar planes de contingencia "en caso de situaciones que puedan causar demora o interrupción en la prestación del servicio", aceptar los controles previos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Casa Militar o la Dirección General de Logística y estar preparadas para tomar un pedido presidencial con una antelación mínima de tres horas previas a la salida del vuelo.

En todos los casos se utilizará la modalidad de orden de compra abierta, por lo que los servicios se podrán utilizar pagando el precio cotizado, pero sin la necesidad de emplearlos en su totalidad.

Fuentes del mercado aeronáutico explicaron a LA NACION que la cifra, si bien se calcula en millones, está dentro de lo previsto para los servicios que requiere para el próximo año la Casa Rosada. Y pusieron como ejemplo el mayor gasto de Cristina Kirchner, que en ocasiones usaba más de dos vuelos por fin de semana para trasladarse desde Buenos Aires hasta El Calafate ella misma, a su entorno y a los diarios del fin de semana.

Candidatos

Hasta ahora, la única oferente es la empresa Únicos Air, de Diego Martín Colunga Campo y David Rubén Yacobiti, que ya le prestó servicios a Pro antes de que Macri ganara las elecciones y es proveedor del gobierno porteño. En forma paralela, el Gobierno continúa en la búsqueda de un avión de largo alcance con aproximadamente 15 asientos. Según los números que maneja la Casa Rosada, una nave de este tipo costaría unos 40 millones de dólares.

A pesar de que la decisión está tomada, una fuente de contacto directo con el Presidente sostuvo que no se trata de una operación sencilla, por lo que podría demorar un tiempo que no se acopla a las necesidades de la agenda presidencial.

Con la colaboración de Romina Colman, del equipo de LNData

Avanza un proyecto para construir un viaducto del Belgrano Sur en Barracas (II)

LPO - Larreta había presentado un proyecto para expropiar tierras donde construirían el viaducto.
Este miércoles, se realizó una reunión conjunta entre las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria se reunieron este mediodía para tratar el proyecto de ley presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que se autorice la expropiación de predios para la construcción de un viaducto elevado del Ferrocarril Belgrano Sur.

El Secretario de Planificación de Transporte de la Nación, Germán Bussi, explicó el proyecto de Ley. Entre los puntos más importantes, destacó que buscan promover acciones conjuntas para el desarrollo del modo ferroviario a partir del entendimiento de la regulación del transporte ferroviario corresponde a un quehacer de políticas concurrentes entre ambas jurisdicciones.

La obra del viaducto del Ferrocarril se localiza en el sur de la Ciudad y tiene una extensión de 5,6 kilometros, con lo cual implica la construcción de dos estaciones elevadas cercanas a las estaciones actuales: Sáenz y Buenos Aires, además de una nueva ubicada en un sector de la playa ferroviaria de Constitución. Por otro lado, el Ejecutivo prevé la construcción de un andén provisorio del lado oeste de la Avenida Sáenz para que mientras se construya el viaducto, cumpla las funciones de cabecera temporal de la linea.

Según explicó Bussi, la llegada a la Estación Constitución evitará el trasbordo a líneas de colectivos en la Estación Sáenz o la realización de dos etapas en subterráneo para todos los usuarios del Ferrocarril Belgrano Sur con destino al Área Central, optimizándose por consiguiente el uso de la actual línea C potenciada y el Corredor Metrobus de la Avenida 9 de Julio.

Otro punto a destacar del viaducto es que permite la existencia de más de una decena de pasos viales seguros, considerando que se eliminarán los ocho pasos a nivel vigentes que, según consta en las estadísticas de la Comisión Nación de la Regulación del Transporte (CNRT), presentan un promedio de cuatro arrollamientos de personas y cinco colisiones de vehículos por año. Asimismo, estos pasos contribuirán a la fluidez del tránsito, especialmente por la eliminación del cruce a nivel crítico de las avenidas Sáenz y Amancio Alcorta.

Por último, dado que por medio del viaducto se vincula a ambos márgenes de la vía ferroviaria, la presencia de éste permite la continuidad de la red vial local, facilitando la integración barrial.

El vehículo eléctrico Toyota i-Road inició su segunda etapa de pruebas

(Parabrisas) - En esta segunda etapa del proyecto Open Road, Toyota también pondrá unidades i-Road a disposición de empresas operadoras para determinar mejor las posibilidades de su comercialización.

El vehículo eléctrico Toyota i-Road en su etapa de evaluación.

Con vistas a descubrir todo el potencial del vehículo eléctrico ultracompacto i-Road, Toyota Motor Corporation arrancó en Japón con la segunda etapa del proyecto Open Road. Participan en este desarrollo otras empresas y del público en general, a los que se les ofrecerá desempeñarse como “pilotos de pruebas” durante un tiempo determinado para valorar así las diversas necesidades de movilidad y la aceptación que puede tener el novedoso modelo en el mercado. También se estudiará cómo se utilizaría en entornos de uso compartido y con qué fines. Esta segunda experiencia finalizará en marzo de 2017.

Al igual que en la primera parte, Toyota aumentará gradualmente el número de instalaciones donde se prestan servicios asociados, tales como lugares de estacionamiento exclusivos -algunos de estos con recarga- durante el período de prueba.

En la primera fase, realizada entre julio 2015 y julio 2016 fueron seleccionados 96 “pilotos de pruebas” entre unos 3.500 solicitantes. Algunos de sus comentarios fueron: “El i-Road es realmente práctico porque se puede estacionar en espacios muy pequeños” y “Mi radio de desplazamiento se extendió porque con el i-Road puedo ir fácilmente a cualquier lugar”.

La evolución de este proyecto se esará publicando periódicamente en una página web creada a tal efecto (http://openroad-project.com).

Amo y señor del feudo santacruceño

Editorial del diario La Nación
Nuevos datos confirman que Néstor Kirchner manejó como propios entre 600 y mil millones de dólares de la provincia patagónica, que desaparecieron.

Suele decirse que el caso Skanska fue el primer escándalo del kirchnerismo, pero hubo otro anterior, tanto o más escandaloso, aunque referido exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.

Nos referimos al de los fondos que aquella provincia recibió del gobierno de Carlos Menem por regalías petroleras mal liquidadas. La suma fue de 630 millones de dólares, pero hay cálculos que la elevan a más de mil millones de esa moneda. A la historia pasaron como los "fondos de Santa Cruz", que Néstor Kirchner envió a bancos del exterior y, como nunca hubo una rendición de cuentas real y en forma, y el dinero prácticamente se evaporó, se sospechó que el entonces gobernador Kirchner se apropió del manejo de esa fortuna y, probablemente, también de la fortuna.

Ahora las sospechas se confirmaron a partir de una investigación de Clarín acerca de cómo Kirchner transfirió esos dineros a entidades bancarias extranjeras mediante movimientos de entre uno y dos millones de dólares enviados, por lo general, a sociedades privadas de dueños desconocidos. Según la investigación, una de las financieras de la Argentina manejó parte del dinero "con una cuenta a nombre de la provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner".

Como no podía ser de otra manera, el esquema de corrupción que puede apreciarse en este caso es el que aplicó Kirchner en sus años de gobernador y que luego trasladó al plano nacional al acceder a la presidencia, y que parte de la base de considerar lo estatal como un bien personal.

Por ejemplo, de acuerdo con la investigación, quien ordenaba el manejo de los fondos de Santa Cruz fue Lázaro Báez, que en aquel entonces se desempañaba como gerente departamental del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Posteriormente, Báez se convirtió en dueño de empresas de construcción que ganaban las licitaciones para obras públicas y se lanzó a comprar propiedades en toda Santa Cruz y en otras provincias, además de llevar a cabo negocios con la familia Kirchner, como alquilarles muchas habitaciones en los hoteles que poseía esa familia y que los empleados de Báez nunca ocupaban. Una típica maniobra de lavado de dinero.

En 1995, Báez y otro funcionario del Banco de Santa Cruz informaron a la empresa Kega Holding Internacional Inc., de dueños desconocidos, que podían disponer en forma "incondicional" de 17.200.000 dólares, que saldrían de una cuenta de la provincia en el Banco de Santa Cruz, pero desde la cuenta de este banco en el Citibank de Nueva York.

A la luz de estos nuevos datos cobra sentido -un sentido entre cínico y aberrante, claro- el silencio que mantuvo Kirchner, mechado de mentiras y desinformación, sobre el destino de los famosos fondos luego desaparecidos, pues de aquellos cientos de millones sólo habrían quedado en Santa Cruz 30.000 dólares.

Cuando Sergio Acevedo accedió a la gobernación de la provincia patagónica tras haberse desempeñado como titular de la SIDE, mostró la voluntad de transparentar la suerte que habían corrido aquellos fondos, pero se vio frustrado al no recibir información confiable. Quienes lo sucedieron en el cargo, al que renunció para no convalidar hechos de corrupción en marcha, tampoco pudieron arrojar luz sobre la suerte que corrió la fortuna.

Resulta ilustrativo recordar que una actitud similar mantuvo Cristina Kirchner. Cuando inauguró una planta cementera en Pico Truncado, en 2008, efectuó una enérgica defensa del manejo de los fondos santacruceños. Según ella, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que inauguró. Y agregó: "Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar". Es probable que hubiera ahorro, pero no para la provincia, que vio desaparecer la mayor parte del dinero.

Aunque Kirchner lo manejara como propio, ese dinero pertenecía a una provincia que ya entonces tenía graves problemas, que se profundizaron durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner; una provincia donde el empleador casi excluyente sigue siendo el Estado; una provincia que no pudo diversificar su modesta economía y que, durante décadas, fue un feudo, y como tal lo manejaron y lo explotaron los Kirchner.

Hace seis años decíamos en esta columna que era una burla a la ciudadanía nacional y a la santacruceña que en pleno siglo XXI se hablara del misterio de lo ocurrido con alrededor de mil millones de dólares estatales. Ese misterio empieza a descorrerse y lo que se ve indigna y espanta.

La Ciudad presenta su nueva policía con 25.000 efectivos

Por Pablo Tomino - LA NACION
La flamante fuerza de seguridad es una fusión de la Metropolitana y de la Federal; se creará una división para combatir la venta callejera y los piquetes.


El gobierno porteño tiene todo listo para presentar, la semana próxima, a su nueva policía: la fusión entre las fuerzas propias, de la Metropolitana, y la porción de la Federal que este año pasó a manos de la Ciudad.

Mientras el Poder Ejecutivo enviará la próxima semana un proyecto de ley a la Legislatura que definirá los nuevos alcances de la fuerza unificada, se supo que la "Policía de la Ciudad" estará conformada en esta primera etapa por unos 25.000 hombres. Tendrá un nuevo uniforme, muy diferente de los habituales, y comenzará a verse en las calles de manera progresiva, al igual que los patrulleros, las motos y las nuevas fachadas de las 54 comisarías que pertenecían a la Federal y las cinco de la Metropolitana, todas con un logo unificado.

La intención de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno local y mandamás de la nueva policía, es que sea una fuerza próxima al vecino, con presencia fuerte en la calle y que trabaje en la prevención del delito. Incluso, se cree que el año próximo contará con una brigada especial para actuar en el espacio público, principalmente enfocada en la usurpación de veredas, como ocurre con la venta ambulante, o en la aplicación del protocolo antipiquetes.

La gran incertidumbre es quién comandará la Policía de la Ciudad. La Federal "transferida" es encabezada por el comisario general Guillermo Calviño (para quien el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, pidió en agosto la indagatoria, acusado de encubrimiento agravado por permitir escapar de la cancha de Boca a un barrabrava prófugo por un secuestro extorsivo al que iban a detener). La Metropolitana es dirigida por Horacio Giménez y Ricardo Pedace, dos ex oficial jefes federales. Las conversaciones con los posibles candidatos ya están en marcha.

Desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, ambas fuerzas convivieron con la promesa del traspaso, que en realidad se cristalizó hace muy poco tiempo, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la transferencia de 19.000 hombres de la Federal con los respectivos recursos. Durante el gobierno kirchnerista, la Federal no atendió a los pedidos porteños.

Con Macri en la Casa Rosada, la Ciudad pudo hacer participar a los federales en los operativos. Ahora, cuando el proyecto se convierta en ley (Pro necesitará 31 votos, tres más de los 28 del bloque) dependerán exclusivamente de Larreta, salvo una unidad que quedará a disposición de la Nación.

Con el tiempo, se prevén cambios la Policía de la Ciudad. Los agentes tendrán una mejora sustancial en los salarios; según pudo conocer LA NACION de fuentes oficiales, podrían alcanzar un mínimo de 20.000 pesos. "Se equipararán los sueldos para arriba: los federales cobrarán como los metropolitanos, que hoy están mejor", confió una fuente.

Se proyecta que la nueva fuerza de seguridad pueda contar con mejor armamento y equipamiento, como teléfonos celulares que permitan identificar los antecedentes de las personas escaneando el DNI. Estos dispositivos electrónicos ya se usan en los accesos a los estadios de fútbol.

Nuevo protocolo

"A mí me preocupa la seguridad de la gente en la calle, que no te roben en la esquina. Se apuntará a todo eso. Con el tema de los manteros ya estamos trabajando muy bien en conjunto con la Federal: se hicieron operativos para evitar la usurpación de veredas en Flores y en Caballito", dijo Rodríguez Larreta en las últimas entrevistas con LA NACION.

La nueva policía porteña tendrá también un protocolo de actuación, probablemente traducido en un manual. "No me temblará el pulso para echar al que no se ajuste a las reglas o a quien esté ligado a casos de corrupción", dijo también, hace tiempo, el jefe de gobierno porteño.

Otra de las intenciones que tiene Rodríguez Larreta es que la policía porteña deje de realizar las tradicionales tareas administrativas que se llevan adelante hoy en una comisaría, para que una mayor cantidad de agentes pueda estar en la calle en labores propias de prevención y de seguridad activa.

Está en estudio canalizar determinadas denuncias por otras vías administrativas. "No tiene sentido que los agentes estén dentro de las comisarías cuando son más útiles en la calle", había dicho el jefe comunal.

La intención de la Ciudad es que el proyecto de ley sea tratado con prioridad (el oficialismo descuenta su aprobación) y que la nueva policía, con el nuevo uniforme, pueda estar en la calle en lo inmediato, tal vez a partir del próximo mes, para ir transformando su cara de manera lenta y progresiva.

El Gobierno le compra parte de Transener a una firma K

Por Pablo Fernández Blanco - (La Nación)
Haría una oferta por US$ 27 millones por el 25% que Electroingeniería tiene en esa transportista eléctrica; Enarsa ya es dueña del 24%

La operación comercial en el sector eléctrico resume mitos y paradojas del cambio de mando en la Casa Rosada: el gobierno de Mauricio Macri , acusado en las vísperas de las elecciones por su supuesta intención privatista, le hizo una oferta de US$ 27 millones a Electroingeniería, una empresa cordobesa cercana al kirchnerismo y complicada en sus finanzas tras la salida de Cristina Kirchner, para comprarle su parte en Transener, la mayor empresa de transporte de electricidad del país.

La decisión se comunicó a los socios ayer por la mañana, según confiaron fuentes que participaron en la operación a LA NACION. Electroingeniería puso a la venta hace aproximadamente dos meses y medio el 25% de Citelec, la controlante de Transener con casi un 52% de su capital social.

"Según la mirada oficial, Transener es una empresa de alta calidad manejada con parámetros profesionales, pero sufre el atraso tarifario"


Gerardo Ferreyra, CEO de electroingeniería. Foto: LA NACION

Una porción idéntica está en manos del Estado a través de Enarsa, que tiene otro 24% de acciones mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Pampa Energía, cuya figura más visible es Marcelo Mindlin, tiene el restante 50% de Citelec, si bien él y sus socios manejan la compañía mediante un esquema de co-control. Esa condición podría depararle un problema al Estado. Sucede que la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula a las compañías que cotizan en Bolsa, como Transener, podría exigirle a Enarsa que haga una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones que flotan en la Bolsa. Eso podría obligar al Estado a hacer un desembolso mucho más cuantioso para aumentar su participación en la empresa.

La estatal Enarsa ejerció el denominado first refusal, que le permite a un socio de una compañía igualar la oferta de otro interesado en comprarla en caso de que éste aparezca.

El viernes 19 de agosto Disvol Investment, controlante de la distribuidora eléctrica Edelap, había hecho una oferta de US$ 27 millones para quedarse con la parte que puso en venta Electroingeniería. La compañía pertenece al ex presidente de Edenor Alejandro Macfarlane.

Según la mirada oficial, Transener es una empresa de alta calidad manejada con parámetros profesionales, pero sufre los mismos problemas que el resto de las compañías reguladas. Por el atraso tarifario, sus números están en rojo. En el primer semestre tuvo una pérdida de $ 271,4 millones.

El radical y ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, que preside Transener, le llevó la idea de la compra a Ernesto Sanz, que cosechó el visto bueno del presidente Mauricio Macri . El ministro de Energía, Juan José Aranguren, acompañó la iniciativa, pero pidió que se respetaran los procedimientos habituales para esta clase de operaciones.

Anuncian inversiones por $ 22.223 millones para mejorar los aeropuertos

Por Sofía Diamante - LA NACION

Construirán más pistas y torres de control, y renovarán el equipamiento; las obras serán en Ezeiza, Aeroparque y terminales del interior.

Dietrich, ayer, al presentar el nuevo plan. Foto: Santiago Filipuzzi

Con el fin de duplicar en cuatro años la cantidad de pasajeros en vuelos de cabotaje y desarrollar la carga aérea para la exportación de productos locales, el Ministerio de Transporte anunció ayer una inversión por $ 22.223 millones, hasta 2019, para potencial el sector aerocomercial.

Las obras, que generarán 12.000 empleos directos, serán financiadas en parte por las tasas aeroportuarias y, por otro lado, por la inversión que tiene comprometida Aeropuertos Argentina 2000 por contrato. La inversión está repartida en $ 18.709 millones para la remodelación de 19 aeropuertos, que incluyen Aeroparque y Ezeiza, $ 1814 millones para eficientizar las operaciones áreas y $ 1700 millones para mejorar la conectividad en todo el país.

"Recibimos un sector totalmente subdesarrollado. Con deficiencias en la infraestructura, brutales deficiencias en la tecnología y con transformaciones pendientes en las terminales aéreas. La mayoría de los aeropuertos no reciben inversiones hace más de 30 años", dijo ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en una reunión con la prensa.

La inversión en infraestructura incluirá la ampliación, o construcción en algunos casos, de terminales de pasajeros, la repavimentación de las pistas de despegue y aterrizaje y la construcción de nuevas torres de control.

Además, desde febrero funciona la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), firma estatal que depende del ministerio, que gestionará el equipamiento de seguridad para que los aeropuertos puedan operar sin problemas en condiciones climáticas adversas. "A los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS), que permiten al avión despegar y aterrizar con niebla, se los cambia en promedio cada diez años. En el aeropuerto de Trelew, el instrumental es el mismo de 1984", ejemplificó Dietrich. Sin embargo, aclaró que la seguridad de los vuelos nunca estuvo en riesgo.

De igual modo, desde el ministerio indicaron que parte del dinero estará destinado a mejorar el servicio de los pasajeros, donde construirán nuevas salas de embarque, más puestos de check in y cintas de equipaje, e implementarán wifi libre y gratuito en todos las terminales.

Dietrich informó que las obras en los aeropuertos tendrán también como objetivo potencial el transporte de carga para incrementar las exportaciones de las economías regionales. "La temporada en la que se cultiva arándanos en Tucumán genera para la Argentina una oportunidad de mercado y es necesario que llegue fresco en avión a los centros de consumo de Estados Unidos y Europa. Pero para eso tienen que salir rápido de la planta. El limitante eran las pistas de despegue, donde invertimos $ 450 millones y las obras se terminarán a fin de mes. De esto modo se va a duplicar la exportación de este producto, que genera 20.000 puestos de trabajo", detalló. El Gobierno además quiere hacer lo mismo con la producción de cerezas en Neuquén.

Las reformas en otros aeropuertos buscan impulsar el turismo, como en los casos de Puerto Iguazú, Jujuy y Bariloche. Algunas obras ya están empezadas, como en el aeropuerto de Mendoza, que cerró hace 20 días sus operaciones y estará abierto nuevamente a principios de diciembre. Sin embargo, se estima que en las demás terminales no será necesario suspender la actividad.

Inversiones anunciadas

- $ 18.709 millones para modernizar las terminales y ampliar su capacidad operativa

- $ 1814 millones para hacer más eficientes las operaciones aéreas

- $ 1700 millones para mejorar las torres de control y los instrumentos de aterrizaje

Isela Costantini advirtió: "Está en riesgo qué se quiere hacer con la aerolínea de bandera"

(La Nación) - En medio de la discusión salarial, la presidenta de Aerolíneas Argentinas apuesta al diálogo y sostiene que "la empresa va a crecer si los gremios quieren que la empresa crezca".
La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo / LA NACION

La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini , en plena discusión salarial por la cual días atrás la aerolínea canceló sus vuelos por el paro de dos gremios de pilotos, afirmó que "se está definiendo qué va a pasar" con la empresa.

Costantini reafirmó que su conducción sigue apostando al diálogo con los gremios y con todos los trabajadores de la firma estatal, aunque advirtió: "Estamos pasando una situación donde están en riesgo no solamente las rutas internacionales, está en riesgo qué queremos hacer también de esta línea de bandera", admitió la ex Ceo de la automotriz General Motors al participar del Congreso Nacional 2016 organizado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea).

"Estamos tratando de traer una profesionalización y una forma de trabajo en base al diálogo, dando a entender que se construye lo que se quiere en conjunto", afirmó la presidenta de Aerolíneas Argentinas y Austral al reiterar que le transmitió a los gremios que "la empresa va a crecer si los gremios quieren que la empresa crezca".

Costantini explicó que la actual estrategia de negocios es "diversificar el riesgo de Aerolíneas y Austral, lo que permite revertir la rentabilidad negativa que teníamos en algunas rutas internacionales", en referencia a los vuelos a Nueva York y la ruta a Roma.

"Este año aumentó la conectividad más de un 10%, creamos rutas que no existían, entre ellas la de Río Cuarto, y la empresa piensa su desarrollo en función de comunicar el país sin pasar por Buenos Aires, fortaleciendo las ciudades de Córdoba y Rosario", añadió Costantini

También destacó que recientemente Aerolíneas lanzó una ruta de Ushuaia a Salta pasando por Córdoba que viene de un primer y un segundo mes con 70% de ocupación, lo que "contribuye a aumentar las oportunidades de conectividad de los argentinos y a llevar el desarrollo afuera de la ciudad de Buenos Aires".

"A medida que volamos una ruta nueva el desafío es mantenerla sustentable. No cabe solamente transportar la gente sin un rol social sustentable. Queremos llevar la empresa a un déficit cero en un plan de alcanzarlo en apenas cuatro años, que genere el orgullo de ser una empresa que conecta a los argentinos y que trae el desarrollo, pero de una forma que no perdamos plata", sintetizó.
Agencia Télam

La realidad es que todo el pueblo argentino mantiene con sus impuestos a una Aerolíneas deficitaria en la vuelan menos del 0,3 % de los argentinos y transformada en un reducto para una fracción política. Volquemos esos recursos en ferrocarriles, autopistas, viviendas, cloacas y agua potable para el pueblo y que cada persona elija como y con quien viajar...

Una palabra sensible

Por Jorge Liotti - LA NACION

La complejidad diplomática de la disputa por las islas Malvinas ha quedado reflejada a lo largo de los años en una serie de sutilezas semánticas que tienen fuertes implicancias políticas. No es lo mismo hablar de "los intereses" de los kelpers que de sus "deseos", porque el primer término hace referencia a cuestiones económicas, culturales o sociales, mientras que el segundo remite al principio de autodeterminación que defienden los isleños.

En los textos diplomáticos también hay un cuidado especial para referirse a las Malvinas o a las Falklands en el caso de los británicos, así como de llamar "continente" al territorio argentino para que no se pueda entender que el archipiélago es parte de otro país.

En este universo de terminología de guantes blancos que ambos países han conservado por años, la palabra "soberanía" es la más determinante, porque divide las aguas entre el reclamo de la Cancillería y el rechazo del Foreign Office. La Argentina se apoya en la resolución 1065 de la ONU, que reconoció una disputa internacional, y Gran Bretaña considera que el tema quedó resuelto con la guerra de 1982 y jamás aceptó hablar de la cuestión.

Este delicado desentendimiento retórico entre ambos países fue sacudido abruptamente por el presidente Mauricio Macri cuando dijo que la primera ministra británica, Theresa May, había aceptado dialogar sobre soberanía. Una ruptura con 34 años de tradición diplomática en una conversación de dos minutos. Demasiado bueno para ser cierto. Ayer se conoció la esperada desmentida británica.

"Macri le propuso dialogar sobre todos los temas bilaterales, que incluyen Malvinas, pero no específicamente sobre la soberanía", admitió un integrante de la comitiva que acompañó al presidente a Nueva York. Es decir: interpretó que la aceptación de May a hablar "de todos los temas" implicaba hablar de "soberanía", pero esta palabra no fue dicha. En una interrelación de palabras y silencios cuidados, puso una palabra donde hubo un silencio.

Ayer en el Congreso, donde se discutió el tema en ambas cámaras, varios atribuían el traspié al trazo grueso que Macri suele utilizar ante temas que escapan a sus prioridades. Ya le había pasado, por ejemplo, cuando tuvo que hablar sobre los desaparecidos en la dictadura. "Es un ingeniero manipulando jarrones chinos", graficó un legislador del oficialismo. Un exceso de voluntarismo y simplismo verbal.

También hay una interpretación algo más sofisticada. Macri llegó a Nueva York en medio de los cuestionamientos que generó el documento conjunto que firmaron la semana pasada los vicecancilleres Carlos Foradori y Alan Duncan. Allí se habló, entre otros temas, de negociar una mayor frecuencia de vuelos entre las islas y el continente, y de avanzar en la cooperación en materia hidrocarburífera y pesquera, con una referencia al posible levantamiento de las sanciones. Sin embargo, no hubo ningún compromiso que pudiera ser interpretado como un progreso para los objetivos argentinos en relación con Malvinas.

Tanto la oposición como sectores del oficialismo cuestionaron la excesiva generosidad del comunicado, que interpretaron como una extensión ampliada de la carta que May le había mandado a Macri poco tiempo después de asumir. Incluso diplomáticos que conocen de cerca el tema, como el ex embajador en Londres Vicente Berasategui, se sorprendieron por el desbalance.

Con este dato en mente, Macri pareció intentar revertir esa percepción. Apenas pisó Nueva York dijo que el reclamo de soberanía "no es negociable". Después acentuó la idea al hablar ante la Asamblea de la ONU. Y más tarde, con el mismo impulso, sobreejecutó un comentario de compromiso de May.

Gran Bretaña olvidará rápidamente el desliz porque tiene más intereses que antes para mejorar la relación con la Argentina. El Brexit la obliga a reorientar su búsqueda de mercados alternativos y el discurso aperturista de Macri es bienvenido. También los isleños presionan para abrir compuertas porque el sueño de la sustentabilidad económica basada en el petróleo está demorada por la baja del precio del crudo.

El problema de fondo para Macri reside en elaborar una estrategia que no quede recluida en el buen diálogo y los gestos de amabilidad. Una estrategia que permita incorporar en la negociación el concepto de soberanía. Esa palabra que marca la diferencia.

Excluyen a la Argentina de un concurso para viajar a las islas

(La Nación) - El Reino Unido convocó a estudiantes de Chile, Uruguay y Brasil para que conozcan el lugar. Estudiantes universitarios de Chile, Uruguay y Brasil podrán viajar a las islas Malvinas como parte de un programa de intercambio cultural. Los alumnos argentinos, no.

El gobierno del archipiélago, con la participación de las embajadas del Reino Unido en esos países, lanzó una convocatoria titulada "Why would I like to meet my neighbours from the Falkland Islands? (¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos en las islas Falkland [Malvinas]?" Consiste en el envío de un video de un minuto, en el que los aspirantes deben responder a esa pregunta en inglés.

Un jurado compuesto por miembros de esas embajadas elegirán los tres mejores videos (uno por país). ¿El premio? Un viaje a las Malvinas, en algún momento de enero de 2017. ¿El objetivo?: que los viajeros conozcan "de primera mano" cómo es la vida en las islas y cómo es "su pueblo".


Estudiantes universitarios de Chile, Uruguay y Brasil podrán viajar a las islas Malvinas. Los alumnos argentinos, no. Foto: Archivo / Mauro V. Rizzi

Los que ganen tendrán absolutamente todos los gastos cubiertos y vivirán durante los días que pasen allí en la casa de una familia local, donde podrán aprender "sobre la historia, cultura y sociedad de las islas Falkland (Malvinas)".

Sin embargo, a pesar de que en los últimos meses los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido afirmaron que se había abierto un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, marcadas por la tensión durante los años de kirchnerismo, la convocatoria optó por excluir a los universitarios argentinos.

Según el sitio del gobierno británico, donde se explican las bases y condiciones del concurso, los aspirantes deberán ser usuarios activos de las redes sociales, porque se les pedirá que compartan su experiencia durante su estada en el archipiélago.

"El concurso tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre las islas Falkland (Malvinas) y los países participantes, y aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las islas y su pueblo", reza la convocatoria. Y agrega: "La competencia apunta a un ganador activo en redes sociales, que esté dispuesto a compartir su experiencia a través de estos canales y de esta forma aumentar la difusión y el conocimiento sobre las Falkland (Malvinas)", dice la convocatoria, que comenzó el 5 de este mes y cuyo plazo de inscripción vence el 2 de octubre.

Además se establece como requisito para la selección que los interesados envíen, además de sus datos personales, las direcciones de sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, blogs y de otras páginas donde suelan demostrar actividad.

Desafortunadamente, hay políticos que confunden el manejo de la política exterior de un país, con la mejoría de un estadio de fútbol o la comprar de jugadores...

Video: Avión Pilatus PC-12 NG Spectre

Una belleza de avión...

Macri admitió que no hablaron de soberanía con la premier británica

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Buscó de esta manera acotar el impacto que generó su declaración de anteayer; el gobierno de Londres había desmentido la versión del mandatario


En su último día en Nueva York, Macri se reunió ayer con representantes mundiales de la comunidad judía. Foto: Presidencia

NUEVA YORK.- El presidente Mauricio Macri tuvo que aclarar ayer, en esta ciudad, que "nunca se mencionó la palabra «soberanía»" sobre las Malvinas en su encuentro informal con la premier británica, Theresa May , a pesar de que el propio mandatario así lo había afirmado anteayer al salir de las Naciones Unidas (ONU).

La aclaración presidencial llegó en medio de una polémica en la Argentina, a la vez que Londres desmentía que May hubiera aceptado dialogar sobre el reclamo de soberanía. En la comitiva presidencial, admitieron que Macri se había referido por error a la idea de "soberanía" y que, en rigor, había querido decir que May aceptó hablar "de todos los temas" durante el breve saludo que intercambiaron anteayer.

La referencia a esa palabra pretendió superar un conflicto político en nuestro país: el oficialismo y la oposición acusan a Macri de ceder la discusión sobre la soberanía en la última declaración junto con Londres. "La frase del Presidente fue al límite. Dio lugar a la malinterpretación ", dijo aquí a LA NACION un funcionario.

La polémica se desató cuando Macri dijo a los periodistas que cubren el viaje que May aceptó hablar "de todos los temas", incluido el de la soberanía, algo a lo que Londres se negó históricamente.

En su encuentro de ayer con los enviados especiales, Macri dijo: "La primera ministra se me acercó a saludar en el almuerzo y yo le dije: «Estoy dispuesto a dialogar sobre todos los temas, a tener un diálogo amplio», pero no fue una reunión oficial". Y prosiguió: "Ella me respondió: «Dialogar siempre es bueno», pero nunca se mencionó la palabra soberanía". 

"No podemos transformar una conversación de un minuto en un acuerdo oficial. Hay que bajar los niveles de ansiedad", señaló Macri ayer, apesadumbrado.

Si bien no lo admitió abiertamente, allegados directos a Macri reconocieron que él creía que introducir la palabra "soberanía" había sido erróneo: era un concepto suyo para explicar que se incluiría en el "diálogo sobre todos los temas".

"Hablaremos de todos los temas y ello incluye la soberanía. Pero el diálogo con el Reino Unido no puede ser sólo sobre Malvinas y soberanía", dijo un allegado a Macri.

¿Qué dijo exactamente el Presidente para desatar la polémica? Luego de su discurso ante la 71» asamblea general de ONU en el que reiteró el histórico "llamado al diálogo" a Gran Bretaña para "solucionar amigablemente" el diferendo sobre Malvinas, Macri contó textualmente: "En el almuerzo nos cruzamos con la primera ministra británica, le dije que estoy listo para comenzar un diálogo abierto, que incluya por supuesto el tema soberanía sobre las islas". Él mismo habló de soberanía.

Ante la pregunta sobre la respuesta de la premier británica, el Presidente señaló: "Ella dijo que bueno, que sí, que habría que empezar a conversar, las cosas llevarán años, pero lo importante es que comencemos. Y ella estuvo de acuerdo".

Luego aclaró que "fue un encuentro de dos minutos, informal, al borde de nuestras mesas durante el almuerzo".

La referencia de Macri a la soberanía parecía enmarcada en un diálogo amable, de buenas intenciones, sobre muchos temas y a largo plazo. Pero cuando se empezó a difundir una hora más tarde que Macri había dicho que May había aceptado conversar sobre la soberanía en Malvinas, los funcionarios de la comitiva entraron en emergencia porque, puesto en esos términos, obligarían a Londres a desmentir al Presidente.

Llamaron así a los periodistas para aclarar los dichos del jefe del Estado y Macri le pidió a la canciller Susana Malcorra una aclaración oficial. El comunicado consignó que "la primera ministra dijo que se encontrarían, pero no es que se habló de una hoja de ruta, o dónde van a ser los próximos pasos, que este tema esté cerrado y arreglado y avanzado".

En la mañana de ayer, sobrevino la desmentida de Londres y la aclaración de Macri, cuyos funcionarios comenzaron a subrayar que la soberanía no puede ser el único tema de la agenda con el Reino Unido porque eso obligará a un retroceso.

Quedó la sensación de que el equívoco surgió de la necesidad de Macri de enviar una señal hacia la política argentina de que no cederá en el tema soberanía. Tanto al oficialismo como a la oposición habían criticado la declaración conjunta entre Malcorra y el vicecanciller británico, Alan Duncan, porque no incluía un diálogo sobre la soberanía.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, tercero en la línea sucesoria, dijo que él no iría a Malvinas para que "le selle el pasaporte un isleño". La diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, citó a Malcorra a dar explicaciones al Congreso.

El propio Macri les había pedido públicamente anteayer "manejar la ansiedad" porque se veía limitado en la posibilidad de reconstruir y "avanzar en una relación bilateral" con "beneficios mutuos", tal como dijo anteayer en la ONU.

Del editor: ¿qué significa? El traspié por Malvinas empañó parcialmente la primera participación de Macri en la ONU. Hay temas más complejos que las inversiones.

YPF proyecta aumentar en un 45% su oferta de generación eléctrica (II)

(Ambito.com) - La empresa petrolera con capitales mayoritarios del Estado YPF prevé incrementar en un 45% su producción de energía eléctrica inyectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en un plazo de dos años. La potencia instalada conectada al mercado mayorista será entonces de 1.892 Mw, precisó la compañía al informar sobre sus planes en el sector en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A través de YPF Energía Eléctrica S.A., la mayor productora de hidrocarburos del país encara cuatro proyectos de generación "en línea con su estrategia de reducir los costos de su consumo de energía y buscar eficiencia en sus operaciones". El conjunto de las nuevas centrales requerirá una inversión total de u$s 550 millones de dólares, que permitirán sumar una oferta eléctrica adicional de 584 Mw.

El primer emprendimiento puesto en marcha fue Loma Campana I, una planta termoeléctrica ubicada a 4 kilómetros al norte de la ciudad neuquina de Añelo. La potencia instalada de la generadora será de 107 Mw y se prevé que estará en funcionamiento a mediados de 2017, luego de una inversión de u$s 100 millones. En forma adicional, y como primer paso en el sector de energías renovables, YPF construye un parque de generación eólica de 100 Mw en el yacimiento Manantiales Behr, ubicado 40 kilómetros al noroeste de Comodoro Rivadavia, Chubut, con una inversión de u$s 180 millones.

La compañía nacional destacó que de este modo "cumplirá con la nueva ley de energías renovables, abasteciendo su demanda en forma económica, eficiente y sustentable". La petrolera estatal también resultó adjudicataria de dos proyectos en el marco de la reciente convocatoria de ofertas de nueva capacidad de generación térmica y de producción de energía eléctrica asociada, con compromiso de estar disponible antes del verano 2017-18.

YPF Energía Eléctrica S.A. conformó en ese sentido dos sociedades en conjunto con Guayama PR Holdings BV, una compañía del grupo estadounidense General Electric. Las firmas YGEN Eléctrica SRL e YGEN Eléctrica II SRL resultaron adjudicatarias de contratos de venta de energía con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por un plazo de 10 años.

El primero de esos consorcios construirá la planta termoeléctrica Loma Campana II, que sumará otros 107 Mw de energía al SIN con una nueva turbina de gas. Al igual que su emprendimiento gemelo demandará una inversión de u$s 100 millones y estará lista a mediados del año próximo.

YGEN Eléctrica II, a su vez contempla la construcción de una unidad generadora turbogas nueva, marca General Electric modelo Frame 9 FA.04, con 261 Mw de potencia instalada, en la localidad de El Bracho, en la provincia de Tucumán. Este proyecto supone una inversión aproximada de 170 millones de dólares y se estima que estará en funcionamiento en los primeros meses de 2018, según precisa la nota remitida a la bolsa porteña.

La inversión propia de YPF, a través de su sociedad controlada para los dos proyectos a iniciar con GE, rondará los 50 millones de dólares.