Jubilaciones: impulsan "pensión universal"

Por Mariano Martín - Ambito.com
• CAMBIOS EN SISTEMA DE REPARTO.
• MEJORAS PARA LOS QUE MÁS APORTEN.

El Gobierno reformulará el sistema jubilatorio. Reemplazará el sistema actual de reparto por una pensión universal a la vejez, con un haber a definir, y por encima de eso establecerá las jubilaciones de acuerdo con los aportes efectuados durante la vida laboral. De ese modo, la administración de Mauricio Macri buscará poner fin a la catarata de juicios que subsisten por falta de ajuste de los haberes en función del 82% móvil de los ingresos percibidos como activos.

El cambio irá en línea con el fin de las moratorias que habían lanzado las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, mediante las cuales la Argentina mantiene la más alta tasa de cobertura previsional de la región con más del 90% de adultos mayores alcanzados por una jubilación o una pensión. En el gabinete económico explicaron que una vez finalizadas las moratorias vigentes, se impulsará un proyecto de ley para reemplazar el sistema actual.

La clave, todavía no develada por los funcionarios, será el valor de la pensión universal que deberían percibir, según lo proyectado, los que no hicieron aportes o no alcanzaron los mínimos necesarios para retirarse. De ser equivalente al actual haber mínimo, desde marzo en $ 4.949, y fijar por encima los valores de los haberes para los jubilados en situación regular, la medida implicará un desembolso mucho mayor que el actual por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Ayer, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dio algunos indicios del cambio: "El sistema de reparto tiene que tener modificaciones", le dijo a radio Del Plata. Y explicó que a partir de las moratorias y la falta de actualización de los haberes de manera proporcional en los primeros años de la administración de los Kirchner, cuando comenzaba a sentirse con fuerza la inflación, "se fueron achatando las escalas de distribución de las jubilaciones". Es decir que los que habían realizado aportes empezaron a percibir jubilaciones similares a los que ingresaban al sistema por moratorias.

El funcionario descartó una vuelta del sistema privado de capitalización, a través de las denominadas AFJP, pero adelantó que se apuntará a un mayor "reconocimiento de los aportes" por un criterio de proporcionalidad. "Queremos darles a los que no tuvieron la oportunidad (de un trabajo formal) que tengan el beneficio básico, pero a los que aportaron todos los años darles un reconocimiento de esos aportes", añadió.

Para el economista Claudio Lozano, el éxito de la medida dependerá del valor que se les reconozca a los beneficiarios de la nueva pensión universal a la vejez. "Si reciben el mínimo actual y después establecen una verdadera capitalización, regulada por el Estado y en la que puedan competir la banca pública con la privada, puede ser una medida interesante. Temo en cambio que quieran poner un valor muy bajo a una población impedida de hacer juicios (por no contar con aportes) a cambio de resolver la litigiosidad de quienes hicieron aportes", sostuvo.

Cambiar el modelo de hospital público

Horacio Cardo

Por Hugo E. Arce - Clarin.com

A menudo se comentan deficiencias en los hospitales públicos: edificios en estado de abandono, falta de insumos esenciales, matafuegos ausentes e insuficiente personal nocturno. Se atribuyen estas carencias a escaso presupuesto, desinterés de los funcionarios, mal uso de los recursos y problemas administrativos.

Pocas veces se aborda el fondo del problema. Aceptamos que un 60% de los habitantes tenga algún tipo de cobertura y que el 40% restante sea atendido en servicios estatales, implícitamente destinados a ciudadanos de segunda: es un signo de desamparo. Los empleados de esos hospitales, que por ser estatales cuentan con su Obra Social, para su propia atención eligen servicios privados. Lo mismo ocurre con las Obras Sociales sindicales. La calidad humana y administrativa de los hospitales públicos suele ser deficiente, aunque la calidad de la atención sea de mayor jerarquía.

El país cuenta con 3.323 nosocomios con internación (excluyendo geriátricos); 1.312 son públicos y 2.011 privados. Las camas suman 134.330 (3,1 c/1000 habitantes): 73.731 (54,9%) son estatales y 60.599 (45,1%) privadas. Los públicos promedian 56,2 camas por institución y los privados 30,1, incluyendo sanatorios pequeños de infraestructura precaria. Aunque predominan las camas estatales, se estima que las privadas concentran las 2/3 partes del movimiento económico. Casi todos dependen de las 24 jurisdicciones provinciales. Existen otros hospitales nacionales, pero no dependen de Salud (FF.AA. y de Seguridad, universitarios).

Las normas administrativas son las de oficinas públicas. Los sueldos del personal insumen del 80 al 90 % del gasto. Sólo funcionan a pleno durante la mañana y los médicos suelen no cumplir los horarios asignados. Aunque facturen sus servicios a Obras Sociales y prepagas, lo recaudado nunca excede el 5 o el 10% del gasto total.

Salvo excepciones, en los hospitales los consultorios no programan turnos previos: los pacientes hacen cola desde la madrugada para ser atendidos de 8 a 12 hs. Los servicios de diagnóstico programan sus turnos (Laboratorio, Imágenes y otros). En las salas, los médicos se concentran durante la mañana; los eventos que ocurran por la tarde quedarán a cargo de los médicos de guardia o los residentes. Las estadísticas computan como emergencias problemas no urgentes: por la tarde la Guardia es todo el hospital.  

Según un estudio regional del Banco Mundial (2007):
a) la mayoría de los hospitales dependen del Estado; unos pocos autogestionados tienen personería jurídica y directorio;
b) sus decisiones son muy limitadas, pero los autogestionados pueden decidir respecto a ingresos, inversiones, oferta asistencial y procedimientos;
c) la competencia es nula en los financiados por presupuesto y mínima en los otros por servicios a usuarios privados, y
d) los fondos no ejecutados se cancelan en el 1er caso y los retienen en el 2do.

En Argentina identificaron dos modelos de gobierno: 1) presupuestarios, que dependen de las autoridades sanitarias con normas administrativas estatales, carecen de personería jurídica, no tienen autonomía para aplicar su presupuesto, ni designar o despedir personal; 2) autónomos, cuyas decisiones residen en parte en las autoridades. El primer modelo es el de casi todos los hospitales provinciales y municipales. El segundo corresponde a los SAMIC de la Ley 17.102/67: Garrahan, El Cruce y departamentales de Misiones. Concluyeron que los hospitales latinoamericanos evolucionan de modelos netamente presupuestarios a administraciones descentralizadas. A diferencia de Argentina, este proceso es orientado por las autoridades en Colombia, México y algunos Estados de Brasil.

La tendencia mundial es administrarlos como empresas públicas de servicios, con autarquía administrativa, personería jurídica, un directorio que representa a la comunidad y entes responsables, estatuto y escalafón propios, y fondos disponibles por presupuesto. Se fiscalizan cotejando el plan de inversiones del ejercicio con el presupuesto ejecutado. Los recursos estatales se asignan con criterios de premios y castigos según resultados. La gestión es similar en públicos y privados, con o sin fines de lucro: difieren en la propiedad patrimonial.

Nuestros servicios que dedican sus mayores esfuerzos a atender a la población sin cobertura podrían facturar sus prestaciones al Estado, recaudando recursos mediante seguros públicos de cada provincia. Los usuarios de servicios públicos o privados contarían así con un único carnet, para facturar al asegurador correspondiente. Las provincias que los sostienen pagando sueldos, insumos y mantenimiento (la oferta), podrían dedicarse a abonar las facturas de los usuarios (la demanda). Los problemas sanitarios no predominan en la agenda política, salvo en las epidemias. Los políticos prefieren cortar la cinta de nuevos hospitales, antes que mantener bien los existentes. 

Hugo E. Arce es médico sanitarista. Miembro del Grupo PAIS

Atucha 3: no hay contrato ni financiación y China quiere imponer condiciones (III)

Por Martín Bidegaray - Clarin.com
Aranguren dice el presupuesto para la obra no está aprobado. Critica a una unidad de gestión que hizo una obra anterior.


La construcción de la central térmica Atucha 3 se hará durante el próximo año. Mientras tanto, los funcionarios nombrados por el kirchnerismo para esa tarea y las empresas contratistas que prometieron empleos sin una obra que los respalde, tendrán que esperar. "El presupuesto no está aprobado", afirma el ministro de Energía, Juan José Aranguren. "Las obras se hacen con seriedad", enfatiza.

La inversión para este proyecto podría superar los 5.800 millones. Y las condiciones que el kirchnerismo pretendió dejarle a la gestión actual no resultan aceptables para el Gobierno.

Para empezar, está el financiamiento.  "No hay nada firmado, solo conversaciones. Y China está condicionando la financiación de la tercera central nuclear, que se hará con la tecnología nacional Candu -la misma que se utilizó en Embalse-, a que le damos la cuarta central nuclear y que se haga con tecnología china", puntualiza Aranguren,

 De esta forma, el prestamista pretende imponer las condiciones económicas y técnicas de otra futura central nuclear. "Es lo que voy a hablar con las autoridades chinas en un encuentro esta semana. Nosotros tenemos que definir las características del proyecto", señala. La financiación atada a condicionamientos podría no resultar "buena para los intereses del Estado nacional", según Aranguren.

Como antecedente, la Argentina firmó un convenio de financiación para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz que implica un préstamo chino por US$ 4.700 millones, pero el pago de intereses y seguros que elevan los contratos a US$ 6.000 millones. De existir un arreglo con los holdouts, el país podría salir a buscar capitales para las centrales nucleares a otras tasas de interés y mejores términos de financiación, según contó Aranguren a Clarín en una entrevista publicada ayer.

Otra de las polémicas sobre Atucha 3 es la llamada "unidad de gestión". Se trata de un grupo de funcionarios nombrados por el kirchnerismo que se estarían arrogando potestades futuras, cuando sus funciones cesaron, según define Aranguren. "La unidad de gestión fue implementada para terminar Atucha 2. Debió dejar de tener sentido una vez que realizó Atucha 2", especifica el ministro. "Ellos quieren continuar esperando Atucha 3 y Atucha 4, pero no corresponde", marca el ministro.

La unidad de gestión le hizo promesas al sindicato de la construcción (UOCRA) y empresas contratistas sin contar con el dinero para esas obras. "Se hace dificil mantener gente para esperar un proyecto. Las contratistas de NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina, la sociedad estatal que se encarga de las obras nucleares) terminan su tarea el próximo 31 de marzo y ese contrato no se extiende", sentencia el ministro.

El gobierno nacional no está dispuesto a pagar a contratistas por promesas que hizo el kirchnerismo. "Falta un proyecto ejecutivo definido y acordar la financiación correspondiente. La obra estará iniciándose a partir de los primeros meses de 2017. Cuando empiece la obra formalmente, las contratistas tendrán la tarea que les corresponde", recalca.

Las promesas a China realizadas por el kirchnerismo son sujeto de revisión. Quizás continúen algunas obras conversadas, pero con modificaciones.

Limpieza en la AFI: el Gobierno lanzará un "campus para espías"

Por Santiago Fioriti - Clarin.com
Absorberá a la actual escuela y aseguran que será más completa. Buscan cambiar la imagen de la ex SIDE.

 Sede actual. En la calle Libertad, en Recoleta, funciona la Escuela Nacional de Inteligencia. / Archivo

El Gobierno no lo difundió, pero en el imponente operativo de seguridad que abarcó las 48 horas de Barack Obama en la Argentina hubo agentes de inteligencias argentinos mezclados entre los enviados de la CIA y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia estuvieron activos en el anillo más cercano de los tres desplegados en Buenos Aires para proteger la figura de Obama y antes habían formado parte de la avanzada norteamericana en el Llao Llao, previo al viaje del presidente, donde se elaboró un protocolo de trabajo.

La CIA y el SS, aunque no serían los únicos, podrían ser dos espejos en los que intentaría reflejarse la AFI durante la administración macrista. "Yo no quiero que la inteligencia sea utilizada para meterse en la cama de opositores y periodistas. Quiero que nos proteja del narcotráfico", suele decir Mauricio Macri desde su llegada a la Casa Rosada. Claro, otros presidentes han prometido lo mismo. La tentación, asumen incluso quienes creen en sus buenas intenciones, es grande. Le ha pasado a todos los que estuvieron en el sillón más caliente de Balcarce 50. Pero Macri dice que él lo ha sufrido en persona desde sus tiempos de presidente de Boca e insiste en que la AFI deberá cambiar la imagen durante su gestión. "La gente debe sentirse protegida de los narcos y del terrorismo, no espiada. Por eso votó Cambiemos", sostienen en el entorno presidencial.


Señor 5. Gustavo Arribas.

Detrás de ese objetivo de cambiarle la cara a la ex SIDE, el director general, Gustavo Arribas -el llamado "señor 5" y la subdirectora, Silvia Majdalani -"señora 8"-, trabajan sobre un proyecto para crear un campus de inteligencia. El lugar concentraría todo: los empleados administrativos y de recursos humanos, la base de datos, los salones destinados a capacitación y materiales de estudio, el centro de entrenamiento para los actuales y futuros agentes y hasta las antenas, con las que -dicen en la AFI- se ocuparán de las cuestiones relacionadas con los sistemas internos de seguridad y de los ataques externos, especialmente de los hackers.

El nuevo campus pasaría a absorber a la Escuela Nacional de Inteligencia, que funciona en la actualidad en el edificio de la calle Libertad, en Recoleta. "Hoy es una escuelita. Nosotros pensamos en un lugar para adiestrar en serio a los espías, donde haya por ejemplo desde un polígono de tiros de avanzada hasta espacios para que los estudiantes puedan cursar distintos idiomas y estén apoyados por un tratamiento psicológico", afirman quienes trabajan en el proyecto. También hay un propósito político evidente: tratar de apagar el fuego que envuelve a la casa de los espías desde la traumática partida de su ex hombre fuerte Antonio “Jaime” Stiuso.

Por supuesto que en el oficialismo le restan trascendencia a que la movida tenga que ver con la polémica salida de Stiuso. "El objetivo central -sostienen- es combatir el narcotráfico, que es una de las principales promesa de campaña de Mauricio. Queremos un lugar que se destaque por la inversión en tecnología sofisticada y una actualización constante . Y proponemos crear una carrera de inteligencia en serio a partir de acuerdos con universidades para tener los mejores cuadros".


Señora 8. Silvia Majdalani.

Hay quienes trazan un paralelismo con lo que fue la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad, al poco tiempo de que Macri asumió como jefe de Gobierno, en 2007. "Pensamos en algo que quede para cuando ya no estemos en el poder. La seguridad de ataques internos, pero también externos, es una de las preocupaciones de la gente", advierten en el oficialismo.

Por ahora es un enigma de dónde van a salir los recursos para el campus, entre otras cosas porque los propias macristas reconocen que la iniciativa podría generar polémica con la oposición. El primer paso en el que trabajan Arribas y Majdalani, además de viajar por distintas partes del mundo para tomar ideas para el campus, es encontrar un predio gigante para sentar las bases del campus. Algunos funcionarios que trabajan bajo su mirada, confían en que el Estado dispone de muchos terrenos ociosos. "Algún lugar vamos a conseguir. Lo más importante es que tenemos el apoyo del Presidente", confían.  

Tensión en Aerolíneas por nuevas ventajas a sus competidoras

(Clarin.com) - Firmas extranjeras pueden operar desde las provincias hacia el exterior. Y afectan a la compañía estatal.


La decisión del Gobierno de autorizar a líneas aéreas extranjeras a despegar desde el interior hacia destinos internacionales se transformó en un nuevo condicionante del plan de negocios que está elaborando la titular de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Costantini. La funcionaria aguarda ser convocada por el presidente, Mauricio Macri, para exponerle diferentes alternativas de rutas, frecuencias y dotaciones para definir el perfil que tendrán Aerolíneas y Austral durante los próximos cuatro años.

Si bien la semana pasada el titular de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que la Argentina no adherirá a la política aerocomercial de “cielos abiertos”, las autorizaciones que está emitiendo la ANAC se inscriben en el marco de convenios bilaterales de vuelos. Dentro de AA tomaron nota de las nuevas autorizaciones. “Sin dudas, significa tener que salir a ofrecer asientos con nuevos competidores”, dijeron fuentes de la compañía.

-Para los pasajeros del Interior no tener que bajar hasta Ezeiza es una buena noticia.
-Seguro.

-¿Y para Aerolíneas?
-Lo estamos evaluando. Es parte de los escenarios que se preparan para presentar al Presidente.

Costantini había sido convocada de modo inesperado por Macri a comienzos de mes: la tarde del 9 de marzo, la ex titular de General Motors llegó a la residencia de Olivos junto a su equipo y se encontró con un Presidente que quería respuestas concretas sobre sus planes para Aerolíneas y Austral. La reunión finalizó sin definiciones, con un cuarto intermedio de 20 días, según la funcionaria relató a los empleados, en un correo interno.

Transcurrido ese lapso, Costantini espera una nueva convocatoria de Macri para desplegar lo que su equipo denomina “escenarios”, u opciones para elegir el plan de negocios que cuente con el visto bueno del Presidente. Pero en el medio se produjo un cambio de contexto: la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya dio su autorización, o está en trámite de hacerlo, para que varias aerolíneas regionales operen desde el interior hacia destinos internacionales, sin pasar por Ezeiza, lo cual representa una clara ventaja para los habitantes de las provincias pero, a la vez, les resta no pocos pasajeros a los vuelos de Aerolíneas, tanto a los de cabotaje como a los de las alicaídas rutas internacionales.

En febrero, el organismo que encabeza Juan Irigoin ya había autorizado a LAN Perú a retomar la ruta Rosario-Lima-Los Angeles (comienza el 1º de julio) y ahora la misma aerolínea se apresta a operar desde Mendoza y Salta hacia Lima. Si bien los dueños son los mismos, Lan Perú es una aerolínea extranjera, a diferencia de LAN Argentina, que opera con personal contratado en el país.

La semana pasada hizo su irrupción Avianca: la aerolínea colombiana ya había iniciado gestiones similares a las de LAN y Copa a comienzos de año, según admitió Irigoin. La posición de Avianca, ahora, queda visiblemente reforzada tras haber acordado la compra de McAir, la empresa de taxis aéreos donde participaba la familia Macri. El titular de Avianca, Germán Efromovich, anticipó que ya pidieron autorización para volar desde Lima hacia Mendoza y Córdoba. También hay pedidos similares de Copa, con base en Panamá.

En febrero, Costantini había asegurado que el déficit de AA sería de al menos $ 15.000 millones en 2016 (unos U$$ 1.100 millones, al dólar de esos días). Una cuestión central del plan de negocios en marcha es poder reducir el déficit. “Todavía estamos viendo de cuánto será el rojo de Aerolíneas. Hay muchos contratos por revisar, alquileres de aviones pendientes de pago y que tienen una fuerte incidencia en la ecuación”, agregaron las fuentes.

-¿El plan puede contemplar reducción de personal?
-En principio, no. Pero se está revisando detalladamente qué función cumple cada una de las 12.239 personas de la compañía. En 2008 Aerolíneas tenía menos de 40 aviones operativos y hoy son 78, de modo que hace falta gente para la operación. Pero también se sabe que las incorporaciones de los últimos años se focalizaron en un sector, el personal de tierra, y hay de determinar si todos cumplen las funciones que hacen falta en la compañía. 

Revisan los acuerdos de la "embajada paralela" en China

Por Martín Dinatale - LA NACION
La Cancillería detectó que para negociar con Pekín ministros de Cristina eludían las vías diplomáticas


La metodología de trabajo era casi la misma que la utilizada con Venezuela. Por razones obvias, algunos de los actores y escenarios variaron. Pero en esencia se detectó una copia con marca registrada: el gobierno de Cristina Kirchner impuso en China un esquema de "embajada paralela" que le permitió eludir a la Cancillería y avanzar en forma directa en negociaciones con Pekín que llevaron adelante los ministros o secretarios de confianza de la ex presidenta.

Este esquema de canales informales o indirectos funcionó por lo menos desde 2010, pero recién ahora se conocieron detalles con la llegada de la administración de Mauricio Macri. Según pudo saber LA NACION,la canciller Susana Malcorra está siguiendo de cerca el tema y dio instrucciones al nuevo embajador en China, Diego Guelar, para que en adelante todos los acuerdos y negociaciones "sean manejados únicamente" por el Ministerio de Relaciones Exteriores, más allá de que se hagan consultas con otras carteras.

"El gobierno anterior se manejó con China en forma paralela a la Cancillería, y el ex embajador [Gustavo Martino] fue superado por varios ministros ante los acuerdos firmados", admitió Guelar a LA NACION.

Entre quienes mantenían una relación directa con China estaban los ex ministros de Planificación Julio De Vido; de Economía Axel Kicillof, y de Industria Débora Giorgi. Muchos acuerdos que firmaron estos ex funcionarios kirchneristas serán revisados por China y la Argentina. En algunos casos hubo secretismo y en otros se detectaron irregularidades en la letra chica.

El nuevo embajador dijo que desde que llegó a Pekín, la semana pasada, hizo un reordenamiento de la sede diplomática argentina para unificar todas las dependencias y "evitar intermediarios".

De esta manera, Guelar regresó las consejerías militares y de agricultura a la estructura de la embajada, donde antes estaban aisladas, y dijo que tiene instrucciones de la canciller Malcorra de que "no vuelva a ocurrir jamás otros caso de manejo de embajada paralela".

En el esquema que llevaron adelante los ministros de confianza de Cristina Kirchner se eludía al embajador Martino. Así, los acuerdos y negociaciones pasaban directamente por De Vido, Giorgi o Kicillof, más allá de alguna intervención protocolar del embajador. Al parecer, el canciller Héctor Timerman admitía este mecanismo, que en forma similar se había replicado unos años antes en Venezuela y que fue denunciado por el entonces embajador Eduardo Sadous (ver aparte).

Para sustentar la idea de una embajada que se manejaba por canales ajenos a la diplomacia desde Buenos Aires, el embajador argentino en China hasta 2011, César Mayoral, destacó tajantemente: "El gobierno de Cristina Kirchner quería manejar la relación con China desde los ministerios de Planificación e Industria. Había acuerdos poco transparentes y negociaciones por fuera de mi conocimiento. Pero cuando le hice todos estos planteos a la Presidenta para informarle del manejo irregular, a los pocos días me sacó del puesto y tuve que regresar a Buenos Aires", dijo a LA NACION

Hoy, Mayoral es un embajador retirado de la carrera diplomática que tuvo larga trayectoria en la Cancillería. Fue embajador en la ONU y en Canadá. En 2008 asumió en la embajada de China, pero en 2011 tuvo que irse y en su reemplazo pusieron a Martino, que era cónsul en Chicago. Este embajador estuvo hasta finales del gobierno de Cristina con un muy bajo perfil y no quiso hablar con LA NACION sobre las denuncias.

Martino regresó a Buenos Aires, pero aún no tiene cargo fijo en la Cancillería. De hecho, este diario le envió un mail para que brindara su versión de los hechos y por medio de una tercera persona LA NACION quiso dialogar con él. Pero en ambos casos se negó.

En el caso de la "embajada paralela" en China, Martino cumplió un rol similar al de Sadous. La diferencia es que el ex diplomático denunció las maniobras irregulares en la Justicia y por ello hoy enfrenta una causa.

Actualmente se desconocen detalles de varios de los 79 acuerdos firmados durante la gestión de Cristina Kirchner con China. Tampoco se conoce hasta dónde llegaban las negociaciones que encaraban De Vido, Giorgi y Kicillof. En algunos casos, como el de la estación espacial en Neuquén, hay dos anexos secretos y no se especificó si ese lugar será de uso pacífico o militar. A la vez, en los acuerdos por las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, hubo objeciones de Macri por eventuales irregularidades en el contrato en lo que hace al impacto ambiental.

En la Cancillería circula un extenso documento del Grupo de trabajo de China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que lidera el embajador Miguel Velloso. Allí se dan detalles técnicos de esta estructura paralela de la embajada argentina en China. En la página 48 de ese informe, al que accedió LA NACION, se destaca que "los acuerdos suscriptos han salido de la esfera de acción, análisis y decisión de la Cancillería y su ejecución estaba atomizada en diversos organismos sin una cabeza visible, aunque todo indica que es la Jefatura de Gabinete la que ha llevado el liderazgo". El documento también sostiene que "la fuerte atomización del lado argentino contrastaba frente a una alta concentración del poder decisorio chino, liderado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China".

En el último año de Cristina Kirchner se sumó al esquema paralelo de negociaciones con China el Ministerio de Economía. Lo hizo por medio del decreto 741/2015, que efectuó cambios en la estructura de la cartera que manejaba Kicillof y que creó la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales.

Si bien Martino y Giorgi no contestaron los requerimientos que hizo LA NACION, el vocero de De Vido, Horacio Mizrahi, aclaró que "los acuerdos que firmaban los ministros con China eran de cooperación y lo hacían con sus pares. En el caso de contratos específicos, quienes firmaban eran los organismos y empresas públicas". En el caso de los proyectos de construcción de represas en Santa Cruz no hubo acuerdos sino un road show que se presentó en un hotel y que, según De Vido, organizó la embajada argentina en China, que invitaba a los interesados. De Vido dijo que "todas las audiencias con autoridades chinas siempre contaron con la presencia del embajador o autoridades de la embajada". No obstante, el vocero de De Vido dijo que para la firma de acuerdos "un ministro era más representativo que un embajador".

Las piezas de un engranaje complejo

Embajadores y ministros involucrados en las negociaciones con China

Gustavo Martino - El ex embajador en China sólo participaba de manera protocolar en los acuerdos que cerraba el kirchnerismo

Cesar Mayoral - Fue embajador en China hasta 2011. Le dijo a Cristina Kirchner que veía irregularidades en el manejo de Giorgi y lo sacaron.

Débora Giorgi - La ex ministra de Industria negociaba de manera directa los acuerdos con China que luego objetó la UIA

Axel Kicillof - El ex ministro de Economía llevó adelante las negociaciones con Pekín por el financiamiento de obras con swaps de China

Del editor: qué significa. Las sospechas en torno a los acuerdos con China se extienden, con posibles efectos en las relaciones con un mercado de vital importancia.

Video: Vehículo Otokar - Cobra 4X4

Video: IMI Combat Guard 4x4 (Israel)

Una bestia...

Video: Manpads VERVA (Rusia)

Video: Buque de ataque SUPER FAST Stealth (USNavy)

Video: Avión cañonero AC-235

Video: Cañón Samsung Techwin EVO de 105 mm

Excelente video técnico...

Video: Vehiculo de combate JGSDF - 105mm 8X8

"Iniciamos conversaciones para renegociar la financiación con China"

Por Martín Bidegaray - Clarin.com
Son fondos para las obras de las represas de Santa Cruz y las dos centrales nucleares acordadas con el gobierno anterior y presupuestadas en más de US$ 20.000 millones. 

 Juan José Aranguren, ministro de Energía
Entre los "presentes griegos" que el kirchnerismo le dejó a la actual administración están los compromisos para financiar obras de energía por casi 20.000 millones de dólares. Ese es el costo de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz y dos nuevas centrales nucleares a construirse.

"En el gobierno anterior, les asignaban una partida presupuestaria y cuando se agotaba, les daban una extensión. Así no se hacen las obras. Vamos a hacer las dos centrales nucleares, el aprovechamiento del río Santa Cruz, pero con seriedad. Estamos definiendo con el Ministerio de Hacienda y con la Jefatura de Gabinete cuáles son las partidas para el programa energético. Vamos a ser responsables. Si hay una ampliación del gasto, que sea en forma eficiente", le explicó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a Clarín.

Aunque le faltaba "un proyecto ejecutivo" y un estudio ambiental, el Gobierno anterior le adjudicó la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz a un consorcio chino-argentino por  4.700 millones de dólares. Con el financiamiento y el pago de seguros, el costo de esa obra supera los  6.000 millones de dólares. 

La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner también prometió dos centrales nucleares. El costo: más de 13.000 millones de dólares. "Las obras se harán, pero con seriedad, proyectos definidos y  presupuestos", dice Aranguren.  “A partir de la posibilidad de que el Congreso apruebe un acuerdo con los acreedores, va a haber una caída en el costo del capital para el país”, explica. “Volveremos a ser sujeto de crédito. Y obras de esta magnitud van a tener otros costos de financiamiento”, detalla el ministro.

Aranguren se sentará esta semana a renegociar con autoridades chinas, durante un viaje del presidente Mauricio Macri a la cumbre de seguridad nuclear en Washington (Estados Unidos).

Al regreso de Washington, lo espera el anuncio de las subas en las facturas de gas.  “A partir de las reducciones tarifarias (en los subsidios que paga el Estado), se pueden generar ahorros y dirigir esos recursos a mejorar la oferta energética", puntualiza. El Gobierno cree que el fisco dejará de pagar 3.500 millones de dólares (más de 50.000 millones de pesos) con la luz. Con respeto al gas, el ministro señala que la suba "será en las próximas semanas".  "Es algo que tiene que ocurrir. El detalle estará cuando conozcamos los nuevos cuadros tarifarios”, marca.

El sindicato UOCRA -alentado por el ex ministro Julio De Vido- entiende que Energía frenó la central nuclear Atucha 3. "No tenemos el proyecto definido y el financiamiento no está acordado. Es un despropósito que una obra de tamaña magnitud, de 780 MW, que implica una inversión de 5.800 millones de dólares se haga sin proyecto ejecutivo y financiación", aclara el ministro. 

Aranguren habló con Clarín.  Aquí, una síntesis:

-¿Hay un presupuesto aprobado para una central nuclear y el Gobierno no quiere ejecutarlo?
-En el presupuesto que se aprobó para 2016 es de 5.400 millones de pesos. Lo primero a hacer es extender la vida útil de Embalse. El terreno sobre el que se va a construir la central, lindante a Atucha 1 y Atucha 2, tiene aprobado el decreto de expropiación. Aunque no estaba en el presupuesto, el terreno solo vale 580 millones de pesos, aprobado por el Tribunal de Tasación. En el presupuesto no está una obra de 5.800 millones de dólares.

-¿Pero no hay aprobado financiamiento chino?
-Se iniciaron conversaciones con China, pero no hay nada acordado. Hay condiciones que ellos quieren imponer y queremos renegociar. Atucha 3 va a arrancar en los primeros meses de 2017, pero hecho con seriedad.

-¿La negociación por centrales nucleares incidirá en las represas de Santa Cruz?
-Son empresas separadas. Las represas están en una UTE con Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo. Consideramos que hay modificaciones necesarias allí, teniendo en cuenta el impacto ambiental. El consorcio que ganaba la obra debía tener un proyecto ejecutivo definido. Pero lo que pasó es que primero pidieron una redeterminación (N.de R: mayores costos) de 700 millones de dólares. En cuanto a Santa Cruz, también hay que readecuar los contratos. La ley 15.336 (régimen jurídico de la energía eléctrica) dice que cuando se trata de un recurso interno es una concesión del Estado federal. No sería provincial (N de R: impactaría en futuras regalías). La provincia y la Nación tenemos que asegurarnos lo que estamos haciendo. Este proyecto es fundamental, pero hay que hacerlo en regla y sin impedimento ambiental.

Por un fallo de la ONU, Argentina agranda 35% su plataforma marítima (II)

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
El Comité especializado en derechos del mar aceptó un reclamo de 2009. Se ganan 1,7 millón de kilómetros cuadrados.


Un buque de Greenpeace recorre el mar argentino a la altura de Puerto Madryn.

En un hecho histórico que hace a las cuestiones de soberanía nacional, la 40° Comisión de Límites de la Plataforma que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), acaba de aprobar por unanimidad un pedido argentino de extensión sobre el límite exterior de la plataforma continental, que incluyen las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y Antártida. En la Cancillería explicaron que por esta decisión el país ganará 1.700.000 kilómetros cuadrados (35% más que la superficie actual) de plataforma continental comprendidos en la nueva demarcación que se presentó, en 2009, es decir entre las 200 millas marinas y el límite exterior. Sólo ese porcentaje representa el 48% del territorio nacional y se sumará a los 4.800.000 kilómetros cuadrados entre la línea de base y las 200 millas marinas.

“Estamos reafirmando nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias”, señaló a este diario la canciller Susana Malcorra horas antes de la presentación de este nuevo límite exterior que hará el lunes en el Palacio San Martín, el vicecanciller Carlos Foradori, que preside Comisión Nacional de Límite de la Pataforma Continental Argentina (COPLA). Estarán junto a él la Armada , la Prefectura y legisladores nacionales.

“La demarcación del límite exterior de la plataforma continental, constituye un verdadero ejemplo de política de Estado en donde se ha trabajado con profesionalismo durante casi 20 años con el propósito de reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros derechos soberanos en una zona política, económica y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur”, agregó la mininistra.

Con este reconocimiento también las Naciones Unidas aceptan que hay una disputa sobre las islas del Atlántico Sur, otra victoria diplomática. Sin embargo, no habrá cambios en el sentido de que Argentina no ejercerá estos derechos sobre territorios y espacios marítimos que el Reino Unido administra unilateralmente desde 1833.

Pero Foradori señaló: “Esto no es una disputa de soberanía sino que fue una creación de soberanía nacional ganada en silencio y en paz trabajando todos los argentinos en equipo a lo largo de los años y de varios gobiernos y con un objetivo común. Fue la generación de una política por diseño y no por accidente”.

La plataforma abarca el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta más allá del mar territorial de todo la prolongación natural del territorio. Hasta que el pasado 11 de marzo la Comisión de límites aprobó la presentación argentina, la plataforma llegaba hasta los 200 metros de profundidad independientemente de las 200 millas de la llamada zona de exclusión marítima. Basta para entenderlo como ejemplo la colocación de una plataforma petrolera no podía ir más abajo de esos 200 metros. Y tampoco se correspondían los derechos sobre recursos.

Ahora, ya no hay límites de profundidad y además se extendió el límite de la base desde la costa hasta las 350 millas. La Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental es un órgano científico integrado por 21 expertos internacionales creado por la CONVEMAR. “La comisión ha reconocido el caso como un leading case pues fue el primero en el que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma favorable para el país”. Argentina había hecho su presentación en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, es un trabajo que se abrió en 1995 y a travesó todos los gobiernos.

El delta del Paraná aporta beneficios por US$ 3000 millones anuales

Por Luciana Proietti - LA NACION
En todo el mundo los humedales permiten, además del desarrollo de actividades económicas, evitar o reducir los perjuicios derivados de eventos catastróficos como inundaciones y tormentas


¿Qué sería del origen de la civilización sin el Éufrates y el Tigris? ¿O de Egipto sin el Nilo? ¿Y qué de la Argentina sin el delta del Paraná? Los humedales no sólo fueron decisivos para el desarrollo y la supervivencia de la humanidad. Sino que hoy, analizados en términos económicos, generan beneficios y permiten evitar grandes costos. Intentar reemplazar sus funciones o restaurarlos es muy costoso si se lo compara con los servicios que brindan de manera gratuita. Los costos de conservarlos, en cambio, son mucho más bajos.

Un estudio sobre el delta del Paraná concluyó que este ecosistema -que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe- puede valuarse en US$ 3000 millones al año, e incluso el valor podría duplicarse. Otra investigación determinó que los humedales del mundo valen US$ 14,9 billones, un 45% del valor total de todos los ecosistemas.

Estos números pueden interpretarse como el valor promedio de los servicios que el humedal presta o como el costo de no conservarlo. En parte, la metodología también considera el valor de reemplazo, es decir, lo que costaría cumplir con esas funciones si se hicieran de forma artificial.

Calcular esto es muy complejo ya que implica considerar muchas variables: "¿Qué se hace para evitar las inundaciones? Una represa. Hay que calcular cuánto cuesta hacerla y cuánto mantenerla. Y también cuánta gente se emplea y por cuánto tiempo, y considerar el trabajo que se le quita a los pescadores locales y a la gente que vive aguas abajo del humedal; también, si el lugar pierde valor de recreación", explicó Andrea Michelson, coordinadora de áreas protegidas de la Fundación Vida Silvestre.

"Muchos no están de acuerdo en poner un valor a lo incalculable, pero es la única forma en que algunos políticos lo entienden. Los humedales se suelen percibir como lugares de segunda categoría que hay que rellenar; debemos cambiar esa mentalidad", dijo Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Los beneficios para quienes viven cerca de los humedales son más conocidos: ganadería, turismo, pesca, forestación, apicultura. Pero los beneficios mayores son los que alcanzan además a quienes no viven directamente de ellos, los llamados beneficios ecosistémicos, como la regulación del clima o la amortiguación de las inundaciones y de los efectos de las tormentas. "El control de las inundaciones es crucial en el escenario que vivimos [de cambio climático y fenómeno de El Niño], ya que los eventos meteorológicos se van a hacer más intensos", explicó Di Pangracio.

La purificación de aguas subterráneas, que constituyen el 95% del agua dulce del planeta, es su función central, hasta el punto que se dice que si los bosques son los pulmones, los humedales son los riñones del mundo. "En la Argentina ocupan cerca del 23% del territorio y 14 millones de personas se abastecen del agua proveniente del delta del Paraná, que es el sistema de humedales más grande del país y segundo en importancia en América del Sur, luego del sistema amazónico", explicó Marta Adelman, coordinadora de comunicaciones de la Fundación Humedales.

Esta fundación hizo un estudio del Delta, en el que consideró el valor de las actividades económicas (entre 188 y 374 dólares por hectárea por año) y el valor de los bienes y servicios ecosistémicos (entre 1169 y 1277 dólares por hectárea por año), y llegó a la conclusión de que brinda entre 1357 y 1651 dólares por hectárea por año. Considerando sus más de 2,2 millones de hectáreas equivale a entre 3000 y 3700 millones de dólares al año. Números que podrían llegar a duplicarse si se considera el valor de la captura de carbono, una función clave para evitar efectos del cambio climático, que se estima en valores tan variables como 885 y 3260 dólares por hectárea y por año.

Además de estos valores pueden considerarse los costos de restaurarlos o los que se derivan de no tenerlos, como los efectos en la infraestructura o la producción de las inundaciones o las tormentas intensas como las que se vivieron en los últimos años. En todos los casos, los expertos coinciden en que es más barato preservarlos que restaurarlos o suplir artificialmente las funciones que realizan.

Un caso emblema en este sentido es el de Holanda: "Ellos rellenaron las tierras bajas y después vieron el impacto de las inundaciones. Ahora están en la lucha por restaurarlas. Por eso los expertos holandeses insisten en que es más barato preservar que restaurar", explicó Di Pangracio.

Los costos y valores de los humedales fueron recabados a nivel mundial por la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que se encarga de la conservación y el uso racional de estos sitios.
Algunas conclusiones de Ramsar son:
-Control de inundaciones: se estima que 0,4 hectáreas de humedal pueden almacenar más de 6000 metros cúbicos de agua, con lo que se evitan construcciones costosas.
-Protección ante tormentas: los humedales costeros ayudan a evitar el efecto de huracanes y ciclones, reduciendo el viento y las olas.
-Purificación del agua: el exceso de nutrientes de la actividad agrícola, productos químicos tóxicos, metales pesados y pesticidas son eliminados por plantas y suelos de humedales.
-Biodiversidad y medicina: algunas plantas y animales de los humedales sirven para medicamentos.
-Productos de humedales: se trata de áreas muy productivas y se ha estimado que pueden producir, al año, 9 toneladas de proteínas por kilómetro cuadrado.
-Recreación y turismo: en los humedales hay un tesoro de la vida animal y vegetal en espera de ser explorado; los viajes recreativos generan millones a las economías locales.
-Reposición de las aguas subterráneas: muchos humedales recargan los acuíferos, y los de tipo subterráneo se están agotando en el mundo. El delta del Paraná abastece de agua a 14 millones de personas y aunque se le pueda poner un precio, su valor parece incalculable.

Efectos millonarios - Las consecuencias económicas de mantener o no los humedales, en ejemplos de lo que ocurre en diferentes partes del mundo

Inundaciones - En China, la deforestación, el desarrollo agrícola y la construcción de viviendas provocaron un aumento de las inundaciones. Un evento en 1998 causó daños por US$ 32.000 millones y hoy se trabaja para restaurar humedales

Tormentas - Los humedales son una barrera natural contra los fenómenos climáticos. En Tailandia, el costo de replantar vegetación perdida fue de US$ 946 por hectárea, mientras que cuesta US$ 189 preservar los humedales

Agua pura - En Nueva York planeaban invertir entre 3000 y 8000 millones de dólares en centros de tratamiento de agua, pero se decidió comprar un terreno por US$ 1500 millones, y el agua es allí filtrada por los humedales de manera gratuita

Biodiversidad - Algunas plantas y animales sirven para elaborar medicamentos industriales. Por citar un ejemplo, los componentes químicos de la piel de una especie de batracio de América del Sur pueden servir para antibióticos y antivirales

Producción - El delta del Paraná genera al año productos derivados de la apicultura por $ 27 millones, productos de la pesca por $ 26 millones, de las actividades forestales por $ 33 millones y ganadería por $ 912 millones

Turismo - Los viajes inyectan grandes sumas de dinero a las economías locales. El valor de la actividad turística en los Cayos de Florida, Estados Unidos, se estima en unos US$ 800 millones anuales

El Gobierno prepara reuniones con China, Japón y Corea del Sur

Por Martín Dinatale - LA NACION
Tras la visita de Obama, Macri busca mostrar una agenda amplia y de "puertas abiertas"


El presidente Mauricio Macri está dispuesto a dar muestras de una agenda internacional "competitiva" y de "puertas abiertas" a todo el mundo. En este contexto se encuadrará la ronda de reuniones bilaterales que ya acordó mantener con cuatro jefes de gobierno en los próximos días en Washington, durante la cumbre de jefes de Estado por el debate mundial sobre seguridad nuclear.

Durante esa reunión en Estados Unidos, que se hará entre el jueves y el viernes, Macri se reunirá con sus pares de China, Xi Jinping; con la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, entre otros.

"Hay intenciones de dialogar con el mundo y mostrar que la Argentina quiere reinsertarse en el contexto financiero luego de salir del default", dijo a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada, al adelantar la ronda de reuniones bilaterales que se darán en Washington.

En el Gobierno tienen una expectativa muy fuerte ante la reunión con Xi, ya que será una muestra de la diplomacia argentina de plantear que las relaciones exteriores del país no estarán limitadas a Estados Unidos tras la visita de Barack Obama a Buenos Aires, sino que será de "puertas abiertas" a otros países. El encuentro con Xi es, también, una expresión de Macri de que le dará continuidad a los vínculos que el gobierno de Cristina Kirchner estableció con Pekín.

Según expresó un funcionario de la Cancillería, la reunión entre Macri y Xi fue acordada por la canciller Susana Malcorra y cerrada por el embajador argentino en China, Diego Guelar, quien se reunió ayer con el secretario de Estado para América latina, el embajador Zhu.

Durante ese encuentro se acordó que Xi y Macri ratificarán la asociación estratégica integral que tienen la Argentina y China desde hace dos años; habrá una muestra de respeto mutuo por los compromisos asumidos por ambas partes y hay consenso de ambos lados en revisar y corregir aquellos acuerdos que sean conflictivos u opacos para las relaciones bilaterales. En este sentido, el gobierno de Cristina Kirchner firmó acuerdos de energía nuclear, para la construcción de represas y para la instalación de una estación espacial en Neuquén, que tienen cláusulas secretas y objeciones que hizo en su momento el macrismo. En estos casos habría una predisposición de Pekín por reformular algunos de los contratos ya firmados con Cristina Kirchner.

"Hay una actitud abierta y de compromiso de ambos gobiernos", resumió a LA NACION un funcionario que se dedica a ultimar el detalle de la reunión bilateral de Macri y Xi. En este sentido, también se aclaró que Guelar y Zhu dialogaron sobre el reciente conflicto que hubo con el hundimiento de un pesquero chino en aguas argentinas. China dio por superado el altercado, aunque no dejó de dar muestras de preocupación por ello.

Por otra parte, el encuentro con el premier de Japón y la presidenta de Corea del Sur apuntará a retomar relaciones y tratar de sumar inversores en la Argentina. Ambos países tienen un fuerte interés en invertir en el área de minería, energía, infraestructura y elevar los niveles de comercio con la Argentina. Se sabe que hay, por ejemplo, un fuerte interés de empresas japonesas y coreanas por invertir en el norte argentino en yacimientos de litio.

El Estado argentino se va de la cadena Telesur

Por José Crettaz - LA NACION

El gobierno del presidente Mauricio Macri inició el trámite previsto en el convenio de cooperación con Venezuela para abandonar la empresa propietaria de la señal de noticias chavista

El Estado argentino ya no integrará la sociedad propietaria de Telesur, la señal multiestatal de noticias que emite desde Caracas y es manejada por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Con el lema, "nuestro norte es el sur", la señal -lanzada por el fallecido Hugo Chávez en 2005- nació con el objetivo de ser una voz alternativa al flujo informativo "hegemónico" y "neoliberal" pero de inmediato se convirtió en vocera de los los gobiernos populistas que la financiaron, entre ellos los de Néstor y Cristina Kirchner.

Tras varias semanas de análisis jurídico, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, resolvieron abandonar La Nueva Televisión del Sur C.A., la compañía estatal integrada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y, hasta ahora, Argentina (que tenía el 16% de las acciones). Lombardi y Grecco confirmaron a LA NACION que "acordaron iniciar el trámite correspondiente para dar por finalizada la participación del Estado Argentino en Telesur" y notificaron de esa decisión a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.

Lombardi y el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, mantuvieron varias conversaciones telefónicas con la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, para anticiparle la decisión que ya era esperada por el gobierno bolivariano, con el que el presidente Mauricio Macri está enfrentado desde antes de asumir por su reclamo de libertad a los presos políticos en Venezuela. La desvinculación también implica que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal televisión digital abierta, que llega a más del 80% de los habitantes, y también dejaría de ser de inclusión obligatoria en las grillas de todos cableoperadores del país.

"Nuestro país no tenía ninguna injerencia en los contenidos de la señal ni en su gerenciamiento. Esta determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos en términos de pluralismo y austeridad", resumió las razones de la decisión el ministro Lombardi, que había anticipado este paso en diciembre pasado. La Argentina se convertirá así en el primer socio fundador en salir de Telesur, que en 2015 cumplió su primera década al aire. Se desconoce cuál fue la inversión del Estado argentino en la puesta en marcha del canal -que se distribuye gratuitamente via satélite a América, Europa y Asia y que carece de ingresos publicitarios-, pero en los últimos dos años ese gasto se limitó al mantenimiento de la sucursal de la emisora en Buenos Aires, donde trabajaban unas diez personas.

Hasta diciembre pasado, la representante argentina en la empresa fue Carolina Silvestre, esposa del dirigente kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo. En tanto, el corresponsal de la señal es el periodista, cineasta y ex combatiente de la Guerra de Malvinas Edgardo Esteban, que fue candidato kirchnerista al Parlasur en las últimas elecciones.

Mecanismo de desvinculación

El vínculo de la Argentina con Telesur se basa en un convenio de cooperación firmado con Venezuela el 28 de enero de 2005. Según explicaron desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en el apartado primero de aquel convenio la Argentina se comprometió, a través de la entonces Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete, a suscribir hasta el 20% del capital accionario inicial de Telesur, asumiendo al mismo tiempo una serie de contraprestaciones relativas a la producción de contenidos, a la formación de recursos humanos, a la emisión por enlace satelital de segmentos de noticias, el financiamiento de la corresponsalía de Telesur en la Argentina, la promoción de la distribución de la señal satelital de Telesur en territorio argentino y la designación de los representantes argentinos en la dirección general de Telesur.

En aquel documento se estipuló que el convenio tenía una duración de cinco años desde la fecha de su firma y que ese plazo se prorrogaba automáticamente por iguales períodos a menos que una de las partes notifique a la otra, por escrito y por vía diplomática, por lo menos seis meses antes de la fecha de vencimiento, su intención de darlo por terminado. Esa "terminación surtirá efecto a los seis meses contados a partir de la fecha en que la otra parte sea notificada", prevé el convenio. "Una vez cumplida la notificación se procederá a dar de baja la sucursal argentina de Telesur que fuera inscripta en la Inspección General de Justicia y registrada en el Registro de Señales de la por entonces Afsca y en la AFIP", agregaron desde el gobierno del presidente Mauricio Macri.

Aunque Argentina participó de la creación del canal en 2005, el cargo de "representante argentino en Telesur" fue creado recién el 27 de julio de 2012 mediante el decreto 1269/2012, fecha en la que -con la firma de la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina- fue designada Silvestre. Anteriormente, el representante directo fue el propio secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur.

Telesur comenzó a transmitir el 1 de julio de 2005, cuando algunos gobiernos de izquierda latinoamericanos ya operaban coordinadamente -como se confirmaría en noviembre de ese año en la Cumbre de las Américas que sepultó la idea de una integración comercial continental-. Inicialmente, la empresa estatal -una sociedad anónima adscripta al Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela- estuvo conformada por cuatro accionistas: el Estado venezolano, con el 51%; Argentina, 20%; Cuba, 19%; y Uruguay, 10%. Pero esos porcentajes fueron variando con la incorporación de nuevos socios, como Bolivia (2006), Nicaragua y Ecuador (ambos en 2007). Tras los reacomodamientos societarios, y según consta en el Boletín Oficial, al 31 de mayo de 2012, la Argentina tenía el 14,17% del capital del canal.

En Argentina, Telesur es una señal de inclusión obligatoria en las grillas de la televisión paga desde el 9 de septiembre de 2010, cuando la extinta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) dictó la resolución 296 que obligó a los cableoperadores a incorporar una serie de canales, entre ellos Telesur como primera oferta del segmento internacional. Esa obligatoriedad -basada en que Telesur era considerada una señal del Estado nacional y debía tener el trato privilegiado que la ley de medios prevé para esos canales- está ahora en duda tras la reforma por DNU de la ley de medios, que transfirió la regulación del cable a la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, y por fuera de la ley audiovisual, Telesur se emite desde 2010 en la plataforma estatal de TV digital abierta que llega a más del 80% de la población, algo que dejará de ocurrir cuando la desvinculación se haga efectiva.

Víctor Hugo y Maradona

En los últimos años, en la programación de Telesur se destacaron el relator uruguayo Víctor Hugo Morales y el futbolista Diego Armando Maradona, que condujeron el programa "De Zurda" durante el mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015. Más recientemente, Morales realizó en el mismo canal el ciclo "La entrevista decide", por donde pasaron entre otros Marcos Peña y el propio Lombardi, semanas antes de asumir sus respectivos cargos de jefe de gabinete y ministro de Medios Públicos.

Más allá de su severa y permanente crítica al presidente Mauricio Macri, al que define como "derechista", Telesur ha incurrido en los mismos errores que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que en la última cumbre del Mercosur acusó al mandatario de "liberar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en la Argentina" y de "haber vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas".

También estuvo a cargo de Víctor Hugo Morales la cobertura de las elecciones presidenciales de 2015, cuya sorpresa por los resultados fue épica.

Este mes, Cablevisión (principal cableoperadora del país, propiedad del Grupo Clarín) sacó a Telesur de su abono básico-al que había sido incorporada el 27 de enero de 2014 en el contexto del plan de adecuación a la ley de medios- y provocó un airado reclamo de la presidenta de la cadena, la periodista colombiana Patricia Villegas. Como otras señales internacionales, Telesur puede verse en el servicio digital de Cablevisión y está disponible en la mayoría de los sistemas de TV paga. La cableoperadora de Clarín argumentó que sacó de la grilla a la señal de menor rating para hacer espacio a la llegada de la versión en alta definición de América TV.

Consejo asesor y expansión regional

El canal había nacido con un barniz de prestigio internacional a partir de la creación de un consejo consultivo que ayudaría en la definición de "la agenda noticiosa". Dicho consejo inicial estuvo integrado por el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex sacerdote de la Teología de la Liberación y líder sandinista Ernesto Cardenal; el recientemente fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano; el escritor pakistaní Tariq Ali -que en 2014 se integró al servicio en inglés de Telesur-, el fallecido politólogo y cineasta estadounidense Saul Landau; el redactor jefe de Le Monde diplomatique e historiador Ignacio Ramonet -habitual columnista de la señal-, el cineasta y ex presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer; el actor y activista estadounidense Danny Glover y pionero del software libre Richard Stallman. Este último abandonó en 2011 dicho consejo acusando a la señal de haberse convertido en "un aburrido canal de propaganda" por su defensa del derrocado régimen de Muamar Kadafi en Libia. En la misma línea, la señal fue la expresión de la alianza de Venezuela con el régimen iraní de Mahmud Ahmadineyad y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En la XXXI Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur, que se realizó el 18 de julio de 2006, la delegación de Venezuela -que aún no era miembro pleno del bloque comercial- propuso a los Estados que "adopten la Nueva Televisión del Sur (Telesur) para informar y difundir los avances del Mercosur y para desarrollar una industria sudamericana de contenidos audiovisuales". A aquella cumbre del Mercosur asistió como invitado el líder cubano Fidel Castro. En la cumbre siguiente, en 2007, una delegación de Telesur expuso ante los representantes de los países del bloque. A pesar de esos esfuerzos, la mayoría de los países de la región evitaron sumarse al proyecto de Telesur.

Aval de la ONU a un planteo argentino sobre Malvinas

Por Martín Dinatale - LA NACION
Una comisión adoptó por primera vez las recomendaciones sobre el límite exterior de la plataforma continental y admitió la disputa con Gran Bretaña


En lo que constituye un fuerte avance jurídico en materia de reafirmación de los derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos y sus recursos en el Atlántico Sur, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) -un grupo de expertos internacionales que funciona en las Naciones Unidas- adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de su plataforma continental. Reconoció, así, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido en la zona de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El Gobierno calificó como un "rotundo éxito" esta decisión, que se determinó a principio de marzo pasado en Nueva York y que apoya la posición argentina sobre la existencia de una controversia entre los dos países, lo que habilitará al país a avanzar sobre los proyectos petroleros en alta mar sobre zonas aún no exploradas. Esto implicará ampliar los negocios en materia petrolera, ya que se extiende el espacio de plataforma continental marítima para la Argentina.

La presentación argentina fue realizada en abril de 2009 e incluyó el límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio argentino. Esto es: el área continental, islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Antártida Argentina. La superficie comprendida en la demarcación presentada, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es de 1.700.000 km2, equivalente a cerca del 48% del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los casi 4.800.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas.

La CLPC es un órgano científico encargado de analizar las presentaciones de los Estados. Creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está integrado por 21 expertos de reconocido prestigio internacional.

"Ésta es una ocasión histórica para la Argentina. Hemos dado un gran paso en la demarcación del límite exterior de nuestra plataforma continental: el límite más extenso de la Argentina y nuestra frontera con la humanidad", dijo a LA NACION la canciller Susana Malcorra, que mañana anunciará públicamente los detalles de esta resolución.

La Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental adoptó por consenso -sin un solo voto en contra- las recomendaciones sobre la presentación argentina. Reconoció el caso de nuestro país como un leading case, pues fue el primero en el que se utilizaron todos los elementos permitidos por las normas vigentes de la forma más favorable para el país.

"Es un logro muy significativo de la política exterior argentina. Estamos reafirmando nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. La demarcación del límite exterior de la plataforma continental constituye un verdadero ejemplo de política de Estado: se ha trabajado con profesionalismo durante casi 20 años, con el propósito de reafirmar nuestra presencia, preservar nuestros recursos y reafirmar nuestros derechos soberanos en una zona política, económica y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur", añadió Malcorra.

Trabajo en equipo

El trabajo científico, técnico y jurídico que permitió demarcar el límite exterior de la plataforma continental argentina fue realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), a lo largo de 20 años de intensa labor. El organismo fue creado por ley y está presidido por la Cancillería e integrado por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de Economía. El desarrollo del plan de tareas está a cargo de profesionales especialmente capacitados. Estos estudios permitieron profundizar el conocimiento de la geología marina y de los recursos existentes.

"Este resultado constituye el triunfo de la determinación sobre las adversidades y demuestra que con constancia, teniendo los objetivos claros y trabajando en equipo podemos lograr las metas más impensables", destacó, a la vez, el vicecanciller Carlos Foradori.

Por el acuerdo con los holdouts caerán juicios en el exterior contra Cristina, Báez y López

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Como condición para cobrar, los fondos buitre deberán desistir de los pleitos iniciados contra la Argentina en EE.UU. y en Seychelles

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito.

Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López.

El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

Apuntan contra Mossack Fonseca y, en particular, contra tres sociedades. Son las firmas Plascot Ltd., Gairns Ltd. y Aldyne Ltd., en la que la unidad antilavado de aquel archipiélago sólo identificó a dos argentinos como sus supuestos "beneficiarios finales": el corredor de Bolsa Jorge Galitis y el abogado Edgardo Levita.

Para Singer, la ofensiva contra López y Báez era una forma de presionar a Cristina Kirchner y sentarla a negociar, como años antes lo había logrado con la República del Congo. Pero esa vía no prosperó con la ex presidenta.

En Congo, los "fondos buitre" apuntaron directamente al presidente Denis Sassou-Nguesso. Para eso, investigaron y revelaron los gastos lujosos de su hijo con tarjetas de crédito -y sin un sueldo o patrimonio que lo justificara- en tiendas de Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna o Christian Lacroix.

También expusieron que la comitiva presidencial gastó más de US$ 400.000 durante su estadía hotelera de una semana en Nueva York, en septiembre de 2005.

Y lograron, así, torcerle el brazo a Sassou-Nguesso. Congo, al final, les pagó millones por sus acreencias.

Cierre "a nivel mundial"

Ante los Kirchner, intentaron recorrer el mismo sendero. Pero, además de apuntar a la Presidenta y sus hijos Máximo y Florencia, también hurgaron en sus presuntos testaferros o supuestos socios, Báez y López. En particular, en Nevada, basados en algunos indicios que recopiló en su investigación local el fiscal José María Campagnoli, hasta que lo apartaron del caso y casi lo destituyen.

Tanto Báez como López, sin embargo, siempre negaron ser los dueños ocultos de alguna de las 123 sociedades bajo la lupa en Nevada, aún cuando el juez de ese Estado, Cam Ferenbach, convalidó algunos de los planteos de los holdouts y ordenó a Mossack Fonseca que entregara la información requerida. Ambos empresarios, sostuvo el magistrado, "podrían ser ladrones".

Para López la ofensiva de los fondos buitre era un gran invento. Mediante un comunicado que emitió en marzo del año pasado sostuvo que ni él "ni sus hijos ni ninguna de las personas jurídicas vinculadas con él tienen cuentas o sociedades referidas a la investigación de Nevada". Y redobló la apuesta. Dijo que "la investigación impulsada por los fondos buitre en los Estados Unidos ayudará a mostrar las mentiras de Clarín y LA NACION".

Tras el acuerdo entre el Gobierno y los holdouts, sin embargo, ahora las pesquisas en Nevada, Florida, Nueva York o las islas Seychelles quedarán atrás.

Los acreedores ahora deberán ofrecerle a la Argentina "la estipulación de sobreseimiento definitivo de todas las acciones", según consta en la copia del documento firmado que obtuvo LA NACION, ya sean en Manhattan o su "equivalente en cualquier acción relacionada pendiente en cualquier otra jurisdicción, a nivel mundial".

Tras el acuerdo sellado entre el Gobierno y los holdouts, sin embargo, esos juicios se cerrarán antes de lo previsto. Junto al ministro de Hacienda -y responsable máximo de la negociación-, Alfonso Prat-Gay, rechazaron las especulaciones. "No da que nos acusen de proteger a Báez o a López. Lo que ocurre es que imposible que en una negociación de este tipo digas «levantá todos los juicios pero mantené (abierto) éste»", indicó una vocera. Para volver a los mercados internacionales, añadió. "Es necesario cerrar todos los juicios contra el Estado argentino; si no, esto no se termina."

Lázaro, contra Alicia y Echegaray

Lázaro Báez reaccionó tras los dichos del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien opinó que el empresario kirchnerista "va a terminar preso" por la investigación sobre la utilización de facturas truchas. En su defensa, el dueño de Austral Construcciones sembró un manto de sospechas sobre Echegaray, pero también sobre Alicia Kirchner.

"Yo puedo explicar mi patrimonio, Ricardo Echegaray no", dijo Báez a Infobae. Pero en su descargo no se limitó a criticar al actual titular de la AGN. "Ella, como Echegaray, tampoco puede explicar su patrimonio", planteó sobre Alicia Kirchner. La gobernadora de Santa Cruz pidió a Vialidad Nacional que rescinda los contratos de Austral.