Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION - Twitter: @halconada | Hay un expediente en el que duerme una larga lista de potenciales escándalos: sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol del teniente general César Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el titular de la Corte y cruces de facturas dentro de la ex SIDE, entre otros.
Una causa judicial revela testigos falsos en el juicio de Once. Foto: LA NACION / Ricardo PristuplukTras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado recomendó anteayer al juez que informe de inmediato sobre esos hallazgos al Congreso y a la Casa Rosada para que evalúen qué hacer. También le planteó al juez que archive la causa, pero que extraiga testimonios para que otros jueces investiguen y determinen si se cometieron delitos.
La causa madre se inició en octubre de 2011, cuando la ex SIDE le pidió a Torres que autorizara la intervención de teléfonos y una cuenta de correo electrónico. Todas vinculadas a la firma Dark Star Security, a la que acusó de "desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera".
Cuatro meses después, la ex SIDE dijo que esa firma hacía "tareas de espionaje relacionadas con la disputa" con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas. A partir de allí, Torres prorrogó las escuchas, pero nunca citó a los funcionarios de la ex SIDE a que explicaran "el qué, el cómo y el cuándo" investigarían a esa firma, como le reclamó el fiscal.
El lunes pasado, tres años y dos meses después, para Delgado lo único que se confirmó de la denuncia de la ex SIDE es que uno de los sospechosos, Alfredo F., trabaja para la embajada británica, pero en "tareas de asistencia y asesoramiento comercial". Nada más. "No surgió ningún elemento que permita, por lo menos indiciariamente, corroborar la hipótesis inicial o cuando menos direccionar la investigación en ese sentido", indicó, por lo que recomendó que se archive la causa.
Esas mismas escuchas, sin embargo, sí demuestran el interés de la ex SIDE por conocer los movimientos del dueño de Dark Star, así como de otro consultor, Leonardo S., que se presenta en Internet como "especialista en Inteligencia e Investigaciones".
"Las transcripciones -abundó el fiscal- exhiben una suerte de organización integrada por personas que podrían ser parte formal o informal del sistema de inteligencia público, que, de manera alternativa y/o conjunta con empresarios, funcionarios, personas que desempeñan profesiones liberales (abogados, periodistas, etcétera) llevaron adelante comportamientos criminales."
Así, la Fiscalía resume 27 charlas a las que define como "puntas para investigar". Entre otras:
l Diálogos sobre "la labor de Alberto Nisman y de funcionarios de la ex SI, el rol del general Milani [César, jefe del Ejército] en el sistema de inteligencia y de Fernando Pocino".
l La transcripción que señala "actividades delictivas del general Milani, del origen del patrimonio del empresario Matías Garfunkel, de la venta de información sobre funcionarios públicos, de la salud de la Señora Presidente".
l Datos que ese grupo tenía del "lugar de hospedaje, reuniones y demás circunstancias relativas a la estadía del periodista Jorge Lanata en Panamá, hacia donde habría viajado con motivo del caso Fariña".
l Diálogos sobre "intervenir teléfonos por fuera de una causa judicial y de compra de permisos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria".
l Diálogo en que se afirma que el entonces jefe de la SI, Héctor Icazuriaga, "dio la orden para que la gente de Aerolíneas Argentinas «se deje de joder» o aparecerían «papeles» que tenía en un cajón".
l Un diálogo para coordinar "la cooptación de un periodista por necesidades derivadas de las internas del espionaje" y otro sobre "sobornos y tráfico de influencias en altas jerarquías del sistema judicial".
La Fiscalía remarcó su cautela, dada la "tensión que habita todas y cada una de las causas en las que se investiga espionaje". Pero recomendó al juez que informe al Congreso y al Ejecutivo. No hacerlo, alertó, sería "mirar para otro lado frente a comportamientos graves". Torres aún no tomó su decisión..
