lunes, 3 de noviembre de 2014

Siria usa un arma polémica

Por Serene Assir  | Agencia AFP  (La Nación)
En las últimas semanas multiplicó los ataques con bombas de barril
BEIRUT.- Con la atención mundial puesta en el combate contra los jihadistas, el régimen sirio empezó a hacer en las últimas semanas un uso más intensivo de las mortales bombas de barril, lo que provocó decenas de muertas de civiles y gran devastación en zonas del país.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Gran Bretaña, durante los 12 últimos días de octubre, el ejército sirio lanzó 401 barriles de este tipo sobre distritos rebeldes en ocho provincias del país. Para el OSDH, la totalidad de los ataques del régimen, incluyendo los bombardeos con estos barriles, dejaron 232 civiles muertos desde el 20 de octubre.

El militante opositor Abu Raed, de la ciudad de Anadan, en la provincia de Aleppo (Norte), indicó que explosivos de este tipo cayeron en tres oportunidades sobre su casa. El último de estos bombardeos destruyó completamente la casa, puntualizó. "Nos rodea la muerte y a nadie le importa", lamentó. "Los bombas de barril matan a nuestros seres queridos, destruyen nuestras casas, nuestros sueños y nuestra memoria, dejándonos sin esperanza ninguna de que la matanza cese algún día", añadió.

Los bombas de barril, cuyo uso fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos, ya que no distinguen entre objetivos civiles y militares, han matado a numerosos civiles, principalmente en las zonas rebeldes de la provincia septentrional de Aleppo. Estos barriles, fabricados con metal y una capa de cemento en su interior, están llenos de TNT y son lanzados desde helicópteros y aviones militares. No cuentan con un sistema de guía, por lo que son imprecisos.

Aleppo está dividida desde julio de 2012 entre distritos leales al régimen, al Oeste, y distritos controlados por los rebeldes, al Este.

Desde fines de 2012, la aviación del presidente Bashar al-Assad lanza barriles cargados de explosivos sobre los distritos rebeldes, pese a una resolución de la ONU que condena esta práctica. Los rebeldes perdieron numerosos feudos en el último año frente a un régimen apoyado por el movimiento chiita libanés Hezbollah y también frente a los jihadistas del grupo Estado Islámico en el norte y el este de Siria.

El director del OSDH, Rami Abdel Rahman, dijo que el número de ataques con estas bombas es actualmente "muy superior" al de hace un par de semanas, y precisó que el miércoles pasado helicópteros militares lanzaron cuatro barriles explosivos en un campo de desplazados en la provincia de Idleb (Noroeste), con un saldo de por lo menos 10 muertos y una docena de heridos.

Videos que subieron a Internet militantes opositores muestran cuerpos cortados en mil pedazos y gente gimiendo mientras trata de rescatar a los supervivientes.

Para Estados Unidos, "el ataque contra el campo de Abedin no fue nada menos que una barbarie". La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York, calificó en varias oportunidades de "ilegal" el uso de estos barriles explosivos. "Hay un esfuerzo internacional para frenar los abusos del [grupo jihadista] Estado Islámico, pero no hay un esfuerzo internacional concertado para frenar los abusos del gobierno sirio", lamentó Lama Fakih, de HRW.
(Infobae.com) - Es un arma improvisada, que contiene explosivos, petróleo y trozos de acero. Este tipo de bomba está confeccionada con contenedores de petróleo, pero también suelen recurrir a otro tipo de envases, como los cilindros de gas o tanques de combustible, entre otros. A su vez, estos envases son saturados con material explosivo y fragmentos metálicos.

De acuerdo a sus características, esta arma se asemeja a los Blockbusters, utilizados durante la Segunda Guerra Mundial por la Real Fuerza Británica. Este armamento también era un cilindro metálico relleno de material explosivo, que podía reducir instalaciones portuarias, fortificaciones y edificios.

Estos barriles que utilizan las fuerzas sirias les permiten almacenar entre 250 y 500kg. de explosivos. La principal diferencia con las bombas convencionales, es que estas últimas pierden poder de impacto dado que el 50% de su peso está representado por su carcasa y alerones. Los barriles sirios, en cambio, pueden ser rellenados hasta el tope por su forma cilíndrica y aumentar así su poder.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Desarrollo de una fuerza anfibia para la Armada Argentina

Por Julio Gutièrrez - Administrador del excelente Foro Aviación Argentina.net
Con mucha frecuencia, los foristas solemos expresar que clase de Armada quisiéramos tener, pero sin analizar cual es la Armada que la Argentina requiere.

Comencemos, por definir cuales son los objetivos que debe proteger la Armada para cumplir su misión: protegerse de otra fuerza naval, proteger el territorio y proteger las las líneas de comunicaciones marítimas.

La actitud Estratègica Militar Argentina es defensiva (“Detener el golpe”) dado que no tenemos la ambición de conquistar otros territorios sino preservar el propio, pero cualquier posible agresor debe tener siempre en claro que además de “detener el golpe” también estaremos en condiciones de “responder el golpe” sin que ello implique un cambio en la actitud estratégica nacional, ya que responder el golpe es una decisión táctica.

Para eso la Armada deberá contar con capacidades ofensivas en lo tàctico, conservando la actitud defensiva en lo estratégico (“solo se responde en caso de agresión”) y para lo cual deberá contar con medios ofensivos tales como una fuerza de submarinos (COFS) una Fuerza Aeronaval embarcada (COAN) y una Fuerza Anfibia (IMARA).

Componente anfibio actual
La Armada Argentina se caracteriza por tener uno de los dos mejores grupos aéreos embarcados de la región, pero no dispone de un portaaviones y una de las infanterías de marina mejor equipadas y entrenadas y la única con experiencia en combate en una guerra clásica que no dispone de buques anfibios.

A fines de la década del 70, la armada se encontraba en pleno desarrollo hacia una armada de alto poder, pocas armadas la superaban en el continente, el componente anfibio era uno de los màs poderosos de la región, contribuyendo asì a mantener el equilibrio militar.

Pero transcurrido màs de la mitad del año 2014, la situación de la Armada no se condice con lo esperado y con el potencial que el país tiene y se espera. Un país marítimo y del potencial de Argentina, tiene una Armada, Fuerza Aèrea y Ejèrcito sub-equipados, muy por debajo de las posibilidades del país y el componente anfibio de la Armada en particular.

Actualmente la Armada Argentina cuenta solo con un buque de transporte clase “Costa Sur” el ARA Bahia San Blas (B-4) como medio anfibio que presenta serias limitaciones para el traslado de una fuerza anfibia y el destructor Tipo 42 convertido en transporte rápido ARA Hèrcules (TRHE), por lo que la la incorporación de dos buques de asalto anfibio representa un objetivo de alta prioridad para la Armada.

Se hicieron algunos intentos por incorporar buques LST como el clase Newport “ Le Moure County” pero en su viaje de entrega a la Argentina encallò frente a las costas de Chile. Luego se acordó la compra de dos TCD clase Ouragan habiendo viajado a Francia la tripulación para traerlos al paìs y el ministerio de Defensa, con muy poca seriedad, cancelò el pedido. El último fue el TCD Foudre que también fracasò.

Situaciòn en la región
Nuestros vecinos han venido potenciado su capacidad de proyección aeronaval y anfibia, mientras nuestro país realiza el camino inverso: pierde capacidades. Por un lado Brasil ha incorporado un portaaviones y lo està modernizando, dispone de dos buques de asalto anfibio que le han permitido desplazar tropas a miles de km de distancia como la misión enviada al Libano, es decir, el uso de la Armada como instrumento de política exterior, parte indivisa de la Defensa y de una estrategia de inserción en el mundo, conocido como “Diplomacia Naval”.

Chile acaba de incorporar un buque de asalto anfibio (Sargento Aldea) y se encuentra a la espera de que su gemelo (TCD Scirocco) sea retirado de la Marine Nationale en el 2015 para incorporarlo también, duplicando de esta manera su capacidad aeronaval, al disponer de dos buques con capacidad para 4 helicòpteros pesados cada uno y embarque del equivalente a 4 compañias de infantería lo que le da una capacidad de proyección notable a la Armada Chilena y congruente con la política exterior de Chile de cooperación internacional, ya que los buques, además de servir para apoyo en caso de catástrofes naturales, un fenómeno que viene padeciendo cada vez con màs frecuencia nuestro vecino trasandino, también esta en capacidad de participar en misiones humanitarias y despliegues que le ordene la ONU en la recientemente creada fuerza binacional Cruz del Sur con nuestro país.

Por su parte la Marina de Guerra del Perù, se encuentra construyendo dos buques de proyección estratégica de la clase “Makassar” en los astilleros peruanos SIMA, de 7300 toneladas de desplazamiento y capacidad para 450 infantes cada uno.

Desarrollo de una fuerza anfibia
Según la web de los astilleros Navantia, se identifica a la Argentina como un potencial cliente al señalar que Argentina estudia la adquisición de uno o dos buques anfibios procedentes de excedentes de otras marinas. Rechazó la adquisición de los Orage y Ouragan dados de baja por Francia.

¿Cuantos y cuales son los buques que requiere la Armada para disponer de una fuerza anfibia? Dos buques dique (LPD) y puede agregarse un portahelicópteros a fin de disponer de una unidad de helicòpteros embarcados con facilidades para dar apoyo aéreo al grupo anfibio
Repasando los posibles buques de asalto disponibles de otras marinas, nos encontramos que el LHA-1 Tarawa ha sido decomisado y los LPD de la clase San Giorgio comenzaràn a ser reemplazados en el 2016 por tres buques LHD de 20.000 toneladas de desplazamiento.
Mientras que los astilleros chinos Hudong-Zhonghua, construyen los LPD de la clase Yuzhao (Tipo 071) y los astilleros coreanos Hanjin Heavy Industries, los buques de la clase Dokdo. Estas dos últimas menciones se deben a la posibilidad que pueda ser adquirido debido a convenios de reequipamiento estatal en el caso chino o que la ingeniería de detalle pueda ser adquirida por nuestro país para ser construido en algún astillero local en el caso de los coreanos.
Composiciòn y objetivos de la fuerza anfibia
La composición de la fuerza anfibia capaz de alcanzar el objetivo planteado en el Libro Blanco de la Defensa Nacional es el del MEU (“Marine Expeditionary Unit”) del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE.UU. —la organización de infantería màs pequeña— dado que la experiencia demuestra que es la de empleo más flexible y habitual, precisamente, porque tiene objetivos limitados y sobre costas poco defendidas.

En tiempos de paz, la fuerza anfibia desarrolla operaciones de despliegues de tropas a misiones humanitarias contribuyendo a un objetivo estratégico de la política exterior. En tiempos que se vienen planificando una fuerza binacional argentino chilena llamada Cruz del Sur podrìa ser extensible a la creaciòn de Fuerza Anfibia como la Hispano-Italiana SIAF (Spanish-Italian Amphibious Force), para misiones donde la ONU ordene el mismo despliegue para la Cruz del Sur o la pròxima fuerza binacional a crearse entre Argentina y Perù.
Para las operaciones internacionales El Comando Naval Anfibio y Logístico (COAL) se viò obligado a improvisar una fuerza con el transporte ARA Bahia San Blas para trasladar equipos y vehículos a la misión MINUSTAH en Haiti distante a 7000km de la Argentina, llevò carga de Uruguay y Brasil rumbo a Puerto Principe, con pocas facilidades portuarias. Tambien fue enviado a participar del bloqueo a Irak donde operò desde el golfo de Omàn, Tambien en apoyo a las lanchas patrulleras de la armada en el golfo de Fonseca.

En tiempos de guerra la fuerza anfibia tendrá como propósito 
- Capturar aeródromos y puertos como parte de una campaña militar
- Ataque al enemigo desde otra posición
- Actuar como reserva en apresto de una fuerza en tierra en una operación conjunta
- Distraer fuerzas enemigas o crear un nuevo frente a las operaciones en tierra
- Invadir territorio enemigo o recuperar territorio capturado por el enemigo.

Otras consideraciones para la fuerza anfibia
- Los desplazamientos tácticos de helicópteros de asalto y transporte de tropas en un área hostil deben ser escoltados y apoyados por helicópteros de ataque.
- Las fuerzas que deban desplazarse durante operaciones de paz, deberán adoptar igualmente el mismo dispositivo.
- Ademàs de los buques mencionados, la fuerza anfibia deberá contar con facilidades C3I2, desde donde se ejercerà el comando de la fuerza durante las operaciones

La fuerza deberá estar constituida por:
- Un batallón de infantería de marina dotado de 6 obuses de 155mm
- Una compañía de reconocimiento mecanizado compuesta por 16 blindados a rueda
- Una sección blindada de tanques
- Un destacamento de misiles antitanques
- Un destacamento de misiles antiaèreos
- Una sección de reconocimiento de infanterìa
- Un componente de aviación lo conformaràn 10 helicòpteros de exploración y ataque, 10 helicòpteros de asalto y 10 helicòpteros de propósito general (PG).

El batallón estará compuesto por 2400 hombres.

Los medios a incorporar serán los siguientes: 

De fabricación nacional:
- 6 obuses CALA de 155mm
- 30 vehiculos de exploración VEE Gaucho

Extranjeros:
- 50 vehiculos de exploración HMMWV. El EA obtuvo màs de un centenar por menos de dos millones de dólares.
- 16 vehiculos blindados LAV II en reemplazo de los Panhard VCR que pueden obtenerse en Canadà aprovechando el convenio CCC (el FMS canadiense) que tiene nuestro país y por el cual obtuvo 1 Learjet y - 2 Bell 412 para la FAA,y vehículos F-350 para el EA.
- 20 Vehiculos blindados anfibios AAV7 que ya estaban previstos cuando se iban a incorporar los TCD clase Ouragan

Del resto de los vehículos se aprovecha el material existente de Panhard ERC 90 con cañòn de 90mm para la sección de tanques, eventualmente puede adquirirse un lote adicional de 10 ERC 90 de las existencias del ejército francés.

- Armamento antitanque descartable de 300 a 500 mts de alcance (SAAB AT-4)
- Armamento antitanque recargable de 300 a 1300 mts de alcance (Carl Gustav)

Aviacion:
- Reactivar la 3ra escuadrilla aeronaval de helicópteros a fin de operar embarcados en los buques de asalto anfibio
- 10 helicòpteros UH-1N/Bell 212
- 10 Helicopteros AH-1 Cobra
Fuente: http://www.aviacionargentina.net/foros/armada-argentina.36/9697-desarrollo-de-una-fuerza-anfibia-para-la-armada-argentina.html

Video: VCTP Argentino

Pensar que se fabricaron en Argentina hace casi 40 años...

Video: M113 Argentino

Buen video...

Video: Los 10 mejores cazas multirrol del mundo


Video: Lanchas Guardian 25 (Brasil)

Bien Brasil...

Thales presenta el sistema PASTOR para la protección contra la piratería marítima

(Infodefensa.com) N. F., París – El grupo Thales ha presentado en el salón internacional Euronaval 2014, en Paris- Le Bourget, el sistema PASTOR, un conjunto de servicios para proteger a los buques contra la piratería.

Inicialmente diseñado para astilleros y servicios guardacostas, la solución PASTOR se basa en una combinación de sistemas de alerta temprana, prevención y defensa, para proteger a las compañías navales de este tipo de ataques y evitarles un incremento de costes por cambio de rutas, retraso de entregas, contratación de más personal de seguridad o recargos en los seguros.

El sistema PASTOR garantiza la protección tanto de día como de noche y está pensado como un producto “llave en mando”, aunque tiene una configuración modular que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente.

PASTOR  incorpora funciones de detección (por radar) e identificación (sistemas optrónicos giroestabilizados) que proporcionan al oficial de seguridad o al equipo de protección del buque una alerta temprana de cualquier amenaza de ataque de piratas. Incorpora además un potente cañón de luz que sirve de elemento de disuasión de los potenciales atacantes.

La solución también incluye un intuitivo software de gestión de datos que manda alertas y proporciona al mando información clara y simple sobre un ataque. Asimismo, un sistema de radio digital automatizado permite que los buques cercanos puedan identificarse.

El sistema PASTOR está disponible como un contrato de servicios que incluye la rápida instalación de los kits de protección del buque adaptados a los planes de ruta de cada compañía, así como el mantenimiento del sistema y la formación del usuario. “PASTOR apoya el crecimiento y el desarrollo continuos de la industria naval mejorando la seguridad de la tripulación y reduciendo los costes asociados a la piratería”, afirman desde la compañía.

Los astilleros Freire fabricarán un buque oceanográfico para Perú

(Infodefensa.com) Vigo – La empresa Freire amplía la cartera de pedidos del naval vigués con la contratación de un oceanográfico para la Marina de Guerra de Perú. Se trata de un buque de 95 metros de eslora, 18 de manga y 5,9 de calado cuyo coste estimado es de 79,2 millones de euros. Según explican fuentes de la dirección del astillero a la prensa local, se trata de una unidad parecida al Discovery, entregado el pasado año a Gran Bretaña y amadrinado por la Princesa Ana.
Una de las principales diferencias será que en el caso del pedido de Perú, el casco del barco estará reforzado para navegar en aguas heladas. Con este pedido, el país sudamericano, que es miembro del Tratado Antártico, garantiza seguir apoyando los esfuerzos internacionales de investigación y protección del continente blanco.

Su financiación, uno de los principales quebraderos de cabeza de los astilleros, ya está garantizada dado que la obra se realizará con fondos propios a través del Ministerio de Defensa de Perú.

18 meses de ejecución

Si las previsiones se cumplen, el contrato entrará en vigor el próximo mes de noviembre y en el primer trimestre del 2015 se iniciará la obra, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, en el que garantizará trabajo para 250 personas. La entrega será en mayo de 2016. Prueba de la prisa que tiene la Marina peruana por contar con el nuevo efectivo es que abrió las ofertas a mediados de septiembre y el pasado jueves ya hizo pública su decisión.

El oceanográfico, que desarrollará una velocidad máxima de 15 nudos, contará con autonomía para operar hasta 50 días. Tendrá capacidad para albergar a 28 científicos, además de una tripulación de 24 efectivos. Dispondrá de al menos media docena de laboratorios y un helipuerto en la popa.

Otra diferencia respecto del Discovery será la compartimentación de la cámara de máquinas, lo que proporciona una mayor seguridad en caso de un posible accidente.

La Marina peruana eligió la oferta del astillero gallegos de de Bouzas entre las trece compañías de todo el mundo que competían por hacerse con la adjudicación. En concreto, las canadienses Davie Shipbuilding, Irving Shipbuilding y Seaspan Marine Corporation; las coreanas Hyundai Shipbuilding y STX Offshore & Shipbuilding, la finlandesa STX Finland, la francesa DCSN, la holandesa Damen Shipyards Gorinchem, la italiana Fincantieri, y las españolas Armón, Navantia y Astilleros de Murueta.

La empresa israelí IAI presenta dos nuevos radares de vigilancia marítima avanzados

(Infodefensa.com) N. Fernández, París – La empresa israelí IAI (Israel Aerospace Industries) ha presentado en la exposición internacional Euronaval 2014, en París Le-Bourget, dos nuevos radares de vigilancia marítima avanzados: el ELM-2022ES y el ELM2022ML.

El ELM-2022ES proporciona capacidades óptimas de imagen y vigilancia marítima y terrestre, además de vigilancia aérea simultánea. El sistema implementa las capacidades operacionales probadas y los algoritmos de procesado de los radares de la familia ELM-2022, además de incorporar capacidades únicas de tecnología AESA (antena activa de barrido electrónico). El radar combina escaneado mecánico en el plano horizontal con desplazamiento de haz fino y escaneo electrónico completo en el plano vertical, proporcionando así una capacidad de detección más precisa, especialmente en alta mar.

Este nuevo radar puede ser instalado en diversos aviones y ser operado en una amplia gama de misiones marítimas y militares, como vigilancia marítima, guerra antisubmarina, vigilancia en Zona Económica Exclusiva, ISR, seguridad, y operaciones de búsqueda y rescate.

Por su parte, el ELM-2022ML incorpora un diseño único en el que la mayoría de los componentes están instalados directamente en la antena mecánica. Con un peso de tan sólo 50 kg, este radar es particularmente idóneo para el creciente mercado de aviones no tripulados (UAVs) pequeños y medios, así como para helicópteros y aviones de reconocimiento ligeros. Respecto a su funcionalidad, es especialmente adecuado para misiones de homeland security y seguridad marítima.

Desarrollados por ELTA Systems, subsidiaria del Grupo IAI, ambos radares se suman a la familia de radares de vigilancia marítima ELM-2022 de la compañía, con más de 250 sistemas vendidos en 25 países de todo el mundo.

Estos radares están actualmente en servicio en multitud de plataformas, incluidas el P-3, el C-295 y el C-235 de Airbus DS, el Dornier 228, el Bombardier Dash-8 y el UAV Heron 1 de IAI.

“Estamos continuamente observando las necesidades del mercado en cuanto a rendimiento y tamaño para seguir añadiendo nuevas versiones y modos de operación a nuestros radares y extender sus capacidades”, indica Nissim Hadas, presidente de ELTA y vicepresidente ejecutivo de IAI. “En esta línea, estos dos nuevos miembros de la familia ELM-2022 nos permiten proporcional una solución óptima para cada categoría de plataformas y para cada requerimiento del cliente”, añade.

Fotos: N. Fernández / Infodefensa

El Ejército de Brasil estudia la compra de helicópteros Chinook y Kiowa Warrior

(Infodefensa.com) Roberto Caiafa, São Paulo – El Ejército de Brasil tiene sobre la mesa sendas ofertas para la compra de helicópteros CH-47 Chinook, de Boeing, y OH-58D Kiowa Warrior de segunda mano fabricados por Bell.
En abril de 2014, Boeing anunció una oferta de un lote de helicópteros CH-47 Chinook para Brasil. Reacondicionados y revitalizados estos aparatos actuarían como plataformas de transporte de alta movilidad y gran atractivo logístico, sobre todo en el teatro del Amazonas.

"Hemos tenido algunas discusiones iniciales acerca del Chinook con el Ejército de Brasil”, ha explicado Scott Day, portavoz de Boeing, al ser preguntado ahora acerca de la posible venta de aeronaves CH-47 a Brasil. Day rechazó dar detalles, aunque aclaró que la posible venta “no era grande”. Según fuentes próximas a la operación a las que ha tenido acceso INFODEFENSA.COM, la oferta contemplaría el suministro de doce células de la versión CH-47D a precios muy atractivos y con la posibilidad de añadir nuevos equipamientos y capacidades, en el caso de ser solicitados por el Ejército Brasileño (EB).

Según las mismas fuentes, la novedad ahora es una posible oferta de lotes de helicópteros Bell OH-58D Kiowa Warrior que ya han sido utilizados en Afganistán y que están siendo desmovilizados y puestos a la venta a precios muy razonables, lo que habría despertado el interés del EB.

Estos aparatos, fabricados a partir de mediados de la década de 1980, están siendo reemplazados en el Ejército de Estados Unidos por los UH-72 Lakota. La reciente decisión de invertir más recursos en los helicópteros de ataque AH-64 Apache, utilizados en misiones de escolta, y la necesidad de reducir los costos derivados de la gran variedad de modelos en servicio, han llevado a la retirada gradual del OH-58 Kiowa Warrior, a pesar de que un buen número de estas unidades fueron sometidas a una profunda modernización, que incluyó la instalación de un nuevo motor, entre los años 2001 y 2011.
Los OH-58D que se estarían ofertando se encontrarían entre los que han pasado por esta modernización. Según las fuentes citadas, en Brasil se realizarán trabajos adicionales en las células, el desmontaje de algunas unidades para obtener las piezas y componentes de repuesto y la implementación de nuevas capacidades en las unidades operativas.

Fotos: United States Army

Por mes cada preso cuesta 30.000 pesos

Por Socorro Estrada - sestrada@clarin.com - Informe de Clarín Data: Cárceles robadas

Un informe de Clarín Data demuestra que, aunque aumentó 1000% en 10 años el presupuesto del Servicio Penitenciario Federal, cada vez hay más reincidencia, los presos casi no estudian ni trabajan y se evaporan más de $ 10 mil millones por año.

Foto: Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación.

El sistema de penitenciarías es una maquinaria que le cuesta al Estado más de 10.000 millones de pesos por año (sin contar al menos 10 provincias chicas que no revelan datos por "cuestiones de seguridad"). Cada preso federal cuesta $ 29.799 por mes y hay provincias como las de Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Mendoza en donde se gastan mensualmente entre $ 13.000 y $ 15.619 por recluso. En Neuquén se gastan por mes $ 29.765 por preso. Desde 2003 a 2012 aumentó en 18.000 el número de encarcelados hasta superar en todo el país la cifra de 70.000 presos.

Sin embargo, a pesar de los millones que se invierten en las cárceles, la tasa de reincidencia de los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Provincia alcanza el 46.5% según el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), es decir que casi uno de cada dos presos vuelve a cometer delito. La corrupción en el manejo de miles de millones anuales en las cárceles es una hecho que se demuestra en el contraste entre los fondos asignados y las condiciones de las carceles y de vida de los guardia cárceles y de los presos.

Una investigación del equipo de Clarín Data revela por primera vez la radiografía completa de todas las cárceles argentinas. Más de 250 prisiones del país forman el esqueleto que compone un mapa interactivo y con cientos de datos que se publica desde hoy en Clarin.com. Con herramientas de periodismo de datos, Clarín devela un trama oscura de robos y corrupción en las cárceles.

El 64,8% de los presos del país no trabajan, el 78,2% no se capacitan y un 65% no estudian. En cambio, viven en condiciones miserables que son el caldo de cultivo para la formación de delincuentes más peligrosos. La mayoría de los presos del país, que fueron detenidos en general en situación de flagrancia por delitos de mediana gravedad y que en muchos casos son muy jóvenes (24% de los presos tiene entre 18 y 24 años según el informe 2013 publicado por el Ministerio de Justicia), entran a la prisión con poca experiencia delictiva y salen con verdaderas maestrías en violencia, crimen organizado y nuevos contacto con redes delictivas.

En la Provincia, los datos de 2013 muestran que hay 33.166 presos a los que se dedicó un presupuesto de 3.952 millones de pesos, o $ 9.932 por mes por recluso. Sin embargo, el 64% no trabaja, el 75% nunca tuvo capacitación y el 60% no estudia (Ver informe en la página 38).

La investigación sobre "Delito, marginalidad y desempeño institucional en la Argentina" del (CELIV), dependiente de la Universidad de Tres de Febrero, estableció que en el SPF y el Bonaerense el 50% de los reincidentes es detenido nuevamente antes de cumplir un año en libertad. La tasa de reincidencia es un certificado de fracaso del sistema. Según pudo registrar Clarín Data, en octubre de 2014, sumaban 43.488 presos, el 61.5% del total del país, solo entre el SPF y el Bonaerense.

Aunque Provincia es el distrito con mayor presupuesto anual, no es donde se produce la mayor falta de correlación entre cifras exorbitantes de gasto mensual y resultados positivos. En el SPF hay 10.322 presos, pero con un presupuesto de 3.691 millones anuales y un gasto por persona de $ 29.799 la reincidencia alcanza el 30.3%. Es el dato ofcicia. Fuentes del SPF dijeron a Clarin Data que esa cifra superaría el 70%, medida correctamente.

"Muchas veces se ingresa a la cárcel por delitos absolutamente menores, y este es el inicio de una carrera que después –sin apoyo del Estado– parece ser irreversible", dice Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación. "La cárcel es un lugar donde se aprende a delinquir más y mejor", afirma Marcelo Bergman, director del CELIV, en la misma línea.

La mayor tasa de reincidencia entre los principales distritos la muestra la provincia de Mendoza, con un 45,2%, en donde cada preso cuesta $ 13.809 . Allí, el 79% no trabaja, el 97% nunca se capacitó y el 68% no estudia.

"Las cárceles están degradadas por un sistema de corrupción, maltrato y violencia", afirma Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y conocido en medios judiciales porque la Procuración bonaerense lo sancionó con suspensión sin goce de sueldo por denunciar "de mal modo" las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. "Hoy las cárceles funcionan gracias, o pese, al sistema de corrupción estructural que las sostiene", dice.

"Estos problemas no tienen que ver con la falta de presupuesto ni de personal", admiten en la administración del Sistema Penitenciario Federal, que gobierna estas cárceles bajo la dirección de Emiliano Blanco desde que fue removido el cuestionado Victor Hortel –director en tiempos del Vatayón Militante y de las fiestas de disfraces en las cárceles– y tras un breve paso del "mano dura" Alejandro Marambio. El SPF tiene 12.132 agentes en actividad (entre oficiales y suboficiales) para atender una población de 10.322 presos.

Se malgastan y roban millones de pesos por mes y las condiciones de vida dentro de las cárceles son infrahumanas. Lo denuncian organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación en el marco del Congreso, la Procuraduría de Violencia Institucional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y distintas ONG del ámbito privado como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El trama de la corrupción atraviesa de punta a punto los sistemas penitenciarios. Y las conexiones con la política sobran. En el SPF, por ejemplo, existe un organismo llamado ENCOPE (Ente de Cooperación Penitenciaria) encargado de darle trabajo a los presos, que maneja un presupuesto de $ 419 millones, más del 10% del total. Al ENCOPE lo dirige de hecho Rubén Fernández Escobar, un militante de la Cámpora que opera como "jefe de ventas", "jefe de Comunicaciones" o "Presidente", según distintas fuentes del propio organismo que consultó Clarin Data. Fernández Escobar participó en actos de la Cámpora-San Cristobal, incluyendo uno el 2 de abril pasado al que asistió la Presidenta Cristina Kirchner. Las operaciones del ENCOPE incluyen movimientos de fondos tan absurdos como la compra de un barco pesquero para dar trabajo a los presos en la Patagonia.

La radiografía que Clarín Data realizó sobre el Servicio Penitenciario Federal y los provinciales muestra zonas grises y zonas blindadas. No hay datos abiertos, aunque lo exige la ley, que muestren detalles de compras de alimentos y su distribución por unidad carcelaria. Pero hay cientos de denuncias de familiares y organismos públicos y no gubernamentales que muestran en las redes sociales comida podrida y hasta guardia cárceles comiendo en botellas de gaseosas cortadas al medio y utilizadas como platos.

La investigación de Clarín Data muestra, en Clarin.com, una primera capa de información que se actualizará de ahora en más en forma dinámica, es decir, se trata de un mapa total del sistema carcelario argentino que irá incorporando cada semana cientos de datos, denuncias y comparaciones para monitorear públicamente el sistema de cárceles.

El goteo migratorio

Por Diego Geddes (Clarin.com)
Cada hora, 31 extranjeros piden radicarse en el país.Surge de los registros oficiales. Hace 10 años se pedían 5 por hora. Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia lideran las procedencias. Pero no se sabe cuántas personas hay en situación ilegal.

Foto: La frontera norte del país, un hervidero de gente que cruza sin control

En la oficina de Migraciones en Retiro, unos 100 extranjeros esperan para hacer el trámite de radicación en la Argentina. Si bien el sistema está informatizado y se puede pedir turno por Internet, hay una última etapa presencial que se hace más tediosa. Como si fuera un antídoto contra esa demora, la pantalla que muestra el lento avance de los números tiene también las caras felices y las frases de otros extranjeros que hoy ya son argentinos: “Todo lo que tenemos es gracias a este país”, “Me siento argentino de corazón”, “La Argentina fue para mi la felicidad”, “Amo Argentina, nos dio todo lo que España no pudo”. Un escenario feliz, que impulsó a 276.428 extranjeros a iniciar los trámites de radicación en el último año, según cifras de Migraciones. Pero esa realidad contrasta con la discusión sobre los extranjeros que cometen delitos, que volvió a poner en agenda la política migratoria de la Argentina.

Hace diez años, solo se solicitaban cinco radicaciones por hora (un total de 40.039 en el año 2004), aunque el panorama empezó a cambiar a partir del programa Patria Grande, en 2006, que vino a regularizar la situación de inmigrantes que ya vivían en el país.

Según las cifras de Migraciones, Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia son los países que lideran el ranking de procedencias (ver infografía). Y tan solo uno de cada diez trámites de radicaciones corresponde a ciudadanos de países Extra Mercosur (248.751 radicaciones en el Mercosur contra 27.727 de países ExtraMercosur).

De acuerdo con un relevamiento de Clarín, la mayoría ingresa para buscar trabajo, estudiar, atenderse en hospitales públicos y acceder a planes sociales.

Según el último censo, la población extranjera en el país es de 1,8 millones de personas, lo que representa un 4,5 por ciento de la población total. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas de diferentes partes del mundo viven en el país en situación ilegal, sobre todo por lo que sucede en las fronteras del norte.

Precisamente, esta semana, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, vinculó el aumento de los delitos a la cantidad de extranjeros ilegales que residen en el país y reavivó el debate. “Les pido a los señores legisladores que se sienten a legislar y que le den las herramientas ágiles a la Justicia para que, y que nadie lo trate como una declaración xenófoba, vuelvan a su lugar de origen y no entren nunca más”, dijo Berni, y dirigentes todo el arco político salieron a polemizar. Daniel Scioli y Sergio Massa se sumaron a la idea de expulsar a los extranjeros que cometen delitos.

Incluso durante la presentación de la reforma del Código Procesal, la presidenta Cristina Kirchner dijo en cadena nacional que los extranjeros sorprendidos “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver a reingresar por 15 años: “Es una protección que merecemos los argentinos, que merece el conjunto de la sociedad frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país con motivos de delinquir”.

Entre algunas declaraciones políticamente correctas y otras cercanas a la xenofobia, la situación parece estar lejos de lo que pasa en las oficinas de Migraciones: ahí, solo pareciera haber gente que llega a este país en busca de una oportunidad.

El superávit comercial ya no alcanza para pagar las deudas

Por Ismael Bermúdez (Clarin.com)
Los dólares que ingresan del superávit comercial no alcanzan para cubrir los pagos de servicios y de intereses de la deuda pública y privada. Y las pocas divisas que ingresan por inversiones y préstamos financieros son insuficientes para afrontar los pagos por los vencimientos de la deuda, por turismo y dólares-ahorro.

Las cifras del tercer trimestre de este año del balance cambiario del Banco Central muestran un déficit de U$S 982 millones, acumulando entre enero y septiembre de este año un "rojo" de U$S 2.530 millones que se tradujo en una caída o pérdida de reservas de esa magnitud.

Hasta septiembre lo que pasó fue que el excedente por la liquidación de divisas del comercio exterior sumó US$ 6.759 millones, ayudado por las restricciones a las importaciones. Sin embargo, esa cantidad de dólares no alcanzó para pagar los servicios, como fletes, seguros y turismo, por casi U$S 4.000 millones, a pesar de la reducción de la demanda neta registrada por turismo, viajes y pasajes por la devaluación de enero y el recargo impositivo del 35%.

A su vez, los intereses de la deuda insumieron U$S 3.112 millones y por el giro de utilidades permitidas, entre otros a la minería, sector petrolero, de alimentos y metalúrgico, se fueron U$S 1.394 millones.

Por su parte, la cuenta capital y financiera resultó deficitaria en US$ 1.136 millones, ya que ingresaron U$S 1.329 millones por inversiones directas pero los pagos a los organismos financieros (como Banco Mundial o BID) superaron en U$S 1.622 millones los nuevos desembolsos y la salida de divisas sumó U$S 2.408 millones, en gran parte por la venta de dólares-ahorro que quedaron fuera del sistema financiero.

Con relación al tercer trimestre, el Informe del BCRA destaca que se registró un significativo descenso de la entrada de dólares por las ventas al exterior a pesar "de un descenso en los pagos de importaciones respecto al observado en cobros de exportaciones".

Por ejemplo, "el sector de oleaginosas, aceites y cereales liquidó cobros de exportaciones por US$ 6.635 millones, nivel 13% por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo del año 2013. Por su parte, el conjunto del resto de los sectores registró cobros por exportaciones de bienes por US$ 10.918 millones, mostrando un descenso de 12% en términos interanuales".

Por el lado de las compras al exterior, "la disminución interanual en los pagos netos de importaciones de los principales sectores importadores significó menores egresos por unos US$ 3.000 millones. Al mismo tiempo, hubo "cancelaciones de servicios de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera del sector público por US$ 1.025 millones, principalmente por obligaciones con organismos internacionales y con tenedores de títulos públicos", entre los que se incluyen el pago de US$ 642 millones al Club de París.

Fronteras que son coladores

Editorial del diario La Nación
Dos hechos recientes han vuelto a poner de manifiesto la creciente gravedad de la violenta ola delictiva y la constante falta de respuestas por parte de un gobierno que, luego de ignorar primero y negar después esa incuestionable realidad, ahora eligió un enfoque parcial y erróneo al pretender reducirlo al accionar de delincuentes extranjeros.

Uno de esos hechos lo protagonizó la custodia del fiscal federal Carlos Stornelli en la autopista Illia, cerca del aeroparque metropolitano. Según relataron los custodios, observaron movimientos extraños de tres automóviles y dos motos que se desplazaban cerca del vehículo de Stornelli. En especial, les llamó la atención que uno de los motociclistas llevara puesto un pasamontañas pese al calor y que luego otro, que viajaba en una moto, quisiera abordar un automóvil. Los custodios se identificaron como policías y les ordenaron detenerse. Tras un tiroteo, siete de los sospechosos, todos colombianos, fueron capturados, mientras que por lo menos cinco hombres lograron huir en motos y un automóvil.

Stornelli negó que los sospechosos hubieran intentado atacarlo y los investigadores presumen que quizá planeaban secuestrar a otra persona. Lo cierto es que 12 hombres a bordo de tres automóviles y dos motos representan una fuerza temible y si, como se supone, estaban por cometer algún delito, éste no sería un delito menor.

El hecho de que fueran extranjeros no constituye por sí mismo ningún agravante, pero revela, en cambio, una grave falencia de nuestros organismos de control que coloca a la ciudadanía en una absoluta indefensión.

No se trata de explicar el auge delictivo por el accionar de ciudadanos extranjeros, como quiso dar a entender la Presidenta al anunciar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Hacerlo sería caer en un lamentable reduccionismo y en la xenofobia. El delito no obedece a la presencia de extranjeros. Obedece, como venimos sosteniendo desde estas columnas desde hace mucho, a la falta de interés de las autoridades nacionales, provinciales y comunales por combatirlo en forma decidida y coordinada. Obedece también a la creciente participación en hechos criminales de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Y obedece a los controles cada vez más laxos de nuestras fronteras y de los puntos de ingreso en el país.

Entre los siete ciudadanos colombianos capturados, hay algunos que tienen peligrosos antecedentes penales. ¿Cómo es posible que las autoridades argentinas no hayan registrado el ingreso en nuestro territorio de uno de los detenidos, que había sido condenado en Colombia, en noviembre de 2011, a 22 años de prisión por haber cometido un homicidio? Arribó en 2012, pero la Dirección Nacional de Migraciones ignora la fecha y el sitio de ingreso. Este hombre también fue investigado por portación de arma en la Capital Federal.

Otro de los detenidos había abandonado Colombia con cuatro condenas en su haber, dictadas entre 2003 y 2009 por robos y hurtos con una pena única de cinco años de prisión. Arribó a la Argentina el 17 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en la triple frontera de Foz de Iguazú. En su caso, las autoridades argentinas ignoraban o no advirtieron sus antecedentes.

Además, la policía sospecha que uno de los detenidos pudo haber intervenido en la agresión que sufrió el periodista Alfredo Leuco cuando el año pasado le robaron su mochila a metros del Café Tortoni, en la Avenida de Mayo.

Como contrapunto de la falta de control, hay que destacar favorablemente la detención, en Misiones, de dos choferes de ómnibus, luego de que personal de la Aduana descubriera un importante cargamento de municiones y cargadores para fusiles y pistolas en un ómnibus que había partido de Paraguay rumbo a Rosario. El contrabando de municiones estaba oculto en el equipo de aire acondicionado del vehículo.

De todos modos, la importancia de este hecho radica en que el procedimiento confirma que continúa el contrabando de armamento vía Paraguay. Las denuncias se remontan a más de diez años atrás, cuando se halló en poder de narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro armamento argentino que había pasado por Paraguay. El reciente hallazgo permite sospechar que aquella ruta ilegal ahora invirtió el flujo y permite el arribo de municiones muy probablemente destinadas a bandas de narcotraficantes de Rosario.

La Presidenta se valió del problema de la inseguridad y lo vinculó con los extranjeros para intentar dotar de un cierto atractivo la modificación del Código Procesal Penal. Eso equivale a ubicarse en las antípodas de la solución, porque el problema delictivo debe atacarse mucho antes de recurrir al Código. Cuando las autoridades toman en sus manos los códigos, es porque el delito ya se cometió.

Es preciso, en cambio, que se actúe antes en la prevención y la disuasión. La inseguridad no es un simple tema, sino un gravísimo problema. Y los únicos que parecen no advertirlo son las autoridades.

Basura: multan con 12 millones de pesos a las empresas recolectoras

Por Laura Rocha  | LA NACION
A un mes de la puesta en marcha del nuevo sistema de limpieza, las seis compañías fueron sancionadas por no respetar los recorridos y no recoger las bolsas que quedan fuera de los contenedores

El seguimiento satelital de los camiones permitió descubrir el incumplimiento de la totalidad de los recorridos. Foto: Archivo / F.Massobrio

Tolerancia cero. Éste es el mensaje que el gobierno porteño quiere dar en materia de higiene urbana. Y el que no cumpla será multado. Esta vez les tocó a las empresas recolectoras de residuos cuyos nuevos contratos de recolección cumplen hoy un mes.

En total, suman 12,6 millones de pesos en infracciones. Los incumplimientos detectados por el gobierno porteño son varios: no se completa el recorrido de las rutas de recolección; no se recolectan todos los contenedores asignados; no se juntan bolsas que están fuera de los contenedores; el barrido de las calles se realiza en forma deficiente, lo que provoca anegamientos en las calles cuando llueve, y no se cumple con el lavado de los contenedores.

Así lo informaron en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño. Según el detalle que brindó la cartera, las seis empresas que prestan el servicio actualmente recibieron sanciones monetarias. Cliba recibió la sanción más alta: $ 6.700.000; Aesa deberá pagar $ 2.300.00; Ecohábitat, $ 2.100.000; Ashira, $ 800.000; Solbayres, $ 550.000, y Urbaser, $ 200.000. En rigor, las compañías no pagarán estos montos, sino que dejarán de percibir ese dinero cuando cobren por el servicio que prestan, en diciembre próximo.

Los mayores inconvenientes con el servicio se produjeron durante los primeros 20 días del contrato. Incluso, un conflicto gremial con el sindicato de camioneros dejó una noche sin servicio un área importante de la ciudad.

La medida de fuerza se produjo porque el sindicato pretende que 326 empleados que no son efectivos sean incorporados al plantel de 4900 trabajadores distribuidos en la seis empresas.

Cabe recordar que el nuevo contrato, por el que la Ciudad desembolsará en diez años por lo menos 47.000 millones de pesos, incorpora contenedores en toda la ciudad, nuevos camiones de carga lateral, cestos papeleros y, por primera vez, un sistema de limpieza en las villas porteñas. Precisamente, el martes el ministro Edgardo Cenzón deberá dar explicaciones en la Legislatura sobre el presupuesto de su cartera que incluye 4700 millones de pesos en concepto de pago del servicio de recolección de residuos.

Las empresas sancionadas indicaron que las irregularidades son parte del comienzo del contrato. La licitación da un plazo de 90 días para hacer ajustes y 180 días para completar el equipamiento necesario.

Sin embargo, en el gobierno indicaron que una cosa son los "ajustes" y otra, "no prestar el servicio como corresponde".

Entre los ejemplos que mencionaron las fuentes oficiales, está el incumplimiento de las rutas de recolección diseñadas.

Si bien el diseño actual de rutas no es definitivo hasta que la Ciudad esté contenerizada totalmente, el gobierno cuenta con la tecnología para seguir el recorrido de los camiones. En algunos casos, por ejemplo, se detectó que el camión hacía la mitad del camino. También se sancionó la recolección fuera de hora. Las empresas tienen permitido un circuito que representa alrededor del 40% de recolección matutina. Según el gobierno, ese margen alcanza hasta el 68 por ciento.

Otra de las sanciones es el servicio deficiente en zonas donde todavía no hay contenedores. En las empresas indicaron que, en algunas zonas, los vecinos se confunden porque creen que el camión pasa ahora todos los días. El gobierno anunció cuando se inició el contrato que con el nuevo sistema se prestaría el servicio de domingo a domingo. Sin embargo, sólo en las áreas de mayor densidad poblacional, un 43% del distrito cuenta con este servicio.

El mes pasado, también comenzaron las sanciones a los comercios que sacan la basura fuera de hora. Es que, a pesar de que el contenedor esté en la puerta del edificio o comercio, los residuos sólo pueden depositarse en su interior de 20 a 21. Por esta infracción, por la que habían sido advertidos previamente, fueron sancionados 20 reconocidos locales de la Recoleta. En Las Cañitas, entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre, se realizaron 125 inspecciones y se labraron 97 actas a 76 edificios y comercios. Y en San Telmo fue clausurada una sucursal de una cadena de cafés por reiterar la infracción en cuatro ocasiones.

La sanción por las irregularidades cometidas puede llegar a la aplicación de multas de hasta 29.150 pesos..

Por favor coloquen contenedores y reparen las veredas...

Con dinero y presión, China construye su industria de chips

Por Paul Mozur  | The Wall Street Journal Americas
Busca producir el cerebro de los muchos dispositivos electrónicos que fabrica

HONG KONG. - China produce muchos de los dispositivos electrónicos del mundo: teléfonos inteligentes, computadoras, equipo de redes complejo. Ahora el país está redoblando los esfuerzos por diseñar y producir el cerebro de la mayoría de esos dispositivos, el chip.

China quiere alcanzar a rivales globales. El año pasado el país importó US$ 232.000 millones de diversos tipos de semiconductores, superando incluso el monto gastado en petróleo. Para reducir la brecha, Pekín está iniciando programas para incrementar la inversión del estado y obtener conocimientos expertos de las compañías fabricantes de chips extranjeras. Los expertos dicen que la industria del chip es uno de los centros de los esfuerzos de espionaje chinos.

También hay una nueva determinación por parte de la burocracia. El vice primer ministro, Ma Kai, encabeza un grupo de tareas encargado de convertir a la industria del chip del país en líder mundial para 2030. La fuerza de tareas incluye cuatro ministerios y se estima que cuenta con US$ 170.000 millones en apoyo estatal para gastar a lo largo de cinco a 10 años, según un informe de junio de McKinsey & Company.

En los últimos 15 años el gobierno ha otorgado subsidios, financiación e incluso derechos extraordinarios a fabricantes de chips prometedores. Para atraer talento internacional, el fundador de un fabricante de chips, la Corporación Internacional de Manufactura de Semiconductores, agregó beneficios como escuelas bilingües para atraer ingenieros altamente calificados que necesita para armar líneas de montaje complejas.

Con ayuda de subsidios estatales la CIMS se ha convertido en un importante productor de chips desde su fundación en 2000, aunque aún no cuenta con la escala ni la tecnología para competir al nivel de compañías como Intel, Samsung y la Corporación de Manufactura de Semiconductores de Taiwán. Otras compañías fundadas con fondos del gobierno a comienzos de la década del 2000 venden diseños de chips para teléfonos inteligentes baratos, pero siguen siendo pequeñas comparadas con Qualcomm.

Se sospecha que el gobierno chino ha estado involucrado en planes para adquirir tecnología de chips con aplicaciones militares. En 2012, el FBI acusó a dos hombres chinos de intentar comprar ilegalmente chips reprogramables de una compañía estadounidense, Lattice Semiconductor, que podrían usarse a altas temperaturas en naves espaciales tales como cohetes. Se presume que los hombres están en China y no han sido arrestados.

Analistas de seguridad tecnológica dicen que la tecnología de chips también ha sido el objeto de esfuerzos de hacking contra compañías extranjeras. Por ejemplo, la firma de seguridad CrowdStrike dijo que las actividades de un grupo sofisticado que llama Deep Panda han afectado a cinco compañías estadounidenses y taiwanesas de chips este año.

Analistas han indicado que el gobierno, junto con algunas compañías china, pueden estar enfrentando rivales extranjeros entre sí para obtener tecnología y otras ventajas.

En septiembre, Intel, que ha quedado rezagada respecto de Qualcomm en el mercado en alza de chips para smartphones, acordó invertir US$ 1500 millones en el Tsinghua Unigroup. El año pasado el Tsinghua Unigroup emergió de una relativa oscuridad para gastar casi US$ 2700 millones en dos compañías chinas de diseño de chips, Comunicaciones Spreadtrum y Microelectrónica RDA. Analistas señalan esos acuerdos como señal de que China busca convertir a la compañía en un campeón nacional.

Como parte de su acuerdo, Intel recibió una participación del 20% en Spreadtrum. Trabajarán juntos para crear chips con funciones inalámbricas. La inversión podría abrir el mercado móvil gigantesco chino para Intel, mientras que Spreadtrum podría obtener conocimientos técnicos valiosos de los ingenieros de Intel.

Eso es una mala noticia para Qualcomm. La situación podría llevarla a cooperar más con otras compañías chinas para asegurarse de no tener nuevas dificultades con el gobierno. El patrón de atacar a una compañía extranjera, como Qualcomm, mientras se coopera con otra rival, como Intel, se condice con un modelo que ha sido usado en el pasado en China para obtener nuevas tecnologías y soporte para compañías locales de multinacionales extranjeras.

Traducción de Gabriel Zadunaisky.

TV Pública: altos sueldos y una fuerte presencia de La Cámpora

Por Francisco Jueguen  | LA NACION

El salario promedio en el canal es de $ 24.000; la gerencia de noticias, en manos de la agrupación

Foto: LA NACION

Esperaba sola, ya maquillada, tras el decorado. La legisladora había sido invitada para debatir con el entonces presidente del bloque kichnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi. "Todavía no vas a salir al aire", le anticipó nervioso esa tarde de 2011 uno de los productores del ciclo Con Sentido Público, que entonces conducía Federica Pais en la TV Pública. Aguardó otros 15 minutos en un rincón hasta que se acercó otro productor. "Desde la dirección me dicen que vos no podés participar". Silvana Giudici, entonces presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, debió retirarse sin más explicaciones.

El episodio de silenciamiento -relatado por la ex diputada radical- engruesa la lista de denuncias de censura, entre las que aparecen las que tomaron estado público la semana pasada gracias a la comisión interna de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba). Según ellos, la TV Pública ocultó información sobre los despidos en Lear, Gestamp y Donnelley, y la represión de los qom en Chaco, entre otras.

El explosivo comunicado de la Utpba actualizó el debate sobre cómo se trabaja en el canal del Estado, hoy tomado por La Cámpora en puestos clave. Además, los cuestionamientos relanzaron una guerra por el poder entre los integrantes de la agrupación de Máximo Kirchner y la vieja guardia sindical de tiempos de ATC.

En medio de ese contexto, marcado a fuego por la política interna y externa al canal, está el trabajador. Pero lo que reluce son los salarios. De acuerdo con información oficial de la TV Pública a fines de septiembre, en el canal trabajan 1083 personas. Ganan en promedio, unos $ 23.997 netos (o $ 37.694 brutos). El salario neto privado promedio de la economía argentina es de 10.380 pesos.

No obstante, existe cierta tercerización. Muchos trabajadores generan materiales que ocupan buena parte de la grilla del canal, pero lo hacen a través de productoras que pagan sueldos menores y que dependen de Jefatura de Gabinete (Fútbol para Todos) o del Ministerio de Planificación (algunas ficciones).

Claro que entre los que trabajan directamente para el canal existe un importante diferencia: están los puestos gerenciales (ganan entre $ 50.000 y $ 75.000, según el caso) y, por otro lado, puestos como los de un archivista del noticiero ($ 16.000). Este año, los trabajadores recibieron un 30% de aumento salarial en dos pagos. A eso se suman pagos no remunerativos.

"La presencia de La Cámpora se da en las principales gerencias", cuenta un trabajador que pidió estricto off the record. Por ejemplo, la de Noticias la ocupa Carlos Figueroa, ex notero de Duro de Domar y hombre de la agrupación K.

Su segundo, Víctor Taricco (también hombre de La Cámpora), fue denunciado por los trabajadores de la Utpba como un "acosador de compañeras y buchón de periodistas".

"La gerencia de Figueroa y Taricco se ha caracterizado desde su llegada por el silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran opositores por no coincidir con los lineamientos del Gobierno", afirmó la Utpba.

En ese sentido, vale recordar el enfrentamiento público que mantuvo el periodista Juan Miceli con Andrés "el Cuervo" Larroque por la utilización de pecheras durante la entrega de alimentos a los damnificados porlas inundaciones en La Plata. Finalmente, el periodista dejó el canal.

"Ante las versiones sobre censura y manipulación política en el noticiero Visión 7, reflejados en diversos medios de comunicación, la TV Pública expresa que dichas afirmaciones son falsas e infundadas", fue la respuesta oficial. Agregaron al comunicado los links de las coberturas cuestionadas.

"Hay denuncias de persecución muy graves. No se protegen las garantías de los trabajadores", cuestiona Giudici, presidenta de la fundación LED. "Los primeros en incumplir la ley de medios están en este mismo Gobierno", aclara. En su artículo 121 inciso b, esa norma exige a los servicios de radiodifusión del Estado nacional "respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico".

Justamente, tras la aprobación de la ley, Canal 7 pasó a ser la TV Pública. En su estructura depende de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA), que tiene un directorio con siete miembros, cuyo presidente es el reconocido cineasta Tristán Bauer. Pero ese directorio cuenta además con dos hombres de la oposición. "Muestran muy poca capacidad de acción ante las graves denuncias que existen", afirma Giudici. "Hacen la vista gorda porque ellos también designan gente propia", deslizó la fuente off the record.

DECLARACIÓN DE GUERRA

Existen cuatro sindicatos en el canal. El más numeroso es el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), pero el realmente poderoso es la Utpba, que lidera Jorge "Batata" Rodríguez, un histórico sindicalista con décadas en el edificio de Figueroa Alcorta. Como un ejempo de su poder enquistado, la última elección la ganó con el 97% de los votos.

"Las denuncias de la Utpba surgen ahora porque hay peleas por espacios de poder político. La Cámpora quiere meter gente al noticiero y nadie entra sin el visto bueno de Batata", cuenta la fuente anónima. A pesar de la afinidad con el kirchnerisimo, en la Utpba afirman que ellos siempre denunciaron censuras en el noticiero. Sin embargo, reconocieron que existen enfrentamientos "puntuales" con La Cámpora.

El 94% de los trabajadores de la TV Pública es planta permanente cuentan autoridades del canal. Sin embargo, existen denuncias de "precarización laboral", como la de la orquesta del canal creada por Néstor Kichner en 2005 y discontinuada por Bauer.

"La creación de la orquesta fue un hecho cultural muy auspicioso", dice Silvia Lanzón, delegada del Sindicato Argentino de Música y quien toca el corno francés en la orquesta. La misma está compuesta de 50 músicos y tocó en los últimos años con los más importantes artistas locales.

La gran masa de la orquesta, violines y cuerdas, ganaba $ 3780 (por un trabajo parcial) hasta que fueron despedidos. "Eran sueldos debajo de la tarifa de convenio y eso es porque no estamos en la planta permanente sino bajo un falso encuadramiento laboral, como si fuéramos empleados eventuales", explica Lanzón.

La "persecución" contra los músicos empezó cuando en 2012 presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo. En 2013, la dirección del canal continuó manifestando que se trataban de trabajadores eventuales a pesar de las más de 200 quincenas pagas consecutivamente y suspendió los ensayos. Una gran protesta frente al canal devolvió a la gente de Bauer a las negociaciones. Finalmente, luego de presentaciones en la AFIP y en la justicia laboral, en mayo de este año se logró un acuerdo.

"No se cumplió porque ellos intentaron hacernos firmar un formulario del que surgiría una supuesta incompatibilidad para trabajar en la orquesta [algunos de los músicos son empleados en otras dependencias públicas] y nos negamos porque el canal es una empresa del Estado que se rige por el derecho privado, no un ente público. Quisieron dividirnos y nos tuvieron que echar a todos", explica Lanzón. El martes tocarán a las 18.30 frente a la quinta de Olivos para pedir su reincorporación a la presidenta Cristina Kirchner.

Autoridades del canal rescatan que, desde que la ley de medios fue promulgada en 2009, para ingresar es necesario aprobar un concurso, tanto para las búsquedas internas como externas. Sin embargo, en la Utpba afirman que algunos integrantes de La Cámpora no sortearon tal obstáculo y trabajan de "forma irregular".

Además existen sospechas de "discriminación" política en algunos casos, como el del periodista Luis Gasulla, que -relata su abogado Eduardo Vattuono- intentó pasar del área de Relaciones Institucionales al Noticiero. Para eso, Gasulla aplicó a un concurso. El comité, integrado entre otros por su ex jefe, le puso insuficientes cinco puntos. "No cuenta con un concepto satisfactorio en aspectos tales como predisposición, iniciativa, adecuado desempeño en su función, respecto de las directivas emanadas por su superior y comportamiento ante conflictos dentro del equipo de trabajo", argumentaron. Según su abogado, la negativa responde a que Gasulla es autor del libro crítico El negocio de los derechos humanos. Hoy el periodista tiene un nuevo jefe. Nunca lo recibió y ya colgó en su oficina un cuadro de Hebe de Bonafini..

Suerte que Goebbels ya se murió, si no lo contratarían ...

Narcofrontera: un territorio sin control amenazado por el tráfico ilegal

Por Nicolás Balinotti  | LA NACION
Por el norte salteño ingresan toneladas de droga y mercadería ilegal, un flujo que incrementó el índice de delitos y el número de adictos en los pueblos de la zona; las limitaciones de la Justicia
El contrabando de mercadería en el cruce del Río Bermejo y Aguas Blancas.  Foto:  LA NACION  / Fabián Marelli
Bermejo-Aguas Blancas. A toda hora y sin controles, decenas de personas cruzan el río e ingresan desde Bolivia alimentos, ropa, autopartes y droga. Foto: LA NACION / Fabián Marelli

Desde la orilla, se observa cómo del otro lado del río Bermejo descargan toneladas de mercadería. Apilan los bultos en precarias barcazas fabricadas con cubiertas de camión, troncos y plásticos. El caudal del río está bajísimo, lo que agiliza la tarea de dos muchachos que con el rostro cubierto se ganan la vida remolcando botes. El agua les llega hasta la cintura. Uno empuja desde atrás y el otro guía desde adelante. A bordo, viaja el cargamento. El trayecto será de unos 100 metros, de costa a costa.

La virtual línea fronteriza se reduce a ese hilo de agua barrosa que geográficamente separa a Bolivia de la Argentina. Allá cargan, acá descargan. Cruzan de manera ilegal alimentos, electrodomésticos, autopartes, juguetes y ropa de imitación cuyo destino final son las grandes ferias urbanas como La Salada. En algunos casos, entre el cargamento, se trafica droga. Para el menudeo. Los cargamentos de droga más importantes ingresan por tierra y aire. Quizá también por este permeable paso internacional llamado Bermejo-Aguas Blancas.

El contrabando hormiga aquí es un trabajo como cualquier otro. Es tal vez un componente endémico de los pueblos cercanos a la frontera. Lo es a pesar de que para el código aduanero se trata de un delito. Las personas que lo hacen se autodenominan "bagalleros". En Orán, la ciudad salteña de jerarquía más próxima a la frontera, se calcula que hay unas 1000 personas dedicadas a la tarea. Es una rutina que se desarrolla tanto de noche como de día, casi siempre ante la mirada débil y pasiva de efectivos de la Gendarmería y del personal de la Aduana, otros auténticos protagonistas de la fauna fronteriza.

"En Pocitos [otro pueblo cercano a la frontera], como en otros lados, la población está acostumbrada al contrabando hormiga. Hace tres años, empezamos a descubrir que en medio de esos bultos de ropa empezaron a llevar de uno a treinta kilos de droga. Llevan cocaína y marihuana. Así, la droga ya entra por las tres vías: terrestre, aérea y fluvial, por el Bermejo", explica el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien está próximo a cumplir una década al frente de un juzgado caliente. Desde que accedió al cargo, ingresaron 23.000 causas, de las cuales un 20 por ciento están vinculadas exclusivamente al narcotráfico.

Si no fuera por la estadística, nada haría suponer que por este territorio, en el que brota la pobreza, ingresan millonarios cargamentos de droga. En 2003, el juzgado de Orán se incautaba de aproximadamente 1000 kilogramos de droga cada 12 meses. Subió después a 1500. Ahora, el promedio es de 2500 kilos al año. En total, durante la última década, se decomisaron más de 18 toneladas, entre cocaína y marihuana, según el juez. El rumbo alcista de los números que manejan en Orán está en línea con las últimas cifras que bajó en limpio la Gendarmería sobre las incautaciones en todo el país durante 2013: 4,8 toneladas de cocaína y 90 toneladas de marihuana.

"Al principio, no tuvimos mucho eco de parte de las autoridades. El gobierno nacional recién comenzó a ayudar en los últimos tres años. Lo hizo cuando se dio cuenta de que acá hay muertes con el estilo del sicariato, que hay fuerzas de seguridad comprometidas y que actúan bandas internacionales, provenientes de Colombia, Bolivia, Paraguay y hasta de los países de Europa del Este", advierte Reynoso, con una mueca indecisa, a medio camino entre la preocupación y el abatimiento.

El juez habla acomodado en un mullido sillón. En las calles de Orán, el calor es achicharrante. El asfalto hierve. Pero pisar el despacho de Reynoso es como sentirse en otro mundo: el aire acondicionado es helado y las paredes están pobladas de fotos familiares en las que el hombre de gestos plastificados que caza narcotraficantes luce sonriente y distendido. Desde esa oficina, generó hace poco un gran revuelo: fue cuando activó una cruzada contra la Corte Suprema y el gobierno nacional para exigir más recursos para combatir el narcotráfico. En su juzgado, trabajan menos de 25 personas para atender los 23.000 expedientes que allí se apilan. Hace unos años, eran apenas 15. Hoy, Reynoso espera que se cumpla la promesa oficial: la creación de secretarías especiales para atender únicamente temas vinculados al tráfico de estupefacientes.

Cruzar de Aguas Blancas a Bermejo, o viceversa, cuesta cinco pesos argentinos o un boliviano. Beneficiados por el tipo de cambio, los del altiplano se interesan por los alimentos de marca que se venden en el supermercado Vea. Los argentinos, en cambio, buscan del otro lado principalmente ropa de imitación y baratijas para comercializar en los centros urbanos. A la par de los botes con pasajeros, circulan las barcazas repletas de mercadería, con los "bagalleros" a bordo, agazapados para bajar y comenzar su raid fugitivo para eludir los controles.

La costa es rocosa y gris. Desde allí nacen múltiples accesos al pueblo de Aguas Blancas: muchísimos senderos alternativos o el único ingreso oficial, una callecita de tierra que conduce a las oficinas de la Aduana. Después, todos los caminos confluyen en una misma vía: la ruta 50.

DE AGUAS BLANCAS A PICHANAL

El contrabando de mercadería en el cruce del Río Bermejo y Aguas Blancas.  Foto:  LA NACION  / Fabián Marelli

La ruta 50 atraviesa de Norte a Sur las localidades de Orán, Hipólito Yrigoyen y finaliza en Pichanal, un punto estratégico del mapa en donde confluyen rutas nacionales y provinciales. En otro sitio sería un mero cruce de rutas. En Pichanal, es una zona oscura en donde se entrelazan miserias: contrabando, trata de personas y hasta un casino que se levanta a centímetros de las vías del ferrocarril por donde debería circular, alguna vez, el Belgrano Cargas. Por aquí transitan contrabandistas rasos, pequeños y medianos narcotraficantes.

"Es la ruta del negociado y de la muerte: el que pasa, pasa a eso. Ya no es un lugar de paso. Hasta la policía es cómplice", dice Leticia Quispe, presidenta de la comunidad aborigen Ava Guaraní, que reúne a 10.000 de las 35.000 personas que habitan en Pichanal.

En Pichanal, los adolescentes se drogan y roban por aburrimiento, y las niñas se prostituyen desde los 11 años para alimentar a sus hermanos más pequeños. Sus padres, muchos de ellos alcohólicos, no conocen otra forma de empleo que no sea el informal. Trabajan en negro y de manera temporal en las fincas de la zona por 120 pesos al día. Lo hacen de lunes a sábado, casi siempre bajo un sol canicular. Los lugareños dicen que la radiografía social empeoró en los últimos años. Desde que el pueblo comprendió que está ubicado en una arteria clave del circuito del narcotráfico.

"El cruce" es la puerta de acceso a Pichanal. Por aquí pasó fugazmente hace un mes el cura Juan Carlos Molina, jefe de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Y aquí mismo, hace unos días, intervino el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en un operativo en el que se incautaron de 179 kilos de cocaína. Es considerada una zona caliente. Lo es por su proximidad a dos de los cinco pasos fronterizos con Bolivia y por ser el primer empalme a la ruta nacional 34, cuyo recorrido finaliza en la ciudad de Rosario.

Pichanal está a unos 70 kilómetros de Aguas Blancas-Bermejo y a unos 120 del paso de Salvador Massa-Yacuiba. En su feraz geografía, se levantan ingenios y se cultiva chauchas, tomates y berenjenas. Casi nunca llueve. Salvo durante algunas madrugadas: cae droga del cielo.

Los cargamentos mayores a los 30 kilos suelen ingresar en el país por aire, casi siempre desde Bolivia, uno de los tres grandes productores mundiales de coca. Avionetas de vuelo bajo arrojan la mercancía del otro lado de la frontera, en campos abiertos donde un grupo de personas, por lo general argentinos, ataja los bultos y los carga para trasladarlos por tierra. En caso de burlar los primeros controles, el tráfico aéreo llegaría como máximo hasta Santiago del Estero, donde se continúa con el traslado vía terrestre, en una suerte de posta hasta penetrar en las grandes urbes o llegar a la boca de salida de los puertos de Rosario o Buenos Aires.

Las postas no son casuales. Tampoco son una simple estrategia de los narcotraficantes para intentar engañar los controles de las fuerzas de seguridad. El cargamento tiene un costo estimativo de acuerdo con dónde es entregado. El kilo de cocaína puede valer 2000 dólares, en la boliviana Bermejo, y 3000, en Aguas Blancas, según los rastrillajes de gendarmes y personal de la justicia federal que actúan en esta zona. El valor sube a medida que se aleja de su origen: 4000 dólares, en Salta; 7000 u 8000, en Buenos Aires, y 20.000, en la primera escala europea, que suele ser España. El precio puede triplicarse en algún punto de Europa del Este, donde los controles son muchísimo más rígidos.

DEJÓ DE SER UN LUGAR DE PASO

"Antes la droga pasaba, ahora se queda", dice preocupado Cristian Isla Casares, un porteño que vive en Pichanal desde 2007. Cristian es fraile y encabeza allí la misión San Francisco de Asís, junto con Martín Caserta, otro párroco que también llegó desde Buenos Aires.

Cristian y Martín tomaron la posta de la misión del padre José Roque Chielli. Se integraron a la comunidad aborigen Ava Guaraní y pusieron en marcha una serie de proyectos educativos, nutricionales y de higiene en el que participan ad honórem hombres y mujeres del pueblo. La comunidad, que es un tercio de los habitantes de Pichanal, sucumbe en la pobreza y en la exclusión social, generada, entre otras cosas, por un alto nivel de desempleo o subocupación.

"Hay hambre, pero no tanto como antes. Hoy todos tienen que comer gracias a los planes sociales. No hay nadie que no tenga un plan. La ayuda del Estado les permite comer unos días más, aunque deben trabajar. Pero lo peor es que acá el único trabajo que hay es en negro. No se conoce otra cosa", argumenta el fray Cristian. A su lado, Martín, que es más joven, lanza una inquietud que tiene anidada en el estómago: "Si en 2015 viene un presidente antiplanes, Pichanal sería Hiroshima".

Desde hace un tiempo que a la comunidad guaraní, que significa guerrero, se le abrió otro frente de tormenta. A su lucha por no caer en la marginalidad e intentar satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores, le surgió otro desafío: sumar adhesiones para reclamar al poder político una reacción para contener el avance de las drogas, el alcoholismo, el juego y la prostitución. El mensaje está destinado tanto al intendente de Pichanal, Julio Jalit, como al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y a la presidenta Cristina Kirchner. A todos.

"La entrada al lugar en donde vivimos se convirtió en un nudo de adicción al juego, narcotráfico, drogadicción, prostitución de menores y alcoholismo", dice el primer párrafo de la carta que es distribuida entre los vecinos. Los frailes Cristian y Martín llevan un conteo sobre la cantidad de adherentes. La iniciativa también es impulsada por la cúpula de la comunidad guaraní, que se reúne periódicamente en una sala que a veces funciona como centro de adictos y desnutridos.

Leticia Quispe, la presidenta de la comunidad, abre uno de esos encuentros periódicos con una preocupación: los robos. Matilde la interrumpe y dice desde la cabecera: "Hay robos y violaciones". La charla se extiende hasta casi la medianoche, y los asistentes giran sobre sus dramas y la falta de soluciones.

Con la voz quebrada, Leticia confiesa que le cuesta imaginar el futuro. Siente que asiste impotente al dolor de tantas familias que ven acabar a sus hijos miserablemente como víctimas del consumo de drogas y alcohol, o como peonadas de organizaciones vinculadas al narcotráfico o al "bagallerismo".

Su voz llena la sala. Por los ventanales, se distinguen las luces de los autos que cruzan el empalme entre las rutas 34 y 50. Como a toda hora, pasan vehículos cargados hasta los techos con toneladas de mercadería. Tal vez lleven droga. Nadie lo sabe.

LAS ESTADÍSTICAS DE UNA ZONA CALIENTE

1000 kilos de droga en 2004: Es el registro de incautaciones de droga (cocaína y marihuana) que tuvo el juzgado federal de Orán al asumir Raúl Reynoso.

2500 kilos de droga en 2013: El registro promedio fue creciendo con los años. Pasó a 1500 kilos en 2008, pero hace dos años trepó hasta los 2500 kilos por año.

Cristina derogaría tres leyes si hay acuerdo con los holdouts

Por Mariano Obarrio | LA NACION - Twitter: @marianoobarrio


A pesar de la pelea con los holdouts, la Presidenta analiza la idea de llegar a un acuerdo. Foto: Télam

Pese a sus ataques a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa y al gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Cristina Kirchner madura la idea de un acuerdo luego de enero de 2015 con todos los holdouts, los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, además de los fondos NML Capital y Aurelius. Para ello ordenó analizar la derogación en el Congreso de al menos tres leyes vinculadas con la deuda soberana.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes del Gobierno, estas iniciativas se evalúan entre la Presidenta; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.

En caso de avanzar, las negociaciones durarían hasta marzo, y el 1° de ese mes Cristina podría anunciar esos proyectos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Incluso, podrían ser el caballito de batalla de la campaña electoral de 2015.

La reapertura de las negociaciones serían en enero de 2015 porque el 31 de diciembre próximo caducará la cláusula RUFO (rights upon future offers), que ahora les permite a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 demandar judicialmente igual trato si se les mejora la oferta a bonistas que no hubieran ingresado en aquellos canjes. Ese cepo contaminó toda la negociación con los buitres.

Es por ello que, liberado ese permiso, según confiaron a LA NACION distintas fuentes del Gobierno, la Presidenta analiza derogar al menos tres leyes. La primera es la que dispuso el cambio de lugar de pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 y mudó el domicilio de Nueva York a Buenos Aires. También revocó el mandato del Bank of New York Mellon como pagador de los bonos. Y lo reemplazó por el Nación Fideicomisos.

Con esto se pretendió eludir el fallo de Griesa, que había trabado el pago a los bonistas de esos canjes por no cumplir la sentencia que favorecía a NML y a Aurelius. La ley se sancionó en septiembre y el 30 de ese mes Kicillof depositó US$ 161 millones en el Banco Nación para cumplir con un vencimiento.

Sin embargo, ningún bonista pasó a cobrar y el canje local, anunciado como una epopeya emancipadora, fue un fracaso. La derogación de esa ley buscaría restablecer al BoNY para regularizar el pago a los bonistas de 2005 y 2010.

La otra que se anularía es la "ley cerrojo" de 2005, que prohibía al Poder Ejecutivo luego del canje de ese año reabrir o mejorar la oferta de esa reestructuración. En 2009, se suspendió para reabrir el canje en 2010 y luego se cerró otra vez. Esa norma, igual que la del cambio del lugar de pago, prohibía negociar con los holdouts por encima de lo abonado en los canjes. Si hubiera acuerdo en enero, no sólo se reabrirían esos canjes, sino que se mejorarían las ofertas al 7% de los holdouts que no ingresaron en las reestructuraciones que fueron aceptadas por el 92,4%.

La tercera norma que se cambiaría es la de septiembre de 2013, que suspendía la ley cerrojo sin fecha para intentar un canje local que nunca se concretó, pese a ser anunciado por Cristina por cadena nacional en aquellos días. Esa legislación se revocaría porque también prohibía ofrecer a los tenedores de bonos defaulteados mejores condiciones que las de 2005 y 2010: aún pesaba la cláusula RUFO, que en enero ya no regirá.

El Gobierno evalúa ahora alternativas. Una de ellas consiste en un acuerdo que involucraría a empresas y bancos privados, locales y extranjeros. No sólo se atendería el reclamo de NML y Aurelius reconocido en el fallo de Griesa por unos 1700 millones de dólares. También se atendería al 7% de los holdouts que demandan entre 7000 y 10.000 millones de dólares. Los privados adelantarían los fondos y recibirían un bono del Tesoro.

Buitres: el país gastó en abogados unos US$ 400 millones

Por Martín Kanenguiser | LA NACION - Twitter: @mkanen


Boccuzzi y Blackman, en septiembre pasado. Foto: Archivo

El Gobierno pagó cerca de 400 millones de dólares al estudio jurídico de Nueva York Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para defenderse de los fondos buitre en los últimos 12 años. Cada abogado senior de Cleary cobra entre US$ 1000 y 1300 por hora, según hombres de leyes que ejercen en Nueva York y ex funcionarios argentinos consultados por LA NACION.

Fuentes allegadas al caso contra los fondos buitre indicaron que hay que estimar que los patrocinantes de la Argentina le facturan al Gobierno cerca de 3000 horas por mes.

"Son al menos tres millones mensuales, tomando en cuenta que tiene que litigar en varios casos al mismo tiempo", indicaron. De hecho, Cleary lleva la defensa argentina no sólo ante los juzgados de Estados Unidos, sino también de otros países y también ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial (Ciadi), donde un grupo de bonistas italianos reclama cerca de 3000 millones de dólares a la Argentina por la deuda en default.

El abogado top del estudio en términos de litigios es Jonathan Blackman, cuya tarifa está "bien por encima de los 1000 dólares", según comentó un letrado que ejerce hace muchos años en esa plaza financiera. Ex funcionarios argentinos involucrados directamente en el pago a Cleary corroboraron todas las cifras.

En cuanto a la dedicación al caso argentino, el segundo es Carmine Boccuzzi y el tercero es Roger Thomas. Para defenderlos, otro abogado dijo: "Para Cleary una facturación de 20 o 30 millones de dólares por la Argentina por año no es nada relevante, porque ellos deben estar facturando más de mil millones de dólares anuales, dado que son una firma legal muy importante en Nueva York". Sin embargo, el caso argentino le ha otorgado a Cleary una fuerte presencia en otros países de América latina, pese a los magros resultados de su defensa y el fallo en favor de los fondos buitre.

La firma se fundó en 1949, en Europa, y cuenta con más de 1200 abogados de más de 50 países. En su página web, indica que "por más de medio siglo, Cleary Gottlieb ha sido líder indiscutido entre los despachos internacionales en América latina. Y agrega que la experiencia incluye la reestructuración "de la deuda cambiaria histórica de la Argentina, de 100.000 millones de dólares".

De hecho, desde 1989 y hasta el default de 2001, Cleary se encargaba de asesorar legalmente al país para sus numerosas transacciones financieras en el exterior. Pero un decreto del presidente Eduardo Duhalde en 2002 designó al estudio como asesor. Allí se aprueba la "contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton con el objeto de patrocinar a la República Argentina en los procesos judiciales en que sea parte el Estado nacional en temas relacionados con la deuda externa argentina y desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos que lleve adelante el Ministerio de Economía".

En el decreto 749/2002, se indicaba que "los honorarios por hora para los paralegales oscilan entre $ 125 y $ 180; para los asociados, desde $ 195 hasta $ 415, y para los socios, entre $ 495 y $ 625. En nuestra experiencia, el cargo promedio por hora para servicios a la República ha sido del orden de $ 375 la hora", según la información del Mecon a la que accedió la diputada nacional por Pro Laura Alonso. Con el paso del tiempo, esas cifras quedaron muy desactualizadas.

Por otro lado, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, que como funcionario trabajó con el estudio, dijo a LA NACION que "el principal error de Cleary en el juicio del pari passu, que la Argentina perdió en forma definitiva en junio, fue que convalidó una tasa de interés muy alta respecto de la suma que reclamaban los fondos buitre; en vez de US$ 1600 millones, el estudio debió haber peleado para que fuera una sentencia por US$ 700 millones".

Otro de los momentos más polémicos de su actuación en el caso fue cuando se conoció un memo que indicaba que "la mejor opción para la República es permitir que la Corte Suprema fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos los bonos externos de tal manera que el mecanismo de pago y otros aspectos relacionados se mantenga fuera del alcance de la Corte de Estados Unidos".

Además, el memo indicaba que "la Argentina quiere pagar su deuda reestructurada. Pero las cortes norteamericanas la han puesto en una posición terrible. En una posición que, salvo que sea revisada por el máximo tribunal, parecería que está obligando al país a caer en default en la medida en que ninguna solución intermedia resuelve por completo el dilema creado por las cortes intermedias al dar a cada uno de los holdouts el poder de interrumpir el pago al resto". El documento llevaba la firma de Corrales, Boccuzzi y Blackman.

También fue controvertido su rol en una audiencia, en octubre de 2013, cuando Blackman se enfrentó con Reena Raggi, jueza de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. "¿Qué significa voluntariamente obedecer?", preguntó la jueza cuando el abogado que representa al país dio a entender que el Gobierno no aceptaría cumplir con un fallo desfavorable. "Vamos a emitir una orden y quiero estar segura de lo que está diciendo; nos está diciendo que no la van a obedecer", siguió Raggi. "Estoy diciendo que no va a ser voluntariamente obedecida", tuvo que admitir Blackman.

1300 dólares por hora: Es el monto que pueden llegar a cobrar los abogados más cotizados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Es una de las firmas legales más importantes de Nueva York..
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