Por Francisco Olivera | LA NACION
Es un reintegro a productores de bienes de capital; los que asignan esos fondos son también dueños de las firmas beneficiadas; el ministerio lo niega
Funcionarios de Industria reparten subsidios a sus propias empresas. Foto: DyN
Funcionarios del Ministerio de Industria que deciden el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital son, al mismo tiempo, los dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos. Es decir, están ubicados a ambos lados del mostrador. Así lo demuestran documentos comerciales, copias de expedientes administrativos, registros informáticos y memorándum internos que LA NACION cotejó durante los últimos meses.
La operatoria supone una incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de parte de los involucrados, todos ellos asesores o agentes vinculados con la cartera que conduce Débora Giorgi y, al mismo tiempo, en algunos casos, profesores o autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es el costado más oscuro del régimen de reintegros a la producción de bienes de capital, compensación con la que el Gobierno busca incentivar anualmente a las empresas del sector.
Esos bonos, que el Estado ofrece desde 2001 para saldar la desventaja que supone haber sacado los aranceles de importación, son reintegros de 14% en las ventas de lo que fabrican las empresas. Pero obtenerlos implica un trámite: se debe iniciar un expediente en la Secretaría de Industria y cumplir con requisitos específicos (como mantener el personal y no tener deudas con la AFIP). Después de seis meses y auditorías a través de convenios con universidades, si no hay imprevistos las compañías reciben los bonos.
En Industria negaron que haya funcionarios dueños de empresas que cobren subsidios de esa cartera. Ante la consulta de LA NACION sobre varios casos, sólo admiten como empleados a dos de ellos, dedicados a "tareas menores".
El sector neurálgico para el pago de subsidios es la Subsecretaría de Coordinación, que conduce el contador Marcos Ricardo Coy, área que debe aprobar a qué empresas entregárselos y en la que proliferan asesores o colaboradores sin cargo específico. Entre ellos, los hermanos Sergio Gastón Ricardo y Dante Fabián Ricardo. y Alejandro Luis Favaratto. También está involucrado el director de Compras y Contrataciones de la cartera, Juan Cruz Arce.
Allí aparece el primer punto sensible: algunos de estos gestores son, a su vez, profesores de la UBA (o mantienen vínculos con ella), que aporta el conocimiento para las auditorías que definen la entrega de esos bonos.
Esos gestores integran, al mismo tiempo, directorios de empresas que reciben los subsidios. Si se le descuenta el IVA, el reintegro pasa de 14 al 12,5 por ciento.
La presencia de Arce es la prueba de que el ministerio ha decidido acudir a la UBA como auditora de la mayoría de estas operaciones. Profesor adjunto de Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene vínculos políticos con Emiliano Benjamín Yacobitti, líder de la UCR porteña, actual secretario de Hacienda y Administración de la UBA, histórico dirigente de Franja Morada y ahora militante de Nuevo Espacio.
POLIFUNCIONARIO
Arce es contador y se presenta en Linkedin con dos cargos relevantes que lo convierten en uno de los pocos kirchnermacristas del país: es director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria y, al mismo tiempo, consultor de Recursos Humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
No es él, de todos modos, el que más expuesto aparece en el sistema de pagos de bonos, sino su compañero de la UBA Sergio Gastón Ricardo.
También contador, Ricardo se ganó el lugar de director del Centro de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor adjunto de Teoría y Técnica Impositiva II; a su vez, según los registros que pudo ver LA NACION, está vinculado con unas diez empresas privadas a través de parientes o socios que tienen el mismo domicilio.
Muchas de estas sociedades están radicadas en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, ciudad en la que tienen domicilio tanto el subsecretario Marcos Coy como Ricardo y otros involucrados, varios de ellos conectados también entre sí a través de Facebook.
La que resulta más emblemática es Indecar Maquinarias SA, una fabricante de equipos agropecuarios con oficinas en Montevideo 711, piso 2°, departamento 3, Capital Federal, cuyo directorio preside Ricardo.
Esta firma recibió en los últimos tres años pagos de por lo menos 5,4 millones de pesos como reintegro de bonos de bienes de capital, según consta en los expedientes del Ministerio de Industria. He ahí otra contradicción administrativa: como gestor, Ricardo debe decidir sobre los bonos que va a recibir su propia compañía.
Estos cobros figuran a través de Intertec SA, firma con la que Indecar tiene múltiples conexiones. Consultado por LA NACION, Ricardo negó seguir trabajando este año para el Ministerio de Industria y que él o su empresa, Indecar, tuvieran algo que ver con Intertec SA (ver aparte). Sin embargo, este diario llamó a las oficinas de Indecar, domicilio legal de Ricardo, y certificó que allí funciona Intertec.
Además, según el sitio oficial NIC Argentina, que funciona bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro de Dominios, la dirección online de Indecar está anotada bajo la razón social Intertec SA.
La página web de la compañía tampoco deja dudas: por lo menos dos de los premios recibidos por sus máquinas se entregan bajo la nominación Intertec SA. Y, por si faltaran coincidencias, el que presidió Intertec hasta el año pasado, Santiago Marcelo Bongiovanni, es a su vez director de Verdes del Interior SA, otra sociedad a nombre de Ricardo.
Con la excepción de Arce, que tiene cargo formal, la mayoría de estos gestores multifunciones trabaja fuera del ministerio, aunque en la práctica suele tener acceso irrestricto y autorizado a las instalaciones.
Así, por ejemplo, según consta en un memo interno de la cartera que obtuvo LA NACION, firmado el 28 de octubre de 2013, un empleado de la Subsecretaría de Coordinación, Tomás Pandelo, envió a la mesa de entradas del edificio una carta para que el otro de los hermanos Ricardo, Dante Fabián, pudiera entrar sin problemas ni retrasos por la puerta de Paseo Colón 189.
"Se solicita con carácter de urgente la credencial de acceso para el agente que a continuación se detalla, quien desempeña sus funciones en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Industria", dice el texto, que le asigna al solicitante el mismo domicilio que Indecar, Montevideo 711, aunque en el piso 1° en lugar del 2°.
El 20 de marzo de este año, el mismo empleado de la ministra Giorgi pidió además que le dieran al funcionario más espacio en su correo electrónico: "Por medio de la presente se solicita la ampliación de la capacidad del mail institucional del Sr. Dante Ricardo, asesor del subsecretario de Coordinación del Ministerio de Industria, contador Marcos Coy". Y el 30 de mayo pasado, un texto titulado "Habilitación para ingreso por cochera" exige esa prerrogativa tanto para Arce como para Ricardo, "con carácter de urgente", a las entradas de Paseo Colón 157, Paseo Colón 161 y Julio A. Roca 621.
EJEMPLOS
Las incompatibilidades y los vínculos con la UBA aparecen cuando se cotejan los ejecutivos de algunas compañías. Un ejemplo: según los registros oficiales que obtuvo LA NACION, Sergio Gastón Ricardo tiene el 65% de la inmobiliaria Inmu-Ideas, con domicilio también en Montevideo 711.
Su socio, con el 35% de las acciones, es Emiliano Yacobitti. Y José Luis Giusti, decano de la Facultad de Ciencias Económica de la UBA, integró durante tres años el directorio de esta empresa.
El grupo Intertec tiene, en tanto, otras conexiones con el ministerio. Por lo pronto, está inscripto entre los proveedores del Estado, según el registro público Argentina Compra.
Hasta 2012, quien presidió la sociedad fue Normando Alberto Sconfietti, otro de Carmen de Areco que es además pariente de Ireneo Gonzalo Sconfietti, un joven de 22 años que también ha trabajado para la cartera de Giorgi.
Al igual que con los hermanos Ricardo, LA NACION pudo ver documentos internos que prueban su vínculo con el ministerio. Por ejemplo, una carta del 6 de noviembre de 2013 que exige para Sconfietti una cuenta y un usuario de correo: "Por medio de la presente se solicita el cambio de titular de la siguiente cuenta de mail: bienesdecapital@industria.gob.ar".
El complejo entramado no termina ahí. El que sucedió a Normando Sconfietti como presidente de Intertec fue Santiago Marcelo Bongiovanni, también con domicilio en Carmen de Areco y director a su vez de Verdes del Interior SA. He aquí otro hito en la historia de las casualidades: la empresa comparte domicilio con Indecar (Montevideo 711) y tuvo también como director a Sergio Gastón Ricardo.
CONEXIONES
Como piezas que encajan en un esquema sin fisuras, las conexiones entre funcionarios y cobradores de subsidios se multiplican. Según un acta de asamblea de febrero de este año, el que preside ahora Indecar es Daniel Jorge Rafael Tejerina, que aparece también en el directorio de Construcciones Lorest SA, que además figura en el padrón de proveedores del Estado de Argentina Compra y que también integran ejecutivos que se desempeñan para el ministerio.
Por ejemplo, el director suplente de esa constructora, Alejandro Luis Favaratto, otro de los asesores a quien, junto con Dante Fabián Ricardo, se le facilitó el trabajo dentro de las dependencias oficiales.
Dice un memo del 12 de noviembre del año pasado dirigido al área informática del Ministerio de Industria: "Por medio de la presente se solicita para los agentes que a continuación se detalla acceso a Internet para páginas gubernamentales nacionales e internacionales, medios de comunicación, diarios, radios, buscadores, representaciones del exterior, embajadas, consulados en el exterior, páginas varias, hoteles, empresas privadas, cámaras empresariales, redes sociales y videos. Cabe destacar que los mismos desempeñan funciones como asesores en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Industria y dicho requerimiento tiene como fin lograr el mejor funcionamiento del área ya mencionada".
Los usuarios que se exigen son "afavaratto_mi" y "sricardo:_mi", según consta en la copia entregada a LA NACION.
La red de compañías que se deslizan, en silencio, apenas por debajo de la vista de Débora Giorgi parece poco menos que infinita. Otra es Indelu SA, que se dedica a "la compra, venta, importación, exportación, fabricación, industrialización, reparación, armado, pintado, teñido de todo tipo de muebles", y también figura inscripta en Argentina Compra.
A esta altura, los directivos de Indelu deberían ya resultar viejos conocidos: quien preside la sociedad es María José Pellegrini, casada con Sergio Gastón Ricardo, accionista al igual que su marido y Favaratto..
Del editor: por qué es importante. El sistema de subsidios para proteger a un sector de la industria vuelve a revelar una trama repleta de irregularidades.
