El Gobierno busca reanimar los proyectos de vivienda para la clase media

Por IGNACIO ORTELLI - Clarin.com

Habrá desgravaciones impositivas y facilidades para empresas constructoras. Y un alivio para los deudores de hipotecarios UVA

Parque Chacabuco desarrollos a medida de la clase media

Para amortiguar el impacto de la crisis económica y adelantándose a lo que, según admitió, serán “los meses más difíciles”, Mauricio Macri prepara un anuncio destinado especialmente a la clase media, acaso el sector en el que más cayó su imagen en los últimos meses, producto de la devaluación y el rebrote de la inflación. En los próximos días, el Presidente dispondrá el relanzamiento del plan Procrear, una línea de créditos vía ANSeS y, al mismo tiempo, anunciará un paquete de medidas para reactivar los créditos hipotecarios UVA.

Según aseguran en la Casa Rosada, la medida era analizada desde principios de este año, bajo otro contexto de la economía, pero admiten que cobró impulso en los últimos meses. El jefe de Gabinete Marcos Peña, en su último informe ante la Cámara de Diputados, dio algún indicio de la iniciativa al reconocer que “se están estudiando diferentes medidas de impulso al desarrollo de vivienda social y al crédito hipotecario”. Fue a partir de una consulta realizada por el economista del Frente Renovador Marco Lavagna que desde el año pasado le insiste al Gobierno para tratar su proyecto de ley que prevé un fondo especial para resguardar a quienes tomaron créditos UVA ante picos inflacionarios como los registrados en la actualidad.

En el Gobierno  tomaron nota que a partir de la crisis cambiaria hubo una abrupta caída en la cantidad de créditos tomados. Lo atribuyen a que la capacidad de compra en dólares con el mismo crédito en pesos cayó alrededor de un 44 por ciento, dado que la baja de los precios de las propiedades en moneda estadounidense no fue al mismo ritmo que la depreciación del peso.

Si bien confía en que una vez que se estabilice el mercado cambiario, los créditos volverán a crecer; el Gobierno igual tomará parte de las sugerencias que hizo Lavagna para limitar el impacto de la inflación en el valor de la UVA (ver página 9). Con la carrera por la reeleección de Macri ya en el horizonte, entienden en Balcarce 50 que no pueden despreciar una bandera de la última campaña. 

“Queremos llevar previsibilidad y tranquilidad a la gente. Por eso se tomarán medidas que apuntan a continuar con la cobertura a sectores medios y bajos. Va a ser un anuncio muy potente”, anticipó una alta fuente oficial al tanto de un plan más amplio en el que están involucrados, bajo la supervisión de Jefatura de Gabinete, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y, ahora, el flamante titular del Banco Central Guido Sandleris. Aunque el paquete de medidas no está cerrado, hay algunos ejes que ya están confirmados. 

En principio, se avanzará en un acuerdo con entidades bancarias para que se establezca que no se podrá ajustar el valor de la UVA por encima de un 10% del coeficiente de variación salarial y que sólo se actualizará automáticamente cuando la inflación no supere ese techo. Actualmente, según las normas del Banco Central, el cliente tiene la opción de evitar que la cuota crezca por encima de ese porcentaje sólo ampliando el plazo del préstamo en hasta un 25%.

Además de los cambios en los UVA, el paquete de medidas para el sector incluye nuevas líneas de crédito y seguros de caución para desarrolladores de viviendas, y la conformación de Fondos Comunes de Inversión Cerrados para la Vivienda, principalmente respaldados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y administrados por el Procrear, a cargo del secretario de Vivienda Iván Kerr.

Frigerio y Kerr relanzarán el Procrear Compra que es para la adquisición de primera vivienda, a tasas bajas, con subsidio del Estado nacional y un mínimo ahorro previo del cliente.

Y, además, el director de la ANSeS Emilio Basavilbaso planea renovar los créditos Mejor Hogar para la refacción de viviendas y ampliar los descuentos en corralones para los beneficiarios.

Otro de los ejes que apunta a impulsar el sector de la construcción y reactivar el mercado laboral, es la imposición de reducciones impositivas. En principio, se fijará exenciones de IVA, vía devolución de crédito fiscal, a proyectos de viviendas de hasta 100 mil UVAs. El Gobierno confía en que a este plan se sumen las provincias, incorporando la exención del impuesto a los sellos e ingresos brutos.

Mientras, para proyectos de hasta 220 mil UVAs, financiados a través de Fondos Comunes de Inversión Cerrados y Fondos Fiduciarios, se prevé una baja del 15% del impuesto a las Ganancias.

También, para dinamizar el sector, se prevé la cesión de un grupo de tierras e inmuebles públicos, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Según adelantaron en Casa Rosada, el plan enfocado a incentivar a la clase media no se quedará con proyectos de vivienda: el ministro de la Producción Dante Sica también teje una serie de medidas para las pyme. Pero, en este caso, todavía no está claro su alcance y cuándo se efectivizarán.

Un complejo residencial en un ex edificio de la SIDE

Por Ines Alvarez - Clarin.com  (Extractado)

El proyecto es de una desarrolladora especializada en oficinas que decidió ampliar su cartera de productos. Por qué eligió a un estudio de arquitectura internacional. 

Alley. Tendrá departamentos de uno, dos y tres ambientes de entre 45 y 130 m2.

En un terreno que nació como terminal de colectivos hasta que en 1975 se instalaron allí oficinas de la SIDE, se construirá un complejo residencial que significa el debut de Jack Green en este segmento del mercado. 

Está situado en Sánchez de Bustamante 2496 y tiene salida a Billinghurst 2457, entre Pacheco de Melo y Av. Las Heras, una condición que permitió a sus nuevos propietarios -que compraron el lote en una subasta de la AABE- plantear el proyecto con más libertad. Alley estará conformado por dos torres bajas conectadas por un pasaje urbano, en donde se ubicará la cocina comunitaria, un espacio de co-working, una huerta urbana y pequeñas casitas debajo, llamadas "Town houses".

Las unidades serán de uno, dos y tres ambientes de entre 45 y 130 m2. Por encima de las casas habrá un pequeño corredor de biodiversidad; en donde además se ubicarán la mayoría de los amenities.

Uno de los aspectos innovadores del proyecto es que fue concebido como un inmueble que embellece y mejora la calidad de vida de los vecinos del barrio. Esta estrategia se basa, especialmente, en generar espacios verdes en cuatro niveles: en el pasaje de planta baja, en el corredor del segundo piso, en los balcones de los departamentos y en las terrazas de los edificios.

Construyen un complejo de viviendas en la Comuna 4

(Nueva Ciudad) - Se llamará Estación Buenos Aires y se construirán más de 2.400 viviendas con el programa ProCreAr.

El complejo Estación Buenos Aires es el proyecto urbanístico más grande del programa ProCreAr, el cual está en la etapa final de construcción de 2.476 viviendas distribuidas en 56 edificios, 74 locales comerciales, 1.046 cocheras y un jardín de infantes. Los departamentos van a tener una superficie entre 62 y 110 m². A su vez, cada edificio tendrá una terraza verde, informa La Nación.

Las obras se encuentran detrás del estadio del club Huracán, entre los barrios de Parque Patricios y Barracas, en un predio de 18 hectáreas que pertenecía a los ferrocarriles. Hace cuatro años, cuando la línea H de subte llegó hasta el barrio, la zona se revalorizó. Con una inversión de 5.500 millones de pesos y el trabajo de alrededor de mil obreros, se realizó el complejo.

"Estamos construyendo un barrio dentro del barrio de Parque Patricios, que está cambiando muchísimo", dijo el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio.

Por su parte, el jefe del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, prometió: "Antes de fin de año vamos a tener gente viviendo y chicos jugando en las plazas". Los vecinos de la zona esperan la llegada de unas 10.000 personas que potenciarán la actividad comercial.

Planean construir un "barrio piloto" sustentable en acero

(El Constructor) - El gobierno nacional junto a la Cámara Argentina del Acero planean construir en tierras del Estado en la provincia de Buenos Aires un barrio "piloto" de cerca de 300 viviendas en un sistema de construcción sustentable en acero, de rápido armado, que será comercializado a través del plan Procrear, con financiamiento privado y apoyo de una sociedad de garantía recíproca.

La novedad fue dada a conocer durante la Jornada de Construcción Sustentable que se realizó en el auditorio del Archivo General de la Nación, y que fue clausurada por el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio

"Sembramos la semilla" dijo el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ivan Kerr, al dar a conocer el plan piloto que "permitirá generar viviendas en tierras del Estado y que será financiado por el sector privado". Señaló que las viviendas sustentables que se construirán en ese plan piloto costarían cerca de 100 mil UVAs y serían "una oportunidad enorme" para atender a sectores que tengan ingresos menores a dos salarios mínimos.

El plan para expropiar tierras y dárselas a sus ocupantes en las villas tuvo amplio apoyo político pero su financiamiento genera dudas (II)

(iProfesional.com) - Los beneficiarios deberán costear una parte, junto con el Estado nacional, provincial y municipal. Si se aprueba, se favorecerían 3,5 millones de personas.

El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país. Uno de los artículos de la norma -que busca darles el título de propiedad a los actuales ocupantes de esos inmuebles- específica que el financiamiento será compartido entre la Nación, las provincias y los municipios. E incluso, los beneficiarios tendrán que pagar en parte los terrenos que recibirán.

Desde el Gobierno advirtieron que los terrenos que se expropien "no se regalarán". Se implementarán "mecanismos accesibles" para que las familias beneficiadas -en total viven en los 4228 barrios populares unas 3.500.000 personas- compren la tierra, indicó el diario La Nación.

De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños.

Los diputados opositores se mostraron a favor del proyecto del Gobierno, lo que le augura a la iniciativa un recorrido sin complicaciones en el Congreso. La propuesta será formalizada con un proyecto que llevará las firmas de los diputados Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos ; Nicolás Massot , presidente de la bancada de Pro, y Elisa Carrió, jefa de la Coalición 

Los diputados Daniel Arroyo (Frente Renovador), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Juan Cabandié (Frente para la Victoria) elogiaron la idea en general. Pidieron, de todos modos, esperar para conocer los detalles de la iniciativa, agregó el citado matutino.

El proyecto que busca declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos.

Si bien cerca de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a cargo del relevamiento, anticiparon que el proceso llevará "muchos años", la meta que se fijó su equipo es que para fin del año próximo estén firmados todos los convenios con las provincias y los municipios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La urbanización llevará más de una década, admitieron fuentes oficiales.

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina.

Desde las organizaciones sociales anunciaron que acompañarán y empujarán la sanción de la ley, pero también hubo quejas. Grabois fue claro: "Sin presupuesto no se puede llevar adelante, no se puede avanzar". Aunque aclaró que se trata de "una ley extraordinariamente importante porque establece una solución masiva para el problema de los asentamientos".

El Gobierno busca expropiar las tierras de las villas y hacer propietarios a sus habitantes

Por Santiago Dapelo - La Nación

El proyecto abarca 4228 asentamientos precarios de todo el país, en donde viven 3,5 millones de personas; es el primer paso de un plan de urbanización.

El Gobierno impulsará un proyecto de ley para expropiar tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes. Será el primer paso para urbanizar asentamientos, en los que viven cerca de 3.500.000 personas.

La medida abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares, que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños. "Es la transformación más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerables", dijo a LA NACION la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley .

El proyecto de ley, que ingresará en la Cámara de Diputados "en los próximos días", es parte de un proceso que comenzó en agosto de 2016, con el relevamiento de todos los barrios. Desde ese momento se identificaron y visitaron todos los asentamientos para realizar un censo. Incluso, las entrevistas, según explicaron fuentes oficiales, fueron realizadas por los vecinos de los barrios en ciudades de más de 10.000 habitantes.

De ese relevamiento surgió que el 78,5 por ciento de los barrios populares tienen baja densidad, es decir que viven menos de 150 familias y los trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados, mientras que en el 21,5% restante es donde está aglomerada la mayor cantidad de gente y las viviendas están construidas con materiales precarios.

Con 1656 barrios populares identificados, la provincia de Buenos Aires será el distrito más beneficiado; pero si se discrimina el conurbano -en total 30 partidos- junto con la Capital, el número alcanza 1132. Le siguen Santa Fe (333), Chaco (264), Mendoza (217) y Tucumán (186). En la otra punta aparecen La Pampa (4) y Santa Cruz (5).

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina. Desde el Gobierno, con Stanley a la cabeza, también trabajó en el proyecto el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, todo bajo el monitoreo del vicejefe de Gabinete Mario Quintana .

Cerca de Stanley también descartaron que esto provoque una toma masiva de terrenos en todo el país. "Solo se trabajará con los barrios populares existentes al 31 de diciembre de 2016. No hay margen para nada más", dijo uno de los principales colaboradores de la ministra.

En el Gobierno confían que el proyecto será acompañado por gran parte de la oposición. "Nadie se puede oponer. Si alguien vota en contra, queda expuesto a que Macri lo corra por izquierda", dijeron, con humor, fuentes oficiales. Otro de los argumentos que utilizará el oficialismo para asegurarse los votos en el Congreso es que la medida suspende por dos años los desalojos.

En caso de aprobarse la ley, intervendrá la AABE. El organismo que administra los bienes del Estado deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación. Pero lo más destacado es que deberá establecer "un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas".

Una vez que se apruebe la ley, el Gobierno estaría en condiciones de emitir un certificado de propiedad, lo que les permitiría a los ocupantes de esos inmuebles fijar un domicilio. Una vez finalizado el trámite se otorgará el título de propiedad.

"Se trata de una reparación histórica. Es un paso transformador", definieron fuentes cercanas a la responsable de Desarrollo Social. La cita, que no es inocente, asemeja el proyecto de ley al Plan de Reparación Histórica para los jubilados, que ideó Quintana.

No será una tarea sencilla. En el Gobierno descuentan que habrá resistencia, sobre todo de los propietarios particulares. En ese segmento identifican tres variables: los que cansados de reclamar ante la Justicia por terrenos usurpados desde hace años acepten la oferta; los propietarios que decidan donar las propiedades a cambio de la condonación de deudas por el pago de impuestos -según fuentes oficiales son varios los que se comprometieron-, y los que rechacen la norma y judicialicen el tema.

"Esto va a llevar tiempo, pero la ley va a tener un impacto directo y le permitirá al Estado invertir en inmuebles en los que hasta ahora no puede entrar", anticiparon fuentes oficiales. ¿Cuánto tiempo? "Esto puede demorar años", admitieron.

Para este trabajo el Gobierno encuestó a 1.938.440 personas (se visitaron 514.850 casas), aunque los números no son definitivos, ya que alcanzan solo al 60% de los terrenos que el Gobierno busca expropiar.

El Gobierno detectó irregularidades con fondos para viviendas y reforzará el control

Por Jaime Rosemberg - La Nación

El ministro Frigerio le anunció a los gobernadores que deberán entregar un listado de beneficiarios antes de recibir el dinero; las denuncias por irregularidades, la clave.

Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país "llegue efectivamente a quienes lo necesitan", el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.

La novedad, que llega en línea con las medidas de "austeridad" y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.

Las irregularidades detectadas, y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. "Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas", afirmaron a LA NACION voceros del ministro.

La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado "evitar los abusos", que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a "provincias gobernadas por el PJ".

Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.

"Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente", afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan .

El gobernador local, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado. El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. "Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales", detallaron desde el Gobierno.

Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. "Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos", ampliaron las fuentes oficiales.

En Casa Rosada mencionan el caso de Tucumán , donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.

En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Y en Chubut aún se recuerda el juicio, el año pasado, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia , que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas.

En los sondeos previos, Kerr se encontró con muchos apoyos y una sonora negativa: la de San Luis . Los funcionarios que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría "una intromisión en los números de la provincia". A ellos, y a quienes se opongan, la Casa Rosada les dirá que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.

Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi. "Las provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple", comentó una fuente oficial.

"Imaginamos que habrá una amplia mayoría de gobernadores que no se opondrá a una mayor transparencia", afirmó Kerr, confiado en que la presión a las provincias rinda rápidos frutos.

Historias de estafas y negociados - Antecedentes en diferentes provincias

Jujuy: Entre los años 2004 y 2015, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios suscribió seis convenios para la construcción de viviendas con cooperativas de trabajo pertenecientes a la Tupac Amaru . Hasta la fecha, y no obstante haberse pagado la terminación de todas estas obras, existe un faltante de 1827 viviendas, todo lo cual redunda en una significativa afectación al fisco por el valor de $716.016.757,35

Buenos Aires: En junio de 2016, vecinos de la ciudad de La Plata que vivían en el barrio Néstor Kirchner, construido con el Plan Federal de Viviendas, salieron a denunciar que el lugar nunca fue terminado, y que solo se entregaron 723 casas de las 1200 viviendas que preveía el proyecto. La obra fue proyectada en 2007 en la órbita del Ministerio de Planificación Federal e inaugurada por Julio De Vido y el entonces secretario López

Tucumán: Se abrió en enero una causa penal para investigar la existencia de una organización criminal dedicada a cometer estafas con la entrega de viviendas sociales. Según una denuncia del Ipvdu, personas ajenas al organismo cobraban dinero para gestionar la adjudicación de casas construidas con fondos del Estado. La principal señalada es Elizabeth Rosa Alzogaray, una cooperativista con fuertes lazos con el peronismo tucumano

Río Negro: Dos años atrás quedaron paralizadas unas 2500 viviendas del Plan Techo Digno por falta de rendiciones y desvíos de fondos nacionales que administraron 18 municipios. La causa está en manos del juez Claudio Bonadio . El gobierno nacional y el provincial acordaron transferir el plan a la órbita del Instituto Provincial de la Vivienda, que el año pasado reactivó las obras con recursos derivados de Nación

San Juan: En esta provincia abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Esta maniobra no está permitida. Por ello, desde el IPV informaron que están saliendo a recorrer los barrios para saber el estado de las viviendas en relación con sus adjudicatarios, aunque remarcaron que no pueden actuar de oficio

Chubut: El año pasado, acusaron de asociación ilícita a exfuncionarios del IPV de Comodoro Rivadavia, que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas. Los imputados, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos viviendas. Se entregaron con ese modus operandi más de 80 viviendas

Frigerio nombró cuatro secretarías destinadas a la obra pública

LPO - Macri firmó el decreto que confirmó la nueva estructura del ministerio del Interior. Quiénes son los funcionarios.

El Gobierno oficializó este viernes los cuatro secretarios que nombró Rogelio Frigerio para sostener la obra pública, luego de los cambios que ordenó el ministro en el organigrama de Interior.

De esta manera, quedaron confirmados los secretarios de Infraestructura y Política Hídrica, Vivienda, Infraestructura Urbana y de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública. Como secretario de Coordinación quedó Carlos Padín, un hombre de máxima confianza de Frigerio. En tanto que Domingo Amaya, que estaba a cargo de la ex secretaria de Hábitat y Vivienda, quedó como subsecretario de Interior. De las 14 subsecretarías que había antes del cambio de organigrama quedaron cuatro y se eliminaron las secretarías de Obras Públicas y de Asuntos Municipales.

La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que encabeza Pablo Bereciartúa, se ocupará de la elaboración, propuesta y ejecución de la política hídrica nacional, incluyendo la obra pública de infraestructura hidráulica y de saneamiento, supervisando su cumplimiento y coordinando los planes y programas a nivel internacional, nacional, interjurisdiccional, provincial y municipal, que correspondan a la jurisdicción. A su vez, se encarga de proponer el marco regulatorio relativo al manejo de los recursos hídricos. Entre sus funciones también se destaca supervisar, coordinar y ejercer el contralor del accionar de los siguientes organismos: el Instituto Nacional del Agua (Ina), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Eras), la Agencia de Planificación (Apla) y El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

También ejerce como facultad de autoridad de aplicación del contrato de concesión de Agua Y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), coordina las actividades inherentes al Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y entiende en lo atinente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

La Secretaría de Vivienda, a cargo de Iván Kerr, se encargará del diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y en las políticas de obras de infraestructura habitacional y su financiamiento. También entiende en los asuntos referentes al programa PRO.CRE.AR, en el marco del Plan Nacional de Vivienda, y promueve en políticas públicas de ordenamiento territorial, acceso al suelo, como así también a la regularización dominical, en el marco de su competencia.

Foto: Klemenziewicz, Amaya y Kerr.

La Secretaría se encarga de promover el desarrollo de técnicas y sistemas de construcción de viviendas y obras de infraestructura básica para el desarrollo de los asentamientos habitacionales. A su vez, ejerce como autoridad de aplicación de la normativa que regula el ejercicio y la ejecución de los programas y de las actividades de su competencia, y en particular los que hacen al cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda y de los asuntos referentes al Consejo Nacional de la Vivienda. También desarrolla acciones tendientes a la identificación de inmuebles de dominio del Estado Nacional que puedan ser afectados a las políticas y programas desarrollados por el área. Asimismo, promueve la obtención e inversión de recursos en el campo de la vivienda, a través de los fondos fiduciarios u otras alternativas de financiamiento nacional o internacional.

La Secretaría de Infraestructura Urbana, que encabeza Mariana Klemensewicz, se encargará de promover a nivel nacional el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes, mediante el diseño y ejecución de políticas y programas nacionales de infraestructura y servicios urbanos. También entre sus competencias se destacan el diseño, la implementación y monitoreo de proyectos integrales que promuevan la integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad, el acceso a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad, participando asimismo en los aspectos relativos a su financiamiento.

También se encarga del diseño, implementación y monitoreo de proyectos de infraestructura y servicios urbanos orientados a abordar el déficit habitacional cualitativo. A su vez, ejerce y coordina la representación de la República Argentina ante los organismos y entidades internacionales, en el área de su competencia. Manejará el presupuesto de obras del "Plan de Hábitat" y absorbió una parte de las obras que dependían de la vieja subsecretaría de Obra Pública que maneja Jorge Sábato.

La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, de Fernando Álvarez de Celis, tendrá por objetivo asistir al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la formulación de políticas de desarrollo y ordenamiento territorial y entender en el diseño de planes y programas de inversión pública en el ámbito de su competencia. También se encarga de elaborar, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los organismos nacionales y provinciales que correspondan, los documentos técnicos necesarios para implementar y difundir las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, obras e impactos de la inversión pública.

Además, entiende en la realización de proyectos de conservación, preservación, mantenimiento, construcción y reciclaje, tanto edilicios, como de infraestructura, y espacio público y entiende en la elaboración y ejecución del Plan de Construcción de Obras Penitenciarias que se encarga de la readecuación de instalaciones y ampliación de los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, tiene competencias en el relevamiento de la infraestructura y en el diagnóstico de las necesidades de construcción de los establecimientos carcelarios con la asistencia de las unidades competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Ricardo Delgado, también manejará la ejecución de las obras de pavimento en municipios, y la ejecución de hospitales y escuelas.

Tras una inversión de u$s 1870 millones, culminan las obras de los edificios de la Villa Olímpica

Por  XIMENA CASAS - Cronista.com

Luego de los Juegos Olímpicos de la Juventud los 1158 departamentos de uno a tres ambientes se venderán con créditos blandos del Banco Ciudad

El complejo tendrá 31 edificios de entre 7 y 9 pisos

A fines de febrero, luego de casi 18 meses, estarán finalizados 31 nuevos edificios en el barrio de Villa Soldati, que incluyen 1158 departamentos de uno, dos y tres ambientes. Son los que albergarán a los atletas durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán entre el 6 y el 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Luego, estas nuevas unidades serán comercializadas a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) con créditos blandos del Banco Ciudad.

El Gobierno porteño informó que lleva invertidos $ 1870 millones en la construcción de las viviendas y en el diseño del espacio público de la Villa Olímpica.

El presupuesto total, que además de los departamentos contempla el desarrollo del espacio público, jardín maternal y otras instalaciones, es de más de $ 2552 millones, según detallaron desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, a cargo de todo el plan de insfraestructura de Villa Olímpica y Parque Olímpico.

Las obras están en un 80% de avance ya se van a terminar antes de lo previsto, según indicaron a El Cronista y ya comenzaron las etapas preliminares del espacio público (plazas, luminarias, equipamiento) que se terminarán en abril. "Cuando comenzamos los trabajos para los Juegos Olímpicos de la Juventud, nos planteamos partir desde el legado que van a dejar las obras. Con la Villa Olímpica nos propusimos construir un nuevo barrio con infraestructura de primer nivel", indicó el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, Franco Moccia.

El funcionario precisó que, finalizado el evento, los departamentos serán entregados a familias a través de créditos blandos, "con un enfoque entre vivienda social y de clase media". La decisión de que la mayor parte de los Juegos Olímpicos sean en la Comuna 8 tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de una zona históricamente postergada.

Luego de que en 2013 Buenos Aires fuera elegida sede de los Juegos, surgieron cinco llamados a concurso y las obras se hicieron a través de 10 licitaciones donde participaron ocho empresas constructoras locales: CavCon, EmACo y Lanusse (UTE), Bricons, Dycasa, Criba, Cunumi, Sudamericana y Vidogar.

En una visita al barrio olímpico, la arquitecta Florencia Piñero, titular de la Unidad de Proyectos Especiales de la Villa, y el ingeniero Marcelo Palacio, subsecretario de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, dieron detalles de la construcción: los edificios cuentan con espacios para locales comerciales en su planta baja, lo que le dará "vida al barrio". Todas las redes de servicio son subterráneas y muchos departamentos tendrán terrazas verdes.

"La construcción será a costo cero, porque lo que se recupera con la venta superará la inversión", estimó Palacio. Los 31 edificios ocupan 125.000 m2 de superficie construida, y si bien son electrodependientes, por la calle pasa la red de gas que puede ser usada por los locales gastronómicos.

Los especialistas también destacaron el concepto de integración social, ya que a los edificios accederá la gente del barrio y de clase media a través de los préstamos, y la variedad en las construcciones. Las torres, que tienen entre siete y nueve pisos, no son monoblocks uniformes, sino que cada una tendrá un estilo diferente. Las obras de infraestructura,como el colector cloacal realizado por Aysa, beneficiarán a las comunas 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda).

En Argentina hay más de 4 mil villas que en conjunto ocupan una superficie más grande que toda la Ciudad de Buenos Aires

Por Marcos Quintans - mquintans@infobae.com

La estadística surge de un informe realizado por el gobierno nacional y organizaciones sociales. Más de 3 millones de personas viven en asentamientos de emergencia.

Pasillo de la Villa 31 (Adrián Escandar)

El gobierno nacional lanzó un Relevamiento Nacional de Barrios Populares para identificar villas y asentamientos informales de todo el país, que incluye un informe poblacional detallado con el que se pretende conocer la realidad de las comunidades que allí habitan.

Los números del informe aún están en proceso de análisis, pero Infobae tuvo acceso a los primeros resultados: uno de los datos salientes es que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 km2.

Alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense. Más de la mitad nacieron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010.

El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias) habitan en villas o asentamientos informales. Para comprender la magnitud de la estadística son útiles las comparaciones: el número es superior a la cantidad de habitantes que se registra en la mayoría de cada una de las provincias del país; sólo se puede equiparar con la población total de de Córdoba (3.308.876 personas) o con la de Santa Fe (3.194.537), de acuerdo a las estadísticas del último censo nacional.

Un barrio popular -de acuerdo a los parámetros del relevamiento- es aquel donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, en el que más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos (o más) de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

La villa 1-11-14 vista desde el aire, con el drone de Infobae

"Desde el Gobierno Nacional, junto a organizaciones sociales, estamos trabajando en un proyecto histórico para conocer y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en los barrios populares de todo el país", destacó Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y responsable del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Hasta el momento, se encuestó al 60% de los hogares identificados en todo el país. Los mismos vecinos de cada asentamiento -capacitados por quienes impulsan el estudio- son quienes llevan a cabo las entrevistas. Ya se relevó a más de 500.000 familias y fueron entregados 60.000 Certificados de Vivienda Familiar, una herramienta que les permiten a las familias acreditar su domicilio y acceder a servicios básicos como agua, cloacas, luz y gas.

El Renabap nace a partir de un trabajo en conjunto entre diferentes áreas del gobierno nacional y distintas entidades y organizaciones sociales como Cáritas Argentina, TECHO, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Un análisis previo realizado por la ONG TECHO -del período 2013-2016- reflejó que la mitad de las villas y asentamientos del país registraba un alto grado de vulnerabilidad y dos de cada diez, atravesaba una situación crítica.

Allí no ingresan ambulancias ni la policía, se inundan cuando llueve y se dificulta el acceso a los servicios básicos. Ese ranking lo encabezaban la villa Roca, en Berisso; Lapacho III, en Tartagal y La lagunita, en Rosario.

Los datos recabados en el nuevo estudio que realizó el Renabap continúan en proceso de evaluación; de allí surgirán precisiones sobre la población y la extensión de cada asentamiento y del perfil de cada una de las comunidades.