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jueves, 6 de diciembre de 2018

El G20 demostró que podemos ser un país ordenado y seguro. ¿Cómo darle continuidad?

(Foto: Adrián Escandar)Por Irma Argüello - Infobae.com 
La Cumbre del G20 ha finalizado, los aviones con los jefes de Estado han partido y Argentina, con todos sus problemas, sigue andando…

(Foto: Adrián Escandar)
Llega ahora la reflexión respecto de las enseñanzas que deja esta experiencia extraordinaria, que puso a nuestro país en el centro de la escena mundial y sobre todo, cómo podemos capitalizarlas para el futuro. Fue para los que amamos a Argentina un momento de gloria, una brillante culminación del tantísimo esfuerzo realizado.

El desafío está ahora en no dormirnos sobre los laureles y trabajar duro para consolidar el terreno ganado en la consideración internacional. Se abrieron oportunidades que van mucho más allá del resultado "comercial" de las reuniones bilaterales que sostuvo el presidente Macri.

Por sobre todas las cosas, se abrió la oportunidad de que Gobierno y ciudadanos podamos visualizar, sin necesidad de viajar al exterior y por un pequeño período, cómo funciona un país ordenado. O, mejor dicho, cómo funcionaría nuestra Argentina en un estado superior de desarrollo.

La Cumbre tuvo el "leit motiv" del desarrollo equitativo y sostenible, y es una regla de oro internacional que no hay desarrollo sostenible sin orden institucional, justicia y seguridad.

En el orden local, el aspecto más positivo es el éxito del operativo de seguridad. Allí se trabajó sin prisa y sin pausa por más de un año, en que Argentina, además de desplegar sus recursos, no estuvo sola ante el desafío de garantizar la seguridad de los principales líderes del mundo y sus comitivas.

Representaba para ellos un alto riesgo llegar a un país emergente que se debate en resolver como puede la multiplicidad de problemas estructurales que nos afectan día a día. Decidieron cooperar. Las principales potencias del mundo -incluyendo sus respectivos servicios de inteligencia- pusieron atención, esfuerzo y tecnología para que la cumbre se desarrolle de principio a fin, sin ningún sobresalto. El riesgo nunca se puede eliminar por completo, pero si se puede minimizar, y eso fue lo que se hizo con gran responsabilidad de todas las partes.

Se tomaron medidas sin precedentes que incluyeron, entre otras, la autorización de derribo de aeronaves no identificadas, algo que se viene reclamando desde siempre para una lucha contra el crimen organizado y que, sugestivamente, nunca se logró través del Congreso. Nuestro vecino Brasil la tiene y la aplica. También se estableció una directiva "ad hoc", que habilitaba el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. Las amenazas podían llegar por parte de los incidentes callejeros que forman parte del folklore de cada cumbre hasta de una eventual acción del terrorismo internacional.

Nada sucedió. Se otorgó alguna relevancia a la cooperación "negociada" con dirigentes de los movimientos de protesta, pero esto fue un elemento más. La realidad es que se aprovechó al máximo la cooperación internacional, aprendiendo de los países con las tecnologías más avanzadas. Hubo voluntad política, hubo directivas claras, también comunicaciones precisas tanto hacia las fuerzas intervinientes como hacia la población.

Se hizo mucho más que apelar, simplemente, a la anticuada consigna de "poner efectivos en las calles". Se trató de un operativo de seguridad preventivo-disuasivo. Trabajando en el antes, durante y después. Disuadir significa mostrar un poderío tal que desalienta al potencial perpetrador, sobre todo si es medianamente racional como para evaluar sus chances de éxito de manera realista.

A medida que iban transcurriendo las horas y se respiraba en Buenos Aires un aire de tranquilidad añorado por muchos, la pregunta que comenzó a instalarse entre la gente fue: "¿Por qué no se logró ese nivel de seguridad en la final River – Boca que terminó en escándalo mundial, cuando unos pocos inadaptados perjudicaron a millones de amantes del futbol?"

La respuesta es sencilla: en este caso se aplicó, en el mejor de los casos, la típica actitud argentina de relativizar todo, incluso las amenazas. En el G20 se trabajó con seriedad identificándolas, respetándolas y obrando en consecuencia. En este sentido, el G20 nos deja una gran enseñanza, ya que en pocos días hemos vivido en carne propia cuál de las dos actitudes es la que funciona.
El centro argentino durante el G20 (Foto: Franco Fafasuli)
El centro argentino durante el G20 (Foto: Franco Fafasuli)

Y admitiendo que la seguridad es un derecho humano, la pregunta es: ¿tienen los líderes mundiales que visitan nuestro territorio más derechos que los millones que día tras día viven y trabajan tratando de construir un futuro en paz y honestidad en nuestra querida Argentina?

La respuesta es obvia. Es más que evidente que se necesitan fuerzas de seguridad y policías entrenadas, con elementos adecuados, con métodos modernos, con tecnología, que "disuadan" de cometer delitos, en vez de dar, en el mejor de los casos, pena a los ciudadanos y risa a los delincuentes. También se necesita una Justicia antiabolicionista que trabaje para dejar de lado la impunidad reinante, que es una de las peores amenazas para el ciudadano de bien y solo beneficioso para la delincuencia que encuentra allanado su derrotero criminal sin mayores inconvenientes ni consecuencias.

A partir de estas reflexiones comienza a aflorar un profundo anhelo de nuestra sociedad, que se hace cada vez más fuerte, que desea recuperar la seguridad perdida. Es un anhelo de la gente honesta, que atraviesa toda clase social. El planteo es que el nivel de seguridad logrado en el G20 perdure para siempre, convirtiéndose así, en una sólida base de conveniencia social.

En esta línea de pensamiento, es muy positiva la resolución post G20, firmada por la ministra Patricia Bullrich que da directivas respecto del uso de armas de fuego por las fuerzas federales de seguridad, en situaciones claras y siempre dentro del marco de la ley. Quien lee en detalle la resolución, que se aplica hace rato en infinidad de países, se da cuenta que no se trata de dar a los efectivos "licencia para matar" sino ordenar el cumplimiento de su misión específica.

Lamentablemente, estas medidas imprescindibles para el avance de Argentina, siempre encuentran detractores que por ideología o afán de protagonismo van a contramano del legítimo reclamo de la sociedad. Esperemos que esa actitud dañosa, no haga dudar al gobierno en continuar de manera firme con la línea iniciada. También hago votos para que la corriente "abolicionista" instalada en la Justicia no malogre una medida que es corriente en el ámbito internacional y que está en línea con el más elemental sentido común.

En pos de lograr coherencia necesaria a lo largo y ancho del territorio nacional es imprescindible que se arbitren los medios para que esta reglamentación alcance a todos los efectivos policiales del país, para lo cual sería ideal que se establezca un "pacto de seguridad" al cuál adhieran todas las provincias (lamentablemente hoy amanecimos con la noticia de que el magistrado porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró "inaplicable e inconstitucional" la normativa impulsada).

En la vertiginosa sucesión de acontecimientos posteriores hay poco margen para hacer comentarios sobre la cumbre en sí, que a pocos días ya parece remota. Además, mucho se ha hablado en los medios de los eventos centrales que tuvieron en vilo al mundo.

Ahora el desafío es poner nuestro país a la altura de las circunstancias en todos los órdenes, como se está intentado hacer en el tema seguridad. Esto implica continuidad entre gobierno y gobierno, acuerdos, planes estratégicos, una excelente comunicación con la sociedad y la habilidad de gobernar con grandeza, en función del real y profundo interés nacional, más allá de los golpes de efecto electoralistas. Este es el real desafío de los políticos de todo signo, el romper con las fórmulas trilladas y mezquinas, para poder lograr un futuro mejor para nuestra amada Argentina.

La autora es Presidente de la Fundación NPSGlobal.

martes, 4 de diciembre de 2018

Escribe Andrés Kreiner: “¿Qué perdemos sin la cuarta central?”

(U-238) - Articulo de octubre 16, 2018

El reconocido especialista en física nuclear experimental, Andrés Kreiner –Doctorado de la Universidad Técnica de Munich y responsable del área de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores, Investigador superior CNEA-CONICET y miembro de APCNEAN– escribe para U-238 y expone la importancia de avanzar con la construcción de una nueva central nuclear con uranio natural y las consecuencias de no hacerlo.

A continuación la nota textual de Kreiner.

A lo largo de casi 70 años, la sociedad argentina logró generar un conglomerado científico-tecnológico-industrial que ha colocado a nuestro país en una posición importante y respetada a nivel internacional en el terreno de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y perinuclear.

Hoy, partes muy importantes de este sector están en grave riesgo. Queremos alertar a la sociedad argentina y al gobierno sobre esta situación. El principal motor de este desarrollo ha sido el Estado a través de sus inversiones y de su gran poder de compra, logrando organizar instituciones de Ciencia y Técnica (CyT) de primera magnitud como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pero también un conglomerado de empresas públicas, como INVAP S.E. (Investigación Aplicada Sociedad del Estado, propiedad del Estado Rionegrino), ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado, propiedad parcial del Estado Neuquino y de la CNEA, con su Planta Industrial de Agua Pesada, PIAP), Dioxitek S.A. y NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina).

ARGENTINA OPTÓ, EN LOS 70′ POR LA LÍNEA DE REACTORES DE URANIO NATURAL Y AGUA PESADA, PARA INDEPENDIZARSE DE LA COSTOSA Y COMPLEJA TECNOLOGÍA DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO

Además ha sabido convocar a empresas privadas nacionales para conformar emprendimientos conjuntos como CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos), FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales) y a muchas otras empresas grandes, medianas y PYMES que han apostado al desarrollo de esta tecnología como proveedores calificados.

El gobierno y/o altos funcionarios han anunciado que se cancela el proyecto de la cuarta central (una central de agua pesada tipo CANDU como la de Embalse) y que más aún se da por terminada la línea basada en tecnología de agua pesada. Esta decisión tendrá (y ya está teniendo) consecuencias devastadoras que pasamos a describir y que por eso es necesario revertir a toda costa.

Es pertinente mencionar que la Argentina optó, en la primera mitad de la década de los 70, por la línea de reactores de uranio natural y agua pesada para independizarse de la costosa y compleja tecnología de enriquecimiento de uranio, que aún hoy no poseemos a nivel industrial. Nuestras tres centrales de potencia trabajan de manera segura con aquella tecnología que hoy en día dominamos después de muchos años de trabajo e inversión y que además tiene un gran potencial de innovación (ver más adelante). Una de las más grandes y exitosas inversiones para sostener esta línea fue la construcción de la PIAP, una verdadera joya tecnológica que necesitamos para proveer de agua pesada de altísima calidad a nuestras centrales presentes y futuras y a los reactores de investigación que fabrica y exporta INVAP.
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LA CUARTA CENTRAL CONTABA CON FINANCIACIÓN CHINA DEL 85% Y UNA PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA DE HASTA UN 70%

Acabamos de tomar conocimiento de la dolorosa e insólita circunstancia de que se han acabado los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores de la PIAP. Aquí están en riesgo unos 400 puestos de trabajo altamente calificados y además la degradación de estas costosisimas instalaciones que son patrimonio de todos los argentinos. Se pretende dejar una dotación mínima de menos de 100 agentes, con los cuales no es posible preservar la planta de su degradación.

El gobierno acaba de despedir a unos 250 trabajadores de planta permanente de NA S.A. como una primera consecuencia de la cancelación del proyecto de la cuarta central, con financiación muy conveniente asegurada, de enorme interés para nuestro país y se habla de una compra esencialmente “llave en mano” de un reactor chino en el 2022.

LA CANCELACIÓN DE LA CUARTA CENTRAL CONLLEVA LA PÉRDIDA DE LA GENERACIÓN DE UNA ENORME CANTIDAD DE ENERGÍA (CERCA DE 195 MILLONES DE MWH)

Esta es la peor combinación posible. La cuarta central iba a ser financiada en un 85% por China, en condiciones muy favorables, y la participación de nuestro país iba a ser dominante (hasta un 70%) con una perspectiva de continuidad para numerosas empresas pequeñas, medianas y grandes que habían apostado e invertido en RRHH, tecnología e instalaciones. Ésta no es la manera de alentar y cuidar las inversiones productivas realizadas por el sector privado ni el público.

La destrucción de la unidad de gestión de NA S.A., donde hay personal altamente capacitado que participó en la muy meritoria construcción y puesta en marcha de Atucha II y que está participando en la igualmente muy encomiable extensión de vida de la central de Embalse (estamos hablando de unas 700 personas altamente capacitadas), no solo es una injustificable dilapidación de un capital humano muy valioso sino que degrada la calidad de la operación de las centrales nucleares existentes que requiere acabados conocimientos y capacidad de diseño y construcción locales. Este capital humano será aprovechado en otras latitudes donde se están construyendo muchas centrales nucleares configurando un nuevo capítulo en la fuga de cerebros de nuestro país.

A este cuadro desolador se suman despidos en Dioxitek, la empresa encargada de fabricar el compuesto base de los combustibles nucleares y el Cobalto 60 con numerosos usos médicos e industriales (Co60 que se produce en las centrales CANDU y que por ende también sufrirá por la cancelación de la cuarta central). Ya ha habido unos 30 despidos, algunos inclusive con alegadas características de persecusión ideológica. El gobierno quiere privatizar la empresa, pero antes la quiere “sanear”. Aquí hay unos 200 puestos de trabajo en riesgo.

Estas decisiones destruirán muchísimos puestos de trabajo altamente calificados (aquellos que el gobierno se comprometió en su campaña a cuidar y fomentar) y ponen en grave riesgo la continuidad de importantes segmentos del sector dilapidando parte del capital acumulado durante casi 70 años de trabajo continuado y fecundo que posicionó a nuestro país entre los más avanzados en tecnología nuclear.

Además de señalar el estrago que representa la pérdida irresponsable de miles de puestos de trabajo (contando lo ya apuntado más los puestos de trabajo de la construcción del área Zárate) muchos de ellos altamente calificados, lo que es lo más preocupante en el corto plazo por sus gravísimas consecuencias sociales, queremos contribuir a cuantificar que es lo que perdemos como país.

El gobierno está destruyendo toda la infraestructura humana y material que posibilitaría la concreción de la cuarta central CANDU. Si no se actúa rápido este daño va a ser irreversible. Sin Unidad de Gestión de NA-SA (aquella que tuvo un rol decisivo no solo en la epopeya de la recuperación y puesta en marcha de Atucha II sino también en la extensión de vida de Embalse), sin PIAP y sin una planta adecuada de Dioxitek no hay cuarta central y se cierran grandes perspectivas de desarrollo futuro.

En primer lugar la cancelación de la cuarta central conlleva la pérdida de la generación de una enorme cantidad de energía (750 MW x 24h x 30 x 12 x 30 años = 194.4 Millones de MWh), que a la Argentina no le costaría prácticamente nada (pues el costo de la central se repagaría con la energía producida) y que, es más, permitiría ahorrar una gran cantidad de divisas por la no utilización de combustibles fósiles. Estamos hablando de un número del orden de los 14.000 Millones de dólares (más del doble del costo de la central).

Además permitiría reducir la irracional quema de estos combustibles que contribuye al calentamiento global, una amenaza real para toda la humanidad de la que algunos no han tomado nota o se hacen los distraídos, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Representa una reducción del 2.5% de las emisiones totales durante 30 años. El ahorro sería de 144.6 (4.82 por año durante 30 años) MTn de CO2 equivalente a 31 Mvehículos particulares (1.03 Mvehículos por año durante 30 años) ó 336 Mbarriles petróleo (11.2 Mbarriles por año durante 30 años) ó consumo eléctrico de 22 Mhogares/año (722000 hogares por año durante 30 años) ó 36600 turbinas de viento (1220 turbinas por año durante 30 años).

SOLO CONUAR Y FAE PERDERÍAN UNA PARTICIPACIÓN DEL ORDEN DE 200 MUSD Y EN TOTAL SE PERDERÍAN COMO MÍNIMO 3000 MUSD PARA TODOS LOS CONTRATISTAS.
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Planta Industrial de Agua Pesada

Dados los inventarios de agua pesada en las centrales existentes de 1220 toneladas (Tn) (250 Tn para CNAI, 450 Tn para CNE, 520 Tn para CNAII), estimando las pérdidas de operación de una manera conservadora y sumando los requerimientos de agua pesada para el reactor de investigación RA-10 y el Pallas para Holanda (cuya licitación ganó recientemente INVAP) necesitaríamos durante toda la vida útil de las centrales como mínimo 500 Tn. Esto implicaría como mínimo 5 años más de operación de la PIAP.

Si establecemos el valor del agua pesada en 650 USD/kg (650.000 la tonelada), nos daría un costo como mínimo de 325 MUSD (con la carga inicial de la cuarta central estaríamos hablando del doble más la reposición). Esto es lo que nuestro país tendrá que gastar si la PIAP se abandona.

Es importante remarcar aquí que si el “Mercado” se entera que Argentina no produce más agua pesada es muy probable que el precio internacional suba considerablemente. En cuanto al costo de la PIAP, lo que se pagó fueron 970 millones de Francos Suizos de los años 80 pero este no se puede considerar el valor de la instalación hoy en día, que sería sustancialmente mayor.
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Dioxitek.

El UO2 hoy cuesta entre 55-60 USD/kg dependiendo de las condiciones del contrato y de la cantidad que se compre. Anualmente se consumen alrededor de 200 toneladas al año (con Embalse y las 2 Atuchas funcionando). Equivale a 12 MUSD/año, o sea 360 MUSD en 30 años. Con la cuarta central se agregarían aprox. 180 MUSD más.

Con la cancelación de la IV Central CANDU, el presupuesto del proyecto NPU (Nueva Planta de Uranio de Formosa) se disminuyó en 40 MUSD. Originalmente era de 150 MUSD y ahora se calcula en 110 MUSD, ya que originalmente serían 2 líneas de producción y ahora con la cancelación de la cuarta central solamente tendrá 1 línea de producción. No hay proporción entre el “ahorro” y el perjuicio.

En cuanto a la producción de Co60 se puede decir que el material tarda 18 meses en irradiarse en Embalse, luego de ese tiempo tenemos 4,5 millones de Ci. Por lo tanto, con una producción normal en Embalse tenemos 3 millones de Ci al año. El precio x Ci es de 1,5 a 2 USD aproximadamente. De los 3 millones de Ci al año que se producen en Embalse, aproximadamente 400 mil Ci se venden localmente y 2,6 millones se venden en el exterior. Entonces tenemos por ventas aproximadamente 4,5 MUSD al año.

Por lo tanto, con Embalse produciendo a pleno y con lo que podría haber sido Atucha III podríamos producir 6 millones de Ci al año que nos hubieran reportado una facturación aproximada de 9 MUSD al año por ventas de fuentes de Cobalto 60.

Consideramos que la cancelación de ninguna manera se puede justificar por consideraciones económicas. El abandono de una tecnología probada que dominamos, con el consiguiente desmantelamiento y pérdida de una enorme infraestructura humana y material, en aras de una tecnología que no poseemos ni dominamos es un grave error. Es bueno que la Argentina incursione en nuevas opciones, como de hecho lo viene haciendo desde hace tiempo, pero preservando lo que tiene. Las dos tecnologías pueden ser complementarias si se hace una planificación cuidadosa (ver más adelante).

La diferencia fundamental entre una central de agua pesada y una de agua liviana radica en el fenómeno físico que el agua pesada, D2O, tiene una bajísima absorción de neutrones comparada con el agua liviana y esto permite no solo trabajar con uranio natural o levemente enriquecido (con el consiguiente gran ahorro en el costo del combustible) sino que la mucho mayor disponibilidad de neutrones permite aplicarlos para la producción de nuevo combustible (breeding) y de radioisótopos muy importantes para la salud y otras aplicaciones industriales. Argentina dispone de este precioso insumo en una de las plantas más grandes y mejores del mundo.

Queremos agregar algunos elementos relativos al potencial de innovación y otros subproductos de las centrales de agua pesada.

Ya existen conceptos de reactores de agua pesada reproductores (breeders) que pueden producir más combustible fósil del que consumen (tanto 239Pu a partir de 238U, como 233U a partir de 232Th, elemento unas 5 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio). Esto convertiría a la energía nuclear en un recurso prácticamente inagotable. En particular, la India ha hecho punta en ésta temática con el Advanced Heavy Water Reactor (AHWR). Este país tiene 13 reactores de agua pesada funcionando (sobre 47 a nivel mundial). Estas centrales son muy seguras y utilizan el uranio muy eficientemente.

También hay otro diseño innovador de reactor reproductor, el Advanced CANDU Reactor (ACR, de generación III+, en particular el ACR-1000) canadiense, que plantea utilizar agua liviana como refrigerante para ahorrar costo en D2O. Otros conceptos más avanzados de generación IV plantean el uso de agua supercrítica como refrigerante. Canadá tiene 22 reactores de agua pesada funcionando y la Argentina ha desarrollado una importante colaboración con ese país.

La complementariedad entre las dos tecnologías (agua pesada y uranio enriquecido) estaría dada por la posibilidad de reutilizar combustible quemado en una central de uranio enriquecido (PWR, Pressurized Water Reactor) en una de agua pesada que podría seguir extrayéndole energía por su muy superior balance neutrónico. Esto contribuiría también a quemar residuos radiactivos de alta radiotoxicidad y muy larga vida media, como plutonio y actínidos menores acumulados en los elementos combustibles quemados.

El tritio que se produce en los reactores de agua pesada y su producto de decaimiento, el costosísimo 3He, junto al deuterio tienen muy importantes aplicaciones en medicina y en la industria nuclear y petrolera. Además el tritio y el deuterio están en la base de la posible futura fuente inagotable de energía limpia por fusión termonuclear. Ya se ha mencionado la producción de Co60.

No podemos desperdiciar el futuro de nuestro país de esta forma. Pedimos que se reconsidere y revierta esta decisión.

viernes, 30 de noviembre de 2018

Régimen promocional de Tierra del Fuego: un gigante con pies de barro

Por Vicente Palermo - Clarin.com


Trabajando en el interior de un aire acondicionado.

Polo tecnológico e industrial de Tierra del Fuego. Fotos: Juan Manuel Santana y Jeannely Iriarte

Es habitual oír, por parte de sus críticos, que el régimen promocional de Tierra del Fuego sirve a un objetivo único: el mantenimiento de puestos de trabajo (la isla cuenta con alrededor de 13.000 trabajadores industriales con un salario medio que no es nada del otro mundo, $ 28.000 para el 2015).

Pero esto es redondamente falso. Un debate reciente en el seno del Club Político Argentino me ha enseñado mucho y creo necesario hacer participar al lector. El mantenimiento del empleo es la coartada, los verdaderos objetivos son otros dos: dinero y poder, a costa de todos nosotros, los ciudadanos argentinos. El régimen promocional es un caso típico de corrupción “blanca”: nada en él (que yo sepa) es ilegal, pero todo en él es corrupto.

No siempre el diccionario de la Real Academia Española puede ser literalmente confiable, pero a veces sí: vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Esos miles de trabajadores son la base de maniobra para que una vasta red de intereses empresariales y políticos pueda robar legalmente (oxímoron) como lo está haciendo y, seguramente, lo seguirá haciendo por lo menos hasta el 2023.

Y esa red es una minoría de preferencias intensas de manual: nos roba a todos, pero poquito, qué le hace una mancha más al tigre fiscal, que corre con los subsidios, qué le hacen unos mangos más o menos a nuestros bolsillos a la hora de pagar productos absurdamente más caros.

Los que ganan son muy pocos, mientras tanto, pero ganan inmensamente: unos pocos empresarios, unos pocos políticos, a costa de todos. Hasta hace unos años, la patraña de que este tipo de promoción “industrial” favorecía no sólo el empleo sino también el desarrollo era creída por muchos. A fines de 2018, hay que estar muy distraído para concederle alguna verosimilitud.

Es falso que este régimen contribuya al desarrollo de la industria tecnológica, es falso que aporte a la sustitución de importaciones o a la reducción de la brecha externa, es increíblemente perverso desde el punto de vista tributario, ya que los beneficiarios no son subsidiados: ¡cobran los impuestos y se quedan con ellos! (para 2015 este regalo ascendía nada menos que al 0,5% del PIB).

La corrupción blanca de este régimen presenta inmensos costos de largo plazo, en un país dizque desesperado por encontrar su camino de desarrollo sustentable e integrado al mundo: los que se hacen más ricos y más poderosos, al obligarnos a bancar los sobreprecios, no solamente nos venden artículos de consumo durables (TV, tablets, heladeras, etc.) sino también equipamiento informático.

Pagar artificialmente caros insumos como bienes de capital es un contra-incentivo para el crecimiento y el empleo. Castigar la competitividad de un sector como el de producción de software es una irracionalidad mayúscula, pero es lo que venimos haciendo año tras año.

Este sistema se originó décadas atrás (ley 19640, de 1972), en los delirios geopolíticos de entonces, que justificaban cualquier cosa (en Brasil también, Manaos). Con el paso del tiempo se ha asentado la poderosa red que lo sostiene, con patentes vínculos políticos, empresariales y familiares que inspiran temor.

¿Tan poderosa es esta red, este lobby, que no podemos hacer nada para acabar con él? Tengo la convicción contraria. Desde luego, desde el punto de vista estrictamente legal, nada podrá hacerse hasta el año 2023, porque la ley que ampara estos privilegios cortesanos tiene vigencia hasta entonces.

Pero, ojo, el lobby ya está tomando la iniciativa, y afilando sus armas: la Gobernadora está impulsando la extensión del régimen ¡por otros cincuenta años! ¿Por qué no podemos tener, nosotros también, un pensamiento de largo plazo? Primero, es fundamental que el tema se instale en la agenda pública, donde todavía no está. No se trata de unos cuantos especialistas, periodistas, empresarios que murmuran, etc. Se trata de abrir un debate nacional. Se trata, digamos, de que un esfuerzo de argumentación y difusión consiga que esté vagamente al corriente de que el régimen es una típica avivada nacional contra todos nosotros, los giles, por lo menos la cuarta parte de la hinchada de Boca.

Es un decir, pero Neustadt fue capaz de dar vida a doña Rosa. Se trata, también, de ofrecer un puente de plata a Tierra del Fuego: un desmonte gradual y lo menos doloroso posible y una inducción productiva en el marco del régimen nacional de promoción de la industria del software, como lo ha propuesto el economista Federico Muñoz.

Se trata, por fin, de cortar el nudo gordiano político (nadie ignora que hay que hacer cuentitas en el Senado, en la Cámara, etc.) a través de acuerdos vinculantes de largo plazo. 2023 parece lejos, pero está a la vuelta de la esquina si, por caso, somos capaces de sustanciar acuerdos partidarios, empresariales y sindicales que expresen a la gran mayoría contra intereses minoritarios e indefendibles. No es cierto que ese lobby sea “poderosísimo”; o, mejor dicho, lo es pura y simplemente porque hasta ahora estamos guardando la actitud del campesino del cuento de Kafka ante la puerta de la ley.

Pero el régimen fueguino no es excepcional en nuestra geografía jurídica. Es apenas emblemático. Emblemático de un modo de organizar nuestra vida social y política en el que “la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas” tiene lugar en provecho propio, no del bien común - nuestra corrupción blanca, en otras palabras-. No hay delito en los empresarios que se especializan en la captura de rentas, en los políticos cuya maestría consiste en distribuir privilegios o administrar clientelas, en los jueces que se niegan a tributar excusados en sofismas inverosímiles, en los maestros y otros trabajadores públicos que son eficaces en la extorsión perjudicando atrozmente a padres, alumnos, usuarios de los transportes, en las organizaciones que se atribuyen el derecho a afectar derechos. Delito, no hay.

Vicente Palermo es politólogo e investigador del CONICET. Presidente del Club Político Argentino.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Advierten que las fuerzas armadas están “al borde del colapso”


(Clarin.com) - En la Conferencia sobre Defensa y Seguridad en el CARI: El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena y otros referentes de la defensa también coincidieron en afirmar que “el Estado lo poco que gasta lo gasta mal”.


Horacio Jaunarena , abogado y ex ministro de defensa. Foto Guillermo Rodriguez Adami

El ex ministro de Defensa radical Horacio Jaunarena, el ex secretario general del Ejército, general Ernesto Bossi, y otros referentes de temas de Defensa y Seguridad coincidieron hoy en que las fuerzas armadas se encuentran “al borde del colapso” por años de restricciones presupuestarias, entre otras razones.

Al exponer en una conferencia organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el ex ministro de Defensa de Raúl Alfonsín señaló que “el Estado lo poco que gasta lo gasta mal” en las necesidades de la Defensa y Seguridad. “Tenemos cuatro Fuerzas de Seguridad Federales, 24 policías provinciales, policías municipales que se suman al aquelarre, más el control que realiza la Aduana, la Agencia Federal de Inteligencia, la Unidad de Información Financiera, la A.F.I.P. y más de 150.000 agentes de seguridad privada”, agregó Jaunarena, quien enfrentó las rebeliones carapintadas durante el gobierno de Alfonsín.

“A todo ello debemos incluir a nuestras FF.AA. al borde del colapso por la desatención presupuestaria que viene de arrastre de más de una década, y la falta de ideas para colocarlas a la altura de dar respuesta a los desafíos de este tiempo, que no son aquellos a que se refieren nuestras leyes respectivas y que hoy respiran obsolescencia. Terminar con una burocracia excesiva y coordinar esfuerzos es una manera de sumar recursos que se pueden destinar a lo operativo”, aseguró Jaunarena, uno de los pocos expertos en Defensa que tiene Cambiemos.

Luego, señaló que “una de las principales amenazas que debemos como sociedad enfrentar es la expansión del narcotráfico. Sabemos que si no controlamos el territorio la lucha contra él será un fracaso”. “También sabemos que han fracasado en distintos países tanto los intentos de involucrar a las FF.AA. como los anteriores que precedieron a su intervención. Somos conscientes que hasta ahora no se ha dado con las respuestas adecuadas. Una política activa de prevención y contención del adicto puede contribuir a intentar un nuevo camino”, resaltó.

“Si el problema no es asumido buscando los amplios consensos que se deben dar en el Parlamento va a ser muy difícil enfrentar la crisis que sufrimos y darle continuidad a las políticas a través del tiempo. El problema de la seguridad no sólo es un problema del gobierno. Es un problema de todos los Argentinos, sobre todo de su clase política que es la que tiene que darle respuesta”, advirtió Jaunarena.

Por su parte, el ex secretario general del Ejército, general (RE) Ernesto Bossi, propuso reconocer que la “seguridad humana (Definición actual de la ONU) , incluye, entre otras, a la seguridad ciudadana y a la defensa nacional como una responsabilidad primaria e indelegable del Estado”.

Luego dijo que “yo debo dejar, como soldado, de cargar con todas las culpas a los políticos (en temas de Defensa)… no porque no tengan culpas … sino porque nosotros mismos confundimos la “inhibición de meternos en política”, con la prohibición de pensarnos profesionalmente como organizaciones fundacionales del Estado”.

“Debemos aceptar que, sin un consenso político amplio en el Parlamento, no le va a ser posible, a ningún gobierno, cumplir con los objetivos de la Seguridad de la Nación” advirtió el general Bossi.

Luego también hubo exposiciones del contralmirante (TR) Alejandro Uberti (quien fue jefe de gabinete de la secretaría de Fronteras y del comandante mayor (RE) Ricardo Spadaro, figura importante de la Gendarmería.

martes, 30 de octubre de 2018

Miguel Ángel Pichetto: "Hay que reconstruir las Fuerzas Armadas, la dictadura ya culminó" (II)

Resultado de imagen para Miguel Ángel Pichetto:(Infobae.com) - "El discurso políticamente correcto nos condena a la decadencia, a la Argentina de las villas", dijo el jefe de los senadores del PJ.

"La Argentina tiene una estructura militar totalmente vaciada y desarmada", diagnosticó Miguel Ángel Pichetto, quien exigió abrir un discusión para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

"La Argentina tiene que iniciar un debate serio y político de reconstrucción del diálogo y la relación con las Fuerzas Armadas", dijo el jefe de los senadores del PJ en la mesa de Animales Sueltos, el programa que conduce Alejandro Fantino en América. El rionegrino consideró que "tiene que volver una política de defensa nacional y de provisión de equipamiento" al entender que "son grandes los desafíos del país".

"La etapa de la dictadura ya culminó, y los responsables están presos", señaló Pichetto, quien pidió "mirar el presente y el futuro del país y reconstruir las Fuerzas Armadas". "Hay que salir del discurso políticamente correcto de la izquierda porteña. Eso nos condena a la decadencia, a la Argentina de las villas, 4.800 villas…", agregó. Y observó: "Para cualquier país en serio es importante la defensa, es un tema central, que hace a la existencia misma".

Además, el senador se mostró a favor del uso de las FFAA "en zona de frontera caliente acompañando a las fuerzas de seguridad con logística".

Minutos antes había señalado que con la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil apareció "un nuevo actor en la política latinoamericana que son las Fuerzas Armadas brasileñas". "Son distintas de las argentinas, no salieron tan mal del proceso militar de los 70", comentó.

"Me parece que hay definiciones apresuradas respecto al perfil de Bolsonaro —añadió luego—. Incluso en la campaña ha tenido más ductilidad y un uso inteligente del mecanismo de mensajes a mujeres y a sectores que se presumía que votarían en contra y lo hicieron a favor".

"Habría que dejarlo gobernar", insistió. "Bolsonaro mandó un mensaje ligado a temas muy sensibles de la sociedad brasileña, como la seguridad ciudadana", indicó Pichetto.

En otro tramo del programa, el legislador volvió a ofrecer su visión sobre la política migratoria argentina, días después de que detuvieran a varios extranjeros acusados de participar de los incidentes en las inmediaciones del Congreso el día en que se votaba el Presupuesto 2019. "La Argentina es uno de los países más idiotas del continente por el hecho de que no tiene controles de ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, no tiene intercambio de información", dijo.

En este marco, aseguró que "a los que delinquen y cumplen la condena, muchos fallos ordenan que se los remita a su lugar de origen" pero que a veces no se cumple porque hay "jueces sensibles" que les permiten permanecer en el país "porque tienen un hijo, un primo o una mujer".

Con los políticos incoherentes que abundan en la Argentina que se puede esperar. Aceptan cargos para los cuales no están preparados. "Todo sea para un conchabo y acomodar a los del partido" y a sus familiares". Y del país, "dicen bien gracias", y mirando para otro lado cuando extranjeros usurpan propiedades y toleran sus negocios "non santos" y aceptan que la Justicia no "sufra ningún descuento de sus sueldos como el resto de los asalariados del país", olvidando que la Constitución Nacional fija que debe existir la igualdad ante la ley. Ahora, todos están preocupados por la aparición de figuras como Bolsonaro...Pobre patria mia

lunes, 29 de octubre de 2018

Pichetto, recargado: "Hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen"

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(Perfil.com) - El senador peronista insistió en la necesidad de expulsar inmigrantes que cometan delitos. "No se puede ser el país más idiota del continente", disparó. El senador volvió a lanzar una frase polémica sobre los inmigrantes que cometen un delito.



En octubre del año pasado, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto lanzó una frase que despertó la polémica: aseguró que había que "reforzar las fronteras", dado que, según su óptica, "Argentina recibe muchos delincuentes". En aquel momento recibió duras críticas y se lo acusó de xenófobo.

 Esta semana, luego de que se produjeran detenciones a ciudadanos extranjeros durante las protestas frente al Congreso, desde el Gobierno se le pidió a la Justicia que se deporte a los implicados. Pichetto recogió el guante y en una entrevista con el diario Clarín señaló: "Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido". Asimismo, el ex jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, criticó a quienes se oponen a este tipo de medidas: "Nadie habla de actuar fuera de la ley. Pero acá hay muchos jueces que tienen el alma muy sensible y son parte también del problema", lanzó. 

Se necesita profundizar el intercambio de Inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina. Y al país que no te brinda información de sus ciudadanos, no lo tenés que dejar entrar", consideró Pichetto. En esa misma tónica, aseguró que apoyaría una iniciativa del Gobierno que vaya en esa dirección. 

Al ser consultado cuál sería su postura en el Congreso, respondió: "Yo lo he planteado muchas veces y presenté un proyecto que es más duro que el decreto (70/2017) que sacó el Gobierno". Cuando el periodista que lo entrevistaba le recordó que el decreto al que hace referencia fue declarado inconstitucional, Pichetto explicó su posición al respecto: "Ahora lo tiene la Corte, que debería resolverlo a favor del Estado y no con este esquema hipócrita de los Derechos Humanos, que dicen 'pobrecitos los inmigrantes'". 

No obstante, el senador marcó una diferenciación al señalar: "¡Sí, pobrecitos los que vienen a laburar, hermano! No los que vienen a delinquir". En tanto, añadió que el debate de fondo debe ser "estructural", por lo que se manifestó a favor de una revisión integral del sistema migratorio. En ese sentido, enfatizó: "Se debe crear el fuero migratorio y la Policía migratoria: tiene que haber especialistas en la materia. No podemos seguir siendo el país más idiota del continente. 

Además, se necesita profundizar el intercambio de Inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina. Y al país que no te brinda información de sus ciudadanos, no lo tenés que dejar entrar". Lejos de preocuparse por quienes lo tildan de ser el "Bolsonaro argentino", Pichetto justificó su posición: "Eso lo hacen para no dar el debate de fondo. 
Son los políticamente correctos de la Argentina, los buenos, los igualitarios". 

Además, aprovechó la ocasión para arrojar un dardo a sus ex aliados: "Lo que pasa es que hay estúpidos que además juegan para el Gobierno, como el kirchnerismo, que me pega por Izquierda, con Horacio Verbitsky y el CELS". Así el senador peronista se refirió a la visión cultural de la izquierda argentina como una de las "tragedias argentinas". (Fuente www.perfil.com).

viernes, 5 de octubre de 2018

Argentina, ¿país interdicto?


Por Juan Gabriel Tokatlian - Clarin.com

No se trata de una intención de las contrapartes, sino de la discapacidad interna para tomar decisiones.


Ministro de Defensa Oscar Aguad y el jefe del comando sur de los EE.UU. Kurt Tidd. Oscar Aguad Kurt Tidd jefe del Comando Sur de los EE.UU.

La interdicción es el estado al que se llega cuando un individuo ha sido declarado incompetente y se lo priva de la administración de su persona y bienes. Interdicción e incapacidad son equivalentes; un interdicto es quien carece de autonomía y requiere un tutor.

Extrapolando la figura jurídica de la interdicción, creo que se la puede aplicar a un país. En la política mundial, la interdicción se expresa mediante la condicionalidad. Estados, actores no gubernamentales e instancias multinacionales con grandes atributos de poder le fijan a una nación con menores atributos una serie de requisitos y recetas para asegurar su inclusión a un esquema global homogéneo en lo político y económico.

La condicionalidad sintetiza una regla de juego que se despliega a modo de interdicción en casos de países relevantes aunque díscolos o inmaduros. Es de advertir que en el país interdicto una parte importante de la elite avala la condicionalidad por ser funcional a sus intereses. Se trata de una condición relacional y no unilateral.

En 2018 la Argentina pareciera dispuesta a aceptar la interdicción. No se trata de una cuestión de intención -cualquiera fuese- de las contra-partes, sino de la discapacidad interna para adoptar decisiones propias para salvaguardar nuestro bienestar y la seguridad.

En el terreno económico, el Fondo Monetario Internacional, por un lado, y el capital financiero, por el otro, condicionan los márgenes de acción a tal punto que el Gobierno parece un sujeto heterónomo incapaz de salir de la acumulación de recurrentes problemas históricos y del vértigo potenciado de inflación, devaluación y recesión. El país se torna así más dependiente; lo cual, a su turno, perpetúa la mediocridad económica, la conflictividad social y la polarización política. Ni los argentinos nos unimos más ni somos menos pobres ni garantizamos un largo plazo de mejor calidad de vida con las medidas que se van adoptando.

En el terreno militar, la interdicción parece menos visible pero es creciente. La Argentina decidió, desde hace varios años, no debatir ni acordar sobre una política de defensa para este siglo. No hemos definido prioridades, ni regenerado el Presupuesto de Defensa ni dotado a las Fuerzas Armadas para los retos generados por la transición de poder mundial. Eso ha sido crecientemente disfuncional para los intereses nacionales. Ahora, el gobierno decidió que los militares se involucren en la lucha contra el narcotráfico. Esto se enmarca en lo que el Comando Sur impulsó desde hace tiempo: convertir a las fuerzas armadas de la región en “combatientes del crimen” (crime fighters).

Lo dejó en claro el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, al clausurar la VIII Conferencia Sudamericana de Defensa realizada en Buenos Aires: las llamadas “amenazas trans-regionales” han generado “desafíos de naturaleza simultánea civil, criminal y militar”; lo que obliga a ajustar los “marcos legales” para hacerles frente.

En el terreno de la corrupción hay varios indicadores de que Washington (el ejecutivo) y París (sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) están inquietos por los niveles alcanzados y la inacción al respecto. El informe de 2017 de la OCDE sobre la Convención para Combatir el Cohecho sobre la Argentina destacó que el país “permanece en serio incumplimiento de artículos claves”, al tiempo que reflejó la preocupación por la baja capacidad de la Argentina de aplicar leyes anti-corrupción debido a problemas de politización e independencia en la justicia.

Tres informes del Departamento de Estado son elocuentes. El de “Clima de Inversiones” de 2018 menciona que la corrupción es un “tema” en el país donde “pocas compañías han implementado medidas contra el soborno…salvo limitados códigos de ética”. El informe sobre “Lavado de Activos” de 2018 destaca que “el contrabando, incluido el narcotráfico, y la corrupción pública continúan siendo fuente de ingresos ilícitos”. El informe de “Derechos Humanos” de 2017 subraya que hay “corrupción en todos los niveles del gobierno”, que existen denuncias de que “miembros del ejecutivo, del legislativo y del judicial están envueltos en prácticas corruptas que permanecen impunes” y que la “corrupción en cortes federales y provinciales es frecuente”.

No debería sorprender entonces que el nuevo embajador estadounidense, Edward Prado, en su declaración ante el Senado que lo confirmó ubicase en primer lugar la meta de “mejorar el sistema judicial” argentino.

Ante esta condición de interdicto, es imperiosa una amplia deliberación pública y plural. De lo contrario, cualquiera sea el gobierno electo en 2019, heredará una capacidad de decisión muy exigua. Y las preguntas esenciales para tal debate debieran comenzar por lo que ha hecho, deshecho y malhecho la Argentina durante ya demasiado tiempo. ¿En qué momento y cómo dilapidamos autonomía? ¿Por qué y cómo nos hemos tornado más aquiescentes? 

viernes, 7 de septiembre de 2018

Brasil y Argentina: celebrar la independencia, afianzar la integración

Resultado de imagen para Brasil y Argentina: celebrar la independencia,Por Mario Montoto - Infobae.com
Se conmemora un nuevo aniversario del Grito de Ipiranga, aquella proclama de "¡Independencia o muerte!" que inmortalizó Pedro I al separar el reino de Brasil del de Portugal. Aunque mantenía las formas monárquicas, aquel Brasil se unía al concierto de naciones sudamericanas que se independizaban de sus metrópolis europeas.

Más allá de saludar a los hermanos brasileños en su día, este 7 de septiembre se convierte en una excelente pretexto para repasar y pensar en la integración entre nuestras dos naciones.

Hace apenas un par de semanas se oficializó el nombramiento de la científica argentina Elena Maceiras en la Secretaría la ABACC, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, cargo que comparte con su colega brasileño Marco Marzo. Es un hecho de gran trascendencia, no solo porque es la primera mujer que representa a nuestro país en la Secretaría de este ente binacional, sino también porque significa la continuación y el fortalecimiento de esta institución pionera y única a nivel mundial, creada a partir del acuerdo suscripto en julio de 1991 por los dos países para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear. En estos 27 años desde su creación, este modelo de integración consolidó a Sudamérica como una zona de paz y libre de armas nucleares.

Cabe recordar que hace solo algunas décadas la tranquilidad regional no era la regla. El enfrentamiento y la incomprensión, heredados de las viejas disputas coloniales entre españoles y portugueses, signaron la relación bilateral entre Argentina y Brasil desde los albores de la independencia. Si bien en 1895, con el denominado "Laudo Cleveland", los dos países lograron poner un punto final a sus diferendos fronterizos y los presidentes Julio Argentina Roca y Manuel Ferraz de Campos Salles iniciaron una nueva era de distensión y diálogo entre ambas naciones, la rivalidad y competencia en el ajedrez geopolítico regional fueron difíciles de desterrar. La idea integracionista del general Juan Domingo Perón y su intento por avanzar en un proyecto conjunto con el presidente y líder brasileño Getúlio Vargas se vieron frustrados por el suicidio de este último en 1954 y el golpe militar en Argentina en 1955.

Hubo que superar un largo período de inestabilidad política y económica y la triste sombra del autoritarismo en los años 60 y 70 para que, con el regreso de la democracia, se pudiera dar impulso a un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. No obstante, los argentinos recordamos con agradecimiento la solidaridad activa y el compromiso de Brasil durante el Conflicto del Atlántico Sur.

Pero fue la firma por parte de los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney de la Declaración de Iguazú, el 30 de noviembre de 1985, la que sentó las bases para el proyecto más ambicioso de integración regional en estas latitudes: el Mercado Común del Sur (Mercosur).

A partir de ese entonces, se registró un notable incremento del volumen del intercambio bilateral, que pasó de 2.963 millones de dólares en 1991 a 39.515 millones de dólares en 2011. En los últimos seis años, debido a la crisis en el vecino país y a la difícil coyuntura económica argentina, se produjo una retracción y el volumen total del intercambio comercial fue de 27.055 millones de dólares en 2017, aunque con perspectivas de crecimiento en el presente año. En este sentido, la reciente implementación del Certificado de Origen Digital (COD) para las exportaciones e importaciones de los dos países es una noticia muy positiva en el proceso de desburocratización y simplificación de la operatoria comercial. Si bien se ha avanzado en este último cuarto de siglo de manera significativa a nivel comercial, quedan un sinnúmero de aspectos todavía por implementar en el proceso de integración.

Ahora bien, en otras áreas claves no se ha logrado aún el nivel de cooperación óptimo que nos permitiría enfrentar en forma conjunta las actuales amenazas y los desafíos propios del siglo XXI. Un tema clave es el intercambio de información y el diseño de una estrategia conjunta para prevenir y combatir la criminalidad organizada, con sus ramificaciones en el tráfico de drogas, armas y personas, que aprovecha la porosidad de nuestras fronteras y se vale del poder de mafias transnacionales. No podemos perder de vista que Brasil y Argentina tienen una frontera común de 1.261 kilómetros, que nos reclama respuestas conjuntas y políticas comunes. Somos además, según los últimos informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los dos principales mercados consumidores de cocaína de América del Sur, al tiempo que nuestros mayores complejos portuarios y terminales aeroportuarias se encuentran en el cruce de las principales rutas de tránsito de la droga hacia Europa. Un claro indicio de la presencia de estas redes globales del narcotráfico son las cifras récord de incautación de cocaína y marihuana en 2017: la Policía Federal de Brasil secuestró el último año 357 toneladas, en tanto que las fuerzas federales y provinciales de seguridad argentinas totalizaron incautaciones por 142 toneladas.

Otra preocupación común es el contrabando de armas a través de la Triple Frontera, que alimenta la violencia y el delito en los grandes centros urbanos brasileños y argentinos. En ese sentido, tal como advirtió en 2014 un estudio de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dirigida por el exmandatario costarricense y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, desde Paraguay existe un flujo ilegal de armamentos modernos de alto calibre con destino al mercado negro de Brasil y en la Argentina, donde hay una sostenida demanda. La ONG brasileña Viva Río también ha venido alertando sobre el tráfico ilícito de armas argentinas hacia Brasil, trianguladas a través de Paraguay. Este complejo panorama narcocriminal es un serio llamado de atención a las autoridades para encarar en forma conjunta programas de trazabilidad de las armas, así como controles y monitoreos de una frontera muy permeable, donde las bandas criminales operan a sus anchas, desbordando en algunos casos los controles y, en otros, logrando complicidad de algunos "desleales" agentes del Estado.

Tal como señaló el general Sérgio Etchegoyen, actual ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de Brasil, en una entrevista concedida a la revista DEF, su país está expandiendo el Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (SISFRON), un instrumento de apoyo en el combate contra el crimen organizado, y ha invitado a la Argentina a conocerlo "con miras a analizar soluciones tecnológicas capaces de integrar esfuerzos desarrollados por ambos gobiernos para la protección de nuestras fronteras". El general Etchegoyen destacó, además, la conformación de la Comisión Mixta Brasil-Argentina sobre Drogas y Delitos Conexos, con el objetivo de realizar esfuerzos conjuntos en el control de la oferta de precursores químicos, la reducción de la demanda de drogas y el combate de delitos conexos como el tráfico de armas y el lavado de dinero. "El trabajo se realiza a través del intercambio de información en tiempo real, para que los gobiernos puedan actuar más rápido que las organizaciones criminales", puntualizó.

En nuestro país, al presentar el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas y la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, el ministro del área, Oscar Aguad, aludió a "las nuevas amenazas, que no necesariamente provienen de un Estado nacional, sino del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo". El funcionario también se refirió a la protección del ciberespacio y confirmó la compra de "un equipamiento muy moderno para la ciberdefensa: un sistema de inteligencia artificial y un sistema de software para impedir y repeler ataques a nuestra infraestructura vital y a nuestras redes". El sistema estará operando durante la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha enfocado su gestión en el combate del delito complejo y para ello, desde el punto de vista operativo y con un enfoque federal, se han inaugurado Centros de Inteligencia Criminal Regionales en el NOA, el NEA, Cuyo, la Región Centro, Buenos Aires, Patagonia Norte y Patagonia Sur.

En este contexto de los nuevos desafíos a la soberanía nacional, el trabajo conjunto y la cooperación entre Argentina y Brasil puede instrumentarse en áreas muy concretas. Una de ellas es la protección de los recursos naturales, a partir del énfasis que ha tomado la hipótesis de conflicto conocida como "guerra por los recursos" prevista en las nuevas doctrinas militares de ambos países. En este marco se inscriben las iniciativas para la conservación de la biodiversidad de la Amazonia, la salvaguardia de los recursos hidrocarburíferos del pre-sal en la plataforma continental brasileña, así como en el caso argentino su enorme mar continental, los recursos no convencionales de gas y petróleo de la formación Vaca Muerta –de 30.000 km2– en la Cuenca Neuquina, y la enorme reserva de agua dulce constituida por el Acuífero Guaraní, que se extiende a lo largo de 840.000 km2 en territorio brasileño y 225.000 km2 en Argentina, además de Paraguay y Uruguay. La protección de estas enormes riquezas naturales requieren de unas Fuerzas Armadas dotadas de los medios y de las capacidades de disuasión y actuación adecuadas, con un alto grado de coordinación e intercambio de información e inteligencia, llevado a cabo por los agentes estatales de ambos países.

A comienzos de la década pasada, Brasil impulsó, en el ámbito de sus Fuerzas Armadas, un ambicioso Sistema de Protección y Vigilancia de la Amazonia (SIPAM/SIVAM); en tanto que Argentina puso en marcha en 2011 el Operativo Escudo Norte (2011-2016), transformado por el actual Gobierno en el Operativo Fronteras, que incluye la radarización de la Frontera Norte y el incremento de la vigilancia y control de la frontera fluvial y de la Hidrovía Paraguay-Paraná, así como el monitoreo del espacio aéreo y el establecimiento de nuevas reglas de control aeroespacial. Un actor llamado a jugar un rol central en estos programas es la empresa argentina de alta tecnología INVAP, históricamente vinculada a la industria nuclear y que en los últimos años ha ampliado su campo de especialización al desarrollo de radares primarios y secundarios para la vigilancia y el control del espacio aéreo, así como al diseño y construcción de satélites tanto de baja órbita como geoestacionarios.

En la industria de la defensa, lamentablemente, nuestros dos países todavía no han conseguido avanzar en una estrategia común para la integración y complementación de sus sistemas. Hubo intentos en ese sentido, como por ejemplo, el desarrollo del Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable "Gaucho", un proyecto anunciado en 2005 que no tuvo el éxito esperado. Esta sigue siendo una asignatura pendiente si pretendemos integrar nuestros sistemas de defensa y encarar proyectos a largo plazo y con la economía de escala para competir en el exterior.

Otro caso ilustrativo es el del submarino brasileño de propulsión nuclear (SN-BR), un proyecto de gran valor estratégico para la Marina de Brasil. Como ya señalamos, existen numerosos antecedentes de cooperación entre Argentina y Brasil en el ámbito de la energía nuclear, el último de los cuales ha sido la contratación de INVAP para el desarrollo de la ingeniería del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB), destinado a aplicaciones de medicina nuclear y gemelo del argentino RA-10. Sería un acierto incorporar a nuestro país, y concretamente a una empresa de innegable experiencia y reconocimiento internacional como INVAP, en la iniciativa del SN-BR, en la óptica de una política de defensa común. La excelencia de nuestros científicos es también un instrumento de política internacional e integración.

Por último, cabe destacar la amenaza que representa la incursión en el ciberespacio de actores estatales y no estatales decididos a afectar infraestructuras críticas y a vulnerar los sistemas de defensa y seguridad. En ese sentido, la ciberdefensa ha venido adquiriendo cada vez más importancia en el diseño de una efectiva política de defensa acorde a los tiempos que corren. Creado en 2012, el Centro de Defensa Cibernética brasileño (CDCiber) cuenta con la experiencia de haber gestionado grandes eventos de los que el país vecino fue anfitrión en los últimos años: la Cumbre Río+20 (Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible) en 2012; la Jornada Mundial de la Juventud y la Copa de las Confederaciones en 2013; el Mundial de Fútbol 2014; y los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Este expertise podría ser de gran utilidad de cara a las Olimpiadas Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre y la Cumbre del G-20 de la que Argentina será anfitriona en noviembre próximo.

En resumen, es innegable que en estas últimas tres décadas se han dado importantes avances en la integración con nuestra querida y hermana República del Brasil. Pero, tal como se enumeró párrafos arriba, nuestros países tienen aún mucho más que decir y hacer en muchos aspectos. Será responsabilidad de los dirigentes de ambas naciones profundizar la agenda que nos traiga más integración en el comercio, en la energía nuclear, la defensa en general, la seguridad, la cultura y el bienestar común. Todo esto redundará en que nuestros pueblos tengan una mayor calidad de vida y un lugar preponderante en el mundo actual.

Celebramos la independencia del Brasil, pensando en un futuro y un destino común.

Viejas y nuevas amenazas al Estado-Nación

Por Martín Balza - Infobae.com
En su afán por buscar la paz, el hombre ha encontrado en los usos y costumbres, en las normas jurídicas y en las instituciones la forma de limitar las manifestaciones de violencia. Por eso tal vez es que Thomas Jefferson dijo que "La ejecución de las leyes es más importante que su elaboración". Cuando la capacidad de éstas para pacificar no es suficiente, es el Estado—según Max Weber—quien "reivindica el monopolio legítimo de la violencia"; para no sacar de contexto esta afirmación, recordemos que el orden jurídico argentino determina en qué condiciones puede recurrirse legítimamente a la fuerza, sin caer en arbitrariedades ni ilegalidad.

En nuestro país, se impone redefinir con más claridad los conceptos de Defensa Nacional, Seguridad Nacional y las amenazas al Estado-Nación, evitando un uso impreciso y por ello impropio del alcance de esos conceptos.

Se entiende por Defensa Nacional (Ley 23554/1988) a "la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que requieren el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones (amenazas) de origen externo". Su finalidad es "garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación y su integridad territorial". 

Recordemos que la Soberanía, el Territorio y la Población, son los tres elementos que componen el Estado. Implícitamente la ley impone asegurar los objetivos estratégicos—o escenarios—vitales a proteger mediante un Sistema Integral de Defensa Nacional, del que carecemos desde mediados del siglo veinte, y afecta el "derecho inmanente de legítima defensa" (Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas).

Las amenazas no son nuevas, entre otras: los contingentemente ansiados vacíos geopolíticos, las apetencias territoriales, la explotación de los recursos del mar y los recursos naturales. Los escenarios no son otros que las "Galias Patagónicas"; el Mare Nostrum con la Plataforma Continental del Atlántico Sur; y el Acuífero Guaraní, todos joyas de materias primas actualmente indefensas, como consecuencia de la desatención y desinversión—salvo excepciones—del Instrumento Militar en las últimas décadas.

La razón de ser de las Fuerzas Armadas no responde a la eventualidad de un conflicto determinado; su existencia radica en tanto y en cuanto existe el Estado, y la fuerza sigue constituyendo un elemento básico en las relaciones internacionales, para influir sobre los Estados más débiles y vulnerables, o para disuadir del uso de la violencia a los más fuertes. En síntesis para poder decir sí o no en una negociación.

La Seguridad Interior (Ley 24059/1991) tiene por finalidad "asegurar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías…", pues no somos ajenos a todo tipo de delitos, particularmente a las nuevas calamidades que afligen al mundo, entre otras: el terrorismo internacional, las mafias organizadas, las agresiones al medio ambiente, las migraciones masivas y descontroladas , y los delitos transnacionales ligados al tráfico de drogas ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, el lavado de activos y a la corrupción. Para ello, contamos con el Sistema de Seguridad Interior, compuesto por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Policías Provinciales.

En el empleo escalonado de la fuerza, la citada ley en su artículo 27 contempla el apoyo logístico del Instrumento Militar a las Fuerzas de Seguridad, que consiste en elementos de los Servicios de Arsenales, Transporte, Intendencia, Sanidad, Veterinaria y Construcciones, también en elementos de Ingenieros y Comunicaciones. Además, en sus artículos 31 y 32, autoriza al Presidente de la Nación a disponer—con carácter de excepción—de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento de la Seguridad Interior, condicionando su empleo a que las otras fuerzas sean sobrepasadas, se declare el Estado de Sitio y se convoque el Concejo de Seguridad Nacional (Comité de Crisis). Aprecio que, en todos los casos, se debe establecer claramente "la cadena de comando y las reglas de empeñamiento".

Todas nuestras fuerzas tienen claras misiones para sus accionar, como también distinta estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento, material y armamento. Son altamente eficientes, se caracterizan por su sano espíritu de cuerpo y vocación de servicio. Emplearlas prematuramente en funciones diferentes a su razón de ser sería inconducente, innecesario, desmoralizador, afectaría su profesionalidad, y no contribuiría a controlar las amenazas sobre nuestro país. A pesar de haber transcurrido más de dos mil años, sigue manteniendo vigencia lo expresado por Apeles: "Zapatero a tus zapatos".

*Ex Jefe del Ejército Argentino, Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica.

viernes, 31 de agosto de 2018

¿Puede Macri manejar la verdad?

Editorial del diario Ambito Financiero
Mauricio Macri, Jack Nicholson, Nicolás Dujovne y Marcos Peña.
Mauricio Macri, Jack Nicholson, Nicolás Dujovne y Marcos Peña.

Jack Nicholson dejó una frase histórica en "Algunos hombres buenos" ("Cuestión de honor" en la Argentina), una de sus mejores películas. Su personaje era un muy duro coronel del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos llamado Nathan R. Jessep, responsable de la base de Guantánamo y acusado de haber permitido un castigo extraoficial a un subordinado que le provocó la muerte. El militar es llevado a juicio marcial y, en un monólogo final, se defiende sosteniendo que por el puesto que maneja y por las responsabilidades militares que debe sostener, es imposible que la sociedad conozca toda la realidad. Y que mantener esos secretos es necesario para dejar limpios a sus superiores porque, a veces, "no se puede manejar la verdad". El mensaje era claro. No siempre se debe conocer la verdad porque, a veces, ésta es inmanejable. Y sus consecuencias, imparables. El problema para el personaje de Nicholson fue que la verdad se conoció, lo que desató una crisis final. 

El Gobierno vivió en los últimos días, incluyendo ayer, en un dilema similar al del coronel Jessep. Como el militar, decretó el Ejecutivo que el país no debe conocer la verdad de la crisis económica, porque no sería capaz de manejarla en toda su dimensión. En consecuencia, se decidió que bastaban para llevar tranquilidad a los operadores financieros algunas frases brumosas y plagadas de términos de campaña acuñados en el mejor estilo duranbarbista. El jefe de Estado se tomó el miércoles un minuto treinta segundos en explicarle a la población que entendía las preocupaciones, y que la solución a la falta de credibilidad llegaría con un nuevo acuerdo con el FMI que adelantaría los dólares del 2020 al 2019. Poco tardaron los operadores en conocer la verdad. El Fondo había sido contactado un día antes, y el dinero llegaría pero luego de un exhaustivo examen del board del organismo y con nuevas exigencias de un menor déficit fiscal del comprometido para el 2019 de 1,3% del PBI. En otras palabras, Macri se guardó parte de la verdad. El acuerdo eran negociaciones abiertas y con nuevos, y seguramente más rigurosos, contenidos de ajuste fiscal. Las consecuencias fueron duras. Una devaluación del 7,5%, un dólar a $34,48 y un riesgo país a 728 puntos. 

Ayer fue el turno de Marcos Peña. El jefe de Gabinete, un hombre honesto y aparentemente experto en campañas políticas, se puso al hombro las explicaciones oficiales y lanzó una máxima temeraria que seguramente lo perseguirá por años: "no estamos frente a un fracaso económico". Descartó además cambios en el Gabinete y no adelantó medidas, ideas o propuestas para enfrentar la jornada que comenzaba. Sólo ratificó el rumbo haciendo un rápido vuelo por las cuestiones que llevaron a la actual situación económica y financiera. Otra vez, la suposición fue que no es necesario que se conozca toda la verdad; porque, de hacerlo, las consecuencias serían peores. La respuesta de los mercados fue lapidaria. El dólar trepó 15,63%; llegó a los 39,87 pesos (luego de coquetear con los $42) con un riesgo país que se mantuvo en 776 puntos básicos. 

Cualquier Gobierno sensato y profesional llegaría entonces a una conclusión: ha llegado el momento de la verdad. Y de demostrar condiciones para manejarla. Y esa verdad parte de una realidad ya difícil de ocultar: el problema del Gobierno de Mauricio Macri es hoy político, no económico. Y, en consecuencia, imposible de solucionar con medidas económicas, fiscales y financieras, por más acertadas que están pudieran estar. De hecho, la propuesta de acelerar 12 meses los desembolsos del FMI no es una decisión desacertada, incluyendo las nuevas imposiciones de ajustes que haga el organismo. El problema es que ninguna decisión genera ya un mínimo de confianza en que el programa de Macri pueda sobrevivir; en principio, porque ya no sólo se duda de la idoneidad de las medidas y sus creadores, sino de la capacidad política de ejecutarlas. Esta verdad, otra más, no sólo fue reflejada públicamente por los principales economistas y analistas del país; además de, obviamente, la oposición. La agencia Bloomberg publicó un informe al mundo donde sin eufemismos decía que "los mercados perdieron la confianza en Macri". Y, como se sabe, sin confianza fracasa el mejor plan económico. 

La verdad que debe manejar de manera urgente Macri es simple: debe realizar un movimiento político fuerte dentro de su Gabinete, si quiere que los mercados y la sociedad vuelvan a creer en que lo que viene es mejor que lo que se está viviendo. Y que los malos momentos actuales y futuros se justifican porque lo que vendrá será superador. El Presidente debe manejar la verdad, y actuar en consecuencia, aunque probablemente deba perder a varios de sus hombres de confianza, incluyendo alguno en los que puso mucho de su esperanza de cambio y éxito en su gestión. Estos cambios eran pedidos casi a gritos por los operadores. El Presidente parecería no aceptar esas presiones, y considerar que sería una pérdida de autoridad en momentos complicados. Algunos colaboradores incluso explicaban en off que la razón verdadera de no aceptar esta verdad, era la convicción que si pierde a los alfiles cuestionados "después vendrán por mí". Por el contrario, avaló a Marcos Peña a hablar ayer y al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne a preparar un nuevo y superador paquete de medidas que presentará el lunes en sociedad en Washington; y del que el personalmente haría algunos avances este fin de semana. Y que con esto, ahora sí, cambiará la mala onda con que todos sus movimientos son recibidos por los ingratos mercados. 

Mientras tanto, desde otros ministerios y reparticiones la agenda económica parece tener vida paralela. El Banco Central elevó la tasa de interés a un demoledor 60% anual, hasta diciembre. El ministerio de Energía elabora el porcentaje final de incremento tarifario, tomando la nueva realidad devaluadora como referente. Las petroleras, comenzando por la estatal YPF, espera el guiño final para un nuevo incremento en las naftas que podría comenzar a aplicar, ya, este mismo fin de semana. En consecuencia, medidas inflacionarias y recesivas, que harán la vida del ciudadano más difícil. Lo contrario de lo que Peña y Dujovne prometieron. 

Alguna pista de la situación la reconoció amargamente el antecesor de Dujovne, Alfonso Prat Gay. El miércoles por la noche, en una entrevista mano a mano ante Alejando Fantino, describió parte de su paso por el Palacio de Hacienda como "un quilombo". Se refería a que mientras él tenía la orden presidencial de hacer un ajuste y bajar la inflación; en otro ministerio se decidía dar vía libre a una suba de tarifas de más del 80%, en otro se liberaban los precios de los combustibles y desde el Banco Central se le imponían metas inflacionarias restrictivas. La situación continúa casi inalterable hasta hoy. Y es ya otra verdad que debe manejar el Presidente: la atomización de la administración de la economía fracasó. Se reclama ahora de manera urgente un hombre fuerte que se haga cargo de un plan creíble y que le permita a los actores económicos pensar con optimismo hoy perdido. Para un Presidente que considera inviable la idea de empoderar a un funcionario por debajo de él, manejar esta nueva realidad debe ser duro. Muy duro. Pero, otra vez, inevitable. 

Mauricio Macri se imaginaba a esta altura en otra situación. Estaba convencido que a dos años y medio de gestión, su económico estaría cubierto de momentos gratos con anuncios de aperturas de mercados, de acuerdos comerciales con la Unión Europea, de inauguraciones de plantas industriales de alto valor agregado y de una inflación de un dígito. También se imaginaba presentando la catarata de datos económicos positivos que la economía aportaría, incluyendo bajas de la pobreza y el desempleo y alzas sostenibles en el salario y el consumo. El déficit comercial debiera estar a punto de equilibrio y, el fiscal, manejado. Dejaría a su atomizado Gabinete disfrutar de algún momento de visibilidad; pero, al final del día, sería él quién se llevara el rédito. No pudo ser. El último escenario que imaginó es administrar una crisis de las dimensiones épicas que se desató en abril y que esta semana llegó a una situación terminal. Esta es una de las verdades más graves que debe manejar. No es la peor. La más dura será que mientras no cambie su suerte económica, es muy probable que sus números macroeconómicos finales terminen siendo peores a la mayoría de los que heredó de Cristina Kirchner. Internamente, este es el peor fantasma del Presidente. 

Algunos de sus aliados no lo ayudan. Y caen en la tentación de siempre para estos casos. Pensar que las corridas cambiarias son fruto de los golpistas de turno que no están dispuestos a aceptar los cambios venturosos que se vienen. El miércoles Elisa Carrió decidió lanzar una catarata vía Twitter con su particular estilo denunciante, identificando los aparentes golpistas dentro del mercado financiero local y extranjero. Habrá que avisarle rápidamente a la diputada que muchos de los bancos apuntados tuvieron entre sus filas hasta hace sólo meses a varios de los funcionarios que hoy están combatiendo el alza del dólar.
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