Harán "subastas inmediatas" con los bienes expropiados de la corrupción

Por Maia Jastreblansky - La Nación

El yate de Ricardo Jaime es un emblema de la extinción de dominio Fuente: Archivo

Es parte del plan del Gobierno para la extinción de dominio; busca evitar el deterioro de los activos y evitar pagar el costo de almacenamiento; habrá un "fondo de garantía" para el caso de que sus propietarios sean sobreseídos 

Decidido a avanzar con la extinción de dominio-haya o no una ley y hasta tanto el DNU mantenga vigencia, en el Gobierno estudian cómo avanzar con la expropiación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico. En las reuniones de los últimos días se impuso la idea de la "subasta inmediata" de los activos que ingresen al Estado, para evitar gastos operativos y poder reinvertir los fondos.

El Poder Ejecutivo le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio. Se espera que en las próximas horas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo. Puede hacerlo en cualquier momento, porque la comisión es permanente. Mientras, en Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.

El DNU de extinción de dominio que emitió el Poder Ejecutivo determinó que, una vez que un juez civil lo ordene, "la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados" a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La norma también menciona la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una "venta anticipada" de los activos.

Quienes trabajan en la letra chica del decreto reglamentario, para aplicar lo antes posible el DNU, quieren introducir el concepto de "subasta inmediata" de los bienes para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por los depósitos, la custodia y los seguros que implicaría la custodia de los activos. La AABE advirtió en los últimos días en la Casa Rosada que no tiene la estructura ni el aparato burocrático necesario para hacer frente a esas erogaciones.

Los vehículos de Lázaro Báez, son parte de los bienes disponibles

"Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina", señaló el titular de la AABE, Ramón Lanús, a LA NACION. El funcionario se reunió el lunes con Mauricio Macri y el martes con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , para estudiar los pasos a seguir.

Consultado sobre cómo retribuirían los bienes a sus dueños originales, en caso de que sean sobreseídos en la causa penal, desde la AABE señalaron que estudian la creación de un "fondo de garantía" que resguarde un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.

Actualmente en el Gobierno estudian los modelos de Colombia, México e Italia, que se hizo de los activos del Mani Pulite. El concepto de "subasta inmediata" proviene del ejemplo colombiano. Por caso, los vehículos expropiados, que se arrumban en depósitos de las fuerzas de seguridad, podrían depreciarse si esperan una sentencia firme de una causa penal para volver a ser utilizados.

Mientras el Gobierno afina el lápiz para redactar un decreto reglamentario de la extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, estudia las causas de corrupción contra el kirchnerismo en las que interviene, donde hay bienes cautelados, para dar el primer paso cuando termine la feria judicial.

"Es importante una subasta que no demore más de 30 o 60 días. Y que el dinero tenga un destino útil para el Estado, como una obra pública o un fin social", confirmó Alonso a LA NACION.

Aún resta que la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, cree la Procuraduría de Extinción de Dominio. El Ministerio de Justicia ya elevó el pedido al Ministerio Público Fiscal, para que acelere los trámites cuando termine la feria judicial.

Antecedentes

Hasta ahora, los bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico quedaban bajo la cautela de la Corte Suprema. Solo en casos puntuales, la Justicia los destinó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad.

La AABE no tiene demasiados antecedentes con bienes incautados en causas penales. Los recibió en dos oportunidades. La primera, en una causa por narcotráfico de una banda que operaba en la Triple Frontera. La UIF le entregó a la agencia una estancia, un hotel alojamiento y una whiskería ubicados en la provincia de Corrientes. También le encontraron a la misma banda una "escuela narco" en Misiones, que fue transferida al obispado de esa provincia.

El segundo caso tiene que ver con la corrupción kirchnerista. El juez federal Julián Ercolini le entregó a la AABE la guarda judicial sobre 46 vehículos de los procesados en la causa de vialidad, entre ellos, un Honda CVR de Cristina Kirchner y autos de Julio De Vido y Lázaro Báez. Pero una acordada de la Corte Suprema frenó el pase al Poder Ejecutivo, y los bienes quedaron en un limbo. En el Gobierno esperan que la aplicación del DNU destrabe esa situación.

Hay más de $200 mil millones embargados en causas de la corrupción y casi USD 600 millones en casos de narcotráfico

Por Patricia Blanco - Infobae.com

El número surge solo de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante, por lo que la cifra final podría ser mucho más alta. 

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Estado podría recuperar hasta $300 mil millones. El nuevo decreto de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri permitirá utilizar los bienes que provienen del delito.

Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos de distintas causas penales.

El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

La funcionaria nacional, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.

Los bienes embargados en casos de corrupción

Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.

Uno de los aviones de Lázaro Báez

Allí aparecen dos aviones del empresario Lázaro Báez que hoy manejan Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad de la Nación y las maquinarias incautadas en la causa de la Ruta del Dinero que quedaron en manos de Vialidad Nacional. La Justicia secuestró 1.355 bienes de Lázaro Báez por un valor de 188 millones de dólares, entre los cuales aparecen 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y parcelas, y 937 rodados, aviones y maquinarias. Pero además a Lázaro se le secuestraron libros incunables, que fueron entregados a la Biblioteca Nacional, como un ejemplar de "La Razón de Vida", firmado por su autora, Eva Perón; "Viaje a la Patagonia Austral", con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno o libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges. También había un ejemplar de "Mi lucha", del nazi y genocida alemán Adolf Hitler, según relató Infobae en octubre pasado.

Otro ejemplo de bienes que ya están en poder del Estado es el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que se convirtió en una "embarcación recuperada de la corrupción" de Prefectura Naval. Jaime espera juicio oral por enriquecimiento ilícito, aunque ya está condenado por la tragedia de Once, entregar dádivas y haber intentado destruir pruebas durante un procedimiento judicial.

En la lista de bienes embargados, a disposición del Estado, aparecen más de de medio centenar de vehículos de ex funcionarios que pasaron a control estatal, entre ellos uno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina está procesada por cuatro causas de corrupción (Vialidad, Hotesur, Los Sauces y cuadernos), además de los dos expedientes más políticos: dólar futuro y Memorándum con Irán.

El yate de Ricardo Jaime

A raíz de la causa de la obra pública, que el próximo 26 de febrero será llevada a juicio oral, con Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez en el banquillo, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares de resarcimiento por los "daños y perjuicios" generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

En el caso Hotesur, a Florencia Kirchner le secuestraron en julio de 2016 USD 4,6 millones en una de las 2 cajas de seguridad que intervino en el Banco Galicia y otro millón de dólares en una caja de ahorro. Hasta la Corte Suprema le dijo en 2017 que ya no podía reclamar la devolución de ese dinero.

En tanto, sólo en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio había dictado embargos por 4 mil millones de pesos a cada uno de los involucrados, desde la ex presidenta hasta el chofer Oscar Centeno pasando por todos los empresarios. La Cámara Federal, sin embargo, corrigió esos números A Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido de 1.095.000, pero a los empresarios se les impuso un monto mayor, de acuerdo a la cantidad de hechos por los que están investigados.

Un decomiso, casi 30 años después

Pero la Justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo. En setiembre pasado, la Justicia llevó adelante el decomiso del predio de Tandanor valuado en 40 millones de dólares, aunque su valor inmobiliario supera los 500 millones. Fue después de condenar a ex funcionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir, entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años.

Bajo la órbita del Ministerio de Justicia funciona el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en donde se centralizar la información de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Sin embargo, los voceros oficiales señalan que las listas no están actualizadas porque muchas veces los jueces no les reportan de lo incautado en sus respectivas causas para tener los datos al día.

Desde Tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad estatal (puede ser judicial o no) quita la propiedad sobre un bien que se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial.

Los allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explican que "la lista de causas en las que se podría aplicar, y que se tramitan en la Justicia Federal, incluye delitos como corrupción; contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas; amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales; corrupción de menores; proxenetismo; distribución de pornografía infantil; trata de personas y el secuestro extorsivo". Y aclaran que también será posible recuperar bienes de funcionarios que defraudaron la Administración Pública por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

La iniciativa señala que "durante el desarrollo de la causa judicial, los bienes embargados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".

Sobre el cierre del año judicial, uno de los expedientes que se tramitan en la Corte Suprema registró un vuelco sorpresivo.

Según la nota periodística de Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación, la Unión de Consumidores de Argentina desistió de su reclamo judicial para que se declare la nulidad del contrato de explotación del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta 2047, en favor de Pan American Energy (PAE).

El inesperado giro de la entidad de consumidores llegó tras cuatro años de batallar en tribunales con PAE, pero también con el Estado nacional -en particular, el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido -, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut. Pero tras argumentar que la concesión y su prórroga atentaban contra el interés público y los derechos de los argentinos, ahora sostuvo que cambiaron "las condiciones" y se bajó de la pelea judicial. El desistimiento llegó sin que mediara en el expediente ninguna novedad que complicara sus posibilidades. 

¿Por qué tanto ruido rodea a Cerro Dragón? En abril de 2007, el gobierno de Chubut firmó un contrato con PAE -integrada por Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y British Petroleum-, y le otorgó una prórroga para explotarlo hasta 2027, con compromisos para llevarlo hasta 2047. Ese acuerdo original de 2007 acumuló denuncias en la Argentina, lo que derivó en una investigación que quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral , y en Estados Unidos, donde British Petroleum, denunció ante la Comisión de Valores (SEC) el presunto pago de sobornos al negociar y

firmar ese contrato.

"La autodenuncia de British Petroleum ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable", afirmó el entonces presidente de la Unión de Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien reclamó la creación de una comisión investigadora. PAE siempre sostuvo que se trató de algo muy distinto. Por eso, afirmó que la ofensiva de la Unión de Consumidores y otros denunciantes respondía a intereses ocultos -entre ellos, el empresario kirchnerista Cristóbal López -, deseosos de sacar alguna tajada

multimillonaria del yacimiento Cerro Dragón. En Washington, la denuncia de British Petroleum llevó a la SEC a iniciar una  investigación junto al Departamento de Justicia, en la que declararon Manzano y ejecutivos de PAE. Pero con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones, aunque no de modo definitivo, según indicaron fuentes estadounidenses consultadas por LA NACION.

Bullrich confirmó el proyecto de la expulsión express de extranjeros que delinquen

(Perfil.com) - En diálogo con Radio Mitre, la ministra detalló que, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por migrantes.

El Gobierno busca acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el Gobierno intentará establecer una ley que permita la rápida expulsión de aquellos que cometan delitos cuyo objetivo "es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves. FOTO: NA

"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación

(Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió la funcionaria en diálogo con Radio Mitre. La ministra

detalló que, en en tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llegando al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas

o procesadas.

"Se ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al parlamento de la Nación", sostuvo. "Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", agregó.

Bullrich destacó también que desde su Ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente. "En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.

Cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica aparecen en la nueva ruta del dinero K

Por Daniel Santoro - Clarin.com

El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

El financista Ernesto Clarens, en los tribunales de Comodoro Py. Foto Maxi Failla

En la nueva ruta del dinero K descubierta en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, aparecen algunas de las mismas financieras, cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica investigadas en los casos de Skanska, Ciccone y Cerro Dragón, entre otros.

En el pedido del fiscal Gerardo Pollicita al juez Ercolini para indagar al financista Ernesto Clarens y a los hermanos Gotti, entre otros imputados, se detectaron maniobras de lavado de dinero por U$S 160 millones. En el juicio contra Báez por la ruta del dinero K a través de “La Rosadita” se había descubierto el blanqueo de otros 60 millones de dólares.

En esta nueva causa las maniobras financieras se hicieron a través de la famosa financiera Invernes que manejaba el financista K Ernesto Clarens, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Invernes fue luego comprada directamente por el entorno de Báez.

El ardid se concretó, entre el 2003 y el 2010, a través de las constructoras Gotti y Gancedo, las cuales también las manejaba Báez. Primero, las constructoras cedieron el cobro de los cheques que les daba el gobierno por los certificados de avance de obra en Santa Cruz a Invernes. Luego Invernes cambió más de 5 mil cheques en esas financieras y cooperativas truchas por efectivo y sin pagar el impuesto al cheque.

Los cheques, en su mayoría, era pagados por “servicios inexistentes” que figuraban, además, en facturas truchas. El actual titular del INAES, Marcelo Collomb, comenzó en el 2015 una depuración del padrón de cooperativas, apartando a las truchas como Coficred y Credisol que manejaba Clarens.

El pedido del fiscal se basa, entre otras pruebas, en un escrito de la AFIP, que maneja Leandro Cuccioli, preparado por el inspector Jaime Mecikovsky y la sucursal del organismo fiscal de Comodoro Rivadavia. La AFIP cruzó los datos de los cheques y los supuestos proveedores para descubrir estas conexiones asombrosas.

Gotti y Gancedo, que eran controladas por Lázaro Báez para monopolizar la obra pública en Santa Cruz, fueron las sociedades puente de la maniobra. Como prueba de la acusación, un perito ingeniero dijo que las facturas aportadas por Gotti “no alcanza para dar por válidos ni los Proveedores, ni los bienes, ni los servicios ni los montos de las erogaciones registradas”.

En el informe de la AFIP se revela que se descubrieron más de 100 proveedores truchos de Gotti y que las cooperativas irregulares, una Iglesia Evangélica y el FONFIPRO (Fondo Provincial de la Provincia de Formosa) manejaron casi al 65 % de los depósitos. El FONFIPRO fue el canal por el cual el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo pagar 2 millones de dólares a la empresa fantasma The Old Fund, la misma que usó el ex vicepresidente Amado Boudou para comprar ilegalmente Ciccone.

“En los pagos de GOTTI SA teóricamente destinados al pago de sus proveedores por parte de INVERNES SA, se verifica en los análisis practicados que fueron en realidad canalizados casi el 85 % de los montos de cheques emitidos a nombre de proveedores falsos o aceptados como tales y se depositaron en entidades en las que, por diferentes razones, resultaba imposible en la práctica controlar mínimamente la trazabilidad de la operación y nada tenían que ver con la actividad, área geográfica o de desarrollo de las operaciones de GOTTI SA”, señala el informe de la AFIP.

Y así utilizó la estructura de la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, Fonfipro, Global Equity sociedad de Bolsa y Facimex (éstas últimas involucradas también en la ruta del dinero K), la Iglesia Cristina Evangélica Pentecostal Bethel de San Miguel, entre otra veintena de sociedades.

“INVERNES realizó sus gestiones por GOTTI SA fundamentalmente a partir de la utilización de la cuenta del Banco MACRO BANSUD, cuyo sistema de prevención de lavado de activos correspondería revisar y cuyas autoridades de prevención de lavado de dinero debieron haber practicado diferentes reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante toda esta operatoria, considerando los montos, la falta de relación de los destinatarios con la actividad originante de los fondos y los permanentes retiros”, asegura el informe de la AFIP.

Caso Ciccone: la Justicia va por Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

El mandatario provincial contrató a la firma de la que participaba el ex vicepresidente Boudou para renegociar en forma ventajosa una deuda con la Nación.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, complicado en la causa Ciccone. Foto. Maxi Failla

El ex Secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa, ex Director Ejecutivo de la ANSES, ex ministro de Economía de la Nación, y ex vicepresidente de la República Argentina, Amado Boudou está preso desde el 7 de agosto pasado.

El tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 lo condenó a cinco años y diez meses de cárcel por haber cobrado coimas y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública tras liderar la compra ilegal de la única imprenta privada del país capaz de fabricar dinero: Ciccone Calcográfica.

El caso Boudou no terminó allí. Continuó. Y Continuará. De a poco se irán conociendo cada vez más descalabros cometidos por los protagonistas de esta historia. Tras la detención de Boudou, el juez federal Ariel Lijo, que llevó la instrucción de la causa Ciccone junto al fiscal Jorge Di Lello, siguió investigando a lo que se dio en llamar el caso Ciccone II. Es el tramo de esta historia que debe resolver cómo y por quiénes fue financiada la adquisición y puesta en funcionamiento de esa compañía estratégica para garantizar la seguridad de la emisión monetaria.

Como publicó este viernes Clarín, Lijo procesó por diferentes delitos vinculados a esas acciones económicas al banquero Jorge Brito, al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, entre otros ex funcionarios y viejos amigos del ex vice que formaron parte de la “nueva” Ciccone. También le dictó el sobreseimiento a varios miembros de la familia fundadora de la imprenta que llevaba su apellido, justamente los Ciccone, lo que haría suponer que fueron víctimas de una compra hostil de su empresa.

La sociedad con la que Boudou y sus amigos se adueñaron de esa megaimprenta se llama The Old Fund. Era desconocida y nunca había facturado nada. El primer negocio antes de administrar la mayoría de las acciones de Ciccone Calcográfica lo hizo con la provincia de Formosa. Es gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. La misteriosa The Old Fund cobró 6,8 millones de pesos por una asesoría sobre renegociación de deuda pública.

Ante un escenario procesal negativo, Insfrán, esta misma semana, presentó en la Justicia un recurso para ralentizar una definición del juez Lijo sobre el rol que cumplió en toda esta historia.

Para financiarse durante el 2010, The Old Fund cometió una serie de descalabros que muestran la impunidad con la que creían que se manejaban sus dueños y directivos. Esos negociados fueron develados a la Justicia por quien dirigió esa sociedad, Alejandro Paul Vandenbroele. Es el primer “arrepentido” de la historia del país en un caso de corrupción.

El cambio de la Ley sobre esa figura procesal, impulsado por Cambiemos, permitió que puedan colaborar con la Justicia quienes participaron de delitos vinculados al dinero público.

Vandenbroele habló primero con el fiscal Di Lello. Y luego fue Lijo quien “homologó” su acuerdo.

Vandenbroele sorprendió en el juicio oral del caso Ciccone cuando declaró y contó detalles increíbles sobre su participación en en el caso Ciccone. Mostró documentación y mails. Contestó preguntas. Habló cuatro horas seguidas. Con tono calmo, y mostrando que tenía oficio en su profesión, la de abogado, impactó con precisión contra el relato del resto de los procesados. Sobre todo, los de Boudou y Nuñez Carmona.

En esas horas determinantes, dio a conocer cómo se financió la compra de la ex imprenta Ciccone. Y cuál era la verdad, según su documentación y la tesis judicial, respecto a los primeros millones que llegaron a la cuenta The Old Fund. Fueron los millones de Formosa.

Insfrán buscaría ahora que el caso sea considerado ya resuelto por la Justicia de su provincia, donde nunca fue inquietado por ningún magistrado. En los tribunales federales creen que no logrará su cometido.

El caso Formosa es una muestra del desparpajo con el que se movió Boudou como ministro de Economía. 

De acuerdo a lo declarado por el “arrepentido” Vandenbroele, la sociedad The Old Fund “debutó” el 21 de mayo del 2010. Ese día emitió su primer factura de negocios. Fue por $7.667.161 (casi US$ 2 millones según el tipo de cambio de ese día).

¿La razón de esa ganancia? La empresa, aunque no tenía empleados salvo una secretaria, ni experiencia en trabajos financieros, apenas era una “cáscara” con nombre y accionistas (Vandenbroele y un viejo amigo de Boudou de Mar del Plata, Sergio Gustavo Martínez), consiguió que Formosa la contratase para asesorar a la gestión gubernamental local.

Insfrán buscaba mejorar la renegociación de la deuda pública de su provincia mediante la firma de una “addenda” con el ministro de Economía. Era Amado Boudou. Año 2010.

Vandenbroele no solo afirmó en el juicio oral de Ciccone, y lo demostró, que para la fecha en la que The Old Fund “asesoraba” a Insfrán él, como director de The Old Fund, estaba en realidad en Mendoza. Si no que también afirmó que los contratos firmados con el Estado formoseño fueron realizados mucho tiempo después de la consultoría ficticia. Se “post-datearon”. Algún papel sobre ese primer trabajo de The Old Fund debía existir. Fue creado una vez consumado el hecho: cobrar.

También se supo adónde fueron a parar esos casi 8 millones de pesos. Se repartieron entre protagonistas del caso. Una parte fue para Vandenbroele, otra para Nuñez Carmona, que le aseguró que dividiría el dinero con su socio Boudou. Y el resto fue a cuentas de un empleado del Banco de Formosa, llamado Martín Cortés. Es aun hoy operador financiero del gobernador Insfrán. Ascendió: es el director del banco en el que antes era apenas un empleado.

El dinero que cobró The Old Fund de Formosa fue retirado en efectivo, después de ser transformados a dólares en una sede del Banco Macro.

La entidad no emitió, como debiera haber hecho según la visión judicial, un “reporte de operación sospechosa” (ROS), para que esa maniobra fuera investigada por la Unidad de Información Financiera (UIF) como posible lavado de dinero. En la era K la UIF estaba al mando de José Sbatella, quien nunca ordenó alguna pesquisa a sus jefes políticos.

Antes de cobrar los fondos formoseños, la cuenta de The Old Fund en el Macro tenía apenas $ 19,50.

Una curiosidad: Núñez Carmona solía ser voraz con el dinero y, aunque ese resto era poco, allí estaba, sobrando en los saldos de The Old Fund.

Según fuentes del caso, y de documentación que consta en el expediente, Cortés se quedó con 795.260 dólares. Con ese dinero adquirió acciones del Banco de Formosa. Hoy figura como dueño del 4,86% del capital de Banco de Formosa S.A..

La plata que se quedó The Old Fund sirvió para financiar a la empresa y gracias a ese dinero pudo luego adueñarse de la ex Ciccone Calcográfica. Ahora se sabe: la “addenda” que firmó Insfrán con Boudou, le permitió a Formosa evitar pagar hasta ahora 1.480 millones de dólares en interés de esa mora que tiene con el Estado Nacional. La provincia deberá abonar esa fortuna, toda junta, en el 2040. Faltan 22 años. Para entonces, Insfrán tendrá 89 años.

Las nuevos procesamiento dictados por Lijo serán analizados ahora por la Cámara Federal. El tribunal podría agravar los delitos tipificados por el juez.

El caso Ciccone podría impactar de modo negativo en aun más personajes de la vida publica nacional.

ARA San Juan: procesaron a cuatro funcionarios de Defensa

(Ambito.com) - Son miembros de la Comisión Evaluadora. Se los acusa de incumplimiento de deberes en la preadjudicación a una empresa española en la búsqueda del submarino.

La Justicia federal procesó a cuatro miembros de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa española de la búsqueda del submarino ARA San Juan.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi imputó a Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a Pablo Longhi, del Ministerio de Defensa, por irregularidades en la contratación de las empresas Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.

Los imputados están acusados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público y fueron embargados por un millón de pesos.

Según el juez, los funcionarios "omitieron aplicar la ley" al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.

"Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta", sostuvo el magistrado en su resolución.

Entre las irregularidades que aparecen en el expediente figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geociencias SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española CONTROL Y PROSPECCIONES SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".

La causa se inició por la presentación de la abogada Valeria Carrera, con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del Ministerio de Defensa que integran la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública".

El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año después del último contacto del navío lo detectó a 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa argentina.

En tanto, este jueves por la mañana, y según contó Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos y que también participó como veedor en la búsqueda del navío, el buque Seabed Constructor llegó al puerto sudafricano de Ciudad del Cabo.

El buque con su tripulación fue recibido por el Agregado de Defensa en Sudáfrica, capitán de navío Gonzalo Prieto y el cónsul en Johannesburgo, Pablo Graziano.

Las 67 mil imágenes y videos que comprenden el registro fotográfico y fílmico logrado por Ocean Infinity, están siendo copiados en discos duros externos. "Llegamos hoy bien temprano y ahora todo el material recolectado está en plena descarga. Esperamos que la descarga llegue pronto", dijo Tagliapietra.

El grupo de argentinos, entre familiares y personal de la Armada estará de vuelta en el país el próximo martes alrededor de las 21:30.

La Armada Argentina indicó en un comunicado que existe una cédula oficial que impuso el Juzgado Federal Nº 1 de Caleta Olivia, la cual establece "la obligación de proveer a la justicia toda la información vinculada a este proceso de búsqueda. Parte de esta información está relacionada al cierre formal de la contratación del servicio de localización e identificación fehaciente del submarino".

Con respecto a las imágenes, en el comunicado se explicó que "durante la permanencia a bordo, todos los observadores han tenido el mismo nivel de acceso a las mismas a lo largo del proceso de búsqueda".

Y se agregó que "primordialmente, las familias han pedido total reserva respecto de las imágenes que pudiesen surgir, más allá de las tres imágenes ya publicadas, y que sirvieron como fehaciente prueba de identificación positiva".

La Corte apoyó la recuperación total del astillero Tandanor para el Estado

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Validó un decreto de Kirchner que anuló la privatización de esa empresa estatal cuyos terrenos en Puerto Madero son multimillonarios.

Lote de Tandanor en la Dársena Norte, al costado del hotel de los Inmigrantes, que había vendido una empresa privada en forma fraudulenta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación validó este miércoles la constitucionalidad del decreto 315/2007 del ex presidente Néstor Kirchner por el cual el Poder Ejecutivo Nacional había anulado la privatización de la empresa estatal Tandanor realizada durante el menemismo.

La decisión permite la recuperación total del astillero Tandanor porque con esta resolución de la Corte se recupera la llamada  Planta II, donde está en astillero sobre el Riachuelo y hay oficinas del Ministerio de Justicia y con la condena penal se decomisó la Planta I, ubicada sobre la dársena norte donde se proyectaban negocios por 500 millones de dólares. La condena había sido pedida por el fiscal de juicio Diego Luciani.

Y así se desarticuló totalmente uno de los grandes negociados del menemismo, que investigó este diario en los noventa e impulsó el fiscal de instrucción Carlos Stornelli.

Se trata de una larga pelea judicial. En una decisión histórica en septiembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 –integrado por los jueces Gabriel Ángel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer- condenó este viernes a tres años de prisión en suspenso a un ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y dos empresarios por el escándalo de la privatización del astillero Tandanor.

Pero lo más importante, es que el TOF 5 decomisó un terreno de 8,5 hectáreas que está en la boca de Puerto Madero y donde se proyectan torres por 500 millones de dólares. Así el terreno, ubicado detrás del hotel de los Inmigrantes en Puerto Madero, volvió a ser propiedad del Estado de la misma forma que la llamada planta dos del ex astillero Tandanor ubicada en la zona sur del puerto de Buenos Aires sobre el Riachuelo.

El tribunal había condenado al ex interventor de Tandanor Eduardo Andrés Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Andrés Juan Vlastó a tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En tanto, fueron absueltos Gerardo Norberto Donato, Nachat Samman, Miguel María De Larminat y Omar Calculli, los tres primeros por prescripción del delito por el retraso del juicio.

A través del decreto de Kirchner se habían revocado por razones de ilegitimidad los actos administrativos que habían dado lugar a la venta del 90% del paquete accionario de TANDANOR en el año 1991, por la suma de US$59.760.000 en favor de un consorcio cuyos integrantes habían constituido la firma Inversora Dársena Norte S.A. (INDARSA).

La revocación se fundó en la existencia de diversos vicios que afectaron la contratación y que resultaron conocidos por los beneficiarios: entre ellos, la alteración en favor de INDARSA del precio y de las condiciones de pago previstas al llevarse a cabo la licitación e incluidas en la oferta realizada por el propio consorcio. Para el Poder Ejecutivo Nacional esas irregularidades merecían la sanción de nulidad prevista en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, n° 19.549.

En ese contexto, el síndico de la quiebra de INDARSA planteó la inconstitucionalidad del decreto 315/2007 por considerar que al haber dejado sin efecto actos anteriores que habían producido efectos respecto de terceros, la extinción debió haber sido resuelta por autoridad judicial.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a ese planteo del síndico de inconstitucionalidad por considerar que el ejercicio de la facultad otorgada a la administración por la ley 19.549 de revocar por ilegitimidad sus propios actos en casos en que los interesados conocieran el vicio no podía ejercerse en perjuicio de terceros.

Esa sentencia dio lugar a la presentación de recursos ordinarios por parte del Estado Nacional y de Tandador, que fueron concedidos. A su vez, la Fiscal General ante la cámara y el propio Estado Nacional plantearon recursos extraordinarios, que sólo fueron concedidos en lo que respecta a la cuestión federal invocada. Por esa razón, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema por las causales de arbitrariedad y gravedad institucional. 

Posteriormente, el Estado Nacional también denunció la prejudicialidad respecto de la causa penal “Boffil, Alejandro Arturo y otros”, radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5, y solicitó la suspensión del trámite de estas actuaciones en virtud de lo dispuesto en artículo 1101 del entonces vigente Código Civil.

La Corte Suprema, con el voto de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y Elena Highton de Nolasco (por sus propios fundamentos), rechazó el pedido de suspensión formulado por el Estado Nacional, declaró procedentes los recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos, revocó la sentencia apelada y confirmó la de primera instancia en cuanto había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del decreto 315/2007.

En lo que refiere al planteo de suspensión, los cuatro jueces sostuvieron que la decisión que se adoptara con carácter firme en sede penal "no tendría incidencia en la cosa juzgada respecto de la inconstitucionalidad planteada en estas actuaciones".

En cuanto al fondo del asunto, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti aclararon que el síndico de la quiebra realizó el planteo de inconstitucionalidad en defensa de los derechos de terceros —acreedores verificados en la quiebra de INDARSA y otras personas que ejercieron funciones en dicho proceso— y no de la fallida. En ese sentido, luego de reseñar lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.549 y la interpretación realizada por la jurisprudencia de la Corte, entendieron que "el único facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio es el destinatario del acto revocado".

Asimismo, tuvieron en cuenta que "ni la cámara ni el síndico de la quiebra de INDARSA negaron que el beneficiario de los actos revocados hubiera conocido el vicio que afectaba la venta de las acciones de Tandanor".

Finalmente, señalaron que la protección a los derechos de los terceros otorgada por el artículo 18 de la ley 19.549 está referida a la revocación de actos regulares y no, como sucede en el caso, de un acto irregular revocado en defensa del interés público.

Por su parte, Highton de Nolasco coincidió, en lo sustancial, con los fundamentos del voto mayoritario aunque no se pronunció sobre el carácter de la representación asumida por el síndico de INDARSA en estas actuaciones.

Denunciaron a otro ex funcionario de Planificación por enriquecimiento ilícito

Por LUCIO FERNÁNDEZ MOORES (Clarin.com) - Lo hizo el fiscal Marijuán, quien pidió investigar a Marcelo Montero. Supuestamente cobraría un sueldo de la Biblioteca del Congreso desde hace 29 años.

Marcelo Montero (derecha) junto al subsecretario Roberto Baratta durante una inauguración en San Martín, en 2013.

Tras una investigación de varios meses, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció este martes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py a un ex funcionario del Ministerio de Planificación que hace 29 años cobraría mensualmente un sueldo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, según dijeron fuentes judiciales.

Se trata de un ex dirigente radical pasado al kirchnerismo llamado Marcelo Montero, de quien el fiscal sospecha que podría tener vinculación con la llamada causa de los cuadernos investigada por su colega Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

La denuncia de Marijuán quedó radicada por sorteo en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. En la carátula provisoria se habla de enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública. Montero viviría en un lujoso edificio de departamentos en Puerto Madero y pasaría los fines de semana en un barrio privado de Pilar, según la investigación del fiscal.

El denunciado se desempeñó en el Ministerio de Planificación como "coordinador de servicios públicos" y su vinculación con el caso de los cuadernos estaría dada a partir de una denuncia recibida por Marijuán que indica que el automóvil del "arrepentido" chofer Oscar Centeno habría tenido una de sus múltiples escalas de recolección y reparto de coimas en el edificio Terrazas de Puerto Madero en el que viviría Montero.

Varios de los antiguos jefes de Montero en el ex Ministerio de Planificación Federal se encuentran detenidos, como el titular de esa cartera Julio de Vido, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido presidente, entre otros.

La Justicia investiga al gobierno de Santiago del Estero por una sospechosa extracción en efectivo de casi 32 millones de dólares

(Infobae.com) - Funcionarios de la gobernación intentaron retirar esa suma de dinero en dólar billete por ventanilla.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

La Justicia evitó el cobro por ventanilla de 31.900.000 dólares que el gobierno de Santiago del Estero intentó realizar a través de una sospechosa extracción en una sucursal del Banco Hipotecario. Apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora pretendieron retirar esa suma de dinero en efectivo y en dólar billete por ventanilla. Esa operación quedó en la mira de la Justicia. 

Según pudo reconstruir Infobae a partir de varios actores vinculados a la operatoria, desde el Banco Hipotecario pidieron explicaciones por lo inusual del retiro. Desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

El banco pidió que se justificara esa emergencia luego de advertir que los salarios no se pagan en efectivo y en dólares. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron. Querían hacer el retiro en efectivo a como diera lugar.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia.

Una jueza civil y comercial provincial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva. A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo. Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable suma de dinero. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy.

Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron  el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual. La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempo más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad.  En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora. Lo que está claro es que no querían dejar registros de los movimientos.

Ara San Juan: la jueza Marta Yáñez deslindó de una responsabilidad penal al presidente Mauricio Macri

(Infobae.com) - "Entiendo que la cadena de responsabilidad estaría muy alejada", señaló la magistrada, que el jueves viajará a Buenos Aires para recibir la información que recolectó la empresa Ocean Infinity

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa que investiga la desaparición y el hundimiento del submarino Ara San Juan, deslindó de una responsabilidad penal al presidente Mauricio Macri.  "Entiendo que la cadena de responsabilidades estaría muy alejada", señaló la magistrada.

En diálogo con radio La Red, la jueza aseguró que la figura del Presidente parece "algo muy remoto", porque se investigan "decisiones que se tomaron en el sistema de armas de las que se vale la defensa nacional, en este caso, lA Armada".

Yáñez, por otro lado, afirmó que tiene previsto viajar a Buenos Aires el próximo jueves para reunirse con las autoridades de la Armada, recibir y comenzar a procesar las más de 60 mil imágenes en alta definición que recolectó la empresa Ocean Infinity al momento de hallar al submarino.

En cuanto a las causas que originaron el colapso del Ara San Juan, la jueza de Caleta Olivia señaló que "pudo haber sido un hecho humano, causado por la concurrencia de factores de mantenimiento", aunque destacó que ésta es una de las hipótesis a confirmar o desechar una vez consultada la documentación, lo que permitiría realizar una maqueta en 3D del submarino.

En las últimas horas, la magistrada también se refirió a la posibilidad de realizar una operación de rescate para reflotar la nave, algo que reclama un grupo de familiares. En este punto, destacó la necesidad de "hacer un estudio de factibilidad" previo pero afirmó que se puede avanzar en la investigación a partir de la documentación que se analizará.

Por otro lado, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, adelantó a Infobae que pedirá en las próximas horas que una junta interdisciplinaria analice qué pasó desde que el submarino tuvo la última comunicación, antes de quedar enterrado en el lecho del océano Atlántico, a 907 metros de profundidad.

Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios "compraron" facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

Detalles exclusivos de una causa escandalosa

Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron "comprado" facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 "usinas" comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que "compraron" facturas truchas

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 "usinas" generadoras de ellas. Todas las "usinas" tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y "culata" del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas "usinas" por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas "sin capacidad económica" las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como "pantalla" para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas "usinas" figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de "lesiones leves" y "lesiones leves y amenazas". Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la "determinación de deuda" de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quilmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local "a estos tipos", por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le "vendió" en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Uno de los mayores beneficiarios de estas "usinas" de facturas truchas fueron los sindicatos.A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le "compró" a la banda de Russo y Gómez.

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien "usinas" ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas "homologadas por la AFIP" –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un "plan de pago" para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue "dolosa o culposa". Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de "evasión" se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, "lavado de dinero". En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las "usinas" de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros "clientes" entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los "clientes" y que por esa actividad, Russo le "pagaba" 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el "socio" de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los "clientes" llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio "Kelo" Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como "no hay automovilismo sin facturas truchas". Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión. Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades, 8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos "lavados".

Cómo funcionaba la banda que construyó 600 armas de guerra que iban a ser trianguladas a los narcos de Brasil

Por Daniel Santoro - Clarin.com

El grupo recibía repuestos de fusiles  norteamericanos y de otros países, los armaba en un arsenal clandestino y los vendía. La ministra Bullrich afirmó que tenían como destino un grupo de narcos brasileños.  

Bullrich exhibe parte del arsenal secuestrado.

La banda internacional, desbaratada por la Argentina y EE.UU., recibía repuestos de fusiles de combate norteamericanos para armalos en un arsenal clandestino que funcionaba en el barrio de Flores. Luego se las vendían a distintos compradores, entre ellos el grupo de narcos llamado “comando Vermelho” de Río de Janeiro, entre otros compradores.

Luego de una “entrega controlada”, la Justicia secuestró 620 armas largas y cortas, 32 mil municiones, trotyl, credenciales de usuarios legítimos de armas, detuvo a siete argentinos y realizó 7 allanamientos.

El enorme operativo lo ordenó el juez en lo penal económico Pablo Yadarola luego de hacer seguir con efectivos de la Gendarmería Nacional una entrega de repuestos de fusiles norteamericanos que eran usados para construir armas completas en un arsenal clandestino. Este tiene tornos y fresadoras de última generación para poder hacer un trabajo de armado de calidad, revelaron fuentes judiciales a Clarín. Antes de este operativo, la banda había recibido otras 40 encomiendas desde EE.UU. que no pudieron ser localizadas aún, mientras continúan los allanamientos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que sospecha que las más de 600 armas secuestradas en nuestro país en el operativo bautizado "Arsenal Clandestino" iban a ser trianguladas a "organizaciones delictivas" de Brasil, como el "Comando Vermelho".  "Fue una operación de altísima calidad en investigación criminal gracias a una advertencia que hizo la agencia norteamericana Homeland Security Investigations, informando que desde Miami, Estados Unidos, venía a nuestro país un cargamento de armas de guerra de colección", sostuvo.

Por ejemplo, los fusiles de combate norteamericanos AR 15 una vez armados aquí se venden a U$S 20.000 en las favelas de Brasil y U$S 12.000 en la ciudad de Pedro Juan Caballero, el principal centro de producción de marihuana en América del Sur.

Durante los allanamientos se secuestraron dos fusiles de combate M4 de EE.UU., tres M16 y dos AK- 47 de origen ruso. También se ametralladora MAG de origen belga, tres pistolas con silenciador, 1 granada de mano, 160 credenciales de legítimo usuario, 8 cajas de municiones 7,62 para fusiles de combate, un proyectil de mortero, silenciadores, armas simuladas en lapiceras y panes de trotyl.

Las encomiendas con partes de armas tenían el remitente un ciudadano norteamericano de nombre “Michael Nunes” y el receptor un argentino usaba el nombre “Sergio Alanis”, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.

Entonces, el juez Yadarola ordenó a personal del Comando Antiterrorista de Gendarmería Nacional, dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal, a realizar una entrega controlada. El 25 de octubre se esperó una encomienda que venía desde Miami en el aeropuerto de Ezeiza bajo la vigilancia de la Dirección General de Aduana, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE.UU. y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Dos días después se recibió el paquete y se sustituyeron las piezas originales de un AR-15 por las réplicas previamente confeccionadas en metal y en madera. Luego se mandó la encomienda desde el correo central al correo de Campana.

Seguidamente, el juez Yadarola ordenó detener a quienes retiraron el paquete En Campana y sus cómplices y libró órdenes de allanamiento en el barrio de Flores y otros puntos de Capital Federal, y las ciudades de Río Cuarto y General Alvear. Incluso, estaría detenido el jefe de la Aduana de Campana. La mayor parte del arsenal estaba en la vivienda de Flores: más 340 armas largas como fusiles, escopetas y ametralladoras; 276 armas cortas, entre revólveres y pistolas; y casi 33.000 municiones de distintos calibres.

En una conferencia de prensa, Bullrich brindó detalles sobre el operativo "Arsenal Clandestino", en el que se desarticuló esa banda que traficaba piezas desde los Estados Unidos para transformar armas de gas comprimido en fusiles, escopetas y ametralladoras.

"Nuestra hipótesis es la posible exportación de equipamiento a organizaciones delictivas que asolan en zonas críticas de Brasil, como el Comando Vermelho", afirmó Bullrich respecto a una de las bandas narcos más poderosas de ese país. La ministra estuvo acompañada por el secretario de su cartera, Eugenio Burzaco, el director Gendarmería Nacional (GN) Gerardo Otero y el juez Yadarola.

Coimas, peleas y sobreprecios en la importación de 500 buques con gas

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La investigación por el desvío de millones de dólares por esta compra la tiene Bonadio. Es la causa madre del caso de los cuadernos de las coimas.

Buques tanque. El gas natural licuado (GNL) que llegaba por mar era el combustible más caro que importaba la Argentina desde Bolivia.

La historia negra de la importación de buques con gas natural líquido (GNL) se investiga en una causa que es la madre del caso de los cuadernos de las coimas y donde se cruzan coimas, sobreprecios, peleas internas y el ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi. Todo bajo la batuta de Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, quien daba “órdenes a los gritos” sobre qué empresas contratar en forma directa.

Macri estimó que este mecanismo de compra de gas importado le costó al país "20 mil millones de dólares", al despedir este lunes al buque regasificador Exemplar en un acto simbólico. No dijo que fue una de las causas de la implementación del cepo cambiario, uno de los talones de Aquiles más grandes del plan económico de Cristina Kirchner. Es decir, no solo fue un agujero de la corrupción, sino también una decisión económica estratégica que golpeó mortalmente las reservas del Banco Central.

Un peritaje (ahora rechazado) estimó que en toda la operatoria había habido desvíos por 7 mil millones de dólares sobre un costo total de 17 mil millones de dólares, aunque otro de la Auditoría General de la Nación (AGN) ubicó la cifra en menos de 2 mil millones de dólares.

Esas estimaciones no incluyeron "los sobreprecios en los gastos portuarios" cobrados a casi 500 barcos, que según el ex auditor de ENARSA, Marcelo D'Alessio, fue otro “agujero” de las coimas. Incluso, D'Alessio apuntó contra el capitán Pablo García Arrébola, quien luego de su paso por ENARSA como coordinador de la llegada de los buques pasó a coleccionar motos de alta gama, entre otros. García Arrébola negó la acusación.

Con la excusa de la ola de frío que sufrió el país en el 2007 se empezaron a importar buques con gas (congelado a unos 160 grados bajo cero) en vez de sacar el combustible de las reservas de la Patagonia. Cristina Kirchner no quería cortes de luz que tanto mal humor crean en la población sobre todo a la hora de votar y ordenó evitarlo a toda costa.

Pero un mecanismo de adjudicación directa para la emergencia se convirtió en una rutina hasta el 20015, es decir evitó una licitación pública internacional. El plan quedó en manos de Baratta -un ex taxista que no sabía nada de energía- y de la empresa estatal ENARSA, y así se compró al contado el gas de Qatar o Rusia que trajeron esos casi 500 buques metaneros. Luego para inyectar el gas a la red argentina hacía falta un buque regasificador como el Exemplar.

Al principio, la compra de gas por parte de ENARSA era tan desprolija y se pagada con giros a una cuenta en un banco en Panamá -que el Gobierno y la Justicia aún no pudieron identificar-, que Dromi apareció como intermediario y llegó a cobrar 6 millones de dólares.

El negocio era tan grande que en noviembre de 2013 Axel Kicillof asumió como ministro de Economía y una de sus primeras medidas fue nombrar dirigentes de La Cámpora en ENARSA y comenzar una pulseada con De Vido por el control de las importaciones de GNL.

En la causa quedaron registrados cómo, por ejemplo, el ex titular de ENARSA, Exequiel Espinosa (hombre de De Vido), responsabilizó a su sucesor y miembro de La Cámpora, Juan José Carbajales, por los desmanejos en la empresa. Un ex empleado dijo a Clarín -a cambio de mantener su nombre en el anonimato- que vio ingresar a la sede central de ENARSA “empleados de cuevas financieras con bolsos con dólares”. “Se pelearon hasta por las secretarias”, agregó.

En la causa del GNL, Bonadio procesó a fines del 2017 a De Vido, Baratta y otros funcionarios K, a Dromi y otros empresarios. El juez Claudio Bonadio ordenó un nuevo peritaje en la causa por supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado

Ante esa detención de Baratta, Hilda Horowitz, se presentó ante Bonadio y denunció que su ex pareja y chofer del ex secretario de Coordinación de Planificación, Oscar Centeno, había comprado departamentos y autos y se había enriquecido en forma ilícita. En abril de 2018, el periodista de La Nación, Diego Cabot, entregó una copia de los cuadernos de Centeno a Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en esta causa por la compra de buques con GNL. Así el caso cuadernos es un desprendimiento de la primera.

En su procesamiento, el juez dijo que la intervención de Dromi “fue claramente una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL”. Sobre el pago de comisiones a intermediarios y su incidencia en el precio, Bonadio citó a Antonio Brufau, presidente entonces de YPF-Repsol quien llamó la atención por el aumento del costo de los barcos después que le dieron el negocio a ENARSA. El juez dio, entonces, por probado que el Gobierno de Cristina Kirchner pagó sobreprecios por el gas al abonar precios que oscilaron entre 6,31 dólares y 15,84 dólares por BTU, una diferencia muy grande entre uno y otro barco.

Así Bonadio procesó a De Vido, Baratta, Exequiel Omar Espinosa, Walter Rodolfo Fagias -también detenido en la causa de los cuadernos-, Daniel Omar Cameron, Roberto Nicolás Dromi San Martino, José Roberto Dromi, Jorge Alberto Samarín, Jorge Alberto O’Donnell, Alexis Guillermo Zuliani, Rodolfo Alejandro Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales y a José Ramón Granero. También a Gastón Ghioni, Nilda Clementina Minutti, Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Roberto Tulio Vázquez, Alejandra Marcela Tagle, Mónica Edith Bisconti, Karina Noemí González, Flavia Analía García, Martín Ignacio Busti y Haydée Justa Fernández. Todos en orden al delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.

Pero unas semanas más tarde la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, no llegó a un acuerdo y tuvo que llamar para desempatar al juez Martín Irurzun (integrante de la Sala II de ese tribunal) para decidir sobre los procesamientos. Bruglia sostenía que los procesamientos y la prisión preventiva ordenada sobre De Vido y Baratta debían continuar. Aunque cuestionó la pericia del ingeniero David Cohen que citó Bonadio como base de su resolución y hablaba de un supuesto desvío de 7 mil millones de dólares.

Bruglia planteó que la maniobra defraudatoria existió, y por lo tanto la calificación legal no debía desestimarse. Pero primó la posición de Ballestero -quien este año renunció tras el escándalo por la liberación de Cristóbal López- y se anularon los procesamientos y detenciones.

Sin embargo, Bonadio espera ahora una nueva pericia sobre los sobreprecios para determinar cuánto fue, con precisión, el dinero desviado -informa el libro “El Mecanismo”- y decretar nuevos procesamientos.