Gómez Centurión fue sobreseído por sus dichos sobre la dictadura

Por Omar Lavieri - Infobae.com - olavieri@infobae.com

El ex militar que Mauricio Macri puso al frente de la Aduana había sido denunciado por apología del delito.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Juan José Gómez Centurión por sus dichos acerca de la dictadura militar. El director de Aduana designado por Mauricio Macri, veterano de Malvinas y militar carapintada que apoyó el levantamiento de Semana Santa de 1987 contra el orden constitucional, había sido denunciado por apología del delito.

En el juzgado de Martínez De Giorgi se le sumaron varias denuncias: una realizada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria; otra por dirigentes de Nuevo Encuentro; y una tercera realizada por el abogado Eduardo Jones. En todos los casos se lo denunció porque en el programa "Debo decir", de Luis Novaresio, Gómez Centurión señaló: "Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejar y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".

El fiscal del caso, Ramiro González, había impulsado la investigación e imputado a Gómez Centurión -quien se encuentra internado por problemas de salud- y Martínez De Giorgi determinó -el 24 de abril pasado- su sobreseimiento. El fiscal no apeló, por lo que la decisión del juez quedó firme.

En su resolución a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, Martínez De Giorgi explicó: "El análisis de los hechos denunciados debe partir de la circunstancia de que Gómez Centurión utilizó el espacio televisivo que le dio la entrevista como un medio para opinar sobre un determinado tema. En dicho contexto las frases cuestionadas, se encuentran alcanzadas por la amplia protección del derecho constitucional a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, propias del régimen democrático y del estado de derecho".

El juez se remitió a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señaló que el Alto Tribunal "ha otorgado en varios precedentes un amplio alcance al derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, estableciendo que: 'Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal… Está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica" (Fallos 248:291 y 315:1492)'. No desconoce este tribunal que el derecho a la libre expresión no es absoluto y que la Constitución Nacional no asegura la impunidad para quienes a través de los medios de prensa cometan delitos comunes o afecten derechos de terceros".

Martínez De Giorgi explicó que la Corte sostuvo que "ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial, y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa… Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso" (cita de Fallos 306:1892)".

Luego de referirse a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, el juez analizó lo dicho por el funcionario de Macri: "Adviértase que las frases que se le reprocha haber dicho a Gómez Centurión, tomándolas tanto de forma aislada como en su contexto, no podrían configurar objetivamente ninguna de las hipótesis delictivas que sugieren los denunciantes. En efecto, por un lado, no se observa que la frase mencione un hecho ilícito a cometer ni se identifique a persona o institución alguna a la que habría que dañar. Al mismo tiempo, también corresponde descartar un supuesto de apología de delito, pues tampoco hace defensa o reivindica "delitos" del pasado o a condenados por ellos".

Gómez Centurión fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi, quien en su juzgado tiene una causa parecida en la que fue denunciada -por hechos diferentes- la presidente de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. Según fuentes judiciales, ese caso se encamina hacia una resolución similar a la que se tomó en el de Gómez Centurión.

Argentina duplicará su demanda de uranio natural para operar las dos nuevas centrales

(Telam) - Las dos nuevas centrales nucleares, cuya construcción fue acordada por el presidente Mauricio Macri en su reciente visita a China, demandarán para su funcionamiento unas 280 toneladas de uranio natural adicionales a las 250 que actualmente requieren las plantas de Embalse, Atucha I y Atucha II.

Argentina y China firmaron el miércoles en Beijing, en el marco de la visita de Macri, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear en el país, con una inversión total prevista por US$ 14.000 millones, de los cuales el país asiático financiará el 85%.

La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en la localidad bonaerense de Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda de las centrales se localizará en la provincia de Río Negro, aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.

Con esta proyección de demanda, fuentes de la Secretaría de Minería explicaron a Télam que los requerimientos de aprovisionamiento de uranio -mineral esencial en el proceso de generación energética de las centrales nucleares- para las dos nuevas centrales sumarán unas 280 toneladas anuales de importaciones de uranio.

Argentina dejó que extraer uranio en 1997, durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), cuando se decidió importar la materia prima y se cerró la producción de las minas de la localidad mendocina de Sierra Pintada, entre otras.

En el caso de las nuevas centrales, Atucha III utilizará de 100 a 110 toneladas de uranio natural por año, mientras que para la quinta central se anticipa un consumo anual aproximado de 170 toneladas de uranio natural.

En la actualidad, en Argentina el consumo para sus tres centrales en funcionamiento es de 220 toneladas de uranio natural y otras 30 de uranio enriquecido, ya que Atucha I (362 MW de potencia) utiliza unas 40 toneladas; Atucha II (745 Mw) unas 100 toneladas; y la cordobesa de Embalse (648 Mw) usa 80 toneladas de uranio natural por año.

De esta manera, cuando los 5 reactores estén en funcionamiento simultáneo el consumo de Uranio natural podría alcanzar unas 540 toneladas al año.

Para atender esta demanda, si se consideran los recursos actuales identificados en el subsuelo se estima la existencia de unas 31.000 toneladas de uranio, lo que comprende los Recursos Razonablemente Asegurados (RAR) y Recursos Inferidos (IR), por lo cual se calcula un abastecimiento de 60 años para las 5 centrales.

Los recursos identificados en el país se encuentran Sierra Pintada (CNEA); Cerro Solo, Chubut (CNEA); Don Otto en Salta (U3O8 Corporation); Laguna Colorada, Laguna Salada en Chubut (U3O8 Corporation); y Meseta Central también en Chubut (UrAmérica), de acuerdo al relevamiento de la Secretaría de Minería al que accedió Télam.

Desde el punto de vista geológico, estos recursos se encuentran en depósitos de tipo arenisca, volcánico y superficial, pero en lo que hace a recursos no descubiertos los mismos están evaluados en unas 80.000 toneladas, de acuerdo con el actual conocimiento geológico de las principales unidades de investigación uranífera del territorio.

Las fuentes consultadas resaltaron que en este tipo de estimaciones -con una vida útil de las centrales de entre 60 y 80 años- hay que tener en cuenta que los recursos no son "fijos" sino que habitualmente aumentan en el caso de prosperar las exploraciones.

Sólo para citar un ejemplo en ese sentido, en la provincia de Río Negro la empresa Blue Sky Uranium está culminando la exploración en el proyecto Amarillo Grande, para lo cual está realizando 3.000 metros de perforación para identificar nuevos recursos, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también realiza trabajos exploratorios en el país.

En 2016, Argentina importó 106.661 kilos de uranio natural por un valor de US$ 13,7 millones, a un promedio de US$ 129 por kilo; mientras que de uranio enriquecido se compraron 8.477 kilos por un total de US$ 8,9 millones a US$ 1.060 por kilo en promedio.

Empresarios presionan al Gobierno por falta de política aeronáutica

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

SIN RUMBO, LA PRODUCCIÓN DEL PAMPA, ÚNICO PROYECTO LOCAL, NO ARRANCA 

Señales equívocas a Brasil en el programa de fabricación del avión de transporte KC-390. Empresas de área defensa y aeronáutica alertan por riesgo de crisis laboral en un sector paralizado. Se trata, en la mayoría de los casos, de pymes proveedoras.

Parálisis. La Argentina es socia en la provisión de partes para el KC-390 que fabrica Embraer. Aún no se registran pedidos locales.

El rumbo de la industria aeroespacial y la necesidad de políticas públicas son ejes de un reclamo sin respuesta del Gobierno nacional. Los empresarios agrupados en la Cámara Argentina Aeroespacial y de Producción para la Defensa (CArAE) pidieron por nota al ministro Julio Martínez una reunión de urgencia que nunca se produjo. La carta fue girada al titular de Defensa a mediados de febrero con la firma del presidente de la entidad, ingeniero Javier Siman, junto a la de otros miembros asociados. El contenido entre otros puntos decía que de "no tomarse resoluciones concretas a tiempo se está llevando al sector a una situación difícil sin ninguna claridad a futuro con un alto Riesgo Cierto en la continuidad laboral".

La CArAE, entidad de alcance nacional, tiene sede en la provincia de Córdoba. Agrupa más de 100 pymes especializadas, muchas de ellas contratistas de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y también del Invap. Emplea en forma directa e indirecta a más de 4-300 personas en todo el país, el 60 por ciento se concentra en Córdoba, y el resto se distribuye en Bariloche (Río Negro), Santa Fe y Buenos Aires. Miembros de CArAE dijeron a este diario que "las actividades de alta tecnología del sector requieren de profesionales, ingenieros, técnicos y científicos con una especialización que es muy requerida en el mercado laboral extranjero". 

La incertidumbre creció porque el contrato entre FAdeA y la Fuerza Aérea de fabricación de aviones IA-63 Pampa versión III sigue demorado a pesar de la aprobación de la Casa Rosada (el sí lo dio Gustavo Lopetegui). 

La otra cuestión que pone en jaque la producción del Pampa se vincula directamente con el reclamo principal de la CArAE: no está asegurada la cadena logística (proveedores) de la unidad de fabricación del Pampa. Hay componentes críticos a cuyos proveedores se les adeuda cerca de 27 millones de dólares y aunque FAdeA saldase la morosidad de inmediato, un pedido de provisión en aeronáutica ronda los 12 meses promedio hasta contar con el repuesto en fábrica. Ercole Felippa, presidente de la planta y su management piensan canibalizar aviones Pampa de la serie II que la fuerza tiene sin servicio por inspecciones y extraer partes a ser integradas en las 3 unidades nuevas previstas para 2017. La CArAE sostiene que "el producto de una fábrica no construye la política industrial estratégica, es al revés". ¿Es vendible el Pampa, un entrenador concebido en la década del 80?, preguntó este diario. La fuente empresaria aseguró que hay un nicho en la región y otro en África y Sudeste asiático. "Interesa a Bolivia, México y Paraguay, también a Indonesia, Nigeria y Sudáfrica".

Que no hay política industrial estratégica se ve, por caso, en las señales que se dan a Brasil. Oficinas de la jefatura de Gabinete (Secretaría de Asuntos Estratégicos), de Defensa (Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares) y de la Cancillería con injerencia en el asunto parecen dialogar en idiomas diferentes.

La Argentina (con FAdeA) es socio de riesgo de Embraer en la producción de piezas para el avión de transporte KC-390 desarrollado por el grupo aeronáutico brasileño. La planta cordobesa invirtió más de 30 millones de dólares en el proyecto, ya entregó componentes, a mediados de marzo se testeó en vuelo el prototipo en la base aérea de Río Gallegos, pero no se ha formalizado ningún pedido a Brasil para dotar de esos aparatos a la Fuerza Aérea criolla. 

La Casa Rosada inclusive orientó la preferencia por otros aviones de transporte, uno de la firma Airbus y, más reciente, por otro del grupo italiano Leonardo, el Spartan C-27J, resultado de la visita oficial que hizo el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Más poder para la oficina que realiza las escuchas: podrá acceder a bases de datos del Gobierno

(Infobae.com) - La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio que permitirá agilizar los procesos judiciales.

La Oficina de Captación de Comunicaciones, que en la actualidad depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia que ampliará sus facultades y le permitirá concentrar mayor información estatal.

De acuerdo con el convenio, la dirección antes conocida como "Ojota", que realiza las "pinchaduras" legales de teléfono, podrá acceder a datos de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y bases de datos personales. También se firmaron convenios con la UIF y la AFIP.

La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información. Al centralizar tanta información, los jueces podrán remitirse a una sola oficina del Poder Judicial en lugar de tener que librar oficios a varias dependencias, lo que agilizaría los procesos.

El director ejecutivo de la Oficina de Captación de Comunicaciones, Juan Tomás Rodríguez Ponte, explicó al diario La Nación que "con más bases de datos" se podrá "ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos".

"La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información", señaló en referencia al acuerdo de cooperación firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

(Valeria Real / Ministerio de Justicia)

Como parte de la iniciativa se confeccionará un protocolo que dará a los jueces mejores herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado.

El protocolo será evaluado por un comité de expertos integrado por los jueces federales Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky.

Prorrogan las concesiones viales por falta de interés del sector privado

Por Diego Cabot - LA NACION

Los contratos serán extendidos doce meses; Transporte también quiere reemplazar el actual esquema de explotación, basado en los subsidios del Estado, por otro que haga eje en la inversión privada; analizan los peajes electrónicos

Las rutas argentinas no encuentran quien las quiera. El endeble esquema de concesiones viales que rige actualmente en las rutas nacionales se mantendrá, al menos, un año más. Recién entonces podría haber un esquema algo más sólido que el actual.

Cuando el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se siente en su despacho al volver de la gira asiática, tendrá una norma para firmar. Se trata de la llamada "emergencia técnica", que se aplicará a los corredores viales argentinos. Será por un año, específicamente hasta el 21 de abril de 2018, cuando estará listo un nuevo esquema para la explotación de las rutas. Mientras tanto, todo seguirá como está ahora.

La Argentina tiene desde hace años un sistema de cobro por cabinas en las rutas nacionales que es fuertemente subsidiado por el fisco. De hecho, antes de los aumentos de tarifas que se dispusieron a principios del año pasado, las cabinas recaudaban alrededor de 20 por cada 100 pesos que necesitaban para funcionar. Luego, con el aumento que se dio hace más de un año esa ecuación se invirtió a un 70/30, con mayoría esta vez de los aportes de los vehículos que pasan por las cabinas.

Ya no hay contratos a largo plazo en las rutas nacionales que integran los poco más de 9000 kilómetros que forman la red de peajes en el interior del país. Los contratos vencieron en abril de 2016. Entonces, los funcionarios, con pocos meses en el poder, decidieron extender aquella prestación un año más. El plan era avanzar en un esquema distinto del actual -caracterizado por una enorme dependencia de los subsidios públicos- y que atrajera inversión privada.

Pero el tiempo pasó y no hubo manera de que ese paquete de rutas fuera atractivo. Entonces se decidió otra prórroga más, que vencerá en 2018.

La historia de los peajes empezó en los 90. En aquella etapa, el precio del peaje debía servir para mantener la ruta, invertir en la traza y remunerar a la concesionaria. 

A cambio de manejar esa caja, la empresa que explotaba el corredor tenía que pagar un canon. Eso ocurrió desde 1993 hasta 2003. No funcionó porque las tarifas nunca se actualizaron como establecían los pliegos, y Estado y empresas incumplieron por igual. Aquel experimento se partió en pedazos mucho antes de la caída de la convertibilidad. Los acuerdos tenían cláusulas de actualización que se disparaban cuando algunas variables cambiaban. 

Pero sucedió que la política y los tiempos electorales hicieron de las suyas. Entonces, la tarifa se congeló y las obligaciones de todos se archivaron. El resto lo rompió la pesificación de las tarifas, en 2002.

Luego se continuó con otro esquema ideado por Néstor Kirchner: las concesionarias quedaron como meras gerenciadoras. Se limitaban a cortar el pasto y bachear. El peaje ya no era de ellos, sino que debía depositarse diariamente en el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), el organismo que manejó durante años Claudio Uberti. Pero el funcionario se dedicó a pilotear la polémica relación con Venezuela y los escándalos del vuelo con la valija de los 800.000 dólares de Guido Antonini Wilson, en diciembre de 2007, lo terminaron por sacar del poder.

Las concesionarias cobraban y depositaban la recaudación, y el Occovi liquidaba una comisión a las empresas. Todas las obras y las licitaciones las hacía el Gobierno. El peaje se congeló y los costos subieron; el Estado hizo pocas obras y las concesionarias no pudieron ni quisieron cumplir sus compromisos.

En 2010 volvió a cambiarse el sistema. Se licitó un plan de obras por corredor y las empresas cotizaron la ejecución de esos proyectos. Y como suvenirse llevaron la operación de la concesión. Pero tampoco se hizo la obra pública en la gran mayoría de las rutas; por lo tanto, se volvió a inventar otro modo de operación. Las concesionarias presentan un listado de trabajos y costos (la mano de obra, por caso, o la cantidad de metros cuadrados de desmalezamiento de banquinas) y sobre eso se calcula un pago. Lejos, muy lejos, quedaron los principios básicos de una concesión que descansa en la transferencia del riesgo en la explotación al titular de la operación.

Esos contratos vencieron en abril del año pasado, pero con el nuevo gobierno recién llegado se optó por la prórroga por un año.

Prorrogan las concesiones viales por falta de interés del sector privado. Foto: DyN / Archivo

En Vialidad Nacional reconocen que no se llegó a tiempo y que por eso la necesidad de la "emergencia técnica". Hubo reuniones con empresas constructoras, con otras de tecnología y con el gremio de los empleados de peaje, que supo manejar Facundo Moyano.

Todos reconocen que el sistema actual fracasó. Ahora bien: en la Argentina de los cambios regulatorios constantes, es prácticamente imposible pensar en contratos de concesiones típicos que tengan duración por varias décadas. Nadie está dispuesto a que se le transfiera el riesgo.

En el Gobierno quieren cambiar el esquema, pasar a uno que tenga más anclaje en los peajes electrónicos (de ahí la visita a las empresas tecnológicas) y que inicie un proceso de reconversión de los empleados que cobran el peaje. El gremio sabe que ése es el camino elegido, pero no hubo avances aún.

Las empresas han puesto reparos a la hora de las consultas. En la Argentina de los amparos, no es tan fácil tener certezas sobre eventuales aumentos. En la mesa prefieren esperar. Mientras tanto, la inversión que hay en las rutas de una cifra impar corre por cuenta del Estado. No hay inversión privada en ese sector, como sí la hay en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que tienen flujo de tránsito y tarifas actualizadas. Y no la habrá, al menos hasta el año próximo.

En la mira del gobierno

Plazos extendidos

El Ministerio de Transporte decidió prorrogar los actuales contratos de concesión en rutas nacionales hasta el 21 de abril de 2018, cuando estará listo un nuevo esquema para las explotación de las rutas.

Nuevo esquema

Uno de los objetivos de la cartera que dirige Guillermo Dietrich es dejar atrás el actual sistema, basado en los subsidios que aporta el gobierno nacional para el mantenimiento de las rutas.

Apuesta a la tecnología

Uno de los puntos del esquema que analizan en Transporte es impulsar el desarrollo de los peajes electrónicos, lo que implica un proceso de reconversión de los actuales empleados que trabajan en las cabinas.

Red nacional

En total, los contratos actuales suman un poco más de 9000 kilómetros, que forman la red nacional de concesiones por peaje. En abril de 2016 vencieron los contratos, que inicialmente había sido prorrogados por un año, y ahora de nuevo fueron extendidos por otros doce meses.

Inundaciones: baja la tensión en la provincia por el anuncio de obras y la mejora del clima

Por Eduardo D'Argenio - LA NACION

Se declaró la emergencia hídrica para 26 partidos, lo que permite agilizar soluciones hidráulicas y económicas; se prevén lluvias escasas para los próximos días; alerta por el nivel de La Picasa

Funcionarios de la provincia y del municipio de Junín monitorean el río Salado. Foto: GBA

LA PLATA.- En las zonas inundadas del noroeste bonaerense se percibe en los últimos días un descenso en la tensión que venía siendo el estado de ánimo predominante entre pobladores y productores rurales.

Al anuncio de obras realizado por el gobierno provincial, se sumó la decisión de declarar la emergencia hídrica por 18 meses en 26 partidos afectados por los anegamientos. Y las previsiones climáticas para los próximos días también contribuyen para generar un margen de optimismo.

No obstante, el crítico panorama -que había derivado en cortes de ruta y protestas vecinales- todavía es lo suficientemente preocupante. Los distritos declarados en emergencia son General Villegas, Florentino Ameghino, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, General Pinto, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Bolívar, 25 de Mayo, Leandro N. Alem, Lincoln, General Arenales, Carlos Casares, Junín, Chacabuco, 9 de Julio, General Viamonte, Bragado, Colón, Rojas, Salto, Pergamino, Arrecifes y San Nicolás.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se destaca el objetivo de "realizar obras y acciones necesarias para aliviar las consecuencias de las inundaciones y el escurrimiento superficial de las aguas", al tiempo que también faculta al Ministerio de Infraestructura bonaerense a "adoptar las decisiones que estime convenientes para evitar los agravamientos que pudieran derivarse del fenómeno meteorológico individualizando y/o solucionando los problemas".

Foto: LA NACION

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, lejos de las intensas lluvias de los últimos meses, sólo se prevén precipitaciones débiles para los próximos días. Sin embargo, el noroeste bonaerense ya se encuentra muy afectado como consecuencia del ingreso de agua proveniente del crecimiento de la cuenca del río Salado. Esta situación compromete especialmente los campos y la actividad agropecuaria de municipios como General Villegas, América, Rivadavia, Pehuajó, Carlos Tejedor y Junín.

Ese último tiene el 50% de las hectáreas bajo el agua. El terraplén que construyen la intendencia de Junín y el gobierno provincial para proteger a unos 5000 vecinos de un probable desborde del río Salado ya lleva concretados cinco de los diez kilómetros de longitud previstos y se estima que la contención estará terminada en cuatro días.

La comuna informó que a través de ese terraplén, construido con silobolsas, plástico y tierra, se busca dar amparo a cinco barrios suburbanos con más de 300 casas situadas a la vera del río.

La principal preocupación

Pero sin lugar a dudas la mayor preocupación la sigue generando el desborde de la laguna La Picasa, que superó sus límites en varios sectores de la ruta nacional 7. Por ese motivo, se trabaja contra reloj para evitar el desborde del espejo de agua, según precisó el presidente del Comité de Cuenca de esa laguna, Juan Carlos Duhalde.

Mientras tanto, el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, Rodrigo Silvosa, enfatizó que la gobernadora María Eugenia Vidal pidió trabajar en dos frentes: la urgencia y el largo plazo. "Trabajamos con obras de contingencia para escurrir el agua, el envío de bombas y de equipos humanos de emergencias, con base en General Villegas, Salto y Mar del Plata. Además, impulsamos las obras hidráulicas que estaban pendientes en la cuenca", dijo.

El funcionario recordó que "hay un comité de cuenca formalizado del que participan las cuatro provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa) y en el que las decisiones se toman en conjunto; a veces no todos están de acuerdo, pero es tal vez el avance más importante desde el punto de vista institucional: la existencia de un diálogo directo sobre la situación y sobre nuestras intervenciones en la cuenca".

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leandro Sarquís, advirtió a los municipios que el gobierno provincial aplicará sanciones "contra quienes tomen medidas unilaterales para escurrir aguas", al tiempo que recordó que las comunas deben controlar la existencia de canales clandestinos en campos, por lo que se comprometió a establecer un control "multilateral" sobre el avance de las obras del Salado.

Evacuación preventiva

Mientras tanto, las intensas lluvias provocaron no pocos inconvenientes días atrás en jurisdicción del partido de Salto, donde se procedió a la evacuación preventiva de aproximadamente 300 pobladores del barrio La Trocha, a raíz del crecimiento del río homónimo.

El intendente local, Ricardo Alessandro, precisó que si bien se monitorea de manera constante la altura de ese curso de agua, todavía no fue declarada la alerta roja debido a que la cota del río no superó los 7,50 metros y permanece en 6,90 metros, con tendencia a la baja.

En tanto, en el distrito de Arrecifes, alrededor de 50 personas fueron evacuadas de manera preventiva, aunque, alentado por las buenas perspectivas climáticas para las próximas jornadas, el intendente Javier Ignacio Olaeta estimó que "la situación va a ir mejorando con el correr de las horas".

Un doble despliegue

Rodrigo Silvosa - Subsecretario de hidráulica - "Abordamos, por un lado, la contingencia, con obras para escurrir el agua, envío de bombas y equipos humanos de emergencias" "Además, trabajamos en el mediano y el largo plazo impulsando obras hidráulicas que estaban pendientes"

Evaluación de las pérdidas

LA PLATA.- "En la provincia son cerca de ocho millones las hectáreas cultivables que están afectadas por las inundaciones." Así lo reveló días atrás el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien detalló que "hay zonas de pérdida total y otras que pueden ser recuperadas". Y estimó que "suman entre 180 y 300 millones de dólares las pérdidas".

Avanza el traspaso de la maquinaria de Báez a Vialidad Nacional

(La Nación) - Los equipos se están reparando para volver a ponerlos en funciones

Vista del playón de Austral Construcciones, donde están depositados los vehículos. Foto: Archivo / Horacio Córdoba

Aquel imperio de maquinarias viales que perteneció al empresario Lázaro Báez está a punto de empezar a repartirse. Si bien fue en marzo cuando Vialidad Nacional logró que el juez Sebastián Casanello le diera la guarda y el uso de 986 unidades, por estos días recién se está ejecutando aquella orden.

Entre apelaciones y trámites, pasaron un par de meses más. Actualmente, varias máquinas viales que tenían estampado el logo de Austral Construcciones están en un depósito de Vialidad Nacional en Río Gallegos para volver a ponerlas en marcha. Por ahora, hay 89 máquinas que ya están en reparación, aunque en el organismo dicen que sacarán alrededor de 457.

Los abogados de Vialidad obtuvieron una orden judicial que es una suerte de allanamiento continuo y que evita que se tenga que hacer un pedido judicial por cada equipo. Esta instancia, aseguran los funcionarios, facilitó su tarea.

Además de la necesidad de usar las máquinas, había otra razón de apuro. En Vialidad creen que varios equipos fueron canibalizados, es decir, que fueron retiradas algunas piezas con valor en el mercado de las autopartes viales.

En Vialidad ya se puso en marcha la logística. Primero, se acondicionará un depósito en la capital de Santa Cruz. Después, las máquinas que se necesiten para la zona, quedarán allá. El resto, serán trasladadas con carretones, varios de ellos de la propia Austral Construcciones.

Una de las cosas que llamó la atención de los técnicos del organismo vial es que no hay vehículos más nuevos que de 2011. La mayoría de ellos son anteriores. Creen que, desde entonces, no hubo compra de maquinaria nueva. Quizá le cambiaron los tiempos políticos a Báez.

De acuerdo con una auditoría que se realizó en los principales obradores de la empresa constructora, de las 986 unidades que están registradas a su nombre, 459 se encuentran en un buen estado de conservación, otras 206 están en condiciones regulares y 32, directamente están en mal estado.

Gran parte de esta maquinaria sufre un considerable deterioro cuando no se utiliza, de ahí que Vialidad pidiera que se la entreguen.

Corea del Norte avanza en el desarrollo de misiles y escala la tensión en la región

(La Nación) - Ayer, realizó un test "perfecto" con un misil balístico de mediano alcance, que habría impactado en aguas japonesas; el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia.

Foto: Archivo / KCNA VIA KNS / Vía AFP

Corea del Norte confirmó que realizó ayer un test "perfecto" con un misil balístico que fue supervisado por el líder Kim Jong-Un, según consignó la agencia estatal de noticias norcoreana.

Los militares surcoreanos dieron a conocer que el misil tuvo un alcance de varios cientos de kilómetros. El proyectil fue lanzado desde un punto al norte de la capital, Pyongyang, y recorrió más de 500 kilómetros hasta caer al mar. El Comando del Pacífico (Pacom) de Estados Unidos sostuvo que el misil impactó en aguas del mar de Japón y coincidió en que todos los indicios señalan que se trató de un misil de mediano alcance.

Hace una semana el régimen comunista realizó otro ensayo con un misil de alcance medio, en este caso del tipo Hwasong-12, capaz de transportar una cabeza nuclear y que podría llegar a alcanzar territorio de Estados Unidos.

El proyectil recorrió casi 800 kilómetros y alcanzó una altura de más de 2100 kilómetros. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) condenó en duros términos la prueba, la octava del país en lo que va del año.

Los expertos consideraron que el lanzamiento del Hwasong-12 mostró avances significativos en el desarrollo de misiles intercontinentales por parte de Corea del Norte. Uno de los principales objetivos del país es tener la capacidad de atacar con una bomba nuclear no solo a Corea del Sur sino también a Japón y Estados Unidos.

Este país envió hace unos días el portaaviones "USS Ronald Reagan" a patrullar en aguas cercanas a la península de corea. El barco participará en ejercicios junto con el "USS Carl Vinson" en el Pacífico occidental, según consignaron medios estadounidenses y surcoreanos. Al parecer el "USS Ronald Reagan" sustituirá a largo plazo al "Carl Vinson" en la zona.

En la región, las tensiones han ido en aumento en los últimos meses ante las pruebas nucleares y de misiles que ha llevado a cabo el régimen de Pyongyang pese a la prohibición por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump , ha amenazado con actuar unilateralmente ante el conflicto por los programas de misiles y atómico de Corea del Norte . Pyongyang acusa a Washington y a Seúl de estar preparando un ataque contra el país a través de los ejercicios militares regulares que realizan en la zona.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia

Tras el octavo ensayo misilístico de Corea del Norte, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá de urgencia este martes a pedido de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, para analizar el caso de Corea del Norte.

La reunión fue confirmada por fuentes diplomáticas de la ONU que no revelaron el temario de las deliberaciones, aunque en ocasiones similares anteriores se emitieron condenas unánimes a Pyongyang.

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Trump sella un acuerdo por armamento con Arabia Saudita

(La Nación) - Pactó ventas por US$ 110.000 millones con Arabia Saudita

RIAD, Arabia Saudita.- En la búsqueda de forjar alianzas fuertes para combatir el terrorismo, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó ayer un enorme acuerdo con Arabia Saudita para la provisión de armas por 110.000 millones de dólares, en la primera escala de su primer viaje al extranjero.

El paquete militar de hasta 350.000 millones de dólares en un plazo de 10 años incluye tanques, barcos de combate, sistemas de defensa antimisiles, radares y telecomunicaciones, así como también tecnología de ciberseguridad.

"Fue un día tremendo, grandes inversiones en Estados Unidos", dijo Trump después de una reunión con el príncipe heredero saudita. "Cientos de miles de millones de dólares de inversiones en Estados Unidos y empleos, empleos, empleos", agregó Trump en sus únicas declaraciones a la prensa al final de la jornada.

En el aeropuerto de la capital saudita, al que llegó junto a su esposa, Melania, Trump recibió ayer una bienvenida fastuosa de la realeza, que incluyó una exhibición de la aviación militar y un apretón de manos del rey Salman. Llamó la atención que Melania no usara velo, una actitud que hace dos años Trump consideró un "insulto" a la cultura islámica por parte de Michelle Obama cuando acompañó a su esposo en un viaje junto a su esposo a este mismo país.

Tras el recibimiento en el aeropuerto, Trump visitó uno de los palacios más opulentos de Riad y participó en una ceremonia de firma en la que los sauditas pactaron acuerdos militares con el gobierno y empresas privadas de Estados Unidos.

Trump es el primer presidente estadounidense que elige Arabia Saudita, o un país mayoritariamente musulmán, como su primera parada en un viaje al extranjero, una opción pensada en parte para mostrar respeto a la región después de más de un año en la que el mandatario lanzó una dura retórica antimusulmana durante la campaña presidencial.

La visita a Arabia Saudita es el inicio de un ambicioso debut internacional para Trump como presidente. Después de dos días de encuentros en Riad, el presidente norteamericano viajará a Israel, tendrá una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano y se reunirá con sus aliados en una cumbre de la OTAN en Bruselas, además de participar en un encuentro del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo (G-7), en Sicilia, Italia.

Agencias AP y AFP

Comentario:

La Casa Blanca apuntó que estos acuerdos muestran el compromiso de Estados Unidos con su alianza con Arabia Saudí y los países del golfo Pérsico. Además, estas ventas se enmarcan en cinco categorías: seguridad fronteriza y antiterrorismo, seguridad costera y marítima, modernización de las fuerzas aéreas, defensa aérea y de misiles y, por último, mejoras en ciberseguridad y comunicaciones. Según el diario saudí 'Okaz', entre los acuerdos se incluye la construcción en tierras arábigas de 150 helicópteros Black Hawk.

Ocultar bienes en firmas offshore, tarea imposible

Por Ricardo Paolina - LA NACION

Las sociedades denominadas offshore hasta hace muy poco tiempo no estaban obligadas a llevar registros contables de las operaciones comerciales y financieras que hacían fuera de sus países de constitución, porque así lo disponían los códigos comerciales de sus respectivos países, lo que derivó en muchos casos en el uso ilegal de este tipo de sociedades en razón de las dificultades que se presentaban para obtener datos relativos a sus patrimonios, investigaciones sobre operaciones comerciales, división de bienes en casos de divorcios, etcétera.

Desde el 1° de enero de este año, en Panamá rige la ley 52, aplicable a todos los entes jurídicos (SA, SRL, Fundaciones de Interés Privado u otros con fines comerciales) que operen fuera de Panamá, a los que se les imponen las siguientes obligaciones:

- Llevar registros contables y conservar la documentación respaldatoria de sus operaciones comerciales en el domicilio del agente residente en Panamá por un mínimo de 5 años.

- Si se resguarda la documentación y registros en un domicilio distinto al del agente residente, según lo decida el consejo de administración, se deberá informar la dirección de custodia y nombre y datos de contacto de la persona encargada.

- Proveer al agente residente, en 15 días, la documentación que pueda requerir cualquier autoridad.

- El agente residente en Panamá deberá conservar copia de los registros de los accionistas de la sociedad.

Se prevén fuertes sanciones por incumplimientos de las obligaciones, como multas de US$ 1000 más US$ 100 por cada día de demora, la renuncia del agente residente, la suspensión de los derechos corporativos y la disolución judicial del ente jurídico.

Si bien la ley no impone la obligación de presentar estados financieros, los registros que deberán llevar deben describir los importes recibidos y gastados, los bienes que conforman el activo y también los pasivos.

Idéntica situación se verifica en el caso de las sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, donde el gobierno introdujo enmiendas a su ley de Compañías de Negocios. Estas sociedades deberán inscribir a sus directores en el Registro de Asuntos Corporativos, que está a disposición de cualquier autoridad competente que la requiera para investigación y/o suministro en caso de intercambios de datos con fiscos extranjeros,

Es responsabilidad de la sociedad llevar registros de las operaciones comerciales, conservar la documentación y confeccionar estados financieros e informar al agente residente el nombre de los accionistas y los datos de quienes se encarguen de conservar 5 años la documentación y los estados contables. Por incumplimientos hay multas de US$ 50.000.

La transparencia fiscal internacional viene ganando ampliamente la batalla contra la confidencialidad. El accionar de estos países (y otros que adoptarán normas similares) llevan a que los contribuyentes que han adherido al sinceramiento fiscal, estén bien asesorados, tomen medidas tendientes al resguardo de sus patrimonios y preparen la información que les será exigida por la AFIP.

Socio de Lisicki, Litvin & Asociados

Bagayeros: el contrabando paga su peaje con sangre

Por Germán de los Santos - LA NACION

Enfrentamientos entre "pasadores" en las ciudades salteñas de Orán y Aguas Blancas se saldan hoy con atentados y ajustes de cuentas que multiplican los muertos y heridos en la ruta 50

Después de 20 cruces diarios de la frontera, un “pasador” puede ganar $ 1000. Foto: Marcelo Manera

ORÁN, Salta.- En medio de la penumbra Raúl "Coya" Martínez no tuvo tiempo para huir ni resistir. Despreocupado, comía un sándwich apoyado en su Toyota Hilux cuando toda la ciudad de Orán, en Salta, ubicada a 32 kilómetros de la frontera con Bolivia, estaba a oscuras por un extraño corte de luz.

Dos motos clavaron los frenos en la esquina de la rotisería Lela, en pleno centro, y tres sicarios, sin sacarse los cascos, comenzaron a disparar. Su esposa trató de alcanzarle a Martínez, de 37 años, una pistola Bersa de la guantera, donde había 10 cargadores de balas 9mm, pero su escasa agilidad no la hizo llegar a tiempo.

Al bagayero, como llaman a los contrabandistas de la frontera entre Argentina y Bolivia, lo ejecutaron de cinco tiros, tres de ellos en la cabeza. Unos días antes había recibido amenazas de que iba a ser blanco de la venganza por otro atentado, tramado por él, contra un colega del ramo de Orán, que fue acribillado de diez balazos.

Desde hace unos meses empezó a recrudecer en esa ciudad la guerra entre los bagayeros. Son más de 5000 en Orán y Aguas Blancas, un punto estratégico de la frontera entre Argentina y Bolivia, que desde hace décadas se transformó en un centro de acopio de todo aquello que traspone el límite geográfico: ropa, electrodomésticos, drogas y hasta personas.

Es una actividad ilícita, pero permitida, que creció de manera vertiginosa durante los últimos cinco años. "Calculamos que más de un tercio de la comunidad se dedica a esta actividad que va en ascenso", señala el fiscal José Luis Bruno.

Hasta ahora esa forma de vida era aceptada por las autoridades, pero el narcotráfico y la trata de personas hizo más oscuro y violento ese negocio ilegal, que ya dejó de ser un factor de subsistencia de parte de la comunidad de la zona para transformarse en una mafia que mueve millones.

Otro engranaje del negocio es el tráfico de ciudadanos chinos que cruzan la frontera de manera ilegal. Son "aguantados" en viviendas del barrio Caballito de Orán para después enviarlos en remises a distintas zonas del país, fundamentalmente Buenos Aires.

El tráfico es una maquinaria que no se detiene. Funciona sin feriados ni fines de semana. Y ese trajín se observa diariamente sobre todo a la tarde en la ruta 50, que es el conducto que une los dos países.

Unas horas antes de que Martínez fuera asesinado, Gendarmería secuestró 63 kilos de cocaína y una ametralladora Halcón en un auto que trasladaba bultos desde Bolivia a Orán por la ruta 50. Desde hace un año, la Justicia investigaba por narcotráfico a los dos detenidos.

"En el contrabando todo está mezclado en esta zona, pero cada vez tiene mayor peso el narcotráfico y la violencia que generan estos grupos que se enfrentan para tener el control", aseguró Bruno, fiscal de Orán, en diálogo con LA NACION.

Control de pasos ilegales

El Ministerio de Seguridad de la Nación pretende ordenar por primera vez este complejo entramado. El secretario de Fronteras Luis Green adelantó que se pretende cerrar este año 25 pasos ilegales, en un trabajo coordinado con las provincias.

Más de 5000 personas viven de sus ganancias como bagayeros en Aguas Blancas. Foto: Marcelo Manera

Pero en Orán y Salvador Mazza, dos puntos estratégicos del arribo de droga a la Argentina, no será sencillo. Allí gran parte de la población vive del tráfico ilegal y cuando se ha querido cambiar este esquema se producen conflictos, piquetes en la ruta y enfrentamientos, como ocurrió hace tres años cuando un grupo de bagayeros tomó de rehenes a un grupo de gendarmes hasta que los efectivos de esa fuerza no les devolvieran la mercadería de contrabando secuestrada. Luego se gestó un enfrentamiento en plena ruta 50, donde murió de un balazo un bagayero que vivía en el barrio Néstor Kirchner, de Orán.

No es fácil entrar en el rubro, controlado por representantes de Manuel Barrios, presidente de la Cooperativa 15 de Abril que agrupa a los "pasadores". Tiene dos causas abiertas en la justicia federal por contrabando.

Barrios es quien cobra por el traspaso de los bultos y el que paga a los bagayeros. Este hombre maneja la cooperativa desde fin del año pasado, cuando intentaron desplazar a una mujer de unos 50 años llamada Estefanía que manejaba con exclusividad el traspaso de mercadería desde hacía una década. Entonces, comenzó una guerra que se libra en las calles de Orán y en la ruta 50.

La disputa detonó en una feroz pelea entre bagayeros a palazos y machetazos, que dejó una decena de heridos. Ni la policía ni la gendarmería, que está ubicada a menos de 500 metros del predio, intervinieron. Fuentes de la justicia federal indicaron que no se metieron porque están en inferioridad de condiciones: "Son 20 contra 500".

Rubén Pereyra, un bagayero de 35 años, dice que desde hace unos meses comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Otros bagayeros empezaron a robar los cargamentos en la ruta 50. Se vieron obligados a hacer el trayecto hasta Orán, que son unos 20 kilómetros, con una especie de custodia informal que va armada.

Un alto funcionario de la justicia provincial explicó que el bagayero dejó de ser un rebusque, y se transformó en una mafia. Y cada vez tienen mayor peso e influencia en esta ciudad.