lunes, 24 de octubre de 2016

Grafitis en los nuevos trenes de la línea H


(enelsubte.com) - El pasado viernes por la madrugada grafiteros pintaron un tren cero kilómetro de la línea H.
Pese a las cámaras de seguridad, hasta el momento no se ha logrado dar con los responsables. Los ataques vandálicos a las instalaciones de la red habían disminuido en los últimos meses. Foto: Fernando Cavaliere.

La línea H, históricamente una de las menos afectadas por el flagelo del grafiti -aún en los años en que el vandalismo era moneda más que corriente en el resto de las líneas- fue víctima la semana pasada de un ataque grafitero. Este viernes por la mañana dos pintadas aparecieron en el coche Rca 302, cabina de la formación Alstom “M” de la línea H, que fuera incorporada a servicio en julio pasado.

Pese a que tanto las formaciones como las estaciones cuentan con cámaras de seguridad y sistemas de videovigilancia, hasta el momento no ha sido posible dar con los responsables del hecho, estimándose un mínimo de dos sujetos participantes.

Cabe destacar que luego del pico de vandalismo de 2012 y tras el inicio de las tareas de limpieza exterior de las formaciones, sumadas al endurecimiento de las persecuciones contra los grafiteros -lo que llevó el año pasado a la realización de detenciones y allanamientos-, la ola de actos vandálicos contra coches e instalaciones de la red se había reducido considerablemente.

Comenzará a funcionar un radar meteorológico en Chaco que beneficiará también a la capital de Corrientes

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(TELAM) - El radar fue íntegramente fabricado por la empresa estatal INVAP, medirá a través de ondas electromagnéticas la distancia, altura, dirección y velocidad de precipitaciones, calculará su trayectoria y discriminará si es lluvia o granizo.

Un radar meteorológico fabricado por la empresa estatal INVAP se inaugurará el martes en Chaco, cuando el gobernador Domingo Peppo, encabece un acto para ponerlo en funcionamiento en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. El presidente de la Administración Provincial del Agua, Francisco Zisuela, señaló que la unidad se integrará al Sistema Nacional de Radares Meteorológico, dependiente de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación.


El radar meteorológico, que fue íntegramente fabricado por la empresa estatal INVAP, medirá a través de ondas electromagnéticas la distancia, altura, dirección y velocidad de precipitaciones, calculará su trayectoria y discriminará si es lluvia o granizo. Zisuela dijo que además de detectar núcleos de tormentas, ver su estructura, su probable trayectoria y su severidad, también servirá para magnificar vientos en capas bajas de la atmósfera.

El área de cobertura del radar se estima en un radio de 120 kilómetros para medir viento, de 240 para la detección de núcleos de tormenta y de 480 para detección de formaciones nubosas causadas por erupciones volcánicas o grandes incendios.

El funcionario señaló que esta herramienta de monitoreo constante permitirá "el acceso a información para el corto plazo, es por ello que el radar contribuirá eficazmente a la elaboración de pronósticos a corto plazo o “nowcasting”, que son pronósticos con 4 a 6 horas de anticipación". 

Este servicio permitirá tomar medidas para que la población no se vea sorprendida ante eventos meteorológicos de importancia, resaltó Zisuela.

“Es muy eficaz para ajustar los pronósticos a 24 o 72 horas, y aplicar mayor precisión en cuanto a los lugares de posible afectación y con esta información activar los protocolos del plan de contingencia”, remarcó.

Según dijo “los hidrometeoros difíciles de pronosticar como el granizo o las tormentas de extrema severidad se los puede llegar a ver en formación horas antes de que se presenten”.

También apuntó que la instalación de este tipo de radar “es un viejo requerimiento de la Administración Provincial del Agua, hace años se viene solicitando esta herramienta que permitirá la aplicación de medidas de mitigación en beneficio de las personas y sus bienes”.

Sobre el área de cobertura afirmó que “no solo beneficiará al gran conglomerado del Área Metropolitana del Gran Resistencia, sino también la ciudad de Corrientes y con la instalación de radares en otras provincias se cubrirán amplias zonas donde se elaborarán pronósticos con mayor grado de aciertos”.

Con el fin de bajar costos, Dietrich usa las lanchas de prefectura para asistir a los barcos de cargas

Resultado de imagen para usa las lanchas de prefectura para asistir a los barcos de cargasPor Antonio Rossi - LPO
Buscan desplazar el servicio de lanchas privadas de los prácticos con traslados subsidiados a cargo de embarcaciones de la Prefectura. Presionado por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui --la dupla de los coordinadores económicos de la Jefatura de Gabinete—para que exhiba señales concretas de reducción de costos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich avaló una insólita movida en el sector portuario.
Con fin de lograr una baja simbólica en los fletes marítimos, Dietrich dispuso que la Prefectura Naval Argentina (PNA) utilice sus embarcaciones para remplazar a las lanchas privadas que se encargan de transportar a los prácticos hasta los barcos de cargas que ingresan y parten de los puertos locales.

Por medio de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo (DNTFM) que conduce Gustavo Deleersnyder, el gobierno lanzó a mediados de octubre una “prueba piloto” en los puertos patagónicos para tratar de recortar los costos portuarios usando los equipos y recursos de la Prefectura Naval.

Con la excusa de que a un práctico de Puerto Madryn las empresas de lanchas le habían –supuestamente—negado el traslado hasta un barco, Dietrich y Deleersnyder le ordenaron a la Prefectura que comience a atender ese servicio de transporte con sus embarcaciones y con una tarifa casi irrisoria que no alcanza a cubrir los costos de combustibles de cada viaje.

Mientras las empresas privadas de lanchas facturan, en promedio, unos 1.200 dólares por trasladar a un práctico desde el muelle hasta los barcos que esperan en los canales de acceso, la Prefectura –por indicación de los funcionarios de Transporte--resolvió cobrar por ese mismo servicio solo 600 pesos.
Luego de los primeros traslados que efectuó la Prefectura bajo esta modalidad, tanto las empresas de lanchas, como la mayoría de los prácticos salieron a manifestar sus quejas.

En el caso de las lanchas, porque consideran que se trata de una competencia ilegal del propio Estado que pone en riesgo la continuidad laboral de unas 50 empresas que ocupan alrededor de 1.500 tripulantes.

Además, por medio de un recurso administrativo presentado ante la cartera de Transporte, la Cámara Armadora de Transporte de Prácticos (Calaprac) denunció que las lanchas de la Prefectura no cumplen con los requisitos técnicos para este tipo de servicio que exigen que las embarcaciones tengan un doble motor por razones de seguridad.

En tanto, prácticos reclamaron un trato igualitario para todos porque de lo contrario solo unos pocos se van a ver beneficiados por el “nuevo subsidio que representa traslado barato de la Prefectura” mientras que el resto tiene que seguir afrontando los costos habituales de embarque y desembarco sin la ayuda del Estado.

Ante las protestas y la amenaza de medidas de fuerza de las empresas de lanchas y del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y de Cabotaje Marítimo que podían llegar a paralizar la actividad en los principales puertos del país, el ministerio de Transporte decidió frenar transitoriamente la participación de los prefectos.

Más allá del traspié, la intención de los funcionarios sería esperar unas semanas y volver a la carga con esta jugada en diciembre para cerrar el año con un recorte mínimo en los costos portuarios y marítimos que, según la óptica macrista, están entre los más elevados del mundo.

Me parece que se cortó otra "quintita"...

China y la exportación de madera, los temas centrales de la cumbre de Macri y Tabaré

Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez.LPO - El uruguayo quiere un TLC. El argentino quiere liberar el comercio de madera que se trabó con el conflicto de Botnia.

Foto: Macri y su par uruguayo, Tabaré Vázquez.

En el asado que comerán Mauricio Macri y su par uruguayo Tabaré Vázquez este lunes en Olivos se tocarán dos temas centrales: la relación del Mercosur con China y la exportación de madera a Uruguay, trabada desde hace más de una década por el conflicto bilateral por las papeleras. El presidente de Uruguay quiere firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los chinos y quiere la aprobación de los países del Mercosur.

Según explicó El País, el principal diario uruguayo, la primera reacción de altos funcionarios de la Cancillería brasileña fue que "Uruguay va a tener que elegir" entre el Mercosur y un acuerdo con la potencia asiática. Como Paraguay está enfrentado a China –reconoce a Taiwán como país, imperdonable para los chinos-, a Tabaré le queda la carta de Macri para tener una luz de esperanza en el Mercosur. "Preferiría que lo hagamos todos juntos desde el Mercosur pero siempre voy a tener la mayor apertura para entender las necesidades de los hermanos del Uruguay. Yo tengo un profundo afecto y compromiso en respetar la historia y el afecto recíproco que hemos tenido muchos años y que por ahí estuvo un poquito en crisis en los últimos años", zigzagueó Macri ante medios uruguayos la semana pasada.

El momento que elige el uruguayo para convencer a Macri de un TLC con China es el menos adecuado. Macri. Al mismo tiempo en el que estrechó los vínculos de Argentina con Estados Unidos, el líder del PRO frenó la construcción de las represas santacruceñas que están en manos de los chinos y como represalia le cortaron la importación de aceite de soja.

En este contexto, en Uruguay dan por descontado que Macri no apoyará la moción de Tabaré, lo que conformaron a LPO fuentes del Gobierno. Por otra parte, Macri y Tabaré dialogarán sobre el tema que enfrentó más fuertemente a ambos países en las últimas décadas: la madera.

Los mandatarios intercambiarán mañana los informes y resultados de cinco años del monitoreo medioambiental en los alrededores de la conflictiva planta de pasta celulosa de UPM (ex Botnia), que entre 2006 y 2010 enfrentó a los países en un juicio ante la Corte Internacional de Justicia y enfrió las relaciones bilaterales durante las anteriores gestiones kirchneristas.

En el mismo sentido, según confirmaron a LPO fuentes del Gobierno, Macri le pidió al gobernador de Entre Ríos –el epicentro del conflicto de la década pasada- Gustavo Bordet, que derogue la prohibición para exportar madera a Uruguay.

La ley 9.759 de Entre Ríos prohíbe expresamente la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas en Uruguay. Se trata de una ley de 2007 que fue hecha explícitamente contra Botnia en medio del conflicto de Néstor Kirchner con Tabaré, ya que los artículos de la norma sólo prohíben la comercialización de la madera con el país vecino y no con otros. Ahora, Bordet apuró una ley para crear el “Plan Maderero Entrerriano”, para desarrollar la actividad foresto-industrial que quedó relegada en los últimos años.

Mientras que la industrial forestal de Entre Ríos quedó totalmente relegada tras el conflicto bilateral, la prohibición afectó también a la provincia vecina de Corrientes. Según dijeron a LPO fuentes del sector, en el momento del cambio de gobierno cerca del 40% del crecimiento de los montes de la provincia de Corrientes no se aprovechaba adecuadamente.

Esta ley de Bordet, que este domingo se mostró con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no pasó inadvertida para los ambientalistas que acamparon durante años en el cruce fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos. Casualmente, quien fuera uno de los líderes de los asambleístas es Alfredo de Angeli, nativo de Gualeguaychú que inició su carrera política en campaña contra Botnia. Ahora es senador de Macri.

Se esfuma ahorro para la campaña antártica por multa.

gastos. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.Por Edgardo Aguilera - Ambito.com.
La Justicia dispuso una condena millonaria a Defensa por juicio generado en la era K. Por pago de demanda judicial peligra la campaña antártica.
El juzgado Civil y Comercial Federal N°2 a cargo del juez Horacio Cecilio Alfonso en el expediente 7428/2014, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la empresa Assine S.A. contra el ministerio de Defensa y ordena el pago de u$s13.458.535 más los intereses, que fijó en el 7% sobre ese capital. El dictamen de segunda instancia confirmó el pago. La noticia cayó como agua congelada (literal) en la oficina de Walter Ceballos, secretario de Logística del Ministerio, responsable de la organización de la campaña antártica

Assine, en representación de Transport & Services, es uno de los oferentes que se presentó en la licitación pública internacional N° 40/2016 que lanzó el Gobierno este año para el alquiler de medios navales destinados a abastecer las bases antárticas y que resultó fracasada. 

La decisión judicial impacta de lleno en el ajuste de gastos de la logística antártica previsto por la administración de Cambiemos. El secretario Ceballos fijó como meta bajar los u$s23 millones del año pasado a 17 para el alquiler por tiempo de un rompehielos, de un buque polar, y de helicópteros pesados. El presunto ahorro sólo será un asiento contable. Condenado a pagar los u$s13 millones más intereses a Assine y sumados los 17 de las operaciones del ejercicio actual, Defensa erogará u$s30 millones por conceptos antárticos. 

Assine había sido adjudicataria de la licitación de alquiler de un buque polar y un helicóptero para la campaña del verano de 2012/13. Al término de aquellas operaciones inició un pleito contra el Estado (Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, gestión de Arturo Puricelli y brigadier general Jorge Chevalier) por incumplimiento de contrato y reclamó servicios impagos de transporte aéreo de personas y de carga general movilizada por barco. La contratación era por 35 días de uso del buque polar Timca y la misma cantidad para el helicóptero Kamov. Las operaciones del Timca comenzaron el 15 de febrero y deberían haber finalizado el 23 de marzo de 2013 pero se acumularon demoras, disputas contractuales entre Puricelli y el empresario Roberto Fasce, titular de Transport & Services y finalmente culminaron el 26 de mayo de aquel año. 

Los días excedidos son el objeto del pleito que debe afrontar la caja de Defensa. 

Al finalizar la campaña de 2012/13 quedó un remanente del 30% del combustible sin descargar para la base vice comodoro Marambio. Esos tambores se depositaron a la intemperie en el puerto de Punta Loyola (Rio Gallegos) para ser trasladados en aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. A la fecha aún permanece allí una parte de los tambores que lucen corroídos por impacto del clima.

Se sabe que hubo contactos recientes con Assine para llegar a un acuerdo extrajudicial que podría incluir en contraprestación, disponer de un buque polar pero no se llegó a ninguna solución. 

En este escenario Defensa inició conversaciones con la Federación Rusa, Estonia, Francia y Sudáfrica para explorar una contratación de Gobierno a Gobierno en búsqueda de rompehielos, buque polar y helicópteros. La opción sudafricana surge como la más probable y apunta al buque polar Agulhas. Este navío fue presentado por la firma Meihuizen International en la última licitación y se descartó por no cumplir con las especificaciones técnicas fiadas en el pliego. La nave perteneció al Programa Nacional Antártico Sudafricano y fue retirada del servicio en 2012. 
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La dificultad en conseguir un rompehielos -este año es vital para reaprovisionar la base general Belgrano II y retirar varias toneladas de residuos acumulados- conduce a la alternativa del aerolanzamiento. Arrojar víveres, enseres y combustible desde un avión en vuelo. Esa opción es un paliativo y no se llega a completar el stock que requiere una base para su funcionamiento normal. El modo aéreo tampoco ofrece solución al asunto más sensible: sacar toneladas de basura que ponen al país bajo la lupa internacional por incumplimiento de estrictas normas ambientales establecidas en el Tratado del Antártico, protocolo de Madrid.

Suman luces LED y buscan ahorrar energía en calles y autopistas de la Ciudad

9 de Julio. Como otras avenidas, ya está completamente iluminada con la nueva tecnología, igual que las estaciones del Metrobus.Por Pablo Novillo - Clarin.com
El recambio se completó en las vías rápidas, donde se consume un 20% menos. En veredas y espacios verdes renovaron el 66% y esperan terminar en 2018.
Foto: 9 de Julio. Como otras avenidas, ya está completamente iluminada con la nueva tecnología, igual que las estaciones del Metrobus.

La necesidad de reducir el consumo de energía se agudizó con el tarifazo, pero comenzó hace varios años. No sólo en los hogares, también en la vía pública. Y en este sentido, la tecnología brinda una buena oportunidad. El Gobierno porteño ya renovó dos tercios de las luminarias de las calles por lámparas LED, mientras que todas las autopistas de la Ciudad tienen los nuevos artefactos. Los resultados se empiezan a notar: en las vías rápidas el ahorro de electricidad supera el 20%

Según informaron en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ya reemplazaron 82.500 luminarias, lo que representa un 66% del total de 125.000. La intención es llegar al 100% a lo largo de 2018. El plan de recambio de equipos comenzó en 2014.

La cobertura ya es total en Versalles y Núñez, por ejemplo, y a fines de noviembre lo será en Balvanera, San Cristóbal, Almagro, Boedo y Caballito.

En tanto, 2.600 lámparas fueron colocadas en 78 espacios verdes, entre ellos el Parque Rivadavia, Parque de los Andes, Plaza de las Naciones (donde está la Floralis Genérica), Plaza Irlanda y Plaza Almagro. También se priorizó el reemplazo de artefactos en las principales avenidas, como 9 de Julio, Libertador, Figueroa Alcorta, Rivadavia, Amancio Alcorta, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Montes de Oca y la 27 de Febrero, por ejemplo.

El recambio tecnológico comenzó antes en las autopistas. La empresa AUSA empezó en 2010 a poner equipos LED en las cabinas de peajes y los carteles de señalización. El año pasado se hizo el reemplazo integral. La primera etapa abarcó las autopistas Perito Moreno, Dellepiane, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur Arturo Frondizi y AU7 Cámpora, donde instalaron más de 3.000 luminarias.

En el primer semestre de este año, en el corredor 25 de Mayo-AU Perito Moreno el ahorro en el consumo fue del 20%. La diferencia, que fue de 261.215 kWh, equivale al consumo anual de 270 familias, explicaron en AUSA.

La segunda etapa acaba de terminar. Consistió en reemplazar 1.200 luces de la autopista Illia y las avenidas Lugones y Cantilo. Esta última, por ejemplo, tuvo un consumo un 28% menor en el último trimestre comparado con el mismo período del año pasado.

"Las LED permiten aumentar considerablemente la luminosidad y reducir el ahorro energético a un 50% con respecto a las lámparas tradicionales", explicó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli. Pero esa no es la única ventaja: los aparatos tienen una vida útil un 50% mayor que las lámparas halógenas, con lo cual se reduce también el gasto de mantenimiento.

En AUSA informaron que sus nuevos equipos están conectados al centro de monitoreo, por lo cual si alguno deja de funcionar podrán detectarlo inmediatamente y acelerar su reparación. Además, las LED permiten regular la intensidad de la luz, lo cual da la posibilidad de bajarla en los horarios donde no haga falta tanta iluminación. Como la luz que emiten estos aparatos es más potente, también mejora la seguridad.

La sigla LED significa "Light Emitting Diode", o "Diodo de Emisión de Luz". Si bien los primeros desarrollos de esta tecnología datan de 1927, fue en las últimas décadas cuando su avance se aceleró. De hecho, el premio Nobel de Física de 2014 lo ganaron tres científicos japoneses (Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura) por haber inventado el diodo LED de luz azul, que permitió mejorar la luminosidad.

La migración a esta tecnología también se da en los hogares. La venta de lamparas LED, que pueden durar hasta 15 años, se cuadruplicó en los últimos años, y ya se pueden conseguir a $ 100. Además, por un subsidio del Gobierno porteño, los clubes de barrio están empezando a reemplazar sus artefactos.

Energías renovables: El primer brote verde de la economía macrista


Un grupo de 29 empresas ganaron la licitación para instalar 1142 MW de potencia y avanzan con inversiones por US$ 2000 millonesPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION.
Un grupo de 29 empresas ganaron la licitación para instalar 1142 MW de potencia y avanzan con inversiones por US$ 2000 millones. Foto: Javier Joaquín.
El viento, el sol y el agua están en la Tierra desde que el mundo es mundo. Pero la Argentina parece haber descubierto recién sus potencialidades para instalar desarrollos masivos que permitan producir energía.


Sobre la base de esos recursos ancestrales se paró el gobierno de Mauricio Macri para crear su primer boom real de inversiones. Un conjunto de 29 empresas con nombre y apellido ganaron la licitación para instalar 1142 MW de potencia (es el equivalente a 1,5 veces la producción de Atucha II) con una inversión de entre US$ 1800 y US$ 2000 millones. No por ambicioso el plan es menos concreto: las empresas deberán tener sus iniciativas listas en un plazo de entre 12 y 24 meses. De lo contrario, perderían una garantía a favor del Estado que puede llegar hasta los US$ 25 millones.

El premio no es económico, sino también ecológico. Según el cálculo oficial, con la primera licitación de energías limpias se dejarían de enviar a la atmósfera unas dos millones de toneladas de dióxido de carbono. Es lo que producen anualmente 900.000 autos.

El secretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, es uno de los creadores de la iniciativa. La identificación con su cargo aparece apenas se le echa una mirada a su escritorio. A su izquierda hay dos frascos con biomasa (desechos orgánicos que se utilizan para generar energía) y la réplica de un aerogenerador cuyas baterías se cargan con la radiación solar. "La Argentina está recién empezando con esto, pero en el mundo ya se sabe cómo hacerlo para que no falle. El tecnólogo le ofrece a las empresas la operación, el montaje y el mantenimiento por varios años. La posibilidad de fracaso es muy reducida", sostiene.

El otro promotor es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que encierra varias curiosidades. Por caso, pasó 35 años trabajando para una petrolera (Shell), pero hoy se convirtió en el primer defensor de los recursos renovables. Una más: fue el ministro más criticado en los días álgidos del tarifazo, pero ahora lidera el sector con mayores chances de atraer inversiones genuinas y no tradicionales al país.

Meses atrás, el Gobierno anunció que licitaría la construcción de 1000 MW de energías renovables, pero recibió propuestas por más de 6000 MW a través de 123 propuestas, de las cuales adjudicaron 17. La afluencia de pretendientes se debió a que la novia estaba muy bien arreglada. Los ganadores tendrán un contrato en dólares a 20 años a través del cual Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, comandada por el Estado, se compromete a comprarle toda la energía que produzcan esos proyectos. Y de premio reciben un ajuste de 1,7% interanual para compensar la inflación en moneda extranjera, una cuenta que se hizo en base a los bonos del tesoro norteamericano.

Si algo de todo eso falla, hay una protección para el inversor compuesta de varias redes. Por caso, si Cammesa no paga puede recurrir a un fondo denominado Foder donde está el dinero disponible para sostener al sistema por 12 meses (ya se abrió la cuenta en el Banco Nación) y un aval soberano (hay una garantía compuesta por letras del Tesoro).

La arquitectura del proyecto parece incluso preparada a crisis como la de 2001. ¿Qué pasa si hay un default? El inversor puede reclamarle al Banco Mundial los pagos correspondientes a la amortización restante del proyecto, siempre que haya pedido en la oferta la garantía de ese organismo. "En el lugar del mundo y la moneda que quieras", remarca Kind.

El kirchnerismo había comenzado a caminar el camino de las renovables, aunque no con un tranco distinto. Por caso, cerró contratos de energía eólica por US$ 120 el MW, cuando ahora el precio medio adjudicado es de US$ 59,4. Es el caso de Genneia, una empresa en la que conviven accionistas diversos como el fondo Fintech, de David Martinez, y la familia Brito, principales accionistas del banco Macro. Su CEO, Walter Lanosa, explica los motivos: "Son contratos con diferencias sustanciales. Los anteriores eran en nuestro caso a 12 años, con venta spot a su finalización. Los nuevos tienen una actualización anual, son más largos y con beneficios fiscales superadores. Además, la tecnología avanzó y la apertura del Gobierno hizo que las tasas de financiación de estos proyectos están acercándose a las de los países vecinos".

Acostumbrados al riesgo

El boom de las renovables tentó a los grandes jugadores locales, como Pampa Energía, dueña de Edenor y de centrales de generación, socia de Transener y una de las grandes petroleras del país tras la compra de la filial local de Petrobras. "Hoy se han dado una serie de factores -credibilidad, reglas claras, transparencia, acceso al crédito- que hacen posible la participación en energías renovables. Seguramente nos presentaremos a toda futura convocatoria para ampliar el parque de generación eléctrica, cualquiera sea la tecnología", explicó Gustavo Mariani, vicepresidente de la firma.

La fiebre de los recursos limpios contagió incluso a los barones del petróleo, acostumbrados a producir una energía mucho menos amistosa con el medio ambiente. Pan American Energy (PAE), la segunda entre las mayores petroleras privadas del país, invertirá US$ 40 millones para instalar entre cinco y seis aerogeneradores en Garayalde, a mitad de camino entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, bajo cuyo subsuelo la empresa opera Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolero del país. Uno de los ejecutivos que diseñó el proyecto lo definió como una prueba en el camino de un cambio en la matriz energética internacional.
Según el cálculo oficial, con la primera licitación de energías limpias se dejarían de enviar a la atmósfera unas dos millones de toneladas de dióxido de carbonoSegún el cálculo oficial, con la primera licitación de energías limpias se dejarían de enviar a la atmósfera unas dos millones de toneladas de dióxido de carbono. Foto: Javier Joaquín.

Aunque la apuesta es costosa, el riesgo es una práctica común para las petroleras. PAE tiene un doloroso ejemplo en las costas de Comodoro: junto a YPF y Petrobras desembolsó US$ 140 millones en un pozo petrolero que no condujo a ningún descubrimiento."Son negocios distintos. La rentabilidad de la exploración y producción petrolera es mayor que la de las energías renovables, pero también lo es el riesgo. La eólica es un negocio de baja tasa de ganancia, más cercano al de un bono. Pero casi no hay riesgo", sostuvo la misma fuente.

La petrolera YPF, cuyo control está en manos del Estado, perdió en la compulsa para obtener beneficios fiscales y contratos a largo plazo. Pese a eso, avanza en la construcción de un parque eólico en el yacimiento Manantiales Behr, en Chubut, que permitirá abastecer sus operaciones con fuentes renovables de energía. El proyecto implica una inversión de US$ 120 millones en una primera etapa para la construcción y operación de un parque de 30 aerogeneradores con una potencia de 100 MW, un consumo similar al que hoy tiene la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La compulsa de energías renovables encerró otras paradojas. Por caso, quedó afuera la empresa italiana Enel, una de las mayores eléctricas del mundo y en la Argentina dueña de Edesur, porque cotizó un precio mayor al corte que puso el Gobierno. Maurizio Bezzecheri, presidente de la firma, le explicó a LA NACION los motivos: "Nosotros hicimos nuestro análisis de riesgo que no solo es financiero, sino respecto a la construcción de las plantas y a los plazos de ejecución, otras empresas hicieron el suyo. Considero que el Gobierno teniendo en cuenta la relevancia que tiene la generación , hará un seguimiento atento de la ejecución de las obras y la marcha de los proyectos. Y creo que algunas empresas que ganaron la licitación tratarán de venderlos".

Bezzecheri, un entusiasta de las energías renovables desde antes de su llegada al país, sostuvo que pese al primer tropezón, la empresa crecerá en el rubro. "Seguimos desarrollando proyectos y estamos preparándonos para la segunda licitación [se hará en mayo próximo], así como para establecer contratos bilaterales con grandes clientes industriales, pero todavía falta una definición en este tema. Las renovables son la verdadera perspectiva de desarrollo de este país", aseguró.

La generación eléctrica con energías renovables promete también llevar inversión en tecnología a lugares poco frecuentados por el capital. Por una razón sencilla: el viento, el sol y el agua no siempre se ubican en los grandes centros productivos. Así, por caso, hay varios proyectos que se instalarán en la industrializada Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, pero también en San Antonio de Los Cobres (Salta), en Las Heras (Santa Cruz), en Arauco (La Rioja) o en Cauchari (Jujuy).

El éxito del primer paso de la administración de Macri en energías renovables es compartido incluso por quienes no participan directamente de los proyectos. Juan Bosch es presidente de Saesa, una comercializadora que le compra a los grandes generadores energía a plazos largos y se la vende a los usuarios cuando la necesitan. Sostuvo que "la licitación de energías renovables es un enorme éxito. Las energías limpias han demostrado que son competitivas frente a las convencionales. Hoy el costo medio de la electricidad en Argentina se acerca a los US$ 100 MWh; y el costo marginal (el MWh más caro) es muchas veces US$ 120 MWh. Estos contratos de energía renovable a los precios logrados de US$ 60 MWh, desplazan energía cara, combustibles importados. Para los grandes consumidores industriales y comerciales, las energías renovables son una alternativa muy atractiva. No sólo para reducir su huella de carbono, o para cumplir la obligación legal de comprar hasta un 20% de energía limpia".

El Gobierno seguirá aprovechando en los próximos meses el viento de cola que descubrió en el negocio de las energías renovables. En las próximas semanas se hará la ronda 1.5, para darles oportunidad para bajar el precio a quienes quedaron afuera en la primera ocasión, y en mayo próximo se hará una nueva compulsa. El objetivo en los próximos años es licitar 10.000 MW, es decir, 10 veces más que el primer paso inaugural que se acaba de dar.

La respuesta está soplando en el viento: La apuesta por las energías verdes

Demanda en alza - El gobierno nacional licitó hace un poco más de un mes la construcción de 1000 MW de energía renovable y recibió 123 propuestas de 76 grupos que en total sumaban 6000 MW.

Ganadores - Las 29 empresas que ganaron la licitación invertirán entre US$ 1800 y 2000 millones y deberán tener sus iniciativas listas en un plazo de entre 12 y 24 meses. De lo contario perderán sus garantías.

Grandes jugadores - El negocio despertó el interés de las principales empresas del negocio energético como Pampa Energía (dueña de Edenor), la italiana Enel (Edesur) y las petroleras YPF y PAE.

Energía limpia - Los beneficios de los proyectos de energía renovable trascienden lo económico y con la primera licitación se dejarían de enviar a la atmósfera 2 millones de tn de dióxido de carbono.

Optar, la agencia de viajes del Gobierno que cosecha elogios y críticas al mismo tiempo

Isela ConstantiniPor Maia Jastreblansky - LA NACION
Creada para ofrecer servicios a los funcionarios, el Estado es el accionista mayoritario; pero hay quejas por las trabas administrativas de la empresa de bandera.
Isela Constantini. Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo / LA NACION.

Al desembarcar en el Gobierno, el Presidente y sus ministros debieron abandonar los viajes en primera o business en su aerolínea frecuente. Las normas de la gestión pública los forzaron a dejar atrás algunas costumbres. Entre esos mandatos, se encuentra la obligación de comprar sus pasajes de trabajo a través de Optar. Se trata de una unidad de negocios del grupo Aerolíneas Argentinas cuyo objetivo es ofrecer tickets aéreos a toda la administración pública nacional. Hoy, esa "agencia oficial" está en una encrucijada: mientras que en la aerolínea de bandera buscan ordenar sus números y sacarla a flote, desde la Casa Rosada analizan cambiar la legislación para poder contratar a otras empresas.

"Nos resulta poco operativo. A veces Optar ofrece rutas complicadas, más caras y de varias escalas que no se ajustan a la necesidad del funcionario", describió un asesor que lleva agendas clave del Gobierno. Otro colaborador de un ministro se quejó: "Es muy incómodo estar limitado a Optar. Además, era un quiosco de La Cámpora".

A principios de octubre, una resolución administrativa publicada en el Boletín Oficial dispuso un nuevo "régimen de viáticos, alojamiento y pasajes" que incentiva a los funcionarios a buscar "la ruta y la aerolínea que reúnan las condiciones más apropiadas". La norma no derogó la obligación de viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar, porque aún rige el decreto 1191/12, de Cristina Kirchner, que ordena a la administración pública utilizar los servicios de la aerolínea de bandera. Sin embargo, comenzó a flexibilizar la política de viajes oficiales. Según señalaron fuentes oficiales a LA NACION, a futuro la intención es llamar a licitación para contratar varias agencias y hacer "todo más eficiente y barato".

En las oficinas del grupo Aerolíneas Argentinas recibieron la noticia con desazón. Los gerentes que dependen de Isela Costantini dicen que están duplicando esfuerzos para optimizar Optar y que están ofreciendo beneficios a los funcionarios que no dan otras agencias. "Lo que pedimos es un poco más de tiempo, una oportunidad", aseguran.

Como todo en Aerolíneas Argentinas, el camino es cuesta arriba. Optar no estuvo ajena al desorden administrativo y al caos de números que Costantini encontró en la empresa. Mientras que la aerolínea no tenía balances desde 2013, la comercializadora oficial de pasajes debía sus arqueos de caja desde 2008.

Recién este año se dispuso poner las cuentas en orden. Según pudo conocer LA NACION, el balance 2008 ya fue revisado por la Auditoría General de la Nación y aprobado por la asamblea de accionistas. Los balances que van desde 2009 hasta 2012 están bajo plena revisión del colegio de auditores de la AGN. Los correspondientes a 2013 y 2014 están por ser tratados por el directorio. Y el de 2015 está en plena elaboración y será examinado por auditores privados de las firmas Ernst & Young y PriceWaterHouse.

La empresa

En Optar, el Estado es accionista mayoritario. Trabajan 22 personas en sus oficinas de Aeroparque y vende un promedio de 3000 pasajes por mes. En rigor, es como cualquier agencia de viajes de la Web, donde rigen las leyes de oferta y demanda pero de uso exclusivo para los funcionarios. Cuando un agente del Estado busca una ruta, la página devuelve una nómina con la tarifa neta y la "tarifa pública" de cada itinerario. Si bien la prioridad es Aerolíneas Argentinas, también brinda, de forma excepcional, opciones con otras empresas.

"Cuando empezamos la gestión nos reunimos con las secretarias de los ministros para que nos explicaran qué problemas tenía la herramienta. Hoy, por un pedido del Gobierno, bajamos las comisiones a la mitad y el fee de agencia al 1%", señalaron a este medio en Aerolíneas Argentinas.

La agencia oficial tuvo sus altibajos, aunque hoy da ganancias. Hasta 2012, los Kirchner dejaron el servicio de comercialización de tickets para Presidencia en manos de un privado, Turicentro, que ganó sucesivas licitaciones. Luego llegó el decreto de 2012, que cambió la normativa. Mientras que en 2013 la facturación de Optar ascendió a unos $ 160 millones, para 2014 esa cifra se elevó a $ 750 millones. De todas formas, los números finos se siguen analizando con los balances.

Tanto en los ministerios como en la Casa Rosada circula el rumor de que Optar "es de La Cámpora". Desde Aerolíneas lo desmienten. Hoy, la agencia oficial está en la órbita de la Gerencia Comercial, que comanda Diego García, quien fue gerente de Ventas de Aerolíneas durante el kirchnerismo. En esa época, estuvo a las órdenes de Juan Pablo Lafosse, hombre de confianza de Mariano Recalde, que dejó Aerolíneas para comandar Almundo.com.

Más allá de las chicanas políticas, lo cierto es que en Aerolíneas esperan que Optar pueda sobrevivir al pragmatismo del Gobierno. Y tienen la esperanza de que Mauricio Macri se suba a la aerolínea de bandera cuando viaje por el mundo.

Una empresa en medio de una polémica

Agencia oficial - Por un decreto del gobierno de Cristina Kirchner, todos los funcionarios público deben viajar por Aerolíneas Argentinas y usar Optar para la reserva y la adquisición de los pasajes.

Algunos datos - Optar vende 3000 pasajes promedio por mes. En 2014 facturó unos $ 750 millones. En sus oficinas, con sede en el aeroparque metropolitano, trabajan 22 personas. Cuando asumió la administración macrista, Optar debía sus balances desde 2008.

El dilema - Cuestionada por funcionarios por su falta de flexibilidad para organizar viajes e itinerarios, la conducción de Optar, respaldada por la presidenta de Aerolíneas, Isela Costantini, dice que pueden optimizar su funcionamiento.

Macri impulsa un plan de control y transparencia en 40 empresas del Estado

El ministro Prat-Gay junto a los integrantes de la última misión de la OCDE al país, hace tres semanas
Por Martín Dinatale - LA NACION.
Busca ajustar la normativa a las exigencias de la OCDE; incorpora códigos de ética, monitoreo de los directorios y una mayor regulación en compras y contrataciones.

El ministro Prat-Gay junto a los integrantes de la última misión de la OCDE al país, hace tres semanas. Foto: Ministerio de Hacienda.

Con el objetivo mayúsculo de cambiar la imagen de la Argentina en el mundo, el presidente Mauricio Macri pondrá en marcha un ambicioso plan de "gobernanza corporativa de las empresas de propiedad estatal", que apunta a generar mecanismos de mayor transparencia, control y agilización del funcionamiento en más de 40 empresas que hoy están en la órbita del Estado en la administración descentralizada.

En la práctica, este plan -que se instrumentará por medio de decretos, resoluciones internas o modificaciones de algunas leyes- contempla estrategias dedicadas a fijar políticas de transparencia pública, códigos de ética inexistentes en algunos casos, la regulación de directorios de empresas, nuevos mecanismos de compra del Estado y mayor control sobre las empresas de propiedad estatal, entre un largo listado de ítems.

Este compromiso del Gobierno quedó plasmado la semana pasada en la visita de una misión del G-20 que pasó por Buenos Aires y se ratificará mañana con los emisarios de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se reunirán con el Gobierno para revisar todas las medidas de lucha contra la corrupción que lleva adelante la administración Macri (ver aparte).

Algunas de las medidas de gobernanza corporativa para las empresas públicas que fijó la OCDE desde 1999 se empezaron a aplicar en el mundo desarrollado y muy tibiamente en la Argentina. Pero según confiaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, tanto los coordinadores económicos de la Jefatura de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana como la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el coordinador de temas de la OCDE del Ministerio de Hacienda, Marcelo Scaglione, buscarán en adelante profundizar el manual de las directrices para las empresas estatales en el futuro inmediato. De hecho, ante la visita de los emisarios de Alemania y China del G-20, el Gobierno planteó la necesidad de que en la próxima cumbre de presidentes que se realizará el año que viene en Berlín se aborde un plan de seguimiento del cumplimiento de estas normas de la OCDE para las empresas públicas.

"La apertura del país al mundo implicará necesariamente ajustar las empresas de propiedad del Estado a las normas de transparencia mundial. No se puede ingresar al mundo y eludir esas directrices", dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno que trabaja en el plan. Como ejemplo, destacó que estas medidas buscarán evitar lo que ocurrió con Petrobras en Brasil o Pdvsa en Venezuela, que son empresas estatales que se vieron envueltas en casos de corrupción.

La propuesta de trabajo del Gobierno para aplicar estas normas internacionales es amplia. Contempla el establecimiento de códigos de ética en las 40 empresas de propiedad estatal así como mecanismos obligatorios de transparencia para las compras en el Estado y los contratos de funcionarios. A la vez, se prevén monitoreos obligatorios de la OA, el establecimiento de normas internas sobre conflicto de intereses o la transparencia en el paquete accionario.

También se prevén mecanismos para separar la función de un director de una empresa de un CEO, como ocurrió con el ex ministro de Economía Axel Kicillof, que era ministro y al mismo tiempo director de Siderar. Muchas empresas de propiedad estatal tienen regulaciones sobre esto, pero hay otras que carecen de todo tipo de manual sobre gobierno corporativo. Entre las 40 empresas del Estado que se sujetarán al nuevo régimen de transparencia se encuentran AySA, Tandanor, Coviara, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Banco Hipotecario, la ANAC, Camesa, YPF Gas o Yacyretá, por poner algunos casos de empresas emblemáticas.

La intención del Gobierno es aplicar en adelante para todas estas empresas del Estado las normas de las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de empresas públicas. La edición 2015 de este manual contiene siete capítulos vinculados con el papel del Estado como propietario, el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores, los mecanismos de publicidad y transparencia, las responsabilidades de los consejos de administración

Objetivos y resultados

En lo que atañe a la publicidad y transparencia se buscará fijar el modelo OCDE, que prevé, entre otras cosas, dar a conocer los objetivos de la empresa del Estado, los resultados financieros y de explotación, la remuneración de los miembros del directorio, los factores de riesgo o cualquier transacción importante con el Estado y medidas vinculadas a los accionistas o empleados.

Con respecto al papel del Estado como propietario, el Gobierno buscará ajustar el esquema de las 40 empresas de propiedad estatal para "simplificar y normalizar las formas legales bajo las que operan las empresas públicas, y sus prácticas corporativas deben respetar las normas empresariales generalmente aceptadas", según se desprende de las directrices de la OCDE. Allí se señala también que el Estado debe permitir que las firmas "operen con total autonomía en la consecución de sus objetivos definidos sin intervenir en la gestión".

Respecto de la composición accionaria y los consejos administrativos de estas empresas, la OCDE recomienda que "los directorios estén bien estructurados, basados en méritos y transparentes en cuanto al nombramiento de todos los miembros". También se prevé que los referentes de las empresas y el sistema jurídico puedan mantener un diálogo permanente con los auditores externos y los órganos específicos de fiscalización del Estado. En la Argentina hay empresas de propiedad del Estado que ni siquiera tienen un control de la Auditoría General de la Nación.

En las 68 páginas del manual de la OCDE se plantea también que "debe existir una separación entre la función de propiedad del Estado y las demás funciones del Estado que puedan influir sobre las condiciones en que operan las empresas públicas, especialmente en la regulación del mercado". Sobre el tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores se prevé que "el Estado no sea el único propietario de las empresas públicas y que haya una protección de los accionistas en cuanto a un trato equitativo".

Hay datos novedosos en cuanto a objetivos por cumplir de parte de las empresas del Estado. Por ejemplo, la OCDE dice que "debe exigirse que las actividades económicas de las empresas públicas teniendo en cuenta sus condiciones operativas generen una rentabilidad similar a la obtenida por las empresas privadas competidoras". La aplicación de una cláusula de estas características para una empresa estatal argentina sería inusual, ya que en general las empresas de propiedad del Estado siempre fueron deficitarias.

Una reforma muy profunda

Las empresas - El cambio apunta a las empresas de propiedad del Estado. Se trata de 40 compañías como Aysa, Yacyretá, YPG Gas, Camesa, ferrocarriles, Aerolíneas, Austral y Belgrano cargas, entre otras

Los controles - El Gobierno busca ajustarse a las directrices de la OCDE en materia de controles para esas empresas

Transparencia - Se exigirá en el futuro la aplicación de los códigos de ética para las empresas y pedirán más transparencia en el régimen de compras y de contrataciones

domingo, 23 de octubre de 2016

Despega la producción de cazas Scorpion en EE.UU.

RT.COM - La empresa aeronáutica Textron Airland ha empezado a construir las primeras series de este avión después del gran interés que han suscitado sus prestaciones en varios países.
El caza de combte estadounidense Scorpion
El caza de combate estadounidense Scorpion.
Textron, compañía aeronáutica de EE.UU. con sede en Massachusetts, ha emprendido la producción del avión de ataque Scorpion, un modelo barato, sencillo y mortífero dirigido contra objetivos en tierra, aunque bastante inofensivo en el aire, informa 'The Wall Streeet Journal'.

El proyecto de diseño del caza arrancó en 2013, aunque no ha sido hasta ahora, tras despertar el interés de varios países, cuando se ha dado luz verde a la construcción de sus primeras series. Además de por sus capacidades probadas, otro de los aspectos del Scorpion que llama la atención a sus inversores es su coste, que no supera los 20 millones de dólares gracias a que usa tecnología y motores empleados en la aviación civil.

Para reducir gastos de producción se han eliminado algunas prestaciones, como el sistema de control fly-by-wire, que se considera estándar para la aviación militar moderna, o la potencia de sus motores, que apenas deja al Scorpion superar los 800 kilómetros por hora.

No obstante, el caza puede transportar uno 1.360 kilogramos de armamento acoplados en seis puntos distintos de anclaje, así como alcanzar un altura de más de 13 kilómetros. Su función principal en el ámbito bélico no será la de entablar combate con otras aeronaves, dada su escasa capacidad defensiva y versatilidad de movimientos en el cielo, sino más bien la de implicarse en misiones de reconocimiento y ataque contra objetivos en tierra.

El gobierno de Vidal analiza sumar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Uniformes. Vidal con el Grupo Halcón. Ahora buscan ampliar a otras fuerzas.
Por Ezequiel Spillman - (Perfil.com) - Buscan apoyo “logístico” e incluso contar con “acompañantes” en patrulleros. Lo impulsa el ministro Cristian Ritondo y entra en tensión con los límites de la ley de Seguridad Interior.

Uniformes. Vidal con el Grupo Halcón. Ahora buscan ampliar a otras fuerzas. Foto: Cedoc Perfil.
Al desembarco de la Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura para luchar contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires podrían sumarse, en los próximos meses, los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La idea que manejan en el Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Cristian Ritondo es que la Fuerza Aérea y el Ejército brinden apoyo logístico en los distintos operativos que comenzaron la semana pasada. Según la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no pueden actuar en la seguridad interior ni tener un rol operativo en el combate contra el narcotráfico. Pero están habilitadas a ofrecer tareas de apoyo o participar en operativos de áreas como salud, educación y hasta desarrollo social, como por ejemplo el reparto de alimentos o remedios.

Por ello, en la Provincia analizan solicitarle al Ministerio de Defensa que conduce el radical Julio Martínez que preste equipamiento y tecnología para reforzar a la Bonaerense y a las fuerzas federales que, progresivamente, comenzaron a desembarcar. 

Según los primeros borradores, que serían plasmados en una carta oficial que le enviaría Ritondo a Martínez, la Gobernación solicitaría un informe para saber qué disponibilidad y qué capacidad operativa existe para colaborar. En particular, en la Provincia observan como potables:

-Vehículos blindados.
-Helicópteros y aviones.
-Equipos de comunicación.
-Camiones de transporte.
Incluso, cuentan las fuentes, podrían usarse cuarteles en desuso como lugares de detención transitoria ante el colapso del sistema carcelario, donde hay más de dos mil presos en comisarias.

“No queremos modificar la Ley de Seguridad Interior sino hacer uso de los recursos que hoy tienen las Fuerzas Armadas”, plantean en la Provincia. “Y la ley no nos impide solicitar apoyo logístico”, agregan.
Resultado de imagen para cuarteles carcelEn todo caso, sería un complemento a los 7 mil agentes de fuerzas federales que comenzaron a incorporarse a los patrullajes y puntos fijos del territorio bonaerense. Claro que la tecnología y, sobre todo, la flota aérea sería un diferencial importante, aseguran en la Gobernación.

Otra idea que se deslizó en La Plata es sumar militares como “acompañantes” en los patrullajes. “En ese caso es un hilo muy fino y es discutible”, razonan cerca de Ritondo. Por ahora está descartado. La Ley de Seguridad Interior fue concebida en tiempos donde se quería evitar, tras la feroz dictadura militar de 1976, que las Fuerzas Armadas puedan patrullar las calles y tener un rol coercitivo en la población. Otros tiempos. Tiempos turbulentos de Falcon verdes y paramilitares.

En este contexto, en el Ministerio de Defensa confiaron a PERFIL que “si se nos pide apoyo logístico no habrá ningún problema, aunque habría que ver cómo se pondría en práctica”. “De hecho hoy colaboramos, con la Fuerza Aérea, en la lucha contra el narcotráfico con el Ministerio de Seguridad. Pero tanto en Colombia como en México militarizaron la seguridad interior y fue un fracaso”, agregaron.

Antecedentes. En 2011 durante el gobierno kirchnerista el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, habían puesto a las Fuerzas Armadas a trabajar en el Operativo Escudo Norte. El gobierno de Mauricio Macri renovó el plan hasta fin de este año en la lucha contra el narcotráfico. Allí unos 1.700 militares de las Fuerzas Armadas participan en tareas de apoyo logístico con aviones y radares destinados a conseguir la intercepción de vuelos clandestinos.

Como sea, cualquier decisión deberá ser articulada entre Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es que, tal como ocurrió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde que comienza a armarse el plan hasta su ejecución suelen pasar largos meses. Más aún: dado su perfil como radical, Martínez es de aquellos que mira con recelo cualquier movimiento fuera de lugar del Ejército.

La Señora Gobernadora la tiene clara, a falta del "Capitan Nascimento" otras soluciones...

La Armada prueba con misiles reciclados de la década del ‘70 (II)


Lanzamiento. Se dispararon seis misiles cerca de Bahía Blanca. Cinco dieron en el blanco.Por Aurelio Tomás (Perfil.com) - Mientras el Reino Unido dispara en Malvinas, se conocieron simulacros militares argentinos. Fabricarían armas nacionales.
Lanzamiento. Se dispararon seis misiles cerca de Bahía Blanca. Cinco dieron en el blanco. Foto:Captura de video.

Misiles y polémicas marcaron esta semana un momento de tensión entre el Reino Unido y la Argentina, tras meses de distensión y buenas señales. El gobierno británico anunció la realización de ejercicios militares, que comenzaron el miércoles y finalizarán el 28 de este mes, en Malvinas. Incluyen el uso de misiles antiaéreos Rapier, un sistema actualizado que utiliza el ejército británico desde la década del 70 y que será reemplazado en tres años.

La medida motivó protestas ante la embajada del Reino Unido, que hasta ahora no realizó ninguna declaración oficial. El Ministerio de Relaciones británico tampoco contestó los reclamos de la Cancillería argentina.


En medio de la polémica, el diario Clarín recordó esta semana que la Armada Argentina también realizó prácticas misilísticas en febrero pasado, una medida que había pasado inadvertida fuera de los medios de comunicación especializados. Se trató de un sistema igualmente anticuado, los misiles Exocet MM38, un arma naval de origen francés. Parte del mismo sistema que la aviación naval argentina utilizó durante la Guerra de las Malvinas.

Ejercicios. Fuentes del Gobierno marcaron diferencias entre las dos situaciones ante la consulta de PERFIL, al destacar que los ejercicios realizados por la Armada Argentina fueron en el mar argentino y no en una zona en disputa, como es el caso del archipiélago del Atlántico Sur.
Resultado de imagen para Exocet MM38La Armada ha mantenido un fuerte hermetismo en torno a los ejercicios, pero el blog militar “El Búnker” publicó un video del lanzamiento de un misil Exocet desde la Corbeta clase MEKO 140A16.

Según expertos consultados por este medio, fue un disparo fallido que no alcanzó el objetivo utilizado como blanco, el buque ARA Ingeniero Krause. El resto de los cinco misiles disparados completaron las dos fases del motor, por lo que el ejercicio se consideró un éxito. Las prácticas fueron realizadas en cercanías de Bahía Blanca. Fue la primera vez desde 1996 que la Armada disparó misiles con naves de superficie, también se realizó un disparo de torpedo desde un submarino, el primero desde 2001. Los misiles Exocet MM38 son armas ya obsoletas que ni siquiera comercializa la empresa francesa que los desarrolló y vendió a la Argentina en los 70.

Bajo el gobierno kirchnerista, se impulsó el desarrollo de nuevos motores para ponerlos en uso nuevamente, a través de un convenio entre el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y la Armada. La medida busca, en el mediano plazo, lograr la capacidad de producir misiles navales, algo que ya está realizando Brasil. A pesar de los condicionantes presupuestarios, el objetivo de la actual administración es continuar con el objetivo de construir un misil naval nacional.

FAA: El Área Material Río Cuarto será reactivada


Lo confirmó el jefe de asesores del Ministerio de Defensa de la Nación, Dr. Conrado Storani; funcionará como mantenimiento y logística para aviones de la Fuerza Aérea Argentina.

Según manifestó a LV16 el Dr. Conrado Storani, jefe de asesores del Ministerio de Defensa de la Nación, el Área Material Río Cuarto será reactivada en el corto plazo.

Destacó que el Gobierno nacional ha decidió “readquirir y reequipar las fuerzas dentro de las posibilidades económicas del país” y todos los aviones que se comprarán para la Fuerza Aérea Argentina tendrán mantenimiento y logística en el Área Material de la ciudad, la cual posee asiento en la base aérea de Las Higueras.

Asimismo, indicó las negociaciones que se harán “de Estado a Estado” y con “aquellos países que ofrezcan financiación en el tiempo” de aviones Mirage. Actualmente, hay ofrecimientos de Francia, Italia, Estados Unidos, Corea e Israel.

Fuente: http://www.lv16.com.ar/sg/nota-91443

Corrupción policial: La denuncia anónima que aceleró la causa

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(La Nación) - La realizó un gendarme retirado, que dijo que se lo había contado un policía.



El 30 de junio pasado, cuando la investigación del fiscal José María Campagnoli daba sus primeros pasos, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación recibieron un sobre cerrado con una denuncia anónima que daba cuenta de un "espurio e ilegal mecanismo de recaudación dineraria que sería materializado por las autoridades de la comisaría 35a. de la Policía Federal, con complicidad y colaboración de sus subordinados, cuyos beneficios llegarían hasta quien hoy es la máxima autoridad policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comisario general Néstor Calviño", según se desprende del expediente judicial.

La documentación aportada por los funcionarios nacionales a la fiscalía de Campagnoli tenía datos precisos sobre los comercios que aportaban dinero y una memoria USB con una filmación grabada en una oficina de la brigada de la comisaría 35a., donde el comisario Norberto Villarreal habla con sus subordinados para coordinar cómo diagramar el "trabajo" de los cuidacoches, en especial durante los partidos que se disputaban en el estadio de River Plate. El video fue grabado justamente mientras el equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugaba un partido de local contra Banfield.

La denuncia anónima tenía precisión sobre el dinero que pagaba cada comercio (restaurantes, gimnasios, hoteles alojamientos y zapaterías). El equipo de colaboradores de Campagnoli, durante un fin de semana largo, recorrió los lugares señalados en el anónimo y comprobó que la gran mayoría tenía una seguridad más que privilegiada.

Pero los detectives fueron más allá y descubrieron que la denuncia no era tan anónima e identificaron a quién hizo el informe que fue presentado por el Ministerio de Seguridad en un sobre cerrado: un sargento retirado de la Gendarmería Nacional, que fue convocado como testigo por el fiscal Campagnoli.

El gendarme retirado reconoció que él había hecho el informe para establecer "cómo funcionaba la organización y de dónde sacaba el dinero y que se hacía con la recaudación". El testigo relató que tiempo atrás había tomado conocimiento de la "caja negra" de la comisaría 35a. de parte de un policía que trabajaba en la brigada de la seccional del barrio de Núñez. El uniformado también fue citado por Campagnoli para tomarle declaración testimonial. El nuevo testigo contó detalles de la "empresa criminal" y ratificó lo dicho por el gendarme retirado. Inclusive explicó que el comisario Villarreal lo había exhortado a recaudar en su nombre.

"Los establecimientos que fueron detallados en la denuncia anónima aportan en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero que le son exigidas por el comisario, mediante sus subordinados. El dinero era llevado a los distintos organismos superiores como la Circunscripción VII, Asuntos Internos y la Dirección General de Comisarías, a cambio de lograr estabilidad en el cargo y procurar impunidad ", relató el testigo, que por su seguridad ya no se desempeña en la seccional 35a.

El Gobierno prohíbe que la ex presidenta cobre doble asignación

Cristina KirchnerPor Adrián Ventura - LA NACION
Hasta ahora percibía $ 330.000 por su jubilación y por la pensión de su esposo fallecido.
Cristina Kirchner. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION.

El Gobierno resolvió que la ex presidenta, Cristina Kirchner, no podrá continuar cobrando, en forma acumulativa, la asignación mensual vitalicia que percibe como ex mandataria y la pensión de su marido fallecido, Néstor Kirchner: si hasta ahora venía percibiendo un bruto de más de $ 330.000, ahora su haber se reducirá a poco más de la mitad. Así lo resolvió la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Balbín, un jurista y catedrático especializado en derecho administrativo.

Balbín llegó a ese cargo de la mano de la diputada Elisa Carrió (CC), pero este año se convirtió en un hombre de permanente consulta dentro del Gobierno y su decisión no sorprende a los funcionarios de Mauricio Macri.

El dictamen que Balbín firmó a última hora de anteayer, y al que tuvo acceso la nacion, establece que la ley 24.018, que regula la asignación que cobran los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex ministros de la Corte Suprema, es un régimen "especial", de "privilegio". Y, como todos los privilegios -dice el dictamen de Balbín, apoyándose en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia-, debe ser interpretada en forma restrictiva y excepcional.

Además -señala el texto que en breve se transformará en una resolución de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley-, la ley 24.018 expresamente prohíbe a quien cobra esa asignación vitalicia acumularla con la percepción de una pensión.

El dictamen de Balbín, como todos los dictámenes de la Procuración del Tesoro, es obligatorio para todo los integrantes del Poder Ejecutivo, por lo cual una vez que Stanley dicte la aludida resolución, Cristina Kirchner pasará a cobrar poco más de la mitad de lo que venía percibiendo.

Un dato curioso: mientras que la ex presidenta, como se dijo, percibía los dos haberes por un total de $ 330.000 brutos, la única persona que se encontraba en una situación similar, María Estela Martínez de Perón -que podría haber pretendido acumular su propio beneficio con la pensión por fallecimiento de Juan Domingo Perón- sólo viene cobrando unos $ 82.900 mensuales.

Cristina Kirchner atraviesa días difíciles y mientras planea cómo responderá la indagatoria a la que la someterá el juez Julián Ercolini el lunes próximo, por la entrega indiscriminada de obra pública a Lázaro Baez (ver aparte), también deberá pensar en apelar ante la Justicia esta decisión que, desde mañana, la obligará a optar entre su propio haber y la pensión de su marido. A su vez, el juez Ercolini y su colega Claudio Bonadio, también embargaron las cuentas de la ex mandataria.

Ahora, ella también enfrenta otro riesgo: si bien el dictamen no lo dice expresamente, el Gobierno queda habilitado para reclamarle que devuelva lo que cobró de más durante los últimos 10 meses desde que dejó el poder por la pensión de Néstor Kirchner: $ 1,5 millones.

Optar por un solo privilegio

La ley 24.018 establece que el presidente de la Nación, el vice y los jueces de la Corte Suprema no cobran una jubilación, sino una asignación mensual vitalicia, que equivale al ciento por ciento de lo que cobra un ministro de la Corte, un beneficio cuyo monto en la actualidad orilla los $ 200 mil.

Al mismo tiempo, el artículo 4 regula el cobro de la pensión por las viudas e hijos, y el artículo 5 determina que el cobro de aquella asignación mensual especial que reconoce el artículo 1 es incompatible con toda otra pensión, jubilación o haber nacional o provincial.

La discusión surgió porque Néstor Kirchner venía cobrando esa asignación como ex presidente desde diciembre de 2007 -cuando terminó su mandato presidencial- y, luego de su muerte, esa pensión pasó a su mujer. ¿Podía Cristina Kirchner sumarle su propia asignación?

El 23 de noviembre de 2015, la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, no dudó: con el patrocinio de su hija Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta), Alicia le reconoció a Cristina el derecho a cobrar la asignación mensual vitalicia como ex presidenta y a acumularla con la pensión que le correspondía por el fallecimiento de su marido.

Esa situación generó muchas controversias y la diputada Margarita Stolbizer hizo un pedido de acceso a la información ante el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de otorgar ese tipo de asignaciones. Gracias a esa gestión de Stolbizer se supo que Cristina, como cónyuge y heredera del beneficio de Néstor Kirchner, cobra una pensión de $ 143.539 brutos, mientras que, por su asignación mensual vitalicia que le corresponde como ex presidenta percibe otros $ 188.538 por mes. En total suman $ 332.077 sin los descuentos. Con las deducciones, son, de bolsillo, $210.780 mensuales.

El Gobierno, durante meses, no vio incompatibilidad alguna, pero sometieron el asunto al estudio del Servicio Jurídico del Ministerio de Desarrollo Social y, finalmente, tomó intervencón la Procuración del Tesoro.
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