Reabre la estación Fátima del premetro

(Rieles.com) - Las obras tuvieron como objetivo ofrecer una infraestructura más cómoda, luminosa y segura para los usuarios.

Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE) informa que mañana sábado 23 de abril reabrirá la estación Nuestra Señora de Fátima del Premetro, luego de la obra de remodelación integral que tuvo como fin ofrecer una infraestructura más cómoda, luminosa y segura para los casi mil usuarios que la utilizan.

En ese sentido, el objetivo fue pasar de una parada convencional a una estación más confortable, y los trabajos incluyeron la construcción de andenes más amplios y luminosos; accesos para personas con movilidad reducida; la colocación de asientos, cestos de residuos e información gráfica sobre la red de subte y Premetro; y nuevas sendas peatonales. Además, se aplicó un revestimiento anti-grafiti con materiales de alta durabilidad.

“Nos pone muy contentos reabrir esta estación, completamente renovada, que va a beneficiar a los vecinos del sur de la ciudad. Ya lo habíamos hecho con Saguier, y vamos a seguir trabajando para ofrecer un servicio de mejor calidad”, señaló el Ing. Juan Pablo Piccardo, Presidente de Subterráneos de Buenos Aires.

Además, en cuanto a material rodante, ya se realizó el desgrafitado de 13 coches con un producto antivandálico y se le realizaron las revisiones generales a uno de ellos.

Por otra parte, para mejorar la frecuencia y la seguridad, se colocará un sistema de radiofrecuencia que, combinado con GPS, permitirá que los coches tengan prioridad de paso en las intersecciones semaforizadas, al interconectarlos con el semáforo a 150 metros de antelación. De esta manera, se brindará un servicio más rápido y confiable, y se reducirán los tiempos de viaje.

Estas mejoras en el Premetro también incluyen el reacondicionamiento del taller Mariano Acosta, y se suma a la renovación del Centro de Transferencia Intendente Saguier, en su combinación con la Línea E.

Sistema Braille en estación Fátima

Así, se está optimizando un servicio que llega al sur de la ciudad y que desde su inauguración en 1986 no había tenido avances significativos, a pesar de ser utilizado a diario por 20 mil usuarios.

El país recibió un avión Hércules modernizado en Estados Unidos

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
El modelo actualizado del clásico avión Hércules C-130 llegó a la Argentina y servirá de modelo para renovar otras cuatro aeronaves que se encuentran cumpliendo servicios para la Fuerza Aérea.
La Fuerza Aérea recibió el avión de transporte Hércules C-130 matrícula TC-69 que fue modernizado en los Estados Unidos y servirá de modelo para renovar otros cuatro en el país. Mañana en la Base Aérea El Palomar se hará la ceremonia de reincorporación del Hércules a la vida operativa y se espera la asistencia del presidente Mauricio Macri.

Contar con una remozada máquina de transporte resulta prioritario en la situación de emergencia por las inundaciones que soportan las provincias mesopotámicas. El exiguo número de Hércules en servicio en la Fuerza Aérea limita la atención de múltiples requerimientos a los que se agregó el envío de un avión a Ecuador con ayuda humanitaria tras la catástrofe del terremoto.

Luego de un año y seis meses de trabajo, el TC-69 arribó a El Palomar el miércoles pasado en horas de la noche.


La empresa seleccionada para la tarea de modernización fue la firma L-3 Aerospace System, ubicada en Texas, Estados Unidos. El contrato se inició en la gestión anterior, se hizo a través del sistema FMS (sigla en inglés de Foreign Military Sales) por el que reparticiones específicas de la administración de los EE.UU. intervienen con el beneficio de mejores precios en servicios y adquisiciones a países amigos. Alcanzó la cifra de u$s 75 millones y según el texto de la LOA (acrónimo inglés de Letter of Agreement, traducido carta de acuerdo) comprende la modernización de un avión en los EE.UU., la provisión de 5 kits completos de upgrade para las restantes aeronaves, un simulador, entrenamiento a técnicos, documentación y manuales. 

La renovación comprende aviónica digital (full glass cockpit, seis pantallas multifunción), tecnología de imagen por detección infraroja FLIR), nuevos sistemas de comunicaciones, pods para reabastecimiento de combustible a aeronaves de caza (es un avión tanquero), adaptados para operación nocturna, luz de cabina compatible con aparatos de visión nocturna, entre otras innovaciones. 

Ahora es el turno de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que tendrá que hacerse cargo de llevar todos los avances del TC-69 a cuatro aparatos de la Fuerza Aérea que esperan ser modernizados. Más de 70 hombres entre ingenieros y técnicos de FAdeA pasaron por la planta estadounidense L3 y recibieron capacitación. También un grupo de mecánicos de la Fuerza Aérea.

El presidente de la fabril aeronáutica estatal Ercole Felippa tiene un desafío. ¿Logrará concretar la modernización en el mismo tiempo que la empresa estadounidense?. Se sabe que hubo una presentación de la fuerza al secretario de Coordinación Militar para la Emergencia del ministerio de Defensa, Walter Ceballos, para que al menos dos de los cuatro aparatos a modernizar en Fadea se hagan en los Estados Unidos.

El torniquete a las cuentas para domar el déficit fiscal que ordenó Macri no ayuda. Felippa no tuvo otra salida que disponer una reducción de la jornada laboral. La planta cordobesa trabaja sólo de lunes a jueves, decisión que impactará de lleno en el denominado Programa de Modernización y Remoción de Obsolescencias del Sistema Hércules C-130. El plan de la Fuerza Aérea es que una vez producida la modernización si los repuestos y el mantenimiento se sostienen en el tiempo, los Hércules pueden extender la vida operativa hasta 2030.

Griesa comienza a desmantelar causas extra contra la Argentina

Por Carlos Burgueño - Ambito.com
 La Argentina confía en que esta semana Thomas Griesa comience a cumplir con su palabra y que el "juicio del siglo", efectivamente "termine acá; tal como lo prometió hace un mes uno de los clerks (ayudantes) del juez a los abogados que representan a la Argentina en una reunión privada.

Por lo pronto, el Gobierno de Mauricio Macri ya sabe que en las próximas horas, Griesa ordenará desmantelar todas las causas paralelas abiertas en diferentes juzgados de los Estados Unidos, iniciadas en su mayoría por Elliott, de Paul Singer, y que se basaban en la búsqueda de dinero del país depositado en bancos del exterior.

La intención del fondo buitre era que una vez encontrado el dinero en alguna cuenta, se le aplique la cláusula "Discovery" que había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en junio de 2014, cuando ese tribunal rechazó la apelación que había presentado la Argentina. En ese momento, no sólo se perdío definitivamente el juicio, sino que además la Corte le permitió a Griesa que, en el caso de que hubiera dinero del Gobierno argentino depositado en cualquier cuenta de EE.UU., este sería pasible de embargos bajo la aplicación de la cláusula "pari passu".

Con este derecho aclarado, el fondo Elliott se lanzó por todo el territorio norteamericano a descubrir dinero embargable, lo que resultó obviamente imposible de manera lineal ya que prudentemente todos los organismos públicos argentinos, incluyendo el Banco Central, retiraron cualquier tipo de ahorro o depósito en dólares en ese país. Aún incluso luego de que en marzo del año pasado la Corte aclarara que entre los embargos posibles estaban liberados y protegidos los fondos destinados al manejo diplomático y representativo del país y los depósitos del BCRA.

Singer puso entonces la mira en otros objetivos, donde la existencia de fondos teóricamente nominados por la Argentina no fuera de manera literal sino indirecta. Elliott avanzó en dos causas. La primera fue contra Chevron y radicada los tribunales de San Francisco. La segunda en Nevada, en la búsqueda de "la ruta del dinero K". En el primer caso la intención de Elliott era embarrar la cancha afectando las posibilidades de ineversión en el proyecto de Vaca Muerta. Singer quería que la Justicia norteamericana bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encontrase, que fuera entonces Chevron la que respondiera. El fondo buitre afirmaba que el dinero que la petrolera norteamericana obtuviera por su actividad en la Argentina le correspondía, ya que el socio era YPF, empresa que había sido ya renacionalizada.

El otro juicio sobre el que avanzó Elliott fue en Nevada, donde el juez Cam Ferenbach accedió a investigar la posible existencia de unas 123 supuestas sociedades de Lázaro Báez radicadas en Las Vegas. En este caso el argumento era que en esas sociedades existía probablemente dinero de la corrupción y que, como tal, debían ser embargadas y pasibles de la aplicación de la cláusula "pari passu".

Nunca Griesa avanzó seriamente con la posibilidad de aplicar, en ninguno de los dos casos, la cláusula "Discovery", y siempre se concentró en esperar una negociación seria en Nueva York.

Otra causa que caería en las próximas horas es la apelación que el país llevó hasta la Corte Suprema de EE.UU. por el intento de Singer de aplicar el principio de "álter ego" sobre los depósitos que el país tiene en las cuentas del Banco Central en el sistema financiero norteamericano. Por esta causa, apelada por la Argentina, el país debió presentarse ante la última instancia del sistema judicial de EE.UU. el 9 de marzo; pero el país pidió una prórroga hasta esperar a la resolución de esta semana de Griesa.

Toda la información recabada en los tribunales de san Francisco y Nevada deberían ser además enviadas a Griesa, que a su vez se las deberá entregar a los abogados de la Argentina como cierre del caso.

El juez también dejaría hoy en claro que los bonistas que no acepten la oferta argentina podrán apelar, pero no cobrarán un sólo dólar de lo que propone pagar el país. La aclaración apunta específicamente al "Grupo Varela", que integran unos 13 argentinos que se convirtieron en los últimos en aceptar la operación y que hasta ayer la rechazaban. Griesa iría aún más allá y dejaría en claro en el texto de su sentencia que, al menos en su juzgado, tiene vigencia la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) por la cual cualquier reclamo que los bonistas que aceptaron los términos de los canjes de 2005 y 2010, podrían recibir el mismo beneficio si la oferta a los holdouts era mayor. Griesa determinó que RUFO está vigente, con lo cual en enero de 2015 terminó la vigencia de ese seguro.

Los documentos que revelan el fraude en la importación de gas

Por EMILIA DELFINO / NICOLAS GANDINI | Perfil.com
La investigación de PERFIL sobre un giro de US$ 2,5 millones a una empresa ignota que “se perdió” en las cuentas de Enarsa está basado en documentos oficiales.


La investigación de PERFIL sobre un giro de US$ 2,5 millones a una empresa ignota que “se perdió” en las cuentas de Enarsa durante la gestión del ex ministro Julio De Vido está basado en documentos oficiales, testimonios de funcionarios, empresarios y de uno de los hombres que participó en la maniobra. Los documentos incluyen la orden de la empresa estatal para transferir al exterior esos fondos, la respuesta del entonces presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, a la intimación del Banco Central para que las autoridades expliquen dónde está el dinero, la factura que prueba que quedó en manos de la DySAN, de los Dromi, y el contrato firmado entre la firma española, Contrater Consulting, y Enarsa.

DOCUMENTO 1. El 21 de agosto de 2008, US$ 2,5 millones salieron de la cuenta N° 3540-0940147691-3 del Banco Macro, cuya titular es Energía Argentina SA (Enarsa), con destino a la cuenta N° 0142-0001178001201213 del Bank PYME de Barcelona a nombre de Contrater Consulting SL. Como entidad intermediaria operó el Wachovia Bank, con sede en Filadeldia (Estados Unidos). La transacción fue por un total de 7,59 millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de ese día ($ 3,03), cubrieron los US$ 2,5 millones facturados por Contrater Consulting al Estado argentino.

La firma tiene sede en Madrid y su única actividad declarada es la comercialización de hornos industriales. Jamás había intervenido como intermediaria en una operación internacional de Gas Natural Licuado (GNL) y se disolvió un mes después de recibir los fondos. Estaba al borde de la quiebra pero logró que funcionarios argentinos le autoricen un adelanto de US$ 2,5 millones pese a no tener ningún antecedente en el mercado energético local e internacional.

En los documentos oficiales a los que accedió PERFIL, consta la orden de transferencia, el monto indicado, el destino de los fondos y la autorización de Exequiel Espinosa, entonces titular de Enarsa y hombre de confianza del ex ministro Julio De Vido. Los US$ 2,5 millones que Enarsa transfirió a una cuenta en Barcelona a nombre de Contrater Consulting se giraron bajo el código 156 de la nomenclatura interna del Banco Central, previsto para las operaciones de “pago anticipado de importaciones de bienes FOB”, según consta en la solicitud de transferencia al exterior presentada por Enarsa al Macro

DOCUMENTO 2. La opacidad de la operación de Enarsa con la firma española Contrater Consulting provocó que el Banco Central (BCRA) inicie un sumario interno para conocer el destino final de esos fondos pagados por el Tesoro Nacional. El accionar de la autoridad monetaria deja en evidencia la existencia de múltiples irregularidades burocráticas en torno a la compra de GNL, un rubro que por sí sólo le costó al Estado más de US$ 15 mil millones en los últimos siete años. Concretamente, en 2010 autoridades del BCRA intimaron a Espinosa y Raúl Argañaraz -gerente financiero de Enarsa- a que recuperen el dinero transferido al Bank PYME de Barcelona. Sin embargo, por medio de una nota enviada en junio de 2010 al Banco Macro, los funcionarios admitieron su incapacidad para cumplir con su tarea.

La norma del Central otorga un plazo de 365 días a la empresa compradora –en este caso Enarsa- para que presente documentación complementaria que acredite que el producto adquirido arribó al país. El objetivo es claro: evitar que se fuguen del país millones de dólares declarados como un ‘pago anticipado’ o ‘prepago’ de una mercadería que luego no ingresa al país. La regulación del BCRA es clara: Enarsa tenía un año –hasta el 21 de agosto de 2009- para documentar el ingreso del cargamento de GNL facturado a Contrater Consulting.

La empresa estatal incumplió de manera incuestionable esa norma: a la fecha, es decir, casi ocho después de transferir US$ 2,5 millones a España, no logró probar la existencia del barco de GNL, conocido como Perla Negra en los pasillos de Enarsa en clara referencia al buque homónimo de la conocida zaga de películas producidas en Hollywood. Ni tampoco logró recuperar el dinero.

Para determinar las culpas de esa falta, el BCRA abrió en 2010 un sumario administrativo que aún permanece inconcluso. Fuentes de la autoridad monetaria explicaron como el proceso está vigente deben seguir el secreto de sumario que rige la investigación.

DOCUMENTO 3. La firma Contrater Consulting SL conduce directamente al ex ministro menemista Roberto Dromi y a su hijo Nicolás, titulares de DySAN y Diligentia SA. Según registros públicos de Madrid, la última actividad de Contrater data de septiembre de 2008, apenas un mes después de recibir el prepago de US$ 2,5 millones de Enarsa que está investigando la Justicia. PERFIL revela hoy la factura comercial que prueba que esos fondos terminaron en manos de una de las empresas de los Dromi. El 22 de septiembre de 2008,

Contrater firmó un convenio de cesión por el que transfirió a DySAN y Diligentia los derechos del contrato rubricado con Enarsa. Esa addenda fue luego ratificada el 15 de diciembre en un nuevo acuerdo entre Enarsa y las empresas de los Dromi que lleva las firmas de los funcionarios Exequiel Espinosa y Raúl Argañaraz, por entonces gerente financiero de Enarsa y otro nombre de estrecha relación con el ex ministro de Planificación.

El apoderado de Contrater dijo a PERFIL que en 2008 devolvió los US$ 2,5 millones por gestiones de los Dromi. Según la factura número 111, de 5 de mayo de 2009, la empresa DySAN le facturó a Enarsa esos fondos. La empresa dice que fue a cuenta de un cargamento de GNL que trajo al país en 2009. Pero el Banco Central sigue reclamando la devolución de esos fondos. Los Dromi admitieron a PERFIL que en enero de 2015 recibieron una intimación de Enarsa para poder cumplir con la exigencia del Central, pero ellos dicen que no tienen nada que ver con Contrater Consulting.

DOCUMENTO 4. PERFIL ya había revelado el contrato firmado en agosto de 2008 entre Enarsa y la firma española Contrater Consulting para la primera importación de GNL. El cargamento debía arribar a Buenos Aires a más tardar el 17 de septiembre, pero nunca completó su recorrido. Contrater Consulting fue contratada por la empresa estatal argentina para adquirir un buque metanero de gas desde Rusia. Para ese entonces no existía ninguna terminal de GNL operativa en ese país (la primera se inauguró un año más tarde).

El documento está redactado en inglés bajo el título “Sales and purchase contract Russian liquid natural gas”. Su difusión comenzó a dar entidad a las sospechas transmitidas en los últimos años desde usinas empresarialesy políticas en torno al presunto cobro de sobreprecios durante el proceso de importación de gas por barco. El convenio firmado con Contrater Consulting deja en evidencia que Enarsa contrató a una empresa ignota que no contaba con avales suficientes para operar como trader de GNL y le encomendó el aprovisionamiento de gas, una de las áreas más sensibles del manejo energético. Lloyd Babbel, presidente de Contrater Consulting, firmó como apoderado de la empresa. Babbel es de origen alemán y la información sobre él es prácticamente nula.

En la edición de hoy de Diario Perfil, el empresario da por primera vez su versión de los hechos y dice que el contrato que firmó fue parte de un “fraude”. La firma se disolvió un mes después de firmar el contrato. Babbel asegura que desde el principio, el contrato fue instrumentado por los Dromi. Los abogados argentinos, que tienen sus estudios también en Madrid, lo negaron ante la consulta de PERFIL.

Enviarán al Congreso un proyecto para que una empresa se abra en un día

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El objetivo es allanar los trámites para que una empresa se pueda poner en funcionamiento rápidamente; además, crearán un mercado de capitales para emprendedores


La administración de Mauricio Macri, acusado por sus detractores de observar a la función pública desde el lugar de la inversión privada, espera resolver en los próximos meses uno de los dolores de cabeza que enfrentan las compañías. Para evitar que la burocracia le gane a la iniciativa de eventuales emprendedores, el Gobierno enviará a más tardar en junio un proyecto de ley al Congreso que tiene como principal objetivo allanar los trámites para que una empresa se pueda poner en funcionamiento en un sólo día.

La iniciativa no sólo contempla los escollos administrativos que tiene el Estado, sino también la posibilidad de abrir una cuenta bancaria de manera casi inmediata para que, cuando tenga las autorizaciones, pueda estar completamente operativa. Así lo confirmó Carlos Palotti, subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos, en el marco de una misión comercial en esta ciudad.

En la misma dirección, el Ministerio de Producción, que maneja Francisco Cabrera, trabaja en un proyecto para crear un mercado de capitales que atienda las necesidades de emprendedores. La idea es copiar el modelo de Israel, donde el Estado hizo un aporte inicial y luego se retiró porque el proyecto captó el interés de la inversión privada.

En las próximas semanas, además, el Gobierno reglamentará una ley que le da a la producción cinematográfica, a la televisión y a la publicidad el régimen de actividad industrial, con lo que sus cargas sociales bajarán de 21% a 17 por ciento. Para no ocasionar un quebranto fiscal, los funcionarios de Producción estudian alternativas que obliguen a las empresas a contratar más personal si quieren acceder al beneficio.

Rescate y tiros en la frontera

LA NACION - La Gendarmería rescató a ocho hombres de nacionalidad china que eran ingresados en forma ilegal en el país por una banda dedicada al tráfico de personas. El operativo se concretó en la madrugada del jueves pasado en la ruta provincial 3, cerca de la localidad salteña de Horcones.

Los agentes que patrullaban la ruta nacional 9 observaron una Renault Kangoo estacionada en esa ruta e intentaron identificar a los ocupantes. En ese momento, los gendarmes vieron linternas y advirtieron que algunas personas se escondían entre la vegetación. Al dar la voz de alto, los sospechosos abrieron fuego, pero fueron detenidos por los uniformados.

El Gobierno negocia para resolver nueve juicios pendientes en el Ciadi

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Para muchos empresarios, es lo que falta solucionar para decidir inversiones en el país; algunos reclamos se presentaron el año pasado

De alto vuelo: el Ciadi fallaría pronto a favor de un grupo de firmas relacionadas con Marsans, ex dueña de Aerolíneas Argentinas.

Después de la salida del default, la herencia más ruidosa que le dejó al país la crisis de 2001 en términos económicos, el Gobierno aún debe resolver casi una decena de juicios contra el Estado planteados por compañías extranjeras en tribunales internacionales, otro lastre menos visible de aquel cambio de siglo tumultuoso. Los ministerios involucrados ya comenzaron a ensayar alternativas para resolverlos, confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la defensa argentina.

Desde el punto de vista de los inversores internacionales, se trata del último paso para salir completamente del default y recuperar la credibilidad internacional, dado que la Argentina se obligó a cumplir con esas sentencias para darles seguridad jurídica a las compañías extranjeras, que reclaman pagos millonarios como indemnización por el rompimiento de los contratos.

Las empresas internacionales, cuyas billeteras intenta atraer hacia el país la administración de Mauricio Macri, miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados y privados.

El Ciadi tiene 17 casos pendientes de resolución con el país, 8 de los cuales fueron suspendidos en los últimos años. Los restantes 9 preocupan al Gobierno, que con la nueva gestión cambió las formas con las que se maneja la Procuración del Tesoro en los tribunales extranjeros.

El kirchnerismo resolvió algunas disputas. Por caso, en octubre de 2013, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cerró cinco causas pendientes. Pero otras quedaron en pie y salpican aún al gobierno de Macri. El caso más evidente es el de la española Abertis, dueña del 31,59% de Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la avenida General Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján (en el caso del acceso oeste la empresa es GCO).

Abertis presentó el 17 de diciembre, es decir, una semana después de que Macri asumió la presidencia, una demanda contra el país por las demoras en la renegociación de su contrato de concesión y las dificultades que le trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para ensayar su defensa.

Una fuente oficial informó a LA NACION que tanto la demandante como la defensa oficial designaron a sus árbitros. Ambas partes tienen 29 días para designar de mutuo acuerdo al presidente del tribunal. Si no lo alcanzan, pueden pedirle al Ciadi que lo designe. Luego llegará la primera solicitud de fondos para dar trámite al procedimiento.

Condenados: la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, ya obtuvo un fallo a su favor, aún pendiente de pago.

Por otra parte, la compañía Salini Impregilo también reclama por su participación en Ausol. El 27 de octubre del año pasado inició negociaciones amistosas con el gobierno de Cristina Kirchner, que continuaron los funcionarios de Macri. El Occovi (organismo de control de las concesiones viales) está actuando en dos líneas de acción. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado. "De esta forma procuramos desarrollar la mejor defensa posible", explicó un funcionario a cargo de la defensa de la Argentina.

Por otra parte, el Gobierno inició la renegociación de ambos contratos de concesión (Ausol y GCO), que intentará saldar los reclamos.

Mil intentos

Ausol había intentado de mil maneras solucionar esas dificultades en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El año pasado, a través de dos notas, el Occovi le pidió a la empresa que presentara un plan para hacer sustentable su negocio. El 19 de mayo, por caso, el director ejecutivo del Occovi, Gustavo Gentili, le reclamó a Ausol que presentara un documento con una "propuesta de plan económico financiero que permita equilibrar económica y financieramente el contrato de concesión". La compañía nunca llegó a un acuerdo, agotó las instancias y ahora reclama en el Ciadi.

Hay más demandas recientes. La italiana Impregilo, vieja litigante contra el país, planteó en septiembre del año pasado un nuevo litigio contra el país. Lo maneja el estudio King & Spalding. En enero, el alemán Jürgen Kurtz aceptó convertirse en árbitro.

Fuentes al tanto de la disputa sostienen que en las próximas semanas el Ciadi fallará en contra del país en un juicio que le inició al Estado un conjunto de empresas españolas relacionadas con Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, por la expropiación de la compañía, junto al megabufete norteamericano Burford. Piden US$ 1200 millones, pero quedarían satisfechos con mucho menos.

En abril de 2015, el Ciadi condenó a la Argentina a pagarle US$ 405 millones a la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, a la que el kirchnerismo le quitó la concesión del servicio. Sobre esa decisión se creó AySA, la compañía de agua y cloacas de la zona metropolitana. La Argentina apeló la decisión. El caso sigue pendiente en el tribunal arbitral.

El más reciente: la española Abertis, socia en la concesión de la Panamericana, presentó la denuncia el 17 de diciembre pasado.

En 2006, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, rescindió la concesión del servicio de agua y cloacas provincial a Aguas del Gran Buenos Aires, integrada por capitales italianos y españoles, que desde 2000 proveía el servicio a más de 1,8 millones de personas. Aunque la gobernación criticó la calidad del servicio, sus accionistas fueron al Ciadi. El tribunal se constituyó en 2009 y el caso sigue pendiente.

Algo similar ocurrió con Sauri, una sociedad francesa de un grupo empresarial dedicado al negocio de la producción, tratamiento, distribución y saneamiento del agua, a la que se le rescindió la prestación del servicio en Mendoza. El tribunal condenó al país a pagar US$ 40 millones más intereses y honorarios, pero el caso aún figura como pendiente.

Hay algunos casos que figuran como pendientes, pero en los que las empresas suspendieron los reclamos. Entre ellos los de Gas Natural Fenosa, dueña de la compañía del mismo nombre en el país, y de Camuzzi, otra firma encargada de distribuir gas por redes.

Junto a Venezuela, la Argentina lidera el ranking de demandas en el Ciadi. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, decidieron abandonar ese organismo. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hubo amenazas de ese estilo, pero nunca se concretaron.

Buscan cómo pagar $ 1000 millones en obras viales

Por Diego Cabot - LA NACION - El Gobierno pagaría esa cifra mensual hasta fin de año para saldar la deuda heredada


A los constructores viales les cambió la cara. Por estos días, el Gobierno afina una propuesta para terminar de pagar la deuda que Vialidad Nacional tiene con el sector y que permitiría llegar a fin de año con los certificados al día. La negociación es lenta. No es para menos: en el medio hay alrededor de $ 1000 millones, que es lo que suma la deuda que la administración pública tiene con los empresarios de las rutas. Los constructores esperaban un bono, pero todo parece indicar que será efectivo y en cuotas. A cambio les pedirán que regresen a los obradores con ímpetu y no con la velocidad crucero que transitaron en los últimos años.

Cuando la nueva gestión de Vialidad Nacional se hizo cargo, la deuda llegaba a $ 12.800 millones. En ese paquete estaban alrededor de 900 obras licitadas y entregadas a los contratistas, pero con una enorme deuda del Estado que impedía el avance. Obradores en modo espera.

Mes tras mes corría por Vialidad la "lista de la felicidad", llamada así por los empleados por las noticias frescas que traía. Desde la oficina de José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, bajaba un escueto papel en el que se enumeraba a quiénes y cuánto se liquidaba cada mes. Los parámetros del desembolso tenían que ver con procedimientos no demasiado claros y más cercanos a la discrecionalidad. Alegrías y frustraciones se repartían por igual. Sin embargo, jamás se avanzaba en pagos que permitieran acelerar las obras, salvo, claro está, la excepción que representaba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, que tenía sus acreencias al día o incluso adelantadas.

Así vivió el sector desde 2011, con alrededor de 1000 millones de dólares de deuda constante y con una exigencia del Gobierno: mantener la obra viva, aunque no se avanzara, pero sin que se desmantelara un solo obrador.

De aquellos $ 12.800 millones ya se pagaron alrededor de 4700 millones en los primeros meses de gestión macrista. El dinero calmó la ansiedad de los empresarios, muchos de ellos cargados de deuda financiera por la que pagan intereses muy costosos. Además, la promesa de pagar los certificados de obra nuevos se empezó a cumplir; en marzo se terminaron de pagar los de diciembre.

Sin embargo, alrededor de $ 8000 millones de deuda vieja estaban en la nebulosa. En las primeras reuniones del equipo del número uno de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se empezó a delinear la posibilidad de emitir un bono. El antecedente que se mencionaba eran los papeles que emitió el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la ciudad y se encontró con una deuda, mucho menor por cierto, heredada de la gestión de Aníbal Ibarra. Aquellos documentos pasaron como rayo por las manos de los constructores y terminaron en los bancos a cambio de un descuento. La Ciudad pagó sus deudas y constructores y bancos quedaron satisfechos.

Ahora todos se preparaban para una solución similar. Pero el Gobierno sorprendió. Les tiró sobre la mesa otra propuesta. Dijo que pagará alrededor de $ 1000 millones por mes para llegar a fin de año con aquella deuda saldada. Los constructores tomaron la propuesta y se entusiasmaron. Luego se calmaron, agarraron sus planillas de cálculo y sacaron cuentas sobre lo que ya se perdió y lo que significa tener los pagos al día, casi una rareza en ese mundo salvo que el apellido fuese Báez.

Por ahora, el acuerdo está cercano, pero no cerrado. Los constructores no son una masa pétrea y además cada uno tiene sus apuros. Sin embargo, la mayoría acompaña. En Vialidad son optimistas.

Mientras tanto, el Gobierno ya les adelantó que la idea es terminar la gran mayoría de las obras iniciadas en las rutas nacionales sin peajes. Luego está el universo de los corredores con peaje. Allí el panorama es distinto. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un ente dependiente de Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar cada una de los proyectos. El sistema que rige es un híbrido que no dio resultados. En 2011, el kirchnerismo armó un esquema mediante el que las constructoras licitaban un paquete de obras en una traza, y como condición tenían que mantener la ruta, cobrar el peaje y cortar el pasto. El dinero para las obras no llegó nunca y la calidad del mantenimiento bajó al punto de que todos los corredores viales están en peores condiciones que hace cinco años. A ese esquema le queda un año y todo hace suponer que continuará.

El Gobierno ya les adelantó a los concesionarios que de aquel paquete de obras sólo quedarán algunas. Según publicó la Nación, de los 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado quedarán apenas 430. Los beneficiados fueron los grandes corredores viales que se identifican con rutas nacionales que tienen un solo dígito. La "lista de la felicidad" que venía de la oficina de López ya es historia, pero los pagos antes de fin de año aún son una promesa. En el medio hay negociaciones que les han dibujado una mueca más relajada a los constructores.

Las cifras en discusión

8000 Millones de pesos - Es la deuda que tiene pendiente el Gobierno con los contratistas viales

430 Contratos - Son las obras cuyo pago aún no está al día

CFK dejó tierra arrasada...Pobre patria mía.

Bóvedas, joyas y jueces bajo sospecha

Por Carlos Pagni - LA NACION

Después de escuchar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Sebastián Casanello dictaminó ante un pequeño círculo de allegados: "Si aparecen las bóvedas donde guardaban el dinero, la causa está definida". Fariña amplió su confesión el martes de la semana pasada, cuando informó con precisión los sitios donde Lázaro Báez atesoraba los billetes. Pero Casanello se demora en allanar esos lugares. Tal vez él mismo haya dado la explicación: "Si aparecen las bóvedas, la causa está definida".

Fariña identificó, con coordenadas de latitud y longitud, dos estancias de Santa Cruz, cercanas al lago Argentino: Cruz Aike y La Julia. Dijo que en Cruz Aike el tesoro se disimuló en las cocheras. En La Julia, prefirieron esconderlo en el quincho, a un paso de la casa principal. Desde allí Báez y su hijo Martín trasladaban los caudales hasta Buenos Aires. Los dos campos solían estar vigilados con un sistema de custodia perimetral de patrulleros y con personal armado cercano a las bóvedas. Todo provisto por la policía santacruceña. En su chacra de Río Gallegos, Báez recibía las mismas prestaciones.

Para los kirchneristas, tener bóvedas domésticas es un indicador de estatus. A Julio De Vido le atribuyen esconder una en su finca de Puerto Panal. Y Francisco Larcher tiene otra en su mansión del country Abril. Quienes hace poco bajaron a ese sótano afirman que pasó a cobijar una bodega multimillonaria. Pero Larcher está fuera de peligro. A él lo cuida la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, con quien suele pasar las tardes de domingo jugando al buraco. A Majdalani le abrieron una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ella también se siente protegida: a dos interlocutores del Gobierno les adelantó que ya tiene todo arreglado con el juez Julián Ercolini. Apuesta fuerte Majdalani.

La demora de Casanello es más sorprendente cuando se relee la confirmación de la prisión de Báez por parte de los magistrados de la Cámara Federal. Entre las razones que ofrecieron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun estuvo la posibilidad de que los imputados conserven una parte de la fortuna que acumularon gracias a la sobrefacturación de la obra pública. Por eso, después de reprocharle varias negligencias, urgen al juez a investigar la localización de esos fondos, no sólo para que sean devueltos al Estado, sino para evitar que con ellos Báez se ponga a salvo del castigo, aprovechando sus innumerables contactos en el poder.

Casanello, que allanó como un relámpago varias financieras porteñas después de la primera declaración de Fariña, tarda en llegar a las estancias de Santa Cruz. Tampoco dispone la prisión de Martín Báez, sobre quien pesan los mismos indicios que llevaron a la cárcel a su padre. La mujer de Báez advirtió a varios dirigentes kirchneristas que si su hijo cae en cautiverio, ella forzará a su esposo a ir contra los Kirchner. Y que si él no lo hace, lo hará ella. El juez analizó con su colega Daniel Rafecas la posibilidad de excluir a Cristina Kirchner de una eventual condena. Rafecas tiene en sus manos el caso Hotesur, sobre presunto lavado de dinero en las empresas de la ex presidenta.

Casanello se arriesga a corroborar con su indolencia el presentimiento de los camaristas: los Báez pueden, con sus vinculaciones, obstruir la investigación. Los Kirchner, mucho más. El ex secretario de Justicia Julián Álvarez, que está afiliado a La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, llamó a Casanello cinco veces horas antes de la detención de Báez. El juez no le contestó. Álvarez estaba interesado en acordar la designación de los abogados del constructor. Pretendía que fueran abogados de su confianza, capaces de adelantar desde dentro del expediente el rumbo que iba tomando la pesquisa. Entre los candidatos a esa función estaba Fernando Susini, a quien Álvarez confió en su momento el asesoramiento legal del general César Milani. Pero Báez fue detenido en el preciso instante en que llegaba a Buenos Aires para participar de esas transacciones. En los tribunales de Comodoro Py sospechan que las negociaciones pueden seguir abiertas. Y ponen la lupa en el abogado Ignacio Palazuelos, muy allegado al magistrado. Es curioso: Palazuelos es funcionario del gobierno porteño. Pero tiene un viejo vínculo con la justicia federal gracias a su amistad con el embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

La lentitud de Casanello para perseguir la corrupción contrasta con su velocidad frente a la tragedia de la fiesta Time Warp, de Costa Salguero. Como se encontraba de turno, el domingo se encargó de las primeras actuaciones. Pero el lunes olvidó enviar la causa a sorteo, para que se establezca qué juez estará al frente de la investigación. Es lo que estableció la acordada 37 de la Cámara Federal para evitar el forum shopping, es decir, la selección del magistrado por parte de un delincuente o de un denunciante. Casanello debería leer el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui. Lo tiene en la biblioteca del despacho.

¿Posible reemplazo?
Las dilaciones de Casanello en el caso Báez inquietan a sus colegas de Comodoro Py. No porque sientan aversión por la impunidad. Temen que la Cámara lo reemplace. Nadie quiere ser juez en esa causa. Además, Casanello produjo el efecto opuesto al que se esperaba con la captura del empresario: su pachorra expone de nuevo a todo el fuero. Y la supervivencia de esos magistrados es incompatible con la luz.

Este fin de semana volvieron a intranquilizarse con una advertencia del ministro de Justicia, Germán Garavano. Dijo que el Poder Ejecutivo está esperando que otros jueces presenten su renuncia, en la senda de Norberto Oyarbide. Es la jugada más conservadora de las que Mauricio Macri tiene en la cabeza. También está previsto que, apenas se configure una mayoría de dos tercios favorable en el Consejo de la Magistratura, caiga la cabeza de un par de magistrados. ¿El motivo? Sencillo: un proceso por enriquecimiento ilícito.

La última acusación de este tipo afectó al camarista Eduardo Freiler. Jugarretas del azar: es uno de los padrinos de Casanello. Freiler fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por su opulenta acumulación patrimonial: mansión multimillonaria en Olivos, colección de autos de lujo, campos, yates y caballos de carrera. No se descartan relojes. La causa se abrió en lo de Marcelo Martínez de Giorgi. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria de la Sala I de la Cámara, a la que pertenece Freiler. Aun cuando, aclaran allí, trabaja en vinculación con Jorge Ballestero. La acusación se produjo el 31 de agosto de 2015. Para el 17 de marzo pasado Martínez de Giorgi lo sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González. A Freiler le gusta la velocidad. A Martínez de Giorgi se ve que también. Ni siquiera se dio tiempo para un peritaje. Casanello podría tomar clases.

¿Estrenarán con Freiler la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta? Es la teoría según la cual el principio de la cosa juzgada debe ser relativizado si el proceso fue irregular o estuvo sometido a manipulaciones. A Martínez de Giorgi le serviría profundizar en esa tesis: está subrogando el juzgado de Norberto Oyarbide, donde se absolvió a los Kirchner por enriquecimiento ilícito después de que el ex presidente citó al juez en Olivos para darle una reprimenda.

Tal vez no haga falta innovar. Freiler todavía debe dar explicaciones por la propiedad de una financiera, donde es socio de María Carla Lago. Es la esposa de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. María Carla Lago ganó alguna notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó Alberto Nisman horas antes de denunciar a Cristina Kirchner. La acusación de Nisman recaló en el juzgado de Lijo. María Carla y Alfredo Lijo viven en Abril, así que en cualquier momento se suman al buraco. "Freddy" mantiene una estrecha relación con Julio De Vido, a quien le ofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales.

El amor por los canarios aproxima a las personas. La situación de Freiler y la señora de Lijo debe ser juzgada por Rodolfo Canicoba Corral. Dicen que sobre su escritorio hay un dictamen absolutorio del fiscal Juan Pedro Zoni. Justicia Legítima.

Los detalles de estos vínculos, que incluyen al juez, suelen animar las tertulias del tercer piso de Simonetta Orsini. Reaparecen los relojes. Allí, en Cerrito y Posadas, entre el humo de los puros, algunos jueces celebran reuniones privadísimas. Gracias a un recibo de Simonetta Orsini, Oyarbide pudo eludir su propia causa por enriquecimiento: parece que allí adquirió por pocos pesos un anillo valuado en más de 200.000 dólares.

La joyería Orsini pertenece a Miriam Kohen. Es la esposa de Gerardo Luis Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería. Esta empresa, que tuvo una expansión inigualable durante el kirchnerismo, fue acusada en Brasil de recibir coimas de Petrobras por la adquisición de Transener. En la compañía lo niegan. Pero en la causa que sigue el juez Sergio Moro están mencionados Ferreyra y su gran benefactor, De Vido. Algunos funcionarios de los tribunales comienzan a temer que muchas de las entrevistas celebradas entre diamantes y relojes de alta gama estén grabadas.

Freiler, Lago, Lijo, Kohen, Oyarbide, De Vido, Ferreyra. Las conexiones entre estos nombres insinúan que algunos jueces federales fueron algo más que complacientes con el esquema de negocios montado por el kirchnerismo durante más de una década. Formaron parte.

El verdadero cambio que tiene que hacer el presidente Macri

Por José Luis Espert - LA NACION
Hace 80 años la Argentina estaba décima en el ranking mundial de ingresos per cápita. Hoy no supera el puesto 70. En los últimos 40 años tuvimos cuatro planes que terminaron en crisis profundas: el de José Ber Gelbard, "la tablita" de Martínez de Hoz, el austral y la convertibilidad. Y por ahora evitamos la crisis latente en la que nos dejó "la década ganada" kirchnerista.

Somos el país que más defaults de la deuda pública realizó desde la Segunda Guerra Mundial y el que más juicios soberanos en contra tiene en el mundo. Y desde 1988 (28 años), los niveles de pobreza promedian el 30% de la población, con picos de 50% y 60% en crisis homéricas como la hiperinflación y 2002.

¿Hay una o varias cosas que unan, que sean la columna vertebral, o sea, los elementos aglutinantes de aquellas crisis que nos convirtieron en el país de las posibilidades potenciales extraordinarias, pero, al mismo tiempo, tan decadente? Sí. Al menos hay dos. Primero, todas las crisis tienen su origen en crisis de financiamiento del fisco. O sea, llega un momento en que los déficits fiscales son tan grandes que el Banco Central tiene que devaluar porque se queda sin reservas, si es que los déficits previos a la crisis se financiaron con emisión monetaria o dólares del BCRA (plan Austral y la Década Ganada). Otras veces, cuando los déficits se financiaron con deuda externa, la devaluación ocurre porque hay que generar las condiciones para repagar una deuda que se defaultea y luego se reestructura (consecuencias de "la tablita" y de la convertibilidad).

La segunda causa es la sustitución de importaciones, que permite "funcionar" aislados del mundo, otorgando aumentos salariales extravagantes en dólares que no pueden ser pagados por mayor productividad, sino por aumentos de precios de una industria ultraprotegida mientras los sectores más rentables de exportación languidecen o quiebran frente al consecuente atraso cambiario.

¿Cuál fue la respuesta, hasta ahora, del gobierno de Macri a la "cruz" fiscal que le dejó el kirchnerismo de un déficit de 7% del PBI? Baja de los (indebidos) subsidios económicos que recibe el sector privado para financiar la baja de impuestos ya anunciada (retenciones y mínimo no imponible de Ganancias), la que se avecina (IVA para alimentos), la suba del gasto en obra pública prometido a las provincias y los planes de infraestructura a nivel nacional y en subsidios sociales que con estilo de "goteo" casi diario el PRO no para de anunciar.

O sea, dejar el déficit fiscal en niveles similares al kirchnerismo y financiarlo, después del cierre del capítulo holdout, con la colocación de toda la deuda externa posible para evitar los costos recesivos de financiarlo con colocación de deuda interna o los costos inflacionarios de hacerlo, como el kirchnerismo con emisión monetaria.

Esto, además de desconocer que el problema de un déficit fiscal cada vez más difícil de financiar, no tiene en cuenta -y he aquí lo central y medular- que el nivel de gasto público de hoy de más de 40% del PBI es impagable para el sector privado, porque genera una presión impositiva salvaje que alienta la economía en negro y para los que están en blanco significa trabajar más de la mitad del año sólo para pagar impuestos, reeditando en pleno siglo XXI una nueva esclavitud: la impositiva.

Pero con un pobre ajuste del gasto público y la continuidad de un enorme déficit financiado con endeudamiento externo y más allá de recuperaciones de la economía que eventualmente puedan venir (como también paso en los 90), en el mejor de los casos se retrasará el momento en el cual volveremos a discutir la necesidad de nuevos ajustes fiscales y de devaluar el tipo de cambio. La experiencia local e internacional indica que los ajustes que no se hacen al principio, cuando se tiene poder, no se realizan y con el tiempo los fuerza el mercado y provocan la caída de los gobiernos.

La Argentina ya recurrió al endeudamiento externo para financiar sus déficits fiscales a fines de los 70 y los 90. El camino a seguir no es éste. Es el que siguieron países como Chile, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán. Libre comercio como antítesis a la sustitución de importaciones y Estado pagable y sin déficits fiscales como antítesis al Estado presente y megadeficitario que presenta hoy la Argentina.

Éste sería un auténtico cambio para Cambiemos y el país.
El autor es economista

El Gobierno lanza un plan de obras para activar la economía

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Hará foco en el conurbano y en zonas empobrecidas del interior; preparan mejoras para los jubilados

Preocupado por los efectos sociales del ajuste tarifario y la caída de la popularidad del Gobierno en el conurbano, el presidente Mauricio Macri apura un desembarco con anuncios de obras, mejoras jubilatorias, asistencia social y reparto de DNI en el primero y en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires y en todo el norte del país, regiones más castigadas por la pobreza. "Se pondrán todos los cañones en el conurbano", confiaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Luego de reforzar las políticas sociales y la rebaja del IVA la semana pasada, Macri presentará hoy el plan de empleo joven o primer empleo. El viernes próximo hará en Tucumán otro anuncio, esta vez de un plan nacional de agua potable, cloacas y prevención de inundaciones.


Foto: Archivo / Fernando Massobrio

La prioridad para el conurbano serán también las redes de agua y las cloacas, además de autopistas, rutas, redes de Metrobus y pasos bajo nivel. En Formosa, el viernes pasado presentó una planta potabilizadora.

Según adelantaron a LA NACION en la Casa Rosada, habrá un llamado a licitación por día y uno o dos anuncios por semana de obras e inversiones. Macri sintió el impacto de las críticas por el ajuste y quiere aprovechar la salida del default para revertir el mal humor y recrear las expectativas de desarrollo. Pero la lentitud de los expedientes de las obras impacienta. Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuraron el miércoles último a los funcionarios nacionales por algunas áreas de gestión cansina. Se notaron las primeras tensiones entre la Nación y la provincia.

Además, existen viejas rivalidades en el gabinete que demoran la gestión. Frigerio suele enviar propuestas a los organismos que deben ejecutar obras en el conurbano, que luego no registran avances. Aquella exhortación de Vidal a "empujar los expedientes" para "ayudar a quienes más lo necesitan" fue impersonal y sin un destinatario aparente. Sin embargo, con los días se fue dilucidando que su obsesión eran las obras, que podrían tardar hasta un año en ejecutarse. ¿Cómo mitigar esa espera?

El propio Macri considera, según sus allegados, que la gestión en los planes sociales es veloz. "La Anses, al igual que la AFIP, tiene los mejores sistemas de gestión e información, son dos islas", señalan a su lado. Las obras son el problema.

Desde esta semana se conformarán equipos de distintos ministerios para desembarcar con jornadas de siete o diez días en los municipios del conurbano más castigados por la pobreza. En Interior preparan una avanzada con la Anses, el PAMI, Desarrollo Social y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La Anses tramitaría nuevos beneficiarios para la Asignación Universal por Hijo (apuntan a 400.000 niños que deberían tenerla y no la tienen), el PAMI buscaría soluciones para los jubilados; Desarrollo Social haría relevamientos de planes, y el Renaper distribuiría DNI en los barrios de emergencia. Los funcionarios de esas áreas estarán en las calles, plazas o estaciones de Merlo, Morón, Tres de Febrero y otros distritos con carencias sociales.

El plan conjunto con la empresa estatal AySA en el conurbano para extender la red de agua potable buscaría alcanzar en cuatro años el 100% de cobertura y el 75% de las cloacas. En ocho años se buscaría completar el 100% de cloacas.

El plan de AySA prevé 200.000 millones de pesos con contratistas privados, pero bajo el doble comando de Chaín y Frigerio. Macri anunciará el viernes que AySA se expandirá hacia ocho nuevos municipios del conurbano donde operaba Aguas Bonaerenses. En Presidencia aseguraron a LA NACION que la prioridad de Macri también es cubrir con agua potable al 100% a nivel nacional.

Por otra parte, quiere avanzar en un plan hídrico para proteger a los pueblos del interior y el conurbano de las sequías e inundaciones.

En 2016 prevén comenzar la planta potabilizadora de Clorinda, Formosa y otras obras hídricas por 438 millones de pesos; además se iniciarán las de tratamientos de efluentes del conurbano; la red de agua potable de Charata, Chaco; desagües cloacales en Santiago del Estero; defensas en Paso de la Patria (Corrientes) y en Entre Ríos, y la canalización del río Carcarañá (Córdoba y Santa Fe).

En la provincia de Buenos Aires se canalizará el río Salado, por 1200 millones de pesos, y se ampliará el cauce del río Luján para 15 municipios y 2,5 millones de personas.

Además, en el primer trimestre de 2017 arrancarán obras viales en la ruta 3, por licitarse: tramos San Miguel del Monte-Azul; Coronel Dorrego-Bahía Blanca. En 2018 se hará Azul-Dorrego. En la ruta 5 se hará la autopista en 2017, y a fin de año se finalizará la ruta segura a La Pampa. La ruta 7, ya iniciada, se terminará en 2018, y las rutas 33 y 205 se iniciarán a principios de 2017. Con ello, Macri pretende comenzar la etapa de reactivación y recuperar las expectativas para evitar la inestabilidad social.

Tierras que equivalen a más de 13 veces la superficie porteña

(La Nación) - El dato surge al relevar campos, chacras y terrenos urbanos de Báez sólo en Santa Cruz

EL CALAFATE (De nuestra corresponsal).- Ninguna de las casi treinta estancias que se conocen aquí como propiedad de Lázaro Báez figura entre las 42 propiedades que le embargarán por la suma de 100 millones de pesos, según el fallo del procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello que dejó en prisión al empresario santacruceño.

Las famosas estancias que Báez compró en la última década -seis de ellas ubicadas en la margen sur del río Santa Cruz-, sobre las que realizarían las expropiaciones de tierras para emplazar las represas hidroeléctricas que construye el consorcio Represas Patagonia tampoco serán embargadas, por ahora.

Sobre ellas, Báez había reconocido en un documento firmado por el escribano Leandro Albornoz -a quien le allanaron el estudio hace 15 días- que cedía el resultado de las expropiaciones al sistema de escuelas rurales de Santa Cruz. Desde el año 2012, en el que firmó ese documento, pasó mucha agua bajo el puente. Y poco avance sobre las represas, aunque las expropiaciones ya están en marcha.

Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista tierras por una superficie equivalente a 13 veces la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Al año 2013, Báez contaba con 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas), que adquirió a su nombre o de sus sociedades.

El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. A este número de hectáreas podrían adosarse otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires. Por ahora ninguna de esas hectáreas será embargada.

Tampoco serán valuados y sujetos a embargo terrenos que el empresario compró pero no registró a su nombre, sino a nombre de Badial SA., la misteriosa constructora que construyó poco, compró mucho y estuvo sospechada de lavado de dinero.

Badial centró sus actividades en El Calafate, donde compró tierras y construyó un hotel que, aunque terminado, nunca se inauguró.

Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas invirtieron más en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.

Los datos inmobiliarios fueron revelados por LA NACION a fines de 2013, después de analizar más de 200 informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. El dato del año en que más inversiones inmobiliarias se realizaron cobra hoy otro significado a partir del nuevo relato del valijero Leonardo Fariña. Según pudo constatar LA NACION, entre 2013 y 2016, Báez siguió adquiriendo propiedades.

A nombre de Badial, Báez tiene escriturados 331.925 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de 33 manzanas de tierras, el 98% de ellas se encuentra en El Calafate. La tierra adquirida tiene usos diversos: desde un obrador en las afueras hasta varias en Bahía Soberana, una cotizada zona que rodea la bahía Redonda y bordea el lago Argentino.

Un lote de 1200 metros cuadros en esa zona hoy se cotiza a 35.000 dólares. A través de Badial, Báez los compró a un valor promedio de 10 pesos el metro cuadrado, y hoy cotiza entre 27 y 30 dólares el metro.

Bonadio podrá acceder a datos

El juez federal Claudio Bonadio logró recuperar, o al menos volver a mirar, la documentación que secuestró en los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate, en julio de 2015, en el marco de la causa Hotesur. Esos allanamientos, cuestionados por el gobierno kirchnerista, le valieron ser apartado de la causa. Ahora, de la mano de la causa en la que se investiga la firma Los Sauces, de los Kirchner, el juez logró que la Justicia lo habilite a tener acceso a las cajas con documentación guardadas en un cuartito húmedo y custodiadas por la Prefectura. La causa había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas.

El embargo a Báez no alcanzó a sus bienes más preciados

Por Mariela Arias - LA NACION
Cuando lo procesó, el juez Casanello le trabó embargo por $ 100 millones; fuera del radar judicial quedaron más de 20 estancias y terrenos


Casona de El Calafate: de 500 metros cuadrados, casi sin uso y valuada en US$ 750.000, quedó embargada por la Justicia.

EL CALAFATE.- El juez federal Sebastián Casanello ordenó el lunes el embargo por $ 100 millones de Lázaro y Martín Báez. Pero ambos lograron mantener lejos de la mano judicial casi la mitad de los inmuebles que poseen en Santa Cruz. Y lograron, en especial, conservar la libre disposición de sus bienes más preciados: sus legendarias estancias.

Casanello embargó los bienes de los Báez por $ 100 millones para así garantizar el eventual recupero de los fondos bajo sospecha de lavado de activos. Para eso contó con información patrimonial suministrada por la AFIP. Pero de acuerdo con documentos públicos a los que accedió LA NACION, el dueño de Austral Construcciones tiene declaradas sólo en Santa Cruz y a su nombre casi el doble de esas propiedades inmuebles.

El juez ordenó, además, avanzar sobre todos los vehículos de todos los imputados. En el caso de Báez, y según registros oficiales, hasta 2013 tenía de alta más de 900 autos sobre los cuales adeudaba la patente automotor por un monto de más de cuatro millones de pesos al municipio de Río Gallegos.

Mientras Báez permanece en prisión y se prepara para la ampliación de la declaración indagatoria que deberá prestar el próximo 6 de mayo, su imperio de empresas y propiedades entró en un maremoto. De acuerdo con la identificación de propiedades de documentos catastrales, el empresario tiene sólo en Santa Cruz 76 propiedades registradas a su nombre, cifra que se eleva a 212 si se toman en cuenta las propiedades de sus hijos y siete de sus empresas, con las que adquirió gran cantidad de inmuebles.

Terrenos grandes y pequeños, canteras, chacras, estancias, casas y departamentos fueron comprados en su mayoría entre 2004 y 2012. Así surge de la sumatoria de bienes escriturados a su nombre; los de sus hijos Martín, Leandro y Luciana, y las empresas Austral Construcciones, Badial SA, Kank y Kostilla, Valle Hermoso, Epelco, Loscalzo y Del Curto.

Dentro de la lista de 42 propiedades a tasar de Báez se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires. Entre los bienes a tasar no se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas. Tampoco se incluyeron terrenos muy bien valuados en El Calafate, el predio donde se encuentra el hotel nunca inaugurado en esta localidad, ni su vivienda particular sobre la calle Villarino, o una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos.

Pero sí cayó en el embargo la casona de El Calafate de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas ubicada sobre la avenida costanera Presidente Néstor Kirchner -asfaltada por su constructora- que fue construida sobre los lotes 8 y 9 de la manzana 311. La tasación de mercado ronda los US$ 750.000, y US$ 100.000 por el valor del terreno. Curiosamente, la vivienda, color cemento de techos negros y revestida en laja, pocas veces fue ocupada. Cuenta con seguridad privada permanente y casi no hay movimientos en el chalet.

En Río Gallegos, los peritos deberán tasar y embargar la famosa chacra del empresario: el lujoso predio cuenta con una pileta climatizada, una cancha de césped sintético y un quincho para más de 100 personas, donde se encuentra una bodega-bóveda subterránea en la que, según el valijero Leonardo Fariña, se guardaba dinero.

"En una tanda de billetes, los últimos de un fajo quedaron inservibles por humedad y hongos. Porque uno de los famosos lugares donde se guardaba dinero era la supuesta bodega, que no eran solamente lockers, eran cajas ciegas en la parte de abajo y esos cajones daban al piso", detalló el valijero en la indagatoria que terminó con la ex presidenta imputada en la causa.

La chacra se hizo famosa el día en que un obrero que trabajó en la remodelación reveló fotos de cómo se transformó de bóveda en bodega. En 2013, cuando las fotos salieron por Canal 13, Báez convocó a la prensa para hacer un recorrido nocturno en el lugar y demostrar lo contrario. Pasaron tres años de esa noche robada a una película de cine negro donde Báez habló durante media hora, se prestó a las fotos y dijo que a Fariña casi no lo conocía.

Ese predio, de acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas en Río Gallegos -que también cuenta con invernaderos-, rondaría un valor de mercado de US$ 1,5 millones. No hay otra chacra con tal inversión y despliegue en la ciudad. Se encuentra ubicada a unos siete kilómetros del centro, a 500 metros de la avenida Asturias y, pese a estar rodeada de calles de tierra, Báez mandó pavimentar el ingreso.

A la chacra, según relató el propio Báez a la prensa, iba Néstor Kirchner con frecuencia, pero negó, esa vez, que Cristina hubiera ido alguna vez. Ya entonces marcaba sin querer diferencias en la relación que mantuvo con Kirchner y con su esposa.

Entre los 52 inmuebles a tasar se encuentran una vivienda en el Barrio Codepro tasada en US$ 200.000, una hectárea en Barrio del Carmen valuada en US$ 500.000 y dos casas sobre el pasaje Tehuelche, todas estas propiedades en Río Gallegos. Pero también hay chacras en Río Turbio y 28 de Noviembre, uno de los lugares, limítrofes con Chile, donde Báez eligió invertir en la última década.

Otra de las propiedades a tasar es la Quinta 67, según su propia denominación catastral, un predio de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel Las Dunas, el tercero de los hoteles que los Kirchner tienen aquí, un enorme predio por ahora vacío con vista al lago Argentino valuado en 500.000 dólares, según una tasación inmobiliaria local. Predios ideales para algún nuevo emprendimiento hotelero.

Las propiedades del empresario K

Larga lista a tasar - Dentro de la nómina de 42 propiedades que ordenó tasar el juez federal Sebastián Casanello se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires

Lo que quedó afuera - No se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas, ni tampoco los terrenos en El Calafate, su vivienda particular sobre la calle Villarino y una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos