lunes, 5 de octubre de 2015

Inversiones chinas: oportunidades y críticas

Por Julio Sevares* Clarin.com
A diferencia de lo que suele suceder, la mayoría de las inversiones chinas tienen participación estatal y son parte de una política estratégica encuadrada en convenios entre Estados.
Billete de 100 yuans
Las inversiones chinas en Argentina tuvieron un fuerte crecimiento en los últimos años, constrastando con el bajo ingreso de inversión externa directa provenientes de otros países. Estas inversiones están destinadas en su casi totalidad al desarrollo de sectores vinculados con la producción y transporte de materias primas y sus primeros derivados y, en el caso del sistema ferroviario, van a compensar el atraso inversor de muchos años.

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de las inversiones externas, que son decididas por y negociadas entre empresas privadas, la mayoría de las inversiones externas chinas tienen una participación estatal, sea porque las empresas inversoras son de propiedad del Estado chino o tienen una participación accionaria muy importante del mismo, o porque surgen de acuerdos entre estados.

Las inversiones chinas en el exterior forman parte de una política estratégica y están encuadradas en convenios entre estados. En este cuadro China promovió la firma de numerosos convenios con Argentina. Entre los últimos se cuenta el Convenio Marco de Cooperación Económica firmado en julio de 2014, en el contexto de la visita del presidente chino Xi Jinping a la Argentina, que incluye 17 acuerdos de diferentes campos, 5 de ellos económicos. Ese convenio especifica en su artículo 4° los sectores en los que China ya invierte o está interesada en invertir, entre los que se cuentan energía, minerales, productos manufacturados, agricultura y sistemas de apoyo, tales como centros de investigación y desarrollo y parques industriales.

Oportunidades y críticas

Los acuerdos de inversión y financiamiento ofrecen nuevas oportunidades comerciales y de recepción de inversiones y financiamiento que compensan el bajo nivel de inversiones en infraestructura y las dificultades y costos de acceso al financiamiento externo.

Pero al mismo tiempo, tienen aspectos objetables que han sido advertidos por diversos analistas, sectores de la política, las empresas y las organizaciones gremiales. Un rasgo distintivo del acuerdo es que, a cambio de financiamiento concesional, la Argentina concede el beneficio de la adjudicación directa (Sumado a la posibilidad de ingresar insumos libres de derechos e impuestos y de emplear mano de obra china).

El articulo 5° del Convenio de Cooperación establece la creación de un Plan Integrado de obras públicas de cinco años en el cual las obras serán adjudicadas según el proceso más ventajoso utilizado en programas de cooperación con otros países; las adquisiciones serán realizadas por adjudicación directa siempre que tengan financiamiento concesional y en condiciones ventajosas de calidad y precio. De este modo, el programa crea condiciones ventajosas para las empresas chinas frente a empresas argentinas y de otros países. Esto se debe a que las empresas chinas disponen de un amplio financiamiento de organismos financieros promocionales públicos y de bancos comerciales en los cuales el Estado chino es accionista dominante.

Es de recordar que las inversiones chinas son con financiamiento total o casi total de entidades financieras chinas, tanto del banco comercial ICBC como de entidades oficiales como el Banco de Desarrollo de China y tienen un costo más bajo que el que podría obtener la Argentina en el exterior (tasa libor+3,8%). Las empresas argentinas, por el contrario, trabajan en un contexto de restricción de financiamiento externo e interno.

Es así que, el comunicado de la UIA "Acerca del Convenio Marco de Cooperación" critica específicamente la posibilidad de adjudicación directa de proyectos de infraestructura con un horizonte de 5 años porque considera que "excluiría de forma manifiesta la provisión local de bienes y servicios argentinos, que no cuentan con dichas posibilidades de financiamiento". También advierte sobre la posibilidad de firmar convenios específicos entre entidades gubernamentales (art. 2) para viabilizar la cooperación bilateral, asignando discrecionalidad a la autoridad de aplicación (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el caso argentino) y dejando las decisiones fuera del control legislativo.

Un punto decisivo es que la adjudicación directa afecta, además, el sistema de Compre Nacional para la promoción de la empresa nacional, régimen que se contrapone incluso a las disposiciones de la OMC que, siguiendo la agenda de Singapur (Conferencia Ministerial de 1996) promueve la liberalización internacional de las compras gubernamentales.

Un análisis de la especialista Carola Ramón Berjano sobre el tema sostiene que el sistema de adjudicación directa fue empleado anteriormente pero con intervención del Congreso. El Convenio Marco, por el contrario dispone en el artículo 2º que "el cumplimiento de las actividades establecidas en el presente convenio podrá realizarse por medio de acuerdos entre las entidades gubernamentales, contratos, programas o proyectos de organizaciones públicas de ambos países." es decir, sin intervención del Legislativo.

Pocas oportunidades para empresas locales.
El acuerdo no contempla arreglos como la formación de empresas binacionales, transferencias de tecnología o producción de partes por empresas locales que formaron y forman parte de los programas de industrialización y tecnificación de las economías realmente emergentes, especialmente en Asia y también en la actualidad en China.

Según un análisis del especialista en industria Dante Sica (2015), los acuerdos con China contribuirán a mejorar la infraestructura pero no a desarrollar cadenas de valor locales porque pueden limitar la incorporación de producción nacional a los emprendimientos, requieren importaciones que, en algunos casos, sustituyen industria argentina y contienen escasa transferencia de tecnología.

El Convenio establece que, como contrapartida, las empresas argentinas en China, gozarán de los mismos beneficios que las empresas chinas en Argentina, pero esto beneficiará a un reducido arco de empresas que ya operan o están en condiciones de hacerlo pero su efecto no será importante porque ni el Estado ni los agentes financieros locales están en condiciones de ofrecer financiamiento preferencial a potenciales inversores en el país asiático.

Impacto en el sector de bienes de capital

Según la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital. Manual de Fomento Industrial (CIPIBIC), el gobierno nacional, por acción u omisión, ha promovido una sustitución inversa de importaciones al autorizar la importación de bienes de capital que son competitivos con la producción nacional existente o que podrían elaborar empresas locales ya instaladas, en su mayoría Pymes.

Estas importaciones están vehiculizadas, en algunos casos, por regímenes como el de "importación de bienes de grandes proyectos de inversión" y el de "importación de líneas de producción usadas", así como por los diferentes esquemas de promoción sectorial. Entre estos figuran los de exploración y explotación de hidrocarburos y el régimen de promoción minera en los cuales participan grandes empresas chinas, al lado de grandes corporaciones transnacionales. Estos regimenes otorgan también beneficios impositivos y, en algunos casos subsidios a la exportación (CIPIBIC, Estudios Económicos Sectoriales. Buenos Aires, Octubre de 2014).

También operan en el mismo sentido otras disposiciones que admiten reducción de gravámenes a importaciones de bienes de capital para obras de infraestructura cuando son consideradas "críticas" por la Secretaría de Energía. Estas disposiciones contradicen el régimen de "compre nacional" y los sistemas de "compre provincial" que establecen la prioridad para la compra de bienes de capital nacionales para emprendimientos energético, infraestructura vial y ferroviaria, telecomunicaciones, transporte, planes de vivienda y de obra pública, entre otros.

Los acuerdos de inversión consolidan el impacto negativo sobre la industria de bienes de capital en la medida que facilitan la competitividad de las empresas chinas en un contexto en que el sector local no cuenta con instrumentos adicionales para su desarrollo, como un refuerzo de los programas de Investigación y Desarrollo, financiamiento o exigencias de participación de empresas locales en los nuevos emprendimientos, con transferencias de tecnología.

Centrales nucleares

Uno de los emprendimientos que es motivo de preocupación es el acuerdo para la construcción de dos centrales nucleares. En el caso de la construcción de la IV Central Nuclear en la Argentina, se especifica que la participación de proveedores locales será del 70%

La IV Central utilizará el sistema CANDU, basado en uranio natural y agua pesada, similar a la Central Nucelar Embalse y en el contrato se especifica que la participación de proveedores locales, que ya tienen experiencia por su vinculación a las centrales en funcionamiento, será del 70%. Pero en el caso de la proyectada V Central, que utilizará tecnología china con una participación prometida de proveedores locales del 30%, los proveedores locales tienen desventajas porque no tienen práctica o no conocen la tecnología china admitida por el Gobierno.

Esta situación ha sido reconocida incluso por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), una entidad alineada políticamente con el gobierno argentino, que señala que, en el caso de de V Central hay una reducida participación nacional pero que ello se debe a que las empresas locales tienen menor capacidad en la tecnología a utilizarse que en la CANDU ya utilizada localmente.

Hidroelectricidad

Un documento firmado por varias Cámaras de industrias de bienes de capital, entre ellas la CIPIBIC considera, que la industria hidroeléctrica nacional fue discriminada en los procesos licitatorios y que, en el caso de las represas Cepernic y Kirchner, sobre el río Santa Cruz prevalecieron fabricantes chinos. Según la cámara, la industria tiene niveles de tecnología, eficiencia y precios competitivos a nivel internacional, que le ha permitido intervenir en grandes proyectos locales y también en Malasia (Central Bakun), Venezuela (Central Tacoma) y Brasil (Central Belo Monte, el tercer proyecto hidroeléctrico más grande del mundo).

Pero, las empresas chinas, a diferencia de los argentinos, están respaldados por el financiamiento de bancos oficiales de desarrollo. Se destaca, además, que la empresa que participará en las represas de Santa Cruz, la China Gezhouba Group Company Limited, fue sancionada en el mes de junio de este año por el Banco Mundial, tras reconocer "mala praxis" en proyectos sobre agua, recuperación tras terremotos y gestión de las inundaciones. El organismo la incluyó en una lista que a partir del 2001, reporta a las empresas inhabilitadas por dicha entidad a recibir financiación.

Ferrocarriles

Una de las inversiones chinas más importantes se realiza en la recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas que recorre zonas productoras de soja conectándolas con los puertos de exportación y que puede conectar esas zonas con Chile en busca de una salida al Pacífico. La inversión se realizará con maquinarias y tecnología china y si bien los contratos incluyen una participación de la industria local no existen especificaciones claras al respecto. De hecho, la reparación de vías contempla, incluso, la utilización de durmientes de origen chino.

Daño a la integración regional

Las facilidades otorgadas a las empresas chinas impactan también en la integración regional. En primer lugar porque estas tendrán ventajas competitivas frente las grandes empresas brasileñas que tienen una amplia participación en programas de infraestructura de Argentina, así como de otros países de la región.

Como ejemplo de un desplazamiento significativo de empresas brasileñas puede citarse el caso de la licitación para la construcción de las represas de Santa Cruz. Las mimas fueron adjudicadas originalmente a un consorcio liderado por la empresa brasileña Camargo Correa con la participación de IMPSA, una empresa local especializada en generación eléctrica, y luego de una cancelación, entregadas a otro consorcio liderado por la china Gezhouba, que aportó el financiamiento oficial y la empresa nacional Electroingeniería, de estrechos vínculos con el gobierno nacional.

Por este motivo, el acuerdo puede contribuir a disminuir el flujo de inversiones y los intercambios comerciales derivados de las inversiones en el seno del MERCOSUR, debilitando la asociación frente a un actor extrarregional.

*Julio Sevares es economista y autor del libro China. Un socio imperial para Argentina y América Latina (Edhasa, 2015)

sábado, 3 de octubre de 2015

Realizan copia de repuestos para los trenes Sarmiento y Mitre con tecnología 3D

(Noticias Argentinas) - La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), a través de su Centro de Servicios Industriales (CSI), puso en funcionamiento diferentes tipos de tecnología 3D.
Se trata de un escáner óptico y una impresora, destinados a la realización de diferentes tipos de proyectos de alto valor agregado para las Pymes, desde el diseño o rediseño de productos, hasta la realización de ingeniería inversa.

"A partir de la firma de un convenio con la Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE), la entidad metalúrgica se encuentra desarrollando la ingeniería inversa de diferentes repuestos para las líneas de tren Sarmiento y Mitre", informó un comunicado.

De esta forma, se proyecta fabricar la óptica frontal de los nuevos trenes y el primer proyecto, ya finalizado, contempló la realización del relevamiento dimensional de la óptica y su reconstrucción digital que permitió lograr "un sólido paramétrico" que forma la base de la documentación 3D de fabricación del repuesto.

La iniciativa está orientada a un programa de sustitución de importaciones para que las empresas nacionales provean los repuestos requeridos para las nuevas formaciones. El proyecto implicó el escaneo 3D, la reconstrucción en Software de diseño 3D de la misma, y la generación de los sólidos paramétricos para su fabricación.

Actualmente, el convenio implica la realización de 10 desarrollos adicionales y la transferencia tecnológica del personal del CSI de ADIMRA hacia el personal de SOFSE para una mayor complementariedad en la realización de proyectos futuros entre ambas entidades.

Una década de deserción jurídica

Por Roberto Gargarella - LA NACION
Prescripciones y cierres de causas sin fundamento, "cajoneos" de casos, fallos arreglados, sobreseimientos sin razón fueron moneda corriente en estos años en que tantos hombres de la Justicia aceptaron la complicidad y el silencio

Para quienes nos sentimos parte integrante, activa, de la comunidad jurídica argentina, existen dos hechos en particular, propios de esta época, que nos resultan especialmente gravosos. El primero de ellos se refiere a la dimensión y los modos de la defección de tantos colegas. La pregunta es: ¿qué explica que tantos de nuestros pares hayan pasado a avalar, sin la menor autocrítica, lo que hasta hace poco ellos mismos repudiaban? La segunda cuestión tiene que ver con la extraordinaria contribución que hubiera significado -frente a dicho contexto de debacle legal- el proceder principista, hasta el final comprometido, de algunos operadores jurídicos, si se hubieran decidido a no negociar el contenido de sus decisiones con aquellos que debían ser reprendidos por éstas.

Sobre la primera cuestión -referida a los colegas que prefirieron no impartir justicia, sino negociarla-, conviene subrayar lo siguiente. La incomodidad que genera esa situación de defección generalizada no se relaciona, únicamente, con el hecho de que tantos pares actuaran de modo contrario al que muchos hubiéramos preferido. Se trata de que dichos colegas obraran de manera contraria a sus propias, enfáticas, prédicas de antaño.

Me refiero, por citar algunos ejemplos, a colegas que -por convicción y decisión propias- supieron convertirse en adalides de las garantías procesales y máximos críticos de la violencia policial, pero terminaron poniendo su saber técnico al servicio de la rama más autoritaria y brutal del Ministerio de Seguridad, que representó en esta década todo aquello contra lo cual habían militado en otro momento (léase la discrecionalidad policial, la represión de la protesta, la mano dura contra los más débiles). Me refiero a fiscales que supieron tomar como orgullosa misión la de poner al poder político entre las cuerdas, en tiempos de Menem, y que luego utilizaron ese mismo ímpetu y esas mismas facultades persecutorias para asegurar la impunidad del poder (la impunidad de los millonarios de esta época), en tiempos de Kirchner.

Me refiero a jueces que, en su momento, supieron conmovernos demostrando que actuar de otro modo -más ingenioso y audaz- era posible y que terminaron usando su creatividad y astucia para ayudar sin que se note a sus ocasionales aliados políticos, de corrupción demasiado saliente.

Me refiero a activistas que decidieron, por sí solos, abrazar como constitutiva de su identidad la causa de la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán, para aparecer luego sirviendo a los principales responsables políticos de esas muertes (los mismos responsables que en aquel entonces insistieron en la idea de que los piqueteros "se matan entre ellos con el fin de perjudicar al Gobierno").

Me refiero a juristas que con fervor propiciaron condenas de por vida a "criminales de lesa humanidad" y que, poco después, se encargaron de sembrar dudas sobre las responsabilidades propias del ex jefe del Ejército, una figura que carga sobre sus espaldas imputaciones tan serias como las que habían hecho posibles aquellas primeras condenas. Me refiero también a abogados con convicciones que decidieron, ellos mismos, edificar su vida en torno a la lucha contra la persecución a los obreros y que terminaron conviviendo, justificando o buscando moderar las críticas contra lo planes de espionaje y seguimiento de sindicalistas y militantes opositores puestos en marcha desde la cúpula misma del Gobierno.

No se trata, simplemente, de colegas que no se comportaron de acuerdo con los ideales que uno hubiera favorecido, sino de individuos que terminaron deshonrando los principios que ellos mismos, vociferantes o altivos, habían proclamado. No se trata, tampoco, de abogados cercanos que no interpretaron el derecho como uno proponía interpretarlo. No: hablamos de colegas que manipularon argumentos jurídicos para servir a quienes debían ser blanco de sus embates. Y es que, más allá de los mil desacuerdos que nos separen en torno a los contenidos del derecho, ninguna persona de buena fe cree que la Procuración estaba autorizada a hacer muchas de las designaciones que hizo; o que el derecho permitía al Consejo de la Magistratura reemplazar jueces subrogantes del modo en que lo hizo; o que la ley de medios le reconocía a la Afsca el poder de aceptar muchas de las fusiones y compras que convalidó con impudicia; o que la publicidad oficial podía distribuirse bajo criterios de puro amiguismo; o que la legalidad del uso de la cadena nacional podía depender de lo que declarara al respecto la misma persona que abusaba de ella.

En casos como ésos, entre tantos otros, no quedamos enfrentados por un modo distinto de interpretar el derecho, sino separados por un modo diferente, decente o indigno de aplicarlo. Porque no es cierto que el derecho sea compatible con una interpretación o la contraria ("una biblioteca dice una cosa, pero otra biblioteca dice lo opuesto"). No: hay interpretaciones buenas de la ley, otras regulares y muchas otras absurdas, inconcebibles, que nadie que no quiera trampear el derecho puede reconocer como válidas. En estos tiempos, muchos de nuestros colegas han querido que considerásemos plausibles las que eran, en verdad, interpretaciones puramente disparatadas.

Reconociendo que lo que hacían era injustificable, algunos colegas defendieron su obrar alegando, ya no razones jurídicas, sino excusas políticas. Nos dijeron: "La corporación judicial" debe ser derrotada; "los del otro lado son peores"; "los que ocupaban ese cargo tampoco estaban bien designados"; "en este momento lo que importa es fortalecer el poder político frente al poder económico que lo ataca". Como resulta obvio, cualquiera de los males que tales emotivas frases denuncian puede ser reparado a través de medios realistas, cercanos y perfectamente acordes con versiones no inmorales del derecho. Nada impide, por caso, combatir a la "corporación judicial" por medios legales (concursos más transparentes; formas de acceso sencillo y sin costo a la Justicia, para los más pobres); como nada prohíbe reemplazar las malas designaciones vigentes por otras hechas conforme con la ley (concursos en los que se premie a los mejores candidatos, elegidos en acuerdos sin trampas, acuerdos que la oposición no rechazaría); como nada obsta a apoyar a un proyecto político, denunciando y ayudando a separar, a la vez, sus raíces infectas.

Lo dicho hasta aquí nos lleva a la segunda cuestión: cuanto mayor y más grave es la defección de tantos colegas, más crece la certeza de lo que pudo haber significado la presencia de alguno o algunos magistrados que se animaran a seguir una causa hasta el final, aunque ello afectara sus vínculos y amistades. No se trata del anhelo por una historia de héroes, sino de constatar que una construcción colectiva diferente requiere de algunos firmes, inclaudicables pasos que no se dieron, pasos que pudieron darse, pero que se evitaron cuidadosamente.

La masiva defección de tantos colegas de la comunidad jurídica (que, seguramente, no ha de ser muy diferente a la defección que se ha dado entre miembros de las comunidades de músicos, escritores, artistas o empresarios) llevó a que prevalecieran, en esta década, las prescripciones y los cierres de causas sin fundamentos; los "cajoneos" de casos y la demora de decisiones que involucraban a amigos y aliados; la entrega de fallos; los sobreseimientos sin razón; las decisiones basadas no en el derecho sino en el mero cálculo de conveniencias; la desestimación de pruebas obvias; la inacción frente a los hechos probados; la interposición de recursos y excepciones injustificadas para proteger a los más enriquecidos.

Lo ocurrido nos exige preguntarnos por las razones, para poder ir más allá del mero lamento. Posiblemente se haya tratado de una mezcla de elementos muy poderosa y común en el ámbito legal. Una combinación de motivaciones como lo son la ambición (el deseo de ascenso, de poder de influencia, de mayores ingresos), y el miedo, es decir, junto al temor de ser señalado, el pánico de perder los privilegios ya logrados, potenciadas estos años en sus extremos, por un lado, por los niveles de dinero derramados desde el poder, y por el otro, por los niveles y modos de la amenaza -vía inteligencia- a la que se recurrió en este tiempo.

También en el ámbito del derecho, lo que vamos dejando atrás es una larga década de desidia, complicidad y silencio.
Abogado constitucionalista

Explosión de empleo público

Editorial el diario La Nacion

El exorbitante crecimiento del empleo público es una de las muestras más claras del fracaso de la política económica en un aspecto clave como la creación de puestos de trabajo genuino en el sector privado.

El hecho de que en un año, de acuerdo con estadísticas oficiales, el sector público haya acrecentado su planta laboral a razón de 177 personas por día constituye un dato que transparenta la gravedad de una situación insostenible para el país y un hierro candente que el próximo presidente tendrá que agarrar más temprano que tarde.

Según un informe de Evolución de Puestos de Trabajo y Promedios de Remuneraciones y Costo Salarial de los Asalariados Registrados elaborado por el Indec, entre el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015, ingresaron al Estado 64.676 nuevos empleados públicos, con lo cual el total en ese rubro se elevó a 1.678.426.

Dado que el cálculo se realiza con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), esa cifra total no incluye el número de trabajadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pues estos distritos nunca pasaron al Estado nacional sus cajas de jubilados y pensionados, pero a los que es válido contar a la hora de las estadísticas reales, con lo cual, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el total de trabajadores públicos sería de 3.487.027 a fines del año actual.

Los datos oficiales revelan también que el empleo privado crece casi la mitad que el público -2,76% contra 4%- o directamente está estancado según otras mediciones. Queda claro que el empleo público es una herramienta falaz para evitar que las cifras del desempleo trepen a niveles históricos.

El informe oficial indica que en 2015 se crearon en el sector público nacional 27.659 puestos más que en 2014, pero también se advierte que el mayor incremento se registró en las empresas públicas, tales como Aerolíneas Argentinas, YPF, AySA, Correo Argentino, Enarsa y Arsat.

A esto hay que sumar el copamiento de distintas áreas del Estado por agrupaciones ultrakirchneristas, como La Cámpora. El último eslabón de esa cadena serían los seis organismos que se crearían con la proyectada ley de promoción de juventudes.

El desproporcionado aumento de empleados públicos no constituye, por cierto, un fenómeno exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional, sino que también se registra en otros poderes del Estado; en la totalidad de las provincias, con Formosa al tope, y en los municipios.

Y tampoco es nuevo: desde enero de 2003, el empleo público creció el 67% contra sólo el 22% del empleo privado, y los saltos más bruscos se produjeron justamente en años electorales.

Semejante desproporción no puede extrañar en un escenario que presenta una economía estancada, alta inflación, crecientes impuestos al trabajo y sectores productivos castigados por políticas que desalientan la inversión.

El drama que dejará como una de sus pesadas herencias el período kirchnerista tiene otro rostro no menos desagradable, pues el incesante crecimiento del empleo público muy lejos estuvo de derivar en mejores servicios del Estado. Por el contrario, están a la vista de todos sus deficiencias en los rubros centrales que debe atender educación, justicia, salud y seguridad, con lo cual castiga a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Es exactamente lo contrario de lo que sucede en los países escandinavos, que están por encima de la Argentina en materia de empleo público, pero donde los ciudadanos no tienen necesidad de recurrir al sector privado para gozar de esos servicios esenciales.

Y ello es así porque la gestión kirchnerista en la materia destruyó lo que se conocía como carrera en la administración pública, los ingresos por concursos, y puso a la fidelidad política como único requisito para la entrada a la planta del Estado o de las empresas públicas. Y lo mismo ocurrió en las provincias y municipios, en especial en aquellos cuyos gobernadores estuvieron alineados con la Casa Rosada.

En las actuales circunstancias, sólo cabe esperar que la situación descripta se profundice, entre otras cosas por la tentación de muchos gobernantes, empezando por la Presidenta y sus satélites, de continuar hasta el final de su mandato la siembra de amigos en la administración pública. Generar las condiciones para desmantelar tan perversa trama constituirá para el próximo presidente un desafío ciclópeo.

Revolucionario robot de combate de factoría estonia

(defensa.com) Hemos tenido la oportunidad, en el marco de la feria DSEI, de observar una curiosidad que puede revolucionar diversas áreas del entorno de la Seguridad y la Defensa, sobre todo de cara a programas que se puedan ir concretando en los próximos años. Se trata del prototipo de un medio autónomo terrestre que según se ha difundido es único en el mundo, pues combina una buena movilidad gracias a su doble tren de rodaje oruga e incluye un concepto híbrido que amplía sus posibilidades de empleo.
 Este UGV (Unmanned Ground Vehicle) no es conceptual, es una realidad en la que se ha venido trabajando desde hace años. El diseño lo ha liderado su fabricante, la compañía estona Milrem, aunque en su concreción han participado varias universidades y firmas comerciales de naciones como Lituania, Letonia o Estonia. Entre otras el Estonian National Defence College, la Universidad Tecnológica de Tallín o el Centro para Ciencias Físicas y Tecnología lituano. Asimismo, involucrados en el proyecto están tanto el Ministerio de Defensa estonio como las Fuerzas Armadas de ese país báltico.
Lo que pudimos ver es una aplicación del concepto genérico en la que se contempla instalar un conjunto ofensivo de forma que pueda completar cometidos de vigilancia o de combate, siendo especialmente capaz gracias a un módulo que incorpora una estación de armas remota que incluye una ametralladora media estabilizada, su sistema de puntería y un conjunto de alimentación que le brinda gran potencia de fuego. La capacidad de ataque es sólo uno de sus muchos potenciales. La idea genérica se sustenta sobre un concepto base que se refiere a la plataforma. Para ampliar su potencial, han diseñado un conjunto motriz con dos módulos oruga, en los que se incluyen los diversos elementos que actúan para darles la potencia necesaria en sus desplazamientos por zonas de diverso carácter y aquellos elementos de control que permiten la gestión de las acciones a distancia gracias a una consola de control, y una plataforma central sobre la que se pueden instalar aquellos módulos que se crean más pertinentes. El peso del conjunto descrito es de sólo setecientos cincuenta kilogramos y la capacidad de carga llega a la media tonelada. Sobre las dimensiones, concretarles que es bastante compacto, tiene una altura que permite que sus movimientos pasen desapercibido y cuenta en su parte central con una plataforma amplia donde montar diferentes cargas.
Además de la capacidad descrita, que seguro que puede ser idónea para múltiples usos, se ha concebido para que su uso pueda generalizarse en los ejércitos en sólo cinco o diez años. Se contempla que pueda ser operado como vehículo donde situar módulos de sensores y vigilancia, emplearlo en cometidos de evacuación sanitaria, usarlo para llevar determinadas cargas logísticas a puntos concretos o asignarlo para apoyar a acciones que se realicen en puntos en los que el terreno sea adverso o esté nevado y con hielo. Opcionalmente, podrá emplearse como apoyo a la población civil en caso de catástrofes o en rescates complejos.

También tiene aplicaciones como medio útil que permite intervenciones en entornos donde la vida humana pueda correr riesgo, como en el caso de situaciones en las que se hayan concretado amenazas relacionadas con el ambiente NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico) o con la presencia de trampas bomba o artefactos improvisados (IED, Improvised Explosive Devices). Este UGV permitirá configurar una plataforma única con módulos adaptados a cometidos concretos, lo cual es una de sus principales aportaciones y le diferencia, de forma positiva y rentable, respecto de otras propuestas que puedan estar también concretándose ahora.

En lugar de baterías convencionales Milrem ha optado por emplear los supercondensadores, diseñados por la empresa estonia Skeleton Technologies, dado que presentan una densidad energética mayor que otras opciones disponibles. Los supercondensadores (también conocidos como ultracondensadores o supercapacitadores) tienen entre sus ventajas su elevada densidad energética y su eficiencia en condiciones de baja temperatura, donde permiten arrancar sin problemas los motores eléctricos. Además el fabricante anuncia que la combinación de generador diesel, supercondensadores y motores eléctricos supone un ahorro de energía de entre un 25 y un 40 por ciento. Los supercondensadores ofrecen una vida 500 veces mayor que las baterías equivalentes y pueden ser cargados y descargados millones de veces, además de poder operar en temperaturas por debajo de los 65 grados bajo cero.(Segundo Calpena)

Perú y Rusia solucionan la entrega de los 13 Helicópteros Mi-171Sh-P, los primeros llegaran en octubre. EEUU no impidió nunca el pago

(defensa.com) Tras más de una semana de intensas reuniones,  Perú y Rusia lograron solucionar el impase generado por el Banco de la Nación que impedía el envió de 13 Helicópteros Mi-171Sh-P Hip H para la Brigada de Aviación del Ejército. Fuentes directas nos han confirmado que el Ministerio de Defensa (MINDEF) recibió confirmación oficial por parte de la  estadounidense OFAC (Office of Foreign Assets Control) de que las sanciones (Orden Ejecutiva 13662) sólo se aplican –tal como adelantamos en defensa.com el pasado 9 de septiembre- a individuos o entidades de los Estados Unidos, lo que obviamente no afectó nunca a ninguna inguna de las partes que intervienen en este asunto.
Es así que, en los próximos días, el Banco de la Nación deberá realizar los pagos pendientes, que ascienden a unos 200 millones de dólares. Al mismo tiempo, el MINDEF y Rosoboronexport aprobarán el cronograma de entregas, no solo de los Mi-171Sh-P Hip H, que se encuentran listos en la Planta de Ulan Ude (Rusia), sino de un importante lote de repuestos y armamento.

El arribo de  los Mi-171Sh-P comenzaría a realizarse a fines de octubre, estimándose que las entregas tomen, debido a que se utilizará un Antonov An-124 Ruslan para su traslado, entre 7 y 10 días. La incorporación de estas aeronaves permitirá a la Brigada de Aviación del Ejército estar en condiciones de afrontar con mayor eficacia la anunciada llegada del Fenómeno “El Niño”, en especial en el norte del país, realizando misiones de transporte de carga y pasajeros, rescate y evacuaciones aeromédicas.

El Perú suscribió en diciembre de 2013 un contrato con Rosoboronexport para el suministro de 24 Helicópteros de Combate y Transporte Mi-171Sh-P Hip H por unos 528 millones de dólares para la Brigada de Aviación del Ejército. El Programa de Compensaciones Sociales e Industriales (Offset), valorado en 180 millones de dólares comprende, entre otros, un Centro de Mantenimiento de Helicópteros - que comenzara a ser  construido en el área de San Camilo en las inmediaciones de la Base FAP La Joya (Arequipa) – y un Simulador de Vuelo, así como la Coproducción de Partes. De acuerdo al contrato, 8 aparatos fueron enviados al Perú a fines de 2014 a bordo de un Antonov An-124 Ruslan en dos lotes. El primero, el  27 de noviembre y el otro el 4 de diciembre. Otros 3 arribaron a inicios de junio de 2015.
El Mi-171Sh-P Hip H tiene una longitud aproximada de 18.4 m, una altura de 4.7 m. y un diámetro de rotor de 21.3 m. A requerimiento del Ejercito del Perú van a estar dotados de 2 motores VK-2500-3 de 2,700 HP (20% más potentes que los TV-3-117BM). La  velocidad de crucero es de 215 km/h, el alcance de 580 kilómetros y el techo de servicio de 4,800 m. a plena carga. Los Mi-171Sh-P  dispondrán de aviónica de última generación y visores nocturnos.  Su diseño le permite  transportar 36 efectivos o bien 4,000 kilos de carga. El armamento a suministrar comprende un importante número de ametralladoras PKM de 7.62 x 54R, pods de cañones de UPK-23-250 de 23 mm. y cohetes S-8KOM de 80 mm, así como bengalas de iluminación de 26 mm. (Alejo Marchessini, Corresponsal de Grupo Edefa en Lima).

Abu Dhabi se hace con el 100 % de Piaggio Aerospace, fabricante del P.180 Avanti II

(defensa.com) Mubadala Development Company, la sociedad anónima a través de la que el gobierno de Abu Dhabi diversifica su economía, se ha hecho con la totalidad del accionariado del constructor aeronáutico italiano Piaggio Aerospace. Mubadala ha adquirido finalmente el 1,95 % del accionariado que aún no poseía y que estaba en manos de Piero Ferrari, con lo que se ha hecho con el 100 % de este. La empresa de Emiratos Árabes Unidos se hizo con la mayoría del accionariado de Piaggio Aerospace en mayo del año pasado, cuando adquirió un paquete de acciones equivalente al 44,5 % que estaba en manos de la india Tata con lo que su participación alcanzaba el 98,05 %.
Piaggio Aerospace está presente en áreas como el diseño, fabricación, el mantenimiento, reparación y modernización (MRO) tanto de aviones como de motores aeronáuticos. La empresa se ha dedicado en los últimos años a la fabricación de aviones comerciales de negocio y componentes para motores de aviación pero en los últimos años ha apostado por el área de defensa. Los proyectos más importantes están basados en el uso de su avión P.180 Avanti II (que ostenta el record de avión turbopropulsado más rápido del mundo) para el desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado y un avión de patrulla marítima. El Multirol Patrol Aircraft (MPA) está siendo desarrollado junto a ADASI (Abu Dhabi Autonomous System Investmens) y se espera se entregue el primero de los aviones a finales de este año.

El proyecto estrella es el P.1HH HammerHead, resultado de convertir en un vehículo aéreo no tripulado su avión Avanti II para misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, aeronave que se encuentra ya en la fase de pruebas. En marzo la Aeronautica Militare italiana anunció la compra de seis de estas aeronaves y tres estaciones de control en tierra, convirtiéndose en el cliente lanzador de esta prometedora aeronave. (Jose Mª Navarro Garcia)

Fotografía:   El P.1HH HammerHead

El debate sobre las OPV para América Latina en el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval

(defensa.com) Organizado por el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN),  y presidido por el ingeniero uruguayo Julio C. Cóppola, comienza a tomar forma la nueva edición del  Congreso Panamericano de Ingeniería Naval (ya en su 24ª  edición), que se realizará en Montevideo, Uruguay  se negocia como su futura sede permanente, entre el 18 y 22 de octubre de 2015.
La agenda  prevé conferencias, debates y  seminarios, además de una pequeña exposición, Marinexpo 2015.   El presidente de la colombiana Cotecmar, contralmirante Jorge Carreño,  abordará una ponencia sobre  OPV, muy probablemente abundando en el proyecto entre Fassmer y Cotecmar OPV 80, localmente denominado Patrullero de Zona Marítima (PZM), en una adaptación sudamericana del diseño alemán, con variables pecualiares para Colombia y Chile, su otro usuario. Colombia ya ha ordenado 3 PZM (de un total de 6 planificados) ensamblados en Cartagena, en el astillero de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial COTECMAR. En  2012 recibió el primero llamado "20 de Julio" y el segundo, botado en septiembre del 2013, fue bautizado "ARC 7 de Agosto", e incorporado el 17 de marzo de 2014, fecha en la que también se anunció la construcción de una tercera nave del mismo tipo, la cual sería puesta en servicio el año 2016, con importantes actualizaciones respecto a las anteriores.

La Armada de Colombia modificó en algunos aspectos el diseño original de Fassmer para hacerlo más flexible operacionalmente, adaptándolo eficientemente a sus necesidades, transformándolo en una  plataforma de interdicción capaz de cumplir múltiples tareas desde las típicas misiones de patrulla oceánica hasta conflictos de baja intensidad. En tal sentido, en  agosto de 2015 el PZM ARC "7 de agosto" llegó al Golfo de Aden para incorporarse a la operación Atalanta, integrándose a la Fuerza Naval de la Unión Europea que actúa allí contra la piratería. La serie Fassmer OPV 80 (presumiblemente en sus adaptaciones sudamericanas) es una de las 4 preseleccionadas técnicamente luego de una ronda de contactos de la Armada Nacional Uruguaya, junto a las patrulleras chinas P-18, la francesa DCNS Gowind y las Lurssen OPV 80, por ahora sus favoritas técnicamente hablando, aunque la decisión ministerial de llamar a licitación , si hubiera recursos, abriría el abanico de ofertas nuevamente.

Precisamente, la realización de este congreso en Uruguay se considera más que oportuna por parte del ámbito naval local, ya que, aún en el marco de fortísimas restricciones presupuestales, la Armada uruguaya ha ratificado su extrema necesidad de navíos de Patrulla Oceánica y de una red de vigilancia costera VTS.  (Javier Bonilla)

Artillería antiaérea del Brasil

(defensa.com) La decisión de Brasil de adquirir cinco baterías de misiles antiaéreos rusos Pantsir-S1 y complementar dos baterías adicionales de MANPADS Igla, merecen una reseña de los esfuerzos que ha realizado el gigante suramericano para mejorar la defensa de sus cielos.  Hay que recordar también que recientemente se recibió un último lote de 16 puestos de lanzamiento del sistema de defensa aérea de muy corta distancia (SHORAD) RBS70, fabricado por Saab Dynamics, así como 37 Flakpanzer Gepard 1A2, adquiridos a la alemana BAAINBw.  Todo ello para defender sus nuevos recursos petroleros en altamar, proteger su frontera occidental y el Amazonas de narcotraficantes y proporcionar seguridad a los Juegos Olímpicos de 2016.
Hasta  hace poco, las defensas antiaéreas brasileñas confiaban su trabajo a 4 sistemas misilísticos Roland II montados sobre vehículos de oruga Marder, 38 cañones Oerlikon GDF-001 de 35mm; 24 cañones Bofors L/70 de 40 mm y todavía se encontraban algunos de los 103 cañones Bofors L/60 de 40 mm disponibles.  Muchas unidades dependerían principalmente del viejo sistema de ametralladoras pesadas M45/M55 de la Segunda Guerra Mundial. En los años ochenta se habían modernizado varios de esos sistemas, cambiándoles sus partes mecánicas y en algunos casos instalándoseles cañones de 20mm en lugar de las ametralladoras, y así poniéndolos al estándar TCM-20 israelí.
Muchos de los cambios y adelantos de hoy día han sido ofrecidos a través de la Oficina de Proyectos del Ejército de Brasil (EPEx), creada en 2012 para evaluar, adelantar proposiciones, coordinar e integrar esfuerzos para la realización de los proyectos estratégicos del Ejército.  EPEx ha promovido el Proyecto Estratégico de Defensa Antiaérea, que ofrece al radar SABER-M60 como núcleo de los Grupos de Artillería Antiaérea del Ejército brasileño para finales del 2015.  Estos tienen un alcance de 60 km, y son fabricados por la empresa nacional Bradar.  La información es procesada por el Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea.  Una segunda etapa prevé el desarrollo del radar SABER-M200, con un alcance aproximado de 200 km.

Los Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea empezarían a funcionar en el 2010, con la necesidad de conectar y coordinar las operaciones de las baterías de las batería de baja altura RBS 70 y GEPARD, y se comenzó con la constitución del 12º Grupo de Artillería Antiaérea en Manaus (Amazonas) y el Batallón de Mantenimiento y Suministro de la Artillería Antiaérea, en Osasco (São Paulo).
Las baterías RBS 70 están integradas en la unidad de control de operaciones antiaéreas COAAe (Centro de Operação de Artilharia Antiaérea), que incluye un S-788BR de RF con sistemas montados en un blindado de alta movilidad 4x4 Agrale Marruá.  Algunos RBS 70 han sido colocados en vehículos para darles movilidad, pues los cuatro sistemas lanzadores Roland II, con 50 misiles, serian descontinuados en el 2001.
Los GEPARD 1A2 forman parte de la 11ª Batería de Artillería Antiaérea Autopropulsada, en el estado de Paraná, y la 6ª Batería de Artillería Antiaérea Autopropulsada, en el estado de Rio Grande do Sul.  Se han reforzado los materiales de la 1ª Brigada de Artillería Antiaérea (1ª Bda AAAe), de Guarujá, y cuyos cuadros lo forman los Grupos, 1º (Rio de Janeiro), 2º (Praia Grande), 3º (Caxias do Sul), 4º (Sete Lagoas), and the 11º (Brasilia); y a  la Escuela  de Artillería  de Costa y Antiaérea (EsACosAAe), un centro de enseñanza ubicado en Rio de Janeiro.
Se han fogueado elementos del Núcleo del 3º Grupo de Defensa Aérea (Nu3GDAAE), asignados a la Base Aérea de Anápolis (BAAN) en Goiás, en el uso de los misiles tierra-aire portátil IGLA 9K338.  Esta unidad desplegará una batería de cortísimo alcance (hasta 6 km), y otra de corto alcance (hasta 20 km). Existen unidades antiaéreas en Canoas y en Manaus.  Con todo se creó un Batallón de Mantenimiento y Abastecimiento de  Artillería Antiaérea, bajo el Decreto No. 876 del 12 de agosto de 2014, en la ciudad Osasco. (JMH)

La Fuerza Aérea Brasileña realiza pruebas intensivas del armamento no guiado en sus helicópteros MI-35

(defensa.com) El Escuadrón Poti (2º/8º GAV), que opera los helicópteros de ataque MI 35 / AH-2 "Sabre" de  la Fuerza Aérea de Brasil , está ejecutando el Ejercicio Operacional Zarabatana VI.  65 militares trabajan para mejorar las técnicas específicas de empleo del armamento aire-tierra de las aeronaves, como el misil 9M120 Ataka, con 6 km de rango, cohetes y el cañón Gryazev Shipunov GSH-23L,  con una tasa de fuego de 3.400 disparos por minuto (los dos tubos juntos), cuya velocidad de proyectil es 715m/s. El depósito de municiones de dicha arma comprende hasta 470 cartuchos y se pueden proporcionar con proyectiles de alto explosivo/fragmentación, anti-blindaje o anti-blindaje/ incendiarios, entre otras posibilidades, y cohetes (no guiados) de 80mm B-8V- 20 A con cabezas de guerra.
El ejercicio se lleva a cabo en el stand de tiro del Campo de Pruebas Brigadeiro Veloso (CPBV), al sur del norteño estado amazónico de Pará. Por primera vez, la unidad aérea evaluará el comportamiento y el poder destructivo de dos de sus armamentos activos – los citados  cohetes  B-8V- 20 A y el cañón con proyectil explosivo. Los primeros helicópteros,tras el contrato suscrito en 2008, arribaron en 2010 y los últimos en 2014.  Los ejercicios operacionales como el Zarabatana se enmarcan en la etapa de implementación del helicóptero en la Fuerza Aérea de Brasil.

En la edición anterior (Zarabatana V) destacó, además de un uso general del armamento con aciertos de casi el 100 %, el uso intensivo de gafas  NVG , habilitado el helicóptero para el uso de las ANVIS-9 (M949), Geofizika ONV-1. En esta oportunidad también serán calificados tripulantes en el uso de los dispositivos de visión nocturna. En el Zarabatana VI, el Escuadrón Poti está realizando asimismo el aprestamiento operativo de sus pilotos, capacitándolos en todas las formas de empleo armado. El ejercicio también promueve el adiestramiento de la sección de material , en el cual la movilidad y el mantenimiento fuera de la base son intensivamente puestos a prueba. (Javier Bonilla)

Se estrella un A-4AR de la Fuerza Aérea Argentina

(defensa.com) Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina ha muerto y otros cinco militares han resultado heridos en el accidente protagonizado por un avión de combate A-4AR en la V Brigada de Villa Reynolds de San Luis, según confirman fuentes militares.
El avión Fightinghawk estaba haciendo pruebas de motor cuando impactó contra un hangar. Desde la Fuerza Aérea Argentina se informa que "inmediatamente de producido el hecho, se dio parte a la Junta Investigadora de Accidentes y al Juzgado Federal de la Provincia de San Luis a fin de que se determinen las causas que motivaron el suceso".

La Armada de Chile compra siete aviones P68 Observer 2

(defensa.com) La Armada de Chile ha adjudicado a Vulcanair un contrato por un total de siete aviones P68 Observer 2, que serán entregados durante los años 2016 y 2017. 

De acuerdo con lo informado por la empresa, el avión está equipado con AIS para identificación de buques y una cámara infrarroja entre los elementosmás importantes. De esto se deduce que  no contará con la capacidad de Data Down Link (DDL) en VHF-LOS que la aeronave puede portar como equipamiento adicional. 

Las misiones en las cuales se empleará son Búsqueda y Rescate, Policía Marítima, Búsqueda y Reconocimiento, Evacuación Médica y Transporte, algunas de estas misiones exigen volar hasta las 800 millas náuticas.

Respecto a la cámara infrarroja y aunque no se han dado detalles detalles al respecto, lo más probable es que corresponda al modelo Wescam MX-15, pues el avión está certificado para ello y ya es parte del inventario de la Armada de Chile y,de acuerdo a las fuentes consultadas, se puede descartar que corresponda a un modelo de Flir Systems, de los que también la Armada opera actualmente.

Tal como informamos anteriormente, la Armada está autorizada a comprar durante 2015 sólo dos de los siete aviones, para lo cual cuenta con USD 4.403.418,80, que evidentemente incluyen otros aspectos del contrato tales como el suministro de ILS y servicios asociados, ambos mencionados en el llamado a licitación efectuado en enero de este año. Los recursos para completar el costo de las siete aeronaves serán autorizados como parte del presupuesto 2016.

El monto total del contrato no ha sido dado a conocer por las partes interesadas, pero considerando un costo unitario de US$ 892.570,00 para un equipo Wescam MX-15 y un valor de US$ 1.239.926 para cada avión, estaríamos hablando de unos 15 millones de dólares, sin incluir el mencionado ILS y otros gastos propios de todo proyecto. Todo esto significar que el valor final del contrato excedería largamente los 10 millones disponibles el año 2013, de acuerdo con lo informado por la prensa local en agosto de dicho año citando al entonces Director General del Territorio Marítimo.

De materializarse esta situación se podría esperar que no se adquieran siete cámaras infrarrojas o que estas sean de un tercer proveedor o una combinación de ambas alternativas, es decir, menos cámaras que aviones y de un tercer fabricante. La alternativa de un aumento de recursos es difícil, pero no imposible. La ley de presupuesto acaba de iniciar su trámite en el congreso nacional y de su análisis se podrá determinar el curso de acción adoptado. (Roberto Sandoval, corresponsal de Grupo Edefa en Santiago de Chile).
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