Transferencia de helicópteros entre los Ministerios de Seguridad y Defensa argentinosdef

(defensa.com) Gracias a un acuerdo celebrado entre los Ministerios de Seguridad y Defensa de la Argentina, se concretó la transferencia por parte de Gendarmería Nacional a la Fuerza Aérea de 3 helicópteros MD500C (GN-909, GN-910 y GN-918) y 3 Aérospatiale (hoy Airbus Helicopters) SA315B Lama (GN-913, GN-915 y GN-917). Al igual que los Robinson R-44, fueron desprogramados por parte de esa fuerza de seguridad.

De estas seis aeronaves, podrían llegar a recuperarse y llevarlas a condición de vuelo solamente 2, en tanto el resto será utilizado para repuestos. Junto a las aeronaves se transfirieron piezas y componentes que estaban almacenadas y que permitirán mejorar la disponibilidad de las aeronaves de la institución castrense (Luis Piñeiro, corresponsal de Grupo Edefa en Buenos Aires).

Fotografía: Los veteranos "Lama" fuera de servicio en la Gendarmería serrvirán como fuente de repuestos para los ejemplares en servicio con la Fuerza Aérea Argentina (foto Andrés Rangugni).

Tren Roca: comienza la etapa final de la electrificación

(Infobae.com) - El ramal Constitución-La Plata no funcionará durante 90 días y habrá colectivos que costarán lo mismo en todas las estaciones

Según informó el ministerio del Interior y Transporte, este lunes "comenzará la etapa final de electrificación del tren Constitución – La Plata, que consiste en la colocación de los cables de alta tensión". "Vamos a cumplir con la palabra empeñada y terminar esta obra que fue prometida hace más de 40 años y que nunca se concretó. Antes de fin de año la electrificación del Roca hasta La Plata va a ser una realidad", señaló el ministro Florencio Randazzo.

HABRÁ COLECTIVOS EN LAS ESTACIONES QUE REEMPLAZARÁN AL TREN

"Junto con la incorporación de los 300 coches eléctricos 0km para renovar todos los ramales, el tren Roca va a volver a ser la columna vertebral que articule la movilidad de toda la zona sur del gran Buenos Aires", dijo Randazzo. "Los trabajos que se desarrollarán en los próximos 90 días comprenden el montado de catenarias, cables de media y alta tensión. Toda la demanda de pasajeros será absorbida por colectivos con paradas en cada una de las estaciones de la traza", indicaron en el comunicado.

LA INVERSIÓN ES DE U$S500 MILLONES

Los colectivos costarán lo mismo que el tren, funcionarán entre las 4 de la mañana y las 23. Tendrán la parada en las estaciones del ferrocarril. "Habrá servicios directos entre Constitución y La Plata cada 5 minutos, o cada 3 minutos entre Constitución y Quilmes, y Constitución y Berazategui", señalaron fuentes oficiales. Habrá también buses que conectarán todas las estaciones, cada 8 minutos.

La electrificación implica una inversión de 500 millones de dólares, que fue financiada en parte por el BID, y generará, según cifras oficiales, 350 puestros de trabajo en la obra. "Los ramales de esta línea que ya cuentan con servicios eléctricos, y que transportan el 80% del caudal de la línea no se verán afectados", agregaron.

Un país sin moneda

Editorial I del diario La Nación
El peso argentino ha perdido su atributo esencial de ser reserva de valor y la desconfianza general provoca la dolarización de los ahorros
 
La inflación, ocultada durante tanto tiempo por el gobierno kirchnerista, es hoy una preocupación central de los argentinos, porque reduce el poder adquisitivo de todos, castiga especialmente a los sectores más humildes de la población, impide programar proyectos de todo tipo y desalienta las inversiones productivas.

Mientras el gobierno nacional viene apostando sin mayor suerte a los controles de precios con su plan de Precios Cuidados, las propuestas de los candidatos presidenciales de la oposición, por lo menos las de Mauricio Macri y Sergio Massa, coinciden en una solución gradualista que contemple diversos frentes coordinados, tales como la emisión monetaria, los resultados fiscales y una política de ingresos o acuerdo social de precios y salarios. Corresponde preguntarse si realmente con esta orientación se puede transitar hacia la estabilidad.

El fondo del problema es que nadie cree en el peso como reserva de valor de mediano y largo plazo. Y mucho menos con la experiencia de los últimos años. Si a esto se le agrega la superstición nacional del tipo de cambio "competitivo", la desconfianza sobre el peso se agiganta.

A estas alturas, es innegable que el proceso inflacionario tiene su origen en un descomunal aumento del gasto público que se ha ubicado muy por encima del crecimiento de los ingresos del Estado y que ha desatado un cada vez más elevado déficit fiscal, que se intentó compensar con una fuerte emisión monetaria.

La confianza en la permanencia de su valor debe ser la cualidad innata de una moneda para que cumpla las funciones que cualquier sistema económico le exige. La fuga de capitales no es otra cosa que una dolarización de los ahorros por temor a perder su capacidad de pago y este proceso no se detendrá con mayores controles cambiarios ni persiguiendo a los supuestos especuladores, que cada vez son más.

Existe la ilusión de que un cambio de gobierno resolverá las expectativas inflacionarias y generará un ingreso de divisas vía la recuperación del crédito y el retorno de los dólares fugados del sistema bancario. Sin embargo, hay creencias muy arraigadas en la sociedad después de siete décadas de experiencias personales recurrentes. La aceptación del peso como reserva de valor tuvo su mayor aproximación durante la convertibilidad, cuando las reservas garantizaban el canje automático de un peso por un dólar. En el fondo, la moneda confiable era el dólar.

El desafío de recuperar la estabilidad requiere contar con una moneda que cumpla con sus funciones esenciales, principalmente que la comunidad crea fehacientemente que ella sea reserva de valor. Si esto no se logra, se debilita el ahorro financiero y, por lo tanto, el crédito interno tiende a ser mínimo. Ésta es la realidad argentina: las cifras del crédito bancario son dependientes de la magnitud del ahorro en el sistema. Sin moneda confiable, no hay suficiente crédito, más allá de quién gobierne y qué ideas represente. Una moneda de la cual los ciudadanos se desprenden rápidamente, comprando bienes o divisas y reduciendo el ahorro financiero, conduce a una inflación sistémica. En esta situación se revalorizan los activos a los que se considera reserva de valor, por lo general, los inmuebles que están dolarizados.

La desdolarización del ahorro sólo se logrará con una moneda o unidad de cuenta que compita con el mismísimo dólar. Si se llega a este objetivo, no hay que temer a los depósitos en dólares y al llamado descalce de monedas en materia crediticia.

Los caminos para una reforma monetaria son varios, pero lo primero es considerar que el peso, que alguna vez fue una moneda con todos sus atributos, hoy carece del más importante. Al perder su función de reserva de valor y no ser ésta recuperable en tiempos razonables, debe ser sustituido eficientemente. De lo contrario, no se podrá corregir la inflación ni potenciar el ahorro y aumentar la inversión. Este debate es inevitable, aunque complique a los políticos frente a sus bases electorales. Es responsabilidad de los economistas que los asesoran acertar en el diagnóstico. Más de lo mismo no sirve..

El reino de la dedocracia

Editorial I del diario La Nación
Resulta escandaloso el constante nombramiento en cargos públicos de familiares y amigos de funcionarios, todos ellos carentes de la idoneidad necesaria

La Constitución Nacional estipula que la Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

La disposición es taxativa, clara, llana y no deja lugar a dudas. Sin embargo, se la ha violentado y se la violenta de un modo grosero y sistemático. La experiencia en nuestro país, exacerbada muy especialmente durante los últimos 12 años, demuestra que la idoneidad no es la regla de los gobiernos -tanto nacional como de la amplísima mayoría de los distritales- a la hora de cubrir cargos públicos. La reemplazan el nepotismo, la dedocracia, el amiguismo y la fidelidad política.

El caso del nombramiento por decreto de Delfina Rossi, de 26 años e hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, como directora del Banco Nación es el último de una larga saga de designaciones cuestionables en el Estado. No se trata de trabar el ingreso de jóvenes a cargos públicos, sino de que accedan a ellos sin prerrogativas de ningún tipo y por mérito propio, por concurso de oposición y antecedentes. Delfina Rossi ha demostrado contar con un currículum destacado, pero no es la única profesional con esa preparación académica. Lo que no pudo mostrar es experiencia para un cargo de semejante envergadura, para el que se necesita haberse enfrentado a situaciones específicas y contar con las herramientas necesarias para resolver problemas sobre la base de la madurez que aportan los aprendizajes.

¿Sería Delfina Rossi uno de los cincos directores del Banco Nación si no fuera la hija del ministro? No es difícil adivinar la respuesta. El nepotismo desprecia los méritos propios, antepone la confianza a la excelencia y el vínculo personal a la capacidad, al tiempo que crea una dotación de empleados virtualmente manipulables. Entrar por la ventana a un puesto público no debería tampoco ser un orgullo para quien lo consigue.

¿Sorprende la designación de Delfina Rossi? Lamentablemente no. Antes que ella, el abogado Juan Ignacio Forlón fue puesto al frente del mismo Nación, el banco más grande de la Argentina. Llegó sin concurso ni experiencia, de la mano de su amigo de la adolescencia Máximo Kirchner.

Y cunden los ejemplos en el mismo sentido:

Katya Daura fue designada por Amado Boudou, cuando era ministro de Economía, titular de la Casa de Moneda. Hasta ese momento, Daura era gerente de prestaciones de la Anses, amiga de Boudou y esposa del director general de Administración de la cartera económica, Manuel Somoza. Daura y Somoza están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Daniel Reposo, actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), fue propuesto por la Presidenta como candidato a suceder a Esteban Righi al frente de la Procuración General. Carente de méritos profesionales, este otro "ahijado político" de Boudou ha mostrado siempre una obediencia próxima al servilismo. Hombre de actitudes patoteriles, tuvo una actuación bochornosa en la audiencia pública en la que debía defender su postulación.

Roberto Carlés, propuesto por Cristina Kirchner para la Corte Suprema de Justicia, es un abogado de poco más de 30 años, asesor de una dependencia del Senado adonde llegó también de la mano de Boudou. Carlés no cuenta con experiencia judicial suficiente para un cargo de tal relevancia, además de haber sido acusado de falsear datos en su currículum y dado probadas muestras de falta de independencia respecto del Poder Ejecutivo. El bloque oficialista de senadores no pudo obtener la mayoría especial de votos para imponerlo. Su pliego quedó en suspenso.

Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), también está muy lejos de poder ser considerado idóneo para desempeñarse en ese cargo. El ex intendente de Morón no sólo carece de la alta calificación profesional en comunicación social que reclama la propia ley de medios, sino que la viola diariamente actuando de manera escandalosa en defensa de los intereses del Poder Ejecutivo. Si quedaba alguna duda de que debía dejar el cargo por su nula independencia y parcialidad antes de las últimas PASO, ya no la hay, pues la fórmula que integra junto con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para la gobernación bonaerense se impuso en la puja interna del Frente para la Victoria y será la que compita en los comicios generales de octubre próximo.

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), es otro caso en el que se ha coronado la enorme falta de idoneidad como paso imprescindible para ocupar un puesto en un área sensible del Estado. Su misión en la UIF es combatir operaciones de lavado de activos y, sin embargo, se ha dedicado a perseguir a opositores y a esconder información protegiendo a funcionarios y a amigos del poder. También reemplazó en ese organismo a técnicos especializados en lavado de dinero por familiares suyos.

Si hablamos de falta de idoneidad, no podemos dejar de mencionar al abogado Claudio Vázquez, quien fue designado para reemplazar al irregularmente removido juez Luis Cabral como subrogante en la Sala I de la Cámara Federal de Casación. Vázquez es otro ariete del Poder Ejecutivo para colonizar la Justicia. Según su currículum, ha tenido tres empleos: en una casa de neumáticos, en la Cámara de Diputados bonaerense y como abogado. Su falta de competencia para el cargo que ocupa es notable. La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió su designación como juez subrogante, pero él resiste en su despacho.

Como dijimos, la idoneidad ha venido siendo reemplazada por el amiguismo, la dedocracia y el nepotismo. Una reciente investigación de LA NACION da cuenta de esa situación. Rossi tiene a su hija como directora del Nación, pero no es el único. Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tiene a un hijo y a una sobrina trabajando en el Estado; Carlos Zannini logró ubicar a sus cuatro hijos y a un yerno en empleos públicos. La pareja de Aníbal Fernández fue nombrada con rango de secretaria en el área de su marido; la cuñada de Daniel Scioli trabaja en la Secretaría General de la Presidencia. Lo mismo ocurre con la hermana del diputado camporista Andrés Larroque, quien actúa como directora de Documentación Presidencial.

El hermano de crianza del secretario general de la Presidencia, "Wado" de Pedro, fue gerente de la Anses en Mercedes; la esposa, una hija y un hermano de Julio De Vido fueron y, en otros casos, son empleados públicos; la mujer del secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, trabajó en la Cancillería, de donde pasó a la Procuración del Tesoro; dos hermanos del ministro Florencio Randazzo tienen puestos en el Estado, y el hijo de la ministra de Producción, Débora Giorgi, tiene rango de subsecretario de Estado en la cartera a cargo de su madre.

También han colocado a parientes en el Estado el canciller Héctor Timerman; la ministra de Cultura, Teresa Parodi; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el senador Miguel Pichetto; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el senador nacional Rodolfo Urtubey, y Carlos Liuzzi, el segundo del secretario legal y técnico y candidato a vicepresidente de la Nación por el kirchnerismo, Carlos Zannini, quien ubicó en la función pública a una veintena de familiares y amigos.

La lista es enorme. La desvergüenza, también. Urge sancionar una ley que impida este tipo de excesos, que prohíba la designación directa de parientes, amigos o allegados de funcionarios en cargos estatales, a los que sólo deberían acceder por mérito propio, compitiendo, concursando, oponiendo las capacidades que aseguran tener con las de otros postulantes.

Como sociedad, no debemos permitir más este tipo de atropellos ni a este gobierno ni a ningún otro. Debemos reclamar transparencia a nuestros gobernantes y candidatos. Un compromiso firme y claro en defensa de los derechos de todos, de la institucionalidad y de la honradez.

La nube negra: cortes de electricidad, emergencia y default

Por Diego Cabot | LA NACION - Twitter: @diegocabot


Foto: LA NACION

En diciembre de 2014, el avión de carga más grande del mundo, un gigante de fabricación rusa marca Antonov, aterrizó tres veces en el Aeropuerto de Ezeiza. Fue la delicia de los fanáticos de la aeronáutica que miraban cómo aquella ballena voladora levantaba su trompa para que bajen los módulos de tres subestaciones eléctricas que el Estado compró en Portugal a través de la distribuidora Edesur.

Se pagó un millón de dólares por cada uno de los fletes, además de otros 50 millones por cada subestación. Se presentó como un avance energético y hasta se envolvió aquella carga con banderas con la inscripción Presidencia de la Nación. Nada se dijo que esos equipos se podrían haber fabricado en el país si se hubiese planificado. Pero era diciembre y en la Argentina de los calores reina la urgencia.

El caso del Antonov sirve para ilustrar que la imprevisión y la emergencia dominan el mundo de la energía eléctrica. Fue quizá la crisis más anunciada de todas, sin embargo el Gobierno no la evitó. La Argentina tiene cada vez más cortes de electricidad, y lo que es peor, las interrupciones son por un período más largo de tiempo y en cualquier época del año.

A diferencia de antes, esta vez los problemas se sienten en la distribución, la última parte del cable que lleva la electricidad de un transformador a los domicilios particulares. En ese tramo de la red, la inversión se retiró hace tiempo. Las principales distribuidoras, Edenor y Edesur, tienen la tarifa congelada desde hace tiempo. En las 26 restantes que hay en el interior, la remuneración que paga la demanda (los usuarios) no alcanza para mantener un nivel de prestaciones aceptable. Desde hace tiempo, gran par de estas empresas no paga lo que vende: electricidad.

Daniel Montamat, ex secretario de Energía y socio del estudio Montamat & Asociados, dice que el deterioro de la calidad del servicio se dio por falta de inversiones. "Tal vez estas cifras den perspectiva. La demanda de electricidad del país en 2014 pagó US$ 2716 millones y la oferta que generó los electrones facturó 10.325 millones (eso da una idea del costo). Los subsidios eléctricos (la diferencia) sumaron 7609 millones de dólares." Con esos números, el dinero que podía haber ido a inversión termina por solventar el costo para que el sistema funcione tal como está.

"Esos subsidios dan idea de la distorsión de precios, pero también muestran que la tarifa no remunera la inversión, ni siquiera los costos operativos. Las empresas distribuidoras ya no deciden dónde invertir y ni siquiera les alcanza para sus costos operativos; la inversión prioritaria se decide en acuerdo con el Gobierno y se ejecuta por fideicomisos, al menos en la jurisdicción de Edenor y Edesur", completa. Las distribuidoras provinciales, que antes disponían aumentos en el valor de distribución en sus jurisdicciones, desde hace dos años y con la intención de nivelar tarifas y evitar aumentos regionales perdieron esa facultad, y ahora dependen de fondos públicos para invertir en la calidad del servicio. Esto retrasó las inversiones en muchas provincias.

Andrés Chambouleyrón, un economista especializado en servicios públicos, tiene otros números que cuantifican lo que sucede. En la zona metropolitana, desde 2004 la duración promedio de los cortes aumentó más de 200%, mientras que la frecuencia de los cortes -veces por año- también subió.

En 2004, un usuario promedio tenía 4,6 cortes por año. El Índice de Duración de Interrupción Promedio del Sistema (Saidi) de entonces era de 8,75 horas. En 2014, último dato procesado, la cantidad de cortes se duplicó y pasó de aquel 4,6 a 9,14 veces por año. El tiempo del apagón promedio se cuadruplicó y ya llega a 31,6 horas. No sólo eso. Las primeras consecuencias para los usuarios domiciliarios de la crisis -la industria tiene cortes desde 2006- eran los cortes en los días de calor. Pues ahora es todo el año.

 

Foto: LA NACION 

Según datos oficiales que compila el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en julio de 2014 se registraron 65.034 reclamos por falta de suministro y 315 por cortes reiterados. Era invierno, épocas en las que solía faltar gas no luz. En enero pasado, el primero llegó a 83.225 mientras que el segundo indicador a 379. En junio de 2015, última planilla a la que LA NACION accedió, las denuncias por cortes fueron 78.605 y los reclamos por reiteración llegaron a 325. Problemas que ya no conocen de estación.

Según cuentas de operadores del sector, sólo en el área metropolitana se necesita un flujo de inversión constante de 400 millones de dólares por cinco años para revertir el deterioro y volver a los estándares de calidad de hace 10 años. "Doscientos millones más de lo que se invierte ahora por distribuidora", dice Cristian Folgar, ex secretario de Combustibles.

Cambouleyrón resume el origen del problema en una palabra: falta de inversión. "No se invirtió lo necesario ni en generación ni en distribución. Y la prestación se deterioró al punto de que hay más cortes y más largos", dice.

Qué sucedió para llegar a este momento de cortes que un experimentado consultor graficó como hongos que aparecen después de la lluvia: "Por cualquier lado".

En principio se retiró la inversión. Los ministros de Planificación Federal y de Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof respectivamente, saben que en los servicios públicos la plata para la inversión la ponen los usuarios, mediante la tarifa, o el Estado. Puede haber financiamiento, pero lo pagarán unos u otros. Nunca nadie en la Tierra inventó otra forma.

Desde que el kirchnerismo llegó al poder, los usuarios domiciliarios vivieron en una burbuja tarifaria. La electricidad domiciliaria, para la gran mayoría, vale por bimestre lo mismo que un par de kilos de pan. Al menos desde 2006, la industria y los grandes comercios sobrellevaron cortes en verano y en invierno, costearon sus inversiones para lograr más energía y además aportaron dinero, mediante cargos específicos que se destinaron a la escasa inversión en el sector. La crisis se tornó invisible en las grandes ciudades. Los industriales la padecieron con ese irritante silencio que acostumbraron a guardar en los últimos años. Más aún, la gran mayoría de ellos la negaron si eran consultados.

Con tarifas congeladas, las distribuidoras pasaron de la ganancia al equilibrio y del equilibrio a la quiebra técnica. La memoria y balance de Edenor muestra la precariedad del sistema. En 2014, la compañía tuvo una pérdida contable de $ 780 millones y un déficit operativo antes de reconocimiento de mayores costos de 2525 millones. Desde julio de 2014, un contrato de mutuo con la comercializadora mayorista de energía Cammesa -una compañía cuyos hilos se manejan desde el Ministerio de Planificación Federal-, es la manera que se fondea para pagar los sueldos. En 2014, por caso, la paritaria acordó un 30% de aumento de sueldos más 2,14% por año de antigüedad. La nómina creció alrededor de 50%. Ya no alcanza el dinero que recaudan para pagar los sueldos. Mucho menos, para invertir.

El sector eléctrico tiene tres actores: generadores, transportistas -redes de alta tensión- y distribuidores. Allí funciona Cammesa, la empresa que comercializa la energía. Las generadoras venden y las distribuidoras compran a este mayorista. El transporte, la tercera pata del esquema, está operado por Transener, una empresa cuyos dueños son Pampa Energía (accionista mayoritario), Electroingeniería y el Estado.

Desde hace tiempo ya nadie le paga a Cammesa la energía. Asientos contables, pagarés y mutuos van y vienen. Saben que nadie los pagará, pero igual se firman. Sólo por citar un ejemplo, Edenor registró en su último balance un deuda de 2257 millones de pesos. Allí está la nube negra de los subsidios.

LA RED AL LÍMITE

Los cables se resintieron. Sólo los aire acondicionado vendidos en los últimos dos años se llevan lo que produce una de las centrales nuevas. Cualquier lector que haya llegado hasta este lugar de la nota puede hacer un ejercicio muy simple: levantar la vista y mirar qué es lo que pasa en su casa. Se topará, seguramente, con varios aparatos más enchufados que hace 15 años. Quizás haya cambiado los cables para que el aire acondicionado funcione en soledad en una fase y no comprometa toda la red. Quizá, con todo enchufado, plancha incluida, salte la llave térmica. El procedimiento que sigue es conocido por todos: corte y oscuridad, a desenchufar algo, subir la palanca y hágase la luz.

Nada distinto a esta situación doméstica ocurre en las ciudades. La térmica son los transformadores desperdigados por todos lados, enterrados o en gabinetes, que sirven de fusible y que alimentan a tres o cuatro manzanas. Más aparatos se enchufan, más se exige la red, hasta que finalmente, esa zona se desconecta automáticamente. En verano, la cosa es peor. El calor que toman todos estos conductores impide el restablecimiento inmediato. Y esto si hay suerte y el transformador no se quema por la sobre exigencia.

Ahí llega otro problema: las cuadrillas y sus reclamos gremiales por reencuadramiento o incorporación a la planta de las distribuidoras. Todo puede suceder en la Argentina de los subsidios, hasta que los gremios peleen por incorporar empleados a dos empresas que no pueden pagar los sueldos. Pero no importa, aporta el e Estado con los subsidios.

Barrios que no tenían problemas comenzaron a tenerlos. Cambió la densidad poblacional de enormes sectores de las ciudades producto del reemplazo de las casas por departamentos. De una a 40 familias en los mismos metros cuadrados; de un aire acondicionado a 40; de un par de celulares a ochenta.

"Creció mucho la demanda de electricidad para calefacción por los artefactos frío/calor. Son baratos, fáciles de instalar y dan una sensación relativamente rápida de confort", dice Folgar.

Durante el último tiempo, el invierno pasado en particular, las tarifas de gas subieron en función del mayor consumo, pero las eléctricas (Edenor y Edesur) no movieron sus números. Lo que sigue es sentido común: se apagaron los aparatos a gas y se encendieron los eléctricos.

El verano es conocido: manda el aumento de confort. Bajó el costo de los aparatos y las tarifas siguen bajas.

La descoordinación manda en este mundo donde debería gobernar la planificación. "Las redes de distribución están saturadas y las obras no solo son costosas sino que llevan mucho tiempo. La única solución estable es aumentar la capacidad de distribución de las redes. Eso es caro y lento. Por eso el Estado intentó minimizarlo con las unidades móviles que están estacionados por todas las ciudades, pero ese esquema no da para mas", agrega Folgar.

En las redes mas aisladas, típicamente las rurales, el problema es falta de mantenimiento. "En algunos casos no hay plata ni para podar árboles. Ante cada tormenta los árboles tocan los cables y saltan fusibles, que encima luego por falta de cuadrillas cuesta reemplazar" agrega el ex secretario de Combustibles.

Se podría haber hecho mantenimiento preventivo, es decir, crear condiciones de infraestructura para que los sucesos no ocurran. Pero esta manera de hacer las cosas es cara y requiere planificación. No hay banco que financie a las distribuidoras y la inversión está a cargo del Estado. Jamás se decidieron esos planes de largo plazo. Lo que queda es la emergencia: actuar después del corte.

En eso está el Gobierno, obligado por los apagones del verano de 2013 y 2014. El año pasado se invirtieron 4000 millones de pesos, aproximadamente, en la zona metropolitana. Mucho de ese dinero se utilizó para comprar y hacer funcionar generadores que inyectan energía adicional a lugares sobreexigidos. Esa energía, que se produce con la quema de combustibles líquidos, es cara e ineficiente. Es una salida rápida ante un suceso, claro está, pero no avanza sobre el problema de fondo.

Ningún técnico serio cree que hay solución en el corto plazo, aunque todos conocen la fórmula: planificar, invertir y sobre todo, esperar. Y una cosa más, rogar que la temperatura esté en los soñados 18°C. Es el meridiano ideal donde no hace falta ni aire frío ni caliente. Es el lugar donde los ánimos se calman..

Denuncian que por los Embraer se pagó US$ 30 millones de más

Por Luis Ceriotto - Clarin.com
Una investigación en Brasil.Se trata de 20 aviones nuevos que compró Aerolíneas en 2009. Brasil habría devuelto US$ 10 millones.

La compra de 20 aviones Embraer para Austral, operación que fue negociada entre 2008 y 2009 y está siendo investigada por la justicia de la Argentina y también de Estados Unidos, se habría pactado por un precio final de US$ 729 millones, casi US$ 30 millones por encima de lo que por entonces informaron las autoridades de Argentina y Brasil.

El precio que se informó en su momento -US$ 700,5 millones- resultó lo suficientemente llamativo como para levantar sospechas no sólo en la Justicia argentina sino también por parte de la Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, donde Embraer cotiza casi la mitad de su paquete accionario. Pero la reciente publicación de una investigación sobre este caso arroja que el precio de los Embraer -que Austral sigue pagando, en cuotas, hasta 2019-, sería todavía más alto.

En la Argentina, las personas más involucradas -no las únicas- en esta operación son el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y su asesor “ad honorem”, Manuel Vázquez. Del lado brasileño, hasta el momento, la investigación judicial está dirigida hacia ejecutivos de Embraer, una empresa privada donde el Estado brasileño sólo conserva una acción “de oro”, para vetar cuestiones vinculadas a la seguridad nacional.

Pero la reciente publicación de una investigación de la revista Brio, que se edita en inglés y portugués por Internet, arroja nuevos datos sobre esta multimillonaria compra, que es financiada con parte de los subsidios que cada mes reciben Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del Estado argentino. Con el título “La mano invisible del BNDeS en América latina”, la investigación de Brio se focaliza en la actuación de este banco estatal brasileño en la financiación de grandes proyectos en la Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá y Perú. En el caso de la Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDeS) financió con un préstamo blando el 85% de la compra de los 20 Embraer.

Además de que el precio final es casi 30 millones de dólares más alto de lo que se informó, la investigación de Brio detectó que Embraer había devuelto casi 10 millones de dólares a Aerolíneas Argentinas-Austral. “Los tribunales querían saber por qué la empresa brasileña transfirió US$ 9.487.649 a las cuentas de las Aerolíneas Argentinas sin ninguna explicación aparente”, agrega la nota.

La compra de los Embraer formó parte de una serie de protocolos bilaterales que firmaron, en Brasilia, Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Ignacio Da Silva el 8 de septiembre de 2008. La negociación fue conducida personalmente por Jaime, quien políticamente reportaba al entonces ex presidente Néstor Kirchner.

El contrato negociado por Jaime y Manuel Vázquez fue firmado por Julio Alak, el entonces presidente de Aerolíneas Argentinas-Austral, y Mauro Kern Jr, presidente de Embraer.

Según Brio, en junio de 2014, Mary Ellen Warlow, director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, envió un documento a la Justicia argentina donde aseguró que “el “Departamento de Justicia, el FBI y la SEC están investigando a Embraer de las posibles infracciones a la ley de Estados Unidos (...) en relación con sobornos realizados al Sr. Ricardo Jaime”.

En la Argentina, la denuncia por supuestos sobreprecios fue presentada en 2009 por el abogado Ricardo Monner Sans. El año pasado, el juez federal Sergio Torres libró por vía diplomática un reclamo a Embraer para que informe sobre los precios de mercado de las aeronaves en aquel momento. Brio reveló uno de los correos tomados de las computadoras de Vázquez.

La Fuerza Aérea descartó la compra de un caza chino (III)

(Clarin.com) - El reemplazo de los históricos Mirage, que salen de servicio.
La “alianza estratégica” con China, con múltiples acuerdos bilaterales suscriptos por el gobierno de Cristina Kirchner, empezó a mostrar sus debilidades. El jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier general Mario Callejo, admitió que quedó “descartada” la opción de comprarle aviones de combate a los chinos para reemplazar a los Mirage, que serán desprogramados antes de fin de año.

Fuentes aeronáuticas precisaron que el problema es la “cadena logística” para el posterior mantenimiento de los aviones. La “opción China” por el caza FC-1 / F-17 Thunder producido por una empresa estatal china en asociación con Pakistán y volado por la fuerza aérea de este país (los chinos sugerían también el mucho más costoso J-10) se evaluó seriamente este año. Consecuencia del furor kirchnerista por cerrar acuerdos con China, una misión técnica aeronáutica con funcionarios de Defensa viajó al país asiático para evaluar in situ la performance del caza chino. Pero no pudieron verlo volar. Eso se hace en Pakistán, y la misión no llegó hasta allí.

Recién la semana pasada, durante una visita al Area de Material Río Cuarto, el brigadier Callejo blanqueó la situación: “La (opción) de China la hemos descartado. Hoy las opciones son Israel y Francia”, dijo en declaraciones reproducidas por El Puntal de Río Cuarto.

El jefe aeronáutico sinceró cuestiones sensibles: atribuyó las dificultades al “movimiento inflacionario” y la “dólar-dependencia” de su fuerza, para cuyos insumos se debe contar con billetes verdes.

Sobre la incorporación de aviones de combate, Callejo explicó que en virtud de la alianza estratégica con Brasil se adquirirán los Saab Gripen que el país vecino empezará a fabricar. Pero que tendrán el primer prototipo recién en 2018. “Es decir que nosotros necesitamos llenar durante diez años un avión de combate multirol, y en estos momentos se está viendo cuál es la mejor alternativa”, precisó.

El descarte de los caza chinos retrotrae las cosas a más de un año atrás, en una historia que parece de nunca acabar. Fuentes aeronáuticas indicaron que los Kfir israelíes vuelven a ser la alternativa más probable, como pasó durante 2014, cuando se daba como un hecho la operación por la compra de 18 unidades usadas, pero con motores cero kilómetro y “aviónica de última generación”. La Argentina llegó a ofrecer pagar una parte en soja, trascendió entonces. Se dijo que por falta de divisas, o por la disputa con los fondos buitre, la operación no se realizó nunca. Callejo mantuvo igual en pie la opción por los Mirage F-1 franceses. Aunque a esta altura hay mucho escepticismo de que el Gobierno, que se está yendo, avance en la operación.
Los históricos Mirage, que sirvieron en Malvinas, serán desprogramados en noviembre. Ya hay fecha: el sábado 27, con ceremonia de despedida en la base de Tandil.

El país necesita u$s88.000 millones para dejar de tener problemas con la energía

(Infobae.com) - Un estudio reveló que la Argentina precisa ese monto en inversiones para alcanzar el autoabastecimiento energético. El déficit comercial en esa área supera los u$s6.000 millones

La Argentina necesitaría una inversión global de u$s88.000 millones en los próximos ocho años para alcanzar el autoabastecimiento energético, según un estudio de la consultora ABECEB, que asegura que "el país cuenta con los recursos necesarios" ya que "Argentina es la cuarta nación con más recursos no convencionales de petróleo y el segundo en gas en el mundo".

Fuera de los capitales necesarios, el documento señala que se requerirá, además, un reordenamiento político-económico que permita disponer de divisas, remitir utilidades y revisar los derechos de exportación.

Entre 2016 y 2023, la producción de crudo podría crecer 40%, en tanto que el gas aumentaría un 27%, para lo cual se requerirán inversiones por más de u$s11.000 millones anuales.

Según la consultora dirigida por el economista Dante Sica, la producción de petróleo y gas cayó alrededor de un 21% entre 2004 y 2014 y sólo el año pasado, el déficit comercial energético alcanzó los u$s6.198 millones. Este año, la reducción de los precios de los combustibles determinará un rojo energético que irá de u$s3.500 millones a u$s4.000 millones, estimó en su informe especial la consultora.

ABECEB señaló también que en los últimos diez años la inversión en infraestructura del transporte no acompañó al progreso económico, y destacó que son necesarios 82.600 millones de pesos para la construcción, ampliación y mejora de 10.000 kilómetros de redes troncales que se deberá ejecutar en los próximos años para lograr la integración de los principales nodos productivos.

Por último, el estudio destacó que en el rubro minero, existen proyectos que podrían impulsar las exportaciones hasta los u$s8.000 millones hacia 2020.

Los cinco francotiradores más letales de la historia de EEUU

(Infobae.com) - Estos hombres se destacaron en conflictos armados por sus habilidades de puntería fuera de lo común que los colocan ahora en la clasificación de los snipers estadounidenses con el mayor número de muertes

Crédito: AFP

5. Carlos Hathcock

DoD Photo
Carlos Norman Hathcock II, nacido el 20 de mayo de 1942 y fallecido el 22 de febrero de 1999, sirvió como francotirador en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En su expediente constan 93 muertes "confirmadas". Ese logro además de los increíbles detalles sobre las misiones de las que participó, hicieron de él una leyenda.
Su reputación como francotirador de excepción y su dedicación al tiro de largo distancia lo convirtieron en un importante promotor del programa de capacitación de los francotiradores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En homenaje a su destacada trayectoria, un rifle lleva el mismo apodo que el que la NVA le había dado a Hathcock: se trata de una variante del M21 bautizado Springfield Armory M254 "White Feather" (Pluma Blanca).

4. Chuck Mawhinney
Charles Benjamin "Chuck" Mawhinney, nacido en 1949 en Oregon, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos como francotirador durante la Guerra de Vietnam.

Detenta el récord de muertes "confirmadas" con un total de 103 en 16 meses de servicio, lo que lo ubica en el cuarto lugar de este ranking. Contabiliza además 216 muertes "probables".
US Army Photo

3. Adelbert Waldron

DoD Photo
Adelbert F. "Bert" Waldron III, nacido el 14 de marzo de 1933 y fallecido el 18 de octubre de 1995, sirvió como francotirador en la 9ª División de Infantería del ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. Hasta 2011, Waldron tuvo el mayor número de muertes que un francotirador estadounidense haya logrado, con 109. Si bien el famoso Chris Kyle, de los US Navy SEAL, logró más tarde superar ese récord, Waldron trabajó principalmente en la selva, a la diferencia de Kyle que se desempeñó en un entorno urbano rico en objetivos y donde las reglas de combate eran más laxas.

2. Randy Shugart y Gary Gordon
Mientras que no rankean alto en términos del número de muertes confirmadas, el Sargento Mayor Gary Gordon y el Sargento de Primera Clase Randy Shughart se destacaron por sus heroicas acciones mientras estuvieron asignados al equipo de francotiradores "Fuerza Delta".

Los sucesos de la operación "Serpiente Gótica" -una misión de asalto entre fuerzas conjuntas en la que capturaron asesores claves del traficante de armas Somalí Mohamed Farrah Aidid- se hicieron famosos a través del libro y la película "Black Hawk Down" (La caída del halcón negro).
Ambos recibieron la Medalla de Honor, máximo galardón que entrega el gobierno de Estados Unidos a los soldados por alguna acción determinante o heroica. En el caso de Shughart, fue póstuma debido a que falleció durante la operación.

1. Chris Kyle
Christopher Scott "Chris" Kyle, nacido el 8 de abril de 1974 y fallecido el 2 de febrero de 2013, pertenecía a los cuerpos especiales Navy Seals, y fue proclamado el francotirador más letal en la historia del ejército de los Estados Unidos. Su marca: 160 muertes confirmadas y 255 muertes probables.

Foto: AP
Kyle sirvió cuatro años en la guerra de Irak y fue condecorado varias veces por sus actos de heroísmo y servicio destacado en combate. Fue bautizado por los insurgentes iraquíes como el "Demonio de Ramadi", y hasta le pusieron un precio a su cabeza que, se supone, llegó a las seis cifras. Kyle fue dado de baja honorable en 2009, y escribió una biografía que se convirtió en best seller y película: American Sniper. En 2013 le dispararon en un polígono de tiro en Texas, lo que le provocó la muerte a él y a su amigo Chad Littlefield. El hombre acusado de asesinarlos está esperando el juicio.

Buenos Aires, la provincia que menos gastó en obra pública

(La Nación) - Le dedicó el año pasado $ 245 per cápita, 23 veces menos que la que más fondos destinó, San Luis, con $ 5726
 
Buenos Aires es la provincia que menos invierte en obras públicas por habitante, con apenas $ 245 per cápita, según indicó un informe de la consultora Noanomics sobre la base de datos oficiales.

El estudio, elaborado por el economista Félix Piacentini, destaca que, en contrapartida, el Estado que más fondos destina por habitante a obras públicas es San Luis con 5726 pesos. Los datos corresponden al ejercicio fiscal de 2014 y están elaborados sobre la base de información de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las provincias, del Ministerio de Economía, y de datos de las administraciones provinciales.

El relevamiento indica que, después de Buenos Aires, la segunda provincia con menos inversión en obras por persona es Mendoza, con apenas $ 590, mientras que, en el otro extremo, la segunda que más gasta es La Pampa, con $ 5392 anuales.

En Ciudad de Buenos Aires, sólo el 17% del total de erogaciones corresponde a lo que se denomina gastos de capital, es decir, obras públicas, apenas 4 puntos por encima del promedio nacional. En promedio, entre 2008 y 2014, el gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó sólo el 5% de su presupuesto al rubro de obra pública. Las provincias, en conjunto, destinaron sólo 13% de su presupuesto para gastos de capital durante el período. El distrito que más gastó en términos relativos también fue San Luis, con el 47 por ciento.

Asimismo, el estudio señala que la provincia de Buenos Aires es la que más deuda tiene en función de sus ingresos totales, de un grupo de 16 distritos, mientas que la que menos tiene es Santiago del Estero..

Reservas: ya se usó el 85% del swap chino

Por Javier Blanco  | LA NACION
Son US$ 9500 millones sobre US$ 11.000 millones


Foto: Archivo

El Banco Central (BCRA) ya utilizó el 85% del maquillaje que adquirió vía China el año pasado. Con él, la entidad intenta disimular la caída real de reservas que enfrenta dada la pérdida de competitividad que sufrió en los últimos años la economía y el marcado recelo que ganó a empresas e inversores, tras la imposición del cepo, a la hora de ingresar divisas en el país.

El banco que conduce Alejandro Vanoli ya contabiliza como parte de esa tenencia el equivalente a unos US$ 9500 millones, sobre el total de US$ 11.000 millones que contempla el swap chino, coinciden en estimar los analistas.

Esto implica que sólo dispone de un remanente equivalente a US$ 1500 millones para sostener la estrategia con la que busca tranquilizar a los mercados en el fin de ciclo. De mantener un ritmo de uso como el que le dio en las últimas semanas, tendría que ir buscando otro proveedor cosmético toda vez que la evidencia (acuerdos similares que firmó con Indonesia, Rusia y Brasil, por caso) muestra que China es renuente a ampliar acuerdos de este tipo que involucren cifras superiores al 2% del PBI local.

Los economistas llegaron a ese número tras seguir el derrotero de las intervenciones negativas que tuvo el BCRA en el último mes en el mercado de cambios donde, según datos oficiales conocidos ayer, debió desprenderse de US$ 1373 millones sólo en el lapso que fue de la última semana de julio a la tercera de agosto. Durante ese período la cuenta que suele registrar el mayor ingreso de yuanes (identificada como "otros" en el archivo excel por el cual el BCRA detalla los distintos factores que explican la variación de sus reservas) registró entradas por el equivalente a US$ 1285 millones.

Esa sustitución de los dólares que salieron (para que las empresas o el Estado paguen importaciones o deuda, para cancelar los gastos que los viajantes locales tuvieron en el exterior o para que los ahorristas los atesoren, entre otras cosas) por yuanes es la que explica el descenso de apenas US$ 247 millones que reportó en su tenencia de reservas, que apenas cayó de US$ 33.931 millones a 33.684 millones en dicho lapso.

Claro que la situación se descuenta que siguió complicándose de allí en mas dado que en la semana que acaba de finalizar el ente reportó una intervención negativa en el mercado cambiario por US$ 240 millones, según datos preliminares y una nueva caída en las reservas hasta los US$ 33.594 millones que implicaría una merma adicional de US$ 110 millones en esa tenencia durante la semana.

El director de Empiria y ex administrador de las reservas, Pedro Rabassa, estima que sólo en la primera quincena de agosto hubo US$ 1200 millones en nuevo maquillaje. "El Gobierno recurrió al swap con la idea de llegar tranquilo a octubre pero dado el ritmo de ventas actual ni usando todo podrá evitar reconocer una caída mayor en las reservas", dice.

La consultora ACM estima que ya se han empledo del swap unos US$ 9400 millones, lo que deja a la vista "un margen de financiamiento por esta vía cada vez más exiguo justo cuando más crece la pérdida de divisas que enfrenta.

Cuando se pactó el swap con China el BCRA se había comprometido a que la porción en yuanes de las reservas no superaran el 20% de la tenencia total. Pero la exposición a esa moneda (que acaba de devaluarse casi 5%) ya ronda 28,5%.

LA ANSES JUGÓ CONTRA EL DÓLAR

Una masiva liquidación de bonos por parte de la Anses puso freno a la carrera alcista de los precios del dólar en la Bolsa. El ente fue vendedor básicamente de Bonar 17 y 24, que en conjunto negociaron $ 1300 millones ayer (el 39% del total operado en bonos) para hacer caer su precio y bajar al "contado con liqui" y el dólar-bolsa, que habían llegado a los $ 14. En la calle el blue retrocedió otros 14 centavos, a $ 15,53..

Qué países latinoamericanos no apoyan el acuerdo sobre control de armas

(La Nación) - En abril de 2013 la ONU aprobó el Tratado de Comercio de Armas (TCA); algunos países expresaron su disconformidad con distintos puntos del acuerdo

 El TCA es el primer acuerdo internacional que regula el comercio legal de armamento. Foto: Getty

Entre 2006 y 2014, la policía de México reportó como robadas o perdidas unas 17 mil armas de fuego, según datos oficiales. Expertos aseguran que esas piezas sirven para alimentar el mercado negro de armamento.

La cifra ilustra la magnitud del desafío que implica el control de armas en América Latina, señalada por informes de Naciones Unidas como una de las regiones más violentas del mundo. Es uno de los problemas que aspiran a resolver los países y las organizaciones no gubernamentales que impulsaron el Tratado de Comercio de Armas (TCA), aprobado por la ONU en abril de 2013.

Esta semana se realizó en Cancún, México, la primera conferencia de los estados parte de este acuerdo, en la que participaron delegaciones de un centenar de países, incluyendo los 15 estados latinoamericanos firmantes.

Sólo cinco países de América Latina no forman parte del TCA: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia optaron por quedar fuera del mismo y se abstuvieron de aprobarlo en la Asamblea General de la ONU, al igual que otros 18 estados, entre los cuales estaban China y Rusia.

 Las policías de México reportaron 17.000 armas como perdidas o robadas entre 2006 y 2014. Foto: Getty

BBC Mundo indaga en las razones de la reticencia de estos 5 países latinoamericanos a sumarse a este acuerdo.

HITO HISTÓRICO

La aprobación del TCA en abril de 2013 fue celebrada por la comunidad internacional como un logro importante de la diplomacia.

El acuerdo regula la importación y exportación de armamento convencional, lo que incluye desde aviones y helicópteros de combate, hasta lanzamisiles y armas pequeñas y ligeras. "Es el primer tratado que establece una relación entre las reglas de comercio y la normativa internacional de derechos humanos, por lo que supone un hito histórico", afirma Alberto Estévez, quien lideró el equipo de Amnistía Internacional encargado de hacer cabildeo ante los gobiernos durante la negociación del acuerdo.

"Su premisa básica es que no se deben autorizar armas para cometer atrocidades, que los gobiernos no deben permitir la venta de armas cuando existe un riesgo sustancial de que puedan ser usadas para torturar, ejecutar o contribuir a la violencia armada", explica.


Países con más homicidios cada 100 mil habitantes. Foto: Getty

María Fernanda Arocha, investigadora del Centro de recursos para el análisis de los conflictos (Cerac), de Colombia, destaca la importancia de la regulación del comercio legal de armamento.

"La mayor parte de las armas tiene un origen legal, pero luego se desvían al mercado ilegal", apunta.

La especialista subraya la relevancia del TCA para América Latina. "Es una región propensa a la violencia armada y el TCA busca evitar el uso de armas por parte de grupos ilegales o bandas delincuenciales. Es decir, que las armas no se desvíen de su uso legítimo".

ARGUMENTOS PARA LA ABSTENCIÓN

Durante el debate final para la aprobación del TCA en la ONU, los cinco países latinoamericanos que se abstuvieron expresaron su inconformidad con el texto en términos coincidentes.

Cuba señaló que el acuerdo contenía múltiples ambigüedades y vacíos legales al no mencionar a los actores no estatales, como los grupos subversivos, y que contravenía el principio de no intervención en los asuntos de otros estados. Esa omisión fue calificada como "peligrosa" por Nicaragua, que afirmó que en la década de 1980 su país fue víctima de la acción de actores no armados estatales (los llamados Contra), que costó decenas de miles de vidas.

 Junto a Cuba, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua decidieron no participar en el TCA. Foto: Getty

Venezuela argumentó que el texto era susceptible a manipulaciones políticas. Además, cuestionó que no abordaba el tema de la sobreproducción de armas por parte de los principales exportadores y no mencionara el delito de agresión.

Bolivia criticó que el texto no reflejara la necesidad de impedir las ventas de armas a los países implicados en la invasión o en la ocupación de otros estados. Apuntó que carecía de un equilibrio entre los países exportadores e importadores, lo que afectaría las necesidades de defensa de estos últimos.

Ambas preocupaciones fueron expresadas también por Ecuador, que destacó que el texto favorecía los intereses de los exportadores y podía poner en peligro la seguridad de los países importadores de armas.

RAZONES IDEOLÓGICAS

Alberto Estévez, de Amnistía Internacional, señala que esos argumentos también los expresaban países como Pakistán, Egipto o Argelia, pero no se correspondían con lo que estaba en discusión. "La seguridad nacional, el derecho a importar armas o la diferencia entre exportadores e importadores no se abordaban directamente en el tratado. Nadie cuestionaba el derecho a importar armas ni el negocio de la compra y venta de armas, que es una actividad lícita", apunta.

Países con más homicidios cada 100 mil habitantes. Foto: Getty

Irma Pérez Gil, una de las responsables de AI para el diálogo con los países latinoamericanos durante la negociación, afirma que esos países decían que no querían estar sometidos a las decisiones subjetivas y arbitrarias de los exportadores.

"Estaban temerosos de no poder importar armas para sus policías y ejércitos, pero eso no va a suceder porque el TCA establece que el comercio legítimo de armas para la seguridad de los estados es viable y necesario", apunta.

Destaca que lo que se regula es la venta de armas a Estados que cometen graves violaciones a los derechos humanos y que además se busca evitar que haya desvíos y las armas queden en manos del crimen organizado. "Por esa razón, el resto de países de América Latina y el Caribe están totalmente a favor del tratado", señala.

Estévez lamenta la falta de flexibilidad de esos cinco países. "Parecía una posición más ideológica que una postura basada en razonamientos con datos y abierta a modificarse, como ocurrió con otros países con los cuales se acercaron posturas a través de un diálogo franco", afirma.

INICIATIVA LATINOAMERICANA

El Tratado de Comercio de Armas tiene su origen en una iniciativa del expresidente de Costa Rica Oscar Arias, quien luego obtuvo el apoyo de otros ganadores del premio Nobel de la Paz, incluyendo a los latinoamericanos Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel. Durante las negociaciones, el TCA contó con un fuerte respaldo de varios países latinoamericanos como México, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y El Salvador.

UN TEXTO QUE GANA APOYOS

El Tratado de Comercio de Armas fue aprobado el 3 de abril de 2013 con 154 votos a favor, 23 abstenciones y los votos en contra de Corea del Norte, Siria e Irán. Desde entonces ha sido ratificado por 72 países, incluyendo 8 procedentes de América Latina, región dónde se espera que en un plazo breve logre otras tres confirmaciones: de Colombia, Chile y Guatemala.


 El expresidente de Costa Rica Oscar Arias fue el impulsor del Tratado sobre el Comercio de Armas. Foto: Getty

De acuerdo con datos de la Secretaría Temporal del TCA, hay otros 59 países que han firmado el texto pero aún no lo han ratificado, incluyendo a países como Estados Unidos e Israel.

De las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que además forman parte del grupo de principales exportadores de armamento del mundo, sólo Rusia y China no han firmado el acuerdo.

Pekín anunció en la ONU su intención de evaluar seriamente la posibilidad de incorporarse al tratado, según reveló la ONG Oxfam el año pasado, y esta semana ha participado activamente en la cumbre de Cancún.

 Rusia, segundo exportador mundial de armas, ha ratificado que no firmará el acuerdo. Foto: Getty

En ese encuentro se definía la letra pequeña del TCA, pues los estados parte acordaban las reglas de funcionamiento del mismo. De esas definiciones puede depender el que más estados decidan sumarse al Tratado pues, según Alberto Estévez de AI, muchos países están esperando a ver cómo funciona para dar un paso al frente. Queda por ver si alguna de esas nuevas incorporaciones provendrá de América Latina..

Jeep Safir (Irán)

El Safir es un iraní vehículo militar multipropósito, con tracción 4x4 construido por las Industrias Fath. Fue presentado en 2008.

El Safir puede mejorar en gran medida la capacidad de Irán para el transporte de sus unidades en todo el país y también mejora la capacidad de maniobra de las fuerzas iraníes en todo el campo de batalla. También actúacomo plataformas de varias armas.

El vehículo tiene una construcción modular y se han desarrollado varias versiones como:
- Versión lanzacohetes equipada con 12 Fajr de 107 mm.
- Versión antitanque equipada con un cañón sin retroceso 106 mm.
- Versión antitanque misilistica equipado con el Toophan (misil antitanque)
- Versión equipada con los misiles antitanques 9K11 Malyutka
- Versión equipada con misiles antitanques Towsan
- Versión equipada con lanzagranadas
- Vehículo de mando
- Ambulancia
- Comunicaciones.

Especificaciones:
Empleo: Vehiculo militar multiuso
Origen: Irán
Fabricante Industrias Fath
Peso 1,62 ton - 2,35 ton cargado
Largo 3.726 m
Ancho 1,69 m
Altura 1,88 m
Pasajeros 1+ 4
Armamento: 12 cohetes de 107 cohetes mm, o un cañón de 106 mm sin retroceso o un misil antitanque Toophan
Motor Nissan Z24 (Gasolina) con 105 CV
Potencia / peso 44,68 CV ​​/ tonelada
Suspensión Muelle helicoidal
Autonomía: 500 km
Velocidad  máxima 130 km/h

Pampa Azul

Por SUSANA GALLARDO
Es una iniciativa coordinada desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en la que participan varios ministerios, institutos de investigación y universidades. Se trata de una política de Estado orientada a concentrar esfuerzos en la investigación y apoyar con información la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Las investigaciones en todas las áreas que componen el proyecto Pampa Azul requieren de buques oceanográficos bien equipados. Actualmente, las campañas se llevan a cabo con el buque Puerto Deseado –perteneciente al CONICET y operado por la Armada Argentina–, o mediante buques de bandera extranjera a través de proyectos de investigación conjuntos con otros países.

Las investigaciones en todas las áreas que componen el proyecto Pampa Azul requieren de buques oceanográficos bien equipados. Actualmente, las campañas se llevan a cabo con el buque Puerto Deseado –perteneciente al CONICET –, o mediante buques de bandera extranjera a través de proyectos de investigación conjuntos con otros países.

Es una inmensa planicie que esconde un valioso tesoro. Es argentina, como la pampa, y no es verde sino azul. Es nuestro mar, esa dilatada extensión, poco conocida, que encierra una gran riqueza biológica, pesquera y, seguramente, también de hidrocarburos. De hecho, se ha afirmado que las pampas azules son más fecundas que las pampas verdes.

Es por eso que se le dio ese nombre, Pampa Azul, a una iniciativa del Estado que tiene por finalidad fortalecer el conocimiento científico de nuestros mares como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales, así como respaldo de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
“La iniciativa Pampa Azul es revolucionaria en términos de articulación de política de Estado en cuanto a la investigación científica marítima; es algo largamente esperado, y uno se sorprende de que no se haya hecho antes”, afirma Javier Figueroa, Subsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y agrega: “La idea básica es concentrar esfuerzos en política científica y respaldar la política exterior; básicamente la idea es convertir en activos políticos nuestros activos científicos”.

Y adelanta: “Se están incorporando barcos y se programan campañas científicas en áreas de interés nacional donde antes la actividad científica era limitada, existe un programa de equipamiento, y tratamos de que todas estas actividades tengan un respaldo legislativo de manera de asegurar la financiación”.

Por su parte, Claudio Campagna, miembro de la Comisión Asesora Científica de la iniciativa Pampa Azul, señala: “Es un muy esperado y necesario reconocimiento de la importancia de los ambientes marinos para la Argentina. Es una oportunidad histórica para las ciencias del mar en el país y para los investigadores e instituciones dedicados a ellas”. Y prosigue: “Es la primera vez que un plan nacional conduce la investigación científica marina con el amplio apoyo de instituciones y expertos”.

Alberto Piola, investigador del Servicio de Hidrografía Naval y del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de Exactas-UBA, destaca: “Esta iniciativa tiene un propósito científico: contribuir al avance del conocimiento del mar mediante la investigación oceanográfica a gran escala, pero también se busca plasmar en la sociedad un mayor interés y curiosidad por el mar”.

Puntos estratégicos
La iniciativa Pampa Azul prevé fortalecer la investigación en cinco puntos clave del Atlántico Sur, donde se concentra la mayor presencia de fitoplancton, biodiversidad y riqueza pesquera: el llamado “Agujero Azul” del talud continental; el banco Burdwood-Namuncurá; el Golfo San Jorge; los espacios marítimos de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el estuario del Río de la Plata.

El talud continental, un fuerte declive entre los 200 y los 4000 metros bajo el nivel del mar donde entran en contacto las aguas jurisdiccionales argentinas con el océano, es el más productivo y extenso de los frentes marinos de la región. Allí, la abundancia de fitoplancton y la presencia de ciertos fenómenos oceanográficos vinculados a las corrientes marinas contribuyen a una gran riqueza pesquera.

Respecto del banco Burdwood-Namuncurá, es un área de poca profundidad (entre 50 y 200 metros), ubicada a unos 150 kilómetros al este de la isla de los Estados. En sus aguas se alimentan albatros, petreles, pingüinos, lobos y elefantes marinos; y en aguas adyacentes hay sitios de reproducción de peces y de desove de la sardina fueguina. En 2008, el Consejo Federal Pesquero estableció un área de veda total y permanente para la pesca en el banco, y en agosto de 2013 fue declarado como área marina protegida por ley 26.785.

El Golfo San Jorge, una de las áreas costeras prioritarias, contiene importantes recursos pesqueros, en especial merluza y langostino. En la cuarta área, los espacios marítimos de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se observan extensos florecimientos de fitoplancton, que son de gran interés para la investigación.

La quinta área es el estuario del Río de la Plata, uno de los más grandes del mundo, y cuyas características físicas y químicas se relacionan con el comportamiento de los sedimentos. De hecho, este estuario recibe, anualmente, unos 80 millones de toneladas de arenas, limos y arcillas, que son arrastrados por los ríos Paraná y Uruguay. Los impactos de esta descarga de agua dulce se extienden a más de 1000 kilómetros de la desembocadura, sobre la plataforma continental bonaerense, de Uruguay y del sur de Brasil.

Las investigaciones en todas estas áreas requieren de buques oceanográficos bien equipados. Actualmente, las campañas se llevan a cabo con el buque Puerto Deseado –perteneciente al CONICET y operado por la Armada Argentina–, o mediante buques de bandera extranjera a través de proyectos de investigación conjuntos con otros países. La iniciativa Pampa Azul prevé la compra de un barco oceanográfico a Alemania.

Recursos humanos
Para estudiar el mar no sólo se necesitan barcos, sino también gente formada. “Se requieren recursos humanos especializados en oceanografía, que puedan subir a un barco y saber qué buscar”, afirma Matilde Rusticucci, directora del DCAO.

Entre otros temas, un oceanógrafo físico entiende cómo funciona el océano, cómo es la circulación del agua en cuanto a sus propiedades físico-químicas, qué procesos contribuyen a una mayor productividad, la que a su vez puede contribuir a una mayor abundancia de peces. También puede pronosticar la altura de las olas para la navegación, o estimar dónde ubicar una plataforma petrolífera para minimizar los riesgos ambientales. Además, “el océano está íntimamente relacionado con la atmósfera, y su variabilidad influye en ella. Estudiar la física del mar complementa el estudio de la atmósfera, en especial, en relación con el cambio climático”, destaca Rusticucci, y subraya: “El único lugar del país donde se dicta la carrera de Oceanografía Física es la Facultad de Exactas de la UBA”.

Por su parte, Mirtha Lewis, investigadora del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), señala que se necesitan también “ingenieros especializados en manejar ecosondas o equipos de oceanografía física; informáticos que desarrollen y atiendan las bases de datos, e ingenieros que operen y arreglen los equipos, o que adapten instrumentos a las nuevas necesidades de medición y muestreo”.

Corrientes fertilizadoras
El denominado Agujero Azul del talud continental constituye un área de la plataforma continental patagónica, a unos 500 km al este del golfo San Jorge, que se encuentra en la ruta migratoria del calamar argentino y es área de alimentación de aves y mamíferos marinos. Como se halla fuera de la zona económica exclusiva de Argentina, allí se concentra una intensa actividad pesquera internacional del calamar, mucha de ella no reportada y no regulada. Asimismo, los buques pesqueros practican lo que se denomina “pesca de arrastre”, que destruye las comunidades del fondo marino. Por ello resulta fundamental el estudio detallado de las condiciones marinas que determinan la riqueza pesquera, para poder efectuar una explotación sustentable.

“Para la Argentina, la actividad pesquera representa un recurso muy importante, y en algunos casos está sub explotado. El 2014 ha sido un año récord de pesca de calamar, que se obtiene a lo largo del talud, pero Argentina lleva capturado un tercio de lo que pescó Inglaterra, por ejemplo”, comenta el doctor Martín Saraceno, investigador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y profesor en el DCAO.

“La variación en la productividad puede estar relacionada con los cambios en la corriente de Malvinas”, señala Saraceno. Esta corriente se desplaza desde el Pasaje de Drake, en el límite sur de Sudamérica, sobre el talud continental y transporta aguas subantárticas hacia el Norte, hasta la altura de la provincia de Buenos Aires. En este punto se encuentra con la del Brasil, que circula en sentido contrario y transporta aguas subtropicales con mayor salinidad y una temperatura superior a 16° centígrados.

Los investigadores consideran que existen vínculos entre las propiedades físicas del mar y la producción biológica. “Algunos trabajos indican que hay corrientes que fertilizan al océano, llevan nutrientes a la zona iluminada, promoviendo el crecimiento de organismos vegetales y de los animales que se alimentan de ellos”, afirma Piola.

Con el fin de estudiar las corrientes marinas, los investigadores desarrollan modelos de circulación, que también son útiles, por ejemplo, en un derrame de petróleo, para saber hacia dónde se dispersa y poder contener la expansión de la mancha; y también en el rescate de un buque. “Los modelos de circulación también permiten entender mejor los procesos vinculados a la actividad biológica y la riqueza pesquera”, señala Saraceno.

También es imprescindible conocer la altura del mar –altimetría–, que se logra con información satelital y datos obtenidos por mareógrafos. “Disponer de una red densa de mareógrafos podría tener un alto impacto social, ya que se podrían pronosticar mejor las inundaciones, ayudando a disminuir las pérdidas que éstas producen”, destaca, y prosigue: “Esos datos también ayudarían a mejorar el pronóstico de las crecidas. Éstas, en el Río de la Plata, dependen principalmente del viento pero también de las ondas de tormenta, que vienen del Sur y se propagan a lo largo de cientos de kilómetros por la costa argentina”.

En el marco de Pampa Azul, el proyecto franco-argentino CASSIS hará posible la medición de la altura del mar así como la velocidad y dirección de las corrientes marinas en la plataforma continental y en el talud. “Estas mediciones permitirán validar los datos del satélite, y ambos servirán para alimentar modelos numéricos que consideren la distribución de especies y así sentar las bases para un manejo sustentable de los recursos naturales”, describe Saraceno.

Además de las campañas oceanográficas, los satélites y los mareógrafos, la investigación cuenta con unos ayudantes especiales: los elefantes marinos, que pueden conseguir buenos datos del fondo del mar. En efecto, ellos salen a bucear equipados con sensores de precisión, que permiten analizar las propiedades físicas y químicas de la columna de agua. Estos animales atraviesan grandes distancias, bucean, llegan al fondo y luego salen a la superficie para respirar.

“Hoy hay cientos de elefantes marinos con instrumentos que transmiten información a tierra en forma satelital”, detalla Mirtha Lewis. Esos animales proveen datos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, entre otros. Algunos están equipados con cámaras de video para registrar lo que comen. A partir de esos datos, se puede conocer el ambiente en el que se mueve el animal y las corrientes que circulan. A partir de esas variables, es posible inferir el movimiento de la columna de agua y su capacidad para captar dióxido de carbono.

Los investigadores que integran la iniciativa Pampa Azul vienen estudiando el mar desde hace tiempo. “Lo importante es que ahora la actividad va a estar coordinada. Se intenta que los mismos investigadores generen un proyecto en forma integral con otros, compartiendo una metodología que sea replicable a través del tiempo”, destaca Lewis, desde Puerto Madryn.

Por su parte, Rusticucci concluye: “A mí me emociona poder participar en un proyecto que piensa más allá de un período presidencial y que considera necesario fomentar conocimientos de aquí a veinte años; me parece fundamental, y una oportunidad que no podemos dejar escapar; es un proyecto serio de política científica”.

Derechos sobre el mar
Actualmente, la zona económica exclusiva (ZEE) argentina se extiende hasta las 200 millas marinas (unos 360 km) desde la costa. Sin embargo, ese límite no se corresponde con la realidad, pues en algunos puntos, la extensión va mucho más allá. Ahora bien, para demostrar que la plataforma no termina en las 200 millas, en 2009 la Argentina realizó una presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de Naciones Unidas, que contiene, en trece tomos, los fundamentos científicos para esa extensión de derechos. Con tal fin, se realizaron doce campañas científicas para adquirir datos y, luego, otras cinco para su comprobación. Actualmente la información está siendo evaluada por la CLPC, un órgano de la Convención de los Derechos del Mar.

Ese organismo estableció, en 1982, la forma de considerar la ZEE. Por un lado, asegura un mínimo de 200 millas a todos los estados ribereños. Pero, si el estado puede demostrar que su plataforma continúa más allá de ese mínimo, puede extender el límite. “La Convención estableció fórmulas para trazar la línea, y fija un límite máximo, que no puede superar las 350 millas, o 100 millas a partir de la isobata de 2500 metros”, explica la doctora Frida Armas Pfirter, coordinadora general de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (COPLA), que depende de Cancillería. En la plataforma continental, el Estado tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los recursos naturales y aunque no explore ni explote esos recursos, ningún otro estado puede hacerlo sin un consentimiento expreso, mientras que la zona internacional de fondos marinos, que se inicia en ese límite, es patrimonio común de la humanidad.

Fuente: http://nexciencia.exactas.uba.ar/pampa-azul-mar-argentino-atlantico-sur-alberto-piola-martin-saraceno-claudio-campagna-matilde-rusticucci-oceanografia

La ley del mar

Por GABRIEL ROCCA
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.

Buque Puerto Deseado. Foto: MINCyT

Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.

Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.

Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.

Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.

Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.


Lino Barañao. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Foto: Diana Martinez Llaser. Exactas-Comunicación

- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.

- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.

- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.

- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.

- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.

Un antes y un después


Martín Saraceno. Foto: Exactas-Comunicación

“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.

“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar. Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.

Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes. Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.

Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.

Fuente: http://nexciencia.exactas.uba.ar/programa-nacional-investigacion-innovacion-productiva-espacios-maritimos-argentinos-promar-pampa-azul-mar-argentino-lino-baranao