Descubren más lazos entre Occidente y el antiguo régimen libio

La CIA y el MI6 colaboraron con Khadafy, igual que Berlín; Blair ayudó a un hijo del dictador
Los documentos hallados en Libia sobre los vínculos entre los gobiernos occidentales y el régimen de Muammar Khadafy salpican no sólo a la CIA y a los servicios secretos de Gran Bretaña, sino también al espionaje alemán, al propio ex premier británico Tony Blair y a China, según revelaron ayer varios diarios del mundo.

Los documentos fueron hallados por los investigadores de la ONG Human Rights Watch y por periodistas tanto en instalaciones de los servicios secretos de Khadafy como en la abandonada embajada británica en Trípoli, después de que los rebeldes tomaron la capital libia.

Según The New York Times, la CIA envió a varios sospechosos de terrorismo a Libia para ser interrogados, mientras que el MI6 (los servicios secretos británicos en el exterior) chequeó números de teléfono de disidentes libios a solicitud de Trípoli.

Las relaciones del clan Khadafy en Occidente habrían llegado también a las puertas de Downing Street. Según el dominical británico The Sunday Times, Blair ayudó en su doctorado a Saif al-Islam, uno de los hijos del dictador. Entre los documentos hallados en Trípoli, hay una carta de Blair a Saif que data de 2007 y en la que le muestra su disposición a ayudarlo a escribir su doctorado. Saif, que aspiraba a suceder a su padre en el poder, estudió en la prestigiosa London School of Economics. La misiva de Blair se dirige al "ingeniero Saif", al que le transmite algunas sugerencias para ayudarlo en sus estudios. El ex premier laborista lideró los esfuerzos internacionales desde 2004 para devolver a Khadafy a la escena internacional tras años de aislamiento.

El diario Daily Mail afirma también haber visto documentos que demostrarían que Libia sometió a Gran Bretaña a una enorme presión para lograr la liberación de Abdel Bassin al-Megrahi, el único condenado por los atentados de Lockerbie contra un avión de pasajeros norteamericano que dejó 270 muertos en 1988. Al-Megrahi fue indultado hace dos años por motivos de salud. Según los documentos hallados, el régimen libio amenazó a Londres "con terribles consecuencias" para las relaciones bilaterales si no se procedía a la extradición del terrorista.

Además, la prensa británica vinculó con el régimen del rais a los servicios de inteligencia británicos, que habrían acordado en 2003 el intercambio de información sobre medio centenar de libios residentes en Gran Bretaña y que, según Trípoli, suponían una amenaza para el régimen de Khadafy. Tras conocerse estas revelaciones, el canciller británico, William Hague, dijo ayer a la cadena Sky News: "No tengo conocimiento de lo que pasaba entonces [?] Además, nosotros [el gobierno británico] no hacemos comentarios sobre aspectos de inteligencia", subrayó Hague.

The New York Times también consignó ayer que empresas de armamento chinas, ligadas al Estado, habían negociado con Trípoli en julio pasado la venta de lanzamisiles, cohetes y municiones por 200 millones de dólares, en una abierta violación del embargo impuesto por la ONU. Los documentos fueron hallados por el periodista Graeme Smith, de The Globe and Mail, de Canadá.

Alemania es otra de las potencias que se vieron salpicadas por el escándalo de los papeles secretos de Trípoli. Según el Bild, Berlín recibió información del régimen libio relacionada con la estrategia antiterrorista. "Se trataba de informaciones vinculadas con la lucha antiterrorista que podían interesar a la seguridad de Alemania", declaró al diario Bernd Schmidbauer, responsable de la coordinación de los servicios secretos en la cancillería alemana entre 1991 y 1998. "Los servicios secretos libios tenían acceso a fuentes a las que los servicios alemanes no tenían; gracias a sus informaciones pudimos defendernos contra las amenazas terroristas", dijo Schmidbauer, aunque precisó que Alemania no cooperó estrechamente con el régimen libio. "Nunca cruzamos esa línea", agregó. El gobierno de Angela Merkel no quiso pronunciarse sobre esa cooperación con el régimen de Khadafy.

Sobre la relación de la CIA con Khadafy, un vocero de la agencia de inteligencia norteamericana no quiso confirmar los vínculos, pero precisó que no debe sorprender que los servicios secretos de Estados Unidos intenten cooperar con gobiernos extranjeros en su lucha contra el terrorismo internacional. Según The Wall Street Journal, los lazos con Libia crecieron durante el segundo mandato de George W. Bush (2005-2009), cuando varios sospechosos de terrorismo fueron enviados a Libia, donde se permitía la tortura durante los interrogatorios.

Fuentes: Agencias AFP, DPA y EFE

Estudian crear una fuerza para investigar secuestros

Por Daniel Gallo - LA NACION

La ministra Garré propone un mando unificado para combatir en todo el país los delitos complejos
Los cuestionamientos a la investigación del secuestro de Candela Rodríguez, que estuvo más de una semana raptada sin que 2000 policías bonaerenses abocados a su búsqueda tuvieran una pista firme sobre su paradero, aceleró en el gobierno nacional la elaboración de un plan para crear un organismo federal que investigue delitos complejos.

Según pudo saber La Nacion, la ministra de Seguridad, Nilda Garré , tiene desde hace días sobre su escritorio una propuesta de reingeniería de las fuerzas federales que apunta a crear un cuerpo de investigadores al estilo del FBI norteamericano, que se ocupe de delitos como los secuestros extorsivos , el narcotráfico y la trata de personas. Este cuerpo federal, analizan en el Ministerio de Seguridad, unificará bajo un comando central las direcciones de investigaciones complejas de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval.

La idea de crear un cuerpo especial de investigaciones ya había sido analizada durante los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, cuando el entonces ministro Gustavo Béliz elaboró una propuesta que, finalmente, no prosperó al dejar el funcionario su cargo. Ahora, los asesores de la ministra Garré creen que se trata de la que sería una de las herramientas más eficaces contra el crimen organizado. "Es necesaria una reforma en el sistema de investigación de delitos complejos, un área en la que hoy cuesta incluso cruzar datos básicos entre diferentes sectores", comentó un funcionario que está al tanto de la situación de seguridad nacional.

Aquellos que conocen internamente de las investigaciones federales afirman que la falla central está en las formas de obtención de datos y análisis. Reconocen que en la mayoría de los casos se depende de una red de contactos, de delatores, "buchones". Esa manera artesanal de investigar provoca dos problemas que son analizados en el Ministerio de Seguridad. Por un lado, forma una dependencia de las voces del hampa que no sirven en todos los casos, y, por otra parte, conforma una serie de irregulares lealtades entre policías y delincuentes, que, en muchas ocasiones, deriva en el armado de bandas mixtas.

La propuesta escuchada por Garré implica no sólo una variante en la dependencia orgánica de los recursos humanos, que pasarían a depender de un control unificado con mando a cargo de funcionarios, sino también una preparación diferente, más cercana a la especialización que reciben las tropas especiales (los grupos de asalto, como el GEOF de la Policía Federal) que la formación corriente en investigaciones.

Y un punto que resultaría un golpe de impulso para incentivar a los investigadores: el pago de un salario superior del abonado a sus colegas de otras áreas. Más allá de tomar como punto de partida al personal que está formado en tareas de represión al delito complejo, una futura agencia federal de investigaciones apostaría a consolidar una separación de tareas entre aquellos que opten por prepararse como "sabuesos" y quienes prefieran dedicarse a la seguridad de proximidad, a la contención de ciudadanos contra el delito callejero.

Una separación de funciones de esas características ya se realizó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada durante el gobierno de Néstor Kirchner. En esa fuerza se dividió la tarea de prevención del delito en sectores de inteligencia criminal y trabajo policial cotidiano. Con la idea de adiestrar al personal en una capacitación por competencias, la elección de un área específica de labores implica que el agente sostendrá toda su carrera dentro de ese rubro: el agente que es investigador no pasará a estar parado en puestos fijos de guardia y quien ocupe ese lugar no será transferido luego a investigaciones.

A diferencia del frustrado proyecto de Beliz durante el mandato de Néstor Kirchner, en esta ocasión las propuestas impulsadas por el ministerio de Garré cuentan con un respaldo en la Casa Rosada, lo que ya permitió radicales modificaciones en el área, como el ingreso de la Gendarmería y de la Prefectura en la ciudad de Buenos Aires.

Cuatro puntos básicos componen la estrategia de seguridad contra el delito complejo en la región metropolitana:
- la creación de la agencia federal de investigaciones;
- la introducción de 6000 efectivos de la Gendarmería en el conurbano;
- el reemplazo de la Policía Federal en las comisarías de la zona sur de la ciudad por personal de la Gendarmería y de la Prefectura,
- y el trabajo policial en forma de "pacificadores" dentro de las villas, como sucede en las favelas de Río de Janeiro.

En el Ministerio de Seguridad se afirma que esa presencia de diferentes uniformes en los barrios de la zona sur de la ciudad tiene que ver con el intento de desarticular núcleos duros de narcotraficantes. Esas bandas ya habían instalado un jardín de infantes y un par de comedores comunitarios en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El inicio de un trabajo social a partir de la droga fue lo que disparó la alerta en el gobierno nacional y decidió una reforma de la seguridad porteña.

A fin de año, también se desplegará en los asentamientos de la zona sur de la ciudad un grupo de policías que trabajarán exclusivamente dentro de las villas, con una formación profesional diferente destinada a acercar al Estado a los habitantes de esos territorios.

Dentro de esas modificaciones de fondo en el trabajo policial, la creación del cuerpo especial de investigación es una de las propuestas que tiene más fuerza en los principales niveles de decisión del Ministerio de Seguridad. Al igual que el FBI norteamericano, actuaría por pedido de jueces federales y también al ser requeridos por gobernadores.

El caso de Candela Rodríguez expuso finalmente las fallas del sistema de seguridad. Miles de policías no pudieron encontrar con vida a la niña, sin importar los posibles vínculos de su familia con el delito. Por eso se apuntará ahora a profesionalizar las investigaciones.

LOS PLANES DE GARRÉ

Operativo Centinela - Gendarmería, en Bs. As.
Una de las primeras medidas dispuestas por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue el envío de 6000 gendarmes al conurbano bonaerense; se ideó ese plan para reforzar la seguridad callejera con operativos de saturación.

En villas de la ciudad - "Pacificadores"
El Ministerio de Seguridad prepara en estos días un cuerpo especial de policías federales que trabajarán dentro de los asentamientos marginales; será un cuerpo de "pacificadores", formados a semejanza de sus pares de Río de Janeiro.

Cinturón Sur - Cambios en zonas calientes
En julio último, se decidió reemplazar a los policías de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires por 2500 gendarmes y prefectos. Se puso el foco, en especial, en las villas 1-11- 14 y Zabaleta, por ser consideradas almacenes de drogas.

Nueva iniciativa - El FBI criollo
En el Ministerio de Seguridad se tiene un diagnóstico sobre las fallas en las investigaciones policiales que derivaron en una propuesta estudiada por Garré para formar una agencia federal de investigaciones de delitos complejos.

Biocombustible argentino permitirá fuertes disminuciones de dióxido de carbono a escala global

La Argentina es el segundo exportador mundial de biocombustibles, mientras que las energías renovables constituyen la industria con mayor crecimiento del mundo, con una tasa media del 64 por ciento para los últimos cinco años e inversiones estimadas para 2020, en 500 millones de dólares.

Para la región latinoamericana, el ritmo de crecimiento es abrumador: 145 por ciento anual en el mismo período, casi el triple. En ese escenario, la Argentina tiene una gran oportunidad, ya que posee las condiciones para producir y exportar la biomasa que demandará el mundo.

Para un aprovechamiento total de la biomasa con fines energéticos, el INTA propone un abordaje integral a partir de una visión compartida sobre metas sostenibles de producción y exportación para el sector agropecuario y agroindustrial. En los últimos años, los biocombustibles líquidos adquirieron una importancia creciente a escala global, con una particular participación en el sector del transporte.

La estimación actual de la contribución mundial es del 2 por ciento del consumo, con 10 por ciento de biodiesel y 90 por ciento de etanol. Esta difusión responde a factores económicos, ambientales y políticos, dado que su uso reduce los niveles de contaminación. En esta línea, el biodiesel de soja representa un ahorro de hasta el 82 por ciento de gases de efecto invernadero. Además, entre los beneficios obtenidos, se destaca que el uso de aceites vegetales para la elaboración de combustibles no altera el equilibrio de dióxido de carbono y no posee presencia de azufre.

Para el INTA, la generación y el uso del biodiesel argentino a escala mundial permitirán un ahorro anual en emisiones que oscilarían entre 3,8 y 4,1 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. "En términos del mercado de desarrollo limpio, si estimamos un valor actualizado de 17,03 dólares la tonelada, el ahorro equivaldría a entre 65 y 71 millones de dólares", se dijo.

La producción de biocombustibles en la Argentina está centrada en el bioetanol a partir de caña de azúcar y el biodiesel basado en el empleo de uno de los subproductos principales de la industrialización del grano de soja como son los aceites. "Para fines de 2011 se prevé una producción de 3.200.000 toneladas de biocombustible que dejará como saldo exportable unas 2 millones de toneladas. Lo restante será insumo para el mercado interno", señaló Jorge Hilbert, coordinador del Programa Nacional de Bioenergías del INTA.

Según la Secretaría de Energía de la Nación, el precio promedio de la tonelada de biocombustible para exportación ronda los 1.100 dólares. Hacia fines de 2011, este número arrojaría, según las estimaciones del INTA, de dos millones de toneladas exportables, un saldo de 2.200 millones de dólares.

Fuente: http://www.agromeat.com/12825/biocombustible-argentino-permitira-fuertes-disminuciones-de-dioxido-de-carbono-a-escala-global

Alianza en bioetanol

La empresa cordobesa Porta Hermanos y la sueca Alfa Laval cerraron una alianza estratégica para la construcción de plantas de bioetanol.
El convenio incluye la creación de una nueva sociedad que se encargará de la provisión "llave en mano" de establecimientos de gran tamaño elaboradores del combustible renovable. El bioetanol es un alcohol etílico de origen vegetal, que se obtiene por la fermentación de materias primas azucaradas, como puede ser el maíz o la caña de azúcar.

Fuente: La Nación

El Estado desplaza a la industria como mayor creador de empleos

Por Silvia Stang - LA NACION (Modificado)

La administración pública generó casi un cuarto de los puestos de trabajo en los últimos cinco años
Uno de cada cuatro empleos en blanco creados en los últimos cinco años corresponde a la administración pública. Así, el ámbito estatal ganó participación en el universo de las ocupaciones asalariadas en blanco; en contrapartida, se achicó la porción representativa de los puestos laborales de la industria. Mientras que en 2006 el empleo estatal representaba el 17,3% del total, este año el índice se ubica en el 18,6 por ciento. En la industria, la participación se redujo en el período del 17,5 al 15,8 por ciento.

La gestión pública fue el sector más dinámico a la hora de generar puestos de trabajo no sólo si la medición se hace según la contribución sobre el total de empleos creados, sino también si se observa la tasa de variación anual promedio de las dotaciones. Un informe del instituto Ieral, de Fundación Mediterránea, muestra que el empleo estatal avanzó a un ritmo del 6,2% como promedio anual entre el primer trimestre de 2006 e igual período de este año, y compartió así el primer lugar del ranking con los hoteles y restaurantes.

El índice más reducido se dio en las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca), en las que cada año se generaron, en promedio, 2,4 empleos por cada 100 que ya existían. No se ubicó muy lejos la industria, donde se contrató nuevos empleados a un ritmo del 2,7% anual, según consigna el informe del Ieral, basado en datos del Ministerio de Economía, que, a su vez, los toma de las declaraciones que hacen los empleadores para pagar los aportes al sistema jubilatorio.

Según el análisis de los economistas del Ieral, el hecho de que los sectores transables como el agro y la industria hayan quedado en los lugares más bajos del ranking de la dinámica de creación de puestos tiene que ver con "la evolución que tuvieron los niveles de competitividad local en el mismo período". Es decir, se vincula con una caída de esa variable durante los últimos años, un tema sobre el que advierten desde hace un tiempo varios economistas, cuando ponen la mira en la baja tasa de inversión.

En cuanto a la contribución de cada actividad a la generación de puestos, los datos indican que el sector público concentró el 23,6% de los nuevos puestos, mientras que le siguieron el comercio (18,5%), las empresas de servicios a empresas e inmobiliarios (14,3%) y los servicios privados en general (12,3%). La industria, uno de los grandes sectores empleadores, aportó 9,6 puestos nuevos de cada 100 creados. Así, su dinámica resultó apenas algo mayor a un tercio de la que mostró el Estado.

Como los datos están tomados de las declaraciones juradas al sistema nacional de jubilaciones, el empleo público incluye la administración central y las jurisdicciones que tienen sus cajas previsionales transferidas a la Anses, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y La Rioja, por citar algunos casos. Provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en cambio, mantienen sus regímenes propios.

El trabajo del Ieral muestra, en rigor, que el comportamiento del empleo en los diferentes sectores no se dio de igual manera a lo largo de todo el período analizado. Por el contrario, el análisis indica que desde el primer trimestre de 2004 hasta los primeros meses de 2008, la industria, el comercio y el sector público (que en conjunto concentran a aproximadamente la mitad de los asalariados registrados) veían crecer el tamaño de sus dotaciones a un ritmo bastante parejo.

Pero a partir del período siguiente, las repercusiones de la crisis internacional impidieron la continuidad del crecimiento del empleo en las fábricas y en los comercios (la actividad privada tuvo, de hecho, una caída en los niveles de ocupación). Fue entonces cuando las trayectorias se separaron, porque en el Estado la curva del empleo siguió su camino ascendente. "Si bien se asemeja a una política anticíclica [el comportamiento estatal], si ese fue el objetivo parece problemático, dado que no se trata de un gasto público que pudiera luego amortiguarse en períodos de expansión", advierte el informe.

De todas formas, las empresas privadas retomaron luego las contrataciones de empleados (tendencia que volvió a revertirse a fines de 2009), pero en la industria esto ocurrió a un ritmo menor que el mostrado en los años previos.

En total, entre 2006 y este año se declararon 1,54 millones más de personas asalariadas, número que representa una variación positiva del 25,8% de punta a punta, con un crecimiento anual promedio del 4,7 por ciento (por debajo de la tasa del empleo público). La actividad económica, en ese período, se expandió un 39 por ciento...

Un programa con dudas y sospechas

Por Martín Dinatale - LA NACION
La noche del 28 de junio de 2009, cuando las elecciones legislativas le habían jugado en contra, en el piso 19 del hotel Intercontinental Néstor Kirchner golpeó el puño contra una pared y dijo: "Nos faltó más clientelismo". La anécdota fue contada por unos pocos funcionarios presentes y luego desmentida desde la cúspide del poder. Real o no, lo cierto es que, dos meses después, la presidenta Cristina Kirchner creaba por decreto el plan Argentina Trabaja.
Este programa social hoy cuenta con 154.000 beneficiarios que cobran 1200 pesos mensuales y comprende todos los vicios de la política clientelar destinada a cosechar votos: el manejo discrecional de fondos, el reparto desigual, la falta de transparencia en el control y la multiplicación de denuncias por irregularidades.

En una audiencia pública realizada con legisladores y ONG en el Congreso el 23 de marzo de 2010, se analizó en profundidad este plan sustentado en cooperativas. El Gobierno no explicó hasta ahora por qué los fondos de ese programa se concentran en el conurbano bonaerense.

A lo largo de esa audiencia pública, se destacaron tres aspectos bien identificados de este programa:
- Discriminación: "Los municipios opositores no sólo no fuimos invitados a participar del plan, sino que nos denegaron expresamente los pedidos de ingreso", sostuvo allí el intendente de Necochea, Daniel Molina (UCR).
- Adoctrinamiento: "En las capacitaciones se pasan videos de actos kirchneristas", sostuvo Guillermo Kane, del Polo Obrero.
- Caja: "Además de anotar a sus empleados, los intendentes se quedan con recursos ya presupuestados para tareas que ahora les encargan a las cooperativas", dijo Gustavo Ferragut, concejal de La Matanza.

En la audiencia, hubo muchos otros testimonios de la oposición, de referentes de ONG y de la Auditoría General de la Nación que denunciaron manejos oscuros del plan. De hecho, el control del programa que maneja Alicia Kirchner, cuñada de la Presidenta y ministra de Desarrollo Social, carece de control transparente por parte de la Sigen, ya que no se difunden las auditorías que se le hacen al plan.

Un informe que la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA presentó recientemente sostiene que las actuales cooperativas del plan Argentina Trabaja "encubren el asistencialismo y no crean empleos genuinos". El estudio compara este programa con planes sociales que tuvieron un papel protagónico en el pasado como el Plan Trabajar del menemismo o el Plan Jefes y Jefas de Hogar, instaurado por Eduardo Duhalde en 2002. "La principal diferencia está en que el plan Argentina Trabaja encubre el asistencialismo detrás de la figura de una cooperativa", señala el informe.

El 67% de los beneficiarios de este plan están concentrados en la provincia de Buenos Aires y, en mayor medida, en el conurbano. Desde Poder Ciudadano se elevaron al Gobierno infinidad de denuncias por el manejo discrecional de estos fondos, pero el Ministerio de Desarrollo Social sólo reconoció que hay 1500 denuncias registradas hasta julio de este año.

Tras la derrota electoral de 2009, la distribución concentrada de este programa en el conurbano bonaerense perseguía cierta lógica política. Se buscó reforzar el distrito electoral más grande del país donde el kirchnerismo perdió contra Francisco de Narváez. El informe de la Fundación Siena menciona una importante subejecución de fondos del plan Argentina Trabaja y alienta sospechas y dudas respecto de aquella lógica clientelar. Si fuera tan necesario girar fondos para crecer en votos en los comicios de octubre, ¿por qué no se gastó hasta ahora lo que corresponde al plan Argentina Trabaja? ¿Por qué desoír el mandato que quiso imponer Kirchner en 2009?

"No hacen falta planes porque el modelo de crecimiento funciona muy bien y los votos están", explicó un destacado funcionario de la Casa Rosada. Si así fuera, ¿por qué no transparentar, entonces, el plan Argentina Trabaja o girar partidas para agrupaciones que están fuera del reparto? No todo es lo que parece en el mundo K. Hay quienes sospechan que el desembolso de fondos que resta llegará en los días que faltan de campaña electoral, al calor de las necesidades ajenas y de la búsqueda de votos oficialistas...

Frenan fondos del plan de cooperativas

Por Mauricio Caminos - LA NACION
En lo que va del año sólo se ejecutó el 22,9% y no se amplió el listado de beneficiarios; denuncias por irregularidades en la distribución

Foto: Beneficiarios del plan Argentina Trabaja, el viernes último, en una plaza de San Justo, La Matanza. (Foto: Archivo / Miguel Acevedo Riu)
El Plan Argentina Trabaja , aquel programa social que la Casa Rosada lanzó luego de la derrota electoral de 2009 y que este año tenía la promesa de llegar a unos 250.000 beneficiarios en todo el país, comienza a mostrar signos de parálisis y cada vez carga con más denuncias de irregularidades sobre el manejo discrecional de los fondos o la incorporación de nuevos trabajadores.
Además, según datos oficiales del Ministerio de Economía, en el primer semestre de este año sólo se ejecutó el 22,9 por ciento de los fondos acreditados, cuando lo normal hubiera sido una inversión de aproximadamente la mitad de los 3.683.362 pesos que se iban a usar en todo 2011. Según datos oficiales, este programa cuenta hoy con 154.600 beneficiarios. Es decir, una cifra lejana a los objetivos originalmente impuestos.

Pese a que los trabajadores cobran regularmente 1200 pesos por mes por las actividades que realizan, las distintas organizaciones sociales que digitan las cooperativas reclaman el aumento de un monto que nunca se actualizó, a pesar de la inflación. La situación fue admitida por funcionarios nacionales y bonaerenses consultados por LA NACION, aunque negaron que existan irregularidades en la ejecución del plan.

Según una auditoría realizada por la Fundación Siena con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, sobre la base de información oficial publicada por la cartera de Economía, el Plan Argentina Trabaja tuvo durante el primer semestre una ejecución del 22,9% del total del crédito vigente para todo 2011. Para las 10 provincias donde está el programa Argentina Trabaja, durante enero y julio se invirtieron 843.369 pesos de los 3.683.362 pesos que tiene a disposición, detalla el trabajo dirigido por los investigadores Gisell Cogliandro y Ariel Melamud.

La primera consecuencia de esta subejecución es la parálisis de las obras, lo que a su vez se trasladó en la escasez de altas de nuevos trabajadores.
Las organizaciones sociales están en pie de guerra. Para el próximo miércoles, a las 11, se espera un corte en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para exigir el aumento en los beneficiados del plan y del salario que se cobra mensualmente. Ya había sucedido el 25 de agosto pasado, cuando militantes de Quebracho y la CTD-Aníbal Verón, entre otras organizaciones, cortaron nueve puntos del país. "Nosotros llamamos a este programa el Plan Votar, porque les dan lugar a las organizaciones cooptadas por el Gobierno para que vayan a aplaudir en los actos y a votar por ellos", expresó uno de los referentes del grupo MTR-CUBA, Oscar Kuperman, que esta semana encabezará la protesta en el microcentro. "Hace dos años presentamos 886 compañeros para ingresar a trabajar y sólo nos dieron 140 lugares. Desde el ministerio dicen que no hay posibilidad de extenderlo más", agregó.

Los grupos piqueteros admitieron que los sueldos se cobran con regularidad, pero se quejaron de que el monto nunca se actualizó. "Quedó muy desfasado el salario; 1200 pesos con la inflación que hay no alcanzan para nada", sostuvo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que también sumó críticas: "Queremos que el plan se extienda y que no sea tan acotado". También se apunta a la falta de materiales para realizar los trabajos que se asignan en el programa. "No nos dan ropa ni nada. En La Matanza, por ejemplo, tuvimos que comprar pintura para escuelas y jardines, cuando debería haber un fondo del ministerio para eso", contó el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete. Otras quejas similares mencionan la falta de herramientas para trabajar en las obras de las cooperativas.

No sólo las organizaciones antikirchneristas desnudaron algunas deficiencias del Plan Argentina Trabaja, sino que también lo hicieron grupos oficialistas -que aceptan tener en su órbita unos 30.000 planes en el conurbano bonaerense- como el movimiento Evita, de Emilio Pérsico, y el Frente Transversal, de Edgardo Depetri. "Creemos que tiene que haber un pago por productividad y no un salario encubierto [fijo de $ 1200]", afirmó un importante allegado a Pérsico a LA NACION, y agregó: "Para eso estamos haciendo una federación de cooperativas, para tener más independencia".

A su vez, Depetri, sostuvo que "no es fácil encontrar actividad para todos los anotados, aunque siguen cobrando lo mismo", y admitió: "Nunca se aumentaron los 1200 pesos, debería adaptarse un poco al sueldo básico", a las actualizaciones salariales que se realizaron en los trabajos formales de la actividad privada.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, Alicia Kirchner, el responsable de la unidad ejecutora de Ingreso Social con Trabajo, Aldo Marconetto, informó a LA NACION que en todo el país hay aproximadamente unos 154.600 beneficiarios, y reconoció que este año no hubo nuevos. "En estos días estamos haciendo reempadronamiento de beneficiarios y evaluando próximas medidas", dijo Marconetto, aunque no dio más precisiones, pese a que a principios de año se había prometido llegar a unas 250.000 personas.

A su vez, el secretario de Participación Ciudadana de Buenos Aires, Eduardo Ancona, que coordina el plan a nivel provincial, especificó que bajo su administración hay 32.000 beneficiarios. "Acá no se amplió, pero eso depende de Nación, al igual que el aumento de sueldos y el envío de fondos para materiales. Nosotros no tenemos ningún problema", subrayó...

Bolivia envía menos gas a la Argentina

Por Oliver Galak - LA NACION
A pesar de los anuncios oficiales, el ingreso del fluido desde ese país registró en el último mes uno de los niveles más bajos del año

Foto: Daniel Montamat, ex secretario de energía.
Pese a las promesas oficiales y las grandilocuentes expresiones sobre la integración energética con Bolivia, lo cierto es que ese país envía cada vez menos gas a la Argentina.

Las cifras de agosto son contundentes: en medio de un duro invierno y con el promocionado gasoducto internacional Juana Azurduy (GIJA) funcionando por primera vez a pleno durante un mes completo, las importaciones de gas boliviano registraron uno de los volúmenes más bajos del año, aunque el precio que pagó el Gobierno creció significativamente. Esa merma en el volumen de gas que envió Bolivia no fue reemplazada por producción local, sino por importaciones de gas natural licuado (GNL) aun más caro que el fluido que llega del Altiplano.

Según cifras de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las exportaciones de gas a la Argentina en agosto fueron de 7,16 millones de metros cúbicos diarios (mcd). Esa cifra es inferior a la registrada en los meses de febrero, marzo, mayo y julio, y prácticamente igual que el promedio de junio.

Pero además de la mayor demanda que había en agosto -cuando unas 300 industrias sufrieron varios días de cortes de gas- respecto de los meses previos, otro hecho justificaba la expectativa de un crecimiento en la disponibilidad de hidrocarburos bolivianos: el 30 de junio pasado, en un acto que se transmitió por cadena nacional y contó con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la presidenta Cristina Kirchner inauguró el GIJA y prometió que desde ese mismo día llegarían por el nuevo ducto "7 millones y medio de metros cúbicos por día de gas". Al día siguiente, por ese caño pasó algo menos de un millón de mcd.

Durante los primeros días todavía se siguió usando en forma parcial el viejo gasoducto, hasta que desde el 12 de julio el GIJA comenzó a operar en forma plena. Julio terminó con un promedio de 7,62 millones de mcd de gas exportado a la Argentina. Todavía estaba por debajo del récord de febrero, pero al menos durante cuatro días seguidos los envíos superaron los 10 millones de mcd. Durante agosto, en cambio, sólo un día se superaron los 10 millones y el promedio quedó bien abajo (6% menos que en julio, mientras que a Brasil los envíos de Bolivia crecieron uno por ciento).

La inauguración del GIJA, para el cual se invirtieron 173 millones de pesos, debía servir en teoría para incrementar el volumen de importación de gas de Bolivia, además de otorgar mayor seguridad y flexibilidad, por tratarse de una construcción más moderna que el viejo caño Pocitos-Campo Durán. Según el acuerdo entre YPFB y la estatal argentina Enarsa, Bolivia debía mandar durante este invierno un promedio de entre 7,7 y 11,3 millones de mcd de gas. El mínimo saltará el año próximo a 11,6 millones y en 2013, a 13,5 millones, hasta llegar a los 27,7 millones en 2021. Para llegar a esos volúmenes era necesario construir el GIJA, aunque hasta ahora el proceso fue el inverso.

El ex secretario de Energía Daniel Montamat consideró que para cumplir con ese acuerdo Bolivia debería desarrollar nuevos yacimientos. "Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la inversión de la empresa pública boliviana tiene problemas de cantidad y eficiencia", sostuvo.

Como consecuencia de esta situación, el peso de Bolivia en las importaciones de gas que realiza la Argentina cayó hasta el 24%, un piso que no se había tocado antes. En agosto, la Argentina importó 916,3 millones de metros cúbicos, de los cuales sólo 221,7 millones los aportó YPFB y el resto llegaron mediante las operaciones de regasificación de GNL. Con un detalle para tener en cuenta: mientras la Argentina paga desde julio 10,20 dólares el millón de BTU (un 34% más que a comienzos de año y un 300% más que a los productores locales de gas), importar GNL cuesta aún más caro, entre 12 y 15 dólares el millón de BTU.

Tanto en junio como en julio, por ejemplo, el gas boliviano representaba aún el 29% de las importaciones argentinas. En 2010, era el 56% del total. Así, mientras en agosto el volumen de gas que ingresó en el sistema nacional a través de las terminales de Bahía Blanca y Escobar creció 18% respecto de julio, los envíos bolivianos cayeron 6 por ciento.

El año pasado, el Estado argentino pagó unos 400 millones de dólares por el gas boliviano y otro tanto por las operaciones de GNL. Esa cifra equivale a lo que se desembolsó sólo en el primer semestre por el fluido que envía YPFB. Pero la mayor dependencia del GNL (más caro) y la suba de precios en el gas boliviano hacen cada vez más creíbles los pronósticos que vaticinan que la Argentina cerrará el año 2011 con un déficit en su balanza energética que podría ubicarse entre los 3000 y los 5000 millones de dólares.

DIXIT
"Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la pública tiene problemas de eficiencia"
Daniel Montamat - Ex secretario de energía .

Subfusil TDI Kriss Super V (USA)

Colaboración de nuestro amigo Jorge Lucio:
El subfusil Kriss Super V fue desarrollado por Transformational Defense Industries (TDI). Su nombre proviene una espada o un cuchillo grande de Indonesia.

Se trata de un arma operada por retroceso tardío, que dispara fuego selectivo, con el obturador cerrado. La Kriss Super V es calibrada para la munición 0,45 ACP. También está disponible en .40 S & W. La Kriss Super V utiliza un sistema de operaciones patentado que reduce la subida de retroceso y el hociqueo. Se absorbe y vuelve a dirigir a la baja fuerza de retroceso, lo que mejora el control de armas en general.

Este subfusil Kriss Super V™ es operado por retroceso de gases retrasados, y es de de disparo selectivo. Dispara con cerrojo cerrado para realzar la exactitud del primer tiro. Sitúan al grupo de control de fuego sobre el cañón del arma de fuego. El cerrojo muy liviano se conecta con el peso verticalmente resbaladizo, que está situado dentro de una cubierta del polímero delante del pistolete del arma. Un almacenador intermedio hidráulico adicional probado de Enidine de las configuraciones el conjunto es empleado para disminuir más la cadencia de fuego a unos 200 tiros por minuto y bajar el peso de las piezas móviles. Al doblar y armar el percutor el mango se localiza en el izquierdo de la pistola, y no se mueve cuando se dispara el arma. Los controles de fuego incluyen el interruptor de selector ambidextro del modo de fuego, establecido sobre el centro de la cubierta superior del mecanismo del receptor/ gatillo, que ofrece el fuego automático completo, ráfaga de 2 disparos y fuego semiautomático, y un interruptor de seguro manual ambidextro separado, que se establece convenientemente apenas sobre el pistolete.

La alimentación es a partir de alimentadores de 13 rondas Glock Modelo 21, cargadores de 28 rondas está actualmente en desarrollo. El alimentador se inserta en una cubierta, situada delante del pistolete. El subfusil ametrallador Kriss Super V™ se ajusta con barandas Picatinny, uno sobre el receptor y otro dos abajo del cañón del arma y dos barandas adicionales se pueden instalar de cualquier lado del receptor más inferior, ofreciendo el espacio amplio del montaje para todos los accesorios necesarios, tales como módulos de puntería láser o linternas tácticas. La baranda superior puede aceptar una variedad de dispositivos de la vista, tales como miras abiertas o de punto rojo; una baranda más inferior se ajusta generalmente con el pistolete vertical. Una culata de polímero que se pliega se ofrece para un disparo más exacto.

Según el fabricante, Transformational Defense Industries, Inc. (TDI), un subsidiario americano de propiedad absoluta de la Gamma Industries (Suiza), el sistema de Super V™ también se puede utilizar para los subfusiles ametralladores en otros calibres (es decir 9mm Luger y .40SW). TDI está desarrollando las carabinas semiautomáticas con cañones de de arma de fuego de 16" (405 milímetros).

TDI ha fabricado cuatro prototipos de los subfusiles ametralladores de Kriss Super V™, que exhibieron resultados muy prometedores durante pruebas. Los desarrolladores afirman que este subfusil genera un 60% menos de retroceso y disminuye en un 95% menos el hociqueo respecto a los diseños contemporáneos . La Kriss puede disparar aisladamente con una precisión adecuada. Este SMG tiene un alcance efectivo de unos 100 metros. El arma puede ser fácilmente desarmada sobre el terreno sólo con la remoción de dos botones.

Un selector de modo de fuego ambidiestro tiene una configuración semiautomática, ráfagas de dos disparos y fuego automático. Un interruptor de seguridad ambidiestro se encuentra por encima de la empuñadura de pistola. La maneta de apertura se encuentra en el lado izquierdo del receptor. Se dobla, cuando no esté en uso y no se mueve cuando el arma es disparada. El casquillo gastado es expelido por ventana de expulsión que está situado en el lado derecho.

Especificaciones:
Calibre .45 ACP
Peso (vacío) ~ 2 kg
Longitud 635 mm
Longitud (con culata plegada) 406 mm
Longitud del cañón 140 mm
Cadencia de fuego 800 a 1100 dpm
Velocidad de disparo desde 30 hasta 80 dpm
Capacidad del cargador 13 y 30 proyectiles
Alcance efectivo 100 m

Fuente: http://fdra.superforos.com/viewtopic.php?p=13966#13966

Madres: la obra más grande pasa a una empresa cercana al Gobierno

Por Nicolás Pizzi - Diario Clarín

La constructora Sentra S.A. es una de las más beneficiadas con la obra pública.
La obra más importante del proyecto Sueños Compartidos quedará en manos de la empresa Sentra SA, una de las constructoras preferidas del Gobierno, sin licitación previa. Aún no se firmó el contrato, pero ya circula un borrador entre las partes que dejó conforme al Gobierno porteño, según pudo saber Clarín . El traspaso de las obras de las Madres de Plaza de Mayo a los estados provinciales y municipales está en manos del secretario de Obras Públicas, José López. Muchas de ellas terminarán también en manos privadas.

En el barrio de Castañares está previsto que se construyan 780 viviendas, divididas en 13 consorcios de 60 departamentos. La obra arrancó en julio de 2008 y empleaba a unos 700 obreros hasta que estalló el escándalo y se fueron de la Fundación los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. A partir de ese momento, los obreros cortaron varias veces sobre la General Paz en reclamo de sueldos y aguinaldos impagos. Algunos de ellos serán recontratados. “Al resto los va a reubicar la Nación con cooperativas o bolsas de trabajo”, aseguró un miembro de la mesa de negociaciones.

En la Ciudad están atentos al contrato que deberán firmar con la Fundación y la empresa: no quieren heredar juicios de contratistas ni reclamos de los ex empleados.

Sentra SA, presidida desde 2004 por Carlos María Jaunarena, maneja obras importantes en todo el país pero concentra su energía en la provincia de Buenos Aires. Actualmente está presente en Avellaneda, Campana, Moreno y Junín. En esa última ciudad construye 191 viviendas desde 2006. La obra, en el barrio Capilla de Loreto, tuvo varias postergaciones por redeterminación de precios. Ahora, dicen que está a punto de terminar. “En los próximos dos meses van a entregar las últimas 23 casas”, dijeron fuentes del Municipio que gobierna el radical Mario Meoni. Son viviendas de 54 m2 que costaron alrededor de 80 mil pesos.

“Sentra es uno de los grandes “jugadores” en materia de obra pública en la Nación, habiendo sido beneficiada en varias licitaciones del Plan Federal de Vivienda en la Provincia, tanto en el Subprograma Federal de Construcción de Viviendas con Municipios como en el Plurianual o Plan Federal de Viviendas II”, confirmó a Clarín la legisladora bonaerense de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin, una de las dos diputadas que hizo la primera denuncia contra Sergio Schoklender.
En muchas de esas licitaciones aparece asociada a otras dos empresas: Rowin SA y Kiwest SA. En la Ciudad, tiene algunas obras menores en los barrios de Nuñez y Caballito. “Son arreglos en terrenos recuperados cerca de las vías del tren”, confirmaron desde la Ciudad.

La empresa también hizo trabajos con el Instituto de la Vivienda (IVC), el organismo local a cargo de Castañares. Sin embargo, se hicieron consultas con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). “Ellos tienen obras en la Provincia con la empresa Sentra”, explicaron en el Gobierno porteño. Otro motivo es que al barrio Castañares, en Villa Lugano, irán a vivir personas que viven en asentamientos a orillas del Riachuelo, dentro del plan de relocalización que comanda el juez federal Luis Armella.

La obra de Castañares arrancó en julio de 2008 y ya está terminada en un 67%. Falta un sólo módulo, el resto son terminaciones. Por eso, la obligación de seguir utilizando los paneles que fabrican las Madres de Plaza de Mayo no sería un impedimento para llegar a un acuerdo. Según pudo confirmar Clarín , el Movimiento Evita se sumará al proyecto pero únicamente con tareas de “contención política y social sobre los trabajadores y su entorno social”.

En la obra de Los Piletones, la segunda en importancia dentro de la Ciudad, donde está previsto construir 432 viviendas, el esquema de traspaso sería similar. “La obra no está parada y por ahora sigue igual. La Fundación anticipó una propuesta de continuar las obras por si o por un tercero. Estamos analizando los detalles”, dijeron ayer en la Corporación del Sur.

En tres años, el Gobierno ya puso US$ 1.900 millones en Aerolíneas

Es desde que se sancionó la ley de rescate de la empresa, el 3 de septiembre de 2008. Fueron US$ 1,7 millón por día para solventar el déficit. El presidente de la línea aérea asegura que las cuentas estarán equilibradas el año próximo.

Hoy se cumplen tres años de que fuera aprobada la ley 26.412, que decretó el rescate de Aerolíneas Argentinas. Fue la norma que habilitó al Gobierno a hacer aportes de dinero en la compañía, en ese entonces aún privada. Desde ese momento, el fisco desembolsó US$ 1.900 millones para enjugar los déficits y algunas inversiones de la línea aérea. Son US$ 1,7 millón diarios.

La ley sancionada el 3 de setiembre de 2008 estableció que “el Poder Ejecutivo nacional podrá instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas hasta el 31 de diciembre de 2008”.

Antes de que venciera ese plazo, el 17 de diciembre, el Congreso sancionó una segunda ley, esta ordenando la expropiación de la línea aérea. Ese trámite aún no se terminó de concretar, pero el Estado quedó habilitado a seguir aportando dinero para la empresa. Y lo hizo con fluidez . En el segundo semestre de 2008, el Gobierno desembolsó US$ 332 millones, según relevó ASAP, una asociación que sigue la evolución del gasto público. En 2009, los desembolsos fueron de US$ 612 millones. Y en 2010, US$ 575 millones.

“La mayor parte fueron para cubrir el déficit operativo de la empresa -analizan técnicos del sector-. Es que si bien Aerolíneas anunció la compra de 20 aviones de Embraer y la incorporación de 14 de Boeing, en la primera operación sólo pagó el 15% y el resto lo financió, y en la segunda compró 2 aviones y alquiló el resto. En total, habría invertido en aeronaves unos 195 millones de dólares . El resto son pérdidas”.

En 2011, la tendencia continuó. En el primer semestre, el aporte del fisco a la empresa fue US$ 380 millones. Y fuentes privadas estiman que Aerolíneas tendrá en el segundo semestre un rojo de otros US$ 340 millones , calculando el tráfico que está realizando y los costos que enfrenta.

Sin embargo, el presidente de la línea aérea asegura que en 2012 podrá revertir la situación. El miércoles, Mariano Recalde estuvo en Córdoba. Allí habló con el diario La Voz del Interior sobre el tema. Dijo que el déficit se iría reduciendo “paulatinamente” y que espera llegar a 2012 con la compañía “equilibrada” . No dio precisiones sobre el déficit operativo. “Lo vamos a tener a fin de año, esta actividad es muy estacional, hay temporadas altas y bajas. A fin de año vamos a tener el déficit perfectamente identificado cuando presentemos el balance de 2011”, señaló.

En mayo pasado, Recalde concurrió al Congreso a exponer sobre las cuentas de Aerolíneas. Entonces dijo que con el correr del presente año “seguirá reduciendo el déficit , pero no alcanzará a cumplir con la proyección realizada en el plan de negocios del 2009”. Aseguró entonces que la proyección del rojo para 2011 era hasta ese momento de US$ 200 millones, pero que por la suba del petróleo (“combustibles es el 40% del costo operativo”) había que agregar otros US$ 187 millones. Su vaticinio, sin embargo, se vio superado : esos montos ya fueron desembolsados sólo en el primer semestre, pese a que el ejecutivo entonces destacó que las ventas totales de pasajes aumentaron 45% entre diciembre de 2009 y el mismo mes de 2010.

En el sector privado señalan que la principal razón del fuerte déficit de Aerolíneas está en los conflictos gremiales. En principio, la empresa tiene alrededor de 160 empleados por avión, contra 100 de otras compañías de la región. Pero, además, la empresa enfrenta permanentes paros sindicales. El último fue el pasado jueves , cuando una protesta de los pilotos dejaron varados a 1.500 pasajeros por 36 horas en Ezeiza. “El impacto es fuerte, porque Aerolíneas por esa razón pierde sobre todo mercado internacional, el más rentable”, destacan en el sector.

El día anterior, en Córdoba, Recalde había dicho sobre la situación de la empresa: “El Estado está invirtiendo mucho dinero en poner en valor la compañía, pero eso no es pérdida ni déficit, es inversión en la recuperación de un servicio público que es fundamental para la Argentina”.

Fuente: Diario Clarín

La ola de inversiones dinamiza la industria de biocombustibles

Desde 2006 a 2010 se aplicaron más de u$s700 millones en plantas y capital de trabajo. Para el período 2011-2015, se estima que alcanzarán más vigor, al punto que se prevé para elevar la capacidad para elaborar biodiésel a un mínimo de entre 5,5 y 6 millones de toneladas por año

"Solamente en el primer trimestre del 2012, la capacidad instalada superará las 3,5 millones de toneladas, o sea, 1 millón de toneladas más que igual período del presente año, llevando el total de inversiones a niveles superiores a u$s1.000 millones", estima Claudio Molina de la Cámara Argentina de Biocombustibles.

Explica el experto que "la sincronización de la oferta con la demanda no es automática y ello podría llevar a un aumento temporal de la capacidad ociosa. Sin embargo, los fundamentos del mercado en el mediano y largo plazo son sólidos". "El mundo está sediento de combustible diesel y en la Argentina, esta situación es más pronunciada aún que la media global", agrega Molina.

El especialista asegura que "la industria petrolera y la automotriz, pronto terminarán validando masivamente -en muchos casos ya lo hicieron- la viabilidad técnica de incorporar porcentajes de biodiesel mayores al 7% en el gasoil convencional y del uso del biodiesel puro en algunos motores".

En esa línea, el titular de Carbio observa que "ha comenzado en la Argentina un proceso de ejecución de importantes inversiones en materia de instalación de destilerías de bioetanol, principalmente derivado de maíz y sorgo granífero de bajo tanino".

A los más de u$s200 millones que viene invirtiendo la industria azucarera para atender la demanda de bioetanol en el país, Molina suma las nuevas inversiones que esta industria proyecta, como así también las referidas a las nuevas destilerías, elevando el monto total por encima de los u$s500 millones, en esta primera etapa". Además, se vienen registrando y se registrarán nuevas e importantes inversiones en materia de industrialización de subproductos, como el caso de la glicerina, avanzando en el proceso de agregado local de valor, el cual será muy representativo y para muchos, inesperado.

Fuente: Infobae.com

La Ciudad, el nuevo polo de creación de contenidos audiovisuales

Por ley, la Capital ya tiene su Distrito Audiovisual que comprende cinco barrios porteños: Palermo, Villa Ortuzar, Colegiales, Chacarita y Paternal. Las empresas radicadas en esas zonas tendrán importantes beneficios impositivos

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que exime del pago de tres impuestos a las productoras de cine y TV en la Comuna 14. Se tratará de un Distrito Audiovisual que se extiende en parte de los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales y Paternal, dentro de la cual las PYMES del sector y las empresas que se radiquen dentro del distrito, no pagarán Ingresos Brutos, ABL, ni Sello.

La norma, que fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, acaba de ser aprobada por 43 votos a favor, 7 en contra (de parte del bloque de Proyecto Sur y la Coalición Cívica) y una abstención.

El Distrito Audiovisual abarca un área comprendida por las calles Fray Justo Santa María de Oro y Guatemala, las vías del ramal a José León Suárez del ferrocarril Mitre, Federico Lacroze, Álvarez Thomas, Forest, Avenida de los Incas, Holmberg, La Pampa, Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Chorroarín, San Martín, Paysandú, Warnes, Dorrego, las vías del tren San Martín, Córdoba, Uriarte y Oro hasta Guatemala.

La ley declara como industria a la actividad audiovisual y tiene como objetivo promover el desarrollo de la prestación de servicios de esa industria, el procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión; y también a la posproducción.

En la Ciudad se concentra casi el 60% de la producción del país, con más de 400 empresas audiovisuales que emplean a un total de 53.000 personas. Además, cabe destacar que en la Capital Federal hay más de 6.000 estudiantes en carreras relacionadas con la industria audiovisual.

Fuente: Infobae.com