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viernes, 16 de septiembre de 2016

La Ciudad reflotó el proyecto de edificar un shopping en el barrio de Caballito

El terreno de la avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento permanece hoy ociosoPor Pablo Tomino - LA NACION (Extractado)
Envió por quinta vez a la Legislatura una iniciativa para rezonificar un predio de IRSA; buscará respaldo opositor; el centro comercial tendría tres niveles y 130 locales.

El terreno de la avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento permanece hoy ocioso. Foto: Marcelo Gómez.

El gobierno porteño volvió a presentar ayer en la Legislatura un proyecto de ley para cambiar la rezonificación de un predio privado lindero al estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, y permitir allí la construcción de un shopping, tal como adelantó LA NACION. La megaobra que desarrollará la empresa IRSA implica una inversión de US$ 150 millones y se deberá aprobar en el recinto con 31 votos, en doble lectura. El oficialismo tiene 28 legisladores y saldrá a la caza de otros tres aliados circunstanciales, posiblemente en legisladores del bloque de Martín Lousteau (Suma+), de Graciela Ocaña (Confianza Pública), del massismo o del PJ disidente.
Simulación. Así sería el frente del nuevo edificio si la Legislatura habilita su construcción.
IRSA, propietaria de 15 shoppings en todo el país, prevé levantar una estructura de cemento de 38.000 m2 en tres plantas, con alrededor de 130 locales. El terreno está situado en la avenida Avellaneda, entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, tiene 2,4 hectáreas y lo adquirió la empresa hace 15 años. Desde hace una década, intenta sin éxito lograr que la Legislatura cambie la rezonificación del lugar, que hoy sólo permite la construcción de unidades residenciales.

"Con la actual normativa, se podrían edificar en este predio seis torres de 30 pisos, lo que equivale a 140.000 m2. Si cambiamos la rezonificación, se podrá construir un shopping de hasta 70.000 m2. De esta manera estamos recargando menos la zona, no se genera colapso en los servicios y creamos tejido urbano en un espacio que hoy está totalmente abandonado", dijo a LA NACION Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Según el gobierno porteño, IRSA se comprometió a generar 2000 espacios para estacionar (los vecinos también podrán adquirir una cochera mensual) y a invertir un millón de dólares para abrir una calle, Bogotá, paralela a la vía del tren Sarmiento. Así, el shopping quedará incluido en una manzana ampliada, de la cual el 35% serían espacios públicos.

Según pudo saber LA NACION, las cocheras estarán distribuidas en dos subsuelos; el shopping tendría 22 metros de altura y la obra podría arrancar el día después de que se apruebe en la Legislatura. La empresa prevé que pueda inaugurarse en dos años. Fuentes de IRSA indicaron que durante la construcción del centro comercial se empleará a 4500 personas, directa e indirectamente, y que una vez que esté en funcionamiento trabajarán unos 2000 empleados.

La polémica por la construcción del shopping se funda en el impacto que tendrá en el barrio, aunque la Ciudad insiste en que se harán numerosas mejoras en Caballito: colocarán nuevas luminarias, se restaurarán veredas y calles, y se integrará al barrio la comisaría de la zona, que también sería remodelada.

Según constató LA NACION en una recorrida, muchos habitantes creen que es necesario recuperar el predio abandonado, aunque temen que la edificación de un centro comercial provoque que la zona pierda su identidad o colapse, por el tránsito o por el arribo de gran cantidad de gente. Sólo una parte de los consultados aprueba la iniciativa.


La llave que posibilitará este proyecto estará, una vez más, en la Legislatura, a la que llegará por quinta vez. La intención del oficialismo es que pueda ser tratado en lo inmediato. Algunos aliados frecuentes del macrismo ya sentaron su posición.

El diputado porteño Hernán Rossi, presidente del bloque Suma +, dijo que "ECO no cree que en ese lugar tenga que haber un shopping; los shoppings deben estar en zonas alejas de la ciudad. Es cierto que el terreno es de IRSA y que hay que decidir qué hacer con ese vacío, que genera inseguridad. Habría que pensar en un espacio verde sumando algo educativo, recreativo. Convocar ideas, pero que no sea un shopping".

Consultados, legisladores del Frente para la Victoria se mostraron reticentes a votar la iniciativa, mientras que Graciela Ocaña, de Confianza Pública, comentó a LA NACION: "No tengo conocimiento del nuevo proyecto, pero quisiera saber qué piensan los vecinos. En el barrio mucho se opusieron en los últimos años y hay que evaluar si algo cambió en la normativa. Pero no pareciera".

Somos un pueblo con doble discurso, se pide por mas trabajo y se critica e impide la creación de nuevos puestos...ciertamente, es un pensamiento incoherente. Nada es perfecto.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Gobierno admite que habrá más despidos en el Estado

Macri, con Peña e IbarraPor Agustina López - LA NACION
Lo reconoció el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; se activó una nueva revisión en la administración pública que prevé retiros voluntarios y el cese de algunos contratos; advertencia de uno de los dos gremios estatales


Macri, con Peña e Ibarra. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

Luego de la ola de 10.662 despidos que se produjo en los primeros meses del año y que concluyó el 31 de marzo pasado, el Gobierno comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal. El plan consiste en hacer una meticulosa radiografía que permita evaluar las diferentes áreas. Tras este paso, se activarán traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos. Es decir, habrá más desvinculaciones.

"Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan", dijo a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra .

La idea que tiene el Gobierno con este "plan integral de transformación" es hacer en un Estado más eficiente. Para ello se puso en marcha un proceso de "planeamiento de dotaciones", que evaluará la estructuración de cada ministerio, sus funciones, si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado. Actualmente esta evaluación se está llevando adelante en ocho carteras: Ambiente, Modernización, Seguridad, Cancillería, Salud, Producción, Turismo y Ciencia y Tecnología y se prevé que finalice el año próximo.

A esto se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados. Este último programa, denominado "Valores" comenzará a correr en breve y será una suerte de encuesta masiva en la que cada empleado deberá evaluar su área y proponer mejoras.

"Con una muestra muy representativa, de miles y miles de empleados, vamos a tener un perfil de la estructura de valores y el tipo de organización que los propios trabajadores quieren en la organización. Una vez que tengamos resultados esto retroalimentará nuestros programas de formación y capacitación", explicó Ibarra.

En paralelo, se está trabajando en un plan de capacitación de personal que recorrerá toda la jerarquía pública: desde las más altas esferas hasta el personal administrativo. Los programas irán desde estrategia y liderazgo hasta ofrecer cursos de programación y gestión documental para aprender a manejar expedientes electrónicos o de atención al cliente. "Está pensado para que cada segmento del Estado tenga las herramientas que necesita", dijo Ibarra.

Esta situación no pasó desapercibida para los gremios estatales. "El gobierno está avanzando en una estadística sobre la situación de los trabajadores para construir los planteles que ellos consideran óptimos, por fuera del ámbito paritario. Estamos buscando que se haga un acompañamiento sindical", dijo a LA NACION Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.

El gremialista agregó: "Apuntan a una reducción y reorganización del personal, pero no garantizan el pase a planta permanente que prometieron. No tenemos listas o números de eventuales cesanteados, pero la semana pasada ya despidieron 170 trabajadores en el Ministerio de Educación y no se nos habilita a reincorporar a la gente que fue injustamente despedida".

Irregularidades

Una de las problemáticas que viven muchos empleados públicos es permanecer durante años, a veces décadas, con un contrato transitorio y sin capacidad de ascenso. De acuerdo a datos que aportó Modernización a LA NACION, el 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%.

"Para octubre queremos tener un prediseño de los cambios que haremos a la carrera", explicó Ibarra. Según el ministro, hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. Esto se hará mediante un concurso, que es una evaluación de capacidades para determinar su idoneidad en el puesto que ocupan. Actualmente, son alrededor de 13.000 las personas con más de diez años de antigüedad que no integran la planta permanente.

Sumado a esto, el año que viene se lanzará un concurso con jurado para la alta dirección pública (directores y coordinadores) del Estado. Se espera que para el 2019, de los 3000 cargos que hay actualmente, la mitad sea concursado.

"El trabajo es ver dónde estamos y qué tipo de gente nos hace falta; identificar cuáles son las necesidades que tiene el Estado" sintetizó Ibarra y agregó: "En los últimos años tuvimos un crecimiento del Estado de un 64% aproximadamente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Atacar el verdadero problema de las personas que no venían o no trabajaban. Terminado ese proceso, tenemos la obligación de ver con lo que hay, que el Estado funcione. Porque la verdad, es que no funciona o funciona mal".

lunes, 5 de septiembre de 2016

Un Estado tan obeso como insostenible

Resultado de imagen para gasto publicoEditorial del diario La Nación
Entre 2002 y 2015 el número de quienes viven del Estado pasó de 6 a 19,6 millones de personas, más del doble de los aportantes del sector privado


Sumando los niveles de gobierno nacional, provinciales y municipales, en el año 2002 el Estado ocupaba a 2.100.000 empleados. En ese mismo año el número de jubilados y pensionados a cargo del gobierno orillaba los 3 millones y la cantidad de personas que recibían subsidios o eran beneficiarios de planes sociales, sin incluir asignaciones familiares, alcanzaba alrededor de un millón. En total eran 6.100.000 personas las que mensualmente recibían una remuneración o transferencia del Estado. Frente a ellos había aproximadamente 7 millones de personas activas en el sector privado formal que realizaban sus aportes y pagaban sus impuestos. La balanza de 7 a 6,1 entre los que aportaban y recibían estaba razonablemente equilibrada. Podría haber sido aún más favorable, ya que en aquel entonces diversos estudios ya mostraban un exceso innecesario de empleados estatales.

Pero entre 2002 y 2015 se produjo un cambio desequilibrante de gran significación. El número de empleados públicos aumentó a 4.100.000. La cantidad de jubilados y pensionados a cargo del Estado se expandió a 7,5 millones después de dos generosas moratorias y de la estatización del sistema privado. Por otro lado, los planes sociales se multiplicaron y expandieron hasta abarcar algo más de 8 millones de beneficiarios. El total de personas a cargo del Estado pasó así a 19,6 millones de receptores de pagos mensuales. En el mismo período los aportantes privados formales sólo subieron a 8,5 millones. La balanza quedó así fuertemente desequilibrada: 8,5 millones aportan y 19,6 millones reciben. Una relación de este tipo no se observa en ningún país del mundo y no es sostenible dentro de los límites de una presión impositiva razonable que no destruya la economía.

El desborde estatal durante la gestión kirchnerista se puede evaluar también desde el ángulo del gasto público. De un nivel del 30% del PBI en 2002 se pasó al 47% en 2015. Fue un aumento en proporción al tamaño de la economía, que a su vez también creció. De acuerdo con información desarrollada por la reconocida Fundación Libertad y Progreso, de los 17,1 puntos de aumento del gasto en relación al PBI, el incremento del empleo público fue responsable de 5,5 puntos; el de jubilados y pensionados contribuyó con 3,4; los planes sociales, con 3,9, y los subsidios a la energía, el transporte y otras actividades, con 4,3.

La gestión kirchnerista intentó solventar este engrosamiento estatal aumentando impuestos. Elevó la presión impositiva desde un 27% del PBI hasta un 40%, haciéndola insoportable para trabajadores, exportadores y productores. A pesar de ello desapareció el superávit fiscal que se había alcanzado en 2004 y se generó un creciente déficit, que alcanzó a un 7% del PBI en 2015. Ésta fue la situación heredada por el presidente Macri.

La dificultad de reducir el gasto ha quedado demostrada en la enorme resistencia de la sociedad a los ajustes tarifarios, única alternativa para que el Estado reduzca los abultadísimos subsidios a los servicios públicos.

Macri está ante la necesidad de reducir el déficit para detener el rápido crecimiento de la deuda pública. Podría intentar una licuación gradual haciendo crecer la economía, pero esto requeriría tiempos muy prolongados como para evitar la impaciencia de los acreedores. Inevitablemente deberá actuar sobre los subsidios sociales y sobre la burocracia estatal. Esto exigirá contar con un programa bien elaborado de reforma del Estado y con políticas e instrumentos que faciliten la transferencia de empleo público hacia el sector privado. Entre ellos parece imprescindible una revisión de las regulaciones laborales, que tras el objetivo de proteger al trabajador han afectado severamente la competitividad, han desalentado la inversión y están afectando la demanda de empleo.

La reversión del gigantismo estatal y la crítica situación fiscal constituyen dos de los mayores desafíos del Gobierno. La oposición, así como los gobernadores de provincias y los dirigentes sindicales deberían ser conscientes del riesgo de demorar la corrección de esta situación. Ya han abusado de las exigencias que implicaron un gasto adicional como condición para acompañar cada ley o medida intentada por el Poder Ejecutivo. El presidente Macri y sus funcionarios deberían esforzarse más por explicitar la gravedad de la situación fiscal, en lugar de mostrarse cómodos frente al problema, al tiempo que deberían exhibir una mayor firmeza para enfrentar demandas que aumentan el gasto público.

jueves, 18 de agosto de 2016

Mauricio Macri lanza un programa para crear empresas en 24 horas

Por Juan Gasalla - Infobae.com - El Presidente presentará en Tecnópolis el proyecto de ley para agilizar proyectos productivos y facilitar la generación de empleo. Esta semana se enviará al Congreso


El presidente Mauricio Macri anunciará en la sede de Tecnópolis la iniciativa para simplificar y agilizar la creación de empresas y que se complementa con la Ley PyME sancionada en julio.

El martes, en la sede de Mercado Libre, Macri ponderó la puesta en marcha del plan "Argentina Emprende". "En esa línea logramos el consenso en el Congreso para tener la Ley PyME, instrumento que va a respaldar las buenas ideas y para que se vea que tienen en el Gobierno un socio para ayudarlos y no una traba que haga abandonar el sueño de innovar".

La elección del lugar del anuncio no fue casual, pues Mercado Libre es un ejemplo del potencial de proyectos que apuestan por la innovación. Hoy esta empresa es líder en el país y América Latina en comercio electrónico, y la octava en importancia en el mundo en ese rubro. La firma, que comenzó con una idea y pocos recursos hace 17 años, anunció una inversión de $1.500 millones en Argentina y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno presentará en el Congreso esta semana el proyecto de ley al que le augura un rol relevante como instrumento para la reactivación económica y la generación de empleo. La iniciativa, en manos de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, dependiente del Ministerio de Producción, está enfocada en facilitar y allanar la concreción de micro, pequeños y medianos proyectos.

Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), afirmó a Infobae que el proyecto establecerá "la eliminación de las barreras burocráticas al momento de invertir y un par de incentivos innovadores a nivel de Latinoamérica. Si la oposición apoya y sale la ley va a ser una legislación muy moderna para lo que es la región en términos de startups (compañías incipientes)".

Entre otros puntos destacados, contempla la posibilidad de crear empresas en 24 horas y establecer nuevas figuras societarias que faciliten el trámite para la puesta en marcha de los emprendimientos.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, expresó que "este proyecto acompaña en gran parte las necesidades de los emprendedores en sus diferentes estadios, además de reconocer a las empresas sustentables. Se incluyen los puntos más demandados, como la simplificación de la creación de nuevas empresas y la ampliación de las fuentes de financiamiento, así como también la promoción de incentivos fiscales para los inversores que apuestan por el capital emprendedor".

TRES PUNTOS CENTRALES DE "ARGENTINA EMPRENDE"

1) Una de las claves del proyecto es la constitución de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esta figura legal es propia del derecho anglosajón, aunque se aplica con éxito en países de la región con importante tracción económica del emprendedorismo, como Colombia, México y Chile. Una Sociedad por Acciones Simplificada puede constituirse por una o varias personas físicas o jurídicas, y si bien su naturaleza es comercial, puede desempeñar actividades tanto comerciales como civiles.

2) Otro punto saliente es lo que se denomina "Atracción de capital inversor para proyectos de alta escalabilidad". Aunque las fuentes oficiales consultadas por Infobae no brindaron detalles al respecto, en el borrador inicial se había evaluado la posibilidad de otorgar beneficios impositivos en Ganancias, IVA y Bienes personales a las denominadas "Instituciones de Capital Emprendedor" y la opción de "crowdfunding público", es decir, el financiamiento colectivo a través de plataformas , con supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

3) También se promoverá la actividad de empresas con beneficio de interés colectivo, conocidas como empresas de "triple impacto" que, más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales.

"Si estos beneficios son finalmente implementados, se generará un entorno propicio para agilizar la dinámica de creación y crecimiento de los emprendimientos en el país con lo que esto conlleva: generación de más puestos de trabajo y desarrollo económico", señaló Bearzi a Infobae. "Por eso vemos un panorama muy alentador para los emprendedores argentinos: a estas iniciativas se suma el apoyo de los actores que integran el ecosistema emprendedor a través de redes de contacto, capacitaciones y mentorías a emprendedores, dentro del marco de colaboración propio de este sector", acotó.

"Lo que tiene esta ley de innovadora es el tema de la digitalización de las sociedades. Es algo que a nivel regional sigue siendo una deuda pendiente", dijo Tanoira, quien participó desde el comienzo en la elaboración de Argentina Emprende, desde hace tres años. "Hoy nosotros podemos mandar facturación digital, que es dinero, y no podemos crear una sociedad en forma digital, que es un vehículo jurídico. Es un absurdo", agregó.

INMEDIATO TRATAMIENTO LEGISLATIVO

En Argentina, un tercio de la actividad económica es informal, hecho que afecta a la inversión y la recaudación fiscal, a la vez que alienta el empleo precario. Esta iniciativa puede contribuir a incorporar toda esta producción a la economía formal. "Cuando vos ponés una legislación que es burocrática y obsoleta, lo que pasa es que menos gente entra al vector impositivo. Cuanto más fácil, barato y simple es declarar impuestos, darte de alta como vehículo jurídico y declarar quiénes son los accionistas, más fácil es que la gente se quiera incorporar", apuntó Manuel Tanoira, de ASEA.

Fuentes de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, a cargo de Mariano Mayer, indicaron a Infobae que "esta semana o la próxima se está definiendo la fecha para el tratamiento de la iniciativa en el Congreso".

En diversas exposiciones para promover el plan Argentina Emprende, Mariano Mayer explicó que "con la expansión de las tecnologías exponenciales y la democratización de la información, emprender resulta más fácil que nunca. Tenemos que aprovechar este contexto para multiplicar posibilidades y generar empleo de calidad", a la vez que apeló a "todo el potencial de los emprendedores y de las PyMEs para hacer frente a la generación de millones de puestos de trabajo y a los desafíos de crecimiento y cumplir con el objetivo de Pobreza Cero".

 En el mundo el 90% de los nuevos empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas
Tanoira opinó que "el objetivo de Pobreza Cero no se logra haciendo crecer el número de empleados en las corporaciones. En el mundo más del 90% de los nuevos empleos los generan las PyMEs y los emprendedores. No hacés crecer el empleo haciendo crecer a corporaciones de cuatro mil o diez mil empleados. La única forma de hacer crecer el empleo es fomentando la innovación y el emprendedorismo. Sin hacer eso, no se va a cumplir el objetivo de Pobreza Cero".

Argentina Emprende se complementa con los beneficios que fijó la Ley PyME, como la oferta de líneas de crédito más ágiles y a tasa preferencial, el pago trimestral del IVA, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y la compensación del impuesto al cheque.

"Hace 18 años que trabajamos para apoyar y potenciar a emprendedores de alto impacto y promover ecosistemas de emprendedores en todo el país y se hacía necesario una política como esta que fomente, proteja y apoye a los emprendedores. Hasta hoy, muchas de las startups fracasan durante sus primeros años de vida, entre otras cosas, porque no cuentan con sistema regulatorio y fiscal que los contemple o programas de financiamiento que acompañen su desarrollo", sostuvo María Julia Bearzi, de Endeavor.

"Cuando regulás, tenés que regular por la positiva, no por la negativa. Ahora, si alguien comete un fraude y quiere evadir el impuesto, entonces ahí tiene que entrar el Estado, para investigar, sancionar y que esa persona pierda no solo los beneficios obtenidos por parte de la ley, sino además que pague por el incumplimiento. Es una forma distinta, que es más o menos lo que hacen los países desarrollados. Castiguemos a los que hacen las cosas mal, habiéndole dado la posibilidad de hacerlas bien", completó Manuel Tanoira.

Planean ejecutar obras por $ 75.000 millones en lo que resta del año (II)

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
Incluye proyectos de agua, transporte y energía; ayudaría a recuperar empleo perdido; dudas de los analistas.
El Gobierno tiene previsto ejecutar proyectos de obra pública por cerca de $ 75.000 millones hasta fin de año, para comenzar a recuperar parte del empleo perdido e intentar dejar atrás la recesión. La intención es gastar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos mensuales en caminos, saneamiento y energía, según comentaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales.

Luego de un primer semestre en el que el Gobierno se focalizó en investigar la red de corrupción dominante en el rubro durante el kirchnerismo, ya comenzaron el pago de obras y la lenta ejecución del presupuesto, previsto en $ 200.000 millones para todo el año. El Gobierno planea ejecutar obras por $ 75.000 millones en lo que resta del año.

Aunque no se llegará a desembolsar todo ese dinero, la intención del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, es completar obras de Vialidad, Aysa, las centrales hidroeléctricas del Sur y el soterramiento del tren Sarmiento. El ambicioso objetivo planteado por la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal, que conduce Ricardo Delgado, es recuperar un 75% de los 60.000 empleos que se perdieron en la construcción en el último año, para arrancar 2017 con una perspectiva positiva.

Además, la obra pública aparece, por la lentitud demostrada por la inversión privada real -cuyo nivel es difícil de precisar por la divergencia de cifras entre los ministerios de Hacienda y Producción y la agencia nacional de inversiones-, como el salvavidas para que la recesión sea más suave este año.

Los economistas consultados por LA NACION coincidieron en señalar que luego del muy malo segundo trimestre el tercero está en modo de estancamiento y el último podría mostrar un leve crecimiento. En este sentido, otra fuente oficial indicó que "hay algunos síntomas de reactivación, pero aún se tienen que confirmar por la baja de la inflación", que en agosto reflejaría un número inferior al 2%.

En la Casa Rosada afirman que "se ve algún leve rebote en los bienes de consumo durable", y creen que la baja de la inflación y de las tasas de interés colaborará para que el panorama mejore a fin de año.

El director de Elypsis, Luciano Cohan, dijo que "datos de reactivación aún no hay, pero en el cuarto trimestre la tendencia se revertirá por la construcción, a partir de la obra pública y la privada, más la venta de electrodomésticos y algo de las exportaciones". Elypsis prevé que el PBI crezca 3,2% en 2017, con una inflación superior al 20%.

Orlando Ferreres estimó que este año el PBI caerá 1,1% y que crecerá 3,7% el próximo. "Hay una situación de estancamiento, sin mucha inversión", sentenció. En términos sectoriales, detalló, "el campo está muy bien y eso es positivo, porque traccionará al resto de la economía y ayudará al presidente Macri a ganar las elecciones de 2017, mientras que el resto de la industria, que depende mucho de Brasil, está en una floja situación, y la obra pública está frenada".

Adrián Ramos, director del Grupo Bapro por Cambiemos, consideró que "este año no se va a percibir ninguna reactivación, y aunque se habla mucho de la obra pública, aún no se ve nada".

La directora del estudio Bein, Marina Dal Poggetto, consideró que, dado que "ésta es la primera recesión con entrada de capitales que vive el país, la economía va a comenzar a crecer, aunque en forma lenta, porque se está cambiando de un modelo de consumo a uno de inversión".

"Julio fue muy malo, pero agosto viene mejor: la inflación se está moderando, mientras que los planes sociales y la jubilación le ganarán hacia adelante a la inflación. A eso se sumará el efecto directo e indirecto del blanqueo, por lo que el año próximo será mejor, con un crecimiento del 5% del PBI", afirmó.

miércoles, 8 de junio de 2016

Sólo los gremios pueden realizar paros

Por Adrián Ventura - LA NACION
La Corte no les reconoció ese derecho a cooperativas ni organizaciones sociales


La Corte Suprema emitió ayer un fallo con importantes consecuencias para la actividad gremial al resolver que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones sindicales. En cambio, los grupos informales de trabajadores no pueden promover este tipo de medidas de fuerza.

Así lo estableció el máximo tribunal en la causa promovida por Francisco Orellano, un trabajador que había sido despedido por el Correo oficial luego de que participó en una declaración de huelga, y cuyo reclamo no fue contemplado por la Justicia.

La sentencia, que el alto tribunal muestra como una señal tendiente a reducir los niveles de conflictividad y a determinar la legalidad de las medidas de fuerza, lleva la firma de los tres integrantes de la Corte Suprema: el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y sus colegas Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

La Corte, siguiendo su propia doctrina, aclara expresamente que la facultad de declarar la huelga les cabe a tanto a las asociaciones con personería gremial, como el caso de las agrupadas en las tres CGT, como a los sindicatos simplemente inscriptos, que por lo general adhieren a las dos CTA. Pero en ambos casos se trata de gremios. En cambio, los otros grupos de trabajadores, como organizaciones sociales o cooperativas, no son titulares de ese derecho.

El máximo tribunal recordó que el derecho de huelga está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero ese mismo artículo también establece expresamente que sólo puede ser ejercido por los gremios que están inscriptos en un registro especial como asociaciones sindicales.

Sólo cuando se cumple la condición de pertenecer a una asociación gremial -dice la Corte- puede considerarse legítima una huelga, una medida de fuerza que produce no sólo impacto sobre los empleadores, sino también sobre los ciudadanos, que ven afectados sus propios derechos a la salud, a la educación y otros más.

Para el tribunal, el art. 14 bis de la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos -como el Convenio de la OIT- reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos, es decir, a las organizaciones formales de trabajadores.

El caso específico en el que falló la Corte se originó a partir de que la empresa Correo Oficial de la República Argentina había despedido a Orellano, un trabajador que participó en medidas de fuerza que no contaban con el aval de ninguno de los sindicatos del sector. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Correo reincorporar a Orellano y también pagarle los salarios caídos y el daño moral. El Correo oficial cumplió con el fallo, pero el juicio siguió adelante y, en septiembre último, la Corte celebró una audiencia pública en la que en favor de Orellano participaron el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, y uno de los representantes legales de la CTA-De los Trabajadores, Alejandro Ferrara.

Para justificar el despido, el Correo había sostenido que durante dos semanas Orellano había participado de sucesivas "reuniones en el lugar de trabajo y durante la jornada habitual", lo cual afectó "la entrega de 6 millones de piezas postales" y el "desarrollo normal de la labor en su centro operativo de Monte Grande". Sostuvo que el despido había sido dispuesto como una represalia injustificada por su participación en medidas legítimas de acción gremial. Ayer, la Corte rechazó ese argumento al señalar que las medidas de fuerza en las que participó el trabajador en modo alguno podían considerarse legítimas.

Para el tribunal, la huelga es un medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones del sector laboral. Pero las medidas de acción directa, por su impacto, no sólo perjudican al empleador, sino que también afectan a los destinatarios de esos bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios, que pueden verse perjudicados en sus derechos a la educación, a la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y otros más que también están garantizados por la Constitución.

Por eso, el máximo tribunal señala que el derecho de huelga se subordina al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos, una de las cuales es que la decisión de ir a la huelga sea adoptada por una asociación gremial.

La Corte recordó que el 14 bis de la Constitución estableció que "queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga". Y esos "gremios" son las entidades profesionales a las que se refiere el primer párrafo de ese mismo artículo, cuando afirma que tiene derecho a la "organización sindical libre y democrática". Es decir, gremios que tienen "simple inscripción en un registro especial".

Para la Corte, el artículo 14 bis de la Constitución no permite otorgarle a la palabra "gremios" un alcance mayor, por lo cual no se les reconoce la facultad de declarar la huelga a cualquier grupo informal de trabajadores.

El artículo 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones profesionales destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y de democracia interna. Y por eso les impuso el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de control del cumplimiento de tales directivas.

Por eso, dice la Corte, no resulta lógico admitir entender que el mismo artículo, a renglón seguido, otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas tanto a las organizaciones que cumplen con todos esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno de ellos.

Las claves de un fallo de alto impacto laboral

¿Quiénes pueden declararse en huelga?
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el derecho de huelga sólo puede ser ejercido por las asociaciones gremiales, tanto las que cuentan con personería gremial como las simplemente inscriptas

¿Quiénes no pueden llamar a huelga?
Los grupos informales de trabajadores no son titulares del derecho. Por tanto, y según el fallo de la Corte Suprema, pueden ser despedidos por esa razón

¿Cómo impacta el fallo en los gremios?
La sentencia fortalece políticamente a las cúpulas de los gremios, que tendrán en sus manos la potestad de llamar a huelga. En cambio, resta poder a las comisiones internas y los delegados de base "rebeldes" o enfrentados a los titulares de cada sindicato. También perjudica a los trabajadores tercerizados

¿En qué se basa la Corte?
Se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que menciona expresamente a los gremios como titulares del derecho a huelga. Para la Corte, que un sindicato esté formalmente organizado es interpretado como un reaseguro ante la posibilidad de que una huelga afecte los derechos constitucionales de terceros y del empleador

Alcances de un fallo polémico
El impacto de la decisión de la Corte varía según el tipo de organización

Sindicatos
El fallo ratifica el derecho de los gremios con personería -la mayoría enrolados en la CGT- a convocar a huelgas y doblegar así a las comisiones de delegados que enfrentan a las conducciones oficiales. Sin embargo, al incluir a los gremios simplemente inscriptos, termina con el monopolio sobre esta potestad que hasta ahora tenían

Gremios con simple inscripción
La decisión de la Corte amplía sus derechos. No podían llamar a paros y a partir de ahora sí podrán hacerlo. Siguen sin poder participar de la paritaria ni retener la cuota sindical. No obstante, la CTA, que aglutina a la mayoría de los gremios de este tipo, tildó la resolución de "represiva" por dejar afuera a los no sindicalizados

Trabajadores no sindicalizados
La Corte Suprema los dejó afuera del fallo firmado ayer. Las agrupaciones informales de empleados y cooperativas, entre otras formas de asociación entre trabajadores, no podrán llamar a paros. Hacerlo podrá ser considerado causal de despido

jueves, 2 de junio de 2016

Los metrodelegados amenazan con parar el subte por la modernización de la línea H

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Temen que, al sumarse coches con puertas automáticas, no se necesiten guardas


La renovación de la flota del subte puede toparse con una amenaza sindical que pondría en riesgo el servicio en toda la red. Es que la llegada de coches 0 kilómetro para la línea H equipados son sistemas más modernos, entre ellos la apertura automática de puertas, pone en discusión las responsabilidades que tendrán los guardas de cada formación y la continuidad laboral de por lo menos 40 personas.

A pesar de que las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) aseguraron que el recambio de la flota no implicará una reducción de las fuentes de trabajo, los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) avisaron que si los nuevos coches Alstom entran en servicio paralizarán las seis líneas de subte y el Premetro por considerar que atenta contra la estabilidad laboral. "En ese punto no hay discusión", sostuvo el secretario general de Agtsyp, Roberto Pianelli.

El principio de conflicto surge a raíz de la inminente incorporación a la línea H de seis formaciones 0 kilómetro que entrarían en servicio durante junio, si se cumplen los plazos previstos por Sbase. Antes de fines de año se incorporarán otros 14 trenes.

Se trata de 120 coches Alstom con aire acondicionado; cámaras de seguridad; sistema de aviso sonoro de estaciones; suspensión neumática que se ajusta en función de la carga; equipados con caja negra y dispositivo antiempotramiento, que evita que un coche se superponga a otro en caso de accidente. Además, poseen sistema CBTC (Communication Based Train Control), que le permite al tren operar casi en forma automática.

"Nadie perderá su trabajo", aseguró a LA NACION el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo. "Se está haciendo una enorme inversión en nuevos coches, por lo que se necesitan más conductores. Lo que hará es jerarquizar a los trabajadores, capacitarlos", agregó. En la actualidad, el subte cuenta con 4700 empleados, entre maquinistas, guardas, boleteros y auxiliares de estación.

"Quienes se desempeñan como guardas en la línea H -dice una circular que Metrovías, la concesionaria del servicio, envió a todos los trabajadores- continuarán trabajando en la misma línea y cumpliendo sus funciones sobre las formaciones, en un rol de asistencia operativa de la misma jerarquía, nivel y salario que el actual puesto de guarda."

En la actualidad, los guardas tienen la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas y controlar que todos los pasajeros hayan subido a la formación. Los metrodelegados temen que el cierre automático de puertas en los coches Alstom pueda marcar algo más que la renovación de la flota.

Según explicaron desde la Agtsyp, los tableros de los trenes nuevos ya incorporados en la red poseen un dispositivo para que los guardas puedan operar si detectan alguna anomalía o posible accidente, a pesar del cierre automático de las puertas. Pero en los que estarán en la línea H esa opción fue anulada.

"Todos deben estar tranquilos, porque no está previsto eliminar los puestos de trabajo", reiteró Piccardo. "Tendrán que hacer capacitaciones para brindar mejores atenciones a los pasajeros, y cuando la flota se complete podrán convertirse en conductores. Los guardas son como los ascensoristas de hace 50 años", comparó.

lunes, 16 de mayo de 2016

Baja $ 2800 millones el gasto en el Estado por los despidos

Por Laura Serra LA NACION
Ese monto representaba el pago de casi 11.000 contratos en el Ejecutivo; se redistribuirán partidas
La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner
La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner. Foto: Reuters / Enrique Marcarian

Culminado el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.

¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos. Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario.

Según precisó el ministro Ibarra a LA NACION, las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones (conocidos como "ñoquis"), o bien "no respondían a necesidades de servicio" (su tarea era más bien de militancia política). Remarcó que sólo se aplicaron en el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plantel de 220.000 agentes.

"Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra a LA NACION-. No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios."

El funcionario confirmó que ya no se producirán más cesantías dentro de la administración pública central. El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del decreto 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados.

El panorama con que se encontró la flamante gestión fue impactante. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, el sector público nacional (incluidos los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, empresas públicas, universidades y otros entes) sumaba 778.798 agentes, 61% más que en 2003. Así lo indica el informe "GPS del Estado", que la semana pasada presentaron en forma conjunta ASAP y Cippec.

El informe da cuenta, además, de que 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega a 45%.

"De los 70.000 contratos que recibimos, hemos dado de baja casi 11.000", explicó Ibarra. El funcionario señaló que, pese a lo abultado de la dotación, no habrá despidos en la planta permanente del Estado. "Nuestra intención es capacitar y jerarquizar a los empleados de planta permanente", indicó. Y agregó que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente "en los casos que se justifiquen".

"Hay personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. Previo concurso, esta gente -unos 2500 empleados- podría pasar a planta permanente", anticipó.

La oposición mantiene una mirada crítica sobre los despidos producidos en el Estado. En un informe, el economista y diputado Claudio Lozano (MC) señaló que, mientras el Gobierno ejecutaba cesantías entre los contratados, amplió las estructuras del Estado con más cargos jerarquizados. "En efecto, se observa un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196)", advirtió Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

"Esto pone en duda el discurso del gobierno nacional centrado en la necesidad de «despolitizar» la administración estatal para un adecuado funcionamiento -agregó Lozano-. Como se demuestra en este trabajo, el nuevo perfil de la estructura burocrática se caracteriza por el incremento de los cargos jerárquicos, lo que implica entonces una mayor politización."

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado.

"Hoy, todos los compañeros trabajadores tienen miedo de ser despedidos, y tienen una razón para eso: el mal ejemplo que dio el Estado al decir «cuando me sobran trabajadores, los despido»", enfatizó el diputado Héctor Daer, uno de los "rebeldes" del Frente Renovador en la frustrada sesión del miércoles pasado en la Cámara baja.

En el Gobierno rechazan este punto de vista. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló, por caso, que en el último trimestre el gobierno kirchnerista nombró a más de 10.200 personas en el Estado, en plena campaña electoral, con evidentes fines políticos. Aquéllos fueron los contratos revisados. "Nuestra intención no es achicar el Estado, pero tampoco convalidar situaciones no deseadas", sentenció Ibarra.

Las cifras del proceso de "revisión"

1,4% Del total de empleados - El Gobierno cesanteó a casi 11.000 personas, que representan el 1,4% de los 778.798 empleados públicos a nivel nacional

La herencia - Cuando la presidenta Cristina Kirchner dejó el poder, también dejó un 61% más de empleados públicos que en 2003, según un informe presentado por ASAP y Cippec. El 30% de esos empleados están contratados

220.000 En el Poder Ejecutivo - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que los despidos que se aplicaron en la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios sólo incluyeron a los empleados contratados que no prestaban funciones o cuyas tareas se limitaban a la militancia

miércoles, 11 de mayo de 2016

YPF le pagó $ 72 millones a Galuccio para acordar su salida de la empresa

Miguel GaluccioPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El Gobierno autorizó el pago al ex presidente y CEO de la compañía por la compensación de "todas sus funciones"


Miguel Galuccio. Foto: LA NACION / Aníbal Greco

En representación del 51% de las acciones que tiene en YPF, el gobierno de Mauricio Macri propuso y autorizó el pago de $ 72 millones al ex presidente y CEO de la compañía, Miguel Galuccio, por la compensación de "todas sus funciones y conceptos del CEO", algo que incluye también "el acuerdo por su salida de la compañía". Lo hizo en el marco de la última asamblea de accionistas de la empresa, que se realizó el 29 de abril pasado. La decisión se votó por unanimidad.

La remuneración al ex número uno de la mayor compañía del país, sobre la que giraron múltiples especulaciones desde la estatización de la empresa, en abril de 2012, y se mantuvo en secreto hasta ahora, figura en el acta de la asamblea de accionistas que se realizó en la sede de la compañía, en Puerto Madero. Ese día Galuccio dio un paso al costado en la conducción de la empresa, que les cedió a su nuevo presidente, Miguel Gutiérrez, y a Daniel González, actual CFO de la petrolera, que continuará como gerente general interino hasta que YPF defina quién sucederá a Galuccio.

Según corroboró LA NACION con una fuente de acceso directo a la información, Galuccio estuvo de acuerdo con que su indemnización constara en el acta de asamblea. También apuntó que la retribución al ex ejecutivo implica no sólo el denominado golden parachute (paracaídas de oro), el pago por la salida, sino también salarios y otros ítems.

Otra fuente al tanto de la decisión señaló que es una práctica habitual de YPF otorgar esa clase de remuneración a un gerente general que abandona la compañía, y apuntó que está en línea con las prácticas del mercado.

Durante la gestión de Galuccio la petrolera registró un aumento importante de la producción de hidrocarburos, con lo que revirtió la tendencia decreciente que habían mostrado sus anteriores gestores, como la española Repsol y la familia Eskenazi.

Entre 2012 y 2015, la extracción de gas creció más de 26%, mientras que la de crudo aumentó 16 por ciento. Esos números le alcanzaron a la empresa, por mucho, para convertirse en la firma que más creció en términos de extracción y oferta de hidrocarburos en el país.

La reunión del 29 de abril definió, además, la conformación del nuevo directorio de la petrolera, a cuya remuneración la compañía también destinará otros tantos millones. Siempre por pedido del Estado, cuya representación estuvo a cargo de Emilio Apud, los honorarios de los directores que no cumplen funciones ejecutivas y de los síndicos serán de $ 40,3 millones. Entre ellos figuran el propio Gutiérrez, Roberto Monti, Norberto Bruno, Néstor Di Pierro, Juan Donnini, Carlos Felices, Daniel Montamat, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (mano derecha del Presidente en temas judiciales), Inés Leopoldo, Daniel Kokogian, Octavio Frigerio (padre de Rogelio, ministro del Interior) y Luis Augusto Domenech, todos ellos con mandato por un ejercicio. La lista es más extensa, y no todos cobran lo mismo.

Además, la empresa destinó $ 15 millones a "la compensación por todas sus funciones y conceptos de los directores que ejercen cargos ejecutivos", como González, Carlos Alfonsi y Fernando Dasso, entre otros.

El 29 de abril, YPF había informado a la Comisión Nacional de Valores que su asamblea de accionistas había aprobado la suma de $ 137,24 millones para remunerar al directorio por el ejercicio 2015. Pero no había especificado las cifras con la precisión que lo hizo en el acta de asamblea.

martes, 26 de abril de 2016

Anunció el Gobierno beneficios para firmas que contraten jóvenes

Macri, ayer, al hacer los anuncios en la Casa RosadaPor Jaime Rosemberg - LA NACION
La iniciativa está dirigida a trabajadores de entre 18 y 24 años; busca contrarrestar proyectos opositores


Macri, ayer, al hacer los anuncios en la Casa Rosada. Foto: LA NACION / Presidencia

En clara respuesta a la embestida opositora, que incluye la ley anti-despidos y la doble indemnización, y mientras negaba de manera enfática que en el país se viva una "ola de despidos" en los sectores público y privado", el Gobierno decidió una contraofensiva: anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para promover la contratación de empleados jóvenes por parte de empresas de hasta 200 empleados y beneficios adicionales en las diez provincias donde se aplicará el Plan Belgrano de infraestructura.

"Queremos que los argentinos puedan decidir con libertad dónde trabajar, sobre todo los jóvenes", afirmó el presidente Mauricio Macri apenas pasado el mediodía, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Con varias decenas de jóvenes en el salón, el Presidente dio detalles del proyecto, que establece exenciones impositivas y subsidios para aquellos empleadores que den "esa primera oportunidad" a jóvenes de entre 18 y 24 años con menos de tres años en el mercado laboral.

Las exenciones serán mayores en caso de tratarse de trabajadores con discapacidad y no tendrán límite de edad en las provincias del Norte incluidas en el Plan Belgrano. "Creo que estos son los instrumentos creativos, inteligentes, que podemos y tenemos que poner en juego para generar trabajo", afirmó el Presidente, que se declaró "dolido" por las medidas de "sinceramiento" que debió tomar desde que asumió su mandato y que provocaron "que a mucha gente le cueste llegar a fin de mes".

Polémica por despidos

Junto a los anuncios, el Presidente y más tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reiteraron que no consideran que el país atraviese una "emergencia ocupacional" como sí creen los opositores que impulsan proyectos de ley antidespidos en ambas cámaras del Congreso.

"Hace cinco años que no se genera trabajo, cinco años que (el país) viene escondiendo, detrás de la generación de empleo público artificial, la incapacidad de crecer, a través del trabajo en negro, la incapacidad de crear trabajo formal", afirmó el Presidente.

"Los datos que tenemos no muestran esa emergencia que ven algunos", dijo Triaca a LA NACION minutos después del anuncio presidencial.

Según el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), la cantidad de empleados registrados "se mantuvo estancada" en alrededor de 6.200.000 empleos, aseguró Triaca. Según esas mismas estadísticas distribuidas por el Gobierno, se registró una merma de casi 38.000 empleos entre diciembre y enero de este año, compensados en parte por los 17.00 empleos creados en febrero.

Al caer la tarde, junto al ministro, Peña fue contundente y apuntó a la oposición kirchnerista que impulsa, junto con aliados del PJ moderado, los proyectos que limitan por ley los despidos. A ellos se sumó por estas horas una norma impulsada por el bloque del Frente Renovador (FR), que lidera Sergio Massa, el cual establece ventajas para las pymes que tomen personal de menos de 25 años y mayores de 50.

"Es importante dar la discusión pública y reafirmar que no hay proceso de destrucción de empleo en la Argentina", dijo el jefe de gabinete.

El Gobierno mira de reojo no sólo el proyecto de Massa -que no piensa apoyar, anticiparon dos altas fuentes a LA NACION-, sino también la sesión de mañana en el Senado, donde el proyecto que impulsa el propio jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto, suspendería por ley los despidos por un plazo de seis meses.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, fustigó el proyecto. "Es lo peor que nos puede pasar, porque mientras estemos sancionando la ley, todos los empresarios que quieran despedir van a apurarse a despedir", dijo en declaraciones a El Trece. "Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando", insistió.

El jefe de Gabinete, en tanto, apostó al diálogo. "Ojalá prime la racionalidad de los senadores. Tenemos hasta el miércoles para esa discusión, aunque claramente con herramientas como ésa se dan pasos para atrás", definió Peña, y reconoció de ese modo que el canal de diálogo con los senadores está abierto.

Con relación al proyecto para pymes de Massa, que dejó en suspenso su apoyo a la ley antidespidos hasta el fin de 2017 que promueve el titular del bloque del FPV, Héctor Recalde, la reacción fue de escepticismo. "Se sube al carro con este tema, pero vamos a impulsar nuestro proyecto porque creemos que es superador", afirmaron a LA NACION cerca del ministro Triaca, y también negaron cualquier acuerdo de largo plazo con el FR. "Iremos viendo ley por ley", contestaron dos funcionarios con despacho cercano a la Casa Rosada.

"No es lo mismo discutir medidas para impedir despidos que para generar empleos", afirmó Peña a este diario con relación a los proyectos opositores, que el Gobierno espera trabar cuando menos en una de las dos cámaras. Y el veto presidencial, claro, sigue siendo "una opción", como lo aclaran en la Casa Rosada, para rechazar una medida a la que se oponen las cámaras empresariales.

domingo, 17 de abril de 2016

Detectan irregularidades en un subsidio laboral

Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Son los Repro, que se otorgan en situaciones de contingencia; pese a ello, el plan continuará

En su rastrillaje por toda la administración pública, el Gobierno avanzó en su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. En paralelo, también activó auditorías en organismos clave, entre los que está el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí, el ministro Jorge Triaca ordenó una revisión de los fondos de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica.

Con la auditoría todavía en proceso, ya se detectaron algunas irregularidades, como empresas beneficiadas con el subsidio desde hace 96 meses, o clubes de fútbol que no tendría razón alguna para recibir la ayuda, según supo LA NACION a partir de fuentes oficiales. "No se puede vivir en emergencia. No se puede otorgar un subsidio para toda la vida", argumentaron en la cartera laboral. Triaca, sin embargo, evitó dar precisiones de las fallas y se referirá al tema cuando el informe solicitado esté concluido.

A pesar de las irregularidades detectadas, Trabajo continuará con los Repro, aunque evalúa algunas modificaciones en su distribución. En principio, prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre de este año en línea con la "emergencia ocupacional".

Actualmente, unas 300 empresas son beneficiarias de los Repro, que consiste en un auxilio estatal de 2000 pesos por trabajador. Esta política tuvo su pico en 2009, cuando alcanzó a 2769 compañías. Desde entonces, la cifra comenzó a bajar.

Durante el mandato del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, la ayuda del Estado fue de aproximadamente 2500 millones de pesos entre 2004 y 2015, según datos oficiales de la anterior gestión. Cerca del funcionario kirchnerista, aseguraron a LA NACION que el Repro se podía cobrar hasta 12 meses, pero que el plazo podía superarse excepcionalmente. Pero nunca 96 meses.

La participación de los gremios en el reparto de los subsidios es determinante. Cada empresa que se declare en estado de crisis y que aspire a obtener el auxilio financiero estatal deberá presentar, entre una serie de requisitos, la conformidad de la asociación sindical que represente a sus trabajadores. Es decir, tendrá que primar un trato de antemano entre el empleador y el gremio.

Las empresas cuyas solicitudes fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo se comprometerán a abonar a los beneficiarios de los Repro el suplemento de dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que les corresponda, según el convenio colectivo de la actividad. Además, la compañía estará obligada a mantener la nómina total de personal, por lo que se frena cualquier eventual despido, aunque no así suspensiones o reducción de la jornada laboral.

A contramano de la gestión kirch-nerista, Triaca priorizó elevar el seguro de desempleo, que está congelado en 400 pesos desde 2006, antes que destinar más fondos a los Repro, que, a pesar de las contingencias, significa una apuesta a conservar el vínculo laboral y mantener al trabajador dentro del mercado.

El sector que más recurrió en los últimos dos años a la subvención estatal fue el de transporte de pasajeros, cuyo sindicato principal, la Unión Tranviaria Automotor (UTA), cerró recientemente una suba salarial anual de 29% para los colectiveros. En la paritaria, el gremio avaló los aumentos de hasta el 100% en las tarifas. El trato se escenificó en la Casa Rosada con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe de la UTA, Roberto Fernández. No es la primera vez que los movimientos de Fernández quedan condicionados por el reparto de los subsidios. "Nos dijeron que a los Repro los iban a pagar hasta julio o agosto y que después se repartirán de otra manera", dijo el sindicalista a LA NACION.

Otros sectores que están en crisis son los vinculados a la energía y al petróleo. También, la producción de autopartes y la siderurgia, dos industrias que están golpeadas por los coletazos en Brasil, un socio fundamental. El freno de la obra pública hizo caer los índices de empleo en la construcción, donde ya hubo 30.000 bajas en lo que va de 2016. Para este caso, el Gobierno avanza en alternativas con inversión extranjera a fin de reactivar el circuito, aunque hay una decisión tomada de no destinar ayuda a empresas icónicas del kirchnerismo, como Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.

martes, 15 de marzo de 2016

Está paralizada Atucha III y despedirían a 1800 personas

Militantes de la Uocra protestaron ayer en Zárate por los despidosPor Nicolás Balinotti - LA NACION
Se frenó el proyecto de la central nuclear; los contratistas se lo comunicaron a los empleados; en el Sur crece el conflicto de la usina de Río Turbio


Militantes de la Uocra protestaron ayer en Zárate por los despidos. Foto:La voz de Zárate

Por la parálisis de la obra pública, miles de empleados de las centrales nucleares de Atucha, en Zárate, perciben desde hace dos meses la mitad de su salario. Los coletazos de la crisis tuvieron ayer otra réplica: las cinco empresas contratistas a cargo de la planta informaron al personal un plan de ajuste, que contempla dar de baja el proyecto de avanzar con Atucha III y un recorte de personal que se efectivizará a fin de mes con la salida de 1800 obreros.

En su afán de revisar los contratos de las obras que asignó la gestión kirchnerista, el Gobierno aún no dio señales certeras sobre cuál será el futuro de grandes proyectos, como Atucha III o las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que también están virtualmente paralizadas. Ambas iniciativas forman parte del acuerdo comercial que trazó en 2015 Cristina Kirchner con China y que ahora está bajo revisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por el conflicto en Atucha, el gremio de los obreros de la Uocra cortó la ruta N° 9 y amenaza con extender las protestas. La Uocra perderá a fin de mes a 1200 afiliados, pero podrían ser muchos más cuando se confirme la baja de Atucha III. El viernes pasado, las empresas Vialco SA y Masoero y Asociados ya habían despedido a 600 personas afiliadas a la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), otro de los gremios con influencia en las centrales. Por el caso de Uecara ya intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Las empresas constructoras que tienen a su cargo las obras de Atucha anunciaron 1200 despidos a fin de mes como consecuencia de la falta de pago de las certificaciones de obra por parte del gobierno nacional", informaron a LA NACION desde la Uocra, que lidera Gerardo Martínez.

No es el único frente de conflicto que mantiene la Uocra. En Santa Cruz recrudeció la protesta por la paralización de las obras de la central termoeléctrica de Río Turbio, donde ya se perdieron 700 puestos de trabajo y ayer se comunicaron otros 220 despidos. Aquí, la empresa contratista Isolux denunció que dejó de percibir los fondos del Estado.

Por este conflicto, hubo ayer cortes de rutas en Santa Cruz y se bloquearon los cruces fronterizos a Chile. Los activistas de la Uocra lograron el apoyo y la adhesión de los camioneros de Hugo Moyano.

"En Río Turbio falta el 10 por ciento para terminar la obra. Hay gente que hace dos meses y medio que no le pagan. No sabemos qué decisión va a tomar el Gobierno con la mina", dijo a LA NACION Carlos Moreno, el representante de la Uocra que envió Martínez al Sur.

Hace dos semanas, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, reconoció a LA NACION los "atrasos en certificados de obra" y prometió que la situación se regularizaría en abril.

En el contexto de los despidos, la construcción es por lejos el sector más perjudicado. Si bien la conducción nacional de la Uocra denunció la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo entre diciembre y marzo, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma contabilizó las situaciones denunciadas a nivel local por las seccionales del gremio y las cámaras empresariales, por lo que el número sería ligeramente menor. La situación no tiene visos de repuntar hasta que no surjan señales concretas para reactivar la obra pública.

Un sector que está en crisis

30.000 puestos de trabajo - Es la cantidad de empleos que el gremio de la construcción (Uocra) dice que perdió entre diciembre y marzo

1800 despidos - Son los que hubo en Santa Cruz en el último trimestre en Austral Construcciones y Kank y Costilla, dos empresas ligadas al kirchnerismo

jueves, 11 de febrero de 2016

Cuántos empleados tiene Aerolíneas Argentinas frente a otras líneas aéreas

(iProfesional.com) - Distintos informes muestran inconsistencias tanto respecto a la cantidad de personal como a la baja tasa de productividad en la empresa de bandera

La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, se refirió recientemente a la cantidad de empleados que trabajan en la compañía y aseguró que al asumir su posición, en el marco del recambio de Gobierno, se encontró con un "exceso".

En el marco del programa de Mirtha Legrand, la propia conductora le preguntó cuántos empleados tiene hoy la compañía. "Son 12.200 y un poquito más", aseguró Costantini. "Hay un exceso de empleados, pero no sabemos a dónde", apuntó la presidenta de la firma de bandera. Incluso en relación a la cantidad de vuelos y pasajeros transportados, Aerolíneas Argentinas tiene una mayor proporción de trabajadores que otras compañías.

Empleados por cada mil pasajeros transportados
Aerolíneas ArgentinasAir FranceKLMKenya AirwaysChina SouthernTaromBritish Airways - IberiaKorean AirChina EasternAeroflotAeromexicoChina AirlinesMEALatamAviancaCopa AirlinesVietnam AirlinesLufthansaXiamen AirUnited AirlinesAmerican AirlinesSaudiaAlitaliaDeltaAir EuropaGaruda IndonesiaCzech Airlines0.00.20.40.60.81.01.21.3961.2661.2221.0771.0400.9110.8890.8850.8710.8520.8490.8350.8100.7950.7820.7770.7170.7090.6490.6090.5750.5600.5050.4710.3890.3670.330
Fuente: Chequeado en base a Sky Team, Star Alliance y One World. Reportes publicados entre marzo y noviembre de 2015. 

De acuerdo a datos informados por la compañía a Chequeado, hoy hay 12.333 empleados, de los cuales el 11% son pilotos, el 18% tripulantes de cabina, el personal de tierra representa el 50%, el 17% son técnicos y el 4% del personal trabaja en el exterior.

La comparación con otras aerolíneas muestra que la compañía de bandera tiene más empleados en relación a la cantidad de pasajeros que transporta que todo el resto de las aerolíneas de SkyTeam, la alianza que integra, y que otras empresas de la región como LATAM o Avianca, de acuerdo a los datos difundidos por las tres alianzas (SkyTeam, Star Alliance y One World) para las 27 aerolíneas seleccionadas.

Aerolíneas Argentinas tiene 1,4 empleados por cada mil pasajeros transportados, mientras Air France, una de las que tiene la mayor proporción, es de 1,3. LATAM, por su parte, tiene 0,8, al igual que Avianca.

Empleados por aerolínea

Si el personal se mide en relación a la cantidad de aviones que tiene la aerolínea, la empresa nacional se ubica solo por detrás de Air France, con 170 trabajadores por avión (contra 186 de la línea francesa).

En relación a la cantidad de personal y vuelos diarios, Aerolíneas se encuentra cuarta entre las compañías relevadas, por detrás de KLM, China Airlines y Korean Air.

Un informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2014, en base a un relevamiento hecho entre 2011 y 2012, ya detectaba inconsistencias en los datos, y por ese entonces la empresa tenía unos 10.700 empleados.

Además, la AGN señalaba la "baja productividad de la tripulación técnica, respecto del máximo de horas voladas permitido por la regulación vigente" y aclaraba que se trataba de un problema del que la compañía estaba al tanto: "En el plan de negocios 2010/2014, se hizo referencia a que la empresa tiene una de las tasas más bajas de productividad de tripulaciones en el mundo".

"El gasto en personal es importante en cualquier aerolínea. Ahora bien, en el caso de Aerolíneas Argentinas está fuera de cualquier cálculo razonable y está desalineada con las mejores prácticas de la industria", explicó a Chequeado Marcelo Celani, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en el mercado aerocomercial.

Echaron del Ministerio de Agroindustria a 330 contratados

Por Fernando Bertello - LA NACION
Se empezaron a revisar múltiples áreas; sorpresa por la flota de automóviles


Como en otras dependencias oficiales, el Gobierno decidió poner la lupa sobre el Ministerio de Agroindustria. Según pudo saber LA NACION, allí ya fueron desvinculadas 330 personas. Se trata de contratados a los que se les terminó el vínculo laboral, trabajadores que estaban bajo la ley marco de empleo público y, paradójicamente, casos de quienes se presentaron a trabajar el 11 de diciembre (un día después de la asunción de Macri) sin haberlo hecho en los tres años anteriores.

Sin considerar organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a fines de 2015 el Ministerio de Agroindustria contaba con 4200 empleados. Con el recorte realizado se achicó casi 8%. No obstante, el proceso de revisión continúa adelante.

"Es un ministerio que, seguro, podría funcionar con menos gente. Estamos tratando de ser justos y hacemos esto [por las desvinculaciones] con mucha responsabilidad, ya que se trata de gente, pero había muchos contratos políticos, gente que tenía funciones políticas, poco específicas o no venía a trabajar. Hubo quienes empezaron a venir después del 11 de diciembre; aparecieron luego de tres años", señaló una fuente consultada de esa cartera. "El que trabaja se queda sin importar el color político", agregó.

En tanto, una persona a la que se le terminó el contrato dijo que se escucharon quejas por contratos caídos de trabajadores que cumplían funciones de 10 horas en esa dependencia desde hacía años.

Todas las áreas de Agroindustria están en análisis. Entre ellas está la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene entre 1300 y 1500 personas vinculadas. Según trascendió, allí habría muchos contratos políticos provenientes de la gestión que realizó el ex secretario de esa cartera y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. "No estamos en contra de la agricultura familiar, pero queremos que la plata de la agricultura familiar llegue", contaron en el Ministerio de Agroindustria sobre la lupa en esa dependencia.

Entre otras cosas, las autoridades de Agroindustria encontraron un parque automotor sobredimensionado. El ministerio tiene en todo el país 700 vehículos. Muchos son usados por técnicos de las delegaciones, pero se cree que "con la mitad de autos se podría funcionar". Sólo en Buenos Aires hay 70 choferes. De hecho, las autoridades se toparon con muchos más autos que choferes para el organismo en esta ciudad. A todo esto, en una delegación del interior observaron que había ocho camionetas para quince empleados.

Por ello, las autoridades están haciendo un rastreo del parque automotor. La gran mayoría de los 700 autos ya fue localizada, pero no en todos los casos había un registro preciso de quiénes los tenían.

"Autobaja"

Por otra parte, según contó otro informante al tanto de lo que ocurre en esa dependencia, quedó en espera un concurso para 463 cargos que venía de la gestión anterior. 

"Mucha gente pasó la evaluación, pero después no entró y no tuvo más novedades sobre cómo seguía", indicó esa fuente, que había rendido para ocupar un cargo concursado.

En este contexto, según trascendió, también hubo una especie de "autobaja" de gente que estaba vinculada al Ministerio de Agroindustria, pero que no cumplía tareas. Es decir, con el cambio de gobierno, nunca más volvió a su oficina. "En varias áreas se dio el caso de que muchos no aparecieron más por su trabajo; no sabemos aún cuántos", señaló una fuente.

Puerto triguero con más ventas

El 29 del mes pasado partió de Puerto Quequén el buque MV KAMRIN OSLO con destino a Tailandia con una carga de 60.500 toneladas de trigo. Después salió otro vapor con destino a Arabia Saudita con 73.700 toneladas de cebada. Ambos embarques se inscriben en estadísticas que muestran un enero superador tras las medidas del Gobierno para el agro. En rigor, en el primer mes del año Puerto Quequén operó 628.187 toneladas (todos los granos) y superó en 225.000 toneladas lo operado en el mismo período de 2015.

jueves, 4 de febrero de 2016

El Gobierno confirma 6200 desvinculaciones y finaliza los convenios con universidades

El ministro de Modernización, Andrés IbarraPor Mariano Obarrio - LA NACION - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ratificó el rumbo de la revisión de contratos y justificó las cesantías; los casos más insólitos, en Medios y en el Indec


El ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Foto:DyN

El gobierno de Mauricio Macri confirmó ayer que en sus primeros 50 días resolvió 6200 desvinculaciones de contratos temporarios en distintas áreas del Estado. Anunció, además, que decretará esta semana la anulación de los convenios con las universidades nacionales bajo los cuales ya se encontraron 500 contratos irregulares, que podrían ser muchos más.

En medio del conflicto con ATE, que anunció un paro para el próximo 24 por los despidos (ver aparte), trascendió que el Gobierno investiga además 1500 designaciones en el año último en el hospital Posadas. La mayoría de los casos serían militantes de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, informó ayer que Macri firmará hoy o mañana un decreto que "dará por finalizados los convenios con universidades y no permitirá nuevas contrataciones a partir del 1° de marzo sin previa autorización" de su cartera.

Además, obligará a todos los ministerios a informar y justificar sus convenios con universidades hasta el 29 de febrero. En caso de no hacerlo, se anularán esos contratos. Y ordenará a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) "una auditoría sobre los haberes del personal entre octubre y diciembre de 2015".

Hasta ahora se encontraron 500 contratos irregulares de asistencia técnica a universidades y se los dio de baja. Pero sospechan que existen muchos más y se los relevará. Ibarra agregó que congelarán vacantes y se centralizará la administración de la infraestructura tecnológica del Estado.

La no renovación de 6196 contratos se descompone así: Ministerio del Interior, 1342 contratos; Energía y Minería, 942; Agroindustria, 72; Ciencia, 43; Comunicaciones, 485; Cultura, 500; Defensa, 241; Desarrollo Social, 387; Educación y Deportes, 13; Hacienda y Finanzas, 100; Justicia, 524; Modernización, 80; Producción, 22; Medio Ambiente, 103; Cancillería, 32; Salud, 193; Seguridad, 305; Trabajo, 34; Transporte, 71; Turismo, 24; Jefatura de Gabinete, 578, y Secretaría General de la Presidencia, 105.

Hasta el 31 de marzo, dijo Ibarra, continuarán las revisiones de contratos. Existen, precisó, 342.000 empleados de planta permanente, 65.000 contratados y 37.000 entre AFIP, PAMI y Anses. Son 450.000 en total.

"De 65.000 contratados, se revisaron 24.000, de los cuales fueron dados de baja 6200 contratos", dijo Ibarra. "No hablamos de despidos, sino de ordenamiento, producto del sistema heredado. No fuimos los que contratamos mal", subrayó.

"Se van a revisar 11.000 concursos y 46.000 líneas de telefonía celular que tienen empleados del Estado", informó.

Macri firmó otros dos decretos vinculados al empleo público. El 254/2015 disponía la revisión de 24.000 contrataciones y 11.000 concursos entre 2013 y 2015 y el 227/2016 estableció que todas las contrataciones requieren la previa intervención de Modernización.

Según el ministro, se registraron situaciones insólitas: personal que cobraba sueldo y no asistía a su trabajo o que ejercía tareas de militancia o tareas duplicadas con otros empleados.

En el Indec se detectaron 60 contratados con menos de dos horas de trabajo por día. En Justicia, 50 contratados vivían en el interior y no iban al ministerio. En Yacyretá 130 contratados no asistían. En el Senado había 2000 contratados en 2015 y no había espacio ni para 1000. En la Secretaría de Comercio había 130 contratados sin tareas específicas.

En el Instituto Malbrán ingresaron 200 militantes de movimientos sociales sin ir al trabajo y en Fabricaciones Militares, 190; en el Centro Cultural Kirchner, 600 militantes sin roles asignados. En la Secretaría de Medios, 500 contratados convivían en tres oficinas; en Justicia, 500 contratados sin funciones asignadas; en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, 35 contratados sin tareas asignadas. En la Biblioteca Nacional, había 1000 personas con tareas superpuestas.

En lo que era Planificación, había un teléfono para 10 telefonistas; en Jefatura de Gabinete, 10 personas para una sola fotocopiadora, y en Cultura, 30 empleados hacían un resumen de noticias. Son algunos de los ejemplos encontrados.
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