La Triple Frontera, el Acuífero Guaraní y los intereses de Estados Unidos en la región: evolución y ¿cambio de escenario?

Enviado por Joaquín Ferro R. - Análisis GESI

La Triple Frontera constituye el punto geográfico donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coincidiendo con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná.

En esa área se localizan las ciudades de Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), que se encuentran comunicadas entre sí por el puente Tancredo Neves –el cual cruza el río Iguazú y une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú-, y por el Puente de la Amistad, que cruza el río Paraná y une las ciudades de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este.

La Triple Frontera abarca una superficie de unos 2.500 Km2, con una población de aproximadamente 470.000 personas que conforman un notable conglomerado social y cultural donde destacan colonias muy importantes de ciudadanos alemanes, chinos, coreanos y árabes. En concreto cabe resaltar la numerosa presencia de ciudadanos de origen libanés que comenzaron a llegar a la Triple Frontera en la década de 1980 escapando de la guerra civil libanesa, y atraídos por las elevadas expectativas comerciales que ofrecía el área transfronteriza.

Este conglomerado social y cultural, sumado a la porosidad fronteriza, el escaso control estatal, la elevada afluencia de turistas y la propia disposición geográfica de la zona posibilitan que la actividad económica de la Triple Frontera se caracterice por ser altamente informal. El desarrollo comercial en toda el área es muy elevado, pero se basa en la venta ambulante o directa, en la misma calle -de bienes de todo tipo-, lo que dificulta enormemente su control y fiscalización, y facilita enormemente el contrabando. De hecho, la Triple Frontera es conocida por la elevada cantidad de actividades ilegales que en ella se registran. El tráfico de drogas y de armas, la trata de blancas, la falsificación de documentos, la piratería informática, la compraventa de coches robados y el lavado de dinero son algunas de las actividades que más preocupación generan entre las autoridades.

¿Actividades terroristas?

La presencia de terrorismo en la Triple Frontera es otra de las actividades ilegales que se han venido estudiando desde hace tiempo. Los primeros indicios de la presencia de grupos terroristas en esta zona datan de comienzos de los 90 a raíz de dos atentados concretos, acaecidos ambos en Buenos Aires, con relaciones con la Triple Frontera. En 1992 se produjo un ataque suicida contra la embajada israelí en Argentina que dejó una cifra de 29 muertos, mientras que dos años más tarde, en 1994, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) fue objeto de otro atentado que se saldó con 85 fallecidos.

La justicia argentina ha señalado a Hezbollah, con el apoyo específico de Irán, como responsables directos de ambos atentados, pidiendo infructuosamente la extradición de ciudadanos iraníes (incluyendo al ex presidente iraní Rafsanjani o a Soleimanpour, ex embajador en Buenos Aires), así como de miembros del grupo libanés. Cabe señalar, sin embargo, que este proceso se ha visto enturbiado en repetidas ocasiones por actos de destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia que han devenido en el procesamiento, entre otros, del juez Galeano (responsable del procedimiento por el AMIA), así como del propio Carlos Menem, ex presidente argentino, por encubrir la participación de un acusado de origen sirio.

Las sospechas de que la zona de la Triple Frontera alberga células dormidas de grupos islamistas radicales se intensificaron, sin embargo, a raíz de los atentados del 11-S y han seguido sonando con fuerza, sobre todo, hasta finales de la primera década de este siglo. Tras el inicio de la “guerra global contra el terror” que lanzó la administración Bush, hubo autores como la reputada Jessica Stern que situaron la Triple Frontera entre las zonas con más posibilidades de albergar terrorismo yihadista y que más riesgo entrañaban para la seguridad estadounidense. No obstante, esas afirmaciones tan rotundas no han encontrado nunca soporte fáctico adecuado. La existencia de terrorismo en la zona ha sido un tema muy discutido sobre el que normalmente se han realizado ejercicios retóricos con escaso fundamento, atendiendo a intereses enfrentados.

Y es que a pesar del interés y la preocupación mostrados por Estados Unidos, es un hecho admitido por ellos mismos que en la actualidad no hay pruebas que apoyen la teoría de que en la Triple Frontera hay células terroristas activas pertenecientes a grupos islamistas, ya sean Al Qaeda, Hezbollah, Hamas o cualquier otro. Lo mismo podría decirse en cuanto al hecho de que la zona sirva como campo de entrenamiento para islamistas radicales.

Al contrario, la mayoría de documentos procedentes de fuentes estadounidenses sitúan la amenaza en la financiación del terrorismo y concretamente la vinculan a la rama armada de Hezbollah. Las fuentes disponibles señalan algunas de las actividades ilegales corrientes en la zona, descritas anteriormente, como método habitual de financiación del grupo libanés. A favor de este argumento juega la presencia de la nada desdeñable colonia libanesa que habita en la zona y las periódicas detenciones que año a año se vienen produciendo (sobre todo en la paraguaya Ciudad del Este) sobre ciudadanos de esta ascendencia, precisamente acusándolos financiar a la organización mediante actividades ilegales.

En este sentido, la operación Barakat fue la más sonada, ya que la policía paraguaya detuvo a Assad Barakat por evasión de impuestos a través de una red de comercios situados en un centro comercial de Ciudad del Este. El dinero evadido era presuntamente enviado a Líbano para financiar a Hezbollah, de quien Barakat sería el tesorero en la Triple Frontera, lo cual suponía una verdadera inyección económica debido a que estas actividades se venían realizando desde hace bastantes años. Concretamente, según el U.S. Naval War College, Hezbollah obtendría una cantidad aproximada a los 10 millones de dólares anuales de las actividades ilegales realizadas en la Triple Frontera. Sin embargo, no son pocas las fuentes latinoamericanas que acusan de falta de rigor a las voces estadounidenses que esgrimen este tipo de argumentos, debido a las escasas y débiles pruebas en las que se basan.

Sea como fuere, la seguridad y la lucha contra el terrorismo en la zona se ha marcado como una prioridad por parte de los tres países afectados así como por Estados Unidos Desde 2002, estos cuatro Estados abordan la evolución de la Triple Frontera en unas cumbres conocidas como Grupo 3 + 1. El objetivo de las mismas es fomentar la mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en el área triplefronteriza. Producto de las reuniones ha sido la intensificación de los controles estatales a todos los niveles, sobre todo los realizados por Brasil y Argentina, aunque estos no están muy bien vistos por los propios gobiernos ya que tienen efectos negativos en la actividad económica de la región, que como hemos visto se caracteriza por su informalidad.

El Acuífero Guaraní

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es una gigantesca reserva subterránea de agua dulce que se extiende bajo territorio de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Su extensión es de 1.200.000 Km² aproximadamente, distribuidos la mayor parte entre Brasil (840.000 Km²) y Argentina (225.000 Km²), correspondiendo en menor medida a Paraguay (70.000 Km²) y Uruguay (45.000 Km²).

Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante.

De acuerdo con el mismo informe, en total, en la región sobre la que se extiende el SAG habitan unos 15 millones de habitantes divididos entre los cuatro países, que se abastecen de sus aguas para uso urbano, industrial y agrícola, sobre todo en Brasil, donde unas 300 ciudades beben del acuífero. Además, el SAG cuenta con varios puntos de recarga, lugares donde el agua se renueva, coincidiendo uno de los más importantes con la zona que nos ocupa, la Triple Frontera.

Debido a su enorme potencial, el SAG ha llamado la atención de los países abarcados por el acuífero, así como de terceros. El interés fundamental radicaba en llevar a cabo un estudio que revelara las condiciones y características exactas del sistema, para a raíz de ello, establecer una legislación conjunta que fomentara su explotación de forma eficiente y sostenible. Para ello, los cuatro Estados elaboraron el "Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní", que tenía un presupuesto de 27 millones de dólares, y que era cofinanciado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), actuando el Banco Mundial como operador del fondo y la Organización de Estados Americanos (OEA) como agencia ejecutora. Además, el Proyecto contaba con aportación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la Vigilancia Geológica Germana (BGR) y el Programa Asociado del Agua de los Países Bajos (BNWPP).

Sin embargo, las diferencias que surgieron entre Argentina y Uruguay debido a la instauración, por parte del segundo, de dos plantas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, que separa ambos países, provocaron que el Proyecto fuera abandonado en 2009, cuando sólo se había finalizado la primera fase relativa al estudio científico. No se llegó por tanto a ningún acuerdo sobre el marco jurídico a establecer con respecto al acuífero y este vacío legal trató de ser llenado en 2010 mediante un Acuerdo sobre el SAG firmado entre los cuatro países, auspiciado por el Mercosur. No obstante, este acuerdo había de ser ratificado parlamentariamente por cada uno de los Estados, fallando Paraguay en este aspecto al argumentar que el Acuerdo vulneraba en su articulado la soberanía paraguaya sobre sus propios recursos al establecer la negociación conjunta de acciones que afecten a más de un Estado de los que albergan el acuífero. Tras esta negativa puede haber también otro tipo de razones, que algunas fuentes atribuyen al resentimiento paraguayo con Uruguay debido al empuje de éstos para suspender a Paraguay en el Mercosur tras el juicio político a Fernando Lugo.

De este modo, actualmente el SAG no cuenta con regulación internacional o regional alguna, quedando su administración y explotación en manos de cada país, lo que puede originar un uso indiscriminado y poco eficiente de sus aguas y la contaminación de las mismas.

Intereses estadounidenses en la zona

Como más arriba se ha indicado, Estados Unidos ha mostrado un gran interés en la Triple Frontera durante la pasada década, sobre todo a raíz de los atentados del 11-S. Reiteradamente, distintos organismos estadounidenses han alertado de la existencia de terrorismo, o de la financiación del mismo, en la zona de la Triple Frontera, aun sin aportar pruebas incontestables sobre estas acusaciones.

Por ello, desde Latinoamérica se ha venido defendiendo que el discurso antiterrorista estadounidense respondía en realidad a la necesidad de este país de ganar presencia (militar o diplomática) en la zona para dar cobertura a otro tipo de intereses, a la sazón, los siguientes:

• Asegurar el flujo de hidrocarburos de los países exportadores de la región, sobre todo de Bolivia
• Mantener bajo control el conflicto colombiano, la actividad de las FARC y el narcotráfico
• Contrarrestar la creciente doctrina anti-estadounidense que se instauraba en América del Sur, sobre todo a raíz de la inclusión de la Venezuela chavista en el Mercosur, de las crecientes relaciones comerciales y diplomáticas de los países bolivarianos (y no bolivarianos) con Irán, y de la pujante inversión china en la región. Es aquí donde el Grupo 3 + 1 cobraría una importancia significativa al suponer un foro político propicio para que Estados Unidos extendiera su influencia.
• Tener un acceso privilegiado a la biodiversidad que proporciona la Amazonia con fines investigativos para su uso farmacológico
• Suplir sus carencias de agua dulce explotando el Acuífero Guaraní

De entre estos, el que más atención ha suscitado ha sido el último. Debido a su enorme potencial, se ha sugerido que el SAG es un codiciado objeto de deseo para Estados Unidos, cuyas reservas de agua dulce se encuentran en unas no muy halagüeñas condiciones. La mayor preocupación en este aspecto venía de la combinación de dos factores. En primer lugar, del ya citado Proyecto de Sostenibilidad del SAG, coordinado por el Banco Mundial, institución sobre la cual se sembraba la duda de si emplearía la información privilegiada que le reportaran los informes del Proyecto para fomentar la privatización y las concesiones a multinacionales de la explotación del agua. Este razonamiento se combinaba con un segundo elemento: las negociaciones sobre la instauración del ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas, tratado con el que Estados Unidos pretendía conectar a todos los países del continente americano y crear un área de “libre comercio”, eliminando progresivamente los aranceles. Esto les permitiría importar el agua del SAG libremente, quedando únicamente sujetos a la legislación del propio ALCA.

Cambio de escenario y situación actual

En la actualidad, y desde comienzos de la presente década, las noticias que nos llegan sobre la Triple Frontera o el SAG son menos. Esto podría deberse, en parte, a los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos tiempos a nivel global, que podrían aventurar un cambio de percepción por parte de Estados Unidos Si consideramos como válidos los objetivos anteriormente expuestos, que motivarían en gran medida la presión que desde Norteamérica se ejerce sobre el Cono Sur, nos daremos cuenta de que el escenario puede haberse visto modificado últimamente, alterando por tanto los pasos a dar desde Estados Unidos

Por un lado, los informes de los últimos dos años de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anuncian que Estados Unidos se convertirá en un país energéticamente autosuficiente y exportador neto de hidrocarburos a partir de 2015, gracias a la revolución del fracking. Muchos análisis han asegurado que ello les permitirá relajar la presión en Oriente Medio para centrarse en Asia-Pacífico. De la misma forma, este logro podría motivar una pérdida de interés a corto plazo sobre los hidrocarburos latinoamericanos, que constituían el primer punto de interés en la región.

Por otro lado, en las últimas fechas el gobierno de Juan Manuel Santos se encuentra en Cuba negociando un proceso de paz con las FARC que incluiría la posibilidad de incluir a la guerrilla en el elenco político una vez que entreguen las armas. Este proceso de paz traería consecuencias asimismo para el narcotráfico colombiano, que históricamente ha financiado a la guerrilla. Por ende, una resolución del conflicto podría afectar a los intereses estadounidenses en la zona y hacer prescindibles ciertos esfuerzos en la misma.

En cuanto a la doctrina anti-estadounidense, desde Washington han visto cómo desaparecían dos auténticos quebraderos de cabeza en un breve espacio de tiempo y que estaban personificados en las figuras de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Cabe señalar que ésta era una batalla retórica en el que la figura del líder instigador era clave y, por tanto, la desaparición de dos figuras tan carismáticas como las de los citados personajes sin duda allana el camino a Estados Unidos Es más, el acuerdo en materia nuclear al que acaba de llegar el Grupo 5 + 1 con Irán, podría tener efectos positivos para Estados Unidos en la América Latina, ya que no solo Ahmadineyad ha sido sustituido por el moderado Rohani, sino que un acuerdo de esta envergadura podría favorecer la imagen de Estados Unidos entre los países del Sur, que con el relajamiento de las sanciones económicas tendrán más fácil establecer relaciones comerciales con el país persa.

Por último, en lo tocante al SAG, los dos elementos que inspiraban el temor por el “saqueo” del agua del acuífero están muertos a día de hoy. Por una parte, ya hemos mencionado cómo el Proyecto del Banco Mundial se abandonó por las discrepancias entre Uruguay y Argentina. Por otro lado, las negociaciones sobre el ALCA llevan varios años congeladas y hoy día la viabilidad de semejante acuerdo parece reducida. Es por ello que, de ser ciertas las acusaciones al respecto, el plan principal de Estados Unidos para llegar a las reservas del SAG parece haber fracasado.

Consideraciones finales

En este análisis hemos prestado atención al cruce de informaciones contradictorias, datos sin contrastar y acusaciones que durante más de una década se han vertido sobre la Triple Frontera y el SAG . Además, hemos visto cómo los últimos acontecimientos podrían afectar a los intereses estadounidenses en la zona y provocar un cambio de escenario que presumiblemente haga que Estados Unidos disminuya la presión sobre dicha zona.

Sin embargo, a pesar de este cambio de tendencias, consideramos que la zona de la Triple Frontera continúa siendo un punto de importancia geoestratégica clave del que presumiblemente Estados Unidos no se desentenderá tan fácilmente, pues sigue siendo una puerta óptima hacia los asuntos del Cono Sur, a través de la cual podría contrarrestar la creciente influencia china en la región. Además, pese a que tanto el Proyecto del SAG como el ALCA fracasaron, la acuciante necesidad de agua que presenta Estados Unidos le hará estar atento al Acuífero Guaraní para saciar lo que, pronto que tarde, devendrá en una prioridad geoestratégica para ellos.

Estos dos elementos -la creciente presencia china en Latinoamérica y la necesidad de agua dulce estadounidense- son dos factores que permanecen estables en el panorama de la región, y ambos tienen un peso geoestratégico muy importante en el futuro de Estados Unidos Es por ello que, a pesar de que el escenario pueda verse alterado a raíz de los últimos acontecimientos, es posible que Estados Unidos persista en su intento de ganar influencia en la zona de una u otra manera, siendo la Triple Frontera una de sus mejores bazas.

Joaquín Ferro es ayudante de investigación de GESI y Máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional por la Universidad de Granada.

Editado por: Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). Lugar de edición: Granada (España). ISSN: 2340-8421.

Fuente: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-triple-frontera-el-acu%C3%ADfero-guaran%C3%AD-y-los-intereses-de-estados-unidos-en-la-regi%C3%B3n

Incertidumbre en el límite territorial con Bolivia

Editorial II del diario La Nación

Se ha presentado en el Congreso un proyecto para crear una comisión especial que investigue el desplazamiento de un hito fronterizo en Salta

Como se ha informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio argentino.

A raíz de estos graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y publicadas por el diario El Tribuno, de Salta.

Según da cuenta el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia "está determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925", algo que parece desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo acordado ni brindado la justificación legal pertinente.

Ante la gravedad de lo acontecido, el proyecto ha propuesto que la comisión por crearse sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la Cámara", y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes serán elegidos por la mayoría de los votos.

Entre las facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta notarial.

La iniciativa legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de "acallar, amedrentar -cosa que ya ha sucedido- o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado". Entre otras potestades, se reserva asimismo la facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional.

La iniciativa es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido..

Londres, tajante, rechaza la mano tendida de Margallo y sólo admite hablar de pesca

Por abc.es / epabc_es / londres

Se muestra cerrado a toda conversación sobre el Peñón, la soberanía de Gibraltar y la tasa que quiere implantar España en la Verja

Reino Unido ha rechazado este martes la propuesta formulada por el Gobierno español de mantener conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar y ha defendido que en todo caso debería haber un diálogo entre España y el Peñón sobre asuntos pesqueros.

En un artículo en el "Wall Street Journal" bajo el título "Tenemos que hablar de Gibraltar", el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha pedido a Reino Unido que, de cara a la posible reanudación del diálogo sobre Gibraltar, "demuestre" que tiene intención de "deshacer el daño causado" y ha citado como primer y "necesario" paso que retire los bloques de hormigón arrojados al mar.

Asimismo, ha defendido que "el diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales". "España está preparada para reiniciar este diálogo. Estamos dispuestos a aceptar la creación de foros "ad hoc" en los que otras autoridades, como el Gobierno de Gibraltar y la Junta de Andalucía, puedan participar para tratar áreas en las que tengan competencias", ha sugerido Margallo. Sin embargo, una portavoz del Gobierno de David Cameron ha dejado claro que Londres no está dispuesto a entablar ninguna conversación sobre el asunto.

«La soberanía está clara en nuestras mentes»

"La soberanía está clara en nuestras mentes", ha defendido, subrayando que las únicas conversaciones que Reino Unido podría contemplar serían entre España y Gibraltar sobre las prácticas pesqueras pero no sobre la soberanía o el control de las aguas de pesca del Peñón. "Debería haber algún tipo de diálogo sobre la pesca", ha insistido la portavoz de Cameron, "pero este no sería sobre quién es responsable de las aguas, ya que eso está claro".

Uso político de la venta de tierras a extranjeros

(Editorial del diario La Nación) - Con más demagogia e ideología que criterios fundados, el Gobierno celebra haber cercenado otro derecho reconocido por nuestra Constitución

La inmadurez es un signo de la política nacional de estos tiempos. Se manifiesta como en ningún otro lugar en el elenco gubernamental, pero se hace también un espacio en los partidos de oposición. Lo prueban los ecos suscitados por el relevamiento catastral y dominial de tierras fiscales dispuesto en aplicación de la ley sancionada con el voto favorable del oficialismo y sus aliados, en 2011.

A pesar de que el gobierno nacional ha tomado por hábito falsificar las estadísticas oficiales, se ha dado crédito a la información del Ministerio de Justicia por la que se ha acreditado el grave error de las presunciones de que podía haber en manos extranjeras mucha más tierra de la que realmente existe en esas condiciones. Sólo el 5,93 por ciento, o sea, 15.881.069 hectáreas sobre un total de 267.679.474 hectáreas que integran el territorio nacional, se encuentra en posesión de individuos y personas jurídicas de otras nacionalidades. A la cabeza de estos últimos están los norteamericanos, con 3.042.680 hectáreas; les siguen los italianos, con 2.310.384 hectáreas, y los españoles, con 2.135.340.

Quedó demostrado así que la limitación establecida por la ley de tierras de que los extranjeros tengan como límite el 15 por ciento sobre el total de la superficie territorial para acceder a su titularidad y posesión, está lejos de haberse alcanzado. Esto se ha celebrado con olvido total de que la Argentina cobró su enérgico impulso desarrollista con la Organización Constitucional de 1853

En la del 60, cuyo artículo 20, aun por fortuna en vigor, comienza diciendo: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes".

La liberalidad de ese enunciado marcó rumbos en el derecho constitucional comparado del siglo XIX y explicó el vertiginoso crecimiento de este país, que en 1910 -en el Centenario? generaba un cincuenta por cierto de riqueza por encima del resto de las economías de América latina. Hoy, muchos políticos, encabezados por quienes han situado con sus hazañas a la Argentina entre los países más corruptos, regulados e inseguros, y con tasas descomunales de tributación fiscal y despilfarro en el gasto público, baten gozosos el parche para que no haya más tierras en manos extranjeras.

¿En nombre de qué superstición "nacional y popular", de la que ha pretendido apropiarse el controvertido jefe del Ejército con ignorancia de lo que significan las fuerzas armadas facciosas, se acuerda tal importancia a un asunto al que los fundadores de la República relegaron en aras de intereses superiores?

¿O es que más extranjeros con posesión y usufructo de tierras no pagarían impuestos, renunciarían a la tecnología que multiplica los índices de productividad, o estarían, por la sola condición foránea, al margen de impulsar con su trabajo y capitales el progreso genuino, y no el camuflado de una pesadísima burocracia estatal? ¿O perturbarían, por si fuera poco, el orden público sin el cual son inconcebibles las sociedades razonablemente organizadas?

Es llamativa la cháchara oficialista sobre materias como ésa cuando las fronteras del país son coladores por los que penetran, sin salvaguardia alguna para los argentinos, gentes de las que no se toma nota sobre sus antecedentes en el país de origen y vienen, en general, a hacinarse en las grandes urbes, agravando así los índices de marginación, pobreza y de carencias sanitarias. Y, sin embargo, esas mismas gentes, según encuestas de las Naciones Unidas, terminan haciendo más esfuerzos que las familias vernáculas para que sus hijos reciban una educación que los prepare para la vida. Lograr de ese modo que la prole responda, por su parte, con mejores calificaciones que los chicos de nacionalidad argentina en las escuelas de estamentos bajos de la sociedad. Gran lección la de aquellos extranjeros, procedentes de países de la región, a los que se suele mirar con recelo.

En momentos en que parece abrirse en el comercio internacional un ciclo descendente de precios agrícolas, y para las materias primas en general, el oficialismo, ávido por hacer negocios políticos de todo tipo con la tierra, está llegando esta vez tarde para sus oscuros propósitos. Ha hecho perder al país una década malgastando lo que expolió del campo y sólo le queda el gesto demagógico de exaltar que sólo en cinco provincias -Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca y Salta- el porcentaje de tierras en manos de extranjeros supera el 10%, aunque sin quebrantar el límite del 15%. Aun pasando por alto que en más de uno de esos cinco casos los porcentajes se deben a la participación de actividades mineras en suelos en que no crece nada, ¿están peor, o no, tales provincias por el dato de que haya más tierras trabajadas por capitales extranjeros?

Como ya hemos dicho desde estas columnas, si lo que preocupara realmente son los recursos naturales argentinos, debería legislarse con más seriedad sobre su utilización. A la luz de la ley de tierras, contraria a preceptos clarísimos de nuestra Constitución, uno podría sospechar si lo que se busca en un futuro es aplicar este tipo de esquemas a emprendimientos de carácter industrial o comercial bajo el pretexto de que generan un beneficio colectivo o que su propiedad en manos de extranjeros representa un peligro para nuestra soberanía.

Se ufana el Gobierno de lo que en realidad es otro freno a la inversión extranjera en tierras justo cuando, en contradicción con una política de invocación nacionalista con la cual alardeaba hasta ayer mismo, ha firmado por el yacimiento de Vaca Muerta un contrato con cláusulas secretas. Y más aun: ha renunciado a la jurisdicción de los tribunales argentinos con la empresa que en términos históricos mejor simbolizaba la estrofa partidaria de "combatiendo al capital". Se ufana de lo que por sí ha de imponer, sin necesidad de ley alguna, la cruda realidad económica si las actividades agropecuarias pierden en el porvenir inmediato interés como consecuencia de la suma de los costos internos que vienen creciendo de forma desmesurada y siguen bajando, al mismo tiempo, los precios internacionales.

Así las cosas, con el cierre de un ciclo histórico que el kirchnerismo aprovechó para sus réditos políticos inmediatos, pero no para relanzar al país hacia una era de desarrollo sostenido, el Gobierno apenas será en adelante un perro del hortelano. A los inevitables padecimientos propios por torpeza de carácter no podrá ya conjugarlos a costa de una sociedad productiva a la que impidió aprovechar uno de los giros cíclicos más afortunados para la Argentina que se hayan conocido en los últimos cien años.

Cuando se llega a ese punto, resulta infantil argumentar a favor o en contra de si los extranjeros no pueden tener en sus manos, como indica la ley de tierras, más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o, en otras partes" el "equivalente", como si fuera, además, posible una ecuación matemática de esa naturaleza.

Es hora de que los argentinos impongamos a nuestros mandatarios la necesidad de despojarse de perimidas ideologías y abstracciones disparatadas y fomentar, como lo hicieron los constituyentes de 1853.

Ley 26.875: Créase el Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood

Ley 26.875
Créase el Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Objetivos. Sancionada: Julio 3 de 2013 Promulgada: Agosto 1 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

CAPITULO I - Constitución del Area Marina Protegida

ARTICULO 1° — Objeto. Créase el Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
ARTICULO 2° — Ambito de aplicación. El Area Marina Protegida tendrá como límite externo la isobata de 200 mts. de profundidad coincidente con la Cartografía Oficial, en el área identificada como Banco Burdwood en el ámbito de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 1a) y 1b) ii y iii, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada por ley 24.543.
ARTICULO 3° — Objetivos. Son objetivos de la presente ley: a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y gestión sostenible de la biodiversidad de los fondos marinos; b) Promover el manejo sostenible, ambiental y económico de los ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un área demostrativa; c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos del cambio global.
ARTICULO 4° — Zonificación. El Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood estará integrada por tres zonas: a) “Zona Núcleo” delimitada por las coordenadas 54º 30’ S, 60º 30’ O; 54º 30’ S, 59º 30’ O; 54º 15’ S, 60º 30’ O, 54º 15’ S, 59º 30’ O; b) “Zona de Amortiguación” delimitada por el límite de la Zona Núcleo y las coordenadas 54º 00’ S, 59º 00’ O; 54º 00’ S, 61º 00’ O; 54º 35’ S, 59º 00’ O; 54º 35’ S, 61º 00’ O, y c) “Zona de Transición” delimitada por los límites externos de la Zona de Amortiguación y la Isobata de los 200 metros de profundidad definida en la Cartografía Oficial.
ARTICULO 5° — Definiciones. A los fines de la presente ley, se entiende por: “Zona Núcleo”: el área que contiene una porción representativa de la biodiversidad de los fondos marinos del Banco Burdwood, que por sus características ecológicas y vulnerabilidad ambiental requiere medidas de protección estricta. Las únicas actividades permitidas dentro de la “Zona Núcleo” serán las necesarias para su control y fiscalización. “Zona de Amortiguación”: el espacio debidamente delimitado que rodea la zona núcleo y donde se podrán desarrollar actividades de investigación científica y exploración de recursos naturales que aporten al conocimiento sobre la biodiversidad marina, experiencias de manejo sostenible de sus recursos naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos del cambio global sobre la estructura del medio marino. Las actividades referidas deberán ser contempladas en el Plan de Manejo y ser autorizadas por la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24922 (Régimen Federal de Pesca). “Zona de Transición”: la zona externa del Area Protegida donde se podrán desarrollar actividades productivas y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24922 (Régimen Federal de Pesca).

CAPITULO II - Autoridades 

ARTICULO 6° — Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTICULO 7° — Consejo de Administración. Créase el Consejo de Administración del Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
ARTICULO 8° — Conformación del Consejo de Administración. El Consejo de Administración será presidido por la autoridad de aplicación y estará conformado por un representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), un representante de la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Seguridad y un representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, en caso que esta aceptare la invitación a integrar el Consejo, de acuerdo al artículo 15 de la presente. El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento y será asistido por una Secretaría Técnica.
ARTICULO 9° — Funciones del Consejo de Administración. Serán funciones del Consejo de Administración como asistente de la autoridad de aplicación: a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan de Manejo del Area Marina Protegida; b) Identificar fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades productivas o extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un Informe Anual sobre los avances realizados en el cumplimiento de las metas del Plan de Manejo del Area, para ser elevado por la autoridad de aplicación al Congreso Nacional.
ARTICULO 10. — Secretaría Técnica. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros el organismo que tendrá a su cargo las funciones de Secretaría Técnica.

CAPITULO III - Plan de Manejo del Area Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood

ARTICULO 11. — Plan de Manejo. Se entiende por Plan de Manejo un conjunto de medidas e instrumentos y sanciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los objetivos del Area Protegida, como la caracterización física, biológica, geológica y oceanográfica, y temáticas para la investigación y monitoreo.

CAPITULO IV - Infracciones y sanciones
ARTICULO 12. — Infracciones y sanciones. En caso de violación a las normas establecidas en el Plan de Manejo, la autoridad de aplicación dará intervención a las autoridades competentes.

CAPITULO V - Financiamiento
ARTICULO 13. — Recursos Financieros. El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas presupuestarias requeridas para el cumplimiento de las acciones planificadas en el marco del Plan de Manejo del Area.
ARTICULO 14. — Cartografía. El Poder Ejecutivo elaborará la cartografía requerida para la aplicación de la presente ley.
ARTICULO 15. — Invitación. El Poder Ejecutivo nacional invitará a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a designar un representante que integrará el Consejo de Administración creado en el artículo 7° de la presente ley.
ARTICULO 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.875 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

Activos naturales: los extranjeros ahora podrán comprar otro 7% de tierras en el país

Por Gonzalo Sánchez - Diario Clarin
Es porque se terminó el inventario que exigía la ley de tierras. Equivale a la superficie de más de tres provincias.

Mapa. La superficie en venta.

Lejos del tono populista y de la pompa con que se anunció la sanción de la ley de tierras a fines de 2011, el Gobierno terminó en febrero el inventario nacional de tierras rurales, una herramienta que exigía la misma norma para poder ser aplicada. Se trató de un censo cuyo resultado, ahora, permite saber cuánto suelo hay en poder de extranjeros y cuánto es lo que todavía puede ser vendido a inversores foráneos, con activos naturales incluidos.

Clarín accedió a los detalles del conteo, aún no oficializado. La Argentina tiene una superficie de 270 millones de hectáreas. Según el relevamiento, el 8% –21 millones aproximadamente– se encuentra en manos de titulares de otras nacionalidades. Y un 7% restante –20 millones o el equivalente a todo Paraguay o el Reino Unido – ya puede ser vendido a inversores de todo el mundo porque la misma ley así lo permite.

La ley 26.737 llegó al Congreso por pedido mismo de Cristina después de que, durante muchísimos años, diferentes organizaciones civiles exigieran al Estado una normativa que pusiera límites a las compras forasteras; y que permitiera discutir el uso de los suelos en el país, la concentración en pocas manos, la protección de los recursos naturales y la distribución y el acceso a la tierra para vivienda. Pero la norma, finalmente, sólo se limitó a establecer límites, o pautas, para las compras foráneas, algo señalado como válido pero insuficiente por los críticos de la ley.

El espíritu de la reglamentación quedó definido en su artículo 8, donde se establece que no podrá pertenecer a extranjeros más del 15% del territorio nacional. Es decir que frente a un 8% extranjerizado, lo que puede venderse ahora es casi la misma cantidad de tierras que hasta ahora se vendió.

“El 28 de febrero terminó el relevamiento de tierras rurales que habilita al Registro Nacional de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley) a evaluar los pedidos de emisión de ‘Certificados de Habilitación’ para la adquisición de tierras rurales. Respecto de este punto, se nos informó que no se ha alcanzado el límite del 15% y que la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros ronda el 8%”, confirmó a Clarín Pablo González del Solar, director en el área de Tax & Legal de PwC Argentina, asesor del inventario.
Se entiende por tierra rural a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización.

El RNTR, dependiente del Ministerio de Justicia y organismo que centralizó el inventario, relevó todas las tierras rurales del país, con excepción de Ciudad de Buenos Aires (que no las tiene) y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. “El inventario –explicó Del Solar– se hizo consultando registros de la propiedad inmueble de cada provincia, la dirección de personas jurídicas y los catastros provinciales. Las ventas a extranjeros estuvieron suspendidas mientras se hacía el inventario, asique todo indica que se reactivaría un sector fuerte inmobiliario”.

La información puede ser auspiciosa para un mercado de bienes raíces paralizado. Pero es también la contracara de los reclamos por la tierra encarnados en comunidades indígenas de todo el país. Desde hace tiempo, referentes de pueblos originarios exigen por un censo de territorios indígenas inconcluso. Peor aún: hace un año, Clarín reveló un informe de la Auditoría General de la Nación que señalaba que se habían gastado más de 24 millones de pesos en ese censo y que sólo se había hecho el 4% .

La ley de tierras limita las compras foráneas, pero no habla sobre comunidades ni protección de ríos, lagos, montañas. Su espíritu, por lo tanto, parece netamente inmobiliario. “Lo anticipamos en el Congreso: esta ley estaba lejos de cumplir lo que proclamaba y venía a legitimar la enorme extranjerización de los últimos años”, explica el titular de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale, y finaliza: “El lado más perverso de estas normas es que, una vez sancionada, el Gobierno Nacional clausura el debate, lo que evita llegar a una real solución de fondo”.

En tres décadas, se independizaron 31 países

(Infobae.com) - Naciones de Asia Central, el Cáribe y Europa -sobre todo en el Este por el fin de la Unión Sovietica- consiguieron su libertad tras años de lucha por vías diplomáticas o violentas

San Cristóbal y Nieves
Es el país más joven, más pequeño y menos poblado del continente americano. Las dos islas fueron descubiertas para los europeos por Cristóbal Colón, que les dio su nombre en castellano. Consiguió su independencia el 19 de septiembre de 1983.

Antigua y Barbuda
Fue colonia británica desde 1636 tras la llegada de católicos irlandeses al lugar. En la década de 1960, comenzó cierto autogobierno y se transformó en un Estado Libre Asociado a mediados de los setenta. Entre 1981 y 1982 se independizó del Reino Unido.

Namibia
Su territorio actual se configura a finales del siglo XIX como colonia alemana. Tras la primera Guerra Mundial, Alemania pierde todas sus colonias; la Sociedad de Naciones le otorga un mandato a Sudáfrica para administrar el territorio, pero el Gobierno sudafricano procede directamente a la anexión del territorio y su ocupación militar. Tras la II Guerra Mundial, la ONU declaró ilegal la ocupación e instó a Sudáfrica a acabar con esta, pero no hizo caso. En los años 60 apareció la Swapo, una guerrilla independentista y durante un cuarto de siglo se dieron los enfrentamientos, hasta que en 1988 se firmó un acuerdo de paz que permitiría elecciones libres primero y la independencia un año después.

Lituania
Fue la primera república en abandonar la Unión Soviética. En 1986 crece un fuerte movimiento independentista, cuyo punto culminante fue la llamada Cadena Báltica, una cadena humana formada por más de dos millones de personas entre Tallín y Vilna, a lo largo de 600 kilómetros. Ese movimiento llevaría al parlamento a declarar la restauración de la independencia en marzo de 1990. Esto no sería admitido por Moscú y fuerzas armadas intentaron tomar el control de la pequeña república en enero de 1991. Moscú fracasó y el costo de la intervención fue la vida de 13 manifestantes desarmados en Vilna.

Letonia
Similar al caso de Lituania, el parlamento letón proclamó la restauración de la Independencia en mayo de 1990, con un período de transición que concluiría abruptamente en agosto del 91, cuando el golpe de Estado contra Gorbachov provocó el hundimiento definitivo de la Unión Soviética.

Eslovenia
Tras la muerte, en 1980, del mariscal Tito, líder de Yugoslavia, las tensiones étnicas y políticas en la Federación yugoslava, contenidas durante muchos años, salieron a la superficie de modo cada vez más agresivo; y la política centralizadora y pro-serbia de Slobodan Milosevic también contribuyó. En abril de 1990 se celebraron elecciones libres en Eslovenia, seguidas en diciembre de ese año por un referendo por la Independencia, resuelto con un aplastante 88% de los votos a favor. El 25 de junio de 1991 Eslovenia proclamó su independencia.

Georgia
Desde la caída del Muro de Berlín, fue incomoda la situación del país dentro de la Unión Soviética. El pueblo presionó, con manifestaciones y huelgas, y llevó al gobierno de Georgia a convocar a elecciones multipartidistas en octubre de 1990 y venció al nacionalismo georgiano. El 31 de marzo de 1991 el pedido de independencia ganó con un 98,9% de los votos y 9 días más tarde se proclamó la libertad. En esa fecha se cumplían dos años de la tragedia de Tiflis, en la que una manifestación antisoviética fue dispersada por el Ejército.

Otras naciones
Negara Brunei Darussalam: 1984.
Micronesia: 1986.
Islas Marshall: 1986.
Croacia: 1991.
Estonia: 1991.
Ucrania: 1991.
Bielorrusia: 1991.
Moldavia: 1991.
Kirguistán: 1991.
Uzbekistán: 1991.
Macedonia: 1991.
Tayikistán: 1991.
Armenia: 1991.
Azerbaiyán: 1991.
Turkmenistán: 1991.
Kazajistán: 1991.
Bosnia y Herzegovina: 1992.
Eslovaquia: 1993.
Eritrea: 1993.
Palaos: 1994.
Timor Oriental: 2002.
Montenegro: 2006.
Kosovo: 2008.
Sudán del Sur: 2011.

Investigación: pese a la nueva ley de Tierras, se multiplican las ofertas de espacios en reservas naturales y parques nacionales

Por Patricio Eleisegui -iProfesional.com
Tras un profundo relevamiento, iProfesional.com dio con espacios protegidos que se ofrecen a precios irrisorios en el mercado inmobiliario. En el menú de opciones, se incluyen lotes con glaciares dentro de la propiedad. El remate de la Península de Valdés. Casos para la polémica

Todo tiene un precio, parece ser la consigna. Todo se puede comprar, muestra la realidad. En instancias en las que acaba de aprobarse un marco que regula en la Argentina la compra de tierras por parte de extranjeros, nada parece desalentar la oferta de espacios cada vez más exclusivos en lo que hace a riquezas naturales.

Desde hace casi dos años, iProfesional.com viene dando cuenta de la comercialización de lotes en lugares muy preciados de la Argentina, particularmente en la Patagonia. Este fenómeno también alcanza a la venta de hectáreas con glaciares incluidos en zonas de la Cordillera de los Andes.
Las propuestas, que en la mayoría de los casos están bien visibles para cualquier potencial comprador, no escatiman en detalles y ponen el acento en la ventaja de contar con propiedades ricas en agua, minerales o biodiversidad, de cara a las próximas décadas.

Al respecto, una rigurosa investigación de iProfesional.com dio con ofertas que comprenden lugares insólitos, por su carácter simbólico y su status. En gran parte de los casos, hasta resultan ser sitios "protegidos"  bajo el rótulo de reservas o parques naturales.

El más controvertido fue el detallado en febrero último, también por este medio: la venta de tierras a inversores británicos en la Península de Valdés, situada en Chubut y declarada en 1999 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

Meses después, la realidad deja entrever que en lugar de haberse frenado, esta tendencia se sigue profundizando en diversas latitudes de la Argentina. En esa dirección, iProfesional.com ubicó ofertas de lotes y terrenos dentro de, por ejemplo, los parques nacionales Lanín y Los Alerces. Y también dio con oportunidades de compra en reservas naturales, como Los Quebrachitos, en Córdoba, o Los Huemules, en la provincia de Santa Cruz.

La reserva La Quebrada, en la provincia de Córdoba; Los Seis Miles, en Catamarca; o Laguna Negra, en el límite entre Mendoza, Neuquén y Chile, son otras de las áreas de relevancia natural que son ofertadas y que, en muchos de los casos, ya muestran el fuerte avance de los capitales extranjeros sobre la geografía local.

El tenor de estos movimientos fue destacado a iProfesional.com por Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA. "Se vigila muy poco lo que sucede dentro de los parques nacionales o las reservas naturales. Y esto es porque se cree que un simple status puede frenar la venta. Eso es un error. Hay mucha comercialización de áreas naturales preestablecidas, y ahora que se reglamentó la ley habrá que avanzar con relevar lo que sucede en esos espacios", sostuvo Orsolini a este medio.

En virtud de sus dichos, iProfesional.com indagó en la copiosa masa de ofertas de tierras que se ofrecen a lo largo de la Argentina. Y dio con una gran cantidad de casos que no hacen más que reafirmar sus apreciaciones. El primer ejemplo de relevancia detectado comprende a un lote que sin mayores rodeos se ofrece frente al lago Huechulafquen, dentro del mismísimo Parque Nacional Lanín.

El agente a cargo de su comercialización detalla las características del predio: frente al lago mencionado, y a metros de la boca del río Chimehuin, "famoso lugar de pesca". El espacio representa una "oportunidad única debido a su gran potencial turístico", a un valor de apenas u$s26 el metro cuadrado. La firma comercializadora, casi en tono de aclaración, destaca que este predio "forma parte de un loteo que se realizó dentro del Parque Nacional Lanín en los años 60, por lo que representa una gran oportunidad".

Una vista del aviso:

Una propuesta muy similar tiene como protagonista al Parque Nacional Los Alerces. En este caso, la oferta consiste en "11 hectáreas con bosque nativo y arroyo. Ideal para vivienda familiar o complejo turístico":

También dentro del mismo Parque Nacional Los Alerces, iProfesional.com ubicó otra "oportunidad única", vinculada con un inmueble situado dentro del mismo lugar protegido. En este caso, la propiedad se levanta sobre un predio de 5.500 metros cuadrados, que incluye cabañas y locales comerciales.

"Oportunidad única de adquirir un inmueble con título de propiedad dentro del Parque Nacional", reza el anuncio:

Otras características:

Reserva natural, se vende

La comercialización de reservas naturales, a la par de terrenos dentro de parques nacionales, también está a la orden del día.

Como antecedente, cabe mencionar que ya en marzo de 2010 iProfesional.com develó la compra de 200.000 hectáreas protegidas en la provincia de La Rioja, a través de Internet y por parte de inversores extranjeros, previo pago de la módica suma de 1 millón de dólares.

La operación derivó en el traspaso a manos privadas de Laguna Brava, un espacio declarado protegido por sus recursos naturales y su rasgo simbólico, dado que por dicho lugar pasa el Camino del Inca.

Ya en estos días, la maratón de ofertas y de compraventas no se detiene. Otro ejemplo: más de 600.000 hectáreas de tierra del departamento Tinogasta, en Catamarca, y que conforman el área natural protegida "Los Seis Miles", están en manos privadas. El número se conoció recientemente, producto de un relevamiento efectuado por la Subsecretaría del Ambiente de la provincia mencionada.

La dependencia reveló que de las 38 parcelas que integran el área natural protegida en cuestión, apenas dos -denominadas San Buenaventura y Las Grutas- aparecen como tierras fiscales.

Los lotes restantes, emplazados sobre uno de los principales reservorios de litio de la Argentina, son controlados por multinacionales extranjeras como GNC Combustibles, Nikkon, Kallpa y Alisal. Muchos de estos terrenos se encontrarían a la venta y podrían ser traspasados sin ningún tipo de freno legal.

También portales inmobiliarios ofrecen lugares muy preciados en el límite entre Mendoza y Neuquén. Específicamente, en el área natural Laguna Negra y el campo en el que se encuentra emplazada, Puertas del Barrancas.

¿Qué comprende la propuesta? Alrededor de 55.000 hectáreas dotadas, entre otras riquezas, de recursos minerales como oro, manganeso y cuarzo. Y numerosas vertientes de agua mineral, además de una laguna que es considerada el segundo reservorio de agua dulce de Mendoza.

Biodiversidad en oferta
Las muestras en lo que hace a espacios naturales protegidos o, al menos, declarados de relevancia natural por las administraciones políticas no se detienen. En Santa Cruz, agentes inmobiliarios ofrecen lotes de más de 10.000 metros cuadrados a un valor de 75.000 dólares, en la reserva natural Los Huemules.
Los detalles de la propuesta son tan claros como tentadores y polémicos:

• "El Campo los Huemules le ofrece la posibilidad de ser propietario de una fracción única dentro de un área natural protegida. Los dueños de los lotes son copropietarios de un campo de 5.800 hectáreas de enorme interés turístico y alto valor de conservación natural".

• "Los Huemules se encuentra a 17 kilómetros de El Chaltén, al pie del Cerro Fitz Roy, en el extremo sur de la región patagónica austral. Sus paisajes y grandes bellezas escénicas constituyen una muestra representativa de los ambientes típicos de esta región".

• "Presenta bosques en muy buen estado de conservación y una fauna sorprendente, como el pato de los torrentes, el carpintero magallánico, el cóndor, el huemul, el zorro colorado y el puma".

• "Además, merece destacarse que contiene la senda más accesible al hielo continental, el Parque Nacional Los Glaciares, que con sus 700.000 hectáreas constituye la tercera reserva de agua potable del mundo. Cuenta también con vistas del atractivo más importante de la región, el Cerro Fitz Roy y posee en su interior los glaciares Cagliero, Gorra Blanca y Marconi".

Otro caso, la reserva Los Quebrachitos, en Córdoba:

El caso Península de Valdés
La Península de Valdés, en Chubut, representa la muestra quizá más emblemática de esta comercialización sin miramientos de escenarios naturales protegidos.

Considerado el principal santuario de ballenas de América latina, y una de las reservas de biodiversidad más importantes de la Argentina, la zona se ha transformado en otro de los puntos de referencia para los extranjeros que adquieren tierras en el país. Precisamente, es la zona elegida por inversores ingleses para hacer su desembarco en territorio argentino. ¿A cuánto se ofrece la hectárea en un sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco? Al precio irrisorio de 360 dólares.

"Hay más de una decena de boletos de compraventa emitidos y que buscan definir nuevos titulares de propiedad. Aunque la avanzada en el lugar la están realizando principalmente inversionistas ingleses, también hay información sobre el interés de estadounidenses", precisó a iProfesional.com el diputado chubutense por la UCR, Carlos Lorenzo.

"Es notorio cómo aparecieron en el último tiempo numerosas sociedades anónimas que controlan grandes extensiones de tierras en esa parte de Chubut", añadió. De acuerdo al legislador, en los últimos dos años se conformaron una docena de empresas que adquirieron campos en la Península de Valdés. "Los primeros en alertar sobre estas compras fueron los mismos lugareños", señaló.

Los casos se suceden, al igual que las ofertas. Nada parece escapar al cartel de "Se Vende" que en los últimos años cuelga de los principales espacios que incluyen una amplia diversidad de reservas y atractivos naturales de la Argentina.

A la sombra de una Ley de Tierras que acaba de nacer, el actual escenario muestra que el rumbo a seguir demandará un sinfín de batallas.

La lucha por la tierra: la ley que pone freno al avance extranjero quedó a un paso de ser aprobada

Por Patricio Eleisegui - iProfesional.com
Tras obtener el aval en comisión, el proyecto se discutió en Diputados durante la madrugada de este viernes. Y hubo acuerdo para dar la media sanción. El marco incorpora cambios en cuanto a la cantidad de tierras en venta y lo que podrá adquirir un inversor foráneo. Detalles de la “extranjerización"

La decisión oficial de poner límites a la propiedad de territorio argentino por parte de extranjeros dio, durante la madrugada de este viernes, su primer paso firme hacia la entrada en vigencia de una ley que regule este tipo de compras.

La Cámara de Diputados otorgó la media sanción al proyecto que regulará una actividad económica que, a los ojos del Gobierno, guarda una importancia estratégica de cara a las próximas décadas.

El texto del Ejecutivo fija un límite del 15% del territorio nacional con posibilidad de ser vendido a titulares extranjeros (extensible a las provincias y municipios) y cada titular no podrá adquirir más de 1.000 hectáreas. Asimismo, en ningún caso las empresas o personas de una misma nacionalidad podrán superar el 30% de la extensión total establecida.

Con el dominio de superficies productivas que, aseguran desde entidades como Federación Agraria Argentina (FAA), se acerca a las 30 millones de hectáreas, el capital foráneo dice presente en 23 provincias del país. Para el Ejecutivo, en cambio, la cifra se achica a 17 millones de hectáreas. Esto es, el 7% de las áreas más productivas de la Argentina. En todo caso, la diferencia no hace más que explicitar la ignorancia respecto de cuánto territorio local se encuentra verdaderamente bajo control de inversores externos.

De lo que sí no hay dudas es que campos fértiles, zonas selváticas y espacios de naturaleza casi virgen, áreas de glaciares, acuíferos, costas, y hasta buena parte del subsuelo local, son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar, directamente, bajo control extranjero.

iProfesional.com ha venido dando cuenta de este fenómeno, que incluye casos emblemáticos como el de la familia Benetton, que ostenta casi 1 millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut, y Neuquén.
Tampoco hay que olvidar a Douglas Tompkins, poseedor de unas 350.000 hectáreas en distintas jurisdicciones.

Pero estos son sólo algunos ejemplos de una larga lista que incluye, por ejemplo, al magnate estadounidense Ward Lay, vinculado con la firma Pepsico y con las famosas papas fritas "Lay's", que controla 80.000 hectáreas en Neuquén.

El agua, por citar otro caso, aparece como el principal "objeto de deseo" para el magnate Joe Lewis, que ostenta 18.000 hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido.

La siguiente infografía permite apreciar los casos más paradigmáticos de esta avanzada extranjera en el país:

Un paso hacia adelante
Respecto del nuevo paso en Diputados, Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco -y uno de los referentes en la pugna por frenar la "extranjerización" del suelo local- sostuvo que "es un alivio en tanto pensábamos que ya se iba a tratar el año próximo".

"El debate ya sumó casi todos los escenarios posibles y esto llega en un momento justo porque lo cierto es que se sigue comprando tierra en el interior. Y lo que es más grave aún: siguen publicitándose territorios a destajo y bajo precios irrisorios", sostuvo a iProfesional.com. "En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo a la venta otras 13 millones de hectáreas. Todas al mejor postor que, por lo general, es gente de afuera. Hay que evitar que este proceso se lleve a cabo", agregó.

"Aunque en un momento se dijo que el inminente marco había frenado algunas intenciones, lo cierto es que sucedió lo contrario. Muchos extranjeros aceleraron las compras. Algunas, incluso, se sucedieron en áreas protegidas como reservas o parques nacionales", aseguró.

Según Orsolini, "lo que hizo Tompkins en los Esteros del Iberá puede aplicarse a muchas provincias, que no imponen controles más rígidos y, en paralelo, tampoco dudan al momento de comercializar espacios de enorme riqueza natural".

"Zonas turísticas, reservorios mineros, campos con existencia comprobada de hidrocarburos. Todo puede comprarse todavía en la Argentina. La escasa ley vigente a nivel restricción no se cumple. El nuevo marco, más allá de que no toque derechos adquiridos, frenará traspasos que por momentos se parecen a un auténtico saqueo", dijo.

El proyecto que obtuvo la media sanción este viernes, y que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras, fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2011. La iniciativa había sido anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de las sesiones ordinarias de este año. Sin embargo, su proceso de escritura había arrancado en noviembre de 2010.

Cambios en el proyecto de ley
La propuesta que, con el respaldo oficial, aterrizó en Diputados este viernes incorpora una serie de cambios en comparación con el texto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner divulgó a fines de agosto. En ese sentido, hay que decir que el marco fija en 15 por ciento el tope máximo de territorio argentino que puede estar en manos de inversores extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. La primera versión de la inminente ley establecía un techo del orden del 20 por ciento.

Otra novedad en ese aspecto radica en que dicho límite del 15 por ciento ahora será extensivo a municipios, departamentos y provincias. Asimismo, uno de los temas más cuestionados tenía que ver con el límite de mil hectáreas como tope máximo para cada comprador.

La oposición quería incluir la definición de unidades productivas, pero el Ejecutivo rechazó ese término. Sin embargo, se aceptó especificar el límite de mil hectáreas "o una superficie equivalente".

Según trascendió, para fijar esta equivalencia, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales deberá tener en cuenta la localización de las tierras, así como también la capacidad y calidad para su uso. Por último, la norma indica que las operaciones de compraventa de tierras no pueden ser consideradas una inversión.
Al parecer, este artículo tiene por objetivo evitar cualquier cuestionamiento ante el Ciadi.

Una larga lucha
Los intentos por imponer restricciones a la compra de tierras y recursos estratégicos locales por parte de extranjeros ha venido transformándose, desde un tiempo a esta parte, en una constante.

El hecho de que estén en manos de propietarios foráneos unas 30 millones de hectáreas ubicadas en las mejores zonas del país -y que haya otras 13 millones que hoy se ofrecen a la venta- ha motorizado una oleada de iniciativas para frenar este avance por parte de funcionarios de las distintas provincias.

La preocupación en las filas políticas, tal como diera cuenta iProfesional.com hace un año atrás, radica en que el capital extranjero ya controla una superficie similar a la de todo el Uruguay, según datos aportados por Federación Agraria. Las sucesivas denuncias de compra de extensas superficies que, en muchos casos,incluyen recursos estratégicos tales como el agua, minerales, madera y atractivos turísticos, ya venían suscitando fuertes polémicas. Es que, tal como diera cuenta este medio, se llegaron a vender vastas extensiones de tierras con pueblos adentro.

También, otro punto de controversia es el precio. En la Patagonia, específicamente en la península de Valdez, empresarios británicos se hicieron de una considerable cantidad de hectáreas a menos del valor de la cuota de un gimnasio.

Los Ferrocarriles deben ser argentinos - Raúl Scalabrini Ortiz

Este libro fue escrito entre los años 1935 y 1946; es decir en el lapso que media entre la década infame ( Empréstito Patriótico, Banco Central Corporación de Transportes) y las vísperas de la compra por parte del gobierno argentino, del sistema ferroviario hasta entonces, en su mayor parte, de propiedad inglesa.(Tomado de “Cadena de difusión: Arnaldo Salvini) - ARTURO PEÑA LILLO


“A treinta años de haber escrito este libro Raúl Scalabrini Ortiz, podría parecer insólita su publicación, pero lo realmente insólito es su vigencia. La dramática realidad argentina tiene la rara virtud de mantener lozano lo más viejos problemas, apenas desfigurados por la dialéctica de los tiempos que corren. Titulado originariamente “Los Ferrocarriles deben ser del Pueblo Argentino, resumía el esfuerzo de Scalabrini Ortiz, para decidir el tránsito definitivo de un país colonial, en dueño definitivo de su destino.

En el prólogo - Palabras explicativas, dice el autor: “Durante tres meses debí aclarar muchas dudas, despejar muchos errores, enriquecer con información a muchos vacilantes y desbrozar ese enorme tejido de sofismas con que se había disfrazado el problema ferroviario”

Ya sabemos todos como se liquidó liego dicho pleito. También recordamos la resistencia que levantara la definitiva propiedad por parte de la Nación, del sistema ferroviario inglés en nuestro país. La adquisición del hierro viejo, así llamado el material ferroviario en cuestión, resultaba una ruinosa operación, sólo explicable en función del grave enjuiciamiento por parte de la oposición al gobierno: el peculado.

La inminente caducidad de la Ley 5.315 llamada Mitre, aparentaba terminar con cuarenta años de discrecionalidad, privilegios e insolencia de los ferrocarriles ingleses en nuestro país. Adquirir pues, en dichas circunstancias los Ferrocarriles era algo así como salvar del infierno a un pecador ya condenado.

Pero la Ley Mitre no caducaba ni los ingleses iban al infierno; paradójicamente volvían a caer en otras formas de disfrute que Scalabrini Ortiz agudamente denuncia al hacer el análisis del articulado de dicha ley en el presente libro. Desgraciadamente los mitos encierran una fuerza superior a la realidad misma, al que no es ajena la información mezquina, la propaganda interesada y por sobre todo, la incapacidad de comprender el problema ferroviario integrado en una realidad económica nacional.

Scalabrini Ortiz no consideraba en sí la compra material física, de las cosas que hacen al sistema ferroviario, sino el rescate de una palanca fundamental para el desarrollo armónico de una Nación. Se compra soberanía. Éstas son sus propias palabras que configuran la expresión de una doctrina, en la que, la operación comercial es meramente accidental, aunque naturalmente, para los accionistas de la rubio Albión contaran los metros de gastados rieles y las victorianas casillas, solemnemente llamadas estaciones.

Pero la mitología ferroviaria sigue aún en pie. El viejo “slogan" de la inutilidad de la chatarra ferrocarrilera. ha sido suplantado por la “opinión general” de que su explotación ha de dar al traste con las maltrechas finanzas de la Nación, cuando no se le atribuye directamente el desbarajuste de las mismas. Está fresco en la memoria de los argentinos el desmantelamiento comenzado en 1961, siendo presidente el Dr. Arturo Frondizi, con la clausura de talleres y ramales bajo la vigilante observancia de los funcionarios del F.M.I.

La industria de la carretera y del automotor, tenían mucho que ver en este avance, contenido en gran medida por los mismos obreros del riel. El lector valorará, asimismo, lo poco serio que resulta el argumento opuesto por la industria del camión al transporte ferroviario.

Para terminar, debemos explicar al lector porqué consideramos oportuna la edición de este libro cuyo título supone un anacronismo; efectivamente, los ferrocarriles son argentinos, pese a una oculta política orientada en el sentido de la empresa mixta, como en el caso de SEGBA, cuyas consecuencias son tan gravosas, para la economía del país como la explotación lisa y llana por parte del imperialismo. Como una vieja enfermedad resurrecta, que cobra actualidad con el dolor, Raúl Scalabrini Ortiz nos la recuerda para evitar las recaídas.

EL PENSAMIENTO DE SCALABRINI ORTIZ

“....... Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte.

Todos sabemos cuan poderoso es el estado entre nosotros y cuantas facultades se han concedido a los ejecutivos. Pero muy pocos saben que la potencia de los ferrocarriles es quizás superior a la potencia del Estado, porque se ejerce sin contralor alguno, discrecionalmente...”

“... Los ferrocarriles pueden extraer sus rentas del modo que a ellos les convenga. Ellos pueden matar industrias, como las mataron. Pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia, como las crearon, Pueden inmovilizaron poblaciones, como las movilizaron o inmovilizaron de acuerdo a sus conveniencias: pueden aislar puertos, como los aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivos, como los ahogaron, pueden elegir gobernadores como los eligieron.

El ferrocarril extranjero es el instrumento del antiprogreso. Como muy bien lo explica Allen Hutt en “El fin de la crísis”. Dice Hut.” La construcción de los ferrocarriles en las colonias y países poco desarrollados no persigue el mismo fin que en Inglaterra, es decir, no son parte - y una parte esencial - de un proceso de industrialización. Estos ferrocarriles se emprenden solamente parta abrir esas regiones como fuentes de productos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como animales. No para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad la construcción de ferrocarriles coloniales y de países subordinados es una muestra del imperialismo, en su papel antiprogresista que es su esencia.”

Esta política ha provocado, naturalmente protestas que se ahogaron en su propia impotencia. El ferrocarril puede ser el elemento aglutinador de una colectividad o su más pernicioso disgregador. Por eso, la actividad inicial de los pueblos que logran su conciencia propia es obtener el contralor inmediato de sus propios ferrocarriles.

Bismarck consolidó la unión de Alemania con la centralización ferroviaria de las líneas particulares y estaduales, impuesta por expropiación. La unidad italiana se afirmó, asimismo, en la apropiación por el Estado de todos los sistemas ferroviarios de la península. Los estadistas que hicieron la grandeza del Japón demostraron también haber comprendido cual es el cimiento básico de una unidad nacional orgánica y, a pesar de tener más energía que medios, nacionalizaron todos los ferrocarriles por expropiación ( Ley Nº 17 del 31 de marzo de 1916).

Tan esenciales son los ferrocarriles para el desarrollo de una política comercial que ni siquiera en las colonias inglesas son ingleses los ferrocarriles. Las líneas especialmente primordiales del Canadá no son inglesas, son canadienses, el gobierno del Dominio las expropió en 1917 ( 7-8- Geo, V, c. 24 ). El estado canadiense posee actualmente un sistema ferroviario de primer orden de 38.548 kilómetros de longitud. Datos del “Annuaire du Canadá, 1932” ( Página 563).

Tampoco los ferrocarriles de Australia son ingleses: son australianos. sobre un total de 44.356 km. de vías férreas, 39.356 pertenecen a los diversos estados o provincias; 3.459 km. al Commonwealth o gobierno central, y solamente 1.496 km, son de propiedad particular - “ Year Book 1934”-.

En los países en que los ferrocarriles siguen perteneciendo a los particulares, la legislación se ha ajustado estrictamente para obligarlos a que sirva, ante todo, a las conveniencias generales de la Nación. La legislación norteamericana es un magnífico ejemplo de la minuciosa intervención del Estado en todas las actividades ferroviarias. Mediante sus delegaciones legalmente autorizadas, el gobierno controla las tarifas, la formación del capital, la seguridad de los empleados y del público, los salarios, la contabilidad de las empresas y la orientación de las corrientes nacionales de tráfico”.

(*) NOTA: Los datos consignados en este artículo, corresponden al año 1965, fecha de publicación de la obra citada

EXTRAÍDO DE LA OBRA: “Los ferrocarriles debe ser Argentinos “ Editorial A. Peña Lillo - Buenos Aires, 1965 - Páginas 32/34

Comentario:
Nuestro respetuoso recuerdo a un pensador y patriota que edifico unas cátedra de pensamiento nacional... 
Han pasado muchos años y los argentinos hemos sido testigo de la destrucción sistematica y progresiva de nuestros ferrocarriles. También, han pasado diferentes gobiernos (de facto y electos) y todos han tenido la misma falta de visión estratégica frente a esta herramienta de desarrollo, trabajo y progreso.
Aquellos que nos hemos encolumado detrás del pensamiento de este gran visionario debemos seguir bregando por la implementación del "Ferrocarril Federal" que una todas las capitales de provincia y el desarrollo de trenes provinciales de vecindad en trocha económica. El incremento del costo de los combustibles fósiles continuaran en aumento, lo que incrementara el costo del transporte automotor, a lo que se agrega la ausencia de una red federal de autopistas. Todo esto debe hacer reflexionar al gobierno de turno para establecer al Transporte Ferroviario como una política de estado y desarrollar el planteamiento estratégico para su desarrollo.
Breguemos por el desarrollo de la industria ferroviaria, que desafortunadamente no se encuentra integrada a un concepto estratégico, luchemos por la recuperación de red ferroviaria, insistamos por la electrificación pendiente de los ramales metropolitanos, recuperemos los numerosos equipamiento abandonados en los distintos rincones del país, creando así nuevas fuentes de trabajo...
Recuperemos a nuestros pueblos de la Argentina profunda, recuperemos nuestros ferrocarriles...
Jorge Elías
PD: Estimados amigos lectores: si lo desean, me agradaría conocer su pensamiento frente a esta problematica.
Saludos

Argentina hostiga a la flota gallega que descarga en Uruguay

Por Espe Abuín - La Voz de Galicia 

El fuego cruzado entre Argentina y Gran Bretaña a cuenta de las islas Malvinas -o Falkland, según se mire- ha vuelto a sorprender a los pescadores gallegos trabajando en medio. A las 40 embarcaciones que faenan en aguas internacionales del Atlántico sur y en los caladeros del archipiélago disputado no se les ocurre ni por asomo tocar un puerto argentino, pues de sobra saben que acabarían detenidos y sancionados. Y desde hace un tiempo, alrededor de dos años, desde que Buenos Aires exige una autorización especial para acogerse al derecho de paso inocente que reconocen las leyes del mar y los tratados internacionales, ni siquiera se atreven a atravesar aguas del país andino. Prefieren esquivar la zona económica exclusiva (ZEE) de Argentina y dar un rodeo que les amplía un día más la ruta para evitar problemas. Pero ahora resulta que los problemas han ido a buscarlos a ellos.

La flota -compuesta en parte por barcos de bandera española y otros con pabellón de las Falkland, pero todos de capital gallego- denuncia que buques de guerra de la Armada argentina les están exigiendo ese permiso especial cuando navegan por la zona común argentino-uruguaya del río de la Plata en su ruta hacia el puerto de Montevideo, donde estas embarcaciones descargan la mercancía, se avituallan, reparan y pertrechan. «Las patrulleras, además de solicitar los datos del buque, de la empresa armadores, así como el nombre y el pasaporte del capitán y de corroborar si hemos navegado por aguas de las Falkland, nos informan de que se nos abre expediente y de que seremos sancionados por un delito grave al haber vulnerado el decreto argentino 256/210, que se refiere, precisamente, al requerimiento de una autorización especial para navegar por sus aguas», explican los afectados.

Exigencias
Aunque hasta el momento nadie de los apercibidos ha recibido la propuesta de sanción, la actuación de las autoridades argentinas ha colmado la paciencia de los marineros, que han hecho llegar sus quejas a la Asociación de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape) para que de una vez por todas se exija al Gobierno de Argentina a que cumpla la ley y se restablezca el derecho de paso inocente que asiste a la flota. Aetinape ha puesto el acoso en conocimiento del Gobierno español, de la Comisión Europea e, incluso, se ha puesto en contacto con el embajador de Argentina en España para trasladarle la queja de los capitanes de los pesqueros gallegos: «Consideramos que no hemos cometido ninguna infracción ni delito, ya que estamos autorizados por nuestro Gobierno como por el de las Falkland para navegar y faenar en sus aguas mediante licencias y estamos siendo tratados como delincuentes por Argentina y viviendo constantemente con el temor de ser apresados por sus patrulleras incluso cuando faenamos en aguas internacionales», se lamentan.

Aguas uruguayas
El único Gobierno que ha intentado dar una solución a la situación ha sido el uruguayo, que propuso «que navegáramos dentro de las siete millas exclusivas que tiene Uruguay en el canal» (???), comentó uno de los afectados apercibido en agosto pasado. Pero ese remedio no es válido, porque genera un problema de seguridad: «Entraña demasiado riesgo, porque no hay calado suficiente para embarcaciones de gran porte, como es nuestro caso», añade. Además, «no entiendo por qué tendría que exponerme al peligro y por qué no puedo ejercer el derecho de paso inocente que alguien debería hacer respetar y encargarse de restablecerlo».

Fuente: http://www.aviacionargentina.net/foros/solo-malvinas.30/6146-argentina-hostiga-la-flota-gallega-que-descarga-en-uruguay.html

Comentario:
Hayyyy... hermanos uruguayos, no se quejen cuando se toman medidas que no los benefician. No piensen en lucrar solitos. Somos americanos, no europeos; seran nuestros vecinos durante toda su existencia...

Jorge Argüello acusó a Gran Bretaña de llevarse "ilegalmente la pesca de aguas argentinas"

El embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, expresó este viernes que Gran Bretaña "se lleva ilegalmente la pesca de nuestras aguas" y que "se quieren llevar el petróleo y los minerales" y denunció que mantienen una "costosísima base militar en las puertas de la región con mayor biodiversidad del mundo", como lo es Sudamérica.

Así lo afirmó este viernes al exponer sobre la cuestión Malvinas ante un auditorio colmado de alumnos en la Universidad de Cape Town en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
"El mundo debe entender que los británicos se llevan ilegalmente la pesca de nuestras aguas, se quieren llevar el petróleo y los minerales. Mantienen una costosísima base militar en las puertas mismas de la región con mayor biodiversidad del mundo, Sudamérica", expresó el embajador.

Argüello sostuvo que "está claro que el siglo XXI será el siglo de la disputa por los recursos naturales" y agregó que "Malvinas es un buen ejemplo de ello". El embajador concluyó su disertación ante los estudiantes diciendo: "Ahora que ya saben todo lo que hay detrás de un plato de `Falklands Calamari´. Piensen dos veces antes de pedirlo", en referencia a un plato muy conocido en los restaurantes de Ciudad del Cabo, elaborado con frutos de mar recolectados del mar argentino.

La conferencia fue organizada por la embajada argentina en Sudáfrica, a cargo de Carlos Sersale y la Facultad de Humanidades de la Universidad sudafricana, en el marco del ciclo de charlas que la misión argentina viene realizando con el título: "Hacen falta dos para el tango".

En su charla, Argüello mencionó otro dato curioso en referencia al país sudafricano y su relación con la historia entre la Argentina y el Reino Unido: las dos invasiones inglesas (en 1806 y 1807) salieron del puerto de Ciudad del Cabo. "Entonces, tal como ocurre hoy, por razones estratégicas, Inglaterra buscaba hacer pie en el Atlántico Sur. Hoy esas razones estratégicas pasan por la apropiación de los recursos naturales y la proyección antártica", finalizó.

Fuente: Telam

Tierra: Nuevos recursos de poder global

Por Mariano Turzi para LA NACION
El autor, PhD en Relaciones Internacionales, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Durante el siglo XX, la posesión del recurso petrolero fue una clave del poder internacional. Como requisito indispensable para el desarrollo industrial, los países demandantes buscaron asegurarse su provisión y los productores cobraron nueva relevancia geopolítica. Algunos nacionalizaron el recurso, otros lo privatizaron y algunos se agruparon en un cartel, como la OPEP. En el siglo XXI, la competencia por recursos alimentarios está definiendo nuevas líneas de poder internacional. Lo que está en discusión ahora es más que el suelo: se trata también de las aguas, el aire y la biodiversidad. Así, el asunto es de índole productiva, pero también estratégica.

¿Qué pasa en otros países productores? Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de enero de 2011, en Canadá, Australia y Estados Unidos el marco regulatorio sobre tierras productivas reside en las unidades subnacionales. Los estados de California, Illinois, Kansas, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey y Nueva York tienen todos alguna restricción en la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros o no residentes. Iowa, Minnesota, Missouri y Dakota del Norte prácticamente prohíben que tierras dedicadas a la agricultura sean propiedad o estén bajo control de personas o sociedades extranjeras. No es de extrañar, ya que son estados que forman parte del Breadbasket of America (panera o granero de Estados Unidos).

Hay países que han instituido restricciones por medio de normativas nacionales. Irlanda sólo permite la adquisición de tierras productivas a miembros de la Unión Europea. Nueva Zelanda, en cambio, permite la venta de ese tipo de tierras a extranjeros, pero en estos casos exige al comprador demostrar que la operación redundará en beneficio del país. Japón aplica reciprocidad para la compra, pero limita la participación extranjera en los sectores de agricultura y minería. Rusia lo hace de manera parainstitucional, ya que para controlar tierras agrícolas se requiere superar complejos obstáculos burocráticos. En Ucrania -la pampa de Europa del Este- el mercado de tierras agropecuarias está virtualmente congelado por una moratoria aprobada en 1992 que expira a fines de este año.

En nuestra región, México prohíbe a los extranjeros la compra de tierras para agricultura y limita la participación accionaria extranjera al 49%. En Brasil, los extranjeros no pueden ser dueños de más del 25% del tamaño de cada municipio, y la cantidad de tierras rurales que puede adquirir una empresa extranjera o brasileña controlada por capitales extranjeros es -depende de la zona del país- de entre 250 y 5000 hectáreas. Pero al mismo tiempo que fronteras adentro Brasil defiende la propiedad nacional de la tierra, casi cinco millones de hectáreas del Paraguay están en manos de brasileños y sus descendientes, los "brasiguayos". Esto es más de la mitad del total de la tierra arable. El negocio de la soja en Bolivia está controlado por brasileños y argentinos, pero también por una fuerte presencia menonita y minorías rusa y japonesa. Se estima que los empresarios bolivianos representan un 28% del negocio, aunque el Instituto Nacional de Reforma Agraria admitió el año pasado que no cuenta con datos sobre la nacionalidad de los dueños de las tierras.

¿Quiénes son hoy los extranjeros en busca de tierras? Ya no son los paisanos gringos o los chacareros inmigrantes que poblaron la pampa. Tampoco estancieros ingleses y escoceses como los que desarrollaron la industria lanar. Ni siquiera magnates como el italiano Luciano Benetton, que posee casi un millón de hectáreas de la Patagonia, o el norteamericano Douglas Tompkins, propietario de grandes extensiones en los esteros del Iberá.

Hoy el control de las tierras no pasa sólo por ostentar su propiedad, sino por el control de las unidades productivas. En este segmento, los actores principales son conglomerados corporativos multinacionales. Muchos de los traders o comercializadores con operaciones globalizadas están ligados a una compleja red de intereses que van más allá de la simple compra y venta de productos agrícolas. Refugiándose de las crisis y de divisas que se deprecian, los inversores buscan el rendimiento de fondos cotizados estructurados alrededor de algún índice vinculado con productos o insumos agropecuarios. Cada vez más los productos agrícolas constituyen una clase de activos para la especulación financiera internacional, amplificando las distorsiones y la volatilidad de precios.

La otra tendencia creciente es la de empresas estatales de países como los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Corea del Sur, Egipto, China y Qatar. Estos países persiguen la seguridad alimentaria por vías alternativas al comercio internacional. Temen un mundo de recursos escasos y buscan en consecuencia asegurarse producción localmente y protegerla contra el comercio extranjero, por miedo al derrumbe de mercados por crisis, guerras o sanciones comerciales. En una situación así, la propiedad o el arriendo de tierras agrícolas resultaría inútil: los gobernantes de países productores se verían forzados a incumplir los acuerdos o a cumplirlos a costa de las poblaciones locales. En cualquier caso, los compradores enfrentarían resistencias crecientes. En ese caso, el hecho de tratar con agentes estatales implica que entre los posibles escenarios de conflicto se encuentra el que potencialmente involucra el uso de la coerción.

Los recursos naturales por sí solos no determinan el efecto que tienen sobre el país. El impacto final no lo decide sólo la posesión, sino la deliberación colectiva que se haga respecto de su gestión. Se puede tener petróleo y ser Nigeria o Noruega, Brasil o Venezuela.

Las decisiones que la Argentina tome con respecto a la propiedad y el uso de tierras tendrán efectos en la gobernabilidad del recurso agrícola, la inserción internacional del país, el esquema de financiamiento estatal, el modelo de desarrollo y -hasta cierto punto- el bienestar de la población. En un mundo en que potencias declinantes y poderes emergentes reconocen los recursos naturales como cuestión de Estado, administrarlos de forma eficiente, equitativa y sustentable debe constituir para nuestra nación un asunto del más alto orden estratégico.
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