Vidal desarticula la dirección de Aeronáutica y enfrenta a los pilotos

LPO (La Plata) - Pasará a la órbita de Seguridad. Quieren evitar estructuras "duplicadas". Malestar en los pilotos.

María Eugenia Vidal tiene definido trasladar la dirección provincial de Aeronáutica a la órbita del ministerio de Seguridad. Fuentes del gobierno aseguran que la decisión está tomada, solo resta avanzar con el decreto.

El traslado tiene que ver con algunos roces que ese área viene manteniendo con las esferas del gobierno. El foco de conflicto es el planteo de varios pilotos que vienen reclamando poder sindicalizarse en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el gremio que nuclea a los aviadores aerocomerciales,

Días atrás, desde Aeronáutica iniciaron una medida de fuerza que afectó la operación de aeronaves oficiales. Según trascendió, la propia Gobernadora se vio impedida de utilizar un helicóptero para cumplir con una agenda oficial.

"No son una línea aérea, son trabajadores del Estado bonaernese", dijo a LPO un fuente del Ejecutivo. Lo cierto es que el cambio de órbita abortaría cualquier intento de sindicalización unos 20 los pilotos de Aeronáutica. Es que con status policial, los pilotos quedarían impedidos de cualquier armado gremial. Así lo dispuso durante la semana un fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, en La Plata explican que la decisión de pasar Aeronáutica a la órbita de Seguridad es ajena a la tensión con los pilotos. Por el contrario, explican que se trata de optimizar la gestión. "Seguridad tiene helicópteros, pilotos y mecánicos. No hay ninguna necesidad de contar con una estructura paralela que genera gastos al Estado", explicó a LPO una fuente del gobierno.

El conflicto en Aeronáutica no es nuevo. En agosto del año pasado, el por entonces director Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria, Fernando Sivak, resolvió dar un paso al costado. Su salió ocurrió en medio de denuncias de un fuerte desguace en esa dirección. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que no hay tal desguace y que tampoco se realizan ningún tipo de alquiler de naves privadas.

En los hangares de la dirección de Aeronáutica hay una flota de cuatro aviones que no se pueden usar porque necesitan una inversión de 650.000 dólares para poder levantar vuelo. A ellos se le suman  siete helicópteros, de los cuales apenas tres están en condiciones. 

Uno de ellos es el helicóptero sanitario de la provincia. Otro es el que usa Vidal. Y un tercero se usa para instruir a los pilotos y cumplir las horas de vuelo necesarias para que no se venzan sus licencias. "El helicóptero más moderno es el sanitario", aseguran en La Plata

Hace algunas semanas, el ex gobernador, Daniel Scioli, justificó el alquiler de aeronaves durante su mandato. En el marco de un denuncia corrupción, el ex mandatario dijo a la Justicia que recurrió a alquilar aviones luego de dos episodios ocurridos en su gestión.

Scioli explicó que le habían asignado un Lear 25 y dijo que decidió no subirse más por la antigüedad que tenía la aeronave. "Desgraciadamente días después se precipitó a tierra y se mataron todos", dijo. En tanto, el segundo episodio tuvo que ver con un avión recuperado por la policía en un operativo narco en el que Ricardo Casal y María del Carmen Falbo protagonizaron un accidente.

La dirección de Aeronáutica depende de la Secretaría General de la Gobernación. Sin embargo, fuentes de ese área no quisieron hacer comentarios al respecto.

Cómo funciona el Anillo Digital de Seguridad, que controlará a los autos que entren y salgan de la Ciudad

(La Nación) - Se trata de un sistema de control para identificar cada uno de los vehículos que utilizan las entradas y salidas de la Ciudad, a lo largo de la autopista La Plata-Buenos Aires y General Paz.

El Anillo Digital de Seguridad es un sistema de control para identificar cada uno de los vehículos que utilizan las entradas y salidas de la Ciudad. Foto: Prensa GCBA

"Entre la Ciudad y la Provincia entran y salen más de 1.100.000 autos por día. La única manera de poder monitorearlos es con tecnología", lanzó este mediodía el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al dejar inaugurado el "Anillo Digital de Seguridad".

Se trata de un sistema de control para identificar cada uno de los vehículos que utilizan las entradas y salidas de la Ciudad, a lo largo de la autopista La Plata-Buenos Aires y General Paz. Las cámaras, según se informó, tendrán lectores de patentes para identificar cuántos vehículos ingresan, quiénes son sus propietarios y si algunas de esas personas tienen pedido de captura o si algunos de esos automotores posee pedido de secuestro.

El Anillo Digital de Seguridad involucra 45 accesos a la Ciudad, los cuales tendrán en total 90 destacamentos (el Gobierno porteño y la Provincia instalarán uno de cada lado para controlar ingresos y egresos).

A su vez, cuenta con 366 cámaras, 75 de las cuales son de videovigilancia y las otras 291 lectoras de patente. Todas estarán funcionando a fin de mayo. A su vez, contará con 61 pórticos lectores de patente.

Las imágenes de los autos y los eventuales alertas serán enviados a los centros de monitoreo ubicados en Vicente López y en el Puente de la Noria (a inaugurarse en la primera quincena de mayo).

Al Anillo Digital de Seguridad se suman, en el marco del Sistema Integral de Seguridad Pública, la implementación de celulares reglamentarios sin mensaje de texto ni redes, con GPS; botones antipánico y tobilleras "Mujeres Seguras"; un sistema integral de video vigilancia; un sistema de monitoreo en subtes y colectivos; un sistema centralizado de recepción de llamadas; un mapa del delito y equipamiento nuevo para toda la fuerza de la Ciudad.

El cese de las policías locales enfrenta a Vidal con intendentes

Por Agustina López - LA NACION

Desde el peronismo objetaron la decisión de frenar la incorporación de más agentes.

Un nuevo frente se le abrió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal . Tras su decisión de no abrir más vacantes para las policías locales que había inaugurado su antecesor Daniel Scioli , un significativo número de intendentes de los grupos Fénix y Esmeralda y del interior provincial objetaron la medida y sostienen que quedarán desprotegidos ante la inseguridad.

Algunos, incluso, reclaman que esos efectivos pasen a la órbita de cada municipio y no dependan más de la provincia. Días atrás, 33 jefes comunales enviaron una misiva a la gobernadora y pidieron fijar fecha para una reunión, que aún no fue confirmada. La Gobernación aseguró que los efectivos que hay son suficientes para cumplir sus tareas y que muchos realizaban trabajos que no se correspondían con sus obligaciones.

Concretamente, hoy hay 22.600 efectivos locales -los de uniforme azul eléctrico- distribuidos proporcionalmente en 82 de los 135 municipios de la provincia. Son casi el doble de los que había en diciembre de 2015, 13.200. ¿Qué pasará con los efectivos que ya están en las calles? De a poco irán ingresando a los centros de capacitación donde antes funcionaban las escuelas de esta policía para mejorar y actualizar su formación; no se darán de baja los efectivos que ya están en la calle, pero tampoco egresarán más. Algunas escuelas se cerrarán. Según el último dato disponible, había 4000 docentes asignados a estos centros.

El cese de las policías locales enfrenta a Vidal con intendentes. Foto: Archivo / Santiago Hafford

"Es una decisión que debería reverse. Las policías locales sirven y mucho. En Merlo teníamos asignados 400 y por el momento sólo se graduaron 250. Es decir que estos 150 restantes no nos llegarán si se corta el programa. Además, habíamos armado una academia con dinero del municipio, que quedará en desuso", dijo a LA NACION Gustavo Menéndez (FPV), el intendente de Merlo.

Los motivos de que se haya detenido el programa de formación de estos policías son varios. Por un lado, según dijo a LA NACION el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, es porque "se busca sumar calidad antes que cantidad" y la formación y competencias de los efectivos locales no alcanzan para nutrir los cuerpos más exigentes de la provincia, como el Grupo Halcón, caballería o inteligencia. Por ello se destinarán más recursos a capacitar a los efectivos.

Además, en el ministerio detectaron irregularidades tanto entre los policías como en el uso que los municipios hacían de ellos. "Cuando reingresaron a la escuela de formación (se extendió su capacitación de 6 a 9 meses) nos encontramos con muchos que sufrían problemas psicológicos o que incluso no sabían disparar", explicó Ritondo.

Por otro lado, según el ministro, muchos jefes comunales hacían un uso incorrecto de los uniformados: los tenían de choferes y de custodia cuando alguna figura visitaba el municipio o los involucraban en eventos privados. Además, varios de los efectivos fueron denunciados en causas de corrupción o bandas criminales.

El año pasado, según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, se destinaron $ 2600 millones en chalecos antibalas, armas, patrulleros y en extender y mejorar la red del 911. Además, se les asignó a los municipios un capital de $ 3000 millones. En el caso de las policías locales, la provincia financia los uniformes, las armas, los salarios y los servicios de comunicación. "(Los intendentes) recibieron suficientes recursos, hay que ver en qué los gastaron. Este reclamo es puramente electoral", cuestionan fuentes de la cartera de Ritondo.

"Nos oponemos a esta medida y no es un posicionamiento electoral. A nosotros nos sirven mucho, son chicos nacidos y criados acá que conocen la zona. Son una fuerza de proximidad, que interactúa con vecinos y turistas", se quejó el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona (FPV).

Las policías locales fueron una iniciativa del anterior ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados y un caballito de batalla contra el reclamo por la inseguridad del que se valió Scioli. LA NACION consultó a Granados, quien prefirió no responder el pedido. Los efectivos comenzaron a tener presencia en la calle en marzo de 2015 y el programa estaba destinado a municipios con más de 70.000 habitantes y a aquellos que lo solicitaran explícitamente.

Macri evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes

Por Mariano Obarrio - LA NACION

Resolvió profundizar su batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se analizan inversiones en grúas, equipos para dispersión y reducción de activistas.

El gobierno de Mauricio Macri profundizará su decisión de desalojar piquetes en las protestas sociales. Luego del paro nacional del jueves último, cuando despejó todos los accesos a la Ciudad, creyó haber deslegitimado al "piqueterismo" que fue criticado hasta por la CGT.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, se reunirán pasado mañana con los altos mandos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura para analizar los futuros pasos.

Según pudo saber LA NACION, se evaluarán la compra de nueva tecnología, los procedimientos por corregir y nuevas técnicas de adiestramiento antidisturbios.

El Presidente quedó satisfecho por los operativos y pidió perfeccionar un plan integral: no sólo remover a los manifestantes, sino controlar en forma coordinada la logística de transporte de los activistas de la protesta social. Lo harán entre la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración de Ingresos Públicos (AFIP).

Foto: DyN / Carlos Greco

Según una alta fuente oficial, el gobierno porteño, que dirige Horacio Rodríguez Larreta , se acoplará progresivamente a la estrategia de desalojo de los piquetes. El jefe de gobierno teme que hechos de violencia terminen con víctimas fatales.

El Presidente tiene una postura dura, al igual que Bullrich. Pero Marcos Peña, jefe del Gabinete, está más cerca de Rodríguez Larreta.

Sin embargo, la Ciudad labró cientos de multas a micros mal estacionados en la avenida 9 de Julio, lo que condicionará a los dueños contratados por piqueteros, la CGT o los partidos políticos como el PJ.

"La Ciudad no despeja aún las calles. El jueves desalojaron el piquete en Corrientes y Callao, pero no el de Corrientes y 9 de Julio", dijo a LA NACION un alto funcionario nacional.

En Seguridad señalaron que ello obedece a que la Policía de la Ciudad aún está en un proceso de fusión entre la anterior Policía Metropolitana y la vieja Policía Federal. "Además ellos tienen piquetes todos los días y no alcanza el personal. Va a ser un proceso evolutivo", dijo a LA NACION un funcionario. La Gendarmería desalojó el jueves la Panamericana y ruta 197, el Puente Pueyrredón e impidió otros piquetes en las autopistas del Oeste y Ricchieri, y Constituyentes y General Paz.

Pasado mañana se evaluará la compra de grúas o elementos para remover y secuestrar vehículos a mayor velocidad. En Panamericana se usaron autos para bloquear la ruta. "Tenemos algunas grúas, pero debemos tener más", dijo. También se analizará la compra de tecnología disuasiva no violenta ni letal: existen dispositivos en otros países que emiten un sonido insoportable para el oído humano y dispersa en pocos segundos a los activistas. Y otros que disparan chorros de espuma que se solidifica en el acto y enredan a los manifestantes y son reducidos por de las fuerzas del orden.

"Vamos a analizar las prioridades según nuestras posibilidades presupuestarias", dijo una fuente de Seguridad. También, Bullrich y Milman consideran la posibilidad de técnicas de adiestramiento como las de la policía alemana, sin armas letales, pero con despliegues rápidos que neutralizan a los revoltosos.

Bullrich y Milman enviaron a los piquetes observadores civiles que tomaron fotos y apuntes sobre el accionar de las fuerzas. Se analizarán esos informes y los de las propias fuerzas. En base a ellos, se corregirán procedimientos. Milman dijo a LA NACION: "Como autocrítica, resolvimos la Panamericana a las 10 de la mañana y pudo ser a las 7". Y explicó que hubo que esperar refuerzos de Gendarmería de la Ricchieri.

De todos modos, la Casa Rosada admite que el apoyo popular recibido en la "marcha por la democracia" del 1-A, el sábado anterior, fue clave para la decisión política de ir contra los piquetes. "La gente nos dijo que hay una mayoría que no grita ni corta calles, pero que apoya y pide basta de piquetes. Que no seamos timoratos y actuemos", dijo un funcionario de la primera línea. Se mantendrá inalterable el uso de armas no letales: por ahora, carros hidrantes y gases lacrimógenos.

"Pero hay que desactivar una logística. Ellos llevan un kit-piquete, bolsas con piedras y palos, además de autos o micros que contratan. ¿Por qué no usan la plata en comedores para los más necesitados que dicen defender?", dijo Milman.

"A Omar Viviani, la probation que debería darle la Justicia es manejar el taxi por un año", ironizó. El jefe del sindicato de taxistas había ordenado "dar vuelta los taxis" de quienes no adherían al paro. La Casa Rosada avanzará en un plan integral con la AFIP, la CNRT y la Ciudad para multar y hacer inspecciones vehiculares y tributarias de esos micros. Macri quiere que los piqueteros paguen por todas sus infracciones, además de la violación del Código Penal.

Secuestran 11.000 motos en sólo cuatro días de control

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

Algunos de los vehículos tenían pedidos de secuestro por haber sido robados; hubo 3500 detenidos

Policías bonaerenses revisan las motos y a los ocupantes en uno de los miles de controles realizados. Foto: Ministerio de Seguridad bonerense

Los delitos cometidos en la modalidad "motochorros" y el recrudecimiento de homicidios concretados cuando los delincuentes asesinaron a inocentes para robarles las motos provocó que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ordenase operativos especiales para terminar con esos delitos.

Así fue que durante cuatro días de procedimientos realizados en el territorio bonaerense, la policía revisó 83.000 motos y secuestró 11.000 de esos vehículos. Entre esa enorme cantidad de motos incautadas había rodados que tenían pedido de secuestro porque fueron denunciadas como robadas, otras tenían la numeración del motor limada y las restantes no contaban con la documentación exigida para circular.

Pablo Ezequiel Tito y Alexander Flores son sólo dos de los nombres de las víctimas de homicidios ocurridos cuando delincuentes quisieron robarles las motos. A Tito lo asesinaron hace un año en Banfield y a Flores lo mataron el martes pasado en Villa Centenario. Por casos similares se implementó este operativo.

"Se trabajó en forma conjunta entre la policía bonaerense y las policías locales de cada municipio. Se realizaron operativos sorpresivos para luchar contra aquellos delincuentes que usan las motos para cometer delitos en muchas partes del conurbano. Hay que controlar las motos, que muchas personas utilizan para trabajar honestamente o hacen delivery. Los operativos no son contra los que trabajan, sino contra los delincuentes que usan esos vehículos", expresó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien supervisó los procedimientos.

Drogas, armas y delincuentes

Durante los operativos que, según Ritondo, no tenían lugares fijos, sino que cambiaban varias veces durante la noche para ampliar la zona a controlar, fueron detenidos 3500 sospechosos. Varios de esos imputados tenían en su poder las 350 armas secuestradas. Se detectaron 200 pistolas, revólveres y escopetas, y 150 armas blancas.

En el informe de los operativos realizados por los efectivos policiales, llamó la atención la cantidad de droga secuestrada durante los controles de revisión de las motos y de los conductores. Los uniformados secuestraron casi 4 kilogramos de cocaína.

Pero lo que más llamó la atención fueron los 170 kilogramos de marihuana hallados en poder de los sospechosos detenidos que circulaban en motos. Según fuentes oficiales, de esos 170 kilogramos de marihuana secuestrada, 153 kilogramos se encontraron durante una serie de controles realizados en la zona de Pilar. Durante estos operativos, los policías de la Jefatura Departamental de ese distrito desbarataron una banda de narcotraficantes que se dedicaba a realizar delivery de drogas.

La mayor cantidad de motos secuestradas se concretó en el partido de La Matanza. Durante los controles realizados en esa zona, los policías incautaron 1098 vehículos, una cifra que supera todos los rodados secuestrados en los operativos realizados en los partidos de Almirante Brown, Quilmes y Lanús.

La cantidad de motos secuestradas en La Matanza provocó que la jurisdicción de la Superintendencia Conurbano Oeste se convierta con casi 1500 vehículos en la zona donde se concentró la mayor cantidad de rodados incautados. Dicha área está comprendida por los partidos de Morón, Merlo, Moreno y La Matanza.

A partir de los controles, que también sirvieron para actualizar el mapa del delito para la modalidad "motochorros", se estableció que una de las áreas de mayor nivel de conflictividad era la zona comprendida por La Plata y todos los partidos que rodean la capital provincial.

Allí, los policías secuestraron 1068 motos y detuvieron a 277 sospechosos vinculados con delitos como robo a mano armada, tráfico de drogas, robo de motos y encubrimiento.

Si bien fue en la zona oeste del conurbano, especialmente en La Matanza, donde se concentró la mayor cantidad de motos secuestradas, fue en la zona norte del Gran Buenos Aires donde se registró la mayor cifra de detenidos por delitos. Durante los cuatro días de controles sorpresivos fueron apresados 841 sospechosos.

Mientras que en la zona del conurbano sur, especialmente en Quilmes, Almirante Brown y Lanús, la policía apresó a 707 acusados.

Un inusual procedimiento

• En cuatro días, la policía revisó 83.000 motos. Al menos 11.000 de esos vehículos fueron secuestrados.
• Entre esas 11.000 motos había vehículos con pedido de secuestro por haber sido robados, poseían la numeración del motor limada o carecían de documentos.
• En los controles la policía apresó a 3500 sospechosos, secuestró 350 armas y 170 kilos de marihuana.

El gobierno de Trump detalla cómo debe ser el muro con México

Por RON NIXON - New York Times

Parte de la valla fronteriza que separa Ciudad Juárez, en México, de Sunland Park, en Nuevo México Credit Christian Torres/Associated Press

WASHINGTON – El gobierno de Trump dio los primeros pasos concretos para cumplir con una promesa de campaña: lanzó una licitación para la construcción de un muro “físicamente imponente” en la frontera entre Estados Unidos y México.

La solicitud coincidió el viernes con la publicación del primer plan presupuestario de Trump, que incluye fondos para la construcción y el diseño del muro. El presupuesto propone que se destinen 2,6 mil millones de dólares en “infraestructura táctica” y medidas de tecnología de seguridad en la frontera, incluido el dinero para planear, diseñar y comenzar a construir el muro.

La solicitud de propuestas añade más detalles sobre los planes del Departamento de Seguridad Nacional para el muro, incluyendo el tipo de materiales de construcción que deberán usarse, su altura e incluso planes para que sea estéticamente agradable.

La solicitud, divulgada recientemente, postula dos tipos de prototipos de muro fronterizo. Una propuesta es para un muro hecho de concreto reforzado y “de una altura físicamente imponente”. Debe tener nueve metros de alto, pero la solicitud añade que en ciertos casos podría ser más bajo.

“Los postulantes deben considerar esta altura, pero los diseños con alturas de al menos 5,5 metros podrían ser aceptables”, establecen los documentos. “Los diseños con alturas de menos de 5,5 metros no son aceptables”.

La solicitud de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) también menciona que los proveedores deben entregar diseños de muro que hagan básicamente imposible que una persona lo escale o pueda ingresar usando una escalera.

Para contemplar los temores de que los carteles de narcotraficantes u otros puedan cavar túneles por debajo del muro, las propuestas piden diseños que “prevengan que se excave o se hagan túneles por debajo de él por un mínimo de dos metros por debajo del punto adyacente más bajo”.

En los documentos recién emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional también se menciona que el diseño debe buscar que el muro sea atractivo a la vista. “La parte norte del muro (la que da hacia Estados Unidos) debe ser estéticamente agradable a la vista según su color, la textura antiescalada, etcétera, y que sea consistente con el ambiente general que lo rodea”, indica la solicitud.

El muro fronterizo es parte de los planes más amplios de Trump de limitar de manera estricta la entrada a Estados Unidos de inmigrantes manera ilegal. Ha propuesto partidas presupuestarias de 314 millones de dólares para, a lo largo del próximo año, contratar y capacitar a 500 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y a mil empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Una cantidad adicional de 1,5 mil millones de dólares en el plan presupuestario serían para pagar la construcción de nuevos centros de detención para indocumentados y para financiar las deportaciones de estos.

Comprarán más de 800 patrulleros con GPS para aumentar el patrullaje urbano

Por Daniel Gallo - LA NACION

Se espera que a fines de año haya 2714 móviles; también sumarán armas, lectores de patentes y sistemas de monitoreo

Móviles y personal de la Policía de la Ciudad, con su "nueva imagen". Foto: Soledad Aznarez

El gobierno porteño prepara un importante plan de inversiones para la Policía de la Ciudad que incluye tanto la adquisición de herramientas clásicas para la prevención, como patrulleros y armas, como las más novedosas, como plataformas para el monitoreo de los recorridos de los agentes y nuevos lectores de patentes. Eso, además de los nuevos uniformes para toda la dotación.

Tras la fusión de 19.294 agentes de la ex Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina (mil de ellos, bomberos) con 7013 efectivos de la ex Policía Metropolitana, el patrullaje en las calles porteñas se incrementará este año con la compra de 820 vehículos. Así, para fines de 2017 se contará con 2714 móviles.

Ese incremento de patrulleros es uno de los puntos centrales del plan para reforzar la seguridad en las calles porteñas. Además de la cantidad, el gobierno porteño espera mejorar la calidad de los patrullajes. Para verificar que cada policía cumpla con su función asignada se implementará un sistema de monitoreo de las posiciones policiales. Cada agente contará con un teléfono "de servicio" con posibilidad de ser ubicado mediante el GPS. Tendrán una cuota de llamadas personales permitidas -para que no pierdan contacto con sus familias-, pero les estará vedado el uso de redes sociales. Esa prohibición se extenderá al uso de teléfonos propios durante las horas de servicio. Los primeros 5000 teléfonos serán entregados antes de marzo y se completará la dotación a mediados de año.

Los teléfonos oficiales permitirán seguir el movimiento de los agentes en un tablero de control. Lo mismo ocurrirá con los patrulleros. El monitoreo online de los recorridos de los agentes es utilizado actualmente por la policía de Salta con buenos resultados, según contaron quienes siguieron día a día el movimiento de los efectivos en la capital provincial. Tecnología de esas características sirve para que los coordinadores del sistema 911 asignen mejor la respuesta a una llamada de auxilio.

Entre las áreas de patrullaje que más se tendrán en cuenta están los llamados senderos seguros. En el comienzo de clases se espera contar con el 60% de los alrededores de los establecimientos cubiertos, mientras que se buscará llegar a cubrir en un año al 85% de las escuelas públicas y privadas de la ciudad.

Habrá adquisiciones para estandarizar el modelo de pistolas de dotación, ya que la Metropolitana y la Federal usaban armas distintas, aunque de idéntico calibre.

El acceso a nuevas tecnologías para enfrentar el delito será uno de los pilares de la Policía de la Ciudad, según confiaron a LA NACION funcionarios que están al tanto de los planes de inversión. Antes de mediados de año estarán instalados 136 pórticos con cámaras lectoras de patentes. Y unas 300 cámaras de esas características serán instaladas en 43 puntos de acceso a la Capital.

Con esas herramientas se espera poder identificar, primero, vehículos con pedidos de captura. Pero, según se explicó, se espera que esa metodología permita mejorar el análisis de la información criminal, ya que se podrían determinarse rutas de entrada, movimiento y escape de diferentes modalidades del delito, como el de los motochorros. Con esos datos se podrían trazar alternativas de prevención con patrullajes específicos.

Un proyecto más ambicioso y de largo plazo apunta a unificar en una base de monitoreo más de 11.000 cámaras públicas y privadas. Mientras se buscan las variantes para asimilar el contenido de cámaras de seguridad privada, los analistas policiales estiman que las denuncias se volverán una herramienta importante para focalizar el trabajo del refuerzo de patrulleros.

Por eso se implementó el nuevo sistema de atención a los damnificados por el delito, que podrán informar de sus casos en cualquier dependencia policial y ya no sólo en la comisaría con jurisdicción en el lugar del hecho. Quienes idearon esa reforma entienden que se evitará el desaliento de las denuncias y que, incluso cuando en principio las cifras conocidas sobre delitos serán mayores -lo que daría una idea de incremento delictivo no necesariamente real-, se podrá dar mejores datos al área de inteligencia criminal y al de investigaciones.

En las comisarías se busca que la recepción de denuncias y otras tareas administrativas sean desarrolladas por civiles, dejando a los policías para el patrullaje. También estará a cargo de civiles los puestos en Asuntos Internos para investigar denuncias contra los agentes de la fuerza. Hasta ahora, casi 300 puestos administrativos que eran cubiertos por uniformados fueron reemplazados con la incorporación de personal sin estado policial. Las autoridades esperan llegar a cubrir este año casi 2000 puestos.

Entre los proyectos de refuerzo de personal, finalmente, se estima que ingresarán 1500 agentes a la Policía de la Ciudad cada año.

Mayor control de los patrullajes

Teléfonos celulares - Los agentes de calle serán dotados de celulares "de servicio" que podrán ser geolocalizados a través del GPS. Así, se espera poder monitorear el despliegue y mejorar la eficacia de acción

Lectoras de patentes - Habrá 136 pórticos con cámaras de este tipo; y 300 en 43 puntos de acceso a la ciudad. Además de la detección de vehículos con pedido de captura, proveerán datos vitales para el análisis de información criminal

Videocámaras - A más largo plazo se pretende unificar el monitoreo de más de 11.000 cámaras públicas y privadas de vigilancia

Defensa y Seguridad lanzaron un plan conjunto para monitorear con radares la frontera norte del país

(Telam) - El ministro de Defensa, Julio Martínez, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron hoy el lanzamiento de un plan de monitoreo por radar durante las 24 horas para controlar la frontera norte del país, y ambos funcionarios destacaron “el trabajo en conjunto” que realizan las dos carteras en el “combate contra la narcocriminalidad”.


"El control de las 24 horas que haremos con los radares del norte son pasos que vamos dando en el sentido de luchar contra el narcotrafico, en el ámbito que nos incumbe a cada ministerio. La coordinación y el trabajo en equipo, que también nos pide el presidente (Mauricio) Macri, son pasos muy importantes", expresó Martínez, según un comunicado difundido por la cartera de Defensa.

El anuncio de este plan se realizó esta tarde en las instalaciones del Centro de Operaciones Aeroespaciales (COAE), ubicado en la localidad bonaerense de Merlo y dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

El COAE es la unidad en la que se concentra la información del sistema de radares de todo el país, y tiene la tarea de controlar el tráfico aéreo nacional.

Tras un recorrido por el COAE, ambos ministros detallaron que de este centro se realizará a partir de ahora un control durante las 24 horas de toda la zona fronteriza norte, mediante “la información emitida por los radares que se encuentran ubicados estratégicamente para poder llevar adelante el Operativo Frontera”. “Este año se prevemos la incorporación de tres nuevos radares que permitirán cubrir casi todo el espacio aéreo del norte. Esto nos permitirá colaborar con el Ministerio de Seguridad en el apoyo logístico para el control del espacio aéreo”, remarcó.

Por su parte, Bullrich consideró como "muy importante" el trabajo que se lleva a cabo en la base del COAE con el propósito de “interceptar los vuelos ilegales que ingresan drogas en el país”.

“Esta actividad que se realiza en conjunto con el Ministerio de Defensa es una protección fundamental para los ciudadanos argentinos y evita la entrada de droga por vía aérea, que es una de las modalidades que tiene la narcocriminalidad", resaltó Bullrich.

Bullrich frenó compra de aviones para Gendarmería

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com

SIN EFECTO. La ministra de Seguridad anuló la licitación para la adquisición de dos aviones de vigilancia destinados a combatir el delito fronterizo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resolvió dejar sin efecto el proceso licitatorio para comprar dos aviones de vigilancia destinados a la Gendarmería. Esa iniciativa estaba en línea con la necesidad de dotar a esa fuerza de seguridad con los equipos y medios adecuados para el combate del narcotráfico, contrabando y otros delitos trasnacionales. El presidente Mauricio Macri a mediados de enero prorrogó la Emergencia de Seguridad Pública y ratificó que uno de los "objetivos centrales" del Gobierno es la lucha contra el narcotráfico en el país. La emergencia había sido declarada el 21 de enero del año pasado, al mes y medio del comienzo de la gestión macrista. La Gendarmería necesitaba contar con medios aéreos aptos para la vigilancia, la obtención de inteligencia criminal y fortalecer los controles en la extensa frontera del país.

El lunes pasado Bullrich firmó la Resolución APN-MSG 128-2017, en tres artículos (el tercero es de forma) da por tierra con la licitación cuando la Secretaría de Fronteras, encargada de gestionar la compra, había iniciado las evaluaciones para la selección de las aeronaves. Cinco oferentes habían competido por un contrato de 190 millones de pesos (unos u$s12 millones). "Déjase sin efecto la licitación pública N° 29/16 que tiene por objeto la adquisición de dos sistemas de vigilancia Aérea para la Gendarmería Argentina", es la disposición que firmó Bullrich.

En los considerandos de la norma está el fundamento; un cambio de prioridades en los planes de compras destinadas a seguridad. La prosa administrativa permite inferir que no habría recursos suficientes para atender el requerimiento que planteó la Gendarmería en cuanto a medios aéreos y que el ministerio orientó la prioridad de los gastos a otro objetivo.

"La adquisición de marras (los dos aviones) demandaría una erogación que conllevaría a no poder afrontar distintas adquisiciones que se están llevando a cabo con vistas al cumplimiento de dichos propósitos", dice la resolución.

La ministra enfrenta críticas desde sectores de la industria nacional por la compra a Israel de cuatro lanchas para la Prefectura que se asignarían al patrullado de la hidrovía Paraná-Paraguay. La operación demandaría 49 millones de dólares por las cuatro lanchas modelo Shaldag. El reclamo de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) es que con ese monto en Argentina se podrían fabricar 20 lanchas, aunque sin las armas instaladas en la versión israelí (cañones de 25mm y 20 mm).

La licitación había comenzado con tropiezos. El pliego básico inicial tenía descripciones técnicas correspondientes al equipamiento de uno de los aparatos en competencia, el modelo bimotor Tecnam 2006T (con software de vigilancia Indra Systems) del fabricante italiano Costruzioni Aeronautiche Tecnam. 

Ninguno de los oferentes cumplía con una de las especificaciones técnicas exigidas en el pliego: "el radar deberá tener una cobertura mayor a 240 ° y un alcance mayor a 180 millas náuticas". Los radares de vigilancia de los aviones presentados en el concurso no superaban las 25 millas.

Se sumaron reclamos formales de más de un oferente por el escaso tiempo fijado para la provisión de los aviones, requisito que impuso la Subsecretaría de Coordinación de Fronteras a cargo del brigadier retirado Vicente Autiero. Además, dos concursantes con peso en el mercado optaron por presentar sus aviones pero sin la oferta económica. Un velado gesto de disconformidad con la gestión del proceso licitatorio.

En ese ambiente especulan que más allá de la redistribución de las partidas a que hace referencia Bullrich para dar de baja la licitación, la medida permitirá en un futuro la participación de oferentes israelíes que no se presentaron en la primera vuelta. La mención apunta a Elbit Systems Ltd. uno de los principales fabricantes de materiales electrónicos de defensa, radares integrados a sistemas de inteligencia por imágenes, entre otros equipos. La empresa con base en Haifa tiene un largo vínculo comercial con la Fuerza Aérea Argentina en el programa de modernización del jet entrenador IA-63 Pampa.

Bullrich visitó Israel a mediados de noviembre del año pasado. Presenció demostraciones de distintos elementos tecnológicos, drones cámaras, radares y soluciones de cómo integrarlos en la frontera.

Objetan la compra de 4 lanchas artilladas a Israel

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La industria naval local pidió a Macri que revise ese acuerdo por el precio "desmesurado" y la instalación de cañones de guerra contra los narcos.

Foto: Lancha artillada Shalgad.

La Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) pidió al Gobierno que revise la decisión de comprar a Israel 4 lanchas artilladas por 49 millones de dólares porque con ese monto se podría construir 20 en la Argentina, aunque sin el armamento, entre otros argumentos. La compra de material flotante es una decisión clave para la política de reforzamiento de los controles de fronteras fluviales. En este caso para equipar a la Prefectura Nacional en la lucha contra el narcotráfico en los ríos Paraná y Uruguay. Se trata de lanchas modelo Shaldag equipadas con armamento de guerra como cañones de 25mm y 20 mm. Israel las usa para la interceptación de barcos en el mar Mediterráneo frente a la Franja de Gaza, la zona más peligrosa de su conflicto con los palestinos.

Sin embargo, la FINA en una nota enviadas a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Producción, Francisco Cabrera, recordó que a principios del año pasado había iniciado conversaciones para equipar a la Prefectura con este tipo de embarcaciones. Como producto de ese diálogo, la Prefectura llamó a licitación para comprar 3 embarcaciones pequeñas de industria nacional que costaron 120 mil dólares cada una.

Pero el mes pasado, Bullrich realizó una visita a Israel y firmó un acuerdo de gobierno a gobierno –lo que garantiza transparencia- para comprar las lanchas y también equipos de tecnología estática y móvil para la vigilancia de la frontera terrestre de 5 mil kilómetros. Estos equipos se instalarán primero en zonas más “calientes” de la frontera como Puerto Iguazú, Salvador Mazza, Aguas Blancas y la Quiaca que han quedado virtualmente descontrolada desde el inicio del desplazamiento de fuertes contingentes de la Gendarmería desde la frontera a las grandes ciudades del país que comenzó en la época de Menem. Estos equipos constarán 35 millones de dólares y son construidos por un país como Israel que tiene experiencia y tecnología de punta al respecto por su conflicto con los palestinos. El acuerdo debe aún ser ratificado por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto.

La nota de la FINA –firmada por su presidente Juan Torresin- objeta la compra de las lanchas Shaldag. “La industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega” reactivando así los astilleros locales, aunque sin los armamentos. La asociación empresaria también sostuvo que “resulta inapropiado y desmesurado” dotar a esas lanchas con cañones de 25mm que son considerados armamentos de guerra. También se objetó que no haya transferencia de tecnología a la Argentina como se suele hacer en este tipo de contratos entre estados. 

Un experto en armas explicó que usar un cañón de 25mm en los ríos Paraná y Uruguay contra narcotraficantes significa exponer a “un enorme riesgo y daños colaterales a las poblaciones ribereñas”. Otro problema es que se trata de solo 4 lanchas para controlar 3.400 kilómetros del sistema fluvial argentino. 

En los últimos años la Hidrovía Rosario-Asunción se convirtió en el principal canal para la llegada de marihuana y cocaína a la Argentina. Otro especialista también objetó el precio. Para comparar, contó que Brasil compró lanchas artilladas COTECMAR LPR 40 blindadas a Colombia por “dos millones de dólares cada una”. Es que Colombia por la lucha contra el narcotráfico y su geografía desarrolló este tipo de embarcaciones. Con los 49 millones de dólares de las Shaldag, se podrían “haber adquirido 24 lanchas blindadas a Colombia, de las cuales por lo menos 20 se podían haber construido en el país”, según un especialista consultado por este diario.

Estas compras se debaten en el marco del plan de mejoramiento de los controles en la frontera que lanzó el presidente Macri a través de un decreto. Todo esto se complementa con la instalación de nuevos radares y el aumento de la capacidad de intercepción de la Fuerza Aérea que ha provocado una baja en la entrada de vuelos ilegales como los de los narcotraficantes en los últimos meses, aunque todavía falta mucho para lograr un efectivo control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos de un país tan grande como la Argentina.

Nota del Editor: El articulo tiene ciertas observaciones. Las lanchas colombianas de menor capacidad operativa no tienen las mismas características que las israelíes con mas capacidades. Asimismo, desde antes de las elecciones del 2015, algunos miembros del actual equipo  del Ministerio de Seguridad tenia conocimiento de la existencia de las lanchas de combate ultrarápidas de asalto militar Stridsbåt 90, más conocido como el CB90 (por Combat Boat 90) bajo licencia de los astilleros Dockstavarvet acercadas por un amigo de este blog. Y si desconocian sus datos Desarrollo y Defensa colabora:

DOCKSTAVARVET AB

SE-870 33 Docksta - SWEDEN

Tel: +46 613 711 600 - Fax: +46 613 404 66 - E-mail: info@dockstavarvet.se

Montoto y los negocios con Israel, detrás de la supervivencia de Patricia en el Gobierno

(LPO) - A pesar de los traspiés de su gestión, Macri sostiene a la ministra por los influyentes respaldos que consiguió.

Patricia Bullrich es una de las funcionarias más cuestionadas del gobierno de Mauricio Macri, con el agravante de que lo es en una áreas crítica de la administración, a diferencia de otros ministros que son igual o más criticados que ella pero en lugares menos neurálgicos. Aun así, la ministra de Seguridad sobrevive.

Además de los cuestionamientos políticos a la funcionaria, la inseguridad está el tope de las preocupaciones en todas las encuestas, en la misma línea o por encima de la inflación o el desempleo. En un año electoral, el crecimiento de esa preocupación puede ser un factor clave, pero Macri ha evitado cualquier cambio como los que hizo en el área económica.

La razón de esa supervivencia está en los influyentes contactos que explican el arribo de Patricia a esa posición, cuando no tenía ninguna experiencia en el tema. El más importante de sus apoyos es el empresario Mario Montoto, que ya supo ser el hombre clave del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia.

Bullrich conoce a Montoto desde la época en que militaba en la organización Montoneros, donde el ahora empresario era tesorero. La relación entre ambos nunca se rompió y Patricia siempre mantuvo el vínculo, al punto de que años atrás recibía a gente en una Fundación que operaba en una oficina de Montoto, ubicada unas cuadras de la Plaza de Mayo.

Montoto es el dueño de la empresa Codesur, dedicada a “soluciones para la defensa y la seguridad interior”, según se presenta en la web. La firma se dedica a la provisión de equipamiento para las fuerzas policiales, logística en seguridad y desarrollos tecnológicos para esa área. Una de sus especialidades son los sistemas de vigilancia urbana (cámaras y monitoreo).

Montoto es presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y suele ser un vínculo directo para comprar el armamento de última generación que produce esa potencia de Medio Oriente.

Codesur fue el gran proveedor de la provincia de Buenos Aires en la gestión Scioli, y Montoto se convirtió en una especie de ministro de seguridad en las sombras, ya que era el principal asesor del gobernador. Su presencia condicionó a todos los ministros, sobre todo a Carlos Stornelli que se fue molesto por la influencia del empresario.

Actualmente, Montoto es el nexo de Bullrich con el gobierno de Israel, el otro factor clave para la supervivencia de la ministra. El Ministerio de Seguridad acaba de cerrar la compra a ese país de cuatro lanchas rápidas para patrullar el río Paraná y sistemas de vigilancia de cruces fronterizos terrestres, todo por 84 millones de dólares.

Montoto tiene entre sus grandes socios comerciales a Israel, que es un actor clave de la industria armamentística por el desarrollo tecnológico de equipamiento militar liviano, que lo convierte en uno de los principales proveedores de todo el planeta. El Gobierno argentino tendría en carpeta la compra de dos aviones espías a ese país, entre otras operaciones.

No se trata de un secreto, ni de una relación oculta: Montoto es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y suele presentarse con esa chapa.

La compra de las lanchas y el sistema de vigilancia se cerró en la visita de Patricia a Israel, en noviembre pasado, promovida por Montoto. Allí la funcionaria se reunió con los ministros de Defensa y Seguridad Pública de Israel, Avigdor Lieberman y Gilad Erdan y también con el director de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional (SIBAT), Mishel Ben Baruch, responsable del comercio del equipamiento tecnológico de defensa israelí y vocero de las empresas de seguridad.

Además de recorrer varios puestos de control fronterizo, Bullrich (que viajó acompañada por el diputado nacional y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff) participó de la Conferencia Internacional Israel HLS & Cyber 2016, a la que se sumó el empresario.

“Un equipo de trabajo del Estado argentino, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, estuvo presente y participó de varias de las actividades organizadas durante la exposición. De hecho, la propia ministra de Seguridad Nacional disertó en uno de los paneles, donde se refirió a los desafíos que enfrentamos desde la Argentina en materia de seguridad”, contó Montoto en una columna que publicó en Infobae, donde hizo una fuerte defensa del comercio entre ambos países y destacó “la relación está en uno de sus mejores momentos”.

Fronteras: el Gobierno analiza crear de una policía migratoria

Por Pablo Ibáñez - Clarin.com

La idea, que circula en el Gobierno, imitaría a EE.UU. y otros países. Pero requiere que sea votada por el Congreso.

La Dirección Nacional de Migraciones, donde se tramitan los permisos para residir en la Argentina. Foto: Alfredo Martínez.

La más conocida y temida es la de Estados Unidos: la Patrulla Fronteriza, la US Border Patrol. Pero existe, con menos visibilidad y protagonismo en Ecuador, Panamá y, entre otros países, Costa Rica.

La creación de una policía migratoria, destinada a regular el tránsito de personas, figura en el menú de "ideas" que circulan en los despachos oficiales para endurecer los controles fronterizos.

La propuesta, que en gobierno proyectan a mediano plazo, figura en un paquete de reformas e iniciativas que la Casa Rosada impulsa en materia de inmigración, cuyo punto inicial fue el DNU de Mauricio Macri publicado el lunes pasado. Con ese decreto, se acortaron plazos en procedimiento que involucran a extranjeros con conflictos penales y limita el ingresos de personas con condenas y antecedentes.

El director de Migraciones, Horacio García, confirmó lo que ayer contó Clarín: la idea de crear un "fuero migratorio" que atienda asuntos de extranjería -de conflictos de residencia a expulsiones-, que hoy caen en el farragoso Contencioso Administrativo.

Pero así como García habló de que haya "jueces y fiscales" que se aboquen a temas de migraciones, en paralelo el Casa Rosada se estudia la creación de la policía migratoria.

A Gendarmería, Prefectura Naval, la Polícía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se agregaría esa quinta fuerza con tarea puntual en migraciones.

En rigor, según la ley de Migraciones 25.871, las cuatro fuerzas federales existentes ofician como "policía Auxiliar de Migraciones".

En gobierno explican que hay un punto ciego entre la tarea administrativa de migraciones y la intervención de los agentes de seguridad.

Así como en Estados Unidos y varios países existen fuerzas especiales para migración, lo más habitual -España, Alemania, Brasil- es que la policía federal o nacional tenga un área específica que interviene en migraciones. "El tema está en estudio pero tiene su complejidad: requiere una ley que pase por el Congreso y puede generar resistencia en las demás fuerzas" confió un funcionario a Clarín.

Más simple: además de implicar una cuestión presupuestaria adicional, que tome funciones de otras reparticiones es lo que despierta recelos.

Podría producirse, por caso, un conflicto de competencias si la nueva fuerza quedara en el ámbito del ministerio del Interior como un brazo ejecutivo de la Dirección de Migraciones y no en Seguridad como las demás fuerzas.

Patricia Bullrich juega en el ring. Hizo circular estadísticas sobre la incidencia de los extranjeros en el delito. Según un informe de la Subsecretaría de Estadística Criminal, solo el 4,8% de los 72693 detenidos en cárceles de todo el país -federales y provinciales- son extranjeros.

Sin embargo, resaltan en Seguridad, de los 3.172 presos por conflictos con la Ley de Estupefacientes, 1.069 de nacionalidad extranjero, es decir que respecto a ese delito la proporción es de "1 a 3", sintetizan desde la cartera de Bullrich.

La ministra será hoy objeto de una denuncia en el INADI por parte de Barrios de Pie. Daniel Menéndez, dijo que “Bullrich parece una funcionaria de Donald Trump" porque acusó a "peruanos, bolivianos y paraguayos" de ser "los responsables del avance de la droga en la Argentina.

“Si bien estamos de acuerdo con que se fortalezcan los controles para luchar contra el narcotráfico, no con estigmatizar a las comunidades extranjeras” dijo Menéndez.

En el gobierno sostienen que las iniciativas respecto a la inmigración son bien recibidas por la mayoría y muestran encuestas con alto nivel de aceptación. Ayer, la consultora Poliarquía mostró una medición que indica que 88% de los encuestados apoya la creación de un tramite exprés para expulsar a extranjeros que cometan delitos.

Después de 20 años, el Estado se hace cargo de las fronteras terrestres y marítimas

El Presidente Mauricio Macri, mediante la firma del decreto 27/2017, decidió hoy impulsar una política de estado integral para asegurar la presencia efectiva del Estado Nacional en los más de 9600 kilómetros de extensión de nuestras fronteras.

Se trata de la modificación de la normativa referida a la Zona de Seguridad de Fronteras. Los cambios efectuados son el resultado de un trabajo conjunto de la Mesa interministerial de gestión integrada de fronteras que durante el último año realizó un diagnóstico exhaustivo de la problemática.

El decreto 27/2017 se refiere a la Zona de Seguridad de Fronteras, que constituyen una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima de una extensión máxima de 150 km en el límite terrestre y 50 km en el marítimo. Fue creada en 1944 para asegurar la defensa nacional respondiendo a visiones estratégicas propias de la época relacionadas con el mundo de la Segunda Guerra Mundial. La legislación fue reformada en 1996 pero su autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que hace casi una década no sesiona por hallarse sin presidente designado.

Es por esto que ahora se transfiere dicha Comisión a la órbita del Ministerio de Seguridad y designa al Secretario de Fronteras como su presidente, quien podrá revisar el alcance geográfico de la Zona de Seguridad de Fronteras según las actuales realidades del delito trasnacional y proponer las modificaciones normativas que correspondan a fin de enfrentar los actuales desafíos de seguridad de fronteras de una manera acorde con lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior.

Al respecto, la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich destacó que “la lucha contra el narcotráfico es prioridad para este gobierno y no es posible sin una política nacional en las fronteras”. Por su parte, el Secretario de Fronteras, Lic. Luis Green remarcó que  “el objetivo es tener fronteras abiertas a la integración con los países limítrofes, al turismo y al comercio internacional pero cerradas a los delitos transnacionales y blindadas contra el narcotráfico”.

De esta manera, contamos con más herramientas para lograr el objetivo de tener una Argentina sin Narcotráfico.

Hacia una nueva Ley de Fronteras

En 180 días enviaremos al Congreso de la Nación una nueva Ley de Fronteras. Es una deuda de la democracia que la legislación vigente tenga más de 70 años.

Necesitamos consensuar una normativa moderna y eficaz para combatir el narcotráfico y la complejidad del delito trasnacional.

Por eso consultaremos con ministerios, gobernadores y especialistas para redactar la mejor ley posible. Una ley pensada en los desafíos y complejidades del siglo XXI dejando atrás una normativa obsoleta, redactada en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Hace 22 años que no se revisa el ancho geográfico de la Zona de Seguridad de Fronteras.

Vamos a devolverle al Estado la capacidad de coordinar políticas públicas en la Zona de Seguridad de Fronteras de acuerdo a lo que establece la Ley de Seguridad Interior, respaldando el accionar de Gendarmería y Prefectura.

Queremos dejarlo bien claro. Bajo ningún aspecto la modificación de esta norma implica la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad Interior y en el patrullaje en la frontera. Es todo lo contrario. Significa otorgarle a Gendarmería Nacional y a Prefectura Naval el respaldo no sólo del Ministerio de Seguridad sino de toda la Administración Pública Nacional para la ejecución de las tareas administrativas y aquellas políticas públicas que apoyen y respalden su accionar en el terreno.

Para que cada gendarme y prefecto no se sienta sólo. Hay un Estado Nacional dispuesto a respaldar el trabajo que todos los días esos hombres y mujeres hacen en nuestras fronteras.

Anexo con referencias normativas

La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad es el organismo nacional encargado de la Zona de Seguridad de Fronteras (ver Dec.-Ley 15.385/1944), que constituye una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima de una extensión máxima de 150 km en el límite terrestre y 50 km en el marítimo.

En 1996 (ver Decs. 1409/96 y 1410/96) se la transfirió de la órbita militar a la civil, pero al crearse el Ministerio de Seguridad en 2010 (Dec. 1993/2010) no se la incluyó entre sus competencias, dejando así a la Zona de Seguridad de Fronteras fuera del sistema nacional de seguridad interior.

Al designar presidente de la Comisión al Secretario de Fronteras y transferirla a la órbita de esa secretaría del Ministerio de Seguridad, este decreto viene a salvar ese error enmarcando definitivamente a la Zona de Seguridad de Fronteras en el sistema de seguridad interior (ver Ley 24.059) a fin de prevenir y combatir los delitos transnacionales complejos, y de esa manera resguardar desde las fronteras la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes de la Nación, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

La conformación de la Comisión definida en 1996 (ver art. 16° Dec. 1410/96) estaba todavía muy militarizada ya que incluía entre sus vocales permanentes al Jefe de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Director de Tránsito Aéreo del Comando de Regiones Aéreas del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

En cambio, su nueva integración comprende al Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, al Subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, al Subsecretario de Desarrollo de Fronteras y al Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad. Asimismo, participarán al Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la necesidad de cooperar y coordinar con los países limítrofes, y al  Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa porque el control del espacio aéreo y la operación de los radares son responsabilidad de ese ministerio.

Este decreto no abre la puerta al patrullaje de las fronteras por las Fuerzas Armadas sino que por el contrario respalda y potencia el que vienen haciendo la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina, que conforme a sus respectivas leyes orgánicas (ver arts. 4° y 9° Ley 18.711, art. 4° Ley 18.398 y arts. 1° y 2° Ley 19.349) tienen competencias en la Zona de Seguridad de Fronteras.

A partir de la modernización y nuevo enfoque de la Comisión de Zonas de Seguridad, el Estado Nacional podrá coordinar políticas públicas de seguridad en nuestras fronteras en el marco de una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y demás delitos trasnacionales, incluyendo a las distintas autoridades locales, provinciales y municipales.

Asimismo, a partir de este decreto se asume el compromiso de actualizar la legislación en materia de fronteras y redefinir la extensión de la Zona de Seguridad de Fronteras – lo que no se realiza desde hace 22 años (ver Dec. 887/94)–, utilizando criterios que prioricen la lucha contra el delito trasnacional y respondan a información fidedigna y mapas del delito debidamente actualizados, en permanente comunicación con las Provincias y Municipios fronterizos.

La tarea que culminará en un proyecto de ley a ser elevado por el Ministerio de Seguridad al Congreso Nacional para renovar la normativa sobre esta materia, ya obsoleta por responder a concepciones propias de la Segunda Guerra Mundial y su inmediata posguerra, y darnos así una Ley de Fronteras de la democracia planeada para los desafíos que como Nación nos presenta el siglo XXI. (MINISTERIO DE SEGURIDAD)

Operativo sorpresa en la terminal de Liniers contra el ingreso ilegal de extranjeros

(Clarin.com) - Revisaron a unas 500 personas de países limítrofes. No hubo detenciones pero se incautó mercadería.

El operativo fue efectuado por agentes de la Policía Federal, Migraciones y AFIP. (AP Photo/Natacha Pisarenko).

En el marco del endurecimiento de los controles migratorios que plantea la administración de Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dispuso en la madrugada de ayer un operativo sorpresivo en la terminal de ómnibus de Liniers. Se requisaron micros y se controló a 500 pasajeros extranjeros, mayoritariamente procedentes de Bolivia, Perú y Paraguay Finalmente no hubo detenidos ni deportados, pero sí se secuestró mercadería.

Desde la Cartera de Seguridad -que había sido noticia por el hackeo de la cuenta de Twitter de Bullrich- enfatizaron que se trataba de un operativo para combatir esencialmente el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. “Sabemos que los controles preventivos en las terminales de ómnibus ayudan a conjurar esos delitos”, informaron a través de un comunicado.

Del operativo en la terminal participaron oficiales de Drogas Peligrosas, de la Policía Federal, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de Interpol. Fue un trabajo coordinado con la Dirección Nacional de Migraciones, y de la AFIP y la Aduana, destacaron desde Seguridad. “Fue dispuesto y organizado por el ministerio de Seguridad. Y como cada vez que un organismo provincial, nacional o de la Ciudad; o la Justicia encara un operativo que incluye extranjeros, se convocó a Migraciones. Cuestiones de procedimiento”, destacaron desde el ministerio que conduce Rogelio Frigerio.

Los agentes subieron a los micros con equipos morpho rapid, que permite constatar rápidamente la identidad de los individuos y analizar si tenían algún impedimiento legal para permanecer en el país. Los pasajeros y sus equipajes fueron derivados hacia el scanner móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (P.S.A.), cuyos operadores los controlaron.

También hubo perros entrenados para localizar drogas, en las bauleras de los ómnibus, mientras que el personal de Migraciones verificaba la documentación de las 500 personas. Los bultos que eran trasladados por los micros que finalizaban su recorrido eran escaneados: en caso de dudas se realizaba nuevamente el escaneo y de ser necesario se solicitó la apertura del mismo para someterlo al control por parte de los perros.

No hubo detenidos, demorados ni deportados, según informaron las fuentes oficiales. Los efectivos secuestraron “140 mochilas de distintas marcas importadas, 60 pares de zapatillas importadas, 100 bolsos y carteras, más de 500 pares de zapatos y gran cantidad de ropa interior”.

Del operativo participaron el Juzgado Nacional en Penal Económico Nro. 04 a cargo de Alejandro Catania; y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 02, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, quien casualmente también investiga el hackeo de la cuenta de Twitter de Bullrich.

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que los operativos podrían repetirse en otras terminales donde ingresen micros que provengan desde países vecinos. "Es el mismo procedimiento que se hace en (el Aeropuerto de) Ezeiza”, destacaron fuentes oficiales.

Extraoficialmente reconocen que se están estudiando alternativas para la puesta en marcha del decreto del presidente Mauricio Macri que regulará los nuevos controles migratorios y que el Ejecutivo firmaría la próxima semana.

Esta semana el Gobierno presentó un nuevo sistema que endurece los controles migratorios en los aeropuertos. También se anunció la creación de una Comisión Nacional de Fronteras para "regular y coordinar el funcionamiento de los Pasos Internacionales" con la que pretenden expulsar rápidamente a los inmigrantes con antecedentes penales en sus países. “Está más que probada nuestra vocación de recibir inmigrantes, lo que no queremos son delincuentes", sentenció Frigerio en declaraciones a radio El Mundo.

Instalan 176 cámaras para reforzar la seguridad en la estación de trenes de Constitución.

(Clarin.com) - El ministerio de Transporte inauguró un centro de monitoreo que grabará las 24 horas lo que sucede en cada rincón del lugar. Prometen uno en cada cabecera ferroviaria.

Dietrich recorrió el Centro de Monitoreo de Constitución

Con 176 cámaras de video que grabarán lo que pasa minuto a minuto durante las 24 horas del día en la estación de trenes del Roca en Constitución, el gobierno nacional puso en marcha hoy el que será el primero de varios centros de monitoreo de los que planea llevar a todas las de las cabeceras ferroviarias en los próximos dos años para reforzar su seguridad.

Como en una suerte de Gran Hermano, el sistema busca no solo procurar que haya más seguridad en la estación, sino también en su entorno mediante el seguimiento de imágenes registradas por cámaras de video, instalada en el hall, ingresos a la estación y en la zona de andenes, con el fin de prevenir el delito o dar atención rápida a una emergencia.

En el ministerio de Transporte afirman que las cámaras servirán para tener una interacción inmediata con las fuerzas públicas –Policía, Gendarmería, SAME, Bomberos, o la autoridad que corresponda según el tipo de incidente o emergencia.

"La incorporación de esta tecnología es un paso más para seguir mejorando la experiencia de viaje de casi un millón y medio de usuarios que todos los días se toman el tren en el Área Metropolitana y contribuyendo a un transporte público de calidad, para que todas esas personas puedan moverse más cómodo y seguro. Forma parte de la inversión de 14.000 millones de dólares que ya estamos ejecutando en la región para lograr ese objetivo", señaló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, tras recorrer el centro.

Plaza Constitución, donde también se llevan adelante las obras de Centro de Trasbordo para agilizar combinaciones entre subte, metrobus y trenes en la plazoleta delimitada por las calles Brasil, Garay, Lima Oeste y Lima Este, es -señalan- el primero de muchos centros a instalar en el marco de un plan que extenderá este sistema de seguridad no sólo al resto de la línea Roca, sino a toda la red metropolitana de trenes en los próximos 2 años, para beneficiar a más del 80% de los pasajeros de la región. La inversión total, calculan, será de 130 millones de pesos.

El centro de Trasbordo de Constitución, otra obra que hay en el lugar

La próxima etapa terminal de cámaras será instalada en Retiro (donde funcionan las líneas San Martín y Mitre); luego será el turno de la estación Once, de la línea Sarmiento y, por último, de Tapiales, del Belgrano Sur. Más tarde, en otra parte del proceso, se pondrán cámaras en halles y andenes de dichas estaciones y, en una tercera y última instancia, el sistema se extenderá a otras 148 estaciones del resto de la red, con un total de 4000 cámaras instaladas y vigiladas desde las 4 Centrales de Monitoreo a fines de 2018, confirmó el ministerio de Transporte.

“Este primer Centro de Monitoreo es un avance para alcanzar parte de los objetivos que nos proponemos y la seguridad del pasajero es una de las prioridades para nuestra gestión. Además de contar con tecnología de punta, nuestro equipo está altamente capacitado para responder de manera rápida y eficaz”, sintetizó Marcelo Orfila, Presidente de Trenes Argentinos Operaciones.

Datos

• Se instalaron 176 cámaras solo para la estación Constitución del Roca.
• Se calcula que más de 1 millón de personas viaja todos los días en trenes.
• Hay 1769 servicios diarios a lo largo de las 950 kilómetros de vías operativas.

Tras negociar con la oposición, el Gobierno lanza más medidas de control migratorio

Por Marcelo Hugo Helfgot - Clarin.com

Incluyó sugerencias de Pichetto y del massismo en el DNU que publicará el lunes. Apunta a agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen, aunque no tengan condena firme.

Tras negociar con la oposición, el Gobierno lanza más medidas de control migratorio.

Mauricio Macri en Olivos, el viernes, en reunión de coordinación con Mario Quintana, vice de Gabinete; el jefe de Gabinete Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Foto: Presidencia.

En el arranque del año electoral, la política de control a los inmigrantes se endurece día a día. Primero fue la circular a las líneas aéreas para que informen anticipadamente los datos de los pasajeros que vengan al país. El paso siguiente fue la conformación de una Comisión Nacional de Fronteras. Pasado mañana, el Gobierno ajustará otra tuerca: publicará el anunciado decreto de necesidad y urgencia que buscará limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar en plazos sumarios a los que ya residan en el país. La novedad es que lo hará con el guiño de los bloques opositores clave del Parlamento, el FpV en el Senado y el Frente Renovador en Diputados. Garantía para que sea aprobado.

El DNU que dejó firmado Mauricio Macri tras una reunión de coordinación de gobierno en Olivos y antes de partir de descanso a Chapadmalal establece que ya no deberá esperarse que un extranjero tenga condena firme por un delito para que se lo expulse o se impida su ingreso. Las autoridades deberán proceder cuando exista condena en primera instancia o procesamiento firme (dictada por una cámara de apelaciones), siempre que se trate de “delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de la libertad”, según el texto que editará el Boletín Oficial y al que tuvo acceso Clarín. Además, se especifica que la medida es aplicable a delitos puntuales, como tráfico de armas, de personas, órganos o drogas, así como lavado de dinero y corrupción.

También habrá un capítulo de “procedimiento migratorio especial sumarísimo”, para acortar a por lo menos dos meses los plazos administrativos y judiciales que deben cumplirse para legitimar la expulsión de un inmigrante por motivos legales. Excepcionalmente, la Dirección Nacional de Migraciones podría solicitar a un juez la “retención preventiva” de un extranjero mientras se define el trámite. En todos los casos, la expulsión implicará la prohibición para el reingreso al país por plazos que podrán oscilar entre los ocho años y la perpetuidad.

Una versión en borrador ya había sido anticipada por este diario una semana atrás, pero a último momento el Ejecutivo aceptó hacerle pequeños retoques para tomar en cuenta propuestas que acercaron especialistas del massismo. Fuentes de ese sector y del Gobierno confirmaron que fue tras un intercambio de minutas del ministro de Justicia, Germán Garavano, con el dúo renovador formado por el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez, y Diego Gorgal, asesor de Sergio Massa y ex secretario de Seguridad porteño. Allí se acordó dejar a resguardo las reformas de tipo penal, que según la Constitución sólo podrían ser motivo de una ley con aval pleno del Parlamento.

Garavano ya había charlado del tema con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, uno de los pioneros en colocar el tema del control migratorio al tope de la agenda política, aunque en términos subidos (habló de “resaca”) que generaron fuerte polémica.

Pichetto volvió a abordar la cuestión diez días atrás en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el director nacional de Migraciones, Horacio “Toto” García, impulsor del expediente sobre el que se basa el decreto presidencial. Los funcionarios admitieron que el proyecto de ley que presentó el senador peronista a principios de mes va en la misma sintonía de las medidas que está adoptando el macrismo.

De hecho, los fundamentos del inminente DNU y de la iniciativa de Pichetto ponen el foco en el mismo dato: que el porcentaje de presos extranjeros por delitos comunes es similar al de su presencia en la población (en torno al 6%), pero supera el 20% en casos federales, como contrabando o trata de personas, y orilla el 33% en condenas por narcotráfico.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó en la elaboración del decreto y ayer envió a las fuerzas federales al primer operativo a fondo contra el ingreso ilegal de extranjeros, en Liniers. Fue quien también puso en palabras lo que piensan en el Gobierno: que las fronteras son demasiado porosas y política migratoria aún más laxa para el ingreso de delincuentes, sobre todo de origen paraguayo, boliviano y peruano. Le valió condenas diplomáticas.

El acuerdo con la oposición no sólo asfaltará el camino al DNU, que debe pasar por el filtro de la Bicameral de Trámite Legislativo, en donde podrían naufragar otros más recientes, como el de las ART y los feriados. También será una señal para que Macri logre rápido aval a un proyecto de ley de reforma integral de la política migratoria, que incluirá la creación de un fuero judicial especial. Lo anunciaría en dos semanas.

“El 88% de la agente quiere la reforma migratoria”, dicen en Seguridad encuestas en mano.

El Gobierno dio nuevos pasos para reforzar la seguridad fronteriza

Por Jaime Rosemberg - LA NACION

La Jefatura de Gabinete coordinará una comisión para custodiar pasos conflictivos; también se dispuso darle mayor flexibilidad al despliegue de Gendarmería y Prefectura.

Un día después de anunciar el plan para controlar los aeropuertos y prevenir el ingreso de delincuentes extranjeros al país por vía aérea, el Gobierno dio ayer dos pasos más en la "agenda de seguridad 2017", con refuerzos y nuevos sistemas en las fronteras terrestres y marítimas.

Por medio del decreto 68/2017, creó la Comisión Nacional de Fronteras, un organismo coordinado por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña , con el objetivo de establecer una "estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales".

Al mismo tiempo, por el decreto 66/2017, el presidente Mauricio Macri constituyó el Centro de Planeamiento y Control, que podrá disponer la reubicación de efectivos de la Gendarmería y la Prefectura, saliendo del sector de la ciudad de Buenos Aires en el que estaban delimitados. Se dieron de baja, así, los operativos Centinela y Cinturón Sur, que habían sido inaugurados por el kirchnerismo.

"Hace veinte años que no hay un sistema de fronteras ordenadas. Por eso se crean la zona de seguridad para los pasos fronterizos y la comisión, donde participan organismos y fuerzas de seguridad. Muchas veces, ante un problema, no se sabía quién tomaba la decisión. Ahora queda todo más claro", dijo a LA NACION la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , tras el acto de entrega de sables a miembros de las fuerzas de seguridad.

Según el nuevo ordenamiento establecido por la comisión, los pasos fronterizos quedarán a cargo del ministerio de Bullrich, mientras que los denominados centros de frontera quedan a cargo del Ministerio del Interior, a través del secretario del área, Sebastián de Luca. Esos centros abarcarán los complejos fronterizos de control migratorio, aduanero, fitozoosanitarios y de servicios complementarios, ubicados en las inmediaciones de los respectivos pasos internacionales.

Con relación al segundo decreto, se establece la gradual desarticulación de los operativos Centinela y Cinturón Sur, establecidos en su momento por la ministra de Seguridad kirchnerista Nilda Garré, llevados adelante por personal de la Gendarmería y la Prefectura, que tenían por objetivo reforzar la seguridad en el límite entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. "Es un avance del federalismo y la autonomía de la ciudad, porque se había confundido la tarea policial con el accionar propio de las fuerzas de seguridad", afirmaron en el ministerio del área.

Cruce con Bolivia

En el Gobierno volvieron ayer a defender la postura oficial y a negar las acusaciones de discriminación y "estigmatización" hacia los inmigrantes, que incluyó un contrapunto entre la ministra Bullrich y el cónsul de Bolivia, Jorge Ramiro Tapia Sainz. Incluso, el gobierno de Bolivia anunció que pedirá explicaciones al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, a raíz de declaraciones de Bullrich acerca de la presunta relación de ciudadanos bolivianos, peruanos y paraguayos con el aumento del narcotráfico en la Argentina.

Bullrich se quejó de las duras declaraciones del cónsul de Bolivia, quien se manifestó "indignado" por la "generalización que daña la integridad de las naciones" al asociar a extranjeros con delito. "No es correcto que hable e insulte a través de los medios de la manera en que lo hizo", dijo la ministra a LA NACION en referencia al diplomático del gobierno de Evo Morales.

"A veces nos vamos de mambo y el país terminó aceptando a hombres de bien y de no tan bien, delincuentes", dijo por la mañana Frigerio, quien el día anterior presentó el sistema de información anticipada de personas (API), que permitirá impedir la entrada al país de extranjeros condenados por delitos en sus países de origen.

La de ayer no será la última iniciativa sobre la agenda de seguridad. Hoy podría ser publicado otro decreto, con el que Migraciones podría determinar la expulsión de un extranjero con delitos probados en dos meses de plazo. También se establecerá que tres años de condena (efectiva o no) son suficientes como causal de expulsión. Hasta el momento la pena mínima para tomar esta determinación era de cinco años. Y queda el incipiente debate legislativo sobre una nueva ley penal juvenil que incluye la baja en la edad de imputabilidad a 14 años, también impulsada por la Casa Rosada.