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viernes, 19 de enero de 2018

Mala vida: Más de la mitad del Senado y un tercio de los Diputados viajaron al exterior en 2017

Más de la mitad del Senado y un tercio de los Diputados viajaron al exterior en 2017Por  SEBASTIÁN IÑURRIETA - Cronista.com
Visitaron otros países 39 de los 72 miembros de la Cámara alta y 91 de 257 de la baja. Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh fueron los destinos más exóticos.

Más de la mitad del Senado y un tercio de los Diputados viajaron al exterior en 2017.

Pese a las elecciones, con inevitables recorridas por el país, fue un 2017 para sumar varias millas en el exterior para el Congreso. De los 257 diputados, 91 de ellos realizaron viajes oficiales fuera de la Argentina. Recibieron un total de u$s 172.304 en viáticos. Y de 72 senadores, 39 pasaron algunos días en distintos eventos con u$s 85.250 y 54.050 euros para gastar, o el equivalente -cotizando cada euro a 1,22 dólar-, a u$s 65.941.

Estos datos surgen de las planillas oficiales que informan ambas Cámaras en sus respectivas páginas webs, bajo el apartado de "transparencia", en balances que detallan los viajes internacionales que realizaron sus legisladores el año pasado.

En el Senado, lo que era el hoy escindido Bloque PJ-Frente para la Victoria, tras el recambio de diciembre, lleva la delantera en cantidad de pasajes al exterior con 45. La UCR lo sigue con 15 y tercero, el PRO con 9.

En cambio, en la Cámara baja, el oficialismo fue por lejos el más viajero: mientras que legisladores kirchneristas realizaron 25 viajes, los del PRO hicieron 55 y del radicalismo 42.

Con siete viajes, el senador chubutense Juan Mario Pais (Justicialista) fue quien acumuló más horas de vuelo. La mayoría de las veces aterrizó en Panamá, por "actividades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño". Le otorgaron 1650 euros y u$s 6050 en viáticos.

Lo iguala su coterráneo Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) pasó por Chile, Colombia y México, entre otros. Pero con mucho menos dinero para gastar: 1250 euros y u$s 400.

El ex vicepresidente Julio Cobos, titular de la comisión de Relaciones Exteriores, dejó el país en seis oportunidades, con 3.600 euros y u$s 4000 en el bolsillo, incluida la República de Azerbaiyán (para el quinto Foro Global de Bakú). En cantidad lo igualan Federico Pinedo (PRO) el peronista salteño Rodolfo Urtubey y la neuquina Carmen Crexell (MPN). Los senadores aterrizaron, entre otros países, en Bangladesh, Inglaterra, Rusia, Japón y Suiza,

Del otro lado de Pasos Perdidos, hay cuatro diputadas con seis actividades en el exterior. La radical mendocina Patricia Giménez encabeza el ranking por cantidad de viáticos, con u$s 6192. En segundo puesto figura la macrista porteña Cornelia Schmidt-Liermann (u$s 5859); tercera, la radical Karina Banfi (u$s 5539); y finalmente, Ana Carolina Gaillard (FpV-PJ), con u$s 4172. Con cinco vuelos, Graciela Cousinet (Libres del sur) es otra de las que más acumuló millas. Y con cuatro trayectos cada uno; Héctor Olivares (UCR); Margarita Stolbizer (GEN); y los macristas Carlos Roma, Juan Carlos Villalonga, Silvia Lospennato y Emilio Monzó, titular de la Cámara.

Entre los destinos de los diputados aparecen Emiratos Árabes, China, España, Alemania y los Estados Unidos. La única que consignó un viaje sin asistencia a un evento oficial fue la diputada Lucila De Ponti (FpV-PJ). En julio voló a Irlanda para "notificar a la empresa Twitter sobre las acciones legales iniciadas contra la misma", por la difusión de unas fotos privadas. No le dieron viáticos.

Los ministros preferidos de Macri y los que están en "capilla" como Triaca

Los ministros preferidos de Macri y los que están en Por  GISELLE RUMEAU - Cronista.com
En medio del plan de reformas y la pelea por paritarias y con gremialistas corruptos, el Gobierno está convencido de que se viene una avanzada contra sus ministros, similar a la denuncia contra el titular de Trabajo.

El gobierno encendió en estos días las luces de alertas. Está convencido de que el plan de reformas encarado tras el triunfo en las elecciones legislativas y la seguidilla de detenciones y procesamientos por corrupción y lavado de dinero que cayó encima de varios gremialistas corruptos disparó una ofensiva furiosa contra los miembros del gabinete. En ese enfoque colocan la denuncia penal contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el polémico despido de su empleada doméstica Sandra Heredia, presentada ayer por los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay, que representan al sindicalista Omar El Caballo Suárez, detenido por extorsión a empresas navieras y malversación de fondos. Y esperan más dolores de cabeza.

Triaca fue acusado por la designación de Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU), gremio que fue intervenido por la Justicia. No es todo. Tras conocerse un audio en el que el ministro insulta a la empleada, ella aseguró que como casera de la quinta familiar que Triaca posee en Boulogne, cobraba parte de su sueldo en negro y otra parte a través del SOMU. Como si fuera poco, agregó que fue despedida sin indemnización.

Por precaución, para evitar mayores conflictos y episodios de violencia como el ocurrido cuando se votó en el Congreso los cambios en la Ley previsional, el Gobierno decidió congelar el tratamiento de la reforma laboral y avanzar en los acuerdos de productividad por sectores, como los suscriptos con los petroleros de Vaca Muerta. Y ahora no puede ver sino como una venganza a la denuncia de El Caballo Suárez contra el ministro Triaca. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de las intenciones deleznables de los abogados del sindicalista. Pero a esta altura de los acontecimientos, parece increíble tener que recordar que las motivaciones políticas de las denuncias no las invalidan como tal. Pues bien, está mal que los ministros no paguen sus multas de tránsito, maltraten a sus empleadas domésticas y, mucho peor, que mantengan en negro a un trabajador durante varios años. La función pública no puede dejar lugar a matices. El ejemplo de honestidad y transparencia siempre debe venir de arriba.

Para el Gobierno, alcanza por ahora con pedir disculpas y sacar de escena al ministro con unas vacaciones forzadas. "Triaca ya se disculpó y dio las explicaciones del caso", dijeron cerca de la jefatura de Gabinete, como si eso bastara para alguien que tiene que velar por el trabajo en blanco.

Pese a la defensa oficial de los voceros del Gobierno, el titular de la cartera laboral ya aparece en la lista de los ministros que están "en capilla". Desde hace un año, el presidente Mauricio Macri, el jefe de los ministros, Marcos Peña, y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, evalúan mensualmente los resultados de cada funcionario a través de un Tablero de Gestión al que acceden desde cualquier computadora. El sistema permite auditar el trabajo a través de cuatro variables: metas, hitos, tiempo y presupuesto. En función de esos objetivos, la meta de aprobación de la reforma laboral se convirtió en una asignatura pendiente del ministro Triaca. No es todo. El affaire de su casera complicará además la meta de negociar paritarias en tiempo y forma, sin cláusula gatillo, como pretende el Gobierno. ¿Cuál será la autoridad de Triaca ahora para negociar con los gremios o pelear por el empleo en negro? No es todo: el joven funcionario viene de atravesar otro escándalo a fines del año pasado por el nombramiento de su hermana como directora en el Banco Nación. Una medida que denuncia la hipocresía del poder: durante el gobierno anterior, el macrismo había cuestionado severamente el nombramiento en el mismo puesto de la hija del jefe de diputados K, Agustín Rossi.

El otro ministro en capilla es el titular de Defensa, Oscar Aguad, quien mantiene una larga amistad con el Presidente. No sólo tuvo una actuación mediocre en el ministerio de Comunicaciones. Desde que fue nombrado al frente de esa cartera, el cordobés no paró de meter la pata. Manejó con impericia la desaparición del Ara San Juan y la relación con la Armada. Alentó las esperanzas de los familiares con un tuit sobre supuestas comunicaciones del submarino. Y terminó destrozándolos cuando les dijo que estaba todos los tripulantes muertos.

Otro que le generó problemas al Presidente es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando se comprobó el año pasado su incompatibilidad con la función pública por poseer acciones de Shell. Si bien ahora bajó su perfil, sigue siendo el frontón de las críticas a Macri por las subas de las tarifas.

También fue cuestionado dentro del gabinete el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por estrenar el mes pasado una casa millonaria en Punta del Este, cuando la orden de Peña es mantener siempre el bajo perfil.

El rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es otro de los que suelen aparecer en los medios o redes sociales por sus polémicas más que por su trabajo. En septiembre pasado lo fotografiaron en Aeroparque volviendo de Chile con un televisor 55 pulgadas bajo el brazo. Como era de esperar, la imagen se viralizó rápidamente y generó un sin fin de críticas

Los más eficientes

El sistema también permite evaluar a quienes cumplieron con sus objetivos y presupuesto. La lista de ministros preferidos de Macri la encabeza el titular de Transporte, Guillermo Dietrich y su par de la cartera del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Se trata de los dos hombres encargados de la relaciones políticas y también con los gremios fuera de la Casa Rosada. La ponderación de Macri sobre sus dos funcionarios está en línea con la percepción que tiene la opinión pública. Según un sondeo de Ipsos Argentina del mes pasado, la política de obras públicas y de infraestructura, junto con la política de transportes, son las que despiertan mayor satisfacción de los consultados. Lo mismo sucede con la política de planes sociales que lidera la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La funcionaria se ubica en el tercer puesto del ranking presidencial, ponderada por su forma de llevar el conflicto con las organizaciones sociales y los partidos de izquierda que reclaman planes.

La otra mujer del gabinete, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es un caso aparte. La política de seguridad es la que despierta menos satisfacción en la opinión pública, junto con la política de empleo y la política económica, según el sondeo de Ipsos. Fue cuestionada por propios y ajenos al defender a los gendarmes en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado y la represión de la primera manifestación violenta del kirchnerismo y la izquierda contra la reforma previsional en el Congreso. "Pero al final, las cosas le salen bien", dicen en el Gobierno. Es por eso que integra la lista de los ministros con mejor desempeño.

Los otros dos funcionarios a los que el Presidente les sube el pulgar son el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y su par de Modernización, Andrés Ibarra. Este último es en estas horas el encargado de llevar adelante junto con Quintana el plan de recortes en la administración nacional, que eliminará un 20% los cargos políticos y será presentado en febrero.

domingo, 14 de enero de 2018

Apuran las acciones por la central nuclear en Sierra Grande (II)


(Rio Negro.com.ar) - Macri analizó con Wisky que en febrero habría que ir a la Justicia contra la ley anti-energía atómica en la provincia.

El presidente recibió a Wisky y Matzen durante sus vacaciones en Villa La Angostura. (Foto: Gentileza)

La jugada nacional para restablecer la construcción de una central nuclear en Río Negro será contra reloj. Entre abril y mayo debería estar resuelta la presente prohibición, coincidieron el presidente Mauricio Macri y el diputado Sergio Wisky, acompañado por su par Lorena Matzen, quienes se reunieron en Villa La Angostura.

El interés de Macri de insistir con la planta nuclear en Sierra Grande se sabía y el miércoles se lo repitió al gobernador Alberto Weretilneck, que se mostró imposibilitado para revisar la prohibición fijada por la ley pero le prometió que no actuaría en contra si Nación o el municipio adoptan acciones en ese sentido.

El presidente también habló del tema con los diputados rionegrinos Wisky y Matzen. Ambos lo visitaron el viernes en el barrio Cumelén, conjuntamente con sus pares neuquinos Leandro López y David Schlereth.

La labor y la estrategia judicial fueron evaluadas. Quedó en claro que todavía no está resuelto el camino para neutralizar el artículo 1 de la ley 5227 que “prohibe la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia”. Macri prometió todo el apoyo técnico en favor de las presentaciones.

Wisky fue igual de contundente en favor de la instalación. “El futuro de Río Negro está en esa planta”, le dijo al presidente. El inconveniente radica en los tiempos. El presidente pretende rápidamente resolver la situación para “dar previsibilidad” a las partes, puntualmente a los chinos que son quienes financiarán y construirán la cuarta (que se prevé iniciar este año en Lima, Buenos Aires) y la quinta central (que se reservaba para Río Negro).

El plazo pretendido se circunscribe entre abril y mayo, entonces se estima que las primeras acciones en la Justicia comenzarán en el inicio de febrero, con la conclusión de la feria.

Además, el primer mandatario consultó a los legisladores de su opinión del plan Castello de Weretilneck. Tenía la carpeta, con detalles de las obras, entregada por el gobernador. Wisky fue crítico, puntualizando que “no existen prioridades” y son “una sucesión de parches”. Sólo rescato el Parque Tecnológico de Bariloche.

Se ratificó que en Río Negro existe “muchísima inversión en obras y en políticas, y este año va a haber mucho más. Es la provincia que más plata por habitante va a recibir en obras”. Matzen resaltó “el enorme trabajo que está realizando este equipo nacional para que los rionegrinos vivan mejor”.

viernes, 12 de enero de 2018

Macri desoye las críticas radicales y ordena vender Transener y varias centrales

Resultado de imagen para TransenerLPO - Apuestan a recaudar u$s 1100 millones. Creen que Jorge Lapeña es el ideólogo de las críticas.

Mauricio Macri hizo oídos sordos a las críticas del radicalismo y ya decidió vender las acciones que el Estado nacional tiene en la transportadora eléctrica Transener, un proceso que comenzará en breve y por el que la Casa Rosada espera recaudar alrededor de 350 millones de dólares.

Según supo LPO, el Ministerio de Energía publicará en los próximos días un decreto en el que convocará a bancos nacionales e internacionales para que se encarguen de la arquitectura financiera del proceso de venta del 50% de las acciones que el Estado tiene en Citelec, la empresa que controla el 52% de Transener. Al menos once entidades de primera línea internacional están interesadas en participar de la operación, que será abierta a empresas extranjeras.

Fuentes del gobierno le restaron importancia a las advertencias de la Unión Cívica Radical y las ligaron a un lobby intenso del ex secretario de Energía Jorge Lapeña, que ocupa un lugar en el directorio de Enarsa, la empresa estatal que se vería notoriamente perjudicada por la privatización de Transener.

Las fuentes también negaron la sugestiva acusación lanzada por la cúpula del radicalismo acerca de un negocio servido para Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin. Es que el empresario ya controla el 50% de Citelec y no puede acceder a una porción mayor, según explicaron a LPO.

El radicalismo siempre tuvo un interés fuerte en manejar o tener mayor peso en el área energética, pero Macri nunca les dio el gusto de correr a Aranguren. Pese a la advertencia firmada por Cornejo y los líderes parlamentarios de la UCR, el Presidente en este caso parece nuevamente decidido a avanzar sin escuchar a los aliados.

El plan oficial

La venta de Transener se enmarca en un negocio global por el que el Gobierno espera recibir 1.100 millones de dólares en los próximos meses. Este proceso tuvo inicio con el decreto que habilitó a Juan José Aranguren a vender las centrales que opera Enarsa y las acciones del Estado en las eléctricas.

Además de Transener, el Gobierno tiene previsto vender las acciones (un 8 por ciento) que tiene en Central Puerto, la empresa de Nicolás "Nicky" Caputo el mejor amigo de Macri. Por desprenderse de estos papeles, esperan recaudar 250 millones de dólares. La compañía tiene un valor de mercado de unos 3.000 millones, número al que llegó tras quedarse el año pasado con dos centrales licitadas por Energía.

El plan se completa con la venta de las centrales térmicas "Brigadier López", en la provincia de Santa Fe, y "Ensenada de Barragán", en Buenos Aires. Por ellas, la recaudación esperada es de 500 millones de dólares. En el Gobierno sí admiten que Mindlin apostará fuerte a quedarse con las centrales. 

El argumento que esgrimen las fuentes oficiales es que el Estado tiene que encargarse de hacer cumplir la ley y los marcos regulatorios, y dejar liberado el mercado. Esto implica, entre otras cosas, que los precios de la electricidad los pague la demanda, sin la intervención estatal por vía de los subsidios o cualquier otra. En cuanto a las inversiones en infraestructura en el Gobierno creen que la tienen que encarar cien por ciento los privados salvo en casos estratégicos, con la energía nuclear.

Asimismo, varios empresarios extranjeros le advirtieron a Aranguren que es inviable el sistema argentino en el que el Gobierno le garantiza un precio fijo por mes a los privados que construyen una central. Es decir que sin importar cuanto produzcan tienen una transferencia estatal garantizada, lo que es considerado casi un subsidio a la infraestructura que el Estado necesita. Los inversores le explicaron que ese es un sistema de emergencia para una economía en condiciones mucho peores que la Argentina, donde lo ideal sería que Cammesa compre sólo lo que necesita y el Estado se corra del negocio de los privados.

jueves, 11 de enero de 2018

Facilitarán la radicación de automotrices y las habilitaciones de puertos

Facilitarán la radicación de automotrices y las habilitaciones de puertosPor DAVID CAYÓN - Cronista.com
Uno de los cambios que implementará el Decreto de Necesidad y Urgencia que los ministros ya firmaron y que se publica hoy en el Boletín Oficial modifica sustancialmente el Registro Automotor Argentino, quitándole "poder" de decisión al Presidente de la Nación.

Hasta ayer la decisión de radicar nuevas terminales automotrices en el país es potestad, además del cumplimiento de las normativas industriales y laborales vigentes, del Presidente de la Nación quien tiene que firmar un decreto autorizando. Lo mismo sucede si, por ejemplo, una planta cambia de dueños.

Quizás con el recuerdo de la venta de la fábrica de Sevel que era propiedad de Franco Macri en El Palomar, donde se fabrica Fiat hoy se utiliza para fabricar PSA Peugeot-Citroën el Ejecutivo se decidió a modificar la Ley 21.932 de enero de 1979 que fijaba la necesidad de un decreto presidencial para abrir una nueva planta. "Así el sector privado quedaba atrapado a que la decisión de, por ejemplo, instalarse en una u otra zona quedaba sujeta a la aprobación vía un decreto presidencial y de esa manera las discusiones políticas podían cambiar la decisión económica de la compañía".

Ahora, la normativa de homologaciones vehículares que es de 1995 exige solvencia industrial y el cumplimiento de las regulaciones se seguridad vehícular y ambientales para comercializar en el país. Para el Gobierno, "seguir estos pasos ya aseguran un estándar elevado de calidad, que hacen innecesaria la autorización del Poder Ejecutivo Nacional", explicó Producción.

"Ahora, si cumplís todas las reglas, no tenés que esperar ni los tiempos políticos de la Casa Rosada. Venís, hacés las cosas bien, y empezás a producir", agregó una fuente de la cartera.

En la misma medida se deja sin efecto este uso para la habilitación de puertos. Actualmente, de las estaciones públicas 31 sólo siete están habilitadas. El resto cuenta con un permiso provisorio. Lo mismo sucede con los puertos privados donde, por ejemplo, el Gran Rosario concentra uno de los mayores polos portuario agroexportadores del mundo.

El Gobierno presentó el plan para desregular y desburocratizar el Estado

Por Liliana Franco -  Ambito.com
El presidente Macri en más de una oportunidad comenta en su círculo íntimo que el Estado les hace la vida imposible a los argentinos. "No queremos que la gente sea el "cadete" del Estado, haciendo trámites innecesarios" ejemplificó Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica.

La intención oficial es agilizar, simplificar, informatizar y desburocratizar la administración pública. De esta manera, también reconocen en la Casa Rosada "se van removiendo "quintas" que dan lugar a hechos de corrupción". El ministro de Producción, Francisco Cabrera admitió que existen "grandes y pequeñas mafias" y, en tanto se simplifiquen y transparenten los procesos, se acotan los nichos de corrupción.

Tal como había adelantado del ámbito en octubre de 2017 el Gobierno concluyó el análisis de las diferentes áreas de la administración pública y se anunció la publicación de un decreto para reducir la cantidad de trámites que deben hacer empresas y privados ante el Estado nacional.

De la conferencia de prensa participaron el ministro de Producción junto a Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica, Pedro Inchauspe secretario de Simplificación Productiva y Pedro Sorop, jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte.

Las iniciativas tienen la aspiración de lograr una reducción de un punto del PBI en el transcurso de dos años, una meta de por sí bastante ambiciosa.

El decreto que se publicará este jueves agrupa 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central. Estas medidas introducen unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos.

Cabrera indicó que la iniciativa busca "reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo".

La urgencia en la publicación del decreto es explicado por la necesidad "de remover estas trabas lo antes posible, porque afectan la capacidad del Estado Nacional de hacer bien su trabajo".

La informática es la gran aliada para simplificar los trámites, y así, a partir de ahora en más los expedientes digitales van a "tener la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos". También se estableció el uso obligatorio del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.

Otra medida que agiliza el comercio exterior es la importación de manera directa de 314 productos que antes se encontraban bajo el esquema de "licencias no automáticas". Cabe señalar que actualmente se cuentan con 1.600 licencias no automáticas. Los productos abarcados van desde laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, PVC e hilados de algodón, entre otros.

La decisión es para agilizar la incorporación de estos materiales que son utilizados por industrias como la automotriz, de electrodomésticos, maquinaria en general y maquinaria agrícola, construcción, envases, juguetes, piezas y partes, imprenta, y tela.

Resulta que entre las disposiciones sin mucha lógica se establecía que "las empresas automotrices no deberán pedir permiso al presidente de la Nación para instalarse". 

También se decidió eliminar el Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial cuando este registro se superpone con otras dependencias, como AFIP e INDEC que además cuentan con más información actualizada del sector. 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

Se deroga la Ley de Abastecimiento de 1952 que establecía que el Ejército administra campos y ganado para que se autoabastecerse ante la eventualidad de una guerra. Los campos inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) al tiempo que aclararon que por el momento no está pensando "en venderlos", explicó Cabrera

Otra de las decisiones de importancia es que el fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS, que administra los ahorros de la ANSES, podrá de ahora en más "crear fideicomisos y operar con instrumentos apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas".

Según señaló el ministro de Producción la iniciativa es para contar con más fondos para "expandir el programa de créditos ARGENTA". Actualmente indicó ya se otorgaron casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.

Dos años para presentar un plan...Humm, algo "lenteja"

sábado, 6 de enero de 2018

Nuevos detalles de la reforma que el Gobierno impulsa en las Fuerzas Armadas

Mauricio Macri y Marcelo Srur, ex jefe de la Armada(Infobae.com) - Los dos grandes ejes del proyecto son la reestructuración de las fuerzas y distintas medidas para ahorrar recursos.

Foto: Mauricio Macri y Marcelo Srur, ex jefe de la Armada.

Uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri de aquí a 2019 es avanzar con una reforma en las Fuerzas Armadas. La comisión creada a esos fines por el ministerio de Defensa a fines de diciembre se basa en dos pilares: reestructuración y reducción de gastos.

En ese sentido, esta semana el diputado nacional de Cambiemos Gastón Roma ratificó la intención del oficialismo de avanzar con la reforma, que consideró "indispensable". Para el legislador que integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, "si no se optimizan los recursos no habrá capacidad operativa, ya que más del 80 por ciento del presupuesto militar se destina actualmente a pagar sueldos y gastos operacionales".

Roma además consideró que "hay que redistribuir bases, unificar organismos y prever el retiro obligatorio de personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos" para cambiar la situación de las Fuerzas Armadas.

Todas estas propuestas formarán parte de la tarea del "Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar", que tiene la finalidad de elaborar un proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para reemplazar la Ley 19.101, de 1971. "El objetivo es equilibrar y optimizar los fondos para generar capacidad operativa genuina en el corto y mediano plazo", concluyó el legislador.

Nuevos detalles de la reforma
La desaparición del ARA San Juan aceleró los cambios que el Gobierno impulsaba en las FFAA
La desaparición del ARA San Juan aceleró los cambios que el Gobierno impulsaba en las FFAA.

Infobae tuvo acceso a algunos de los puntos  que analiza el Gobierno en torno a la reforma de las FFAA, que se suman a las reveladas por este medio de unificar algunas ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina; jubilar y pasar a retiro a todos aquellos con más de 35 años de servicio; la conducción por parte de civiles de algunas áreas de las FFAA (en especial las no relacionadas con la operatividad militar); y la unificación, el control, y la reglamentación militar en un solo instrumento.

En el proyecto que prepara el Gobierno se destacan tres tipos de objetivos: los de reestructuración interna; los que apuntan a ahorrar recursos; y los que combinan esas dos metas.

Entre las ideas que apuntan a modificar la estructura de las FFAA se destacan que la Prefectura sería absorbida por la Armada; que la Fuerza Aérea cederá algunas de sus bases aéreas navales; que los recientemente comprados aviones Dassault-Breguet Super Étendard pasarán a la órbita de la Fuerza Aérea (el Ejército se quedaría sin aeronaves); que se sumarían civiles en distintas áreas jerárquicas de las FFAA (sectores como Personal, Educación, Salud, Finanzas, Auditoria, Mantenimiento de equipos e instalaciones no militares y algunas otras serán manejadas por funcionarios civiles no necesariamente sujetos a la tradicional verticalidad militar); las inspecciones y autorizaciones para navegar quedarían a cargo de la Prefectura; la carrera para oficiales y suboficiales sumaría cinco años (pasaría a ser de 40 años); las inspecciones serán coordinadas por Defensa a través de civiles (el objetivo es agudizar los controles para evitar reparaciones superficiales de equipamiento); y se estudia la unificación en un solo edificio de las conducciones de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Respecto de los aspectos relacionados con el ahorro de recursos, los principales planteos están relacionados, por un lado, con el cierre de distintos edificios y dependencias ociosas de las tres ramas de las FFAA (algunas propiedades serían vendidas); y por otro con que el personal retirado no pueda cobrar doble jubilación (una de las FFAA y otra de la ANSES), por lo que se entrecruzarán las bases de datos para avanzar en ese sentido.

Por último, hay algunas propuestas que abarcan las dos categorías (reestructuración y ahorro): se unificarían algunas direcciones (obra social e inteligencia, por ejemplo); se avanzaría con una separación de las ramas operativa y administrativa (se reducirían ambas a la mitad); se reduciría el número de oficiales (bajaría el número de capitanes de navío, generales, almirantes y coroneles, por ejemplo); habría un recorte en el programa de soldados voluntarios técnicos (muchos de ellos estudiantes universitarios que son familiares de efectivos); y habría una reducción del personal civil.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018

Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018Por Ignacio Ortelli - Clarin.com
El Presidente busca avanzar en la destitución de los magistrados más cuestionados, con Rafecas a la cabeza. Tiene que nombrar los reemplazantes de Oyarbide y Freiler.

El presidente Mauricio Macri quiere una limpieza en la Justicia. Foto: REUTERS

Ignacio Rodríguez Varela entró al Poder Judicial hace 30 años. Allí conoció al fiscal José María Campagnoli, con quien desarrolló gran parte de su carrera y llegó al cargo de secretario. Desde 2005, concursó 36 veces para ser juez, pero el kirchnerismo lo proscribió y Néstor Kirchner, primero, y Cristina esquivaron designarlo pese a que en 27 ocasiones logró ganar su terna, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de injusticia en el proceso de selección de los jueces que se vivió en la última década.

Sin padrinos políticos, sufrió las consecuencias de que su padre, Alberto, fuera ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del fallecido represor Jorge Rafael Videla. Con la llegada del macrismo al poder, siguió presentándose a concursos -y ganándolos- aunque sin demasiada expectativa ya que era consciente de que no cuadra dentro del arquetipo de jueces que le suele interesar al poder: de personalidad rebelde como Campagnoli, no da garantías de obediencia al poder político.

Igual, por recomendación de su mesa judicial y sus asesores más cercanos, tras recibir las ternas del Consejo de la Magistratura, este jueves Mauricio Macri envió su pliego al Senado, proponiéndolo para integrar la Cámara del Crimen. La explicación fue clara: “Queremos a los mejores, no importa el apellido ni la militancia partidaria”.

El caso de Rodríguez Varela, dicen en la Casa Rosada, es el paradigma de Justicia independiente que impulsa Macri en su plan de depuración, que continuará en 2018 con una meta más ambiciosa: luego de que en 2017 se definieran 93 ternas de jueces, la idea de Macri es entrar al próximo año con otros 100 nombres propuestos para que el Senado convalide.

Al mismo tiempo, busca avanzar con la destitución de los jueces más cuestionados. En ese sentido, al tope de la lista de prioridades del Gobierno figuran el juez Federal Daniel Rafecas, la jueza de Casación Ana María Figueroa y tampoco descartan a Ariel Lijo, pese a que, tal como reveló La Nación el mes pasado, intercedió por él Daniel Angelici, el operador judicial más escuchado por el Presidente.

Más allá del impulso que dio la mesa judicial del Gobierno, conformada por el jefe de asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, en el Gobierno destacan la reactivación del Consejo.

En ese sentido, dentro de un contexto en el que el oficialismo supo articular consensos con los representantes de los abogados y de los jueces, reivindican el aporte que hizo el académico Jorge Candis, uno de los consejeros que, curiosamente, quedó en el centro de la escena en mayo, por haber dilatado con su voto, el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. “Se mandó esa macana pero ayudó mucho para que el consejo volviera a funcionar”, conceden. En efecto, se triplicó la cantidad de ternas remitidas al Ejecutivo en 2016, cuando Macri recibió sólo 38 vacantes para cubrir.

Como tarea pendiente de 2017, Macri aún debe decidir sobre cuatro vacantes clave para la Cámara Federal de Casación Penal, cuyas ternas recibió a principios de mes; y cinco cargos en seis salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dentro de los 100 cargos vacantes que planea cubrir en 2018, hay algunos que son emblemáticos, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital: es el que dejó el renunciante juez Norberto Oyarbide.

Hasta que el “Huracán” Elisa Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, quien tenía todas las fichas puestas para ese puesto era Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera su secretario durante muchos años y en la actualidad maneja la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Pero la avanzada de Carrió sobre Lijo lo dejó complicado. Y ni siquiera lo ayudaría una gestión de su padre, José Rodríguez Ponte, intendente de Cambiemos de la localidad bonaerense de General Lavalle. Ahora, el cargo se lo disputan entre Eugenia Capuchetti (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y Hernán Blanco, secretario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de una decena de juzgados federales del Interior del país, Macri también deberá definir qué sucede con el cargo que quedó libre luego de la destitución de Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Y, en la previa a la presidencial de 2019, resolverá el Concurso 376, para la estratégica Cámara Nacional Electoral.

Macri busca reducir cargos y ahorrar más de $ 1000 millones (II)

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El plan será anunciado en los próximos días por el Gobierno, como una muestra de austeridad.

El plan de reducción cargos políticos y jerárquicos del gobierno de Mauricio Macri generará un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales. La Casa Rosada lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.

"El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar. Pero los números finales los tendremos a fines de la semana próxima", dijo ayer un alto funcionario de la Casa Rosada.

Según confirmó Macri a LA NACION en el encuentro del 19 de diciembre pasado con la prensa, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

"El ahorro será todavía superior al 20% en la cantidad de cargos y en recursos de la masa salarial de esos cargos", aseguró otro funcionario consultado, que tiene llegada al Presidente y al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

El proyecto, justamente, lo impulsa Macri y lo dirige Peña. Durante la semana última, todos los ministros terminaron de entregarle al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sus planes de adecuación de cada una de las carteras. Estos proyectos deberán ser evaluados y aprobados por la Jefatura de Gabinete y por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien asiste técnicamente en todo el programa y que también presentó el plan de recorte de su propio ministerio.

La APN, con un total de 3500 cargos jerárquicos y 210.000 empleados públicos, incluye el Poder Ejecutivo, los 20 ministerios y los organismos descentralizados, como el PAMI y la Anses, entre otras dependencias públicas.

En cambio, el Sector Público Nacional es más amplio: comprende también las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas del Estado y las universidades. En total suman más de 740.000 empleados.

La masa salarial de esos 3500 cargos jerárquicos es de más de $ 5000 millones por año. El recorte de más del 20% de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1000 millones.

Todavía no se definió cuándo se anunciará esta medida, pero podría ser dentro de las primeras semanas del nuevo año. El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.

"Hemos pedido esfuerzos a la gente y tenemos que mostrar que nosotros también nos ajustamos", dicen en la Casa Rosada.

"Este esfuerzo está concentrado en cargos políticos y jerárquicos", explicó una alta fuente oficial, para subrayar que los perjudicados serán los propios macristas.

Más reformas

Por otro lado, el Gobierno avanzará sistemáticamente en el proceso de dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo. Esto implicará la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones.

En este plan no existe un objetivo medido en porcentajes, como en el de cargos jerárquicos. "El objetivo es por organismo. No consolidado en toda la APN", explicó un alto funcionario.

La reducción del 20% de cargos jerárquicos debe ser pareja para todas las categorías. Habrá menos secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores, por partes iguales. Pero también habrá rebajas de nivel: secretarios de Estado bajarán al cargo de subsecretarios y subsecretarios que pasarán a ser directores nacionales.

Por este ajuste se generó un clima de pelea interna en varios ministerios. Cada funcionario con cargo peleó por permanecer en su categoría, pero muchos no lo lograrían.

En cambio, la reducción de contratados temporarios dependerá de la evaluación técnica y de presentismo de cada ministerio. El objetivo de la Casa Rosada es llegar a que sólo el 10% de los 210.000 empleados de la APN esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público, número 25.164.

Esto implicaría reducir, a lo largo de los años, de 70.000 contratos a no más de 21.000, es decir una reducción superior a la mitad. Sin embargo, la idea no es sólo dar de baja 50.000 contratos, sino aplicar mecanismos de reubicación de empleados, concursos y pases a planta permanente, y sólo descartar a los empleados que no aprueben las evaluaciones.

Cada ministro puede discontinuar esos contratos porque el artículo 9 de la ley 25.164 ordena que deben prestar "servicios transitorios o estacionales" y, al tener vencimiento todos los 31 de diciembre, no tienen la estabilidad laboral del personal de planta permanente, que sólo puede ser despedido con una causa, previo sumario administrativo.

Sin embargo, la gran mayoría de los 70.000 contratados se renueva todos los años y cumple funciones del personal de planta y no temporarias, una forma de precarización del empleo público.

sábado, 30 de diciembre de 2017

El Gobierno pone en marcha una profunda reforma de las Fuerzas Armadas

Por Fernando Morales -Infobae.com
La iniciativa incluiría la intención de apartar al personal militar de la conducción de aquellas áreas que no estén directamente relacionadas con la operatividad militar
Mediante una resolución dada a conocer este viernes, el Ministerio de Defensa convoca a la comisión de reforma de la Ley 19101 de Personal Militar. La norma que lleva el número 2017-1283 APN y la firma del ministro Oscar Aguad dispone en su artículo 1°: "Créase el "Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar", con la finalidad de elaborar el instrumento legal que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso de la Nación para promover el remplazo de la Ley N° 19.101 de Personal Militar vigente."

A pocos días de asumir al frente de la cartera de Defensa, Aguad manifestó que el mandato que el Presidente le había dado era precisamente el de producir una reforma de fondo en la estructura militar del país.

En concordancia con esto el ministro manifestó que se unificarían organismos, se redistribuirían bases y se evitaría tener "varias fuerzas aéreas y dos marinas". Las medidas esbozadas también incluyeron la jubilación o retiro obligatorio a todo el personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos.

En este contexto la medida anunciada, parece ir mucho más allá ya que establece la convocatoria a una comisión que en el plazo perentorio de nueve meses contados a partir del 1 de marzo de 2018 deberá producir el proyecto de ley que reemplace a la actual ley que rige la actividad militar en el país y que data de 1975.

Dentro de las directrices establecidas en la Resolución ministerial, se deja perfectamente aclarado que el instrumento legal a pergeñar, deberá contemplar todo el ciclo profesional del personal militar y que el eje de la actividad será invariablemente apegado a la Ley de Defensa Nacional.

Pero sin lugar a dudas lo que más ruido hará puertas adentro de los cuarteles, es la intención de apartar al personal militar de la conducción de aquellas áreas de las Fuerzas Armadas que no estén directamente relacionadas con la operatividad militar.

Fuentes castrenses consultadas por Infobae, manifestaron su preocupación al interpretar que áreas tales como Personal, Educación, Salud, Finanzas, Auditoria (asesoría legal) Mantenimiento de equipos e instalaciones no militares y algunas otras, sean manejadas por funcionarios civiles no necesariamente sujetos a la tradicional verticalidad militar.

No obstante, dentro del grupo de oficiales consultados, no todas las voces se manifestaron contrarias a lo que se vislumbra como un giro de 180 grados en la concepción de las FFAA. Muchos oficiales en situación de retiro expresaron que sería bueno concentrar el recurso militar solo en lo operativo y dejar a los civiles aquellas cuestiones periféricas y no operacionales que estarían en mejores manos siendo conducidas por profesionales de distintas disciplinas. Para otro grupo en cambio, esto sería equivalente al desguace total del concepto de unidad de mando, conducción y control.

Durante la pasada gestión de Nilda Garré en la cartera de Defensa, hubo algún tibio intento de "penetrar" las blindadas estructuras castrenses con civiles, pero el intento no fue más allá de la creación de alguna que otra subsecretaría con la misión de ejercer un mayor control sobre los uniformados , sin demasiado éxito más allá de alguna ligera reforma a la currícula de los institutos de formación militar que no hizo mella en los tradicionales planes educativos militares.

En su artículo 2° la resolución deja entrever la idea ministerial de unificar el control y la reglamentación militar en un solo instrumento. Actualmente cada fuerza armada tiene decretos reglamentarios que regulan su funcionamiento e incluso cuestiones que en la actualidad parecen poner coto a la libertad de decisión del Comandante en Jefe (El Presidente de la Nación). Asimismo hace mención a la optimización de los recursos.

Actualmente el 80% de los 82.000.000.000 millones de pesos que el presupuesto destina al financiamiento militar, se destina al pago de sueldos al personal militar y civil.

El grupo de trabajo estará integrado por personal militar de las tres FFAA y personal civil especialmente convocado por el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

Si bien la medida estaba en estudio desde al menos 30 días, la tragedia del Submarino ARA "San Juan" y la crisis que se originó en la conducción superior de la Armada Argentina, aceleró la medida al tiempo que puso en compás de espera los ascensos y pases propios de fin de año incluidos los anunciados relevos de los titulares del Ejército y la Fuerza Aérea, Teniente General Diego Suñer y Brigadier General VGM Enrique Amrein respectivamente.

viernes, 22 de diciembre de 2017

Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa

Por Ricardo Braginski - Clarin.com
Está en González Catán y la construyó la intendencia K. Para el gobierno nunca hubo "un proyecto académico".  
Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa
La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta 

Más de 200 millones de pesos, en más de dos años, gastó La Matanza para la construcción de una sede universitaria ubicada en una zona vulnerable de González Catán, en el extremo sur del partido. Pero aunque el edificio ya está terminado -incluso con los pupitres en las aulas- esa sede no funciona, porque nunca tuvo el reconocimiento académico final de las autoridades.

El caso llegó al Congreso Nacional esta semana, cuando el ex intendente Fernando Espinoza reclamó que en el presupuesto 2018 se incluyeran fondos específicos para nombrar el personal y los docentes de esa sede, que para el diputado corresponde a la Universidad de La Matanza. Rápidamente, el rector de esa casa de estudios salió a cruzarlo. Afirmó que esa universidad está reclamando fondos que necesita para su normal funcionamiento con la estructura actual, que esa sede no forma parte de su estructura y que Espinoza no hace más que “un aprovechamiento político” del prestigio de la universidad pero que no participa de su vida interna y “no tiene conocimiento” sobre cómo funciona ni sus necesidades.
Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa
La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta 3.

En diálogo con Clarín, el ministro de educación Alejandro Finocchiaro –que aspira a ser intendente de La Matanza en 2019- afirmó que la sede construida por la municipalidad K fue hecha “sin la autorización de la universidad ni pertenece a ella”. “Nunca hubo acto administrativo tendiente a abrirla”, dijo el ministro.

La historia de este edificio -ubicado en el kilómetro 32,5 de la ruta 3- estuvo siempre atravesada por los intereses políticos. Comenzó como un proyecto de la municipalidad en 2013, durante el mandato de Espinoza (la obra siguió con Magario). El objetivo -dijeron- fue acercar a los alumnos que viven en el segundo y tercer cordón a la universidad, cuya sede queda en San Justo, a más de una hora y media de colectivo.

Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa
La nueva sede. Una imagen provista por la intendencia. El edificio está en el kilómetro 32,5 de la ruta

En el acto fundacional estuvieron el ex gobernador Daniel Scioli, el ex ministro de educación Alberto Sileoni y el rector Daniel Martinez, que por entonces estaba alineado con el sciolismo. Martinez le dijo a Clarín que participó del acto para apoyar lo que era el nacimiento de una nueva universidad que se llamaría “Universidad del Sur”, y que el proyecto original no era abrir una subsede de La Matanza.

Lo cierto es que la obra siguió, en el medio hubo cambio de gobierno, y a fines del año pasado, quedaron terminados los primeros tres pisos -5.100 metros cuadrados-, con capacidad de albergar a unos 10.000 alumnos en tres turnos, de acuerdo a la secretaria de educación de La Matanza Silvina Gvirtz. La obra costó $152 millones más $61 millones en equipamientos y está preparada para agregar tres pisos más en el futuro.

Pero con el edificio terminado, lo que faltan son los docentes. Y surgió la polémica. Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, le dijo a Clarín que “no hay ningún proyecto presentado en el ministerio ni ninguna oferta académica. Incluir no es poner universidades en todos lados sino presentar actividades universitarias integrales, con investigación y extensión, y con calidad académica”.
Polémica por una sede universitaria que costó 200 millones de pesos y no se usa
Universidad de La Matanza, sede de San Justo.

Gvirtz, por su parte, afirma que desde el año pasado tuvieron reuniones con autoridades nacionales y de la universidad y que no se presentó proyecto porque el objetivo era que en Catán los alumnos cursen el ingreso más los primeros tres años de las carreras, para luego pasar a la sede de San Justo. La secretaria envió a Clarín mails y whatsapp que intercambió con autoridades de la universidad que reflejan esos contactos.

El ministro Finocchiaro afirma que la política oficial va en contra las subsedes, porque son espacios donde se tiene poco control de los docentes y de los alumnos. Y que en el caso particular de La Matanza, donde fue decano por 8 años y hoy es profesor, todavía hay espacio para expandirse en su campus actual. “Ahí están todos los recursos de la universidad, lo más lógico es que todos los alumnos puedan aprovecharlos”, dijo.

En el medio, la política. Fuentes cercanas a Espinoza dicen que Finocchiaro se alió con Martínez en su carrera por la intendencia en 2019. “Buscan cambiar de eje la discusión. Si él va a ser intendente o no, no lo va a resolver conmigo”, dijo Martínez. Cerca de la universidad dicen Espinoza busca posicionarse en esa casa de estudios, “donde nunca tuvo peso político”.

Sigue la bronca

“Chicos, estamos en Harvard, esas cosas son para La Matanza”, había dicho Cristina Kirchner a los estudiantes argentinos de Harvard en 2012. Ese día la relación se rompió. Fuentes cercanas a la universidad dijeron hoy a Clarín que aún siguen dolidos por esa “gastada”.

sábado, 16 de diciembre de 2017

Las sillas de ruedas del Tandanor: rastros de la gestión de Julio Martínez

Por Redacción NU
Previo a ser reemplazado por el ministro Oscar Aguad, Martínez tenía un convenio con Pami para refaccionar sillas de ruedas para jubilados.


Hace ya un año, exactamente el 25 de noviembre, el entonces ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, visitaba las instalaciones del astillero Tandanor del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) a fin de revisar las tareas de reparación y distribución de unas 600 sillas de ruedas suministradas por Pami, liderado por Carlos Regazzoni.

Estas sillas se encontraban en situación de abandono y el objetivo era que fueran recuperadas para asistir a aquellas personas de la tercera edad que las necesitaran. Esta reparación se enmarcaba en el convenio de mutuo acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Pami en pos de comenzar a realizar algunas actividades conjuntas para beneficiar a los jubilados.

Sin embargo, en vísperas del año 2018 las sillas siguen estando en el mismo lugar y en el mismo estado.
El ministro -que hoy es suplantado por Oscar Aguad- había mencionado que una vez terminada la obra “las obras podrían ser distribuidas en organismos del Ministerio de Defensa como hospitales militares, geriátricos y obra social, además de las distintas direcciones del Pami y del resto de la comunidad que las necesite”.

Hay, estos políticos que cuando trabajan en "gestión" se olvidan de la palabra CONTROL...

viernes, 15 de diciembre de 2017

Violenta alianza entre kirchneristas, massistas y la izquierda

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Nunca, como ayer, Leopoldo Moreau fue tan parecido a Luis D'Elía. En lugar de ocupar una comisaría, le quitó el micrófono y amenazó con pegarle al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Cruzó una línea roja del sistema democrático.
Resultado de imagen para Violenta alianza entre kirchneristas, massistas y la izquierda
El debate, duro a veces, pero nunca físicamente violento, es un atributo del parlamentarismo en las naciones civilizadas. Ese era el único símbolo que le faltaba romper a Moreau en su vida de trashumante político. Ayer se convirtió en un referente del antisistema. Le sacó al presidente de un cuerpo parlamentario la única herramienta que tiene para controlar una sesión, que es el micrófono. Un golpe en toda la regla.

Sin embargo, eso no fue lo más grave que pasó ayer. El Gobierno tuvo, le guste o no, el primer traspié importante en la resolución de leyes cruciales para su programa económico. Anoche frenó a última hora la decisión de sacarlas por decreto de necesidad y urgencia.

El lunes volverá a intentar que sean aprobadas por el Congreso. Había tropezado en la tarde de ayer con una alianza no tan extraña ni tan inesperada: el kirchnerismo, el massismo y la izquierda trotskista. Todos se abrazaron al final de una sesión que debió ser levantada porque la aprobación de las leyes se estaba quedando sin votos. No porque esos votos se fugaran hacia el rechazo de los proyectos, sino porque los diputados peronistas que representan a los gobernadores se estaban yendo del recinto.

Sergio Massa volvió a mostrar su oportunismo en una actitud claramente demagógica. La izquierda había enloquecido el espacio público de la Capital durante dos días de furia y el kirchnerismo, apoyado por el massismo, llevó el alboroto al recinto de los diputados.

Frustró con métodos patoteriles el desarrollo de la sesión. ¿Novedad? Ninguna. Al kirchnerismo y la izquierda (¿ahora también al massismo?) les da lo mismo estar dentro o fuera del sistema. ¿O no fue eso, salir y entrar del sistema, lo que hizo el cristinismo durante gran parte de su gestión en el gobierno?

Lo más notable del caos institucional de ayer es que el Gobierno contaba con los votos necesarios para aprobar las reformas. Contaba con ellos hasta que la batahola se fue llevando a los diputados peronistas que responden a los gobernadores.

La más eficaz para lograr esa fuga fue la massista Graciela Camaño, que los miró a los que se quedaban y les gritó: "Levántense peronistas traidores". Moreau consumaba el golpe contra la presidencia del cuerpo, acompañado por otros cristinistas y por la izquierda.

Gabriela Cerruti se paseaba entre las diputadas mujeres que iban a votar el proyecto, y las exhortaba a abandonar el recinto. No hubo un lobo solitario; hubo una estrategia para derrumbar la sesión en la que perderían los que terminaron ganando.

El Presidente estuvo a punto de firmar un decreto de necesidad y urgencia luego de que los gobernadores les aseguraran a sus ministros que los votos de ellos estaban, pero sólo teóricamente.

Eran votos emocionalmente positivos, pero con final incierto. Ningún gobernador descartó que la inercia del conflicto en el recinto no repitiera las escenas de ayer y que, por lo tanto, otra sesión volviera a frustrarse. Esas palabras salieron de los gobernadores peronistas buenos. Los otros (Carlos Verna y Gildo Insfrán, por ejemplo) ya habían abandonado el barco hacía rato. La cima del oficialismo pensó en el decreto ya no como una solución al problema fiscal. Fue una posible decisión institucional. "Es la autoridad del Presidente la que está en discusión", dijeron anoche a su lado.

Hay un aspecto institucional, gravemente implantado desde ayer, y hay también un costado político. Este señala que la fragmentación del peronismo es más profunda que lo que cualquiera imaginaba. No quedó un solo liderazgo en pie. En ese mundo sin dioses, Cristina Kirchner estuvo en condiciones de asestarle al sistema y a Macri un doloroso golpe.

Los gobernadores peronistas son una coalición invertebrada en la que los mandatarios más serios (Schiaretti, Urtubey, Uñac) tienen problemas para imponerse a los más irresponsables. Y encima, sus diputados son sensibles a los aprietes del peronismo cristinista y de la izquierda trotskista.

También la CGT es un satélite del peronismo igualmente fracturado. Los dirigentes sindicales se pasan la vida dialogando con el Gobierno. El Gobierno los ha hecho felices entregándoles importantes recursos para las obras sociales. Pero ningún dirigente sindical está en condiciones de resistir la presión de la calle o de ignorar la coacción de la izquierda.

El Gobierno ha cometido algunos errores. Debió plantear públicamente desde el principio cómo serían los aumentos salariales de los jubilados y reconocer que había un período de inflación de tres meses de este año (el último trimestre) que debía ser compensado en marzo.

El último aumento fue en septiembre. El próximo aumento será en marzo. Los incrementos serán trimestrales desde entonces. El aumento de marzo comprenderá los meses de enero, febrero y marzo. Quedaría en el vacío la inflación de octubre, noviembre y diciembre de este año, que sumará cerca de un 5 por ciento.

Elisa Carrió le había sacado a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, el compromiso de que en marzo habría un bono extra compensando esa diferencia. Pero el Gobierno no lo quería decir para no alentar las expectativas inflacionarias. Al final fue la propia Carrió la que anunció ayer la compensación en medio del violento fárrago de la sesión de Diputados.

El problema del sistema jubilatorio es que durante el mandato de Cristina Kirchner se duplicó el número de jubilados (pasaron de casi cuatro millones a ocho millones, la mitad sin aportes o con aportes muy parciales). Ese monumental aumento significó una grave afectación para los jubilados que aportaron durante toda su vida.

El cristinismo no dice nada del enorme desbarajuste que armó con los jubilados. Prevalece la demagogia del populismo más tosco. Es cierto que las distintas crisis económicas que vivió el país (hiperinflación, default, recesión, depresión, inflación alta) dejó a muchos argentinos sin trabajo y, por lo tanto, sin la posibilidad de aportar. El Estado debió buscar una fórmula para resolver esas situaciones sin comprometer los fondos de la Anses. La situación actual indica que cualquier decisión sobre los salarios de los jubilados requiere de una cantidad enorme de dinero en un país con un déficit ya insostenible.

Los gobernadores, peronistas y no peronistas, tienen sus números atados al acuerdo fiscal, que se caería si se derrumbara todo el paquete económico. Una nueva ronda de consultas por parte de ministros, anoche, les sacó a los gobernadores el compromiso de que intentarán que sus diputados sancionen el proyecto más allá de la estrategia cristinista.

Haber frenado en el instante final el decreto de necesidad y urgencia fue una decisión acertada. Hubiera existido un eventual problema jurídico y, además, la calle se hubiera tornado inmanejable para el Gobierno con los estrépitos de la izquierda, el kirchnerismo y ciertas franjas de sindicalismo. La opción que tenía la administración de Macri no era buena: o confiaba en un nuevo intento parlamentario, siempre frágil en las condiciones de sublevación cristinista, o se adentraba en un camino oscuro (el del decreto de necesidad y urgencia), sin garantías de que tuviera una salida digna.

martes, 12 de diciembre de 2017

Mauricio Macri echó al presidente del Correo Argentino

Mauricio Macri echó al presidente del Correo ArgentinoPor Ignacio Ortelli - Clarin.com
El jefe de Estado le pidió la renuncia a Jorge Irigoin, quien será reemplazado por Luis Freixas Pinto, un ex Autopistas del Sol. 

Macri impone más cambios en el Correo. (Foto: Andrés DElía)

Como parte del plan de renovación del Correo Argentino, Mauricio Macri decidió remover a su presidente, Jorge Irigoin, un hombre de su confianza a quien había designado en diciembre de 2015.

Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes oficiales, que precisaron que el mandatario le pidió la renuncia a Irigoin, en virtud de la profunda reestructuración que busca concretar en la empresa postal estatal. "Se cumplió una etapa", deslizaron en Casa Rosada, en medio de un fuerte hermetismo.

Irigoin ya había gestionado el Correo en la etapa privatizada, en la que fue propiedad del grupo Socma de la familia Macri. Ahora, Irigoin será reemplazado por Luis Freixas Pinto, un ex Autopistas del Sol a quien Macri eligió por sugerencia del ministro de Modernización Andrés Ibarra. El enroque se oficializará en los próximos días.

La salida de Irigoin es el último gran cambio de autoridades que dispone Macri en el Correo, luego de que en septiembre decidiera remover a todo el directorio e impusiera, entre otros nombres, a Gustavo Papini, un ex OCA y de extrema confianza del vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en el cargo de director ejecutivo.

Papini, quien conoce bien a Quintana por su larga trayectoria en el Grupo Pegasus, que controla la cadena Farmacity tiene experiencia en el rubro: fue CEO de OCA. Y hoy maneja la empresa postal en la diaria, por encima incluso de Irigoin, quien había sobrevivido al recambio del directorio sólo por su trayectoria junto a Macri. Su gestión recibía duras críticas desde Jefatura de Gabinete. "Las propuestas y planes que hacía en las reuniones de seguimiento luego no se llevaban a la práctica", reclamaban. 

Quintana junto a Ibarra (quien tiene el Correo a cargo de su cartera), buscan cambios concretos en la empresa para reducir el déficit operativo, que ronda entre 3.500 y 4.000 millones de pesos por año.

El próximo año la idea es bajar a la mitad ese rojo. ¿Cómo lo planean hacer? Con un rediseño de la logística y un nuevo plan de negocios, que apunta a liderar el mercado de E-Commerce. "Hoy el Correo factura $349 millones en ese mercado y la idea es llevar la facturación a $3453 millones en 2020", exponen desde el Gobierno.

Por otro lado, mientras los gremios alertan sobre posibles despidos (hablan de un plan para echar a 1.700 empleados), desde el Correo descartan despidos masivos e indican que se concretará un "rediseño" de la organización, en la que impulsarán redistribución de tareas y traslados de empleados "para atender las nuevas demandas de una nueva industria postal". Remarcan, en ese aspecto, que Papini es un especialista.

Entre 2004 y 2015, la dotación del Correo se incrementó casi un 40%: de 12.100 empleados a 17.000, que hay en la actualidad. Fue en contramano de sus números: en 2004, las ganancias del Correo orillaban los 54 millones de pesos.

Al mismo tiempo, Macri le pidió a Freixas Pinto y al flamante directorio del Correo un "gesto": que se reduzcan 10% sus sueldos, algo que se concretaría en los próximos días.

Macri pone en marcha una poda del 20% de los cargos políticos (II)

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Se eliminarán unos 700 puestos de alta jerarquía como una muestra de austeridad.
Foto: Archivo / Stephanie Keith/Reuters.

Los borradores reservados que circulan en el gobierno de Mauricio Macri , como parte del plan de reestructuración de los cargos jerárquicos en el Estado, revelaron que la Administración Pública Nacional tiene 3128 nombramientos políticos; la orden presidencial es recortarlos un 20% a partir de 2018.

Esto incluye ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores. Y abarca Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Si se computan los entes descentralizados, los cargos políticos llegan a 3500.

Así lo pudo establecer LA NACION en base a borradores de las carpetas de los ministros. Esas planillas contemplan sólo cargos jerárquicos y no incluyen al personal de planta o contratado, que suma 740.000 empleados.

La directiva es reducir el 20%, por lo que deberían eliminarse unos 700 nombramientos políticos que realizó Macri. El ajuste deberá implicar un ahorro del 20% de la masa salarial de esos cargos, como anticipó LA NACION el 21 de noviembre pasado.

En el ranking oficial de "ravioles" -así llaman a los cargos por la forma de cuadritos en el organigrama-, el primer puesto es del Ministerio de Hacienda, con 289 cargos. La cartera de Nicolás Dujovne debe vigilar por la racionalidad de la administración y es la más urgida por reducir el gasto público y el déficit fiscal. Detrás, el Ministerio de Modernización, con 258 cargos. El ministro Andrés Ibarra dirige el plan de racionalización, pero hace tres meses absorbió el Ministerio de Comunicaciones.

En el ranking siguen Desarrollo Social, con 238 cargos; Presidencia, con 235; Agroindustria, con 197; Jefatura de Gabinete, con 189; Seguridad, con 179; Interior, con 176; Energía, con 166, y Justicia, con 157.

En un segundo lote se ubican Producción, con 138; Trabajo, con 120; Cancillería, con 113; Transporte, con 112; Cultura, con 94; Educación, con 90; Ciencia y Técnica, con 77; Defensa, con 77; Ambiente, con 68; Salud, con 64; Turismo, con 55, y Finanzas, con 36.

Este ajuste en cargos jerárquicos será acompañado por el cese de un porcentaje similar de contratos temporarios regidos por el artículo 9 de la ley nacional de empleo público. Son unos 60.000 y son renovables cada año. El criterio es dar de baja los contratos cuyas funciones no están claras, están superpuestas, no cumplen estándares de desempeño o arrastran ausentismo.

Asimismo se comenzaron a adelantar jubilaciones de empleados de planta permanente en edad de jubilarse. Sobre ello no hay precisiones numéricas.

La decisión de avanzar a fondo se tomó por la necesidad de dar señales de austeridad. Macri siente que le está costando ganar la batalla contra la inflación. El año terminará 5 o 7 puntos por encima de la meta del 17% prevista por el Banco Central. La restricción monetaria demostró no ser suficiente y es apenas una aspirina en un enfermo terminal.

La Casa Rosada no había prestado especial atención al gasto público en un principio, porque el Presidente subestimó la herencia y sobreestimó el efecto por el cambio de expectativas: presumió que los empresarios no iban a remarcar precios y que iban a invertir, lo cual no ocurrió. Macri les confesó a sus ministros que deben predicar con el ejemplo para legitimar ajustes en el gasto en las provincias, y las reformas laboral o jubilatoria.

Ibarra y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se reunieron en las últimas dos semanas con todos los ministros, que les elevarán esta semana sus propuestas de recorte.

Puestos jerárquicos, en cada área

  • Hacienda: 289 empleados
  • Modernización: 258 empleados
  • Desarrollo Social: 238 empleados
  • Presidencia: 235 empleados
  • Agroindustria: 197 empleados
  • Gabinete: 189 empleados
  • Seguridad: 179 empleados
  • Interior: 176 empleados
  • Energía: 166 empleados
  • Justicia: 157 empleados
  • Producción: 138 empleados
  • Trabajo: 120 empleados
  • Cancillería: 113 empleados
  • Transporte: 112 empleados
  • Cultura: 94 empleados
  • Educación: 90 empleados
  • Ciencia y Técnica: 77 empleados
  • Defensa: 77 empleados
  • Ambiente: 68 empleados
  • Salud: 64 empleados
  • Turismo: 55 empleados
  • Finanzas: 36 empleados

lunes, 11 de diciembre de 2017

El Estado se investiga a sí mismo: abrieron 4500 sumarios a funcionarios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
Son denuncias internas iniciadas en los últimos tres años; los motivos van desde actos de corrupción hasta mala conducta; las fuerzas armadas y de seguridad encabezan la lista.

Son expedientes discretos. También incómodos, porque indagan sobre la tropa propia. En los últimos tres años el Gobierno reportó casi 4500 sumarios internos contra empleados estatales y funcionarios por cuestiones disciplinarias o sospechas de corrupción. Así surge de los datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos en el seno del Poder Ejecutivo.

El número de actuaciones creció año tras año de manera exponencial, no necesariamente porque se cometieron más faltas, sino porque una serie de normas obligaron a sincerar las pesquisas que se abren contra los agentes públicos. Mientras en 2015, último año del kirchnerismo, fueron informados 707 sumarios, en 2016 esa cifra ascendió a 1612, y en 2017, a 2165.

El salto en sumarios internos reportados se debió, en buena parte, a que en 2016 el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas fueron obligadas a comunicar las actuaciones abiertas contra sus uniformados. A pesar que estaban obligadas por un decreto de 1999, esas dos áreas no sacaban a la luz sus pesquisas internas. "El cambio de gestión también abrió un período de revisión de la estructura heredada, que hizo crecer la cantidad de investigaciones a los agentes de los ministerios", explicaron a LA NACION desde la PIA, conducida por Sergio Rodríguez. Su fiscalía puede presentarse como parte acusadora y solicitar sanciones, ademas de iniciar de oficio investigaciones preliminares o intervenir en caso de que, además de la pesquisa administrativa, se abra una investigación penal en Comodoro Py. Actualmente interviene en 84 casos sensibles.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, una de las áreas donde más crecieron los reportes de sumarios internos fue el Ministerio de Defensa, que mediante una resolución intimó a todas las Fuerzas Armadas a sacar a la luz todas las investigaciones internas por corrupción o incumplimiento de deberes. En 2016, el Estado Mayor Conjunto le informó a la PIA cuatro sumarios administrativos, mientras que este año esa cifra ascendió a 100 expedientes. El Ejército pasó de 91 sumarios en 2016 a unos 350 en 2017. La Armada saltó de 175 a 451, un 160% más. La única excepción fue la Fuerza Aérea, que pasó de 70 informes en 2016 a 18 reportes por actuaciones disciplinarias en 2017.

Aun así, no todos los sumarios son reportados con la celeridad que exige la ley. Los 40 sumarios que abrió la Armada para deslindar responsabilidades por el extravío del submarino no fueron informados en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio de Seguridad también sinceró los números en los últimos dos años y comenzó a dejar a la luz la cantidad de investigaciones internas que se abren por faltas y delitos en las fuerzas. La Policía Federal, que había informado 490 sumarios el año pasado, este año comunicó 972, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó 14 sumarios en 2016 y otros 46 en 2017.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron los motivos más frecuentes que dan origen a las investigaciones y sanciones. De acuerdo con la resolución ministerial 984/17, la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio, encabezada por Carlos Manfroni, puede intervenir con una investigación especial en los sumarios que se abren por corrupción o en casos de gravedad institucional. Esa dependencia puede entonces requerir pruebas y reforzar la investigación que realiza el sumariante.

Según las estadísticas a las que accedió LA NACION, entre otras carátulas, un 10% de los casos que llegan a la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio se deben a "complicidad del uniformado con el narcotráfico"; un 20%, por el cobro de servicio adicional no prestado (horas extras no trabajadas); un 10% por "enriquecimiento ilícito", cuando se descubre que un miembro de la fuerza tiene bienes no declarados o injustificados, y un 15%, por sobornos. Actualmente están en curso unas 300 investigaciones por estos motivos.

Así y todo, algunos casos sensibles al ministerio se mantienen en estricta reserva. La PIA debió elevar una queja cuando no pudo intervenir en los sumarios, en su origen sigilosos, que se abrieron contra los gendarmes que participaron del operativo en el Pu Lof mapuche el día que desapareció Santiago Maldonado. Tampoco fue notificada en tiempo y forma por las investigaciones abiertas contra los prefectos que filtraron las fotos del ex vicepresidente Amado Boudou esposado, cuando fue detenido en su casa.

Ranking

De acuerdo con datos de la PIA, por fuera de Defensa y Seguridad, de enero de 2015 hacia acá la dependencia con más reportes de sumarios internos fue la AFIP, con 203 expedientes. Según informaron a LA NACION desde el organismo recaudador, las causales van desde irregularidades en casos de contrabando y faltantes de mercadería en depósitos de la Aduana hasta faltas en inspecciones por evasión fiscal.

El ranking continúa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 157 comunicaciones de sumarios, la Anses (142) y el Ministerio de Salud (134) y la Dirección Nacional de Vialidad (116). Los motivos pueden ser desde una irregularidad en la compra de un insumo hasta mala conducta.

Muchos de los casos que originaron sumarios internos contra agentes públicos y funcionarios tuvieron su correlato en causas penales. Entre los casos graves figuran una investigación al programa federal de viviendas del kirchnerismo, las contrataciones del yacimiento carbonífero de Río Turbio, el Plan Qunita, la falta de pagos de impuestos de Oil Combustibles de Cristóbal López o incluso la investigación abierta al segundo de Ricardo Echegaray en la AFIP, Resnick Brenner, por la facilidad de pagos otorgada a Ciccone.

En el caso de Cambiemos, entre los sumarios internos relevantes aparecen los vinculados al caso del Correo Argentino, la filtración de datos del blanqueo de capitales que partió de la AFIP, el caso de la compra de garrafas en el Ministerio de Energía y el caso que investiga responsabilidades por el avión que cayó en el Delta.

Los instructores de sumarios deben emitir dos informes por cada uno de los expedientes abiertos: una primera conclusión sobre la base de la evidencia que surja de la investigación y un dictamen final con una resolución, que puede ser un apercibimiento, una suspensión, la cesantía total o la exoneración.

Ranking por organismo

1 - Policía Federal: Es la entidad con más sumarios, 1391 en total

2 - Armada: Suma 626 casos desde enero de 2016

3 - Ejército: Acumuló 205 casos de mal comportamiento

4 - Afip: El ente recaudador computa 203 denuncias

5 - Inta: 157 sumarios internos desde 2015
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