(La Nación) - La creación de áreas protegidas en nuestro mar permitirá restaurar las pesquerías, proteger las especies emblemáticas y ejercer la soberanía nacional.
Luego de tres décadas de paciente labor, la Argentina logró que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aprobara su pedido de extender el límite de nuestra plataforma continental. Como señalamos ayer en esta columna, ese límite se ha extendido hasta las 350 millas, con un aumento del 35 por ciento sobre la superficie anterior.
Por eso, hoy la conservación de la biodiversidad marina reviste aún más importancia para el país y el bienestar de sus habitantes. Las Naciones Unidas han convocado a la Conferencia de los Océanos en Nueva York, que comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo viernes. Es la primera de ese organismo destinada a que el mundo revierta el deterioro de la salud de los océanos y los mares con soluciones concretas y para que los países miembros redoblen sus esfuerzos en pos de su protección.
En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques Nacionales han organizado recientemente una Consulta Nacional de Océanos y Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el objetivo de acordar una posición activa de nuestro país en la materia.
La administración actual se ha propuesto impulsar el desarrollo de nuevos parques nacionales y reservas naturales. El Presidente, en su discurso ante el Congreso, se comprometió a duplicar la superficie de áreas naturales protegidas. Es por eso que el incremento en la cantidad, superficie y eficacia de las áreas marinas protegidas en aguas nacionales puede ser clave para cumplir la promesa presidencial.
Nuestro país debe lograr progresos sustanciales en la protección del ecosistema marino y necesita mitigar los daños que las prácticas no sostenibles y la pesca ilegal de buques extranjeros están ocasionando a nuestros recursos del mar.
Los países más avanzados del mundo dedican importantes esfuerzos a proteger sus ecosistemas marítimos y estas prácticas generan beneficios ambientales, económicos y sociales. En algunas se permiten usos como la pesca de bajo impacto ambiental; en otras se realiza investigación científica, y existen sectores que pueden implicar una protección estricta, sin usos extractivos, con el objetivo de proveer áreas de refugio a las especies vivas y puntos de referencia para la gestión del resto del mar. De este modo se contribuye a la restauración de las pesquerías. La mayor abundancia y biomasa de especies de interés comercial puede así contribuir a repoblar los sectores donde la pesca está legalmente permitida.
En nuestro país, un 36% del territorio argentino está ocupado por mar. Sin embargo, sólo un 3% está protegido. Posee 61 áreas costeras marinas protegidas, aunque solamente una es estrictamente marina: Namuncurá-Banco Burdwood, ubicada en aguas nacionales. Es conocido que existen diversas amenazas que prueban que es necesario redoblar esfuerzos para la implementación efectiva de una política de largo plazo de conservación de la biodiversidad marina. En algunos sectores, la contaminación es acuciante. La sobrepesca y otras prácticas pesqueras no sostenibles afectan las especies, el trabajo de miles de argentinos y el patrimonio natural. Las especies introducidas degradan los ambientes costeros.
La Argentina es signataria del Convenio de Diversidad Biológica y al mismo tiempo ha adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, comprometiéndose de esta manera a proteger al menos el 10% de la superficie marina para 2020. En diciembre de 2014 se sancionó la ley que establece el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y brinda el marco para el manejo y la implementación efectiva de las áreas marinas protegidas en aguas nacionales. La actual administración trabaja para reparar un atraso que viene de anteriores gestiones en la instrumentación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Para ello se requiere, en primer término, la pronta designación de una autoridad de aplicación idónea, capaz de coordinar los esfuerzos de todos los organismos nacionales que intervienen en la conservación del ecosistema marino y de la creación de, al menos, cinco nuevas áreas marinas protegidas nacionales en sectores relevantes para la vida marina y los procesos ecológicos mediante ley del Congreso.
La creación de parques nacionales marinos no sólo logrará que la sociedad valorice al mar, sino que también contribuirá a restaurar las pesquerías; ofrecerá áreas seguras de alimentación y migración para especies emblemáticas, como pingüinos y ballenas, que sostienen el turismo de naturaleza en las costas; fomentará la presencia pacífica y el ejercicio de la soberanía de la Argentina en el Atlántico Sur, y aportará a una estrategia de adaptación al cambio climático, ya que los océanos regulan el clima del planeta. Se trata de establecer una política de Estado de largo alcance para beneficio de todos los habitantes, que a su vez representa un aporte para la sostenibilidad de los océanos, los mares y los recursos marinos del planeta.
