Continúa hoy la búsqueda de un contenedor con dinero que estaría enterrado en una propiedad de Lázaro Báez

(Infobae.com) - El operativo se inició a partir de un dato aportado por tres "cazarrecompensas", que pidieron la retribución del 10% que el gobierno nacional ofreció a quienes ayudaran a encontrar bienes provenientes de la corrupción

 

Este domingo por la mañana se reanudarán los operativos en Cruz Aike, una de las estancias de Lázaro Báez que fue allanada por orden del juez federal Claudio Bonadio. Buscan allí un contenedor enterrado a más de quince metros de profundidad en el que se habría escondido dinero.

El dato de la presunta existencia del contenedor fue aportado por tres personas diferentes que se presentaron ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para intentar cobrar la recompensa ofrecida para quien hallara dinero proveniente de la corrupción.

La orden de iniciar los operativos la dictó el juez Bonadio, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos del kirchnerismo, desatada a partir de los "cuadernos de las coimas".

La excavación se lleva a cabo en una estancia ubicada en la localidad de Cruz Aike, a 60 kilómetros de la ciudad El Calafate, que pertenece a Báez y que ya había sido allanada en el marco de la causa conocida como "Ruta del dinero K". Infobae, único medio en el lugar, constató que del operativo participan unas 20 personas entre efectivos de Gendarmería y funcionarios de Vialidad Nacional y se emplean una retroexcavadora y un camión cisterna.

Los procedimientos son comandado por el secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

Mas información: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/09/09/continua-hoy-la-busqueda-de-un-contenedor-con-dinero-enterrado-en-una-propiedad-de-lazaro-baez/

La Justicia decomisó un predio de Tandanor por US$800 millones

Por Hernán Cappiello - La Nación

Se confirmó que la privatización que hizo el menemismo fue fraudulenta.

La Justicia expropió y devolvió a las arcas del Estado un terreno en Puerto Madero valuado en 800 millones de dólares, al condenar a los responsables de la fraudulenta privatización de la empresa estatal Tandanor hace mas de 20 años, durante el menemismo.

Se trata del mayor recupero de fondos de la corrupción que retorna a manos del Estado.

Tandanor había sido adquirida por un consorcio adjudicatario. Esta causa estuvo a punto de prescribir sin llegar a juicio. El kirchnerismo impulsó un pedido de juicio político contra el juez Claudio Bonadio por esa razón. El magistrado llegó a ser sancionado con una multa equivalente a parte de su sueldo por el Consejo de la Magistratura, castigo que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Diego Luciani en el juicio oral había pedido condenas hasta 4 años de prisión y el decomiso del terreno. Está junto al Hotel de los Inmigrantes en dársena Norte, al lado de Buquebus. Otro predio de Tandanor está en Dársena Sur, junto a la villa Rodrigo Bueno, donde termina la reserva ecológica de la Costanera Sur.

Durante el gobierno de Menem, se vendió Tandanor -donde se reparó el submarino ARA San Juan y el rompehielos Almirante Irizar-, pero los dueños dividieron el astillero del terreno, ubicado al lado del hotel de los Inmigrantes, donde proyectaban torres por 500 millones de dólares. El consorcio estaba integrado por Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido.

El predio junto al Hotel de los Inmigrantes se denomina en la causa Planta I de Tandanor y tienen más de 8 hectáreas. Los acusados llevaron a la quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones de la empresa que se quedó con el terreno llamado Puerto Retiro. Luego Perez Companc vendió un paquete de varios inmuebles, incluyendo el terreno, a IRSA, que compró de buena fe en varios millones de dólares. IRSA inició un juicio, a su vez, que está pendiente de resolución en la Corte. 

Los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban, llamada Puerto Retiro S.A. La causa la instruyó el fiscal Carlos Stornelli, que ayer estaba pendiente del resultado de este juicio.

En septiembre de 1990, el gobierno de Menem llamó a licitación para privatizar Tandanor. La empresa fue tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos en efectivo y 160, en bonos de la deuda externa.

Tras una licitación llena de irregularidades, Tandanor fue adjudicada al consorcio de empresas. Una vez otorgada, Menem emitió un decreto por el cual cambió el precio y la forma de pago: el valor a abonar se estableció en 59.760.000 millones de dólares (ya no en bonos, sino en efectivo), que se debían pagar con un adelanto de 7.200.000 dólares y el saldo (52.560.000 de dólares) financiado a nueve años, con tres años de gracia. El Estado exigió un aval de un banco por los intereses de los tres primeros años "de gracia" y un seguro de caución por el saldo de 52.560.000 de dólares.

El aval no fue constituido y el seguro de caución fue emitido por una empresa (Aseguradora del Litoral S.A.) "sin reaseguros" que pertenecía al mismo grupo adjudicatario.

Según el fiscal Stornelli, desmantelaron la Planta I de Tandanor (8,2 hectáreas en Dársena Norte) y se la autovendieron a una sociedad anónima propia (Puerto Retiro) en un precio irrisorio de 18 millones de dólares.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2170058-la-justicia-decomiso-predio-tandanor-us800-millones

Los Lobos: así es y trabaja el grupo de élite que cuida a los testigos protegidos

Infobae.com - Gente

José López, Oscar Centeno y Leonardo Fariña son algunas de las 500 personas que la Justicia puso en el programa de Protección a Testigos. Juan José Benítez (40), subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, explica cómo resguardan a quienes ponen en riesgo su vida para denunciar la corrupción, el narcotráfico, los delitos de lesa humanidad y la trata de personas

Los efectivos de la agrupación son elegidos entre los miembros del Grupo Especial de Intervención (GEI), la elite del Servicio Penitenciario Federal.

En una manada de lobos, quienes van al frente son los más experimentados. La vanguardia y la retaguardia son ocupadas por los más fuertes. El que cierra la marcha es el macho alfa. En el medio de todos ellos caminan los más débiles. Aquí y ahora, mientras la investigación por corrupción más sonada de la historia argentina transita los tribunales de Comodoro Py, y se acumulan valientes denuncias en otros juzgados federales por narcotráfico, trata de personas o causas de lesa humanidad, los más frágiles son quienes toman la decisión de desnudar el delito, aun a riesgo de sus vidas.

El Estado decidió, a fines de 2016, proteger a esos testigos con un grupo de élite: son 40 efectivos –hombres y mujeres– seleccionados por el Ministerio de Justicia en el ámbito del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal. La crema de esa institución. Y su nombre, Los Lobos.

El Programa de Protección a Testigos e Imputados no es nuevo. Nació en 2003. Según Juan José Benítez (40), subsecretario de Política Criminal –que lo tiene bajo su órbita–, "esta es una herramienta muy potente para auxiliar al sistema de Justicia, aunque hasta fines de 2015 había una gran desprolijidad administrativa".

Bajo su manto están hoy 500 personas, si se incluye a los familiares directos (esposa e hijos), distribuidas en 19 provincias y el extranjero. Los más conocidos –y por eso mismo más difíciles de proteger– son José López (el funcionario K que revoleó bolsos con nueve millones de dólares), Oscar Centeno (el remisero de los cuadernos de las coimas), Leonardo Fariña (integrante y denunciante de la "ruta del dinero K"), Ibar Pérez Corradi (detenido por narcotráfico e implicado en el triple crimen de General Rodríguez), Alejandro Vandenbroele (acusado de ser testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou) o Mariano Martínez Rojas (procesado por contrabando y asociación ilícita).

Benítez señala: “Es una herramienta muy potente para auxiliar al sistema de Justicia”.

En un 33 por ciento de los casos, quienes se acogieron al Programa declararon en crímenes de lesa humanidad, un 29 por ciento en causas de narcotráfico, un 25 por ciento en temas de corrupción y crimen organizado y un 13 por ciento en delitos de trata.

El nuevo impulso al Programa se lo dio la formación que sus integrantes recibieron del modelo canadiense. Benítez explica: "Conseguimos el apoyo del gobierno de Canadá, donde depende de la Policía Montada, su institución de mayor credibilidad. Por primera vez abrieron sus puertas para capacitar a un Estado extranjero. Enviamos a dos personas durante 15 días, que a su regreso fueron formadores de nuestro grupo. Aquí organizamos un equipo interdisciplinario. Hay evaluadores de riesgo, encargados de seguridad, personal administrativo, informático, jurídico, una base telefónica las 24 horas para emergencias, con personal capacitado en contención psicológica, y desarrollamos un software para que la información no sea vulnerable".

El grupo, que tiene 40 integrantes entre hombres y mujeres, fue preparado bajo la asistencia de Canadá y entrenado en la Argentina.

UNA NUEVA VIDA. La tarea de Los Lobos está lejos de ser sedentaria. Su mayor aliado es la confidencialidad. Por eso, señala Benítez, "es muy poco lo que se puede contar. Yo mismo no tengo idea dónde está ningún testigo. De hecho, en el Programa no hay nadie que sepa la localización de todos. Se trabaja por células y se rota. Hemos tenido ingresos hospitalarios insólitos, asistencias médicas increíbles, rescatamos testigos con lanchas y helicópteros en lugares como el Delta del Paraná… Había que sacar a alguien porque lo iban a matar. Se hizo el operativo con equipos tácticos, de noche, y se llevó a la persona a un lugar seguro".

Para el funcionario, los delitos más riesgosos son "el narcotráfico y la corrupción. En el caso puntual de los cuadernos, el poder de las personas involucradas es alto. Nosotros evaluamos, para el análisis de riesgo, qué poder de acción tienen los acusados sobre el testigo protegido, sus conexiones a lo largo del país, y cuál es el potencial de agresión. Además, el riesgo puede cambiar a lo largo de la investigación penal. También debemos tener en cuenta que es imposible esconder a ciertos personajes. Por ejemplo, a Fariña. En la Argentina, todo el mundo lo conoce. Y no se lo puede llevar al exterior, porque está sujeto a una causa penal".

Leonardo Fariña Conocido por su matrimonio con Karina Jelinek, estuvo preso por la evasión de más de 12 millones de dólares. Denunció la “ruta del dinero K”.

–¿Cómo se hace en esos casos?

–Hay que generar un anillo de seguridad que garantice su integridad. Fariña tuvo dos episodios de enfrentamiento armado entre su equipo de protección y supuestos ladrones de su auto. Además, nos planteó un desafío adicional: cuando ingresó al Programa estaba preso. Fue el primero en esa situación (Nota: José López e Ibar Pérez Corradi están así hoy). Gracias a Canadá ingresamos a Europol, integrado por los países con protección de testigos. Había cinco Estados con un caso similar y nos asesoraron. Disponer un dispositivo de seguridad dentro de una cárcel es muy difícil. Porque no podía compartir espacios comunes. Fue un éxito.

–¿Cómo accede un testigo protegido al Programa?

–El ingreso es voluntario. A quien se postula se le hacen saber sus obligaciones y le presentamos un plan de vida. La persona dice si acepta o no. En muchos casos implica cambiar totalmente de ciudad, de trabajo, dejar a su familia y sus amigos, no ir al club, no usar redes sociales y restringir el uso de sistemas informáticos. Hay abogados o empresarios que deben empezar a vender pizza. O pizzeros que comienzan a vender flores. Nosotros ponemos reglas. Si no las cumplen, aunque existe flexibilidad, los echamos del Programa.

–Entonces, la misión del Programa no es sólo la custodia del testigo.

–No. También es darle una nueva vida. La anterior, en la que fue testigo o imputado por un hecho delictivo, no la puede llevar más.

José López Ex secretario de Obras Públicas de Julio De Vido. Quien tiró bolsos en el falso convento de General Rodríguez fue el último en ingresar al Programa.

–¿Cuál es la principal dificultad que tienen para adaptarse a esa realidad?

–Lo más complicado es la sustitución de identidad. Sobre todo en los hijos. No sólo por la documentación. Es muy difícil que un chico de ocho años se acostumbre a un nuevo nombre. Hay casos donde hubo que volver para atrás. Por eso es el último recurso.

–¿El cambio de fisonomía también se contempla?

–Nunca se hizo, pero es una posibilidad.

–¿Desde el punto de vista psicológico, qué les sucede?

–Lo más común es que sufran depresión y ansiedad por no ver a sus amigos o no volver a su barrio. Al principio también hay temor. Se trabaja a diario con operadores que manejan los casos y tienen contacto directo.

Ya realizaron rescates de alto riesgo de testigos que, se enteraron, iban a ser asesinados por denuncias contra el narcotráfico.

–¿Quién paga el sustento de los testigos?

–El Estado se hace cargo de la protección. Pero en cuanto a lo personal, hay un límite que, por ley, son seis meses. Tenemos que generar que se sustenten económicamente lo antes posible. Dentro de los recursos disponibles, facilitamos programas y subsidios sin costo para que desarrollen nuevas actividades.

–Entonces no se les garantiza el mismo nivel de vida que tenían previamente…

–La gran mayoría de quienes ingresan son personas de bajos recursos. Pero hay otros casos. Por ejemplo, a Fariña no le podíamos mantener un departamento de dos millones de dólares como el que tenía. Le podemos dar un nivel de vida acorde a un salario mínimo, vital y móvil. Si alguien de la familia o de sus amigos lo quiere ayudar, bienvenido.

Por Hugo Martin. Fotos: Alejandro Carra,

Enrique García Medina, Julio César Ruiz, AFP y Ministerio de Justicia.

Río Turbio: una usina con un sopreprecio millonario que nunca funcionó porque no produce el carbón que necesita

(Infobae.com) - El fiscal Guillermo Marijuan puso el foco en la usina de Río Turbio, un proyecto kirchnerista que implicó un sobreprecio increíble y que no puede funcionar porque no produce el carbón que necesitaba. En noviembre de 2015, apenas unos meses después de relanzarse y prometer que produciría energía para todos los argentinos, la usina dejó de operar por falta de carbón.

La obra se inició en 2007, con un costo de 700 millones de dólares, y estaba pensada para generar 240 Mw cuando las dos calderas estén en funcionamiento. Pero los planes quedaron en la nada. Nunca se logró abastecer de carbón plenamente la primera caldera. No se producía suficiente carbón en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El 30 de noviembre de 2015, apenas unos días antes de abandonar la Casa Rosada, la usina dejó de funcionar.

El gobierno de Mauricio Macri terminó debiéndole más de 700 millones de pesos a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.

En el dictamen en donde se pide la indagatoria y detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta y del ex empresario de Isolux Juan Carlos de Goycoecheta, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que fue todo un plan para robar fondos de las arcas públicas.

"Se encuentra reunido el estado de sospecha bastante respecto del actuar ilegal de los funcionarios públicos que, quebrando la confianza depositada y violando sus deberes, se valieron de su posición privilegiada como autoridades del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la ex Intervención de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y mostrando un interés claramente apartado del estatal por el que debían velar, generaron con su actuar un perjuicio a las arcas públicas por sumas exorbitantes. Todo ello en un contexto de actuación del Estado, en el marco de una contratación pública", advirtió.

Señaló que esa iniciativa fue posible "con la connivencia y activa intervención de particulares que como integrantes del Grupo Isolux, percibieron beneficios económicos por montos millonarios a raíz de tales maniobras".

En su escrito, el fiscal se explayó diciendo que "el procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades que fueron descriptas precedentemente, supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux".

Y "a ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra".

"Da cuenta de ello el hecho de haber sido elegida la oferta realizada por la UTE, quien fijó los costos en un valor de USD 857.341.128 (equivalente a $ 2.662.044.205). Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a la misma empresa en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a la suma de USD 1.726.251.982 –dijo-. La ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas desde el inicio de la licitación, son indicadores que permiten sospechar que los funcionarios públicos intervinientes persiguieron beneficiar al mencionado grupo empresario".

Así las cosas, se autorizaron "una y otra vez las extensiones en los plazos y las ampliaciones de obra, con la consecuente generación de mayores costos –sobreprecios-, que derivó en un perjuicio económico al erario público" y "los funcionarios que tenían la obligación de planificar, licitar, ejecutar y controlar tanto las contrataciones como los intereses que en función de ellas les habían confiado, quebrantaron el deber de fidelidad que la propia función les imponía".

Secuestran 360 vehículos por día con los operativos de saturación policial en el conurbano

(La Nación) - Uno de los controles de la policía bonaerense Crédito: Ministerio de Seguridad bonaerense.

El Operativo Intensivo contra Delitos Prevenibles, nombre genérico detrás del cual anida el objetivo principal que es el de dar combate a los robos cometidos por motochorros, comenzó a mostrar sus primeros resultados. En los 18 días de vigencia desde el lanzamiento de los procedimientos de saturación policial en 29 distritos del conurbano, el 10 de este mes, fueron controlados más de 196.000 vehículos, y 6453, casi el 3%, fueron secuestrados, ya sea porque sus conductores no contaban con los papeles necesarios para circular o, directamente, porque estaban ligados a delitos. Un promedio de 361 vehículos retenidos por día, de los cuales seis de cada diez fueron motos.

Las cifras preliminares parecen refrendar el objetivo del operativo: de los 1211 vehículos incautados por estar vinculados a delitos, el 54% (651) fueron motos y el resto (560), autos.

En cuanto a los efectos en la prevención de los operativos de saturación, de los que participan 12.000 efectivos de distintas áreas de la policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial agregó que fueron aprehendidas 6311 personas (aunque la mayoría de ellas no quedó detenida) y se esclarecieron unos 3000 delitos.

Esto se refiere tanto a resoluciones de pedidos de captura de sospechosos y de hallazgo de vehículos con pedido de secuestro activo como a delitos flagrantes, como el transporte ilegal de drogas y de armas.

Al respecto, se informó que fueron incautados 29 kilos de droga (seis de cocaína y 23 de marihuana) y más de 1800 dosis de paco, además de 473 armas de fuego y blancas.

En cuanto a otros resultados, fueron inspeccionados 24.355 vehículos de transporte de pasajeros y se labraron más de mil infracciones de tránsito.

El Operativo Intensivo contra Delitos Prevenibles, según su concepción, es especialmente visible en las zonas más golpeadas por los robos cometidos por motochorros, determinadas por un mapa del delito que será actualizado a diario.

Se complementa con el despliegue de unos 7500 efectivos de las fuerzas de seguridad federales a lo largo del área circundante a la ciudad de Buenos Aires y en los principales accesos a la Capital.

Según precisaron fuentes del área de Seguridad provincial, se realizarán "operativos continuos y sorpresivos a motociclistas y automovilistas para desalentar los delitos prevenibles". Fundamentalmente serán procedimientos diurnos, en los horarios de mayor movimiento de personas en la vía pública y de vehículos.

Cooperación municipal

El plan fue presentado el 2 de julio pasado por los equipos de Seguridad de María Eugenia Vidal en una reunión a la que fueron convocados los intendentes de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El plan es llevado adelante por 12.031 policías de diferentes áreas, como el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) con vehículos tripulados por dos efectivos; la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Infantería, Caballería y personal especializado en el control de estupefacientes. Sus patrullajes se dividen en tres clases: los realizados por efectivos de a pie, los de interceptación vehicular y los de saturación.

Los registros en la vía pública se realizan en conjunto entre la policía de la provincia y las direcciones de Tránsito de cada municipio, que tendrán a su cargo el acarreo de los vehículos que no cumplan con la normativa vigente para circular.

"Desde el primer día de gobierno nos comprometimos a trabajar para que todos los bonaerenses puedan vivir más tranquilos. Sabemos que hay lugares que necesitan más presencia del Estado. Por eso, a partir de ahora, los puntos más conflictivos de la provincia contarán con más efectivos policiales", dijo Vidal el 9 de este mes, un día antes de que comience el despliegue con el que se intenta aplacar el golpe por golpe que propone la delincuencia.

La Justicia trabó embargos por unos US$ 7 mil millones en causas por corrupción

(Perfil.com) - La cifra se desprende de un informe de la Oficina Anticorrupción en el que no se tuvo en cuenta la causa de los cuadernos.

El ministro de Justicia, Germán Garavano. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que el poder judicial ya trabó embargos por unos 7 mil millones de dólares en causas por corrupción. "La Oficina Anticorrupción informó que existen trabados embargos por casi US$ 7 mil millones en estos casos de corrupción que se están investigando y esta cifra no incluye lo descubierto en el caso conocido como el de los Cuadernos", afirmó Garavano en declaraciones periodísticas. 

Por otra parte, Garavano precisó que "se está evaluando elevar el estándar en los requisitos en relación a las empresas que están involucradas en hechos de corrupción". El ministro se pronunció de esa forma luego de participar de un encuentro con el presidente Mauricio Macri para realizar un seguimiento en la gestión de su cartera. Existen trabados embargos por casi US$ 7 mil millones 

La Justicia avanza en los expedientes que podrían elevar aún más esa cifra de la OA. El fiscal federal Franco Picardi solicitó en noviembre del año pasado embargar al empresario Ángelo Calcaterra, primo del Presidente, por la suma de 54 millones de pesos. 

En mayo pasado, el juez federal Julián Ercolini procesó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, por lavado de dinero y trabó embargos de hasta 800 millones de pesos. El exministro de Planificación, Julio De Vido, fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio y embargado por mil millones de pesos en la causa en la que se lo investiga

por irregularidades en la asignación de subsidios al gasoil para líneas de colectivos. El magistrado ordenó medidas similares contra otros exfuncionarios K como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro, contra quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos. 

En total, los embargos son por $ 3700 millones. La investigación conocida como los "cuadernos de las coimas" no solo perjudica a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y a varios funcionarios de su gestión, sino también al Gobierno al que le preocupa que se paralice la obra pública con la importante cantidad de empresarios que se vieron involucrados en el expediente. De hecho, ayer el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, implementó nuevos mecanismos para llevar adelante varios proyectos que ya se habían adjudicado.  (Fuente www.perfil.com). 

Estados Unidos ofreció colaboración para recuperar bienes de la corrupción

Por Damián Nabot  - La Nación

Daniel Muñoz fue secretario privado de Néstor Kirchner; fue señalado en repetidas oportunidades en los cuadernos de Oscar Centeno como el valijero de la familia presidencial. Fuente: Archivo

De la vertiginosa sucesión de confesiones de coimas con cifras millonarias, el dinero identificado por la Justicia y factible de recuperar representa todavía una ínfima parte. 

Las propiedades por 65 millones de dólares en Miami de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner , representan hasta ahora el mayor monto detectado en el exterior, pero la combinación entre la desidia judicial y el esfuerzo del entorno de Muñoz por desparramar la riqueza en diferentes sociedades confluyeron para trabar su recuperación. Las autoridades de Estados Unidos realizaron un seguimiento de las firmas que se crearon para diseminar los bienes de Muñoz y ofrecieron colaboración para congelar las propiedades, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. Pero el objetivo de recuperar el dinero muestra todavía serios obstáculos.

En contactos de los últimos dos años entre ambos países, las autoridades de los Estados Unidos solicitaron pruebas del origen ilícito del dinero que Muñoz llevó a Miami. Así lo transmitieron en conversaciones reservadas con los representantes argentinos. La información comenzó a ser enviada a Estados Unidos . Pero la traba principal aparece en la falta de avances en la Justicia argentina en el enriquecimiento del exsecretario privado de Néstor Kirchner.

En 2015, el juez federal Luis Rodríguez dictó el sobreseimiento de Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, al asegurar que había sido imposible probar los dichos de la excolaboradora de Kirchner Miriam Quiroga, quien había denunciado la entrega de bolsos con dinero en la Casa Rosada. El fallo fue muy celebrado por el kirchnerismo como una confirmación de la inexistencia de un circuito de pagos en negro. Sin embargo, un año después, gracias a los documentos revelados por LA NACION a partir de la investigación de los Panama Papers, se descubrió que Muñoz había creado firmas inmobiliarias, petroleras y de servicios financiero y que había operado con una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La riqueza que la Justicia argentina no había logrado probar estaba escondida en el exterior. Según exhibían los mails de la firma panameña Mossack Fonseca, Muñoz y su esposa estaban vinculados a Gold Black Limited, una compañía fundada con el objetivo de comprar propiedades en los Estados Unidos. Muñoz había llegado en 2003 a secretario de Kirchner con un Volkswagen Gol modelo 99 como único bien. El exsecretario murió en mayo de 2016.

Por las dudas, después del éxito del sobreseimiento de 2015, las firmas vinculadas al entorno de Muñoz se encargaron de correr una carrera frenética para que los fondos pasaran de una sociedad a otra, ya fuera en las Islas Vírgenes o en Andorra, para complicar el rastreo de la riqueza. Para entonces, el marplatense Sergio Todisco y su esposa, Elisabeth Ortín Municoy, habían sido señalados como posibles testaferros de Muñoz y su esposa. El fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, le solicitó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, que siguiera el rastro de las propiedades de Muñoz, a fin de lograr recuperar los bienes cuando la Justicia argentina dictara una condena. Allí comenzaron los contactos con Estados Unidos. La respuesta fue positiva, pero necesitaban una reacción de la Justicia argentina.

Todisco, quien reconoció que había asumido la representación de la offshore por su amistad con Muñoz, había realizado compras millonarias, que incluían desde departamentos en la avenida Collins valuados en 10 millones de dólares hasta un shopping de 900 metros cuadrados. Entre 2010 y julio de 2015, Todisco y su esposa entonces crearon 13 sociedades en Miami y en el estado de Delaware.

Entrevista exclusiva con el hombre que entregó los cuadernos 15:28

A comienzos del año pasado, una investigación del Miami Herald advirtió que el emporio inmobiliario vinculado a la dupla de Todisco y Municoy había comenzado a vender propiedades millonarias en Florida, incluso resignando ganancias. Entre otras propiedades, el Miami Herald enumeró un negocio en Little Havana por US$13,1 millones; sucursales bancarias en Pompano Beach y Kendall por US$5,8 millones en agosto y US$6,5 millones, y un departamento en la torre de lujo Icon Brickell por US$320.000. Todo en apenas cinco meses.

La mayoría de las sociedades, como informó ayer LA NACION, pasaron a nombre de la panameña Perla Aydeé Puente Resendez y se disolvieron en julio del año pasado.

Con el objetivo de reabrir la investigación, la UIF apeló el sobreseimiento de Muñoz y pidió que, más allá del enriquecimiento ilícito, se investigaran las operaciones del exsecretario de Kirchner por lavado de dinero. La Cámara Federal dio la razón. Pero entonces reaccionó la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, quien reclamó que se cerrara la investigación porque era "cosa juzgada". El tribunal de Casación aceptó el pedido de Pochetti y la UIF debió recurrir a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. Allí, el caso espera una definición, que puede marcar el destino de los 65 millones de dólares desparramados en los Estados Unidos. Desde que llegó la alerta por el origen ilícito de los bienes, los norteamericanos pusieron en marcha un seguimiento de aquellos, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Sin embargo, cada día que pasa sin un requerimiento judicial la posibilidad de recuperar el dinero se aleja.

La Corte confirmó la extradición de Jones Huala

Un terrorista menos...

Por Candela Ini  - La Nación
El tribunal desestimó el planteo de que se trata de "un delito político"; será enviado a Chile Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

El lonko de la comunidad mapuche Facundo Jones Huala será extraditado a Chile, tras un fallo unánime dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia. Allí será juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Está acusado de haber incendiado una propiedad cerca de Valdivia, en 2013. El alto tribunal descartó el planteo del líder mapuche de que la extradición resultaba improcedente por estar referida a delitos políticos o conexos.

Hace menos de un mes le habían concedido al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) la prisión domiciliaria. Estaba detenido en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel desde junio de 2017 y lo trasladaron a la casa de su abuela en una localidad chubutense, tras un fallo de la Sala II de Casación.

En marzo de este año, el magistrado subrogante en Bariloche Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición del referente mapuche a Chile, pero la defensa interpuso un recurso extraordinario. Ese fue el elemento que resolvió ayer la Corte Suprema. El fiscal chileno Sergio Fuentes Paredes pidió la extradición en cuanto Huala fue detenido en la Argentina, en junio del año pasado.

La defensa de Huala argumentaba que "en caso de ser extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante". El argumento fue desestimado por la Corte.

Jones Huala fue detenido el año pasado por segunda vez. En 2015 ingresó, junto a seis familias de la comunidad mapuche, a un predio que pertenece a la familia Benetton -que posee un millón de hectáreas en el sur- en territorio Cushamen, al noroeste de Chubut.

La ocupación de las tierras disparó las acciones judiciales. El año pasado, mientras un grupo de integrantes de la resistencia mapuche reclamaba la excarcelación del lonko y se efectuaba el corte de la ruta nacional 40, una orden judicial de desalojo a manos de efectivos de la Gendarmería Nacional enfrentó a gendarmes y manifestantes. Tras los enfrentamientos, resultó muerto el joven Santiago Maldonado.

El año pasado, en una entrevista con LA NACION, Jones Huala dijo que su lucha plantea "la recuperación de tierras productivas y sagradas en manos de latifundistas para desarrollar autonomía mediante el trabajo propio". Huala admitió que aspira "al control territorial, expulsando los latifundios y a las transnacionales" y aseguró que no permitirá "que se instalen empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas en nuestro territorio".

Tras el fallo del juez Villanueva, en marzo de este año, para que Huala fuera juzgado en Chile, integrantes de la comunidad mapuche y miembros de la RAM realizaron protestas y cortes de rutas. Quienes lo apoyan sostienen que la extradición forma parte de una persecución.

La Corte dispuso que "el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto el requerido durante el trámite de extradición sea computado por las autoridades de la República de Chile como si este lo hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento". Los jueces Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda desestimaron los planteos de la defensa de Jones Huala. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se pronunciaron en sentido favorable a la procedencia de la extradición con consideraciones propias.

El juicio contra Jones Huala por los delitos que se le imputan se realizaría en Chile 60 días después de producirse su extradición desde la Argentina.

Se derrumba el imperio ferroviario que creció en base a subsidios y silencio

Por Diego Cabot - La Nación

La Argentina tuvo cuatro concesionarios de trenes de pasajeros en los últimos 25 años. Dos de ellos están imputados y declararon como colaboradores, uno tiene una orden de detención y el cuarto, todavía está en libertad.

Fuente: Archivo - Crédito: Maxie Amena

Aldo Roggio primero, y luego Gabriel Romero, fueron los primeros indagados qué empezaron a desnudar el oscuro mundo del transporte. Hoy la Justicia libró una orden de detención para arrestar a Sergio Taselli, otro de los históricos concesionarios de trenes que tuvo a su cargo el ramal Roca y el Mitre hasta que Néstor Kirchner se lo quitó. De aquel universo de empresas ferroviarias, todavía no se sabe nada de Claudio cirigliano, el hombre responsable de trenes de Buenos Aires (TBA) que tuvo la explotación del ramal Sarmiento y del Mitre hasta poco después de la Tragedia de Once.

El único prófugo de los cuadernos autorizó una indemnización millonaria cuando dejó Yacyretá

Fue el transporte, con subsidios millonarios, obras públicas en ramales que nunca se hicieron y la reparación del material ferroviario, una enorme caja negra que financió la política e hizo millonarios a varios funcionarios.

Ahora, aquella estructura, que convivió con la caída del sistema y el aumento de los subsidios, parece desmoronarse después de que la causa de los cuadernos de las coimas le oxidara los cimientos.

Este sálvese quien pueda amenaza con revelar algunos de los secretos mejor guardados de la política argentina. Ni Ricardo Jaime, aquel Secretario de Transporte puesto por Néstor kirchner para manejar una caja de dinero discrecional, ni los concesionarios, pudieron explicar jamás cómo fue la sospechosa operación de la compra de un jet privado para que Jaime se moviera por la Argentina y la región. Quizá 10 años más tarde se puede empezar a conocer qué sucedió entonces y quién puso los millones de dólares necesarios para comprar aquel Lear Jet que poco después originó la caída del exfuncionario.

El derrumbe de la forma de manejar los trenes durante el kirchnerismo, que pregonó durante muchos años la idea de la revolución ferroviaria, es, quizás, una de las tramas más esperadas por muchos.

Si bien no todos los concesionarios tuvieron la misma prestación -Ferrovías y Metrovías aunque reconocieron haber pagado retornos de los subsidios mantuvieron mucho mejor su servicio- es hora de que se conozca cómo fue el corrupto sistema que generó las muertes en las vías.

Los familiares de la tragedia de Once, y una enorme cantidad de argentinos que padecieron aquellos años de desidia ferroviaria, se merecen conocer qué negocios se engendraron detrás del pésimo servicio y quiénes fueron los funcionarios, empresarios y sindicalistas que disfrutaron de los millones mientras pasajeros viajaban como animales.

Si esta causa también avanza sobre Cirigliano, circunstancia que no habría que descartar si se mira quiénes otros están implicados, gran parte de los protagonistas podrán contar por qué las obras no se hacían cuando se cobraban. O por qué los proyectos salían mucho más caros de lo que costaban. O cuál fue la decisión que primó para contratar empresas de servicio para trabajos como la limpieza o la mantención, que eran de ellos mismos o de algún sindicato amigo.

Según la declaración que abrió la puerta, que realizó Aldo Roggio, dueño de Metrovías -concesionaria del subterráneo porteño y del ferrocarril Urquiza-, la empresa entregaba periódicamente a la Secretaría de Transporte el 5% de los subsidios que recibía. Entre 2003 y 2015, su empresa recibió $211,9 millones. Se puede concluir que aportó unos US$49,59 millones a la recaudación ilegal, según la cotización del último día de cada año de los pagos. Si el esquema se repitió con cada empresa ferroviaria, esa cifra llega a US$344,4 millones.

El empresario Gabriel Romero admitió haber pagado 600 mil dólares para que Cristina Kirchner firmara un decreto presidencial

Por Omar Lavieri - olavieri@infobae.com

El dueño de EMEPA declaró en la justicia que pagó coimas para que el gobierno le extendiera la concesión de la Hidrovía. También afirmó que le daba sobornos a Ricardo Jaime. Rodolfo Poblete, segundo de Romero, fue liberado ayer por la tarde por orden del juez Claudio Bonadio

El empresario Gabriel Benjamín Romero, dueño de EMEPA

El 20 de enero de 2010 el puntilloso chofer Oscar Centeno hizo una anotación que reza: "13.35. Ministerio, lo llevé al Lic y a Nelson a Corrientes 316, donde nos esperaba un señor. Luego subió al edificio con el Lic Baratta; luego bajaron con un bolso con dinero aproximadamente por el tamaño unos 800.000 U$S, subió al auto con el bolso el Lic. y los llevé al Ministerio".

El licenciado del que habla Centeno es Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Nelson es Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta, quien, según el relato de Centeno, era el fiel compañero en las tareas recaudatorias en bolsos de coimas. Baratta y Lazarte están detenidos por orden del juez Claudio Bonadio, a cargo del caso que comenzó a partir de las copias de los cuadernos de Centeno. 

La dirección que aparece en aquella anotación del chofer de Baratta es la del edificio donde se encuentra la sede central de la empresa EMEPA.

El martes, Gabriel Benjamín Romero, dueño de esa importante compañía, declaró como arrepentido ante Carlos Stornelli, el fiscal del caso iniciado por los cuadernos. Ayer volvió a declarar ante el juez y el fiscal del caso. Admitió  haber entregado dinero a Baratta aquel día. La empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años un enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, preso y coimero confeso.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el ex chofer de Baratta. Fueron 600.000 dólares.

Decreto 113/2010

Aquel decreto firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ratificaba el acuerdo que había rubricado la empresa Hidrovía S.A. con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que básicamente adecuó los convenios con los prestadores luego de la salida de la convertibilidad de 2002.

El decreto por el cual el Estado acordó con la firma Hidrovía fue firmado también por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planifiación, Julio De Vido, y por quien fuera jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Romero señaló que se hicieron dos pagos por el decreto y que, según Baratta, que fue el cobrador, ese dinero debía "subir" en la escala gubernamental. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA, por debajo del dueño.

Pero esto no fue lo único que confesó Romero. También explicó que era un contribuyente habitual a otro sector de la recaudación kirchnerista: dijo que coimeaba a Jaime, quien tenía la autoridad de control sobre el ferrocarril que explotaba y aún explota EMEPA.

En consonancia con lo que ya había dicho el empresario Aldo Roggio, Romero admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios. Pero como Jaime también tenía la supervisión de la Hidrovía, Romero también admitió haberlo sobornado por ese negocio. Le daba una suma fija anual, cercana a los 500 mil dólares, al ex secretario de Transporte.

Jaime, quien está preso por otros casos de corrupción y en 2015 confesó haber cobrado coimas de dos empresas: Trenes de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

En la causa de los cuadernos se suman testimonios que describen con crudeza el sistema de recaudación de coimas organizado por el kirchnerismo. Con la complicidad de los empresarios.

Camuzzi desistió del juicio que mantenía contra Argentina ante el CIADI

(Ambito.com) - Camuzzi Internacional anunció que desistió del juicio internacional llevado adelante contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este anuncio, que se corresponde con el compromiso asumido por las licenciatarias Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, a partir de la Revisión Tarifaria Integral llevada adelante por el Gobierno nacional, se suma a los desistimientos de los procesos arbitrales comprometidos por Gas Natural Ban y Transportadora de Gas del Sur, que fueron presentados ante el mismo tribunal internacional.

El proceso databa de 2002 y estaba suspendido desde 2007 a la espera del laudo. Incluía un pedido de indemnización por u$s 337 millones como "resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos y medidas dispuestos por la República Argentina a partir de la situación de emergencia establecida por la Ley 25.561 y por la anulación de la aplicación de los ajustes tarifarios por aplicación del Producer Price Index de los Estados Unidos de América". 

En el comunicado firmado por el vicepresidente de Camuzzi Internacional, Stefano Barbiera, la empresa anuncia que con el fin del proceso arbitral cumplirá con los compromisos asumidos por Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A respecto del Estado Nacional, al tiempo que ratifica su "histórico compromiso con sus inversiones en la República Argentina".

Por la investigación, podrían revisarse obras de energía por US$12.000 millones

Por Mariano Obarrio  - La Nación

Son los proyectos en marcha o por iniciarse que fueron adjudicados a las siete empresas cuyos ejecutivos fueron detenidos por el juez Bonadio

Desatado el escándalo de los cuadernos de las coimas del kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri podría revisar las obras de energía adjudicadas y en ejecución, que totalizarían US$11.968 millones, correspondientes a las siete empresas cuyos dueños o ejecutivos fueron detenidos en la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio . Según confiaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada, ello no implica que el ministro de Energía, Javier Iguacel , vaya a rescindir o cancelar todas las adjudicaciones. Pero según el avance de la causa podrían quedar en la mira.

Tras las revelaciones de LA NACION sobre los cuadernos manuscritos del exmilitar Oscar Centeno, quedaron detenidos ocho empresarios de siete grandes firmas. Ellos son Carlos Wagner, de Esuco, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, de Electroingeniería; Francisco Valenti, de Impsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Armando Loson, de Albanesi; Carlos Mundin, de BTU, y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa.

Según la información pública, el más beneficiado y que podría resultar más perjudicado es Gerardo Ferreyra (Electroingeniería). Tiene proyectos en marcha por algo más de US$6100 millones. Los más importantes son las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, por US$4714 millones, con un 20% de ejecución. También la central de ciclo combinado Belgrano II, por 1320 millones, no ejecutada; la extensión de vida de la central nuclear Embalse, por 80 millones, ejecutada en un 85%, y las líneas de alta tensión de 500 kW Rincón Santa María, en un 90%.

En total, el exministro de Planificación Julio De Vido licitó en sus doce años de gestión obras por US$200.000 millones. "Si hubo 10% de coimas, podría alcanzar los 20.000 millones", dijo un funcionario.

El monto de contratos vinculados a la energía con las siete empresas investigadas fue de al menos US$21.992 millones. En el Gobierno señalaron que las denuncias penales por sobreprecios, las rescisiones de contratos y las cancelaciones de obra ante posibles hechos delictivos son anteriores a los cuadernos y surgieron con Aranguren como ministro.

El listado de obras no implica que se haya pagado coima en todas. El Gobierno asegura que no tuvo impugnaciones hasta ahora. Sin embargo, varias obras fueron canceladas, rescindidas y denunciadas en la Justicia, como los fondos desviados en Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la expansión de gasoductos de 2006-2007, entre otras.

La obra más conflictiva para rescindir es la de las represas de Santa Cruz , porque participan empresas de China, que podría demandar a la Argentina y desatar un conflicto diplomático.

Los proyectos con contratistas locales no generarían problemas para Iguacel. Si se verifican ampliaciones presupuestarias, sobreprecios u otras irregularidades, a la luz de los cuadernos, las denunciará ante la Justicia y las rescindiría, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

En el caso de Wagner (Esuco), en la mira está GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y un 98% de ejecución. Por eso no se rescindiría. Pero Wagner tiene obras pendientes de otros rubros.

En cuanto a Valenti, de Impsa, se podría revisar eventualmente la obra en la central de Embalse, por US$159 millones, que no se ejecutó aún. También está el reactor Carem para la CNEA, por 78 millones, tampoco ejecutada. En total son 237 millones.

Si se investiga a Isolux, aparecería en el radar el cierre de ciclos de las centrales Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones, y la central térmica de Río Turbio, por 1800 millones, pero ambas fueron rescindidas.

En el caso de Loson, de Albanesi, se podría revisar la central térmica Arroyo Seco por US$395 millones; la central Ezeiza; el cierre de ciclo Maranzana, por 95 millones, y el cierre de ciclo Roca, por 80 millones.

Sobre la detención de Mundin, de BTU, podrían plantearse dudas sobre la obra de GNEA Ramales en Chaco y sobre la Expansión Santa Cruz, Etapas I-II y III, por 615 millones. En esta última fue cancelada la etapa III por posibles irregularidades.

En el caso de Iecsa se rescindió la obra del cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones, por posibles irregularidades. Y se podría revisar su participación en el Gasoducto Regional Centro II, por 60 millones.

Listas de obras de empresarios detenidos - Posible revisión, canceladas o rescindidas

Carlos Wagner, Esuco

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• La empresa tuvo otras obras en otras áreas de Planificación

Armando Loson, Albanesi SA

• Central Térmica Cogeneración Arroyo Seco, por US$395 millones, al 25% de ejecución
• Central de ciclo combinado Ezeiza, al 25% de ejecución
• Cierre de ciclo Maranzana, por US$95 millones, al 30% de ejecución

Juan Carlos de Goycoechea, Isolux

• Cierre de ciclos de Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Central Térmica de Río Turbio, por US$1800 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades

Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, Electroingeniería

• Represas Cóndor Cliff y Barrancosa, río Santa Cruz, por US$4714 millones, 20% de ejecución
• Ciclo combinado Belgrano II, por US$1320 millones, no ejecutada
• Extensión de vida central nuclear Embalse, US$80 millones, ejecutada al 85%
• Líneas de alta tensión Rincón Santa María, 90% de ejecución

Carlos Mundin, BTU SA

• GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y 98% de ejecución. No se revisaría
• Expansión de gasoductos Santa Cruz, etapas I-II y III, por US$615 millones y 50% de ejecución. Fue cancelada en la etapa III por posibles irregularidades

Javier Sánchez Caballero, IECSA

• Cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones. Fue rescindida por posibles irregularidades
• Gasoducto Regional Centro II, por US$60 millones, en un 60% de ejecución

Francisco Valenti, Impsa

• Extensión de Vida Central Nuclear Embalse, por US$159 millones, sin ejecución
• CNEA Reactor Carem por US$78 millones, sin ejecución
• 11.968 Millones de dólares

Es el monto que suman las obras que están en revisión o directamente fueron canceladas tras las investigaciones por presunta corrupción en las empresas ahora bajo la lupa

21.292 Millones de dólares - Es el monto que suman todos los contratos vinculados a obras energéticas firmados con las empresas ahora investigadas. No implica que se hayan pagado coimas en todas

4714 Millones de dólares - Es la cifra más alta comprometida en las obras en investigación. Corresponde a los contratos de construcción con Electroingeniería y una empresa china para las represas Cóndor Cliff y Barrancosa

20% Avance de la obra - Es el porcentaje que se lleva ejecutado del proyecto de construcción de las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, ubicadas en la provincia de Santa Cruz, sobre el río del mismo nombre

Juez Claudio Bonadio: "Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner"

(Infobae.com) - En la imputación, el juez sostiene que la finalidad de esa asociación ilícita "fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”

Néstor y Cristina Kirchner (Eduardo Longoni)

El juez Claudio Bonadio imputó este jueves a los indagados por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.

En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: "integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

"La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente", agrega la imputación.

"El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", contínúa.

Y sigue: "La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido".

En otro apartado de la imputación, Bonadio les describió a los imputados cómo funcionaba el esquema de recolección de bolsos: "El sistema estribaba básicamente en una serie de puntos fijos de recaudación en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios de los cuales recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense, alternativa mente esos puntos fijos se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el pase de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas. Después de un episodio confuso el 22 de octubre de 2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar el automóvil del Ministerio que había retirado una recaudación de "Supercemento SAIC", el sistema cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de Planificación,  ingresar por el estacionamiento privado y de allí accedían directamente al despacho de Baratta".

Y agrega que "con posterioridad solo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna empresa a retirar la recaudación. En este contexto se puede afirmar que había un primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron este sistema. Quienes integraban el primer círculo se encontraban entre otros Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael Enrique Llorens, y Germán Ariel Nivello. En el segundo nivel quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Muñoz. Finalmente  quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto no es el único, según conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron este tribunal o son de público y notorio son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel De Vido".

También describió Bonadio en la imputación a los receptores de las sumas de dinero que según Centeno estaban en los bolsos: "Entre las personas que recibían el dinero que les llevaban los nombrados se encuentran entre otros Igor Rudy Fernando Ulloa, Oscar Parrilli-Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel Muñoz-secretario privado de Presidencia-, Hugo Martín Larraburu-coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, Juan Manuel Abal Medina-Jefe de Gabinete de Ministros-, José María Olazagasti-Secretario Privado de De Vido-, Jorge Omar Mayoral -Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal-, y Germán Ariel Nivello -Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal".

"Los recaudadores de la asociación ilícita-señala la imputación que hizo Bonadio-contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por una suma aproximada de dólares estadounidenses TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (USD 35.645.000,00); en un sin número de oportunidades entre 2008 y 2015 lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita".

Los empresarios identificados como pagadores por Bonadio son Carlos Guillermo Enrique Wagner, Armando Roberto Loson, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Carlos José Mundín, Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra, Oscar Juan Carlos de Goycoechea, Néstor Otero y Claudio Javier Glazman. En ese listado Bonadio sumó a Alfredo Thomas, quien estuvo a cargo del Ente Binacional Yaciretá.

La Justicia embargó al gremio de los Moyano por más de mil millones de pesos

(Infobae.com) - El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Gobierno contra Camioneros. Es por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017

El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Ministerio de Trabajo y ordenó un embargo de $809.790.710 más intereses de $242.937.213  al gremio de Camioneros por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.

La presentación de la cartera laboral se había llevado a cabo este lunes por la tarde, cuando el ministro Jorge Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros.

El juez Ramonet decretó el embargo preventivo y pidió que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro "a fin de que traben la medida ordenada por la suma de $ 269.930.236,66 -con más la de $ 80.979.071- cada uno en la forma dispuesta precedentemente".

El lunes, el Gobierno cumplió con la advertencia que había realizado hacia fines de la semana pasada. Y el ministro Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre de 2017, es decir, el pedido de embargo preventivo de las cuentas del gremio conducido por la familia Moyano.

La decisión de la Justicia se tomó a raíz de la negativa de Camioneros de pagar la multa de $810 millones impuesta por la Justicia por no haber acatado una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio a fin del año pasado. Los Moyano apelaron la decisión judicial, pero no abonaron la multa, como prevé la ley.

La relación entre el camionero y el Gobierno entró en su etapa de máxima tensión. La semana pasada, antes del viaje a Sudáfrica, Macri había dejado trascender entre sus colaboradores que Moyano no se adaptaba a los "cambios". El líder sindical había amenazado con un nuevo paro y había comparado a la gestión de Cambiemos con la dictadura.

"Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento", había explicado Triaca. Y agregó: "Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante".

Respuesta de Camioneros

Daniel Llermanos, uno de los abogados que defiende los intereses del sindicato de los Moyano, calificó al fallo de Ramonet como "bochornoso". "Se trata de una medida aberrante desde lo político y lo jurídico", sostuvo el letrado, que advirtió que la decisión podría paralizar el funcionamiento del gremio. "Con esa plata se paga a los empleados, a la obra social. Es la que hace funcionar al sindicato. El daño ya está causado, alguien va a tener que pagar el daño", sostuvo en diálogo con A24.

Por otra parte, Hugo Moyano (hijo), abogado del Sindicato de Camioneros, aseguró que "es notable que esta es una operación de carácter político" y que se trata de "una situación de extrema gravedad institucional". "Mañana nos vamos a reunir en el sindicato y evaluaremos los pasos a seguir. Esta multa sería muy grave para el movimiento obrero en su conjunto", explicó.

Megaoperativo por coimas: citan a indagatoria a Cristina, detuvieron a 12 personas y buscan a otros prófugos

(Ambito.com) - Una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios, y un llamado a indagatoria a la expresidente Cristina de Kirchner, conmovieron la agenda política, en el marco de una causa que investiga presunta corrupción y pago de coimas en la concesión de obras públicas.

El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a la exmandataria para el próximo 13 de agosto. Pero también fueron citados el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el empresario Rudy Ulloa y el ex juez federal Norberto Oyarbide.

Roberto Baratta, exnúmero dos de Julio De Vido como secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación Federal, fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio por una causa en la que está investigado por transportar bolsos con dinero para pago de coimas a empresas contratistas de obra pública.

La investigación se inició por una denuncia de la exesposa del exchofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno, quien fue aprehendido el martes por la tarde. En 2017, la denunciante aseguró haber visto a Centeno repartiendo bolsos con dinero, que provendrían de una red de coimas.

En total, se produjeron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires y son al menos 12 los detenidos, entre ellos los empresarios Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, directivos de la empresa Electroingeniería, Javier Sánchez Caballero, de la firma IECSA; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, dueño de la firma BTU. También fueron apresados el expresidente de ENARSA Walter Fagyas, Rafael Llorens, exfuncionario de Planificación, Nelson Lasarte, ex secretario de Baratta y Hugo Larraburu, exsubsecretario de Legales del ministerio. 

Baratta ya había sido detenido en octubre de 2017 por supuestos sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado. Pero en marzo de este año recuperó su libertad. Este miércoles por la mañana, efectivos lo fueron a buscar a su departamento de Begrano, donde se entregó pacíficamente, con gesto adusto, en silencio y portando una mochila.

Los detenidos están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al pago de sobornos que entregaban empresarios de la obra pública. Según la investigación, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, en la residencia presidencial oficial en la localidad de Olivos, o en las oficinas de la Jefatura de Gabinete. 

El disparador de la pequisa fue registro íntimo del chofer, donde quedó anotado en ocho cuadernos los días, horarios, nombres, direcciones y cantidades de dinero que se habrían trasladado en su vehículo Toyoya, del 2010 al 2015, y que fueron enviados en una caja cerrada al diario "La Nación". Tras la publicación de esa información, los cuadernos llegaron a la Justicia. Para ordenar las indagatorias y detenciones, Bonadio se sirvió de los escritos a puño y letra y de la declaración de la exmujer del remisero. 

Según cálculos de la Fiscalía citados por el periódico, por el auto que condujo el chofer detenido pasaron 160 millones de dólares. Los investigadores advierten que la cifra podría ser cerca de un 50 por ciento mayor si se toman en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

Ocho días antes de dejar el poder, Julio De Vido hizo pagar U$S 70 millones por un gasoducto que nunca se hizo

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción presentará el lunes una nueva denuncia contra el ex ministro de Planificación por una obra inconclusa en Santa Cruz.

Cristina Kirchner, Julio De Vido y Daniel Peralta, Gobernador de Santa Cruz, en un acto en Santa Cruz. OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz.

Una de las coartadas favoritas del ex ministro de Planificación Julio De Vido en las causa por corrupción es decir que la responsabilidad fue de sus subordinados y que él no firmó los contratos cuestionados. Por primera vez, se encontró la firma de De Vido en un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de dólares. El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios” en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren ordenó frenar los pagos.

Firma de De Vido en un contrato por un gasoducto en Santa Cruz.

Por estos y otros “agujeros negros”, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará el lunes ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

Los acusados serán denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado y quizás lavado de dinero.

La empresa BTU ya había sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecher. Su titular Carlos Mundín había contestado por entonces que “nosotros no pagamos coimas y no presentamos sobreprecios. Y acá nos ven: no somos una empresa fantasma. Tenemos 120 empleados, 25 de ellos ingenieros".

En la denuncia de la OA, adelantaron a Clarín fuentes del gobierno, se afirma que “se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”.

Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de pequeñas localidades del norte de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano. El proyecto original consistía en un paquete de obras que debían contar con un mismo financiamiento y se dividió en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se aclaró desde un inicio que, debido a las extensiones del territorio y la densidad de población, algunas partes eran más rentables que otras que no lo eran, como la etapa 3 sobre la que versa la denuncia.

En cuanto al supuesto fraude, la OA sostendrá que “desde su inicio, las partes dispusieron cambios en el proyecto original que implicaron una alteración de su objeto, un aumento injustificado de precios y alteraciones en las condiciones de emisión de los instrumentos de financiamiento que tuvieron como objetivo defraudar al Estado Nacional y beneficiar a quienes formaron parte de la obra”. Las fuentes comentaron que, tras las renegociaciones, el nuevo valor base del contrato en la etapa III, medido en dólares, "fue 771 % mayor que el monto consignado en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Locación de Obra de 2005".

“La razón del escandaloso aumento fue el resultado de las sucesivas actualizaciones, sobreprecios y cambios en el proyecto original que fueron producidos por Distrigas y autorizados por ENARGAS de manera fraudulenta”, comentaron las fuentes.

La irrazonabilidad en el incremento del precio final de la obra que se fijó en 2015 también se ve al realizar una comparación del precio en dólares por pulgada-metro presupuestada por ENARGAS en otros proyectos lo que demostraba importantes sobreprecios en la Etapa III. Comparado Santa Cruz Etapa III con cuatro proyectos anteriores en la provincia, el monto fue “6000 % superior al proyecto Daireaux (60 veces más), 2500 % superior al de Gasoducto Patagónico, 1000 % superior al de Etapa I y 600 % superior al de Etapa II”.

En Comodoro Py se dice que fue el contrato “más rápido de la historia argentina” porque el gobernador Peralta envía una nota De Vido el 15 de agosto de 2015 pidiendo los fondos para Etapa III por 3.280 millones de pesos. Al día siguiente firman Peralta y De Vido el Convenio específico “no reintegrable” por esos 3.280 millones.

El 2 de octubre Peralta pide a De Vido el primer desembolso por 984 millones que se paga el 2 de diciembre de 2015 sin ningún tipo de avance de obra, sólo a modo de anticipo. Esos 984 millones ingresaron al fideicomiso y éste le pagó a BTU 974 millones.

 Luego Peralta pide el segundo desembolso el 20 de noviembre de 2015 presentando como respaldatorio el “primera certificado de avance de obra” que contenía solo la “ingeniería de proyecto y acopio de materiales” que eran de 2008 y certificaba un escribano chileno.

Para la OA hubo sobreprecios en, por ejemplo, la proyectada movilización para llevar los equipos al norte de Santa Cruz. Este ítem fue presupuestado “globalmente” en la suma de U$S 8.701.791 “sin haberse aportado copia del presupuesto desagregado y desconociéndose como se hizo la estimación de un valor derivado de un proceso de evaluación propio”. Otro fue en el rubro “equipos y herramientas menores y carpas para soldar” al que se le asignó U$S 948.008 a razón “de 17.775 U$S/carpa-mes” sin proporcionase detalles del cálculo. "Mucho más caro que una carpa en la Bristol en plena temporada", dijo con ironía una fuente judicial.