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domingo, 3 de diciembre de 2017

Según empresarios alemanes, hubo sobornos a miembros de la Armada (II)

Por Emilia Delfino - Perfil.com
Lo declararon en Munich. Contaron que coimearon a dos funcionarios en el año 2007 para obtener un contrato de más de 3 millones de euros. La Cámara Federal dictó falta de mérito.
El contrato era por los planos y la licencia de construcción de Patrullas Oceánicas Multipropósito. (Hoy, operan en la Armada de Chile)

Las contrataciones de la Armada Argentina a empresas alemanas volvieron a quedar en la mira por posibles desperfectos en la batería del submarino ARA San Juan, que podría haber provocado la
muerte de los 44 tripulantes de la nave. Pero estos contratos vienen siendo cuestionados desde 2013. Un expediente judicial al que accedió PERFIL demuestra que empresarios alemanes contratistas de la fuerza armada admitieron ante la Justicia que lograron proveer al Estado argentino gracias al pago de sobornos. La causa judicial terminó en el limbo de los tribunales federales, luego de que la Cámara Federal anulará los procesamientos del juez Ariel Lijo en 2014.

El expediente contiene correos electrónicos y testimonios de empresarios alemanes arrepentidos ante una fiscalía de Munich que habrían comprobado que en 2007, se pagaron sobornos a miembros de la Armada para que autorizaran la compra de planos y la licencia para construir cinco buques que iban a funcionar como Patrullas Oceánicas Multipropósito (POM). Para el juez, al menos dos miembros de la Armada direccionaron la contratación del astillero alemán Fassmer por más de 3 millones de euros y obtuvieron supuestos sobornos a cambio de la gentileza. Para ello, simularon contratos ficticios con dos empresas: la uruguaya Wiler Sa y Ferrostaal Argentina (subsidiaria local de la alemana del mismo nombre).

Edwin Erbslöh, director ejecutivo del área de construcción naval de Ferrostaal, declaró en Alemania: “Desde un principio me vi confrontado con el soborno”. Hasta 1999, cuando comenzó a ser penado legalmente en el comercio internacional, el soborno era “parte oficial del negocio”. El ejecutivo dijo que lo incluían en los libros como “gastos beneficiosos” y lo deducían de los impuestos. “Después de esa fecha, nada se modificó sobre esta realidad. En general, en Sudamérica (por ejemplo, en Brasil, Argentina) y en Asia no se pueden hacer negocios sin estos gastos beneficiosos. Si alguien manifiesta que hace negocios allí sin gastos beneficiosos, eso no lo puedo creer”.

Fue el propio Erbslöh quien “pactó el negocio con el asesor legal de la Armada”, según la resolución judicial. Entonces, ese asesor clave era Osvaldo Parrinella. “Fue puesto por el Ministerio de Defensa y preparó las decisiones del Ministerio en el área de compras”. En un mail de 2007, el empresario alemán dejó en claro a Parrinella que su empresa necesita ciertos favores para obtener el negocio que planeaba la Armada: “Como debes saber, los astilleros chilenos procuran adquirir todo el paquete para sí mismos y sería muy fácil para ellos ofrecer este tipo de paquete a la Armada Argentina”, es decir, sin la intermediación de las empresas alemanas.

Los alemanes designaron a dos empresarios como “representantes” en Argentina: Cosme Roberto Smiraglia y Gustavo Frers. Según el juez, también fueron los intermediarios en el pago de sobornos a los funcionarios de la Armada. Gustavo Efraín Lepron, vicealmirante retirado y ex número dos de Tandanor del Ministerio de Defensa, es otro de los funcionarios apuntados en la causa. Era el director general de Material Naval y tenía el proyecto de las POMs a su cargo. Participó de las reuniones con los intermediarios de los alemanes y fue mencionado en los mails como uno de los hombres que habría garantizado el negocio. Al igual que el resto de los procesados, hoy tiene falta de mérito desde 2014.

“Los empresarios alemanes del consorcio Ferrostaal/Fassmer tenían previsto el pago de sobornos a funcionarios con el objeto de que dicha empresa resulte contratada para la provisión del diseño y de los materiales para la construcción de los buques”, dijo el juez en 2013. En los libros contables, que se secuestraron durante allanamientos en Munich, los supuestos sobornos figuran como “gastos de asesoramiento” para “Leppi”, “Graf” y “Goldlocke” (rizos de oro). Harald Fassmer, CEO del astillero alemán, identificó a “rizos de oro” (Goldlocke) como el apodo puesto a Parrinella. Lo confirmó Gustavo Frers.

La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Entre ellas se encuentra la de un ex marino que dijo que partió sin bengalas ni radiobaliza
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La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave. Foto: Reuters / Marcos Brindicci

El gobierno de Mauricio Macri , a través de la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso , evalúa reabrir causas judiciales archivadas y formular más presentaciones judiciales por el submarino ARA San Juan , al tiempo que un ex marino denunció que la nave perdida con 44 tripulantes habría salido a navegar sin señales humosas o bengalas y sin el funcionamiento de su radiobaliza.

El ex suboficial primero José Oscar Gómez dijo ayer a LA NACION que "la cúpula de la Armada no obró con la verdad", aunque rescató la tarea del vocero Enrique Balbi, y dijo que "el submarino habría salido de la Base Naval Mar del Plata sin señales humosas o bengalas y con la radiobaliza no funcionando". "Estaríamos ante la presencia de la comisión del delito de estrago doloso", agregó. Según normas navales, los buques no pueden salir a navegar sin esos instrumentos.

De todos modos, Gómez subrayó que hablaba en potencial, pero con información de fuentes militares que vislumbran desidia en la cadena de mandos de la Armada. "Lo estoy aportando y hablo en potencial, porque se debe investigar", dijo Gómez. "Muchos quieren ver presos y no retirados", agregó el ex marino.

No descartó que el pedido de pase a retiro del ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, se haya vinculado con esa irregularidad. "El contralmirante Gabriel González es comandante de la base de submarinos y rápidamente pidió el retiro. ¿Por qué lo hizo? Eso llama mucho la atención. Está diciendo que algo no se hizo bien", dijo.

Gómez fue destituido en 2010 tras denunciar a la cúpula de la Armada de entonces por defraudación y asociación ilícita en la reparación de media vida de los submarinos, entre ellos el ARA San Juan.

"Es muy fuerte. Pero se debe investigar a fondo. La Armada nunca va a reconocer que el submarino salió a navegar con alguna insuficiencia técnica", dijo Gómez.

Precisamente, Gómez se reunió el viernes último con Laura Alonso, titular de la OA. Alonso ya había pedido al juez federal Sebastián Casanello copia de la causa de Gómez que había sido archivada en 2010 por el ex juez federal Norberto Oyarbide. Tal como informó LA NACION el lunes último, Gómez denunció en 2007 al entones jefe de la Armada, Jorge Godoy, y otros altos mandos como Jorge Dacharry, Ricardo Dasso, Efrain Lepron y Carlos Ferraro.

El ex suboficial, que luego del cierre de la causa fue destituido sin goce de haberes, había denunciado irregularidades en la reparación de baterías, sobreprecios, cobro irregular de dinero de ciertos jefes, contratación de empresas simuladas que no habrían trabajado sino por medio de los marinos de la Armada y la intervención del empresario Daniel Adrián Fornes y de Claudio Di Bartolo, de la empresa Marena SRL.

Alonso analiza ahora ese expediente y otros materiales para actuar en varios frentes. "No vamos a abandonar a las víctimas ni a sus familiares", dijo una fuente de la OA. Entre los documentos, la OA estudia los contratos de compra de materiales a las empresas Ferrostaal y Hawker y todas las características de reparación y recambio de las baterías Varta que llevaba el submarino.

Las irregularidades en la reparación del ARA San Juan

Esos contratos se vinculan con un pedido de informes de 2010 del ex diputado radical Miguel Giubergia. Se consignaban esos contratos, entre la Armada y Hawker GMBH por reparación de baterías del submarino ARA San Juan por 5,1 millones de euros ($ 17.650.000) y entre el astillero Tandanor y la empresa Marlog & Co KG para asistencia técnica en la reparación del submarino ARA San Juan, por 270.000 euros ($ 1.200.000). Serían contrataciones directas, sin licitación, pese a que los montos superaban el máximo permitido para esa modalidad.

Ese pedido de informes consignaba que en Alemania se investigaba a Ferrostaal porque, según un testigo encubierto, ex directivo de esa misma empresa, la compañía constructora de barcos y submarinos habría pagado coimas por 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarino

Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarinoPor Hugo Alconada Mon - LA NACION
La reticencia de la Armada a brindar datos complica la tarea de la jueza que investiga.

Ante los micrófonos, la Casa Rosada y la Armada se muestran unidas. Pero altos funcionarios políticos sospechan que la fuerza retiene información sobre las comunicaciones que el ARA San Juan mantuvo con sus superiores en tierra, antes, durante y después de que el submarino reportara problemas serios de navegación, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

"La Armada no entrega todo lo que sabe", estimó un alto funcionario involucrado en el operativo de búsqueda del submarino, al punto de que interpretó que la filtración del último mensaje que emitió el San Juan, el 15 de noviembre, buscó romper con un supuesto "cerco de silencio" de la fuerza, que niega un encubrimiento. A fin de cuentas, es el dato clave para determinar si las indicaciones que recibió el submarino fueron las correctas.

La jueza federal a cargo del caso, Marta Yáñez, ahondó en esa desconfianza entre el Gobierno y la Armada en sus últimas declaraciones. "Lo que se filtró parece que hizo reaccionar a alguna gente dentro de la Armada y del Ministerio de Defensa, porque que ellos digan que es clasificado o que se contradigan entre ellos no facilita el accionar judicial", lanzó.

Oficialmente, la Casa Rosada niega contrapuntos. "Vemos total predisposición de la Armada a colaborar, pero hoy por hoy no hay nada, y no hay un enojo con la Armada", indicó un vocero presidencial ante la consulta de LA NACION.

El contrapunto, sin embargo, es evidente al dialogar con unos y otros, fuera de micrófono. "El que lo haya filtrado debe ser considerado un patriota, no un traidor", argumentó uno de los funcionarios políticos consultados por LA NACION, mientras que la Armada anunció que inició las "actuaciones administrativas correspondientes" para determinar quién y cómo filtró el mensaje.

¿Qué decía ese mensaje de las 7.30 del 15 de noviembre al que apuntó la jueza? El capitán del ARA San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación del submarino, lo que provocó un "cortocircuito y principio de incendio" en las baterías de proa, que quedaron fuera de servicio.

Recién el domingo 19, la Armada reconoció que el submarino había sufrido una "avería" pero que había sido solucionada. "La informó [el comandante del ARA San Juan] el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", afirmó el capitán de navío Gabriel Galeazzi.

Aunque se conocía de manera genérica, el contenido exacto de esa comunicación del ARA San Juan, sin embargo, recién trascendió durante el duodécimo día de búsqueda, mientras que hasta ahora no trascendió cuál fue la respuesta desde tierra.

Esa es, a su vez, apenas una de las causas que alimentan la desconfianza del presidente Mauricio Macri, quien pasó a complementar la información local con la que recibe de organismos internacionales y países que colaboran en la búsqueda, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Noruega, Chile y Brasil.

"Hay material que está «cobijado» por la Armada", reafirmó una segunda fuente oficial que también sospecha que la difusión de un supuesto cable que indicaba que el buque Sophie Siem había hallado al ARA San Juan fue una "movida de contrainteligencia". "Eso no fue más que «carne podrida» que lanzó alguien, quizá de la propia Armada, que no busca más que restarle peso al verdadero material que todavía está oculto", aventuró.

Desde la Armada sostienen que toda la información está regida por normas de confidencialidad, pero que "todo" se informó a la Casa Rosada y al Ministerio de Defensa. "La Armada no puede mostrar un documento como el que se filtró ayer (por el 27 de noviembre) en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento", indicó entonces el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, sobre el último mensaje que se conoce hasta ahora del submarino. "Si mostrábamos un despacho de estas características estaríamos vulnerando una ley de confidencialidad", explicó.

Para la jueza Yáñez, no obstante, ese contrapunto sobre la confidencialidad o no de esos documentos es sintomática, mientras busca acceder a todos los documentos. Es decir, "material desde el 8 al 15 de noviembre, los partes diarios de comunicación", como así también "el estado y mantenimiento que se le hizo de acuerdo al manual y al plan de mantenimiento". Por eso, indicó, también apuntará "al mantenimiento inmediato anterior y a la autorización del zarpado, en qué condiciones partió".

Desde que trascendió la desaparición del submarino, la Armada también debió negar que el ARA San Juan participara en una supuesta misión secreta, que siete fallidas comunicaciones satelitales provinieran del sumergible o haber vulnerado los protocolos de búsqueda.

Dos oficiales retirados de la fuerza consultados por LA NACION por separado coincidieron, no obstante, en que la filtración de un cable o la difusión de un reporte falso evidencian "problemas de adentro".

"No hay ningún tipo de ocultamiento de nada y desde el principio se encaró al submarino como un caso SAR", indicó uno de ellos, en alusión a search and rescue, es decir, "búsqueda y rescate". El segundo, fue más categórico. "El Gobierno está buscando un «chivo expiatorio» para todo esto". Mientras esos recelos mutuos florecían, recién al séptimo día de búsqueda se conoció el primer indicio oficial sobre qué pudo haber ocurrido con el San Juan: una "anomalía hidroacústica" a casi 60 kilómetros del lugar donde se produjo el último contacto. Al día siguiente, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares aportó más datos. Reportó un "evento violento consistente con una explosión". Lo único concreto que se sabe hasta ahora.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Imputaron a Nilda Garré y a Julio Alak por irregularidades en la compra de helicópteros

Resultado de imagen para compra de un helicóptero para Gendarmería + RattazziPor Fabio Ferrer - Infobae.com - fferrer@infobae.com
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la ex ministra de Defensa Nilda Garré y al ex ministro de Justicia Julio Alak por defraudación contra la administración pública. Además de los ex funcionarios kirchneristas, Marijuán imputó también al presidente de Fiat Argentina e integrante del directorio de la firma "Flight Express", Christiano Ratazzi, y a sus socios Claudio San Pedro y Julio De Marco.

En su requerimiento, el fiscal solicitó que se investigue la compra de un helicóptero de tropa para Gendarmería por la suma de 10 millones y medio de dólares a la empresa Flight Express, cuyo directorio integra Ratazzi. Asimismo, pidió que la pesquisa incluya otras operaciones en las que participaron los empresarios imputados que -según la denuncia- registrarían diversas irregularidades. Estos antecedentes comerciales no habrían sido tenidos en cuenta por el Estado al momento de contratar con la firma en cuestión.

En 2009, durante la gestión de Alak se lanzó una licitación cuyo seguimiento de la contratación fue seguido por Nilda Garré y se adjudicó la compra de cuatro helicópteros a la empresa Grupo Módena por un monto total de casi 16 millones de dólares. La firma -que estaría integrada por Ratazzi, San Pedro y De Marco- entregó solo dos aeronaves. De acuerdo con la denuncia, la única empresa oferente en esa licitación fue Grupo Módena.

Otra de las operaciones que pidió investigar el fiscal Marijuán también se habría llevado a cabo por Ratazzi, San Pedro y De Marco. Los empresarios habrían vendido dos helicópteros al Estado, armados con partes de otras aeronaves y que nunca pudieron estar en funcionamiento continuo por más de un millón doscientos mil dólares mientras que el precio real no superaba los 800.000.

Uno de esos helicópteros fue adquirido por el gobierno de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Antonio Bonfatti, en 2015. El otro, se trata de una aeronave marca Bolkow, antigua y defectuosa, comprada por el Estado nacional a un precio bastante más elevado que el de mercado.

Según la denuncia, pese a los malos antecedentes de ventas de helicópteros para el Estado que registraban las firmas vinculadas al empresario italiano, a través de la licitación Nro. 13 de 2016, la cartera que dirige Patricia Bullrich le adjudicó la compra de una aeronave destinada a Gendarmería a Flight Express, una empresa vinculada a Ratazzi.

El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que se produzca una importante cantidad de medidas de pruebas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades penales en los hechos denunciados.

martes, 28 de noviembre de 2017

Submarino ARA San Juan: investigan un contrato con una empresa alemana por la reparación de las baterías

Submarino ARA San Juan: investigan un contrato con una empresa alemana por la reparación de las bateríasPor Daniel Santoro - Clarin.com
La Oficina Anticorrupción puso bajo la lupa un contrato por más de 5 millones de euros por el replacado de las baterías del submarino desaparecidos.

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en diciembre de 2008 en el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino). /Tandanor

La Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, prepara una denuncia en base a varios expedientes administrativos y causas judiciales archivadas de apuro en torno en la reparación de media vida del submarino San Juan y en particular el suministro de baterías.

El equipo de Alonso pidió ayer ver la causa judicial que archivó en el 2010 el entonces juez federal Norberto Oyarbide en torno a irregularidades en el astillero Domecq García en base a la denuncia del suboficial José Oscar Gómez que Clarín adelantó el domingo en exclusiva. Paralelamente, la OA también pidió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, todos los antecedentes de esa reparación y en particular un contrato con la empresa alemana Ferrostaal para la renovación de las baterías del San Juan. El comandante del submarino reportó, el miércoles pasado, un “cortocircuito” antes de perder todo contacto con su base. Se presume que pudo haber tenido un problema con las baterías que pesan 960 kilos.

El contrato de carácter confidencial entre el ministerio de Defensa y la alemana Ferrostaal AG está titulado “Provisión de Elementos de baterías para submarinos y accesorios” y fue firmado el 30 de noviembre del 2001 entre Defensa, la Armada y Ferrostaal en Bonn, revelaron a Clarín fuentes judiciales. El precio fue de 3.550.317 euros e incluía celdas Varta, tapones de servicio y todo tipo de juegos de mangueras, entre otros artículos consignados en sus más de 300 páginas. Está firmado por el presidente y apoderado de Ferrostaal Argentina, Miguel Bernando Von Oppen, y el director general de Material Naval, contraalmirante Gustavo Leprón.

Más adelante, está anexado en el mismo expediente un contrato por los “trabajos de replacado de 964 celdas de batería de propulsión para el submarino ARA San Juan” entre la Armadas y la empresa alemana Hawker Gmbh. El precio de este contrato es por 5.100.000 euros y fue firmado por el gerente de Hawker y el jefe de la comisión naval argentina en Europa, capitán de navío Néstor Costa.
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Llamativamente, Ferrostaal admitió en el 2010 ante la Justicia alemana haber pagado más de 200 mil euros en coimas por la frustrada compra de un patrullero multipropósito en forma conjunta con Chile. El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a empresarios alemanas y funcionarios argentinos. Lijo hasta citó mails en el que se hablaba del pago de sobornos. Pero meses más tarde, la sala I de la Cámara Federal porteña, cuando la integraba el destituido juez Eduardo Freiler, revocó el procesamiento de una serie de oficiales y funcionarios de la Armada y de empresarios alemanes.

En aquel año Lijo pidió el detalle de los viajes del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy a Chile por este tema. De acuerdo con fuentes judiciales, fue porque el Ministerio de Defensa había dicho que fue él quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país). Ambos países firmaron un convenio para desarrollar de manera conjunta los patrulleros oceánicos multipropósito (POM) de tecnología alemana.

El magistrado requirió incluso los nombres de los acompañantes de Godoy, los números de los teléfonos usados en los viajes, los pagos efectuados y los bancos y cuentas bancarias utilizadas.

Lijo investigó una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal que habló del pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la Argentina. El presidente de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar por el escándalo. A la denuncia de Defensa —que primero dijo que las compras fueron “correctas”— se le sumó una posterior y similar realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal Eduardo Taiano imputó a los denunciados.

Por orden de Lijo se allanaron los domicilios del vicealmirante Gustavo Lepron, el contralmirante Alejandro Uberti (ambos retirados), el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella y dos directivos de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.

Los procedimientos también alcanzaron al estudio del abogado Helmut Cristian Graf y a la sede de una empresa constructora llamada Hedir que, según fuentes judiciales, estaría vinculada a Uberti. En el allanamiento en Ferrostaal se secuestró documentación que ahora está en proceso de traducción. Los otros allanamientos se hicieron el último martes. Además, también figuran como denunciados el alemán Peter Fischer-Hollweg y el contralmirante Juan Carlos Palma. Por este tema, Lepron perdió su cargo en el astillero estatal Tandanor.

El juez también ordenó el libramiento de un exhorto a Alemania para pedir una copia de la declaración del ex hombre de Ferrostaal que habló de coimas que habrían superado los 200 mil euros, ya que él habló de entre “un 6% y un 6,5% del monto total del negocio: 3,5 millones de euros”.

Defensa había informado que la Argentina pagó 2,7 millones de euros por la compra de la “ingeniería básica” de los POM, además de otros 500 mil euros por la licencia de construcción. En total, 3,2 millones de euros, 300 mil menos de los que se habló ante la Justicia alemana.

Seria interesante que el Ministerio de Defensa, aclarara por que no se continuó con la construcción del las patrulleras OPV-80 Fassmer de diseño alemanas, dado que el país ya había adquirido los derechos de su fabricación. Actualmente, Chile va por su 4ta unidad construida por ASMAR. Asimismo, COTEMAR ya desarrolla nuevas versiones empleando el diseño inicial que adquirieron conjuntamente Chile y Argentina. Me pregunto: ¿Qué le sucedió al dinero invertido? ¿Por que se abandonó el proyecto? ¿Quien decidió "olvidarse" de la inversión realizada por Argentina, perjudicando las arcas del Estado Nacional?

Para recordar: El POM OPV-80 es un buque multipropósito con un alto grado de flexibilidad para realizar diversas labores encomendadas a la autoridad marítima. Su diseño moderno y a la vez económico le permite ser eficiente y eficaz pudiendo también realizar labores de inteligencia interoperando con otros buques modernos. Este buque tiene capacidad para efectuar misiones de vigilancia de zona marítima, interdicción marítima, guerra de superficie en conflictos de baja intensidad, misiones de búsqueda y rescate, fiscalización de las Actividades Pesqueras, transporte de personal y carga, control de contaminación y plataforma aeronaval en condición N.V.G.

lunes, 27 de noviembre de 2017

Una denuncia de 2010 que el kirchnerismo prefirió archivar (II)

Resultado de imagen para diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la MarinaPor Laura Serra - LA NACION
Siete años atrás, un diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la Marina.

El kirchnerismo quedó nuevamente en la picota por presuntas irregularidades y cobro de sobornos en la compra de unidades y reparación de la flota de la Armada. En 2010, el radical Miguel Giubergia, por entonces diputado nacional, pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre el supuesto cobro de sobornos por 3,5 millones de euros, pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006, supuestamente dirigidos a acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Sugestivamente, estas dos firmas fueron las encargadas de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave. Tal como publicó ayer la nación, Ferrostaal y Hawker aparecen mencionadas en una investigación que realizó el Ministerio de Defensa que alertó sobre "irregularidades detectadas" en la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En su pedido de informes de 2010, Giubergia ya advertía sobre las irregularidades en las contrataciones que se habían realizado para reparar las baterías de la flota de submarinos. Sin embargo, el bloque del FPV rechazó la iniciativa.

En ella, el legislador solicitaba la siguiente información:

- Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. La operación costó al Estado argentino 5,1 millones de euros.

- Modalidad de contratación entre Tandanor y la empresa Marlog Gmbh&co para asistencia técnica en la reparación del San Juan, por 270.000 euros.

- "¿Por qué el Ministerio de Defensa (a cargo entonces de Nilda Garré), ante la consulta de cuál es el proyecto de incorporación de embarcaciones y submarinos vigente desde el año 2005 hasta la fecha, enumera 17 unidades, si ninguna de las cuales, cinco años después, fue incorporada, está en proceso de construcción ni adquirida hasta la fecha?", preguntó Giubergia.

El entonces legislador basó su pedido de informes en una investigación judicial realizada en Alemania y girada a la justicia argentina. Allí consta el testimonio de un testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en la Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En su testimonio, el testigo encubierto indicó que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del ministerio, especialmente en el área de compras". "El señor Parrinella -añadió el testigo- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en la Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".

sábado, 25 de noviembre de 2017

Cómo debe investigarse todo accidente de un buque de guerra

Resultado de imagen para accidente de un buque de guerraPor EDGAR GIGENA - Prof. Tit. de Derecho de la Navegación, UNLP. - El Día (La Plata)
A los fines de analizar la legislación aplicable ante un siniestro marítimo, en primer lugar debemos observar la condición jurídica del buque involucrado. 

Desde la perspectiva del Derecho de la Navegación la ley 20.094, conf. artículo 2 define al buque como toda construcción flotante destinada a navegar por agua. Por ende podría abrirse una discusión teórica en relación a una nave sumergible. No obstante, en el caso de un submarino militar esta discusión queda al margen dentro del ámbito privado de la navegación en virtud de lo establecido por la citada ley para buques militares y de policía ya que el artículo 4 de la misma establece que sus disposiciones se aplican a los buques privados y a los buques públicos y artefactos navales, estableciendo expresamente que están excluidos de este régimen los buques militares y de policía.

En un análisis preliminar en lo que nos interesa podríamos decir que hay buques públicos, privados, militares y de policía.

Los públicos son los afectados al servicio del poder público o sea al Estado en su condición de tal, sin fines comerciales por ej. Un buque hospital. La ley define a los privados por exclusión ya que no estando al servicio del poder público son privados, sin importar la titularidad del dominio. Este es aunque sea el propio estado nacional, provincial o municipal su propietario. Esta clasificación apunta a su inmunidad dado que los buques públicos son inembargables.

Sin perjuicio de que están excluidos los buques militares de la aplicación de esta ley, se reafirma el concepto de inembargabilidad de los mismos en el artículo 541.

En función de lo analizado hasta aquí van a ser distintas las autoridades competentes para la la habilitación técnica de buques, régimen de seguridad, e investigación de siniestros, según se trate de buques de la marina mercante o buques militares. Ya que los primeros de conformidad con la Ley de la Navegación, articulo 71 y sig. están sujetos en aspectos de seguridad, construcción, reparación, inspección permanente, investigación de naufragios o todo siniestro marítimo al contralor de la Autoridad Marítima, que al efecto la ejerce la Prefectura Naval Argentina de conformidad con su Ley Orgánica nº 18398. Art. 5.

En relación al personal de la marina mercante nacional, en cuanto a su responsabilidad profesional, fundamentalmente en casos de siniestros o acaecimientos de la navegación graves interviene el Tribunal Administrativo de la Navegación que tiene la facultad de fijar las responsabilidades de carácter profesional, aplicando las sanciones establecidas por las leyes y reglamentos vigentes. Circunstancia que puede implicar la suspensión o hasta la inhabilitación del personal embarcado. Sin perjuicio de que si de la investigación surgen elementos que puedan considerarse delitos debe denunciarlo para que intervenga la justicia penal competente.

La Prefectura Naval Argentina en los siniestros marítimos como ya expresamos tiene la competencia específica de la instrucción sumarial e investigación total del siniestro y también la responsabilidad del personal embarcado, debiendo dar intervención a la justicia penal en el caso que del hecho se derive la comisión de un delito.

Como puede observarse, en relación a la marina mercante el Estado a través de la Prefectura Naval Argentina y del Tribunal Administrativo de la Navegación interviene como un tercero que investiga el siniestro.

Por el contrario, los buques militares excluidos del esquema jurídico reseñado, están sujetos a la investigación de su propia fuerza y línea jerárquica correspondiente, como Ministerio de Defensa y el propio Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de la intervención simultánea de la justicia penal federal (por ser una causa marítima, de conformidad con la Constitución Nacional) si estamos ante la necesidad de investigar la comisión de delito.

De la misma manera, en cuanto a la fiscalización de los aspectos técnicos, constructivos, de reparación de una nave de guerra y de seguridad están sujetos también a la autoridad de la Armada Nacional y línea jerárquica respectiva que involucra también al Ministerio de Defensa y Poder Ejecutivo

Por último debemos señalar que la navegación de un buque mercante en cuanto a su operación e itinerario está sujeta a necesidades comerciales que pueden variar en forma permanente, sin que exista un expediente administrativo previo que lo autorice. Por el contrario la navegación de un buque de guerra está sujeta siempre a las denominadas órdenes de operaciones, fundamentadas por escrito con la determinación precisa de la misión a cumplir que responden a la necesidad del Estado Nacional, representado en ese aspecto por la Armada Argentina. La verificación del cumplimiento de estos extremos también integran uno de los puntos de la investigación de un siniestro.

Piden enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo por no denunciar un fraude en Aerolíneas

Piden enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo por no denunciar un fraude en Aerolíneas
(Clarin.com) - El fiscal federal Ramiro Gonzalez dio por cerrada la investigación contra Angelia Abbona por supuesto encubrimiento agravado, por haber omitido informar sobre el vaciamiento de la línea aérea cuando estaba bajo control de la española Marsans.



La ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, junto al entonces titular de la fiscalía antilavado Carlos Gonella, en septiembre de 2015.

El fiscal federal Ramiro Gonzalez pidió hoy enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona por supuesto encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes por omitir "en forma deliberada" presentar informes que advertían sobre el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y una defraudación por parte de su controlante Marsans.

González requirió el envío a juicio de la ex funcionaria kirchnerista al juez federal Luis Rodríguez, al entender que "se acreditó a través de distintas pruebas logradas en el sumario que la imputada no presentó de manera oportuna" varios informes que llegaron a la Procuración del Tesoro en los que se daba cuenta de la situación de la aerolínea de bandera privatizada y de otras empresas controladas por Marsans, como Austral, Jet Paq y Optar SA.

Abbona será juzgada por encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública y por incumplimiento de deberes, a raíz de no haber denunciado esas situaciones en las distintas causas judiciales que se tramitaban al respecto, pese a que la ley la obligaba a hacerlo. Entre los informes por cuyo "cajoneo" acusan a la ex procuradora estuvo un "Informe especial sobre la verificación de pasivos de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Cielos del Sur" de la Facultad de Ciencias Económicas, que se le entregó el 27 de marzo de 2012.

Abbona fue nombrada Procuradora del Tesoro de la Nación el 2 de diciembre de 2010 y estuvo en el cargo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"Tenia la obligación de denunciar los eventuales hechos ilícitos de los que tomara conocimiento", advirtió el fiscal. También debía prestar un "asesoramiento legal y técnico eficiente" para "proteger los intereses del Estado y facilitar el descubrimiento de los hechos ilícitos sufridos por el patrimonio nacional".

Por el contrario, para González "ocultó investigaciones penales, no denunció los eventuales hechos ilícitos de los que tuvo conocimiento y actuó en detrimento de los intereses del Estado" en lo referido a la administración fraudulenta de Marsans.

Abbona está procesada en esta causa,y también en otro expediente penal por peculado de servicios, a raíz de un informe presentado ante el juez federal Daniel Rafecas para defender a la ex presidenta Fernández de Kirchner cuando fue denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento de los iraníes prófugos por el atentado a la AMIA.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaría

Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaría(Clarin.com) - Fue tras una intervención de la seccional 1a. de La Plata. Había 14 mil horas adicionales que no se podían justificar.

En septiembre hallaron 600 mil pesos en una caja fuerte dentro de la comisaría 1a. de La Plata.

Si se toma en cuenta que el básico de la hora Polad (Policía Adicional) se paga 89 pesos, que una investigación de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense haya constatado que en la Comisaría 1a. de La Plata se cobraban 14.000 horas que no se hacían, entonces se puede hablar de una caja negra mensual de 1.246.000 pesos en esa seccional.

Según confiaron fuentes de la causa a Clarín, ahora se buscará determinar las responsabilidades pertinentes pero también conocer cómo era el sistema recaudador y qué otros actores se veían beneficiado con ese dinero negro.
Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaría
Como ejemplo de esto, las fuentes graficaron: “El fin de semana pasado desvalijaron la zona de juegos de un hospital infantil donde debía haber policías haciendo adicionales para custodiar el lugar y no estaban. Tampoco se denunció eso”.

Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaríaDurante la auditoria se constató que los policías no iban a cumplir los adicionales, o iba menos cantidad de la facturada; y también se encontraron planillas con firmas truchas; explicaron las fuentes.

La investigación comenzó cuando un equipo de Asuntos Internos realizó el 1 de septiembre una inspección durante 24 horas a la Comisaría 1a., ubicada en calle 53 entre 9 y 10 de La Plata.

En esa dependencia se encontraron 600 mil pesos en una caja de seguridad. El comisario Pablo Fernando Orgoñez, jefe de la seccional, dijo en ese momento que ese dinero era para pagar horas Polad, pero eso no pudo ser justificado.

A raíz de esto, Asuntos Internos desafectó a nueve policías y los denunció ante el fiscal Marcelo Martini y el juez Guillermo Atencio. La gravedad de la situación, que se repetía por tercera vez, ameritó la intervención de la comisaría y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, designó al comisario inspector Javier Martínez y su equipo en ese lugar.

Fue tras esa intervención a la comisaría 1a. de La Plata que se determinó que allí “había 14.000 horas Polad que no tenían sostén”, informaron y agregaron que están en vías de devolver las horas sobrefacturadas.

Los 600.000 mil pesos hallados en la caja fuerte de la comisaría 1° de La Plata.

Es más, tras la investigación, "se terminó de bancarizar el cien por ciento de las horas Polad de la comisaría primera platense", precisaron desde el ministerio de Seguridad Bonaerense.

En tanto, el hasta ahora interventor, Martínez, asumirá como Jefe Departamental en San Vicente y la Comisaría 1a en cuestión quedará a cargo de su segundo Rubén Cañete.

martes, 14 de noviembre de 2017

Indagarán a casi un centenar de intendentes por el desvío de fondos para tratar residuos

Claudio Bonadio tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuosPor Javier Fuego Simondet - LA NACION
Se investiga el destino de unos $ 600 millones girados a los municipios; una auditoría detectó casos de recursos transferidos para obras que nunca se hicieron.

Claudio Bonadio tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos. Foto: Pablo Molina

Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

El foco de la investigación apunta hacia el papel que jugaron los jefes comunales. Según pudo saber LA NACION de una fuente judicial al tanto de la causa, "claramente, se están estudiando" estos llamados, para "una segunda tanda" de indagatorias.

Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo "saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas" en el plan de residuos, contó a LA NACION una fuente tribunalicia. Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonóLa investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. Foto: Archivo 

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió LA NACION, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa "funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos".

La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un "relevamiento del resto de los 194 expedientes".

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un "mapa crítico" para identificar lugares "vulnerables"; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

Río Gallegos es un foco de irregularidades. Según pudo conocer LA NACION de fuentes al tanto de la pesquisa, en 2015 le giraron al municipio $ 25.176.903,60. Rindió gastos por $ 25.409.735. Pero antes de que se aprobara la rendición, la intendencia solicitó $ 59.455.148 más. En octubre, la Secretaría de Ambiente le transfirió $ 34.278.245. En una visita de la Sigen pedida por la fiscalía se comprobó que en Río Gallegos "no se mejoró la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos" y que los proyectos que se preveían eran inviables. Pero la plata se transfirió.

El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, declaró el 18 de octubreEl ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, declaró el 18 de octubre. Foto: Archivo / Ricardo Darin

En Quilmes, personal de la Sigen constató, con una visita el 4 de febrero, que no se construyó una planta de separación y clasificación de residuos urbanos prevista con fondos del programa. "El director del proyecto adjuntó una declaración jurada manifestando que los fondos entregados [$ 10.588.780] no habían sido utilizados", se apuntó en la causa.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. El 1º de noviembre dejó un escrito y planteó que los "responsables" de la ejecución fueron los jefes municipales. La Jefatura de Gabinete era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.

En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.

Una auditoría del Ministerio de Ambiente sobre los municipios chaqueños incluidos en el plan concluyó que no se justificaron "los criterios técnicos y valorativos para otorgar más de $ 173 millones [el mayor gasto del programa] a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional". En el caso del municipio chaqueño de Santa Sylvina, "se hace mención al reciclado de residuos patológicos, que son controlados por otra legislación", dice el informe.

El 30 de octubre declaró Abal Medina, ex jefe de GabineteEl 30 de octubre declaró Abal Medina, jefe de Gabinete entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos.

Aníbal Fernández, investigado en la causa por su segundo período como jefe de Gabinete, que comenzó en febrero de 2015, declaró el 18 de octubre. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades.

Entre las deficiencias relevadas en el expediente están las del municipio bonaerense de General Belgrano. Una visita de personal de la Sigen constató que "la disposición final de los residuos sólidos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación".

Protagonistas del expediente

Juan Manuel Abal Medina, ex Jefe de Gabinete: Declaró en indagatoria el 30 de octubre. Presentó un escrito en el que explicó sus "competencias y accionar" con los fondos del programa

Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete: Declaró el 18 de octubre en esta causa, ante el juez Claudio Bonadio. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades en el plan

Andrés Meiszner, ex Jefe de Gabinete de Asesores: Su indagatoria fue el 24 de octubre. El ex director del Renar fue uno de los cuatro jefes de asesores de Ambiente convocados por el juez

Jorge Capitanich, ex Jefe de Gabinete: Presentó un escrito en su indagatoria del 1º de noviembre. Responsabilizó a los intendentes que recibían los fondos por el manejo del dinero

Juan José Mussi, ex Secretario de Ambiente: Declaró el 27 de octubre por escrito. Antes había sido intendente del partido de Berazategui

Claudio Bonadio, Juez Federal: El titular del Juzgado Federal Nº 11 tiene a su cargo la causa por irregularidades en el programa de residuos. El fiscal es Carlos Rívolo

miércoles, 8 de noviembre de 2017

El Gobierno planea revisar más de 1.500 nombramientos que hizo Alejandra Gils Carbó

El Gobierno planea revisar más de 1.500 nombramientos que hizo Alejandra Gils CarbóPor Ignacio Ortelli (Clarin.com) - Lo impulsaría una vez que se vote la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal. El proyecto habilita a dar de baja las designaciones irregulares. Se estima que fueron más de mil durante la gestión de la procuradora K. 

El Gobierno planea revisar más de 1.500 nombramientos que hizo Alejandra Gils Carbó.

La procuradora Alejandra Gils Carbó llega a su domicilio tras presentar su renuncia, el 30 de octubre. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi

Para el Gobierno, la renuncia de Alejandra Gils Carbó representa sólo el inicio de una profunda depuración que se debe hacer en el Ministerio Público Fiscal para garantizar su independencia partidaria. Por eso, acordó con la oposición que la reforma del Ministerio Público Fiscal que se debate en el Senado incluyera una cláusula que permitiera analizar las designaciones hechas por la procuradora desde que asumió en 2012. Es que en el universo de cargos políticos al que apuntan, figuran cerca de 1.500 nombramientos, de los cuales sostienen que habría más de mil realizados de forma irregular.

La cifra surge de un informe, al que tuvo acceso Clarín, que el jefe de Gabinete Marcos Peña le encomendó a las espadas judiciales del Gobierno antes de consensuar el proyecto de ley en el Congreso. A partir del análisis de los datos presentados en las distintas leyes de Presupuesto y de otros documentos oficiales ajenos a la Procuración, en el Gobierno detectaron que en los últimos cinco años, bajo la gestión de Gils Carbó, el organismo incrementó su dotación de personal "sin justificación y con un amplio objetivo político".

Así, señalan que en el período 2012-2016, el total de empleados del MPF pasó de 4.134 a 5.635, lo que implica un aumento del 36% en la dotación de personal. Esto provocó un crecimiento exponencial en el desembolso en personal: de $1.125.835.263 en 2012 a $4.802.349.938 presupuestados este año. Un incremento de casi el 300 por ciento. Esta variación no tuvo correlato, esgrimen, con lo que sucedió en el Poder Judicial, donde en el mismo período la cantidad de empleados creció sólo un 12%: de 23.192 a 25.993.

Pero el principal cuestionamiento que hacen en Casa Rosada gira en torno a la discrecionalidad y el destino de los empleados: advierten que "la mayoría son de funcionarios de alta jerarquía" y que no cumplen con los parámetros que fijan los concursos. "Las designaciones se contaron en su gran mayoría en estructuras dependientes directamente de la Procuración General y no en las fiscalías de primera instancia donde se llevan adelante las investigaciones penales", reprochan cerca del ministro de Justicia Germán Garavano.
En efecto, los cargos jerárquicos, que van desde Secretario de la Procuración General a subsecretario administrativo, crecieron más: casi un 50%, de 1.312 a 1921. Entre esos 600 funcionarios jerárquicos designados por la procuradora, hay unos 30 nuevos secretarios de la PGN cuyos sueldos brutos están equiparados a los de un secretario de la Corte Suprema: unos $119,454.55 más un plus de un 20% por título, Un dato: hasta la llegada de Gils Carbó había en ese cargo apenas 10 funcionarios, hoy son 40.

El encargado de hacer la depuración será Eduardo Casal, un funcionario con una larga trayectoria en el organismo y que desde 1992 se desempeña como procurador fiscal ante la Corte Suprema. Casal, que conoce como pocos la Procuración, liderará el período de transición que habrá entre la salida de Gils Carbó y la asunción del nuevo procurador que proponga el Gobierno y convalide el Senado.

¿Cómo hará para llevar adelante la depuración?

En el artículo 23 del proyecto presentado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo; su compañero en el interbloque de Cambiemos Ángel Rozas y los peronistas Miguel Pichetto y Pedro Guastavino, se incluye una cláusula que es clave ya que hace caer la mayoría de nombramientos: "Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia". Es decir, desde de su promulgación, realizada por Cristina Kirchner el 3 de junio de 2013, unos diez meses después de la asunción de Gils Carbó, referente de la agrupación Justicia Legítima.

De esta manera, los 600 funcionarios jerárquicos y otros 400 empleados que ingresaron a partir de su militancia partidaria no serían ratificados.

La iniciativa oficial cuenta, a priori, con el aval de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que lidera Julio Piumato, un férreo crítico de Gils Carbó. Cerca suyo dicen que avalarán los despidos de "los paracaidistas que hayan entrado por el techo, sin antecedentes ni capacidad" y coinciden en que "son más de mil los cargos políticos".

Sin embargo, advierten que van "a fiscalizar para que no haya arbitrariedades" e insisten en la conformación de "una mesa de control gremial para trabajar sobre la ratificación de todos aquellos funcionarios que fueron contratados por su vasta experiencia y capacitación técnica".

lunes, 6 de noviembre de 2017

Cloacas truchas: Detrás del procesamiento de Giustozzi vendrían Ferraresi, Insaurralde, Secco y Díaz Pérez

Por Alexis Di Capo - Informador Público

El juez federal Sergio Torres procesó al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona. El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos.

La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.

La realización de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Una de las irregularidades halladas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.

También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.

El juez señaló en su procesamiento que “el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento”.

Los sospechosos del Riachuelo

Pero lo más importante de este caso es su inminente multiplicación. Giustozzi no tiene hoy peso político y su mandato vence a fin de año, dejando de contar con fueros. Pero -de acuerdo a fuentes de la justicia federal- el “modelo Almirante Brown” de defraudación al Estado se replicaría en casi todos los municipios de la cuenca del Riachuelo-Matanza. Por ejemplo, otro caso similar sería el de Berazategui, donde su intendente Patricio Mussi (ultra-K) habría construido para uso del municipio el primer edificio inteligente de la zona, con fondos que originariamente habrían destinado a la provisión de cloacas.

Muchos de estos emprendimientos de cloacas fallidas o directamente no construidas habrían sido avalados por informes de impacto ambiental firmados por técnicos del ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) un organismo que ya había ingresado en la lista de entidades investigadas durante la recordada gestión de la Secretaria de Medio Ambiente de Néstor Kirchner, Romina Picolotti. Operadores políticos de varios municipios de la cuenca refieren que docenas de camionetas último modelo de la ACUMAR fueron utilizadas para hacer campaña electoral en el 2015 por el Frente para la Victoria. Volviendo a las cloacas cuyos fondos federales desaparecieron en el camino, una fuente asegura que situaciones semejantes a las de Almirante Brown golpearían a Jorge Ferraresi (Avellaneda), el ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez y Mario Secco, alcalde de Ensenada, aunque también podría tocarle lo suyo a una gestión que mucho tiene que ver con el Riachuelo, la de Martín Insaurralde en Lomas. Todos los mencionados son cristinistas y algunos ultracristinistas.

En todos los casos, aun cuando se habrían construido parcialmente, las cloacas nunca habrían cumplido su finalidad de descargar en el Riachuelo o el Río de la Plata y, en el mejor de los casos, se usarían para descargar a cielo abierto, con los perjuicios sanitarios que ello implica. Ahora, en la nueva era de transparencia judicial, muchos barones del conurbano -que carecen de fueros- correrían el riesgo de no terminar su actual mandato

domingo, 5 de noviembre de 2017

Cobró coimas para liberar vehículos de pasajeros que no podían circular

El acusado tenía el dinero en su oficinaPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
Un inspector de la CNRT fue filmado y detenido con $ 292.000 en su despacho.

El acusado tenía el dinero en su oficina. Foto: LA NACION 

El 17 de octubre pasado, en operativos de fiscalización en el interior del país, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) secuestró cuatro vehículos de traslado de pasajeros de empresas dedicadas al turismo. La normativa establecía que sólo podían ser entregados a sus propietarios después de diez días y previo pago de un costo de liberación de 10.000 pesos. Setenta y dos horas después, autoridades del organismo, advirtieron que tres de las camionetas habían sido liberadas a pesar de que no se había pagado la multa. Y la sorpresa fue mayor cuando se verificó las imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de atención al público.

Fue el miércoles pasado cuando se hizo el análisis de las filmaciones. Las grabaciones mostraron que el 18 y el 19 de octubre últimos, un agente administrativo identificado como Pablo C., que prestaba funciones en el sector de Liberaciones, atendió a dos transportistas de vehículos de turismo no registrados.

Un día después, en una reunión de representantes de diferentes gerencias de la CNRT con Pablo C., el empleado, después de negar que conocía a los transportistas, reconoció el encuentro y explicó que tuvo "compasión" de los empresarios y que por esa razón decidió "liberar" los tres vehículos a pesar de que no habían pagado la multa ni se había cumplido el plazo de retención.

Pablo C. dijo que había tomado la decisión a cambio de poco dinero, sólo para "cubrir el almuerzo". Después reconoció le dieron $ 5000.

A las 19 de del jueves pasado, funcionarios de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, le comunicaron a Pablo C. que habían decidido desvincularlo del organismo y que iban a hacer las denuncias correspondientes. Le dieron instrucciones al personal de seguridad para acompañar al empleado a retirar sus pertenencias, pero con la indicación de que no se llevara documentación y que tampoco pudiera ingresar al sistema informático.

Pero hubo más sorpresas. Los encargados de seguridad llamaron a los gerentes que habían intervenido en el asunto. Pablo C. pretendía llevarse una bolsa de nylon negra y dos sobres de papel madera al sostener que eran de su propiedad.

El empleado despedido no quería dejar ni la bolsa negra y ni los dos sobres de papel madera. El motivo era claro: adentro había poco más de $ 292.000. Pablo C. terminó esposado y en la comisaría 1a. de la Policía de la Ciudad. Se inició una causa por "estafas y otras defraudaciones" que quedó a cargo de la jueza de Instrucción María Dolores Fontbona de Pombo.

"Esta gestión tiene como objetivo combatir la corrupción y erradicar las mafias que atentan contra las vidas de los ciudadanos, incrementando controles y fiscalizaciones, con un estado presente, ágil y eficaz frente a las prácticas turbias con las que ciertos sectores creen que pueden seguir operando", explicó a LA NACION el subdirector de la CNRT, Pablo Castano.

Crecieron las denuncias

Fuentes gubernamentales afirmaron que en los organismos de control y fiscalización, como la CNRT, los "valores de la ética y la transparencia no se negocian".

Y agregaron: "Sin esos valores estaríamos incumpliendo nuestro deber como funcionarios públicos de construir un país mejor, en el cual las normas se cumplen, las faltas se sanciona y los controles se hacen en forma profesional para reducir la probabilidad de accidentes y salvar vidas".

Fuentes de la CNRT y del Ministerio de Transporte, sostuvieron que desde 2015, cuando asumió la nueva gestión, se renovó la subgerencia de Fiscalización Automotor y la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Los sumarios administrativos aumentaron un 17 por ciento en los períodos 2016/2017 en comparación con trienio 2013-2014-2015.

"Lo más importante es que las denuncias penales crecieron un 133 por ciento, acelerando al máximo las investigaciones, lo que trajo como consecuencia el despido de 18 agentes sospechosos de corrupción y la suspensión de otros 20 en todo el país", aseguraron fuentes oficiales.

sábado, 4 de noviembre de 2017

Por facturas truchas para evadir impuestos, allanan la usina de Río Turbio y otras sedes del grupo Isolux

Por facturas truchas para evadir impuestos, allanan la usina de Río Turbio y otras sedes del grupo IsoluxPor Lucía Salinas - Clarin.com
Por orden de un juzgado Penal Económico, la AFIP conduce los los operativos. La empresa construyó la central termoelécitrca de carbón, adjudicada por Julio De Vido.

La usina de Río Turbio, una promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto: Maxi Failla.

Por orden del juzgado Penal Económico 10 a cargo del Diego García Berro, la AFIP realiza nueve allanamientos en la UTE GRUPO ISOLUX CORSAN, tanto en su sede en Santa Cruz como en Córdoba, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

La empresa tuvo a su cargo la construcción de la Central Termoeléctrica de Carbón en la localidad de Río Turbio, adjudicada por el extinto ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.

Los operativos se realizan después que se detectó la utilización de "facturas apócrifas que habrían provocado una evasión de impuestos que podría superar los 200 millones de pesos", indicaron fuentes oficiales a este medio.

Del operativo participan más de 60 agentes del organismo fiscal y personal de Prefectura Naval Argentina. Isolux Corsán de origen español, se presentó el concurso de acreedores en su país y no será la responsable de concluir la obra que promete generar 240 MW.

La Usina Térmica de Río Turbio es objeto de varias investigaciones. Una de ellas, es en la que está denunciado Julio De Vido, con prisión preventiva acusado de malversación de fondos públicos (26.000 millones de pesos) y desvíos de dinero por 265 millones de pesos.

La obra, una fallida promesa energética del gobierno kirchnerista, fue peritada por la Sindicatura General de Nación (SiGEN). Los números indicaron que la Usina modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 dólares, cuando había sido adjudicada por 857.341.128 dólares: los adicionales de obra incrementaron en un 90,28% su costo original.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito

Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito(Clarin.com) - La orden la dio el juez federal Ariel Lijo. Detenido. Es la primera vez que un ex vicepresidente de la Nación es detenido.

Amado Boudou fue detenido esta mañana en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La orden la dio el juez federal Ariel Lijo, quien entiende en esa causa.

Los prefectos entraron al edificio donde vive el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y trasladaron a Boudou hasta los tribunales federales de Retiro.

Además fue detenido José María Núñez Carmona, amigo, socio y considerado testaferro de Boudou, quien ayer también debió comparecer en el caso de la imprenta Ciccone

lunes, 30 de octubre de 2017

Citan a inspectores a una audiencia por el ingreso ilegal de mercaderías

Resultado de imagen para ingreso ilegal de mercaderías + aduanaPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
Son 72 agentes de la Aduana que cumplían funciones en el Puerto y en depósitos fiscales.

En una decisión sin precedentes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en una causa en la que se investigan hechos de corrupción y contrabando, citó a una audiencia de información y exhibición de pruebas a 72 inspectores y verificadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), que cumplían funciones en el Puerto de Buenos Aires y en diferentes depósitos fiscales.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El juez Aguinsky tiene un par de expedientes sobre el irregular ingreso de contenedores con mercadería en el Puerto de Buenos Aires.

En los expedientes judiciales, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriel Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

"Resulta pertinente la celebración de una audiencia, con el objeto primordial de poner a disposición de aquellos funcionarios los elementos probatorios obrantes en autos, de modo tal que puedan tomar conocimiento de las probanzas recopiladas. Así se busca preservar el derecho de defensa de quien se encuentra imputado en una causa como la presente, en la que se conduce una investigación de extrema complejidad", sostuvo el juez Aguinsky en su resolución, conocida en las últimas horas y a la que tuvo acceso LA NACION.

El magistrado fijó la audiencia para el 17 de noviembre. Los citados deberán concurrir, a las 10, al Salón de los Derechos Humanos, en la planta baja del Palacio de Tribunales.

Se investiga cómo ocurrió el ingreso irregular de contenedores que supuestamente importaban 8000 kilos de mercadería y que en realidad tenían 25 toneladas, entre otras sospechas.

"Hágase saber a los funcionarios que seguidamente se detallan [y se consignan las 72 identidades de los imputados] la existencia de las presentes actuaciones, a efectos, como se dijo, de que tomen conocimiento de los elementos probatorios recopilados en autos y puedan aclarar los hechos e indicar las pruebas que, a su juicio, puedan resultar de utilidad para su defensa, el avance de la causa y/o la determinación de responsabilidades en los hechos denunciados por el Ministerio Público Fiscal como supuestos delitos", agregó el juez Aguinsky, al convocar a la audiencia en su resolución.

Uno de los expedientes por los supuestos hechos de corrupción y contrabando tiene procesado con prisión preventiva al cuñado del ahora preso Julio De Vido, Claudio Minnicelli, más conocido como "Mono".

La expectativa

Fuentes judiciales explicaron que se esperan que "motivados por ver las pruebas existentes, los imputados se animen a hablar con la fiscal Ruiz Morales y lleguen a un acuerdo para avanzar en la causa".

Los mismos informantes dijeron que el juez Aguinsky decidió abrir más de un expediente para evitar que se forme una "megacausa", que "en la Argentina sólo sirvieron para esconder fracasos de la Justicia".

La resolución tiene fecha del 24 de este mes. Un día después, en el programa A dos voces, de TN, la diputada Elisa Carrió habló sobre la corrupción aduanera. "La Aduana sí me preocupa y quiero saber bien qué pasa. Hasta que no se salga [sic] la evasión fiscal y el tráfico de drogas. Quiero saber dónde están los delincuentes que todavía quedan y que con [Juan José] Gómez Centurión [que estuvo al frente de la Aduana hasta el martes pasado] no se lograron ir. Voy contra la Aduana", sostuvo Carrió en el programa de TV.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que se inició con datos aportados por Gómez Centurión y una investigación publicada en el diario Clarín.

A principios de mes, Ruiz Morales y la Procelac pidieron una serie de declaraciones indagatorias. También solicitaron una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.

Con el llamado a una audiencia de exhibición de pruebas para 72 imputados, el juez Aguinsky dio el primer paso.

La investigación sobre los contenedores

El juez Aguinsky citó a 72 investigadores de la Aduana a una audiencia para darles derecho de defensa, ante las pruebas acumuladas de irregularidades en el ingreso de mercaderías

Se investiga cómo entraron al país contenedores con 8000 kilos de mercadería, que en realidad transportaban 25 toneladas

La causa se inició a partir de datos que aportó el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión

martes, 24 de octubre de 2017

Detectan en Ushuaia más propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Detectan en Ushuaia más propiedades vinculadas a Lázaro BáezPor Mariela Arias - LA NACION
Hay ocho operaciones en la mira por montos millonarios.

Detectan en Ushuaia más propiedades vinculadas a Lázaro Báez. Foto: LA NACION 

USHUAIA.- En la ciudad más austral del país, Lázaro Báez también había realizado inversiones en propiedades, campos, departamentos. Hace un año, tras una investigación periodística, se descubrieron por lo menos ocho de aquellas inversiones. Ayer, la Justicia empezó con un operativo de tasación de las mismas ordenadas por el juez federal, Sebastián Casanello .

Báez se encuentra detenido desde abril de 2016 en el penal de Ezeiza. En agosto pasado fue procesado por Casanello junto a otras 26 personas -entre ellos sus cuatro hijos- por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza, por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre finales de 2010 y principios de 2013.

Ayer, los agentes expertos de la Policía Federal iniciaron en esta ciudad un operativo que promete extenderse a otros lugares de la provincia donde Báez realizó compras a través de empresas a su nombre o bien a través de testaferros.

La casa allanada había sido identificada en una investigación publicada por Télam. Se trata de una vivienda sobre la calle Staiyakin 753, a nombre de Badial SA, la constructora menos conocida de Báez, pero con la que adquirió la gran mayoría de terrenos en El Calafate y construyó un hotel que nunca inauguró.

La Justicia determinó que esta casa y el resto de las propiedades de la isla sean tasadas, aunque la orden aclara que de encontrarse se deberá "secuestrar dinero en efectivo o bienes suntuosos".

Testigos del operativo confirmaron que la casa estaba ocupada por un cuidador, quien abrió las puertas y dijo que la vivienda se la habían prestado para vivir Alfredo Benjamín Zárate, un apoderado de Báez en la isla, quien realizó varias operaciones comerciales en nombre del empresario.

Una curiosa operación

Entre las ocho propiedades encontradas a Báez en la isla está la compra de una parcela de 200.000 metros cuadrados de la zona rural de la estancia Violeta en Río Grande, operación realizada en 2012 para Báez a través de su apoderado Alfredo Zárate, según la información aportada a la causa por la diputada nacional Margarita Stolbizer en su carácter de amicus curae.

La operación consta de un acuerdo complementario en que Zárate, como representante de Badial SA, expresa que si bien "del boleto de compraventa surgía que la venta se hacía por la suma de US$ 800.000, conforme a lo acordado entre las partes, el precio real ascendía a la suma de US$ 1,2 millones". Y se agrega en la presentación: "Por razones particulares de cada uno optaron por hacer figurar únicamente como precio total la suma de US$ 800.000".

domingo, 22 de octubre de 2017

El Gobierno evalúa recompensar a un joven testigo mapuche

Resultado de imagen para El Gobierno evalúa recompensar a un joven testigo mapuchePor Maia Jastreblansky - LA NACION
Considera que puede recibir $ 2.000.000 por haber dado datos certeros de Maldonado.

Una vez confirmado que el cuerpo hallado el pasado martes en el río Chubut era el de Santiago Maldonado, comenzaron a revisarse los testimonios recibidos durante la búsqueda del joven.

Según señalaron a LA NACION fuentes oficiales, el Gobierno considera que "corresponde" pagarle una recompensa a uno de los últimos testigos que declaró, dado que brindó datos precisos. Estas fuentes aseguran que se trata de un joven que marcó el lugar donde creía que podía estar Santiago Maldonado, porque fue quien habría estado más cerca del joven tatuador. Habrían intentado cruzar el río juntos, pero el artesano no lo logró.

Ese mapuche sería el bautizado "testigo E", cuyos dichos se elevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su testimonio no está incorporado al expediente del habeas corpus.

Los dos testigos que declararon ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof se identificaron ante la Justicia, pero sus nombres quedaron protegidos, por seguridad. Altas fuentes judiciales afirmaron a este medio que ninguno de esos testigos marcó un punto en el río donde estuvo Santiago. Sólo contaron una versión que reforzó la idea de que había que buscar mejor.

La fuente gubernamental, sin embargo, señaló: "Un testigo dio un espacio perimetral entre dos puntos del río. Le corresponde cobrar la recompensa porque brindó datos fehacientes y eran correctos. Se puede hacer como anónimo, dado que el sistema lo permite y porque es muy importante protegerlo en este momento".

El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de $ 500.000 a $ 2 millones el 7 de septiembre último. El juez Lleral es quien debe ordenar la medida para que se haga efectivo el pago. El tema es de alta sensibilidad por el clima de tensión que se vive en el Pu Lof.

Por otro lado, las fuentes gubernamentales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrados los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por "falso testimonio". Se trata del miembro de la comunidad que dijo haber visto que los gendarmes golpearon "a un bulto" y se lo llevaron primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza.

Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. El juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. La familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución en el Pu Lof.

Un rastrillaje clave

Según altas fuentes judiciales, Lleral activó el operativo a partir de tres testimonios que le hicieron pensar que debía volver a rastrillar: dos de la comunidad mapuche y uno del jefe de la Prefectura. El prefecto principal Leandro Antonio Ruata comandó los rastrillajes anteriores y le dijo al juez que era necesario hacer "al menos un rastrillaje más".

La fiscal Silvina Ávila ya había pedido un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, por consejo de la Procuvin y del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.

El miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al juzgado. El jueves 12, al mediodía, fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados y que no estuviera la Policía Federal.

El viernes 13 fue la tercera reunión, también en el juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celular para sostener el diálogo, redactó la medida y pidió con urgencia al Gobierno que consiguiera los perros rastreadores.
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