Cloacas truchas: Detrás del procesamiento de Giustozzi vendrían Ferraresi, Insaurralde, Secco y Díaz Pérez

Por Alexis Di Capo - Informador Público

El juez federal Sergio Torres procesó al ex intendente de Almirante Brown y diputado nacional Darío Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona. El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de 3.000.000 de pesos.

La maniobra investigada relacionada con las obras en Claypole comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El juez detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.

La realización de las obras como las investigadas está a cargo de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), de la provincial Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Una de las irregularidades halladas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Para la construcción investigada, el municipio no pidió autorización de la Autoridad del Agua (ADA), órgano que funcionaba en la órbita del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Se evitó gestionar la declaración de impacto ambiental ante el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y se avanzó en la realización del proyecto pese a que se sabía que no contaban con la aprobación de AySA, cuyo respaldo era indispensable e ineludible; tampoco fue avalado por la Agencia de Planificación (APLA) un entre tripartito de Nación, Ciudad y Provincia que debía analizar las obras.

También se detectó que se falsificó documentación para acreditar aspectos técnicos y de viabilidad ambiental, como la necesaria autorización de AySA, y con eso lograron justificar el financiamiento del Enhosa.

El juez señaló en su procesamiento que “el suceso bajo pesquisa concluyó en un resultado de perjuicio concreto, consistente en que se realizó un Sistema -conformado por una planta de tratamiento y un colector cloacal- que por sus deficiencias técnicas, inconsistencias constructivas, defectos de diseño e implementación y otras demás falencias estructurales, conllevaron a que sea una obra inútil, inhábil e imposible de ser puesta en funcionamiento”.

Los sospechosos del Riachuelo

Pero lo más importante de este caso es su inminente multiplicación. Giustozzi no tiene hoy peso político y su mandato vence a fin de año, dejando de contar con fueros. Pero -de acuerdo a fuentes de la justicia federal- el “modelo Almirante Brown” de defraudación al Estado se replicaría en casi todos los municipios de la cuenca del Riachuelo-Matanza. Por ejemplo, otro caso similar sería el de Berazategui, donde su intendente Patricio Mussi (ultra-K) habría construido para uso del municipio el primer edificio inteligente de la zona, con fondos que originariamente habrían destinado a la provisión de cloacas.

Muchos de estos emprendimientos de cloacas fallidas o directamente no construidas habrían sido avalados por informes de impacto ambiental firmados por técnicos del ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) un organismo que ya había ingresado en la lista de entidades investigadas durante la recordada gestión de la Secretaria de Medio Ambiente de Néstor Kirchner, Romina Picolotti. Operadores políticos de varios municipios de la cuenca refieren que docenas de camionetas último modelo de la ACUMAR fueron utilizadas para hacer campaña electoral en el 2015 por el Frente para la Victoria. Volviendo a las cloacas cuyos fondos federales desaparecieron en el camino, una fuente asegura que situaciones semejantes a las de Almirante Brown golpearían a Jorge Ferraresi (Avellaneda), el ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez y Mario Secco, alcalde de Ensenada, aunque también podría tocarle lo suyo a una gestión que mucho tiene que ver con el Riachuelo, la de Martín Insaurralde en Lomas. Todos los mencionados son cristinistas y algunos ultracristinistas.

En todos los casos, aun cuando se habrían construido parcialmente, las cloacas nunca habrían cumplido su finalidad de descargar en el Riachuelo o el Río de la Plata y, en el mejor de los casos, se usarían para descargar a cielo abierto, con los perjuicios sanitarios que ello implica. Ahora, en la nueva era de transparencia judicial, muchos barones del conurbano -que carecen de fueros- correrían el riesgo de no terminar su actual mandato

Cobró coimas para liberar vehículos de pasajeros que no podían circular

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Un inspector de la CNRT fue filmado y detenido con $ 292.000 en su despacho.

El acusado tenía el dinero en su oficina. Foto: LA NACION 

El 17 de octubre pasado, en operativos de fiscalización en el interior del país, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) secuestró cuatro vehículos de traslado de pasajeros de empresas dedicadas al turismo. La normativa establecía que sólo podían ser entregados a sus propietarios después de diez días y previo pago de un costo de liberación de 10.000 pesos. Setenta y dos horas después, autoridades del organismo, advirtieron que tres de las camionetas habían sido liberadas a pesar de que no se había pagado la multa. Y la sorpresa fue mayor cuando se verificó las imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de atención al público.

Fue el miércoles pasado cuando se hizo el análisis de las filmaciones. Las grabaciones mostraron que el 18 y el 19 de octubre últimos, un agente administrativo identificado como Pablo C., que prestaba funciones en el sector de Liberaciones, atendió a dos transportistas de vehículos de turismo no registrados.

Un día después, en una reunión de representantes de diferentes gerencias de la CNRT con Pablo C., el empleado, después de negar que conocía a los transportistas, reconoció el encuentro y explicó que tuvo "compasión" de los empresarios y que por esa razón decidió "liberar" los tres vehículos a pesar de que no habían pagado la multa ni se había cumplido el plazo de retención.

Pablo C. dijo que había tomado la decisión a cambio de poco dinero, sólo para "cubrir el almuerzo". Después reconoció le dieron $ 5000.

A las 19 de del jueves pasado, funcionarios de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, le comunicaron a Pablo C. que habían decidido desvincularlo del organismo y que iban a hacer las denuncias correspondientes. Le dieron instrucciones al personal de seguridad para acompañar al empleado a retirar sus pertenencias, pero con la indicación de que no se llevara documentación y que tampoco pudiera ingresar al sistema informático.

Pero hubo más sorpresas. Los encargados de seguridad llamaron a los gerentes que habían intervenido en el asunto. Pablo C. pretendía llevarse una bolsa de nylon negra y dos sobres de papel madera al sostener que eran de su propiedad.

El empleado despedido no quería dejar ni la bolsa negra y ni los dos sobres de papel madera. El motivo era claro: adentro había poco más de $ 292.000. Pablo C. terminó esposado y en la comisaría 1a. de la Policía de la Ciudad. Se inició una causa por "estafas y otras defraudaciones" que quedó a cargo de la jueza de Instrucción María Dolores Fontbona de Pombo.

"Esta gestión tiene como objetivo combatir la corrupción y erradicar las mafias que atentan contra las vidas de los ciudadanos, incrementando controles y fiscalizaciones, con un estado presente, ágil y eficaz frente a las prácticas turbias con las que ciertos sectores creen que pueden seguir operando", explicó a LA NACION el subdirector de la CNRT, Pablo Castano.

Crecieron las denuncias

Fuentes gubernamentales afirmaron que en los organismos de control y fiscalización, como la CNRT, los "valores de la ética y la transparencia no se negocian".

Y agregaron: "Sin esos valores estaríamos incumpliendo nuestro deber como funcionarios públicos de construir un país mejor, en el cual las normas se cumplen, las faltas se sanciona y los controles se hacen en forma profesional para reducir la probabilidad de accidentes y salvar vidas".

Fuentes de la CNRT y del Ministerio de Transporte, sostuvieron que desde 2015, cuando asumió la nueva gestión, se renovó la subgerencia de Fiscalización Automotor y la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Los sumarios administrativos aumentaron un 17 por ciento en los períodos 2016/2017 en comparación con trienio 2013-2014-2015.

"Lo más importante es que las denuncias penales crecieron un 133 por ciento, acelerando al máximo las investigaciones, lo que trajo como consecuencia el despido de 18 agentes sospechosos de corrupción y la suspensión de otros 20 en todo el país", aseguraron fuentes oficiales.

Por facturas truchas para evadir impuestos, allanan la usina de Río Turbio y otras sedes del grupo Isolux

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Por orden de un juzgado Penal Económico, la AFIP conduce los los operativos. La empresa construyó la central termoelécitrca de carbón, adjudicada por Julio De Vido.

La usina de Río Turbio, una promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto: Maxi Failla.

Por orden del juzgado Penal Económico 10 a cargo del Diego García Berro, la AFIP realiza nueve allanamientos en la UTE GRUPO ISOLUX CORSAN, tanto en su sede en Santa Cruz como en Córdoba, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

La empresa tuvo a su cargo la construcción de la Central Termoeléctrica de Carbón en la localidad de Río Turbio, adjudicada por el extinto ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.

Los operativos se realizan después que se detectó la utilización de "facturas apócrifas que habrían provocado una evasión de impuestos que podría superar los 200 millones de pesos", indicaron fuentes oficiales a este medio.

Del operativo participan más de 60 agentes del organismo fiscal y personal de Prefectura Naval Argentina. Isolux Corsán de origen español, se presentó el concurso de acreedores en su país y no será la responsable de concluir la obra que promete generar 240 MW.

La Usina Térmica de Río Turbio es objeto de varias investigaciones. Una de ellas, es en la que está denunciado Julio De Vido, con prisión preventiva acusado de malversación de fondos públicos (26.000 millones de pesos) y desvíos de dinero por 265 millones de pesos.

La obra, una fallida promesa energética del gobierno kirchnerista, fue peritada por la Sindicatura General de Nación (SiGEN). Los números indicaron que la Usina modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 dólares, cuando había sido adjudicada por 857.341.128 dólares: los adicionales de obra incrementaron en un 90,28% su costo original.

Detuvieron al ex vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito

(Clarin.com) - La orden la dio el juez federal Ariel Lijo. Detenido. Es la primera vez que un ex vicepresidente de la Nación es detenido.

Amado Boudou fue detenido esta mañana en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La orden la dio el juez federal Ariel Lijo, quien entiende en esa causa.

Los prefectos entraron al edificio donde vive el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y trasladaron a Boudou hasta los tribunales federales de Retiro.

Además fue detenido José María Núñez Carmona, amigo, socio y considerado testaferro de Boudou, quien ayer también debió comparecer en el caso de la imprenta Ciccone

Citan a inspectores a una audiencia por el ingreso ilegal de mercaderías

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Son 72 agentes de la Aduana que cumplían funciones en el Puerto y en depósitos fiscales.

En una decisión sin precedentes, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en una causa en la que se investigan hechos de corrupción y contrabando, citó a una audiencia de información y exhibición de pruebas a 72 inspectores y verificadores de la Dirección General de Aduanas (DGA), que cumplían funciones en el Puerto de Buenos Aires y en diferentes depósitos fiscales.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El juez Aguinsky tiene un par de expedientes sobre el irregular ingreso de contenedores con mercadería en el Puerto de Buenos Aires.

En los expedientes judiciales, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriel Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

"Resulta pertinente la celebración de una audiencia, con el objeto primordial de poner a disposición de aquellos funcionarios los elementos probatorios obrantes en autos, de modo tal que puedan tomar conocimiento de las probanzas recopiladas. Así se busca preservar el derecho de defensa de quien se encuentra imputado en una causa como la presente, en la que se conduce una investigación de extrema complejidad", sostuvo el juez Aguinsky en su resolución, conocida en las últimas horas y a la que tuvo acceso LA NACION.

El magistrado fijó la audiencia para el 17 de noviembre. Los citados deberán concurrir, a las 10, al Salón de los Derechos Humanos, en la planta baja del Palacio de Tribunales.

Se investiga cómo ocurrió el ingreso irregular de contenedores que supuestamente importaban 8000 kilos de mercadería y que en realidad tenían 25 toneladas, entre otras sospechas.

"Hágase saber a los funcionarios que seguidamente se detallan [y se consignan las 72 identidades de los imputados] la existencia de las presentes actuaciones, a efectos, como se dijo, de que tomen conocimiento de los elementos probatorios recopilados en autos y puedan aclarar los hechos e indicar las pruebas que, a su juicio, puedan resultar de utilidad para su defensa, el avance de la causa y/o la determinación de responsabilidades en los hechos denunciados por el Ministerio Público Fiscal como supuestos delitos", agregó el juez Aguinsky, al convocar a la audiencia en su resolución.

Uno de los expedientes por los supuestos hechos de corrupción y contrabando tiene procesado con prisión preventiva al cuñado del ahora preso Julio De Vido, Claudio Minnicelli, más conocido como "Mono".

La expectativa

Fuentes judiciales explicaron que se esperan que "motivados por ver las pruebas existentes, los imputados se animen a hablar con la fiscal Ruiz Morales y lleguen a un acuerdo para avanzar en la causa".

Los mismos informantes dijeron que el juez Aguinsky decidió abrir más de un expediente para evitar que se forme una "megacausa", que "en la Argentina sólo sirvieron para esconder fracasos de la Justicia".

La resolución tiene fecha del 24 de este mes. Un día después, en el programa A dos voces, de TN, la diputada Elisa Carrió habló sobre la corrupción aduanera. "La Aduana sí me preocupa y quiero saber bien qué pasa. Hasta que no se salga [sic] la evasión fiscal y el tráfico de drogas. Quiero saber dónde están los delincuentes que todavía quedan y que con [Juan José] Gómez Centurión [que estuvo al frente de la Aduana hasta el martes pasado] no se lograron ir. Voy contra la Aduana", sostuvo Carrió en el programa de TV.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que se inició con datos aportados por Gómez Centurión y una investigación publicada en el diario Clarín.

A principios de mes, Ruiz Morales y la Procelac pidieron una serie de declaraciones indagatorias. También solicitaron una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.

Con el llamado a una audiencia de exhibición de pruebas para 72 imputados, el juez Aguinsky dio el primer paso.

La investigación sobre los contenedores

El juez Aguinsky citó a 72 investigadores de la Aduana a una audiencia para darles derecho de defensa, ante las pruebas acumuladas de irregularidades en el ingreso de mercaderías

Se investiga cómo entraron al país contenedores con 8000 kilos de mercadería, que en realidad transportaban 25 toneladas

La causa se inició a partir de datos que aportó el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión

Detectan en Ushuaia más propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Por Mariela Arias - LA NACION

Hay ocho operaciones en la mira por montos millonarios.

Detectan en Ushuaia más propiedades vinculadas a Lázaro Báez. Foto: LA NACION 

USHUAIA.- En la ciudad más austral del país, Lázaro Báez también había realizado inversiones en propiedades, campos, departamentos. Hace un año, tras una investigación periodística, se descubrieron por lo menos ocho de aquellas inversiones. Ayer, la Justicia empezó con un operativo de tasación de las mismas ordenadas por el juez federal, Sebastián Casanello .

Báez se encuentra detenido desde abril de 2016 en el penal de Ezeiza. En agosto pasado fue procesado por Casanello junto a otras 26 personas -entre ellos sus cuatro hijos- por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza, por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre finales de 2010 y principios de 2013.

Ayer, los agentes expertos de la Policía Federal iniciaron en esta ciudad un operativo que promete extenderse a otros lugares de la provincia donde Báez realizó compras a través de empresas a su nombre o bien a través de testaferros.

La casa allanada había sido identificada en una investigación publicada por Télam. Se trata de una vivienda sobre la calle Staiyakin 753, a nombre de Badial SA, la constructora menos conocida de Báez, pero con la que adquirió la gran mayoría de terrenos en El Calafate y construyó un hotel que nunca inauguró.

La Justicia determinó que esta casa y el resto de las propiedades de la isla sean tasadas, aunque la orden aclara que de encontrarse se deberá "secuestrar dinero en efectivo o bienes suntuosos".

Testigos del operativo confirmaron que la casa estaba ocupada por un cuidador, quien abrió las puertas y dijo que la vivienda se la habían prestado para vivir Alfredo Benjamín Zárate, un apoderado de Báez en la isla, quien realizó varias operaciones comerciales en nombre del empresario.

Una curiosa operación

Entre las ocho propiedades encontradas a Báez en la isla está la compra de una parcela de 200.000 metros cuadrados de la zona rural de la estancia Violeta en Río Grande, operación realizada en 2012 para Báez a través de su apoderado Alfredo Zárate, según la información aportada a la causa por la diputada nacional Margarita Stolbizer en su carácter de amicus curae.

La operación consta de un acuerdo complementario en que Zárate, como representante de Badial SA, expresa que si bien "del boleto de compraventa surgía que la venta se hacía por la suma de US$ 800.000, conforme a lo acordado entre las partes, el precio real ascendía a la suma de US$ 1,2 millones". Y se agrega en la presentación: "Por razones particulares de cada uno optaron por hacer figurar únicamente como precio total la suma de US$ 800.000".

El Gobierno evalúa recompensar a un joven testigo mapuche

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Considera que puede recibir $ 2.000.000 por haber dado datos certeros de Maldonado.

Una vez confirmado que el cuerpo hallado el pasado martes en el río Chubut era el de Santiago Maldonado, comenzaron a revisarse los testimonios recibidos durante la búsqueda del joven.

Según señalaron a LA NACION fuentes oficiales, el Gobierno considera que "corresponde" pagarle una recompensa a uno de los últimos testigos que declaró, dado que brindó datos precisos. Estas fuentes aseguran que se trata de un joven que marcó el lugar donde creía que podía estar Santiago Maldonado, porque fue quien habría estado más cerca del joven tatuador. Habrían intentado cruzar el río juntos, pero el artesano no lo logró.

Ese mapuche sería el bautizado "testigo E", cuyos dichos se elevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su testimonio no está incorporado al expediente del habeas corpus.

Los dos testigos que declararon ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof se identificaron ante la Justicia, pero sus nombres quedaron protegidos, por seguridad. Altas fuentes judiciales afirmaron a este medio que ninguno de esos testigos marcó un punto en el río donde estuvo Santiago. Sólo contaron una versión que reforzó la idea de que había que buscar mejor.

La fuente gubernamental, sin embargo, señaló: "Un testigo dio un espacio perimetral entre dos puntos del río. Le corresponde cobrar la recompensa porque brindó datos fehacientes y eran correctos. Se puede hacer como anónimo, dado que el sistema lo permite y porque es muy importante protegerlo en este momento".

El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de $ 500.000 a $ 2 millones el 7 de septiembre último. El juez Lleral es quien debe ordenar la medida para que se haga efectivo el pago. El tema es de alta sensibilidad por el clima de tensión que se vive en el Pu Lof.

Por otro lado, las fuentes gubernamentales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrados los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por "falso testimonio". Se trata del miembro de la comunidad que dijo haber visto que los gendarmes golpearon "a un bulto" y se lo llevaron primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza.

Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. El juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. La familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución en el Pu Lof.

Un rastrillaje clave

Según altas fuentes judiciales, Lleral activó el operativo a partir de tres testimonios que le hicieron pensar que debía volver a rastrillar: dos de la comunidad mapuche y uno del jefe de la Prefectura. El prefecto principal Leandro Antonio Ruata comandó los rastrillajes anteriores y le dijo al juez que era necesario hacer "al menos un rastrillaje más".

La fiscal Silvina Ávila ya había pedido un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, por consejo de la Procuvin y del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.

El miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al juzgado. El jueves 12, al mediodía, fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados y que no estuviera la Policía Federal.

El viernes 13 fue la tercera reunión, también en el juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celular para sostener el diálogo, redactó la medida y pidió con urgencia al Gobierno que consiguiera los perros rastreadores.

Un fallo avala la remoción de Gils Carbó sin necesidad de un juicio político

(La Nación) - El juez Pablo Cayssials consideró "inconstitucional" un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte.

Por un fallo, Gils Carbó podrá ser removida sin juicio político. Foto: Archivo 

Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político.

La decisión fue adoptada por el juez Pablo Cayssials, quien consideró "inconstitucional" un artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios , contemplados en la Constitución Nacional", dice el texto. Agrega que ese artículo, "al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario".

El fallo, publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), es apelable, pero en su contenido podría permitirle al gobierno sacar del cargo a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el juicio político.

El escrito rechaza la defensa de Gils Carbó y hace lugar a las demandas interpuestas por la asociación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148.

Por qué detuvieron a Roberto Baratta y pidieron el desafuero de Julio De Vido por la causa del gas licuado

(Infobae.com) - Ambos ex funcionarios kirchneristas diagramaron y mantuvieron en el tiempo una maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado.

Desde ayer por la tarde está detenido Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Lo decidió el juez Claudio Bonadio quien dictó el procesamiento con prisión preventiva de ambos en la causa en la que se determinó que hubo una defraudación millonaria a la administración pública en la compra de barcos de gas natural licuado GNL.

De Vido, quien tiene fueros por ser diputado nacional por el Frente para la Victoria, no puede ser detenido. Por eso, Bonadio pidió su desafuero a la Cámara de Diputados. Mientras que Baratta fue detenido por la Policía de la Ciudad y pasó la noche en la sede de esa fuerza de seguridad, en la Comuna 12. Esta mañana fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py para ser ingresado al sistema Penitenciario Federal y luego será llevado al Penal de Marcos Paz, donde compartirá pabellón con Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, y dirigente sindical Omar "Caballo" Suárez.

En el procesamiento firmado por el juez se explica que "De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad. En efecto, su participación en los sucesos lograba sortear cualquier control posible pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron".

Bonadio detectó una maniobra de pago de sobreprecios en los barcos comprados por Planificación, primero a través de ENARSA y luego de YPF para abastecer de gas a la red que estaba en plena crisis energética. Según el cálculo que se hizo en la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a partir de un peritaje se determinó una defraudación de 6.995.926.798 dólares debido a que hubo sobreprecios en las compras de GNL. Según el estudio, se pagó de más por el millón de BTU (la unidad de en la que se mide el GNL) en buena cantidad de los 232 barcos que llegaron al puerto de Bahía Blanca y los 265 que arribaron a Escobar.

Se determinó en varios casos –según explicaron fuentes judiciales– que en barcos que llegaban con días de diferencia se pagaba el doble por el millón de BTU. 

En el procesamiento, Bonadio señaló que "por lo tanto, las pruebas reunidas en la causa dan cuenta que Julio Miguel de Vido en su carácter de Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Roberto Baratta en su calidad de Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente de dicho Ministerio, idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL -integrada por el resto de las personas imputadas en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012- en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra -es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando-, y a su vez conformada -en parte- por personal idóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia. 

En este proceso de importación de GNL, las empresas internacionales proveedoras del fluido participaron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, no existiendo negociación alguna al respecto y con la participación de intermediarios entre ENARSA y los oferentes, cuyas comisiones incidieron en el precio finalmente abonado".

El juez determinó que De Vido y Baratta deben estar detenidos porque "los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido diputado nacional, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad". Y agrega que "por ende, las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concederle la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra  consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como también que la entorpecerán".

Baratta seguirá detenido. Y De Vido a la espera de lo que deciden sus colegas de la Cámara de Diputados.

Hospital Posadas: procesan a ex funcionarios por compras irregulares y contratación de personal

(Clarin.com) - Lo decidió la Justicia Federal de Morón. Todo se originó tras una denuncia por la aparición de una silla incrustada en un resonador magnético.

Hospital Posadas: procesan a ex funcionarios por compras irregulares y contratación de personal

La denuncia se realizó después de que una silla apareciera incrustada en resonador magnético del Posadas.

La Justicia federal de Morón procesó a ex autoridades del Hospital Posadas por administración fraudulenta, compras irregulares y la incorporación de personal sin cumplir requisitos, informaron hoy fuentes judiciales. Algunos están vinculados al dirigente kirchnerista Martín

La decisión fue firmada por Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N 3 de Morón.

El juez procesó a los ex funcionarios del hospital Domingo Martín Latorraca, Andrés René Rodríguez, Lorenzo Manuel Donohoe y Cecilia Natalia Gatta Castel por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, explicaron las fuentes.

Y a Ricardo Ariel Rotsztein, Pablo Saavedra, Eddie Alan Pérez y Emilio Ramiro Fernández los consideró partícipes necesarios porque como monotributistas facturaron honorarios profesionales por asesoramiento en la dirección de administración financiera, añadieron los portavoces.

Según había publicado Clarín el 17 de julio pasado, en el marco de un informe de PPT, el Posadas fue un refugio durante el kirchnerismo de los militantes de Nuevo Encuentro, la agrupación que dirige Sabbatella, que incluyó un nombramiento de 1248 empleados incorporados por Domingo Latorraca, de los cuales 1050 ingresaron en la segunda mitad de 2015: 669 entre noviembre y diciembre, después de la derrota electoral.

La causa se abrió el 17 de febrero de 2016 por la denuncia concretada por Alberto Jorge Díaz Legaspe, entonces Director Nacional Ejecutivo a cargo de la Administración del Hospital Posadas, porque 5 días antes se había dañado un resonador magnético cuando introdujeron una silla metálica en el equipo.

A partir de ahí se abrió un sumario y se supo que en el ámbito de la Dirección General de Administración Financiera "existían compras irregulares, ya que se habían suprimido procesos licitatorios para ser suplantados por el modelo de fondos rotatorios -sólo válido para casos de emergencias", señala la resolución.

También se denunció "la contratación de varios servicios pagados por esa misma modalidad, a los fines de realizar un acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015 en el Hospital Posadas, cuando dicha erogación no se encuentra vinculada con el objeto del nosocomio".

Asimismo, se denunció la "incorporación irregular de 1.500 personas durante dicho período para realizar actividades no asistenciales, sin cumplir con los requisitos fijados".

Fuente: Télam

Memorándum con Irán: el "espía" Ramón Allan Bogado presentó 18 anexos de pruebas que complicarían al kirchnerismo

(Infobae.com) - El ex agente de la SIDE entregó mails y documentación sobre un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Teherán a través de Venezuela. Involucró a ex funcionarios.

Luego de que Héctor Timerman pasara por los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa sobre supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la AMIA, este miércoles le tocó el turno al supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro Khalil, el ex agente de la SIDE Ramón Allan Héctor Bogado y el ex líder de la agrupación "Quebracho" Fernando Esteche.

El testimonio de Bogado era el que más expectativa generaba. Y así fue. El ex espía, según pudo saber Infobae, aportó 18 anexos de pruebas mediante las cuales le detalló al juez federal Claudio Bonadio pormenores de un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Irán a través de Venezuela. Esa documentación, identificada con números romanos, fue guardada en el juzgado en calidad de reservada. 

La información que aportó Bogado incluye el dato acerca de cómo se habría conformado una red para transferir tecnología y asesoramiento nuclear a Irán para burlar el bloqueo impuesto por las Naciones Unidas.

Con este objetivo, se habrían creado sociedades comerciales fantasma en Argentina y Uruguay que servirían para ocultar los viajes, el intercambio de experiencias y conocimiento, envío de piezas y planos, y los posteriores pagos por estas prestaciones. En estas maniobras estarían involucrados -siempre según la versión de Bogado- ex funcionarios de INVAP y de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

Según fuentes de su defensa, el espía aportó pruebas de esas sociedades y de cuentas bancarias en Uruguay. También entregó mails y convenios que avalarían sus dichos.

Entre los ex funcionarios involucrados por Bogado figura el ex director de la CNEA, Rubén Calabrese, quien ya habría sido mencionado por Antonio Stiuso en su declaración testimonial ante la jueza Fabiana Palmaghini. Según el espía, Calabrese "se jactaba de estar bajo la tutela de Francisco 'Paco' Larcher", ex subsecretario de inteligencia kirchnerista.

También habría incluido en esta red a empresarios que habrían sido el nexo entre los que querían "vender" la tecnología y su asesoramiento, y los compradores. La defensa dejó trascender que "todos los involucrados, de una manera u otra, están vinculados. Incluso, varios de ellos realizaron viajes en simultáneo a Venezuela, todo esto fuera de los canales formales y diplomáticos".

Según su versión, este accionar habría comenzado luego de la muerte de Néstor Kirchner, con el cambio de rumbo de la política exterior argentina respecto a su relación con Irán, conducta mencionada por Nisman en su denuncia y coincidente con lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La causa por la que deberán declarar un total de 14 personas, entre las que está incluida la ex presidente Cristina Kirchner, se inició a partir de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Calendario de indagatorias

El 19 de octubre tendrán que presentarse D'Elía y Eduardo Zuain, quien fue vicecanciller durante el segundo gobierno de Kirchner.

Para el viernes 20 fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y culminó en Zurich (Suiza).

El 23 deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Kirchner.

La Justicia abre una nueva investigación sobre la riqueza de Cristina Kirchner

Por Hernán Cappiello - LA NACION

El fiscal Pollicita detectó "inconsistencias" en las declaraciones juradas de la ex presidenta del período 2009-2015; ya había sido sobreseída por los bienes acumulados en años anteriores.

Foto: LA NACION 

Los bienes de Cristina Kirchner están otra vez bajo análisis de la Justicia. La ex presidenta ya fue sobreseída tres veces por el delito de enriquecimiento ilícito, en distintos períodos, de 1994 a 2008. Ahora, el fiscal federal Gerardo Pollicita y su equipo examinaron sus declaraciones juradas de bienes entre 2009 y 2015 y detectaron inconsistencias, que analizan para determinar si constituyen delitos.

Este trabajo del equipo de la fiscalía, contenido en siete carillas con cuadros de Excel, al que tuvo acceso LA NACION, analiza la evolución de las propiedades declaradas por la ex presidenta, los ingresos por la venta de inmuebles, los depósitos a plazo fijo y las participaciones accionarias en Los Sauces, Comasa, Hotesur y El Chapel. También, examina sus ingresos, sus deudas, sus acreeencias y sus dos camionetas Honda CRV 2007 y 2008, que ya fueron declaradas.

El grupo de analistas de la fiscalía de Pollicita detectó las siguientes inconsistencias: algunos bienes son declarados como de Néstor Kirchner, en ciertos casos se informa el monto de adquisición y en otros no, los bienes de Néstor Kirchner se declaran como herencia y se divide en dos el valor fiscal.

El equipo realizó un análisis detallado de cada uno de los plazos fijos y cómo aparecen declarados como herencia desde 2011. Los correspondientes a 5,3 millones de dólares de 2008 van disminuyendo año a año hasta que el depositado en dólares, de Néstor Kirchner, fue cobrado en el Banco de Santa Cruz el 7 de junio de 2012, se retiraron 3.213.728 pesos, el resto fue transferido al Banco Nación y al día siguiente, 8 de junio de 2012, se pesificó y se acreditaron en caja de ahorro $ 14.394.240.

En cuanto a las acciones de empresas, es sugestivo para los analistas que pese a tener la misma participación en 2008 entre los dos integrantes del matrimonio, difiera el monto de dinero correspondiente a la tenencia accionaria. También les llama la atención el cambio de cotización de las acciones de Hotesur, Comasa y Los Sauces y la alternancia en declarar a veces sí, a veces no, la participación accionaria en Los Sauces. No se declaran los ingresos por plazos fijos entre 2012 y 2015.

Estas observaciones serán enviadas por Pollicita a un equipo de la AFIP que ya trabajó para el juez Claudio Bonadio en analizar si hubo evasión en el caso Los Sauces. Esos sabuesos dijeron, tras analizar las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de la ex presidenta, que omitió ingresos por $ 2,5 millones y una deuda fiscal de $ 700.000.

Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, fueron investigados y sobreseídos por los jueces Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide. Los fiscales no apelaron. Eso ya es cosa juzgada, no se puede volver a investigar penalmente la evolución patrimonial en ese período, excepto que se pruebe que el sobreseimiento fue fraudulento.

Ahora, si las inconsistencias de los informes que realizó el equipo de Pollicita más el análisis que pidió realizar a la AFIP adquirieran suficiente entidad como para que constituyan delitos, se abriría una nueva causa, pero para investigar el patrimonio de la ex presidenta entre 2009-2015, un período que hasta ahora no fue alcanzado por ningún sobreseimiento. Pollicita -si correspondiera- se lo pediría al juez Julián Ercolini. Esto es así porque la denuncia original de esta causa es de Margarita Stolbizer y se tramita en su juzgado. Ese expediente estuvo hasta febrero de 2016 en manos del juez Daniel Rafecas, que se declaró incompetente y envió todo a Ercolini porque los hechos se vinculaban con la denuncia de 2008 de Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, funcionarios y empresarios por supuesta asociación ilícita.

Aunque se declaró incompetente, Rafecas identificó tres hechos:

- El caso Hotesur, por el que Cristina Kirchner será indagada el 9 de noviembre por Ercolini. Se sospecha que alquiló habitaciones en su hotel a Lázaro Báez en concepto de supuestos retornos por beneficiarlo con obras.

- El alquiler a tripulaciones de la estatal Aerolíneas Argentinas de habitaciones en su hotel, mientras ella era presidenta

- Las inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes entre 2011 y 2013.

Pollicita tomó este último objeto y lo amplió a las declaraciones entre 2009 y 2015.

Cristina Kirchner declaró durante 2015, su último año en el poder, un patrimonio de $ 77 millones. Sus bienes se valorizaron en $ 12 millones, un 20 por ciento más que en 2014. Algunos entraron en la sucesión de Néstor Kirchner y fueron donados por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia.

Todos esos bienes están inhibidos por orden de los jueces Ercolini y Bonadio. El fiscal Pollicita pidió además que se afecten a este embargo por 10.000 millones de pesos dispuesto en el caso de las irregularidades en la obras santacruceña estos bienes de la ex presidenta y sus hijos: un lote en El Calafate, tres cajas de ahorro del Banco Galicia, 25 propiedades, acciones en las empresas Hotesur, Los Sauces y Comasa, la camioneta Honda CRV y dinero en efectivo.

Entre las 25 propiedades están la casa de El Calafate donde murió Néstor Kirchner, en 2010; los departamentos de la calle Juncal 1409/11 y Juncal 2164; casas, lotes y departamentos en Santa Cruz, y los US$ 5.696.144 y $ 53.2800 de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia.

La semana que viene, de regreso a tribunales

El presunto encubrimiento de los iraníes que estuvieron involucrados en el atentado contra la AMIA es la causa judicial más próxima que tendrá que enfrentar la ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales.

La candidata a senadora deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio el 26 de octubre, a la mañana, cuatro días después de las elecciones legislativas.

Cristina Kirchner integra la lista de varios ex funcionarios y dirigentes kirchneristas convocados por el juez por la misma causa.

El líder piquetero Luis D'Elía será el primero en declarar, este jueves.

Según constitucionalistas, el día de la indagatoria Cristina declararía con fueros, en caso de que se repitieran los resultados de las elecciones primarias, según los cuales obtendría una banca en el Senado.

En tanto, la ex mandataria también deberá declarar el 9 de noviembre por el caso Hotesur.

Las claves del procesamiento contra Alejandra Gils Carbó

Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com

Para el juez la Procuradora "intervino de manera directa" e "ideó el plan" para simular una licitación por la compra del edificio.

La Procuradora Alejandra Gils Carbo el día que fue a declarar a Comodoro Py ante el juez Ercolini . Foto: Pedro Lázaro Fernández.

Para el juez federal Julián Ercolini, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "intervino de manera directa, ideando el plan para llevar a cabo la maniobra" que describió a lo largo de una resolución de 211 páginas y que él consideró constitutiva del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Entre las claves del procesamiento, se encuentra el hecho de que el magistrado no le creyó a la procuradora cuando le dijo que fue engañada por su subalterno Guillermo Bellingi en base al "principio de confianza" y que por ello no merecía ser procesada ella.

Prueba de ello es que el magistrado no le otorgó a Bellingi la autoría del crimen, como esbozó la procuradora en defensa propia, sino que los procesó a ambos como coautores, es decir que los dos, según el juez, se pusieron de acuerdo para violar la ley.

Los otros tres procesados, el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, y los representantes de la firma vendedora y de la inmobiliaria que intervino en la operación, Adrián González Fischer y Bárbara Jaureguiberry, fueron procesados como partícipes necesarios para realizar la maniobra ahora reprochada penalmente por la Justicia.

Ercolini escribió que Gils Carbó y Bellingi "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667".

El magistrado describió que entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013 ellos llevaron a cabo "distintas acciones ardidosas", las que incluyeron "abuso de poder", "aprovechamiento de los canales administrativos", "utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan", "personas insertadas con calidad simulada" y otras personas "interpuestas para apariencia de empresa o negociación".

Todo ello, para "hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", sostuvo el magistrado, que enumeró todos los pasos administrativos iniciados con la anulación de la compra de otro edificio originalmente elegido, a lo que incluyó entre los "actos preparatorios" de la comisión del delito, y la concreción de la compra del inmueble que desde entonces utiliza Gils Carbó y donde tiene su despacho.

Ercolini también habló en su resolución de "direccionamiento" en la licitación, de un "pliego hecho a medida", por las características requeridas por la procuradora y las condiciones que reunía la firma que resultó finalmente adjudicada como vendedora de la propiedad.

La resolución prácticamente hace un recorrido "día a día" de todos los actos administrativos llevados a cabo para concluir con la compra que ahora reprocha la Justicia como parte de un delito. Buena parte de esa documentación fue aportada por la propia procuradora en su primera presentación en la causa. Pero el juez citó en el fallo otras pruebas incorporadas a la causa por fuera del expediente administativo de la Procuración, como por ejemplo intercambios de correos electrónicos entre los acusados y otros involucrados.

Mafia de los contenedores: procesaron a una militante K y buscan a sus jefes

Por Daniel Santoro - Clarin.com - El juez Aguinsky también embargó a Gladys Fernández en 31 millones de pesos. Mafia de los contenedores: procesaron a una militante K y buscan a sus jefes.

La primera arrepentida de la mafia de los contenedores, la militante K Gladys Fabiana Fernández, fue procesada y embargada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky por contrabando, aunque aún no se investigaron una serie de explosivas pistas que dio y podrían dar un avance significado al caso.

En una resolución a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, Aguinsky le trabó un embargo de 31 millones de pesos sobre sus bienes y una caución real de 500 mil pesos para dejarla en libertad. Se trata de la militante K que fue detenida del 15 de septiembre y que en su cuenta en Facebook tiene selfies con Néstor y Cristina Kirchner, Hebe de Bonafini y otros dirigentes kirchneristas. Fernández, junto a otros dos imputados, está acusado de intentar sacar del puerto de Buenos Aires uno de los 900 contenedores retenidos por una investigación iniciada por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. 

El contenedor tenía productos electrónicos por valor de un millón de dólares. En las últimas semanas, Gladys ofreció acogerse al régimen del arrepentido y dio una serie de datos clave pero la fiscal Gabriela Ruiz Morales no lo aceptó. Otros de los procesados ayer fueron Victor Palomino Zitta y Rodolfo Costas, quienes habían ido a retirar el contenedor al depósito fiscal Exlogan.

La puntera K, a través de dos jóvenes y de Palomino y Costas, quiso sacar con documentación falsa un contenedor de la firma Ambika SRL que ya está investigada en esta caso que abarca otros hechos. Ambika está relacionada con los empresarios Gabriel Garcés y Gabriel Traficante. La misma Fernández en su declaración indagatoria los nombró como supuestos partícipes de maniobras de contrabando.

En su indagatoria, Palomino dijo que “Fernández por Whatsapp. (…) Nos informó, que trabajaba para dos personas llamadas Gabriel Traficante y Gabriel Garcés, y que ellos tenían vendido el contenedor por lo tanto necesitaba sacarlo con urgencia” .

Explicó que habían llegado al depósito con dos jóvenes, uno de los cuales “ había venido conmigo en el auto me pide la llave del vehículo, se va hasta el auto y me trae mi campera que en el bolsillo contenía USD 30.000” para sobornar a los aduaneros y lograr la salida del contenedor.

Por su parte, la puntera K dijo que los jóvenes que acompañaron a Palomino “son ahijados de “los Gabriel”. Estos chicos se identifican como Augusto Rotella alias “El Perro”, pelirrojo de barbita. Al otro chico le dicen “Juanchi”, no recuerdo el apellido. (…) A Rotella y a “Juanchi” se los puede ver en las grabaciones de las cámaras de seguridad de Exolgan, en la que yo también aparezco”. El Fiat 500 patente NPD 712 con que llegaron esos jóvenes estaría a nombre de “Agustín Rotella, quien sería hijo del ex director de Lealtad Comercial del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, Adalberto Rotella”, afirmaron fuentes policiales. Sin embargo, aún la Justicia no identificó a los dueños de esos autos. El juez preguntó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si Rotella tenía alguna relación con el organismo y hasta el viernes no había recibido respuesta.

“Garces me dijo que la mercadería del contenedor era de él y de Gabriel traficante. Me dijo que la persona que sacaba el contenedor se llevaba USD 100.000”, agregó Fernández.

Luego precisó que “Traficante para el 2010 era el que concentraba todos los pedidos de El gordo Damián, Mr Korea, de Gárces, entre otros…Cuando Traficante vio que Garcés hacía fortunas importando compacts vírgenes, le propuso directamente dejarle de cobrar y ser socios”. Damián “el gordo” Sierra fue un jefe aduanero y a la vez informante oficial de la SIDE y “Mister Korea” es otro procesado en el caso junto al cuñado de Julio De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli. Sierra fue el mismo que en el 2013 sacó en una camioneta al ex director de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso del país, tras la muerte violenta del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman.

“Armaron una sociedad en Argentina Mapeiratim y otra en Estados Unidos Mapeis export inc.. Garcés y Traficante se jactan de tener más de 100 millones de dólares en Estados Unidos, Panamá, Dubai y en Argentina… Usaban la cobertura política para trabajar de sacadores de latas gracias a Damian Sierra, y la parte de sacar el dinero a Estados Unidos lo hacía con la cobertura de Di Pierro…”, añadió Fernández.

Continuando con la relación entre Garcés y Traficante, la puntera K señaló que “en 2011 Garcés en vez de pagar un canon de 80 mil dólares por sacar cada contenedor al señor Gabriel Traficante mal codificado, se decidieron asociar en una empresa que se llama Mapeiratim. Que sin la parte final “ratim” (en honor jocoso a sus orígenes con Verbatim) armaron la empresa Mapeis LLC en EEUU, dentro del condado de Doral, también con el objeto de realizar importaciones y exportaciones (…) Gabriel traficante y Garcés ocultan la documentación de suma importancia para esta causa en una casa que es propiedad del propio Traficante… en el lote 631 de, country Saint Thomas SUR de Canning…”.

En el allanamiento del 15 de septiembre a la mansión Fernández en un countrie de Ezeiza y otras viviendas, unos 30 efectivos a cargo del jefe de la División Delitos Federales de la Policía Federal, comisario Alejandro Ñamandú, secuestraron documentos y computadoras.

En su cuenta en Facebook, Fernández también se muestra en aquella mansión con camionetas Hummer y autos importados de alta gama, mientras su hijo viaja por el mundo, juega en casinos y se saca fotos con fajos con un millón de dólares. Sin embargo, no figura en ninguna empresa ni tiene antecedentes laborales bajo relación de dependencia ante la AFIP. Exhibe fotos con Néstor y Cristina durante la primera presidencia del ex primer mandatario bajo consignas como "exitosamente exitosa". Y escribió un libro titulado "El Génesis Néstor Kirchner" que lo ofrece en Mercado Libre.

Cristina Kirchner ordenó votar el pacto con Irán, dijo Yoma

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Declaró ante Bonadio que lo echaron del bloque a raíz del acuerdo.

El ex diputado peronista Jorge Yoma declaró ante la Justicia, bajo juramento, que fue una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner votar la ley que refrendaba el pacto con Irán. Y sostuvo que lo echaron del bloque por no apoyar ese convenio.

Yoma es uno de los 12 diputados que citó Bonadio en la causa en que se investiga a la ex presidenta por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Esa causa se inició por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Allí dijo que la firma del pacto con Irán iba a permitir levantar los pedidos de captura contra los iraníes acusados del atentado.

Ayer, Yoma le dijo al juez que la postura del bloque "fue alinearse con el Poder Ejecutivo" y que cuando pidió mas información le dijeron que "era una orden de la presidenta". Yoma opinó que el tratado era ilegal y que no tuvo ninguna información adicional antes de la votación.

Declaró que la exposición del canciller Héctor Timerman sobre el pacto "tuvo una influencia decisiva" en la decisión de su bloque, ya que "llevaba la voz de la presidenta Fernández de Kirchner".

Yoma reveló que en respuesta a su negativa de apoyar el memorándum, decidieron expulsarlo del bloque. Sostuvo, además, que el oficialismo llevó a votar a dos diputados que habían renunciado y aseguró que nunca supo que hubieran existido reuniones secretas con iraníes antes del pacto.

No obstante, dijo que creía que su firma estaba destinada a levantar "las alertas rojas en forma definitiva".

Casanello investigará la usurpación de terrenos vecinos a la Villa 31

(Telam) - La Corte Suprema de la Nación resolvió que el juez quede a cargo de la causa que había rechazado al considerar que no se trataba de un delito federal.

La Corte Suprema de la Nación resolvió que el juez federal Sebastián Casanello investigue la usurpación de terrenos vecinos a la Villa 31, en el barrio de Retiro de esta capital.

El magistrado había rechazado su competencia porque consideró que no se trataba de un delito federal, pero la Corte coincidió con un dictamen fiscal que recordó que esos predios estaban inscriptos bajo la titularidad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria del Estado Nacional.

El fallo de hoy la Corte, que se remitió al dictamen de Casal, fue firmado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. 

Vandenbroele había pedido US$ 1 millón para confesar sobre Boudou y Ciccone

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El Gobierno rechazó pagarle al presunto testaferro del ex vicepresidente; mañana comienza el juicio oral

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Foto: Archivo 

Alejandro Vandenbroele tasó su arrepentimiento: pidió US$ 1 millón, y más protección para él y su familia, pero ante la negativa oficial se tomó unos días y comunicó que quería romper su silencio igual, siempre que le dieran garantías. Pero una filtración interesada abortó ese acercamiento, según surge de nuevos datos a los que accedió LA NACION.

Las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno. El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Ese primer mensaje fue elocuente: Vandenbroele viajó desde Mendoza, está en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos, según reconstruyó LA NACION.

Las versiones comienzan entonces a mostrar matices, aunque comparten la esencia. Desde el Gobierno afirman que Vandenbroele llegó más lejos. Que dijo que estaba cansado de ser "mantenido por Brito, que le pasaba una mensualidad", en alusión al banquero Jorge Brito, y que pedía "un millón de dólares para dar el paso". Junto al potencial arrepentido sostienen que no aludió a Brito, sino a "los dueños de la plata", y evitaron precisar cifras, sino que Vandenbroele sí pidió que le dieran garantías "de seguridad, para que no lo maten, y de que podrá mantener una cierta posición económica", indicaron. Pero reafirmaron que no buscaba "un beneficio económico".

Bullrich se reunió a solas con Cobas. Pero rechazó pagarle a Vandenbroele. "No vamos a hacer «la gran Galeano»", indicó, en alusión al entonces juez federal de la causa AMIA Juan José Galeano, que le pagó US$ 400.000 a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a Carlos Telleldín para que declarara como testigo y terminó destituido y acusado.

La ministra dio otros tres pasos. Alertó a los jefes del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia, y al juez federal a cargo del "caso Ciccone", Ariel Lijo, que replicó que Vandenbroele fuera de inmediato a su juzgado, mensaje que le comunicó a la abogada del potencial arrepentido.

Pero lejos de envalentonarlo, la aparición de Lijo inquietó a Vandenbroele, que al igual que algunos colegas de Comodoro Py le adjudica al magistrado una solapada cercanía con Brito, algo que Lijo siempre negó, indignado, cada vez que LA NACION lo consultó sobre esas versiones.

El equipo de Bullrich evaluó entonces evitar a Lijo e intentarlo con el fiscal del "caso Ciccone", Jorge Di Lello. Pero ya era tarde. Vandenbroele comenzó a recibir llamadas amenazantes en su teléfono celular y enfrió las tratativas por primera vez, tal como ayer reveló LA NACION. Optó por marcharse a Mendoza para "evaluar sus opciones". Unos días después, comunicó que quería intentarlo otra vez y volvió a Buenos Aires. Aunque el paso sólo puede darse en la etapa de instrucción de una causa penal -no cuando ya está en la instancia oral-, Vandenbroele aún tenía forma de lograrlo. Podía entrar, por ejemplo, a través de la causa por los $ 7,8 millones de comisión que cobró The Old Fund por el canje de la deuda del gobierno de Formosa tras una decisiva intervención de Boudou, entonces ministro de Economía.

Limitaciones

El problema es que, con el paso de los días, esa negociación -en teoría secreta- ya se había filtrado lo suficiente como para que allegados de Boudou se acercaran a Tribunales todos los días para preguntar si Vandenbroele ya había dado el paso. Y luego llegaron las filtraciones periodísticas, a fines de agosto. Primero en Radio Rivadavia; después, Clarín. ¿Quién lo filtró? ¿Para qué? "Ahí se cayó todo", confiaron junto a Vandenbroele, según reveló ayer LA NACION. "Por temor a que le pegaran un tiro a él o a alguien de su familia. Es una lástima porque él podía ayudar a resolver esta investigación [por el caso Ciccone]? y otras también." Desde entonces, el equipo de Bullrich intentó un tercer y último acercamiento. Contactó a un conocido de Vandenbroele, pero la respuesta fue negativa. Porque el presunto testaferro de Boudou ya cerró esa puerta, por desconfiar del juez Lijo y porque aún si pudiera resolver sus problemas en la Argentina seguiría bajo la lupa en Uruguay, que reclamó su extradición por presunto lavado.

El juicio por la venta de Ciccone comenzará mañana.

Las evidencias que prueban el vínculo

La Justicia reunió pruebas que confirman la existencia de vínculo entre ambos. Las llamadas entre Vandenbroele y el secretario privado del ex vicepresidente, los viajes compartidos entre el abogado y el entonces jefe de gabinete de Boudou Guido Forcieri o la admisión del abogado de que durmió en el departamento del ex funcionario son sólo algunas.

Orden un peritaje sobre la usina térmica de Río Turbio

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El juez Bonadio solicitó a la SIGEN que audite los costos de la central eléctrica de la mina de Santa Cruz.

La Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

La Usina Térmica de Río Turbio, la fallida promesa energética del kirchnerismo, vuelve al centro de la polémica. Se puso en marcha un nuevo peritaje sobre sus costos en la causa en la que Julio De Vido está denunciado por sobreprecios. El informe está a cargo de peritos ingenieros y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que en otra causa contra el exministro ya informó que el costo de la obra se incrementó un 90,28 %.

La Central a carbón puede complicar a De Vido. Es parte de la denuncia en su contra por el desvío de 265 millones de pesos, y por la que deberá declarar el 28 de noviembre. Hace dos semanas, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, comenzó un peritaje sobre la obra que es objeto de otra investigación: el presunto pago de sobreprecios por parte del ex ministerio de Planificación Federal.

La causa estaba cerrada. Bonadio había sobreseído dos veces a De Vido pero la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación por un pedido la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez

La causa tuvo como punto clave un informe de la SIGEN. El mismo señaló en primer lugar que no existió por parte del gobierno kirchnerista un "estudio de factibilidad técnica y económica" que justifique la licitación de la Central. Pero se concentran en el dinero que demandó la obra: se pagaron anticipos financieros "sin ejecución de obra certificada” y con una "débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen en el contrato".

En este escenario, el juez Bonadio ordenó que un cuerpo de peritos ingenieros que ya participaron en un anterior análisis de los costos de la obra que prometía inyectar al interconectado nacional 240 Mw (algo que jamás ocurrió), que confeccionen un nuevo informe. En el mismo se incoporó al personal de la SIGEN que este año presentó una auditoría sobre la Usina que complica al diputado del FPV. ​

Los números indicaron que la Usina modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de obra incrementaron en un 90,28% su costo original.

"No fueron agotadas todas las instancias y el monto final equivale a la construcción de dos central termoeléctricas de iguales características”, indicaron. La Cámara Federal hizo lugar y ahora se avanza en la causa.

En este escenario, el juez ordenó un nuevo peritaje. Participan del mismo los peritos que sostuvieron anteriormente que el precio de licitación “fue razonable”, en relación a valores internacionales del momento, y la SIGEN con un sobrecosto del 90%. Se pidió que en un "plazo corto se entregue un nuevo informe al juzgado sobre el presunto sobreprecio", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La Central Termoeléctrica construida por Isolux Corsán se encuentra detenida desde fines de 2015 y suma problemas: la firma se declaró en quiebra en España y sus autoridades volvieron al país "sin fondos para concluir la construcción". El Gobierno analiza el número final para que las dos calderas estén en marcha.

La causa inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.

La Justicia despegó a Macri de los Panamá Papers

Por Santiago Dapelo - LA NACION
El juez Fraga consideró que no fue socio ni accionista de las firmas offshore.

La Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así despegó definitivamente al primer mandatario de la causa de los Panamá Papers , uno de los casos que marcó el inicio de su gestión en el Gobierno.

En el fallo, que lleva la firma del juez nacional Andrés Fraga, el magistrado explicó que el Presidente "sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco [Franco] Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar". De esta manera, el padre del Presidente, el empresario Franco Macri, quedó como el responsable ante la Justicia de la creación y las operaciones que realizaron las sociedades offshore. "Esto clausura el debate sobre si Macri tendría que haber declarado la existencia de estas empresas", dijeron fuentes oficiales.

Esta decisión de la Justicia se sumó a la que resolvió hace casi dos meses la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello y consideró que no existió lavado de dinero. Así, la causa de los Panamá Papers, que complicó a Mauricio Macri por su participación en sociedades offshore, se dio por cerrada.

El jefe del Estado, que estuvo representado en el expediente caratulado Macri versus Macri por los abogados Fabián Rodríguez Simón y Felipe Llerena -Jorge Anzorreguy asumió la defensa de Franco Macri-, tomó la decisión de la Justicia con "moderado" entusiasmo.

"El juez confirmó lo que venimos sosteniendo desde el principio, que el Presidente es ajeno a las sociedades", explicó Anzorreguy. Todo indicaría que Franco Macri no apelará la resolución del juez Fraga, aunque aún "está pendiente" una conversación con su abogado.

El caso

Tal como reveló LA NACION, en los documentos de Fleg Trading consta que la firma fue creada en Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de 5000 dólares.

Sus primeros directores, según el estatuto constitutivo, fueron Mauricio Macri; su padre, Francisco (Franco) Macri, y su hermano Mariano, aunque en la práctica sólo Franco ejerció el cargo.

Respecto de la firma Kagemusha, radicada en Panamá, el patriarca de la familia Macri también manifestó que por las edades de sus hijos en esa época -Mauricio tenía 22 años; Gianfranco, 20, y Mariano, 15- era "imposible pensar que ellos hubieran tomado decisiones o tenido intervención".

Confirman un sobreseimiento de Gómez Centurión y defienden el derecho de la prensa a no revelar fuentes

Por Lucio Fernández Moores (Clarin.com) - Fue la Cámara Federal, al rechazar una querella contra el jefe de la Aduana.

Gómez Centurión, en su despacho de la Aduana. Foto: Guillermo Rodriguez ADami

La sala II de la Cámara Federal penal porteña reivindicó el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes de información al confirmar el sobreseimiento del administrador de aduanas, Juan José Gómez Centurión, en una querella iniciada por el transportista Miguel Paolantonio tras una investigación de Clarín sobre la llamada "mafia de los contenedores".

"Según los postulados de la doctrina sobre la materia, entre los aspectos esenciales de la libertad de prensa, como derecho reconocido y de ejercicio garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales con esa jerarquía, se inscriben el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente el secreto de la fuente de la que se han obtenido", dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en un fallo firmado el viernes y conocido hoy.

Con el patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Paolantonio había denunciado el año pasado a Gómez Centurión por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falso testimonio y encubrimiento, pero el titular de la Aduana fue sobreseído por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en un fallo confirmado ahora por sus superiores de la Cámara Federal.

Todo se había iniciado con una investigación del periodista Matías Longoni publicada por Clarín relacionada con la causa conocida como la de la "mafia de los contenedores", la misma en la que está preso Claudio Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. A raíz de otra causa paralela relacionada con la "mafia de los contenedores", Gómez Centurión fue separado preventivamente de su cargo el año pasado, y luego repuesto, por el gobierno de Mauricio Macri.

Clarín había publicado que Paolantonio y sus dos hermanos, Alejandro y Raúl, estaban vinculados a una empresa de transporte que traía mercadería importada desde China con falsos datos sobre el contenido y el peso de los contenedores y que al ser retenidos en la Aduana contaban con los contactos suficientes para lograr su liberación a cambio de dinero.

La "mafia de los contenedores" procesada por el juez Marcelo Aguinsky también estaba relacionada con la obtención de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) destinadas a obtener dólares en el marco del cepo cambiario establecido durante el kirchnerismo y la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El contrabando a través de las DJAI es investigado en otra megacausa del fuero en lo Penal Económico a cargo del juez Gustavo Meirovich, quien ya procesó a importadores, prestanombres y hasta un ex agente de inteligencia, con la mira en los estudios contables que facilitaron las maniobras que les permitieron acceder a divisas restringidas por un total de unos 300 millones de dólares.

De acuerdo con Paolantonio, Gómez Centurión "habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita", según reseñó el fallo de Cámara, a partir de mails y capturas de pantalla aportadas por Longoni a la Justicia en lo Penal Económico a partir de sus investigaciones. Pero el periodista, además de reseñar cómo había obtenido parte de su información, hizo uso del derecho de reservarse el nombre de quien le había proporcionado parte de los datos.

Los abogados de Paolantonio, Rusconi y Palmeiro, los mismos que defienden al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga las causas de la muerte del fiscal Alberto Nisman, habían descalificado la normativa que ampara a los periodistas al sostener que se trata de un "pseudo escudo protector".